Este martes 7 de marzo a las 4 p.m. se estará llevando a cabo la Mesa Redonda, “Problemática ambiental global: hacia la construcción de comunidades sostenibles”, en el Instituto Monteverde.
Se contará con la participación del Lic. Emmanuel González, Decano de la sede central de la UTN y del Ing. Oscar Vega, Director de Carrera de Recuerdo Hídrico, UTN.
«Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos». Aníbal Quijano
«A la actitud pasiva y receptiva debemos oponer la acción creadora. Contra la obediencia hemos de oponer el inconformismo, contra la aceptación y sujeción la perceptividad inquisitiva, contra la pasividad receptiva el pensamiento crítico, la imaginación creadora y la acción transformante». Francisco Gutiérrez
Decolonizando la cotidianidad – Cotidianizando la decolonialidad
19-20 de mayo de 2017, Monteverde, Costa Rica
Las experiencias y patrones coloniales invisibilizadas en nuestra cotidianidad, tienen una profunda injerencia en todo lo que somos, en la manera de organizarnos, educarnos, expresarnos tanto individualmente como colectividad. El I Seminario Regional sobre Decolonialidad busca ser un espacio de diálogo para:
Estimular y explorar otras formas de conocer
Mirar desde otras perspectivas nuestras realidades cotidianas
Compartir saberes y prácticas emergentes desde un nuevo paradigma
Des-enredar la mundialización hegemónica para reinventar construcciones de vida equitativas, solidarias y justas
Promover alternativas a situaciones complejas de la vida cotidiana
El I Seminario Regional sobre Decolonialidad apuesta al diálogo transdisciplinario superando la visión de fronteras rígidas que tradicionalmente se promueven desde el modelo académico occidental. En esta perspectiva proponemos una visión alternativa de lo cotidiano como espacio de conocimiento y relación que se entreteje en la decolonialidad del ser. Es por ello que organizamos la reflexión crítica entorno a bucles emergentes que invitan a la articulación de propuestas creativas de ponencias.
Bucles emergentes del Seminario:
Identidades – Contextos Culturales
Alternativas del Bien Vivir
Ecología de Saberes – Educación
Colonialidad del Ser – Construcción de Cotidianeidades
El 7, 8 y 9 de marzo se realizarán actividades tanto para colegios del país como para público en general (foto: Archivo ODI).
Talleres, conciertos, conversatorios y charlas formarán parte de la primera Semana de la Mujer en la Ciencia y la Tecnología, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de marzo en la Ciudad de la Investigación, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
La actividad va dirigida principalmente a estudiantes de quinto y sexto año de colegios de todo el país, con el fin de motivarlas en el estudio de la ciencia y la tecnología. Además, pretende abrir espacios de discusión y aprendizaje sobre los aportes de diversas profesionales en estos campos del conocimiento.
Se realizarán visitas exclusivas para estudiantes a los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Eléctrica Pris-Lab, ARCOS-Lab e IPCV-Lab y a proyectos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
Por otro lado, las estudiantes podrán asistir a talleres donde experimentarán vivencias científicas y obtendrán conocimiento de primera mano en diversas temáticas como “nanotecnología”, “¿cómo editar Wikipedia?”, “reacciones químicas”, “Resolvamos el crimen al estilo CSI”, entre otros.
Además, durante los tres días se realizarán actividades abiertas a todo público, tales como charlas y conversatorios con profesionales de diversas áreas científicas y tecnológicas:
Programa de actividades.
Tatiana Trejos: MsC y PhD en Ciencias Forenses de la Florida internacional University. Una de las 10 mejores profesoras de la rama forense en los Estados Unidos.Premio Interpol como “científica joven destacada” y premio “Clodomiro Picado Twight”.
Rosalía Morales: economista, directora ejecutiva de NIC Costa Rica, desde donde impulsa proyectos a escala local e internacional en temas relacionados con la infraestructura de Internet, gobernanza de Internet y administración del código pais.cr.
Giselle Tamayo: directora del Programa de Posgrado en Química en la UCR. Primera mujer en ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT).
Los asistentes podrán disfrutar de un concierto con ElectrizArte, un evento donde estudiantes de Ingeniería Eléctrica brindan un espectáculo con música, luces y efectos, para mostrar sus habilidades artísticas e ingenieriles.
La actividad cuenta con la colaboración de instituciones como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la Academia Nacional de Ciencias, el Laboratorio Nacional de Nanotecnología y la Comisión de Género del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
Las personas interesadas en reservar espacio para este evento pueden escribir al correo: mujer.cienciaytecnologia@ucr.ac.cr Para más información, puede visitar el sitio web: https://ci.ucr.ac.cr/mujer-cienciaytecnologia o llamar a los teléfonos 2511-1872 con Disley Córdoba, 2511-1866 con Melissa Gómez o Nicole Cisneros al 2511-4424.
Director de EPPS compartió con orgullo la noticia de ACREDITACION de la Carrera a los estudiantes de nuevo ingreso que participaron en la Inducción a la UNA
El anuncio de CARRERA ACREDITADA generó un aplauso y felicitaciones espontáneas del estudiantado, académicos, administrativos e invitados especiales
El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), acordó acreditar con sello de calidad a la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Planificación Económica y Social. Dicho acuerdo se toma después de un largo proceso de valoración, tanto, del informe de autoevaluación realizado por la carrera, como de las valoraciones y recomendaciones dadas por un equipo de expertos nacionales e internacionales.
El Máster Miguel Céspedes Araya, Director de EPPS, felicitó al cuerpo de académicos, administrativos y estudiantes que participaron a lo largo de estos años en el análisis auto crítico y reflexión de fortalezas y oportunidades para la mejora de la EPPS: “La gestión de la calidad no solo es parte de la Política de la Universidad Nacional, sino es una obligación de la academia. Por ello, desde hace 5 años la Escuela de Planificación y Promoción Social apostó por la autoevaluación, con miras al logro de esta acreditación. Recibir el SELLO DE CALIDAD de parte del SINAES, significa alcanzar el primer peldaño y nos insta a un mayor esfuerzo colectivo para superar las carencias y robustecer las diversas áreas académicas para la mejora permanente del quehacer de la EPPS-UNA”, expresó el Director de EPPS.
