UCR expone ante CIDH situación del sistema penitenciario de Costa Rica
Comunicado
La Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) participarán este 6 de noviembre en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar del sistema penal y penitenciario.
Actualmente, Costa Rica presenta uno de los índices de prisionalización más altos de la región latinoamericana: 352 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. La cifra sólo es superada por países con índices de criminalidad superiores a este Estado, como Brasil, Guatemala y Honduras. Además, el sistema penitenciario costarricense presenta un 40% de hacinamiento total generalizado, de acuerdo con su capacidad real.
Estos índices representan las consecuencias, tras décadas de utilizar el sistema punitivo de manera ajena a las regulaciones que exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la constante creación de normas para incrementar las penas; de procesos de juzgamiento expeditos, entre muchas otras causas.
A raíz de estas acciones, el sistema penitenciario costarricense está colapsado. Además, el hacinamiento carcelario ha generado condiciones de vida precarias afectando los derechos humanos de personas privadas de libertad. Particularmente, vulnera los derechos de mujeres, población LGBTI, personas indígenas, población con discapacidad, personas afrodescendientes o adultas mayores; y también ha limitado la capacidad del Estado de cumplir con la función de inserción social a la que se comprometió.
La información presentada en la audiencia corresponde, en parte, a un proyecto de Cejil financiado por a la Unión Europea, que tiene como objetivo promover la protección de los derechos humanos (DH) de las personas LGBTI privadas de libertad, contribuyendo a disminuir prácticas discriminatorias en su contra (más información).
Sobre la audiencia
La audiencia fue solicitada por la Maestría en Ciencias Penales de la UCR y el Cejil para exponer los hechos, que a su vez generan un discurso fundamentado sobre el tema, el cual será escuchado por representantes del Gobierno de Costa Rica y de la Corte Interamericana, esta última emitirá recomendaciones.
Por parte de la UCR será el profesor Dr. Manuel Rojas Salas, de la Maestría en Ciencias Penales y especialista en derecho penal, quien participará de la audiencia. Además, la delegación del Gobierno de Costa Rica será encabezada por la ministra de Justicia y Paz, María Cecilia Sánchez Romero.
Para atención a la prensa se puede coordinar en Ciudad de México con la la oficial de comunicación de Cejil, Francisca Stuardo al correo: fstuardo@cejil.orgo por vía whatsaap, previa solicitud de gestión con Gabriela Mayorga al 2511-1167 / 8912-8400
País
Costa Rica
Tema
Derechos de las personas privadas de libertad
Peticionarios
Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) / Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)
Día y hora
Miércoles 06 de setiembre de 2017 / 11:30am – 12:30pm Ciudad de México / 12:30pm-13:30 pm Costa Rica
Lugar
Salón A Conferencia: Interamericana de Seguridad Social (CISS) San Ramón s/n, Col. San Jerónimo Lídice, 10200, Ciudad de México
De la Feria Internacional del Libro agosto- setiembre 2017
San José de Costa Rica
Carlos Morales EUNED San José, Costa Rica, 2017
Rogelio Cedeño Castro
Rogelio Cedeño Castro
Conmovedor, agradable, además de por momentos nostálgico relato, lleno de imágenes evocadoras sobre las circunstancias y particularidades del auge estético en la producción teatral que se da en Costa Rica, durante los primeros años de década de los setenta y en el transcurso de la siguiente, donde el autor expone además del inusual encuentro entre las artes dramáticas y las artes gráficas que allí se produjo, para dar lugar a una síntesis memorable entre esas dos dimensiones de la estética, las que era preciso explorar o al menos, así lo sintió, el creador y gestor de este bello libro, con el que deja al lector emocionado al cerrar sus páginas, después de una lectura que discurre fluida, por la amorosa perspectiva con que están elaboradas. En estas hermosas páginas, evocadoras y sinceras, el periodista y escritor Carlos Morales Castro, nos da cuenta de su extraordinario periplo existencial de más de veinte años, junto con el gran artística gráfico, Hugo Díaz(1930-2001), el que tiene lugar con momentos de grandes desencuentros iniciales, y otros de gran sintonía que los conducen a emprender la aventura de llevar adelante un extraordinario trabajo, precisamente el de acercar el teatro, en su diario quehacer, a la memoria histórica de una sociedad o país como el nuestro, a través de la genial pluma de Hugo, desde la que fluyen caudalosas las creaciones de sus dibujos, con los que termina por inmortalizar, de cierta manera, a los actores y sus representaciones en el escenario.
También Carlos Morales nos hace un bosquejo contrastante entre la personalidad de Hugo y la suya, de un entonces joven impetuoso, las que a pesar de todo se unieron en esa empresa, que trasladó el trabajo en escena de los actores a las imágenes de la prensa diaria, siempre unidas la crítica teatral a la que Carlos se lanzó muy joven, según nos cuenta el mismo, cuando trabajaba en el diario La Nación y le propuso a su jefe, el recordado Guido Fernández, uno de los gurúes en ese campo, que el haría o quería hacer la crítica teatral en ese diario, frente a la que era prevaleciente en esa época, la que juzgaba blanda, plana y complaciente. Fue entonces cuando Guido le aceptó y le dijo que lo siguiera haciendo, que él sólo expresaría sus discrepancias cuando lo creyera conveniente. Sin duda fue en ese momento en el que Carlos Morales se lanzó a esa aventura, de la que ahora nos da cuenta con toda su maestría, además de sinceridad, y sentido de la perspectiva histórica, dentro de la que se dio el auge de la producción teatral en la Costa Rica de los setenta, del siglo anterior. También cabe destacar la importancia de la gestión del naciente ministerio de cultura, con Alberto Cañas Escalante(1920.2014), quien ocupó esa cartera, pero también fue un dramaturgo y crítico importante, con el que el autor sostuvo una gran amistad, al igual que con Guido Saénz quien además de ministro de cultura, también era actor y escritor, muy importantes ambos para la creación e impulso de las actividades de la Compañía Nacional de Teatro, las que prepararon el terreno para el auge teatral, al que contribuyeron también los numerosos artistas del Cono Sur, como los Catania, Alejandro Sieveking, Bélgica Castro, con su Teatro del Ángel y otros muchos que venían huyendo de las dictaduras militares del Cono Sur. Realmente, pienso que resulta agradable, y vale la pena sumergirse en estas páginas, con sus bellas ilustraciones tan evocadoras.
