«Ce qui se passe à Gaza n’est pas seulement une agression militaire. C’est une violation totale de toutes les valeurs humaines. Être privé d’enterrement est un crime, une preuve de la cruauté extrême infligée aux civils du territoire.

Où est la communauté internationale face à cette tragédie ? Où est la conscience humaine face à un peuple qui ne trouve même pas où enterrer ses morts ?

Cette faillite morale ne peut être justifiée par aucun prétexte. Le droit international garantit la dignité de l’homme vivant et mort, et criminalise toute atteinte au caractère sacré des défunts. Mais à Gaza, tout est permis : tuer, bombarder, affamer, et même interdire l’enterrement«.

Testimonio de un habitante de Gaza, Abu Amir, 2 de julio del 2025.Texto completo disponible aquí

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com. 

El pasado 9 de julio, Estados Unidos anunció oficialmente tomar sanciones contra la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase nota de The Guardian del 11 de julio). Se trata de una acción a todas luces insólita, sin precedentes, que da una idea de lo que es capaz de hacer Estados Unidos para intentar proteger y resguardar a su aliado israelí. 

El texto oficial de Estados Unidos justificando las precitadas sanciones contra Francesca Albanese puede ser consultado en este enlace del Departamento de Estado, en el que se lee que:

«Albanese has directly engaged with the International Criminal Court (ICC) in efforts to investigate, arrest, detain, or prosecute nationals of the United States or Israel, without the consent of those two countries /…/ She has recently escalated this effort by writing threatening letters to dozens of entities worldwide, including major American companies across finance, technology, defense, energy, and hospitality, making extreme and unfounded accusations and recommending the ICC pursue investigations and prosecutions of these companies and their executives. We will not tolerate these campaigns of political and economic warfare, which threaten our national interests and sovereignty» (sic.).

El carácter insólito de este anuncio deriva del hecho que es la primera vez en toda la historia que Estados Unidos adopta sanciones contra una persona que ostenta el cargo de Relator Especial  de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Por consiguiente, se esperaría un apoyo mucho más decidido por parte de Estados, de organizaciones internacionales, y de diversas entidades que apoyan la labor de estos relatores especiales en materia de derechos humanos y más generalmente las funciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

En esta entrevista realizada el 10 de julio por Democracy Now (Estados Unidos),  la jurista italiana explicó que, lejos de sentirse impresionada por estas sanciones norteamericanas, persisten las razones de extrema urgencia en Gaza por las cuales continuará su labor como relatora.

De algunas reacciones repudiando las sanciones norteamericanas

La reacción oficial de Naciones Unidas no se hizo esperar. El 10 de julio del 2025, el Secretario General en persona y varios órganos de Naciones Unidas condenaron estas sanciones norteamericanas: véase comunicado oficial de prensa del mismo día. 

A nivel de órganos inter-estatales, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos hizo suya esta declaración, en nombre de los 47 Estados que integran el máximo órgano de Naciones Unidas en materia de derechos humanos (véase composición actual).

En este comunicado de prensa, otro alto funcionario como lo es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló que:

«Even in face of fierce disagreement, UN Member States should engage substantively and constructively, rather than resort to punitive measures.

Attacks and threats against Special Procedures mandate holders, as well as key institutions like the International Criminal Court, must stop. The solution is not less, but more, debate and dialogue on the very real human rights concerns they address«.

El Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales en Derechos Humanos de Naciones Unidas también denunció las sanciones tomadas el día anterior por Estados Unidos contra Francesca Albanese: véase comunicado de prensa. 

Se registran también reacciones de repudio, entre muchas, a estas sanciones norteamericanas, por parte de la Unión Europea (UE) (véase nota de la prensa belga), así como por parte de Estados, como en el caso de Bélgica (véase nota de prensa con el tweet del titular de la cartera de relaciones exteriores belga). 