La actividad de apertura de la inducción a estudiantes de nuevo ingreso a la EPPS se llevó a cabo este martes 21 de febrero de 2017 en el Auditorio Marco Tulio Salazar del CIDE-UNA y se prolongará por tres días incluyendo giras de campo y conferencias.
En el mensaje de apertura de parte de las autoridades se hizo hincapié en que la Escuela promueve el diálogo y la paz y abandera la declaratoria del Consejo Universitario de definir el 2017: Año de la UNA por la Vida, el Diálogo y la Paz.
En la bienvenida al estudiantado se comentó que el proceso de inducción es una pincelada de lo que los jóvenes verán a lo largo de la carrera. Se agradeció a los administrativos y académicos de la EPPS por el apoyo y compromiso con la Unidad Académica para organizar el encuentro, así como recibir y orientar a los nuevos estudiantes: “ Las características de la EPPS son de una formación académica de calidad con reconocimiento público y privado, una formación rigurosa y exigente, pero, con atención personalizada, forjar un ambiente agradable y otorgar una formación de capacidad crítica manteniendo un equilibrio entre lo ético y moral” indicó el Máster Céspedes, quien para concluir su participación solicitó a los estudiantes que aprovechen al máximo las oportunidades que les brinda la Universidad Nacional y que además de ser buenos estudiantes, también sean buenos en sus hogares.
El Presidente de Asociación de Estudiantes, Rodrigo Conejo, dio a conocer la existencia de la Asociación de Estudiantes ASOPPS y ofreció a los nuevos universitarios que la organización que él representa les respaldará para solucionar sus problemas a lo largo de sus años de en la carrera:“estar en la U Pública es un privilegio y también una responsabilidad, es un logro del sistema de educación de este país; gracias a todos los que pagan impuestos estamos aquí y eso es algo que no podemos perder. La planificación es una disciplina inter y multidisciplinaria que pueden desempeñarse en muchas y diversas áreas, la planificación o su ausencia influye diariamente en nuestras vidas”. Al finalizar su intervención Conejo reiteró que la inducción no solo son tres días, sino, que dura a lo largo de la vida universitaria”. Motivó a los estudiantes a disfrutar y sacarle provecho a la gira de campo para el día siguiente, pues a su juicio es un primer acercamiento académico a la realidad de nuestras comunidades e iniciar una lectura como planificadores.
La Licda. Isabel Calvo González les ofreció a los estudiantes una pequeña charla acerca de lo que significa la planificación, dejando en claro que: “planificar ayuda a fijar el punto de acción, para determinar y alcanzar el o los objetivos que queremos”.
Comentó que “la planificación es todo un proceso de análisis de las metas y los objetivos, teniendo en cuenta los recursos”. Asimismo, se comentó sobre los planes de la carrera y los pasos para la matrícula.
Al final de la mañana algunas profesionales graduadas de la EPPS compartieron sus experiencias como Planificadoras en su lugar de trabajo.
Paula Morales, Planificadora de la Municipalidad de Barva-Heredia, hizo énfasis en que nunca había estado más vigente la planificación para apoyo de las organizaciones y que en su labor profesional aporta a la visión prospectiva para adelantarse a los procesos y estar preparadas para atender las necesidades institucionales e incidir en el desarrollo de las comunidades.
La Licda. Alejandra Mora, manifestó que en la brecha profesional hay que forjarse día a día, para dejar muy en alto la carrera, seguir posicionando la necesidad y abordaje de la planificación estratégica en la actualidad y el mañana. Mora enfatizó en la Planificación como herramienta para que los actores y sectores visualicen el futuro con una actitud seria, objetiva y poder actuar en la solución sistemática-no improvisada- de las prioridades sociales y económicas de las comunidades.
Silvia Camacho, académica de EPPS, socia y fundadora de Caplan Consultores, expresó que lo aprendido en la academia tanto en aula como las prácticas organizativas y vivencias en las comunidades, le permitió una visión amplia de la realidad y obtuvo las herramientas apropiadas para desenvolverse en el mundo de trabajo. Para Camacho, la planificación ha ganado terrero en el espacio público como privado: “hoy se puede demostrar que las empresas y organizaciones que planifican de manera seria su quehacer, logran sus metas y objetivos tanto a corto, mediano y largo plazo. Un país sin planificación camina sin rumbo, se detiene, retrocede, de ahí que el papel de la planificación y los planificadores son cruciales para avanzar, indicó Doña Silvia.”
Al finalizar se invitó al auditorio a la actividad de ACREDITACION de parte del SINAES”; el próximo martes 14 de marzo de 2017 a las 9 a.m. en el Auditorio Clodomiro Picado.
Cualquier agente que afecte el desarrollo y crecimiento de las plantas y especialmente de los cultivos pone en peligro la actividad agrícola, el medio ambiente, la economía y por ende la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos.
Por eso, investigadores de todo el continente americano trabajan incesantemente en la investigación, diagnóstico y control de enfermedades de las plantas, como por ejemplo la Sigatoka negra, la enfermedad más importante en banano en la región, o las enfermedades que afectan al aguacate mexicano, el cultivo de papa, el tomate o las plantas ornamentales.
Los fitopatólogos se reunirán la próxima semana en Costa Rica para analizar los avances y retos en el Congreso de la Sociedad Americana de Fitopatología, organizado por el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS) y el Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos (CIPROC) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El congreso denominado “Perdidas de cultivos, riesgos fitosanitarios y enfermedades tropicales: avances y retos” se realizará del 27 de febrero a 1 de marzo en el Hotel Plaza Crown (Corobicí). La inauguración se llevará a cabo el lunes 27 de febrero a las 8:00 a.m. y contará con la presencia del Ministro de Agricultura, Dr. Luis Felipe Araúz, quien también es especialista en fitopatología.