Representantes de Red MICA denunciaron violaciones sistemáticas cometidas por el Estado costarricense a los estándares interamericanos y violaciones indirectas a la libertad de expresión en el país
Comitiva del gobierno fue incapaz de responder interpelaciones de la CIDH sobre concentración, falta de transparencia y ausencia de participación ciudadana
En una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este miércoles 6 de setiembre, en la ciudad de México, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red MICA) puso en evidencia las graves omisiones en que ha incurrido el Estado costarricense en materia de regulación y administración del espectro radioeléctrico, las cuales, en criterio de Red MICA, generan violaciones indirectas a la libertad de expresión en materia de radiodifusión en el país.
El Estado encaró la audiencia con una comitiva integrada por el actual Ministro de Comunicación ―Mauricio Herrera―, y el Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada. Red Mica, por su parte, acudió a la cita representada por Mónica Solano, Andrea Alvarado y Sebastián Fournier.
Como parte de sus alegatos, la representación de la Red Mica sostuvo que, mientras se restringen cada vez más las posibilidades de la ciudadanía de tener acceso al espectro radioeléctrico, se experimenta un proceso de concentración de medios en Radio y Tv. En este contexto, en incumplimiento de los estándares establecidos por la propia CIDH, el Estado realiza una administración del espectro radioeléctrico ―un recurso público― que favorece la existencia prácticamente única de medios comerciales privados, y ha evitado la apertura de medios públicos y ciudadanos. “Prácticamente el 90% de las frecuencias” se destina a actividades comerciales, señaló Sebastián Fournier, de la Red MICA, mientras que la radiodifusión pública y comunitaria ni siquiera se encuentra tipificada en la normativa vigente, lo cual ha conducido a que no existan medios comunitarios y ciudadanos en el país.
Red MICA, además, señaló que, ante la próxima aplicación del cambio digital en Televisión, el Estado ha emitido una normativa mediante la cual se concederá a los actuales operadores privados-comerciales el llamado “dividendo digital”, lo cual redundará en una mayor concentración y la imposibilidad de acceso ciudadano al aprovechamiento del espectro.
Después de un primer momento en que la representación de la Red MICA presentara sus alegatos, la comitiva del Estado presentó su descarga, con un argumento centrado en que el Estado sí cumple sus obligaciones y de que el acceso ciudadano a los medios se concretará a partir del acceso a internet y los procesos de convergencia mediática. Esta participación se concretó mediante afirmaciones generales carentes de datos concretos.
El Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, quien fuera inicialmente interpelado por la Red MICA ante el hecho de que llevaba dos años sin cumplir la promesa de concertar una cita con el Presidente de la República, señaló que siempre había lugar para “mejorar” lo que se venía haciendo, y que consideraba que la audiencia constituía un buen momento para iniciar un proceso de diálogo con representantes de la sociedad civil.
Después de las participaciones de ambas representaciones, los delegados de la CIDH interpelaron únicamente a la comitiva del Estado. En primer término, cuestionaron la consideración de que el acceso ciudadano a los medios quede restringido a un mero acceso a internet. En segundo término, interpelaron a la representación del Estado a propósito de aspectos relacionados con concentración, obsolescencia de la ley vigente, transparencia y participación ciudadana.
La réplica de la comitiva del Estado fue ligera y omisa, y –más allá de insistir en que se estaba trabajando en una nueva ley– prácticamente omitió dar respuesta a los aspectos interpelados. No hubo referencias a la situación de la concentración, la falta de transparencia y la participación ciudadana. A propósito de estos temas, en el cierre de la participación, el Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, terminó titubeante y carente de claridad en sus planteamientos.
La audiencia celebrada este miércoles ante la CIDH se realizó ante una solicitud presentada a inicios de este año por la misma Red MICA, debido a que considera haber agotado todas las vías formales para ser escuchados por parte del Estado para dirimir estos temas, que son de absoluta trascendencia para la vida democrática del país.
Los sismos en Centroamérica son muy frecuentes, y por tanto son un fenómeno conocido por la población. Los tsunamis, afortunadamente, han sido menos frecuentes en esta región del planeta, aunque Centroamérica tiene varios registros de tsunamis originados en sus costas y también fuera de la región.
El 2 de setiembre de 1992 en horas de la tarde, un sismo de magnitud momento Mw 7.6 afectó a Nicaragua, con epicentro localizado afuera de su costa Pacífica. Ese año se cumplían veinte años del sismo de magnitud Mw 7.2 que había dejado gran destrucción en Managua en 1972. El sismo de 1992 fue percibido con menor intensidad por la población nicaragüense en comparación del evento de 1972, debido en parte a la mayor distancia del epicentro. Sin embargo, el tsunami que causó el sismo de 1992 afectó minutos después la costa convirtiéndose en el tsunami más grande que ha golpeado a Centroamérica.
El tsunami de 1992 tuvo hasta casi 10 m de altura o runup, lo que se considera algo anómalo para el tamaño del sismo que lo causó. Masachapa fue la región que sufrió los mayores efectos de este tsunami que dejó un saldo de más de 300 víctimas y destrucción a lo largo de la costa nicaragüense. Sus efectos también se sintieron en la costa costarricense: el tsunami tuvo alturas de 4.5 m en Playas del Coco y 3.6 m en Playa Hermosa y dañó embarcaciones en la entonces Marina Flamingo, en Bahía Potrero. Afortunadamente en Costa Rica no dejó víctimas humanas.
Previo al tsunami de 1992 era difícil creer que un sismo de una magnitud moderada como este pudiera causar alturas de tsunami de casi 10 m. Este evento reveló a la ciencia un fenómeno poco conocido, además de hacer un llamado entorno al manejo de riesgo por este tipo particular de tsunami. Actualmente entendemos que los sismos moderados pueden generar tsunamis grandes, y el porqué de sus posibles causas.