Entre las organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional difundió este comunicado de prensa titulado de la siguiente manera: «Estados Unidos: Las sanciones contra la relatora especial de la ONU Francesca Albanese, una deplorable afrenta a la justicia internacional«. En este comunicado oficial de otra organización de derechos humanos, Human Rights Watch, se lee que:

«La decisión del Gobierno de Estados Unidos de sancionar a Albanese por buscar justicia a través de la Corte Penal Internacional tiene como único objetivo silenciar a una experta de la ONU por hacer su trabajo, decir la verdad sobre las violaciones de Israel contra los palestinos y pedir a los gobiernos y las empresas que no sean cómplices. Estados Unidos está trabajando para desmantelar las normas e instituciones en las que se basan los supervivientes de graves abusos. Los países miembros de la ONU y de la CPI deben resistirse firmemente a los descarados esfuerzos del Gobierno estadounidense por bloquear la justicia para los peores crímenes del mundo y condenar las escandalosas sanciones impuestas a Albanese».

También se puede citar entre muchos otros, este comunicado conjunto de ONG palestinas de defensa de los derechos humanos, en el que se lee que:

«The actions of the U.S. government constitute a flagrant attack on the independence of the UN human rights system and the principles of international law. Including the sanctioning of International criminal court judges, the prosecutor of the ICC and threats against its employees. While the majority of Holocaust scholars, human rights organizations, and UN bodies recognize the catastrophic reality in Gaza – where Israeli forces have killed more than 60,000 Palestinians, displaced millions and wiped out entire cities – the United States continues to arm, finance, and politically protect the perpetrators. Punishing a UN official for doing her job is not just an assault on freedom of expression and accountability. But it is also a direct attempt to dismantle the rules-based international order that the US claims to support«.

Cabe precisar que, en el caso de Francesca Albanese, estas sanciones de Estados Unidos constituyen la culminación de acciones y de gestiones anteriores por parte de Israel y de su incondicional aliado norteamericano en aras de descalificar su labor y sus informes previos, y de paso, intimidar a quienes alzan la voz en defensa de la población civil palestina ante el carácter insensato de la ofensiva militar de Israel en Gaza.

La ilegalidad de las sanciones norteamericanas desde la perspectiva del derecho internacional

Estas sanciones contra Francesca Albanese constituyen, desde el punto de vista jurídico, una flagrante violación de las obligaciones jurídicas que recaen sobre Estados Unidos como Estado Miembro de Naciones Unidas, así como de las obligaciones contenidas en el Acuerdo de sede suscrito entre Estados Unidos y Naciones Unidas. 

En 1999, la justicia internacional de La Haya había tenido que precisar en una opinión consultiva a Malasia el alcance de las obligaciones que tienen los Estados en materia de inmunidad de los expertos ostentando el rango de relatores especiales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos (véase texto y en particular párrafo dispositivo 67). 

Con relación al cierre en 1988 de la oficina de la OLP, en aquel momento con rango de observador adscrito ante Naciones Unidas en Nueva York por parte de Estados Unidos, la CIJ había declarado que el procedimiento arbitral previsto debía obligatoriamente ser activado por Estados Unidos (véase opinión consultiva de 1988, párrafo conclusivo 58). Leemos en el párrafo 54 que para la CIJ:

«57. The Court must therefore conclude that the United States is bound to respect the obligation to have recourse to arbitration under section 21 of the Headquarters Agreement. The fact remains however that, as the Court has already observed, the United States has declared (letter from the Permanent Representative, 11 March 1988) that its measures against the PL0 Observer Mission were taken «irrespective of any obligations the United States may have under the [Headquarters] Agreement». If it were necessary to interpret that statement as intended to refer not only to the substantive obligations laid down in, for example, sections 11,12 and 13, but also to the obligation to arbitrate provided for in section 21, this conclusion would remain intact. It would be sufficient to recall the fundamental principle of international law that international law prevails over domestic law«.

Una decisión de un tribunal norteamericano consideró el cierre de esta oficina de Palestina como perfectamente fundamentada, haciendo a un lado las obligaciones internacionales derivadas del acuerdo de sede entre Estados Unidos y Naciones Unidas: véase al respecto artículo publicado en aquel entonces en el Annuaire Francais de Droit International / AFDI.