Durante tres días se presentarán 45 charlas y 35 carteles con resultados y avances de investigaciones que se realizan a lo largo del continente y varias que realizan en conjunto entre investigadores extranjeros y costarricenses de la Escuela de Agronomía, la Escuela de Biología, el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM) el CIPROC y el CIGRAS de la Universidad de Costa Rica.
Se abordarán temas de importancia para el sector exportador de banano y piña como la biología, manejo e impacto de microorganismos en etapa poscosecha y las enfermedades cuarentenarias que son muy importantes en la actualidad, considerando el movimiento de productos y personas de un país a otro, pues pueden cerrar las puertas entre dos países o afectar la producción de cultivos.
Parte de este simposio es buscar identificar métodos nuevos de control biológico con agentes biológicos, que puedan reducir la cantidad de plaguicidas en el ambiente, e identificar áreas importantes para continuar la investigación en el futuro¨ explicó el Dr. Paul Eker, director del CIGRAS-UCR y residente de la División del Caribe de la Sociedad Americana de Fitopatología.
También se analizarán temas relacionados con nematología tropical y microtoxinas que pueden afectar la salud de las personas y también de los animales. El miércoles 1 de marzo durante todo el día se realizará un simposio especial sobre avances y retos para el sector bananero.
Contacto: Dr. Adriana Murillo y Dr. Paul Esker CIGRAS. Tel: 2511-8823, 2511-8822.
Distintos grupos sociales has estado realizando actividades para recordar y protestar por la impunidad en el caso de la activista hondureña Berta Cáceres asesinada hace un año. El pasado 2 de marzo en la Embajada de Honduras en La Sabana y el pasado 03 de marzo en la Rotonda de la Hispanidad.
Hasta ahora van ocho personas capturadas y señaladas como responsables del asesinato. Tres de los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras de acuerdo con lo reflejado en el expediente jurídico del caso, reseña el periódico británico The Guardian.
Las últimas revelaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres apuntan al Estado hondureño como responsable. El único testigo de la muerte de la lideresa, Gustavo Castro, señala al Estado hondureño como responsable.
Uno de los detenidos es exempleado de la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra el cual luchaba Berta que había recibido 33 veces amenazas de muerte.
Desde 2009, al menos 120 activistas han sido asesinados en Honduras. El país centroamericano fue declarado el lugar “más peligroso para defender el planeta”, según un informe de Global Witness. La organización denuncia una relación entre la clase política y empresarial del país y la represión y asesinato de activistas políticos en los últimos años.
Según Global Witness, entre el 2002 y el 2013, como mínimo 908 personas en todo el mundo fueron asesinadas, con tasas brutales en Perú, Honduras, Colombia, Guatemala, Brasil y México, entre otros países http://www.alainet.org/es/articulo/173493, y en 2015 al menos otras 78 personas fueron asesinadas http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/09/actualidad/1449685932_80796 Incluso en Costa Rica, país reconocido por su estereotipo de “verde”, se asesinó a un protector de tortugas en el 2013 y al menos otras diez personas desde 1975.
Para FECON“Esas y muchas más agresiones son evidencia clara de que los focos de violencia en América Latina y el mundo, apuntan cada vez más contra ambientalistas, indígenas, feministas , ecologistas y en general defensores de derechos humanos políticos, económicos, culturales, ligados a la protección de la naturaleza. A esto se suma la judicialización y penalización de cualquier forma de protesta social, lo cual reduce cada vez más la participación civil frente a los negocios estatales y privados y la concentración de la riqueza”.
Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, las ONG hondureñas e internacionales reclaman que se haga justicia y que se ponga fin a la impunidad rampante que rodea este asesinato (véase nota de prensa de El Heraldo).
Al momento, los órganos de la justicia hondureña han enfocado sus labores de manera muy cuestionable, en aras de identificar a los autores materiales del asesinato, sin interesarse mayormente por los comanditarios de esta violenta acción en contra de esta renombrada líder ecologista. Amnistía Internacional ha calificado recientemente de «vergonzosa» la supuesta «investigación» realizada por las autoridades hondureñas (véase comunicado). Medios de prensa, en mayo del 2016, señalaban como co-responsables a la cúpula empresarial y militar hondureña (véase artículo del Semanario Universidad). Por su parte la ONG GlobalWitness ha publicado un revelador informe sobre la alarmante situación de los defensores de derechos humanos en Honduras.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Presuntos asesinos de Berta Cáceres pertenecían a inteligencia militar de Honduras: The Guardian».
La profunda desconfianza en las autoridades hondureñas para esclarecer la muerte de Berta Cáceres
A raíz de la actitud de las autoridades hondureñas, en mayo del 2016 el banco holandés FMO optó por suspender sus aportes en capital al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, así como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (véase nota de prensa de La Prensa). Nótese que una fuerte movilización y una petición en línea precedieron la decisión del BCIE, y que persisten a la fecha serias críticas a las empresas alemanas involucradas en este proyecto hidroeléctrico (véase nota de DW). En setiembre del 2016, se informó del robo del expediente judicial sobre este asesinato (véase nota de prensa de La Prensa).
Notemos que en una entrevista a las dos hijas de Berta Cáceres editada en junio del 2016 en Costa Rica (véase nota de La Nación), se puede leer que: «La presencia policial constante ha garantizado el desarrollo de estos proyectos, del Ejército de Honduras, de las fuerzas especializadas del Ejército de Honduras, creadas especialmente para las regiones en conflicto, que son las regiones donde quieren instalar proyectos hidroeléctricos, mineros y monocultivos». Con relación a la actitud de las autoridades, se señala por parte de las hijas de Berta Cáceres que: «nosotros creemos que si no es por una comisión independiente, que sea imparcial, el caso va a quedar en la impunidad. El Presidente ha dicho expresiones como que tiene todo el compromiso de llegar a la Justicia, pero nosotras decimos que entonces por qué no acepta el ofrecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de dos meses para que crear un grupo independiente que acompañe el proceso y certifique que las cosas se están haciendo cómo se deben. Todo esto nos sigue generando la inquietud de qué es lo que temen, qué es lo que se esconde, por qué no hay una comisión independiente».