Una de las razones por las que este tsunami tuvo alturas tan grandes y causó tantas víctimas se ha relacionado a las características del sismo, considerado como un sismo lento. El tsunami de Nicaragua de 1992 fue el primer tsunami generado por un sismo lento que fue registrado por estaciones sísmicas. Estos tsunamis también son conocidos como «tsunami earthquake», y en Centroamérica volvió a ocurrir otro de menor magnitud en el año 2012 frente a las costas de El Salvador, que afortunadamente afectó áreas despobladas o poco pobladas, pero que tuvo una altura de inundación máxima de 6 m. Las causas de estos eventos han sido motivo de estudio durante varias décadas, y su entendimiento ha contribuido a cambiar paradigmas sobre los procesos físicos y la caracterización de la zona de subducción, así como la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de alertas tempranas que consideren estos eventos.
En Costa Rica desde el 2014 contamos con el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) una iniciativa del Programa Red de Observación del Nivel del Mar en Costa Rica (RONMAC) de la Universidad Nacional (UNA) y el Laboratorio IMARES de la Universidad de Costa Rica. SINAMOT le ofrece asesoría a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en el tema de alerta de tsunamis. Esto implica que cuando hay un sismo que podría ocasionar un tsunami, SINAMOT analiza la información técnico-científica y brinda un reporte a la CNE para que ésta tome decisiones. Sin embargo, debemos recordar que si estamos en la costa y sentimos un sismo fuerte debemos dirigirnos inmediatamente a zonas altas, que superan al menos los 10 m de altura sobre el nivel del mar, ya que un tsunami local podría afectar la costa en pocos minutos.
El mejor escudo contra los tsunamis es una población preparada para reaccionar correctamente y con la rapidez suficiente. Esta preparación es una tarea conjunta entre el sector científico, los manejadores de emergencias y la población. En Costa Rica, el Programa RONMAC en coordinación con la CNE, se encuentra elaborando mapas de evacuación por tsunami como parte de un proyecto que en su primera etapa cubre 20 comunidades del Pacífico Norte y Central de nuestro país. En una segunda etapa a iniciar en el 2019 se cubrirá el Pacífico Sur y el Caribe. Los mapas de evacuación por tsunami contienen información importante como el área que se debe evacuar, las rutas que se deben utilizar y los sitios donde se debe reunir la población. Sin embargo, es imperativo elaborar planes de evacuación por tsunami para que las comunidades estén mejor preparadas ante estos eventos. Estos planes deben incluir quién y cómo recibe la información de una alerta (en caso de que se trate de un tsunami lejano). Es fundamental crear protocolos de diseminación de la información de la alerta entre la población, y designar a los responsables para brindar apoyo a personas vulnerables de la comunidad, como por ejemplo personas adultas mayores, niños pequeños, personas con discapacidad, entre otros.
La Comisión Oceanográfica Internacional de la UNESCO (IOC/UNESCO) en coordinación con los sistemas de alerta de tsunamis del Pacífico y del Caribe ofrece un reconocimiento a las comunidades que cumplan ciertos requisitos de preparación ante tsunamis como los mencionados anteriormente. Este reconocimiento está pensado para funcionar de forma similar a la Bandera Azul, y al igual que ésta debe renovarse periódicamente. Aunque el programa de reconocimientoTsunami Ready está recién iniciándose en la cuenca Pacífica, ya lleva varios años en la cuenca Caribe, y se espera que pronto se convierta en algo ampliamente reconocido y que motive a los turistas a escoger las localidades que lo posean. Centroamérica cuenta con las dos primeras comunidades Tsunami Ready de toda la cuenca del Pacífico: Cedeño en Honduras y Ostional en Costa Rica. En la costa Caribeña centroamericana actualmente la comunidad de Omoa en Honduras y Corn Island en Nicaragua están tramitando el reconocimiento, que ya poseen los territorios caribeños de los Estados Unidos de América, el Reino Unido y las Islas de San Kitts y Nevis.
Entender los fenómenos naturales es necesario para responder ante ellos y salvar vidas, pero debe ir acompañado de un proceso de educación y concientización. Gradualmente se está logrando que la población reconozca que es necesario estar preparados para enfrentar los tsunamis. Sin embargo, no podemos olvidar que es un trabajo de todos y que cada uno de nosotros está a cargo de su propia seguridad y de la de su familia.
*FunTropos Costa Rica y Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), Chile.
** Programa RONMAC y SINAMOT de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica.
***Más detalles: Oficina de Comunicación. Tel 2237-5929 / 2277-3067***
A las 2:30 p.m. del día de hoy se reanudó la mesa negociadora iniciada hasta el día lunes 04 de setiembre de 2017 (después de que toda la mañana se esperó su presencia, a la reunión que inicialmente estaba pactada para las 9:00 am).
Integrantes de la auto denominada “Asamblea Autónoma Toma Edificio Ciencias Sociales UNA”, que violentaron el libre acceso al edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, también incumplieron con el acuerdo de presentarse a la Rectoría este martes 5 de setiembre a las 6.30 pm, para firmar un acuerdo que facilitara el adecuado desalojo del edificio y levantar el estado de protesta asumido por este grupo.
Con la presencia de la Rectoría, el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, la FEUNA y tres personas voceras de este colectivo, se procedió a analizar las peticiones solicitadas. Estas peticiones fueron respetadas prácticamente en su totalidad y se procedió a hacer una redacción conjunta de conocimiento de las partes, la cual iba a ser consultada nuevamente al interior de la Asamblea Autónoma, con el compromiso de revisarla y firmarla el día de hoy a las 6:30 p.m., bajo la condición de que era la versión final de los acuerdos y que posterior a la firma de este documento, se les daría un plazo de 24 horas máximo para desalojar el edificio.
Es importante que la comunidad universitaria sepa que el Consejo Estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales se pronunció, (5 setiembre, 4.30 pm), en el sentido de solicitar que dicho edificio “sea abierto para garantizar el adecuado funcionamiento de las unidades académicas afectadas y el desarrollo de los diversos proyectos de investigación, extensión y docencia”; si bien después de haber expresado que consideraban la toma del edificio mencionado como legítima.