Gaza: el insensato intento de aniquilar el futuro de 2,3 millones habitantes so pretexto de «erradicar el Hamás»

En una nota anterior, tuvimos la ocasión de explicar que la reciente confrontación durante 12 días entre Israel e Irán obedeció en realidad a una hábil estrategia de Israel, en aras de desviar la atención del mundo del drama indecible que se vive en Gaza: en efecto, la decisión de bombardear a Irán se tomó pocas horas después de observarse un rotundo fracaso diplomático para Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 12 de junio. Una votación en la que, por América Latina, únicamente Argentina y Paraguay votaron con Israel y Estados Unidos: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota publicada el 28 de junio y titulada «Irán  / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público«.

El último informe de Naciones Unidas al  8 de julio sobre la situación en Gaza (véase enlace) puede ser útilmente completado con el informe anterior al 2 de julio del 2025 (véase enlace): ambos informes detallan, en este mes de julio del 2025, la extrema violencia contra la población civil que impone Israel, con saldos mortíferos diarios y saldos de heridos graves que deben ser atendidos por una red hospitalaria en Gaza prácticamente destruida, sin medicamentos ni material. 

En este otro informe del 3 de julio, la ONG Amnistía Internacional condenó el uso del hambre y el fracaso total de la entrega de ayuda humanitaria ideada por Israel en Gaza mediante una fundación privada (véase enlace). Al 11 de julio se contabilizaban 798 personas en Gaza que han perdido la vida por ir a recibir alimentación y ayuda, la mayoría siendo mujeres y niños (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

Este mensaje del Secretario General de Naciones Unidas del 27 de junio (véase enlace) recordaba la imperiosa necesidad de dejar entrar sin más preludios la ayuda humanitaria a Gaza y descartar la entrega de esta ayuda por esta fundación privada, la cual ha demostrado ser incapaz de superar los desafíos que supone atender a 2,3 millones de personas hambrientas y desesperadas. 

El pasado 1ero de julio del 2025, fueron170 ONGs de todo el mundo, incluyendo Amnistía Internacional, las que exigieron el desmantelamiento de esta fundación qua ha convertido la entrega diaria de víveres en verdaderas trampas mortales para muchos en Gaza. En el precitado  comunicado conjunto colgado en el sitio de Amnistía Internacional, se puede leer en particular que:

«Under the Israeli government’s new scheme, starved and weakened civilians are being forced to trek for hours through dangerous terrain and active conflict zones, only to face a violent, chaotic race to reach fenced, militarized distribution sites with a single entry point. There, thousands are released into chaotic enclosures to fight for limited food supplies. These areas have become sites of repeated massacres in blatant disregard for international humanitarian law. Orphaned children and caregivers are among the dead, with children harmed in over half of the attacks on civilians at these sites. With Gaza’s healthcare system in ruins, many of those shot are left to bleed out alone, beyond the reach of ambulances and denied lifesaving medical care«.

Tuvimos hace poco en la radio universitaria costarricense (véase enlace) la posibilidad de externar criterio en el marco de una emisión radial, en compañía de la representante de Palestina en Costa Rica, titulada: «La deshumanización como técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable: el genocidio en Gaza» (audio en Spotify disponible aquí). El pasado 19 de junio, la Universidad de Nottingham en el Reino Unido auspició una mesa redonda para profundizar las relaciones existentes entre apartheid, genocidio y limpieza étnica con diversos especialistas (véase enlace del programa, cuyas presentaciones y contribuciones esperamos estén muy pronto en línea).