El precedente sentado por el caso Kawas Fernández
La obligación de investigar debidamente y de sancionar a todos los responsables de este y muchos otros casos contra líderes indígenas, ecologistas y defensores de los derechos humanos hondureños deriva de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el año 1995, la muerte de la líder ecologista Blanca Jeannette Kawas Fernández dio lugar a una demanda contra Honduras que culminó en abril del 2009 con una histórica sentencia (véase texto completo) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el párrafo 190 se lee que:
«190. El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer225. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos».
En la parte resolutiva de la sentencia (p. 67), se puede leer que: «11. El Estado debe realizar, en un plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en los términos del párrafo 202 de la presente Sentencia. 12. El Estado debe levantar, en un plazo de dos años, un monumento en memoria de Blanca Jeannette Kawas Fernández así como realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre, en los términos del párrafo 206 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los señores Blanca Fernández, Selsa Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro Watt Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández, si así lo solicitan, en los términos del párrafo 209 de la presente Sentencia. 14. El Estado debe ejecutar, en un plazo de dos años, una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos, en los términos del párrafo 214 de la presente Sentencia».
La implementación de esta histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha visto afectada por el repentino cambio de autoridades acaecido unos meses después de leída en San José, con ocasión del golpe de Estado que se dio en Honduras el 28 de junio del 2009; así como por el consiguiente aumento de la represión contra entidades hondureñas de la sociedad civil, en particular las abocadas a la defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y del ambiente. Como veremos a continuación, en otras partes del hemisferio, sectores optaron también por atentar contra la vida de líderes que defienden a sus comunidades en materia ambiental frente a los impactos de megaproyectos. Ello ocurre ante parcos aparatos estatales en los que la colusión de intereses político-empresariales podría explicar la ineficiencia de sus órganos de investigación para sancionar a los responsables de estos hechos. Esta misma colusión de intereses es la que inclina, en algunos casos, a los familiares de las víctimas a solicitar que sea un ente internacional, externo al Estado, el que investigue estos asesinatos.
En Costa Rica, esta extraña sensación de unísono empresa-Estado fue calificada de «compadrazgo» y «contubernio» «indignante y vergonzoso» por quiénes asistieron a una audiencia precedida de una memorable visita in situ realizada en el 2009 por el juez constitucional al proyecto minero Crucitas de la empresa canadiense Infinito Gold (véase nota del Semanario Universidad). En esta última, leemos que: «Cuando uno escucha al Ministro de Ambiente, parece un funcionario de la empresa, por la defensa a ultranza que hace del proyecto. Igual fue cuando se hizo la inspección en Crucitas, donde el ministro iba en el carro de la empresa”.
Un panorama sombrío para los activistas en materia ambiental
En un artículo publicado por el New York Times en setiembre del 2016, se lee que la eliminación física de defensores del ambiente en América Latina está llegando a límites insospechados: «Una cifra que la organización enmarca en otra cifra mayor, que sirve para dimensionar el problema: en 2015, según datos de la organización ambientalista Global Witness, hubo 185 asesinatos de líderes ambientales registrados a nivel global; 122 ocurrieron en América Latina». El mapa editado por la ONG GlobalWitness arroja las siguientes cifras para el único período 2010-2015: Brasil con 207 muertes, Honduras con 109, seguido por Colombia con 105, Perú (50), México (33), Nicaragua (15), Paraguay (13) y Argentina con 6 activistas asesinados.
A modo de ejemplo de una actividad que genera una violencia en su entorno (incluyendo en muchos casos la muerte de quiénes se oponen a ella), se lee en este informe sobre las empresas mineras canadienses que operan en América Latina (informe que fue sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015) que: «Violent deaths and serious injuries to mineworkers and opponents of projects The report notes at least 23 violent deaths and 25 cases of serious injury at ten of the projects examined, although the total number of individuals murdered and injured may be much higher. Nearly all of the reported acts have gone unpunished, without any determination to date of the perpetrators’ motives. Nor have reparations been made to victims or their relatives. The ten cases pertain to mining projects in Mexico, Colombia, El Salvador, Honduras, and Guatemala» (p. 16).
Otra marcada tendencia detectada en América Latina (y que ha llevado a muchos líderes sociales y ambientales ante los tribunales de justicia) es la de utilizar nuevas figuras penales con la finalidad de criminalizar la protesta social: remitimos al respecto a la obra compilada por el Profesor Eduardo Bertoni, titulada «¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina» (texto disponible aquí). En Costa Rica, acciones penales por presunta difamación entabladas por una empresa minera canadiense contra los opositores a su proyecto ubicado en Las Crucitas dieron lugar a una técnica algo inédita por parte de los abogados de la empresa Infinito Gold: su reiterada ausencia en las audiencias convocadas por los jueces costarricenses (véase nota de prensa de noviembre del 2016 en el caso del ecologista Edgardo Araya). Ante problemas de salud tan recurrentes como constantes de estos abogados, una carta pública de tres de los demandados por Infinito Gold se tituló: «Audiencias con el Infinito: ausencias…» y fue publicada en La Nación en julio del 2012 (véase texto).
En momentos en que tanto en Honduras como en el resto del continente americano, los líderes ecologistas son encontrados sin vida o sufren otro tipo de amenazas y acciones legales en su contra claramente intimidatorias, y en los que se asiste, como por ejemplo en Costa Rica, a una verdadera regresión por parte del mismo juez constitucional en materia de participación ciudadana en temas ambientales (véase nota del Semanario Universidad), la conmemoración de la muerte de Berta Cáceres ha adquirido dimensiones que interpelan al movimiento ecologista como tal.