A la vez, expresamos, con complacencia que las personas directoras de la Facultad de Ciencias Sociales, han brindado apoyo claro y unánime a las autoridades académicas y administrativas de dicha Facultad.
Al ser las 8.00 p.m. del 5 de setiembre de 2017, la Rectoría, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales comunican lo siguiente:
No ha habido respuesta ni presencia por parte del grupo Asamblea Autónoma. Por lo tanto y ante la evidente falta de respeto del proceso de negociación, la Rectoría y la Decanatura, procederán a tomar las acciones pertinentes dentro de lo que dicta la normativa universitaria para volver a la normalidad el funcionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales.
Llamamos a toda la comunidad universitaria a cohesionarse en torno a la lucha por un FEES constitucional y justo, asimismo llamamos a darnos la mano para liberar el edificio de Ciencias Sociales de un grupo, del cual se desconoce su representatividad y legitimidad dentro de la UNA.
NOTA:
Informamos que al ser las 7:57 p.m. recibimos un correo electrónico de la dirección asambleaautonomacs@gmail.com donde se nos informa que aún se encuentran discutiendo los puntos negociados en Rectoría, por lo que no se pudieron presentar a la reunión pactada y que están trabajando por sistematizar lo más pronto posible su decisión.
Dr. Alberto Salom Echeverría,
Rector, UNA
Dr. Gerardo Jiménez Porras,
Decano, Facultad de Ciencias Sociales, UNA
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por M.S.c Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Desde el viernes anterior el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, nos está dando una lección de lo que pueden ser capaces los gobernantes elegidos por el voto popular en un Estado Democrático formal.
El sábado declaró que “Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un estado de derecho, y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez, en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”, dijo el mandatario. El viernes anterior el Presidente guatemalteco visitó al Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. En su visita oficial algunas fuentes aseguran que se hizo una queja contra el comisionado Iván Velásquez (PL, 28/08/17), además de entregarle una nota formal donde «se planteó la necesidad de que la Cicig se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional de la República de Guatemala«.
Es conocido por toda la ciudadanía que el presidente Jimmy Morales, actúa en reacción a las acciones ejecutadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) quienes presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales Cabrera por el supuesto financiamiento electoral ilícito de Q6.7 millones que no fueron reportados por FCN (partido del Presidente) al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Es un principio general manejado por todo occidente que un presidente que es elegido por el voto popular debe actuar en beneficio de sus electores y no del suyo propio. No obstante, está actuando para sus propios intereses, utilizando su embestidura de gobernante para cubrir su delito, el cual fue contra los electores y el sistema político nacional.
Lo interesante es que en estos momentos su gabinete de gobierno se está despedazando y el pueblo guatemalteco esta en las calles protestando contra estos actos que riñen con la honestidad, la transparencia y el manejo limpio de lo público en un Estado Democrático. Sucede muy a menudo que nuestros gobernantes se «empoderan tanto de su cargo» que llegan a creer que los pueblos son ellos y aseguran que la «patria soy yo» así, cualquiera que le critica y le reclama, está actuando contra ese pueblo y esa «su patria». Para defenderla debe utilizar todo su poder y las leyes para castigar a quienes se oponen a su forma de gobernar. Es a todas luces la usurpación de la Democracia en beneficio privado, lo cual no pareciera entrar en conflicto con los principios del neo liberalismo.
Posterior a la asamblea abierta, convocada por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), este lunes 4 de setiembre, de 11:00 AM a 1:30 PM, en la Plaza de la Diversidad, la Rectoría se manifiesta en los siguientes términos:
La auto denominada “Asamblea Autónoma Toma de Ciencias Sociales”, se ha movilizado en el Campus Omar Dengo, durante los días 1 al 5 de setiembre de 2017, tomando el edificio 2 de la Facultad de Ciencias Sociales, con lo cual se ha impedido el desarrollo total de las actividades académicas y administrativas regulares, así como la realización de la prueba de aptitud académica (examen de admisión) y pruebas colegiadas de Matemáticas programadas para el día sábado 2 de setiembre.
Si bien la “Asamblea Autónoma Toma de Ciencias Sociales” expresó que quieren dialogar con la Rectoría sobre los temas: de la negociación del FEES; la distribución interna de éste y que no se tomen represalias contra los partícipes en la toma del edificio, cabe decir, que este lunes 4 de setiembre a las 4.55 p.m., se concretó el primer encuentro con las partes involucradas (Rectoría, Asamblea Autónoma Toma Edificio Ciencias Sociales-FEUNA, Decanato FCS).
El rector, Dr. Alberto Salom Echeverría reiteró su disposición a conversar y revisar las solicitudes de la Asamblea Autónoma, para lo cual expresó su intención y disposición de llevar a cabo un diálogo, bajo la condición del respeto absoluto para terminar con la ocupación del edificio 2 de Ciencias Sociales, que ha afectado la buena marcha de la Facultad de Ciencias Sociales.
Dos horas después de abarcar el tema desde diversas aristas por ambas partes, los representantes de la “Asamblea Autónoma Toma del Edificio de Ciencias Sociales”, estudiantes: Pablo Abarca, Asís Zúñiga, Alejandra Pérez, Víctor Hugo Chacón, plantearon consultar con su colectivo antes de tomar cualquier decisión y volver a encontrarse en otro momento con el fin de comunicar lo abarcado en esta sesión. Por esta razón se coincidió retomar el encuentro el día martes 5 de setiembre de 2017 a las 9.00 am.
El día martes 5 de setiembre el Rector, el Decano, la Vicedecana y la Directora Ejecutiva de la Facultad de Ciencias Sociales, así como miembros del Directorio de FEUNA, se hicieron presentes a la reunión pactada, no obstante, los representantes de la “Asamblea Autónoma” no llegaron a la cita.
Al ser las 9.49 am la Directora Ejecutiva de la Facultad de Ciencias Sociales, hizo contacto vía Facebook de la “Asamblea Autónoma” evidenciando la no asistencia a la reunión y pidiendo explicaciones al respecto.