Las exacciones de todo tipo de Israel en Gaza contra la población civil palestina han sido ampliamente documentadas y analizadas. El pasado 27 de junio, Palestina refutó uno tras otro, ante la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI), los diversos «argumentos» presentados por Israel en una enésima tentativa para obtener la suspensión de las órdenes de arresto contra su actual Primer ministro y su ex  ministro de defensa (véase documento con fecha del 27 de junio). Este 9 de julio, la Sala de Apelación de la CPI le otorgó a Israel un plazo mucho menor al solicitado  por Israel para remitirle sus «argumentos«, en un formato de 15 páginas (Israel pedía 60 páginas): véase decisión.

El pasado 1ero de julio del 2025, la FIDH presentó una demanda contra dos soldados israelíes con nacionalidad francesa ante los tribunales franceses por la ejecución sumaria de decenas de civiles palestinos en Gaza (véase nota de la FIDH).

En este artículo de prensa publicado en Israel el 10 de julio del 2025, titulado » ‘Like a video game’: Israel enforcing Gaza evacuations with grenade-firing drones«, que recoge el testimonio de soldados israelíes a cargo de drones que lanzan explosivos sobre Gaza (un artículo cuya lectura completa se recomienda), se puede leer que:

«In the reports, all Palestinians killed were listed as “terrorists.” However, S. testified that aside from one person found with a knife and a single encounter with armed fighters, the scores of others killed — an average of one per day in his battalion’s combat zone — were unarmed. According to him, the drone strikes were carried out with the intent to kill, despite the majority of victims being located at such a distance from the soldiers that they could not have posed any threat».

De manera a confortar estas y muchas otras gestiones y condenas anteriores a la forma tan peculiar de Israel de responder al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023, no está de más señalar la contundencia de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de julio del 2024. En esta decisión, la justicia internacional declaró totalmente ilegal la ocupación israelí en el territorio palestino, llamando Israel a cesarla de inmediato y a proceder a indemnizar a las víctimas palestinas de esta ocupación ilegal: véase el texto en inglés y en francés, y en particular el párrafo dispositivo 285 adoptado por casi unanimidad de los integrantes de la CIJ. Recordemos que, cuando, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, se votó esta solicitud a la CIJ en diciembre del 2022, Costa Rica votó en contra, sin dar su delegación en Nueva York ningún tipo de explicación: para mayores detalles, véase nuestra nota al respecto titulada «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, nota editada el 31 de diciembre del 2022.

Nótese que el pasado 25 de junio, Israel anunció la muerte de siete jóvenes soldados en Gaza, con edades oscilando entre 19 y 21 años (véase nota del Timesof Israel): un aspecto que debiera preocupar a muchos en Israel, al evidenciarse, como en ocasiones anteriores, la poca experiencia y preparación de los soldados que envía a combatir en Gaza. A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza.  El pasado 8 de julio del 2025, son esta vez cinco jóvenes soldados de los cuales cuatro son menores de 21 años los que fallecieron en Gaza (véase nota del TimesofISrael).

Finalmente, en este testimonio desde Gaza por parte del periodista Abu Amir, con fecha del 3 de julio (cuya lectura completa se recomienda), y titulado «Témoignage d’Abu Amir, le 3 juillet 2025 – La Mort en spectacle qu’Israël regarde à Gaza !«, se puede leer:

» Tandis que des enfants gazaouis tombent sous les bombes, d’autres applaudissent de l’autre côté de la frontière. Ce tableau en dit long sur la perte d’humanité, sur le besoin urgent de justice, de conscience, et d’un véritable soutien aux victimes, au lieu de se réjouir sur leurs ruines.

Aucun discours politique ne peut justifier la transformation de la mort en spectacle. Un monde qui tolère de telles scènes sans protester contribue, implicitement, à légitimer le génocide».

¿Por qué es que irritará tanto lo que documenta la relatora especial de Naciones Unidas Francesca Albanese?

Para contestar a esta pregunta, hay que recordar que, el pasado 3 de julio la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, presentó su informe titulado:  «From economy of occupation to economy of genocide«. Se trata del informe A/HRC/59/23, el cual está disponible en este enlace.  

El mandato, la hoja de vida y los informes anteriores de Francesca Albanese, experta designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, están disponibles en este enlace oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de  Naciones Unidas.

El comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas sobre este informe presentado oficialmente el 3 de julio del 2025 está disponible aquí.  Como ya viene siendo una persistente costumbre, este comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas fue muy pocamente difundido o referenciado en los medios de prensa internacionales. En los medios de prensa nacionales costarricenses, no se encontró prácticamente ni una sola mención.

Pese al cerco informativo existente en Costa Rica (así como en muchas otras latitudes), en esta entrevista traducida al español y publicada en Uruguay a finales del mes de junio (véase enlace), nuestros estimables lectores costarricenses podrán entender mejor por qué molesta tanto a algunos la incansable y persistente labor de Francesca Albanese y por qué se busca invisibilizar las denuncias que ha documentado en sus últimos informes. En ese sentido, esta reciente entrevista (realizada el 7 de julio del 2025) publicada por Sky News de igual manera resulta de gran interés.

Nótese que un sector de la comunidad judía respalda plenamente la labor de denuncia y de documentación de las exacciones de Israel en Gaza realizada por Francesca Albanese (véase comunicado conjunto suscrito por 30 organizaciones judías, colgado en Canadá). Su último informe presentado el pasado 3 de julio fue difundido en Francia desde el portal de la Union Juive Francaise pour la Paix (UJFP): véase enlace. Se recomienda esta entrevista a Francesca Albanese realizada en noviembre del 2024, y colgada en el sitio de la misma UJFP.

No resulta de más señalar que, al igual que otros relatores de Naciones Unidas  en el pasado, esta jurista italiana ha demostrado saber resistir a todo tipo de descalificaciones en su contra, pese a la intensidad de las presiones diplomáticas de Estados Unidos y de Israel (y de periodistas israelíes acreditados en Nueva York, tal y como lo evidenció este llamativo altercado con uno de ellos en el mes de abril del 2025). Es de señalar que, durante su conferencia de prensa, realizada el 3 de julio del 2025 en Naciones Unidas, la experta en derechos humanos respondió a diversas preguntas hechas por la prensa internacional acreditada ante las Naciones Unidas sin participación, esta vez, de medios israelíes: véase enlace conteniendo el video con la integralidad de su conferencia de prensa y sus respuestas (tanto en inglés como en francés). 

En una entrevista publicada en España el pasado 25 de junio, la jurista había adelantado algunos de sus hallazgos (véase entrevista publicada en Eldiario).

En las recomendaciones finales de su precitado informe presentado el 3 de julio y titulado:  «From economy of occupation to economy of genocide» (informe A/HRC/59/23, disponible en este enlace), se puede leer por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas que:

«VI. Recommendations

94. The Special Rapporteur urges Member States: 

(a) To impose sanctions and a full arms embargo on Israel, including all existing agreements and dual-use items such as technology and civilian heavy machinery; 

(b) To suspend or prevent all trade agreements and investment relations, and impose sanctions, including asset freezes, on entities and individuals involved in activities that may endanger the Palestinians; 

(c) To enforce accountability, ensuring that corporate entities face legal consequences for their involvement in serious violations of international law.

95. The Special Rapporteur urges corporate entities: 

(a) To promptly cease all business activities and terminate relationships directly linked with, contributing to and causing human rights violations and international crimes against the Palestinian people, in accordance with international corporate responsibilities and the law of self-determination; 

(b) To pay reparations to the Palestinian people, including in the form of an apartheid wealth tax along the lines of post-apartheid South Africa».

En este artículo publicado en España (El Salto, edición del  2 de julio), se lee que, entre las 60 empresas señaladas por Francesca Albanese en su informe, una llama la atención:

«El informe destaca asimismo la complicidad con Israel de Palantir Technologies Inc., empresa fundada por Peter Thiel, uno de los principales valedores políticos de la Administración Trump. Según Albanese, “hay motivos razonables para creer que Palantir ha proporcionado tecnología policial predictiva automática, infraestructura de defensa central para la construcción y el despliegue rápidos y a gran escala de software militar, y su plataforma de Inteligencia Artificial, que permite la integración de datos del campo de batalla en tiempo real para la toma de decisiones automatizada”. Palantir está financiada por Vanguard y Blackrock».