El caso de Costa Rica
Cabe señalar que Costa Rica no es del todo inmune a esta peligrosa deriva. Al recordarse en el 2016 los tres años de la muerte de Jairo Mora Sandoval, un jóven biólogo apasionado por las tortugas marinas, cuyo cuerpo apareció sin vida en la playa de Moín, son varias las interrogantes que persisten en Costa Rica (véase nota de este mismo sitio). Este caso se suma a varios más en Costa Rica (véase nota de CRHoy del 2015 y el artículo de opinión publicado en el 2013 titulado «Los ambientalistas exigimos respeto, René Castro»).
El caso de los cuatro integrantes de AECO (Asociación Ecologista Costarricense), de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación y uno fue hallado sin vida en julio de 1995 en un parque de la capital costarricense, constituye otro doloroso ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes, titulado «20 años es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994»).
Conclusión
En estos primeros días de mes de marzo del 2017, diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica (véase nota sobre convocatoria en Costa Rica), así como en Canadá y en varias capitales europeas (véase por ejemplo convocatoria en Madrid): lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistirán también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un líder comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Según FECON “Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”
Quedaron sepultados, al menos por ahora, los planes para industrializar áreas protegidas, así como el megaturismo, el canal seco, la expansión de monocultivos y otros proyectos para repartirse el patrimonio natural del Estado que buscaba la Ley nº 9205 de 23 de diciembre de 2013 por medio de una acción interpuesta por FECON y El Sindicato de Trabajadores de MINAE del SITRAMINAE.
La acción declarada a lugar por la Sala Constitucional (ver texto), asegura que con la ley No.9205 se estaban titulando tierras que pertenecen al Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, la Zona Protectora de Tortuguero, el Humedal Nacional Cariari y El Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr.
La ley buscaba privatizar áreas silvestres protegidas para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de particulares. Todo esto sin contar con los requisitos que se exigen por Ley para seguir este procedimiento.
Para poder retirar las áreas protegidas del dominio público se requiere de estudios que demuestren que el ambiente no se verá perjudicado. Sin embargo, en este caso no se realizaron los análisis correspondientes. Del expediente legislativo n° 17838, que corresponde a la ley cuestionada, se desprende la ausencia de este requisito (Ver advertencia).
El voto N° 2017 002375 de la Sala IV asegura: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaratoria que alcanza también a la reforma de los artículos 1, inciso f), y 11, ambos de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas, operada por el artículo 17, de la legislación anulada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe”.
Aunque todavía está en redacción del voto completo, se pone en evidencia el incumpliendo del Estado costarricense con su obligación constitucional de proteger los bienes que sean de su propiedad, en beneficio de la colectividad.
Ley para efectos electorales. Como si fuera un acto de campaña electoral, rozando con el delito de beligerancia política, en plena etapa final de las elecciones de 2014, el 23 de diciembre, la presidenta firmó esta ley en que en pretendía resolver una problemática de miles de familias de seis cantones ubicados entre Moín de Limón y Cureña de San Carlos, en Alajuela.
Para el Presidente de FECON, Mauricio Álvarez “se trató de un acto de clientelismo político típico del Partido de Liberación Nacional, pues había un pronunciamiento muy claro de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa advirtiendo de la inconstitucionalidad del proyecto, pero por razones de cálculos electorales de votos de 10 000 mil familias beneficiadas, fueron obviados los señalamientos del diputado José María Villalta y de los técnicos legislativos”.
Álvarez agregó que “en realidad como siempre el gobierno de turno usa a la gente para entregar títulos pero el interés es abrirle camino a otro megapuerto ligado al canal seco, la industrialización de Moín, marinas y avanzar con el megaturismo en la zona. Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”.
FECON subraya que igual suerte correrán la Ley 9373 que pretenden suspender durante 24 meses demoliciones y desalojos a personas en zonas de Patrimonio Natural del Estado y zonas especiales que han seguido el mismo procedimiento a pesar de las mismas advertencias de los servicios técnicos (ver más).
Ante la adopción de una ley por parte del Parlamento Israelí, el pasado 6 de febrero, que legaliza de manera retroactiva, los asentamientos ilegales en Palestina, en particular en Cisjordania, son varias las organizaciones internacionales y los Estados que han levantado la voz expresando su repudio y rechazo a dicha iniciativa.
Breve recapitulativo y cifras sobre la cantidad de asentamientos israelíes en Palestina
En la actualidad, se estima a poco más de 590.000 la población de colonos israelíes y de sus familias ubicados en territorios palestinos. Paralelamente a la construcción de asentamientos ilegales, la demolición de casas habitadas por familias palestinas se ha mantenido: un informe de Naciones Unidas con fecha del 29 de diciembre del 2016 precisa que sólo para el año 2016 fueron más de 1000 casas de familias palestinas las destruidas por las autoridades de Israel: «A recently completed United Nations study indicates that during 2016, Israeli authorities demolished or seized 1,089 Palestinian-owned structures throughout the West Bank – including East Jerusalem – thus displacing 1,593 Palestinians and impacting the livelihoods of another 7,101» (véase nota oficial de Naciones Unidas).
En una muy esperada – pero pocamente publicitada en medios de prensa – comparecencia de varias ONG israelíes realizada en octubre del 2016 ante los mismos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (véase nota de What´s in Blue), la activista norteamericana-israelí Lara Friedman de la ONG Americans for Peace Now (APN), entidad aliada de la ONG israelí PeaceNow (véase sitio oficial) declaró lo siguiente:
«Twenty-three years ago, in 1993, Israel and the PLO signed the Declaration of Principles, also known as the Oslo Accords. Back then, the settler population in the West Bank, excluding East Jerusalem, was around 116,000. At the end of 2015, that number was nearly 390,000. Looking just at East Jerusalem, in 1993 the Jewish Israeli population was approximately 146,000. Today it is over 210,000. This population explosion could not have occurred without Israeli government support and encouragement, including, most obviously, the approval and construction of new housing. And that is exactly what happened. During this same period, 1993 to today, over 50,000 settlement units were built in the West Bank, and plus thousands more in East Jerusalem. What about settlement construction just under Prime Minister Netanyahu 2016 figures are still not complete, but looking at 2009 to 2015 – which included the so-called “moratorium” – more than 11,000 settlement units were established in the West Bank with the approval of Israeli authorities. And in 2015 alone, we are talking about almost 2000 new units in West Bank settlements» (véase texto de su alocución del 14 de octubre del 2016 en Nueva York).