Posteriormente, la Asamblea Autónoma envió un correo al Decano de la Facultad de Ciencias Sociales a las 9.55 am (Una hora después de lo convenido) del martes 5 de setiembre, comunicando que su colectivo acordó no reunirse a las 9am y establecieron unilateralmente la 1.00 de la tarde como la hora para retomar la conversación. En este sentido, debido a compromisos previos, el Rector y el Decanato de FCS establecieron que la reunión se efectuara a las 2.30 p.m. Lo cual fue aceptado tanto por la FEUNA, la Auto denominada Asamblea Autónoma” como consta en el correo recibido (10,10 am) por el señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales.
Se espera una pronta solución a esta situación en el transcurso de la tarde, para evitar situaciones adversas que sigan afectando la buena marcha de la institución. Sobre todo, porque estamos a la espera de que los estudiantes de la Asamblea Autónoma cumplan con los acuerdos negociados en la reunión y definan lo pertinente.
Foto extraída de artículo publicado en Amelia Rueda.
Nicolas Boeglin (*)
Este 29 de agosto se dio por concluida la etapa escrita de alegatos presentados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el monto indemnizatorio que Costa Rica exijió que la CIJ ordenara a Nicaragua pagar (en razón de los daños ocasionados en el sector denominado Isla Portillos en octubre del 2010 por la tala de árboles y la construcción de un caño artificial, así como la excavación de dos nuevos caños detectada en setiembre del 2013).
Valoración del daño ambiental y jurisprudencia de la CIJ
Es de notar que no existe jurisprudencia de la CIJ en materia de compensación por daño ambiental, pese a dos casos sometidos por Estados de América Latina en años recientes que hubiesen podido sentar precedentes:
La demanda que Ecuador había interpuesto contra Colombia en el 2008 por aspersiones químicas aéreas en zonas fronterizas – y que dió lugar a una primera fase escrita (véase documentos disponibles aquí) – fue retirada por Ecuador en setiembre del 2013 a cambio, entre otras cosas, del pago de 15 millones de US$ por parte de Colombia (véase punto 9 del acuerdo bilateral suscrito el 9 de setiembre del 2013).
Con relación a la demanda interpuesta por Argentina contra Uruguay en el 2006 por contaminación del río Uruguay (asunto de las plantas de celulosa o pasteras), luego de una árdua batalla procesal (véase enlace a alegatos escritos y orales), la CIJ rechazó las pretensiones argentinas relativas a las obligaciones sustantivas de Uruguay en una discutible (y discutida) decisión del 2010.
Para completar el panorama actual, la demanda interpuesta por Chile contra Bolivia en el 2016 ante la CIJ por el uso de las aguas del Silala contiene algunos argumentos relativos a reglas en materia ambiental (véase texto de la demanda -once páginas – que viene acompañada de un voluminoso juego de anexos – 30 en total – en francés y en inglés). Según la ordenanza de la CIJ fijando los plazos (véase texto), la memoria chilena fue entregada en julio del 2017, y la contra memoria boliviana lo será en julio del 2018.
Con relación a la doctrina jurídica especializada, entre muchos artículos sobre el tema, remitimos al análisis titulado “La responsabilidad internacional de los Estados por daños ambientales transfronterizos en la jurisprudencia de los tribunales internacionales”, Sección 4. Sobre el daño ambiental transfronterizo en derecho internacional público, su conceptualización a partir de la práctica internacional y de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de Naciones Unidas, se puede citar este esfuerzo de sistematización de una jurista china, actualmente jueza en la CIJ, titulado, «Transboundary damage in international law«, publicado en el 2003.
Breve recapitulativo
En su fallo de diciembre del 2015 entre Costa Rica y Nicaragua, la CIJ fijó entre muchas otras cosas (véase nuestro breve análisis), un plazo de doce meses para que ambos Estados acordaran un monto indemnizatorio, sugiriendo expresamente entablar negociaciones bilaterales al respecto (párrafo 142).
En junio del 2016, Costa Rica anunció de forma unilateral un monto superior a los 6 millones de US$, sin previas consultas con Nicaragua (véase nuestra breve nota con al final el texto del comunicado de prensa del 7 de junio del 2016 circulado por Costa Rica). En este último documento oficial no se detallan los diversos rubros, dando a entender que hay un rubro principal y otros accesorios al señalar que:
«El monto total de lo reclamado supera los seis millones de dólares, en donde se contempla la valoración monetaria del daño ambiental ocasionado por Nicaragua, así como una serie de gastos adicionales en los que Estado costarricense debió incurrir en relación con las acciones de Nicaragua, incluyendo su presencia militar en Isla Portillos, así como los daños por la excavación de caños y la tala de bosque en un humedal internacionalmente protegido bajo la Convención de Ramsar sobre Humedales«.
Como era de esperar, este monto fue rechazado por Nicaragua unos meses después de su anuncio. En enero del 2017, Costa Rica solicitó formalmente a la CIJ determinar este monto, al haberse vencido el plazo de doce meses para que ambos Estados lo acordaran de forma conjunta.
Es de notar que en el caso de la demanda de Guinea contra República Democrática del Congo que incluía una indemnización por el daño a Ahmadou Sadio Diallo, el juez internacional en el 2012 fijó el monto en 95.000 US$: Guinea exigía el pago de más de 12 millones de US$, mientras que la República Democrática del Congo ofertaba una compensación por un monto de 30.000 US$ (Nota 1).