En una de sus recomendaciones finales, Francesca Albanese indica que:

«96. The Special Rapporteur urges the International Criminal Court and national judiciaries to investigate and prosecute corporate executives and/or corporate entities for their part in the commission of international crimes and laundering of the proceeds from those crimes«.

Este último llamado a la justicia penal internacional de La Haya merece ser enfatizado y apoyado, dada la impunidad total que algunos Estados, en particular en Europa y en el continente americano, parecieran querer garantizarle a los principales mandos políticos y militares de Israel: en lo que concierne el hemisferio americano, véanse por ejemplo el comunicado oficial de prensa del aparato diplomático de Argentina del  22 de mayo del 2024 y el comunicado oficial anterior de Paraguay (20 de mayo del 2024).

El próximo 15-16 de julio, Colombia reunirá a los Estados que forman parte del denominado «Grupo de la Haya«, con miras a iniciar nuevas gestiones ante la justicia internacional de La Haya (véase anuncio). Francesca Albanese debería asistir a la reunión , según informa la prensa colombiana (véase nota de prensa).

Estados Unidos e Israel: una alianza a toda prueba con en la mira ahora… una relatora de Naciones Unidas

En un comunicado oficial del 1ero de julio, la Misión Permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, siempre en modo «anticipación» cuando de Israel se trata, había  cuestionado duramente a la Relatora Especial Francesca Albanese (véase texto), poniendo en evidencia la exacta coincidencia de criterio existente entre Estados Unidos e Israel. 

Un comunicado oficial muy similar fue difundido el 15 de abril del 2025 por parte de la misma Misión Permanente de Estados Unidos (véase texto): un comunicado oficial que, dicho sea de paso, no impresionó mayormente a Francesca Albanese, como lo evidencia una entrevista de la cadena Al Jazeera  realizada el 4 de mayo.

Resulta de interés precisar que una petición hecha en abril del 2025 de remover a Francesca Albanese por parte de Estados Unidos se generó desde el mismo Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos (véase enlace). 

Es oportuno indicar que, paralelamente a la dura campaña desplegada por el aparato diplomático norteamericano contra órganos de Naciones Unidas cuando critican a Israel, se dio a conocer este muy detallado informe de Human Rights Watch sobre la política draconiana de represión contra profesores y académicos críticos de Israel en los campus universitarios norteamericanos, observada desde el 20 de enero del 2025. 

En el mes de abril del 2025, las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron que sus funcionarios revisaran contenidos «antisemitas» en redes sociales ante de otorgar visas de ingreso al territorio norteamericano (véase nota oficial del USCIS del 11 de abril del 2025). 

Estados Unidos e Israel: «Sancionemos a todos los que acusan a Israel por cometer crímenes de guerra en Gaza, incluidos jueces de la CPI«

Es tal la coincidencia existente entre Israel y Estados Unidos, que las actuales autoridades norteamericanas no encontraron nada mejor que adoptar sanciones contra cuatro juezas que integran a la CPI y que tramitan las causas contra dos altos responsables israelíes. 

Estas sanciones norteamericanas causaron el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma: véase el anuncio oficial de la diplomacia Estados Unidos, así como el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio  y el comunicado oficial de la CPI como tal del 5 de junio.  

Recientemente (el pasado 8 de julio del 2025), se informó que México reunió la firma de 47 Estados Partes al Estatuto de Roma durante una reunión celebrada en Nueva York, para condenar de manera vehemente las sanciones contra cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) tomadas por Estados Unidos en aras de resguardar a los responsables israelíes de exacciones en Gaza que califican como crímenes de guerra: el texto completo suscrito por 48 Estados figura en este tweet de la Misión de México en Naciones Unidas (y en este  artículo de HispanTv).Ambas fuentes incluyen una misma infografía de los escudos nacionales de los 48 Estados,  colocados por orden alfabético:

–  no figura al inicio en la A el escudo de Argentina; 

– sí figuran en la parte correspondiente a la B los escudos de Belice, Bolivia y Brasil;  

– en lo correspondiente a la C figuran los de Chile, Colombia e inmediatamente luego, el de Croacia: por lo que el texto no fue suscrito por Costa Rica.