Foto extraída de artículo de prensa de la BBC titulado «Israel approves settlement homes following Trump inauguration», 22 de enero del 2017.
Recientemente en Costa Rica (y al parecer por vez primera en la historia de la televisión costarricense) se transmitió una muy completa entrevista a S.E. Riyad Mansour, Embajador concurrente de Palestina ante Costa Rica y Representante Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, en la que se explica el objetivo político de estas colonizaciones decretadas cada cierto tiempo por las autoridades israelíes (véase la emisión Sobre la Mesa, Canal 15 UCR, agosto del 2016, disponible aquí, Minuto 13:21 a 30:39).
Un repudio generalizado
A la condena expresada por el nuevo Secretario General de Naciones Unidas ante la adopción de esta ley iniciando el mes de febrero del 2017 por parte de la Knesset (véase comunicado oficial de Naciones Unidas) y de la Unión Europea (Nota 1), hay que añadir las reacciones oficiales expresadas por Alemania, Bélgica (véase texto), Canadá (véase texto), Egipto, Francia, Rusia, Suecia (véase texto), Suiza (véase texto) y Turquía (véase texto), entre otros. Indonesia por su parte, optó por no autorizar el uso de su espacio aéreo al aeronave que llevaba al Primer Ministro israelí a Australia (véase nota de The Guardian y el mapa del inusual recorrido entre Singapur y Sidney efectuado, editado en esta nota del Washington Post). Notemos que Australia es de los pocos Estados que han considerado oportuno no condenar la adopción de esta ley (véase nota de ABC).
El comunicado oficial emitido por el jefe de la diplomacia gala del 7 de febrero del 2017 es particularmente categórico (véase texto). El pasado 14 de febrero, las autoridades alemanas suspendieron una reunión prevista con el Primer Ministro israelí en señal de repudio (ver nota de The Independent). España por su parte, inició el 2017 con un comunicado oficial condenando la decisión del Ejecutivo israelí de autorizar 6.000 nuevos asentamientos (Nota 2), al igual que Suecia, a cargo de la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde inicios del 2017 (véase comunicado oficial), entre muchos otros Estados.
Irlanda ha dejado entrever que reconocerá a Palestina prontamente como Estado, obligando Israel a recurrir a Estados Unidos para impedirlo (véase nota de Haaretz). Los Poderes Ejecutivos de Irlanda, así como los de Reino Unido, España, Francia y Bélgica mantienen una deuda con sus respectivos Poderes Legislativos, los cuales, en noviembre y diciembre del 2014, les solicitaron reconocer sin más preludios a Palestina como Estado. En el caso del Parlamento británico, la moción reunió 274 votos a favor y 12 en contra, mientras que en el caso de España, el resultado de la votación fue de 319 votos a favor, una abstención y dos en contra. El pasado 26 de febrero del 2017, 154 senadores y diputados franceses le recordaron al Presidente Francois Hollande el voto de noviembre del 2014 en París, y su compromiso de campaña con relación a dicho reconocimiento (véase nota de prensa). En su momento, tuvimos la oportunidad de analizar el alcance del reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Suecia, acaecido en octubre del 2014 (véase nota publicada en el CURI).
Gráfico extraído del artículo de El Pais (España) sobre las diversas categorías de asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, titulado «Israel avanza en una ley que pone en peligro la solución de los dos Estados», edición del 6 de diciembre del 2016.
Las reacciones oficiales registradas en América Latina
En América Latina, esta ley israelí ha dado lugar a varias reacciones oficiales. Es por ejemplo el caso de los comunicados circulados por los aparatos diplomáticos de Argentina (Nota 3), de Brasil (Nota 4), de Chile (Nota 5) y de México (Nota 6). Es de notar que el comunicado mexicano fue el primero, y que es el único en referirse expresamente a una reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando de forma vehemente la política de colonización israelí en territorio palestino. En su momento, el Embajador de Israel en México calificó de «inusual» la nota emitida por la diplomacia mexicana, haciendo ver que era la única registrada (véase nota de El Heraldo).
La reciente resolución 2334 adoptada por el Consejo de Seguridad
Como se recordará, a finales del 2016, y por primera vez desde el año 1980, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pudo adoptar – gracias a la abstención de Estados Unidos – una resolución condenando enérgicamente los asentamientos israelíes en territorios palestinos: se trata de la resolución 2334 (2016) adoptada el 23 de diciembre del 2016. En un reciente análisis sobre las implicaciones jurídicas de la resolución 2334, se lee incluso que la ausencia de una «s» en los términos usados en este texto reviste particular relevancia de cara al futuro:
«What is also particularly striking is that Security Council resolution 2334 (2016), when addressing the legal status of the West Bank and East-Jerusalem, does not refer anymore to the occupied “Palestinian territories” in the plural but, like other organs of the United Nations beforehand, instead now also rather refers to the occupied “Palestinian territory” in the singular (“du territoire Palestinien” respectivly ‘le territoire palestinien” in the French text). This in turn presupposes that, while obviously not amounting to a recognition of a state, the Security Council hereby has taken the position that there exists at least a Palestinian entity with a defined ‘territory’ rather than merely some ‘Palestinian territories» (véase ZIMMERMANN A., «Security Council Resolution 2334 (2016) and its Legal Repercussions Revisited», EJIL Talk, 20/01/2017, disponible aquí).
Con ocasión de la presentación del borrador de esta histórica resolución, Israel y el entonces Presidente electo Donald Trump realizaron diversas gestiones diplomáticas para frenar a toda costa su votación, y aplazarla de unas pocas semanas, sin lograr mayor éxito (sobre estas y otras particularidades, véase nuestro breve análisis, BOEGLIN N., «La resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condena colonización israelí: breve puesta en perspectiva», Eljurista, 11/01/2017, disponible aquí).