Cuantificar el daño ambiental sin acordar alguna metodología…
En la decisión de la CIJ que fija el calendario de esta nueva etapa procesal entre ambos ribereños del río San Juan, se lee que los aspectos metodólogicos son los que ahora motivan la discusión:
«…, by a letter dated 20 June 2017, Costa Rica stated that, in its Counter-Memorial, Nicaragua introduced evidence, and raised a number of arguments, in particular in respect of Costa Rica’s expert evidence, which Costa Rica “ha[d] not yet had the opportunity to address”; whereas, in the same letter Costa Rica, inter alia, contested the methodology used by Nicaragua for the assessment of environmental harm; whereas Costa Rica thus requested the Court to be given an opportunity to respond by way of a short reply; Whereas, by a letter dated 23 June 2017, Nicaragua objected to Costa Rica’s request and asked the Court “to proceed and assess the relevant material damage and the amount of compensation based on the evidence that the Parties have provided in their Memorial and CounterMemorial
/
«…, par une lettre en date du 20 juin 2017, le Costa Rica a indiqué que, dans son contre-mémoire, le Nicaragua avait présenté des éléments de preuve ainsi qu’un certain nombre d’arguments, en particulier en ce qui concerne les preuves produites par les experts du Costa Rica, sur lesquels le Costa Rica «n’a[vait] pas encore eu l’occasion de s’exprimer» ; que, dans cette même lettre, le Costa Rica a, entre autres, contesté la méthodologie utilisée par le Nicaragua pour évaluer le dommage environnemental ; que le Costa Rica a dès lors demandé à la Cour de lui permettre de répondre dans une courte réplique ; Considérant que, par une lettre en date du 23 juin 2017, le Nicaragua s’est opposé à la demande du Costa Rica et a prié la Cour de «passer à l’évaluation des dommages matériels pertinents et à la détermination du montant de l’indemnisation due sur la base des éléments de preuve soumis respectivement par les Parties dans leur mémoire et leur contre-mémoire”.
… lleva a pedir un plazo adicional para discutir aspectos metodológicos
El pasado 18 de julio del 2017, la CIJ adoptó una ordenanza abriendo una nueva ronda de alegatos con relación a la metodología usada. En su ordenanza (véase texto) se lee que:
«Whereas the Court notes that the Parties hold different views as to the methodology for the assessment of environmental harm and finds it necessary for them to address this issue in a brief second round of written pleadings, Authorizes the submission of a Reply by Costa Rica and a Rejoinder by Nicaragua on the sole question of the methodology adopted in the expert reports presented by the Parties in the Memorial and Counter-Memorial, respectively, on the question of compensation due in the present case; Fixes the following time-limits for the filing of those pleadings: 8 August 2017 for the Reply of the Republic of Costa Rica; 29 August 2017 for the Rejoinder of the Republic of Nicaragua;»
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«Considérant que la Cour note que les vues des Parties divergent quant à la méthodologie d’évaluation du dommage environnemental et qu’elle estime nécessaire que les Parties examinent cette question dans le cadre d’un bref second tour de pièces écrites, Autorise la présentation d’une réplique du Costa Rica et d’une duplique du Nicaragua portant sur la seule question de la méthodologie retenue dans les rapports d’experts présentés par les Parties dans le mémoire et le contre-mémoire, respectivement, sur la question de l’indemnisation due en l’espèce ; Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure : Pour la réplique de la République du Costa Rica, le 8 août 2017 ; Pour la duplique de la République du Nicaragua, le 29 août 2017»
Al haber Nicaragua entregado su dúplica a la CIJ, queda concluida esta etapa escrita. Los jueces de la CIJ deberán ahora evaluar los alegatos de ambos Estados y decidir cuál metodología aplica en el caso concreto para fijar el monto compensatorio de Nicaragua por los daños causados.
¿Cómo lo harán y con base en qué criterios? Es un punto que deberá dilucidarse al no existir precedente jurisprudencial alguno por parte de la CIJ. El procedimiento contradictorio pareciera haber llegado a su término, salvo que ambas partes soliciten al juez una etapa oral adicional para presentar alegatos si así lo estimasen necesario. En el precitado procedimiento entre dos Estados africanos para fijar el monto de una indemnización, no se abrió ninguna etapa oral concluida la fase escrita (a diferencia del procedimiento contencioso usual de la CIJ): el fallo de la CIJ se dictaminó 4 meses después de depositada la contramemoria.
Figura del Caño «Google» o «Caño Pastora» (trazo azul), un caño artificial realizado por Nicaragua en Isla Portillos en octubre del 2010, a partir de un mapa erróneo de Google Map usado por Eden Pastora (figura realizada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Escuela de Geología, UCR) y toma aérea del mismo caño.
Dos Estados renuentes a dialogar
La ausencia de negociaciones bilaterales para determinar el monto indemnizatorio entre Costa Rica y Nicaragua desde la decisión de diciembre del 2015 de la CIJ puede explicar el tiempo transcurrido entre ambos Estados (véase al respecto nuestro artículo titulado «Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes«, publicado en el OPALC y disponible aquí). Era bastante previsible que el tema de la compensación económica fuera objeto de divergencias profundas, al no haberse establecido un método de común acuerdo. Tampoco ha trascendido que Costa Rica hubiese intentado algún acercamiento con Nicaragua previo a anunciar el monto en junio del 2016 de manera unilateral.
En el precitado artículo se puede leer que:
«Es de recordar que, en una materia como la ambiental, la cuantificación del daño depende básicamente de la metodología escogida. En Centroamérica, no existe una metodología regional aceptada por los Estados en materia de cuantificación del daño ambiental, por lo que es posible que ambos Estados cuenten con herramientas técnicas distintas«.
La metodología escogida y sus consecuencias
¿Hay manera de conocer la metodología usada por Costa Rica para valorar en más de 6 millones de US$ los daños ocasionados por Nicaragua en el 2010 y luego en el 2013? No por el momento.
Notemos que no ha sido dado a conocer el monto que Nicaragua ha presentado a los integrantes de la CIJ a título de compensación a Costa Rica, recurriendo a otra metodología. Hasta tanto no se de lectura del fallo, no se harán públicos los alegatos escritos de las partes, de conformidad con las reglas procesales que imperan en la CIJ (y que buscan evitar agravar las tensiones con base en alegatos o pretensiones claramente abusivas).
Será de cierto interés para el sector ecologista de ambos Estados conocer la metodología defendida por sus Estados, en la medida en que, por ejemplo, en Costa Rica el Estado adolece de una metodología oficial para cuantificar el daño ambiental. Este vacío se evidenció en el caso del proyecto minero ubicado en Las Crucitas: el daño ambiental (tala de árboles ocurrida en el 2008) fue objeto de diversos peritajes cuya cuantificación está aún pendiente ante los tribunales de justicia (Nota 2).