La particular vehemencia diplomática de México
El comunicado de México difiere sensiblemente del de Argentina, Brasil y Chile en cuanto a su contenido así como su extensión. En su comunicado, México procede a «reiterar» su preocupación: «México reitera que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental representa un obstáculo mayor al proceso de paz, el cual debe encontrar una solución integral fundada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, económicamente viables, que convivan en paz y seguridad y con fronteras reconocidas internacionalmente». Es probable que el tono empleado por la diplomacia de México no sea del todo ajeno a las recientes tensiones ocasionadas por un desacertado «tweet» del Primer Ministro israelí apoyando la construcción de un muro entre Estados Unidos y México. Al respecto, remitimos a nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Las “disculpas” de Israel a México por tweet del Primer Ministro de Israel apoyando muro entre México y EEUU: Breves apuntes», editada en Ius360, 15/02/2017, disponible aquí.
La usual discreción diplomática de Costa Rica
Fiel a la peculiar cautela para manifestarse ante la situación imperante en Palestina y los derechos de su pueblo (en particular cuando de asentamientos ilegales israelíes se trata) Costa Rica, al igual que Colombia y Panamá, se ha mantenido al momento sin expresar mayor preocupación con respecto a esta ley israelí. Esta misma actitud reservada se dejó entrever con ocasión de la última ofensiva militar israelí en Gaza en julio del 2014 (véase informes oficiales de una Comisión de Investigación creada en Naciones Unidas).
Un número especial de la Revista Al-Kubri de la Universidad Nacional (UNA) reseñó de forma sistemática las reacciones en América Latina ante las exacciones de Israel contra la población civil en Gaza, así como el carácter ambiguo y las «señales confusas» (p. 6) que se desprenden de las declaraciones oficiales dadas por las autoridades de Costa Rica en julio y agosto el 2014.
Esta ambigüedad a la vez recuerda otra acaecida en el 2011: pese a haber reconocido formalmente a Palestina como Estado en el 2008, las autoridades de Costa Rica se mostraron indecisas ante un posible voto en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre del 2011 sobre el reconocimiento de Palestina como Estado Miembro (ver nota de prensa del Semanario Universidad). Un pequeño detalle, publicado en La Nación (edición del 10 de setiembre del 2011), y que pasó posiblemente desapercibido para muchos, indicaba que: “Dos periodistas hacían preguntas a Laura Chinchilla en Cartago. Ella cedió cuatro minutos y no quiso contestar más sobre la posición del Gobierno en cuanto a un Estado palestino. El reportero de este diario insistió, pero un guardaespaldas lo tomó de los dos brazos y lo jaló para atrás. Ella se fue tranquila sin contestar”.
Otro episodio sobre un tema distinto, pero extremadamente revelador en cuanto a la lectura que algunos tienen en Costa Rica sobre la situación en Oriente Medio, lo constituye una carta colectiva suscrita en septiembre del 2015 por descendientes de inmigrantes árabes. Los firmantes respondían, indignados, a declaraciones del Jefe de Estado sobre las supuestas dificultades que enfrentarían refugiados sirios si llegasen a Costa Rica. La misiva indicaba que:
«Los abajo firmantes, descendientes todos de territorios que hasta 1945 formaron parte de la Gran Siria, es decir, los ticos descendientes de sirios, palestinos, libaneses o jordanos, nos sentimos ofendidos por lo inapropiado de los comentarios de un Presidente que se enorgullece del carácter multicultural y pluriétnico del país» (véase carta titulada «Carácter multicultural y pluriétnico de Costa Rica incluye lo árabe», publicada en el Semanario Universidad, 16/09/2015).
Nos permitimos traer este tema a colación, dado que puede ayudar a entender la singular lectura que tienen las autoridades de Costa Rica en torno a la situación en Oriente Medio. Se calcula en más de 250 los ciudadanos sirios que han encontrado refugio en Chile (véase nota de prensa), en más de 2000 en Brasil (véase nota de prensa), mientras que el Programa Pro Siria (véase sitio oficial) en Argentina fue ampliado a finales del 2016, entre muchas otras iniciativas estatales en América Latina en respuesta al drama humano en Siria (véase número de la precitada Revista Al-Kubri (UNA) titulado «Argentina solidaria con refugiados sirios», setiembre del 2016). Tierra de acogida legendaria a quiénes huyen de la violencia, Canadá alberga ya a más de 35.000 refugiados sirios (véase nota de prensa).
Conclusión
Más allá de esta peculiar percepción de las autoridades de Costa Rica, esta reciente ley israelí ha sido objeto de un rechazo generalizado por parte de diversos Estados y organizaciones internacionales. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, constituye una violación flagrante a la reciente resolución 2334 del Consejo de Seguridad, y a un sinnúmero de resoluciones similares. Desde el punto de vista político, evidencia nuevamente la actitud desafiante de Israel hacia el resto de la comunidad internacional, que viene a confirmar un reciente informe confidencial de la Unión Europea (UE) hecho público (véase nota de Le Monde del 24 de enero del 2017) (Nota 7).
En momentos en que la primera reunión de la dupla Donald Trump – Benjamin Netanyahu ha causado temores fundados e incertidumbre en diversos sectores de la comunidad internacional, debido al tono y al contenido de sus declaraciones, no cabe duda que Palestina espera ansiosa reacciones decididas frente a esta nueva arremetida israelí aprobada por la Knesset el pasado 6 de febrero.
— Notas–
Nota 1: En un comunicado de prensa de la Unión Europea se lee que:
«Federica Mogherini speaks to Palestinian President Mahmoud AbbasBruxelles, 09/02/2017 – 09:16 – UNIQUE ID: 170209_01 Press releases
Before leaving to Washington late on Wednesday, Federica Mogherini, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission, had a phone call with the Palestinian President Mahmoud Abbas to discuss the recent developments regarding the Middle East peace process.
The High Representative informed the President about the discussions at the Foreign Affairs Council on Monday, stressing the consensus on the longstanding European Union’s policy on the Middle East peace process. The EU remains fully committed to work with the two parties and its international and regional partners on the two-state solution as the only way to end the conflict and move the peace process forward. The EU also expressed its opposition to the ‘Regularisation Law’ adopted by Israeli Knesset this week – settlements are illegal under international law and endanger the prospects for a peaceful solution of the conflict.
The High Representative and the President also discussed the EU-Palestinian relations and reconfirmed the commitment to further develop them.
Nota 2: El comunicado español del 2 de enero del 2017 se lee de la siguiente manera:
«COMUNICADO 036 Autorización de asentamientos en Cisjordania 01/02/2017
España condena la decisión del gobierno de Israel adoptada ayer de autorizar la construcción de tres mil viviendas para asentamientos en Cisjordania. Esta decisión contraria al derecho internacional, junto con otras dos muy recientes referidas a Cisjordania y a Jerusalén oriental y totalizando seis mil viviendas, señala una tendencia muy preocupante de las autoridades de Israel en relación con el proceso de paz, dificulta la reanudación de las conversaciones con la parte palestina y supone una amenaza para la viabilidad de la solución de dos estados, única capaz de resolver el conflicto de forma justa y definitiva».
Nota 3: El comunicado de Argentina con fecha del 10 de febrero se lee como sigue:
«Argentina lamenta la decisión del parlamento israelí sobre los asentamientos en Cisjordania
10 Febrero 2017 Información para la Prensa N°: 030/17
La Argentina observa con preocupación la aprobación por parte del Parlamento israelí de la Ley de Regularización, el pasado 6 de febrero, que legaliza la construcción de asentamientos en la Ribera Occidental ocupada.
La República Argentina se suma a la comunidad internacional, al considerar que esta Ley es contraria al Derecho Internacional, y a reiterados pronunciamientos de las Naciones Unidas, incluyendo del Consejo de Seguridad, y que, de ser implementada, obstaculizaría la posibilidad de lograr una paz justa y duradera, basada en la solución de dos Estados, conviviendo en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas.
Información para la prensa Nº 030/17″
Nota 4: El comunicado de Brasil, con fecha del 12/02/2017 se lee así:
«Nota 42 Asentamientos israelíes en Cisjordania
Brasil cree que la expansión territorial de los asentamientos israelíes en Cisjordania es un obstáculo a la paz. En este sentido, la legislación destinada a regularizar los asentamientos, recientemente aprobado por el Parlamento de Israel, no contribuye a la solución del conflicto.
Brasil ha recurrido sistemáticamente a las partes a que se abstengan de utilizar la violencia y promover actos de provocación que se desvían más lejos de la solución de dos estados.
Brasil apoya una solución de dos estados para el conflicto entre Israel y Palestina, que esté de acuerdo con el derecho a la libre determinación del pueblo palestino y las preocupaciones de seguridad de Israel.
Nota 5: El comunicado oficial de Chile se lee de la siguiente forma:
«Chile rechaza la expansión de los asentamientos en territorios palestinos
El gobierno de Chile expresa su profunda disconformidad con la aprobación de una ley por parte del Parlamento de Israel, que permite la expropiación de propiedad privada palestina en Cisjordania. Esta ley facilitaría la legalización de decenas de asentamientos y colonias construidas ilegalmente en territorio palestino.
Chile se une al rechazo de la comunidad internacional sobre la expansión de estos asentamientos, que representan un serio obstáculo a la posibilidad de alcanzar una paz duradera que se fundamente en la solución de dos Estados que convivan en paz y seguridad y con fronteras reconocidas internacionalmente.
Esta posición fue reafirmada por Chile en la reciente Conferencia de París sobre la Paz en Medio Oriente, a la cual concurrieron 70 países y 4 organizaciones internacionales».
Nota 6: El comunicado de México con fecha del 7 de febrero se lee de la siguiente manera:
«México lamenta la decisión del Parlamento de Israel de aprobar una ley que legaliza asentamientos construidos en propiedad privada palestina
Comunicado No. 046.- México reitera que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental representa un obstáculo mayor al proceso de paz, el cual debe encontrar una solución integral fundada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina.
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamenta la decisión del Parlamento de Israel de adoptar una ley que pretende legalizar asentamientos israelíes construidos sin autorización oficial sobre propiedad privada palestina en Cisjordania.
México reitera que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental representa un obstáculo mayor al proceso de paz, el cual debe encontrar una solución integral fundada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, económicamente viables, que convivan en paz y seguridad y con fronteras reconocidas internacionalmente.
El Gobierno de México hace un llamado al Gobierno de Israel a revertir esta decisión y a actuar de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad.
México reafirma su apoyo a una solución justa, duradera e integral al conflicto israelí-palestino, y hace un llamado a las partes a comenzar negociaciones directas cuanto antes y sin precondiciones, con el apoyo de la comunidad internacional».
Nota 7: En el 2012, un informe confidencial de la Unión Europea sobre este tema se filtró a medios de prensa (véase nota de la BBC). De igual manera, en el 2009 un informe similar fue dado a conocer sobre la paulatina anexión ilegal de Jerusalén Oriental por parte de Israel (véase nota de prensa del 2009). Anterior a ello, en el 2005 se señalaba lo mismo sobre las políticas de colonización ilegal de Israel en un informe secreto de la UE filtrado a medios de prensa (véase nota de EUObserver). Esta secuencia de informes confidenciales filtrados arroja interesantes interrogantes. que no parecieran haber despertado mayor interés por parte de observadores y analistas.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La próxima reunión del Colectivo CEAAL CR se estará realizando el 4 de marzo a las 9:00 a.m, la cual tendrá como tema central la planeación del “Encuentro Centroamericano de experiencias de Educación, comunicación y cultura populares”.
La misma tendrá lugar en las instalaciones del CEP Alforja, ubicada en los Yoses San Pedro, costado sur de la Iglesia de Fátima, en el Edificio Carisa.
Como en ocasiones anteriores se tendrá el espacio para el cafecito, así que está abierta la posibilidad para los y las compañeras que gusten aportar.