Con relación al daño causado por productores de piña en el 2007 en la región de Siquirres, en el 2014 se leyó por parte de un especialista costarricense en un artículo de opinión titulado «Valoración económica de daños ambientales» que:
«concuerdo plenamente en que es una vergüenza que procesos tan importantes se vean varados por algo técnica y prácticamente tan sencillo como diseñar e implementar un ejercicio de valoración económica«.
Concluyendo su artículo de la siguiente manera:
«Mientras la culpa sea del otro, 6.000 personas en tres comunidades ven su bienestar diezmado (¿En cuánto? Fácil de medir) y el AyA lleva gastados por lo menos ¢430 millones en llevar agua en cisternas, un pobre substituto para el agua del grifo. Si sumamos los costos en salud y similares, ya vamos avanzando con la valoración. ¿Le entramos?»
Diez años después de iniciarse la tragedia en Siquirres, la piña amenaza con replicar una nueva en la Zona Norte de Costa Rica (véase artículo del Semanario Universidad de mayo del 2017 que refiere a la crítica situación del humedal de Caño Negro, entre otros aspectos). Otra tragedia anunciada, que cumplirá 10 años el próximo mes, como la del colapso de la mina de Miramar (Puntarenas) en octubre del 2007, de igual manera, adolece de una valoración económica del daño ambiental por parte de las autoridades costarricenses. Pareciera que dentro de Costa Rica, el principio «quien contamina, paga» aplica sin encontrar cómo implementarse de forma efectiva, mientras que sí aplica (y Costa Rica busca la forma de implementarlo) en el caso de los daños acaecidos en Isla Portillos. Esta disonancia del aparato estatal costarricense merece, como mínimo, ser mencionada.
El hecho que Isla Portillos se sitúe en un humedal de importancia internacional declarado como tal (Humedal Ramsar) deberá ser tomado en consideración por parte del sector ecologista al existir otros humedales internacionales que sufren algún tipo de daño en Costa Rica. En el ámbito estrictamente interno, es de notar que el proceso penal en Costa Rica contra quienes participaron en la malversación de fondos públicos durante la construcción de la denominada «trocha fronteriza» de 160 kilómetros a partir del 2011 está paralizado ante la falta de cuantificación del daño social solicitado a la Procuraduría General de la República / PGR (véase a este respecto nota de Radio Monumental de mayo del 2017).
A modo de conclusión
La devastación que han sufrido los ecosistemas de la Zona Norte de Costa Rica debido a una expansión piñera sin precedentes no ha aún dado lugar a una indemnización o compensación por parte de la Cámara de Productores de Piña (CANAPEP), precisamente debido a la ausencia de una valoración económica del daño ambiental por parte de las autoridades costarricenses. De igual manera un sinnúmero de denuncias ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) no concluyen en ninguna condena o se archivan debido a la falta de valoración del daño ambiental causado.
Más allá de estos y otros preocupantes vacíos, y volviendo a la esfera internacional, será ahora el juez internacional el llamado a aplicar, con base en lo presentado por ambos Estados, una metodología que permita cuantificar el daño ambiental y fijar el monto indemnizatorio que Nicaragua debe reconocerle a Costa Rica. Posiblemente esta decisión final de la CIJ se lea en el transcurso del año 2018.
Se trata de un nuevo episodio procesal entre ambos Estados debido a su renuencia para retomar la vía del diálogo con posterioridad al fallo de la CIJ del 2015 en aras de normalizar sus deterioradas relaciones.
A diferencia de la práctica seguida por Estados que litigan en La Haya, quiénes celebran una reunión entre sus máximas autoridades políticas después de la lectura de un fallo de la CIJ, en aras de reencausar sus relaciones, no ha existido ningún acercamiento desde diciembre del 2015 entre las autoridades políticas de ambos Estados.
Nota 1: En el caso de la demanda de Guinea contra República Democrática del Congo interpuesta en 1998, la CIJ sentenció en su fallo del 30 de setiembre del 2010 que ambas partes debían acordar un monto para indemnizar a Ahmadou Sadio Diallo. En su sentencia sobre monto compensatorio del 19 de junio del 2012 (véase texto), el juez internacional fijó el monto en 95.000 US$. Es de notar que Guinea exigía el pago de más de 12 millones de US$ (11.590.148 US$ a los que había que sumar 500.000 US$ por gastos incurridos ante la CIJ, según se lee en el punto 10 de la sentencia), mientras que la República Democrática del Congo ofertaba una compensación por un monto de 30.000 US$.
Nota 2: El monto fijado en Costa Rica en noviembre del 2015 por la jueza a cargo de la ejecución de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del año 2010 fue de 6,4 millones de US$(véase nota de CRHoy del 2014). Esta sentencia fue apelada por lo que no se tiene certeza que el monto se mantenga. El tiempo tomado por la jueza de ejecución para considerar estas apelaciones puede indicar que es probable que variará. Un peritaje inicial fijó este monto en unos 4,6 millones de US$, mientras que otro equipo de peritos, que sí realizaron una visita in situ (a diferencia del anterior, basado en imágenes satelitales) fijó el monto por el daño ambiental en 10,6 millones de US$ (ver nota de La Nación).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El pasado 29 de agosto de 2017 se firmó el Fondo Especial para la Educación Superior entre el gobierno y CONARE, que según denuncian sectores del movimiento estudiantil universitario, esa firma se hizo “a puertas cerradas, dejando como saldo un decrecimiento en el presupuesto para la educación superior en un 1,37% del PIB destinado a educación”, lo cual, (de paso), incumpliría el mandato constitucional de otorgar un 8% del PIB para el sector educativo.
Por esta razón, parte del movimiento estudiantil ha venido realizando acciones directas en diferentes puntos del país para que se escuchen sus peticiones. El pasado viernes 1° de setiembre de 2017, estudiantes universitarios tomaron el edificio de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) con el fin de que se informe claramente la forma en que se distribuirá el presupuesto, así como la rendición de cuentas de la Rectoría sobre las razones que dieron a la baja el presupuesto a la educación superior; así como asegurar la integridad de quienes participan en estas Acciones Directas, incluida la Toma del Edificio citado.
Las organizaciones, abajo firmantes, manifestamos nuestra preocupación por las denuncias que realiza el movimiento estudiantil, relacionadas con los Acuerdos “a puerta cerrada“, a espaldas de las comunidades universitarias, así como por el posible recorte del presupuesto a la Educación Superior Pública, establecido en la Constitución Política de Costa Rica como un derecho humano, asignándole incluso un porcentaje del PIB, como garantía directa a ese Derecho.
De igual manera, instamos a las Autoridades Universitarias y al Gobierno a responder las solicitudes de este movimiento estudiantil universitario del cual son parte los/as participantes de la Toma del edificio de Ciencias Sociales de la UNA, como acción directa no violenta y que tienen que ver con la justa preocupación de sus futuros universitarios inmediatos y de largo plazo.
Rechazamos como una acción represiva, el corte de los servicios básicos de agua y electricidad y el impedimento de ingreso de alimentos al edificio citado, así como la limitación a la libertad de tránsito de las personas para ingresar a la sede universitaria; pues no sólo violentan en sí, derechos humanos, sino que no contribuyen a una salida pacífica y negociada al conflicto; que de no actuarse con prontitud puede adquirir niveles inmanejables e inconvenientes, por las partes involucradas, siendo que, podemos a tiempo prevenirlas y resolverlas de manera alternativa, como bien lo predica esta misma Casa de Enseñanza Superior, en sus fines y en sus Maestrías de Derechos Humanos y Manejo Alternativo de los Conflictos. Rechazamos cualquier acción represiva tanto Universitaria como del Gobierno, porque implicaría agravar la situación de Conflicto y provocar acciones violentas injustificadas, tenemos suficientes recursos para el diálogo y la solución NO –Violenta. Todo en resguardo de la Autonomía Universitaria y del Movimiento Estudiantil.
Ofrecemos nuestros esfuerzos como organizaciones de Derechos Humanos, Paz y No Violencia en buscar salidas oportunas y alternativas a esta situación; permanecemos vigilantes; atentamente:
Servicio Paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ Costa Rica
Centro de Amigos para la Paz – CAP
Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU
Adhieren este comunicado organizaciones sociales, indígenas; eclesiales ecuménicas; juristas y ecologistas entre otras.
Colectivo Derecho a la Protesta Social
Justicia Paz e Integridad de la Creación (Claretiana) – JPIC
Representantes de Red MICA expondrán el caso este miércoles, en audiencia programada para las 10 de la mañana en la Ciudad de México
Gobierno acudirá con comitiva encabezada por Ministro de Comunicación, el mismo que ha entorpecido por más de dos años la posibilidad de reunión de Red MICA con Presidencia de la República
El Estado costarricense estará encarando una denuncia por falta de regulación e inacción estatal en materia de radiodifusión y uso del espectro radioeléctrico, lo cual, según la acusación, está generando violaciones a la libertad de expresión en materia de radiodifusión. La participación del Estado de Costa Rica se dará en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará en Ciudad de México este próximo miércoles 6 de setiembre.
La audiencia, programada para las 10:15 am, tendrá como contraparte del Estado a la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red MICA), organización que presentara la denuncia ante la CIDH a inicios del presente año. Red MICA se presentará a la audiencia con el respaldo de una representación del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, así como del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El Estado estará encarando la audiencia con una comitiva integrada por el actual Ministro de Comunicación ―Mauricio Herrera―, el Viceministro de Telecomunicaciones ―Edwin Estrada― y el encargado de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial, Marvin Carvajal.
La denuncia que presentara Red MICA se fundamenta en el hecho ―denunciado y confirmado por diversas instancias de la sociedad civil, de las universidades públicas y por la propia Contraloría General de la República―, de que el país carece de una normativa actualizada y coherente con las necesidades de participación equitativa, diversa y plural en el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, y que se refleja en el acaparamiento de este recurso por parte de un sector dedicado exclusivamente a utilizar los medios con fines comerciales, excluyendo visiones y opciones de comunicación con enfoque social.
Desde la Red MICA, al lado de diversos actores de la sociedad civil y de las universidades públicas, se ha denunciado la ausencia de acciones de parte del Estado para romper esta situación y propiciar un acceso equitativo de los diferentes sectores al espectro radioeléctrico, de manera que se asegure la presencia de otras propuestas, además de las actualmente existentes. La inacción del Estado se expresa no solo en la insistencia de no actualizar la normativa vigente en materia de radiodifusión, considerada obsoleta debido a que fue emitida hace ya más de 63 años ―cuando ni siquiera existía radio FM ni Tv―, tanto como por incumplir mandatos de la propia Contraloría General de la República. Esta ausencia de acción del Estado ha sido considerada por estas organizaciones como “extrañamente” conveniente a los sectores empresariales que tienen el control de los medios de radio y tv en el país, y contraria a los intereses públicos, de manera que violentan las posibilidades de libertad de expresión del resto de la ciudadanía.
Según los representantes de la Red MICA, de la audiencia se espera que se generen recomendaciones desde la CIDH para que el Estado finalmente acceda a propiciar la participación de la sociedad civil en las decisiones relacionadas, y que, desde allí, se concreten decisiones orientadas a permitir el acceso, uso y aprovechamiento del espectro por parte de otros actores interés y posibilidad en hacer radio y tv sin fines de lucro.
La Red MICA optó por elevar la situación ante la CIDH debido a que considera haber agotado todas las vías formales para ser escuchados, incluyendo el incumplimiento expreso del Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, de facilitar una reunión con la Presidencia de la República, de manera que el Estado sigue sin escuchar a la sociedad civil para tratar este tema, y sigue sin asumir sus responsabilidades al respecto. Como contrapartida, lo que se tiene es un plan del Viceministerio de Telecomunicaciones ―celebrado en conjunto con la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL) en un desayuno sostenido en diciembre del 2016, con participación del propio Presidente de la República y del mismo Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada― mediante el cual se estará entregando el llamado dividendo digital de Tv a los actuales empresarios de la Televisión nacional.
Para más información, puede comunicarse con:
Marvin Amador, 8335-3070 (martes antes de las 3:30 y después de las 6:30, miércoles en cualquier momento del día).
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Ley Participativa de Radio y Televisión CR.