Por el resto de América Latina, figuran, además de la bandera México, las banderas nacionales de Guatemala, Honduras, Perú, Uruguay.

Este pequeño detalle ha pasado totalmente desapercibido en Costa Rica, y posiblemente en Argentina así como en Paraguay: dos Estados que ya hemos mencionado, al haberse convertido en lo que podríamos denominar dos «fichas útiles» con las que Israel puede siempre contar en América Latina en estos momentos.

La intervención del delegado de Brasil (véase texto) del pasado 7 de julio del 2025 ante los demás Estados Partes al Estatuto de Roma en una reunión celebrada en Nueva York, evidencia su apoyo irrestricto a la justicia penal internacional y a la CPI.

A modo de conclusión

Las ya habituales vociferaciones y gesticulaciones de todo tipo a las que Israel y la actual administración norteamericana han procedido para descalificar la labor de Francesca Albanese, ya no impresionan mayormente, salvo algunos pequeños círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel. 

Los Estados que defienden desde siempre la lucha contra la impunidad, la justicia penal internacional, la defensa irrestricta de la dignidad humana  y el multilateralismo encontrarán en el texto de Estados Unidos motivando estas sanciones contra Francesca Albanese, un rechazo frontal a estos principios fundacionales del ordenamiento jurídico internacional. 

En esta entrevista a un medio digital en Francia del 10 de abril (véase enlace), la jurista italiana explicó el alcance de su labor y la profunda molestia que ha causado en algunos círculos en Estados Unidos y en Israel (y en sus relevos en Europa y en América Latina).

Consecuencia o «efecto colateral» del informe de Francesca Albanese del pasado 3 de julio, este 10 de julio, se anunció en España (véase nota de prensa) que un cargamento de acero a destinación de Israel, proveniente de una empresa del País Vasco, permanece bloqueado en el puerto de Barcelona. Efecto añadido o simple coincidencia, este 11 de julio en Estados Unidos, este artículo del New York Times explica cómo prolongar  a toda costa la operación militar en Gaza ha permitido la sobrevivencia política para el actual Primer Ministro de Israel: un aspecto que para muchos observadores es bastante obvio, pero que una buena parte de la sociedad israelí aún pareciera no querer entender.

El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos círculos de influencia, desplieguen toda la batería de presiones diplomáticas y mediáticas contra esta jurista contribuye a realzar su labor y a poner en evidencia la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular los dos informes anteriores presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar. 

Su difusión y su lectura son altamente recomendadas, para entender mejor la lógica destructora insensata de los mandos militares israelíes en Gaza, que muchos sectores a la fecha se niegan a reconocer:

– marzo del 2024: «Anatomy of a genocide«, informe A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está disponible aquí.

– octubre del 2024: «Genocide as a colonial erasure«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.

Ambos informes pueden ser útilmente completados con esta entrevista publicada en la BBC en junio del 2025 a Omer Bartov, uno de los expertos israelíes de mayor renombre sobre el Holocausto (véase entrevista). Una entrevista realizada en Francia  a este mismo experto y a una jurista gala, detalla las exacciones de todo tipo que ha ejecutado el ejército de Israel y la dificultad de aceptarlas para gran parte de la sociedad israelí (véase texto integral).

En este mes de julio, en Francia, una organización de juristas presentó una demanda contra un prestigioso banco galo, la BNP (véase nota y documentación colgada en el sitio de JURDI), en razón de la opacidad de sus operaciones de financiamiento en Israel. No cabe duda que estas y muchas otras acciones ante tribunales nacionales en diversas latitudes encontrarán en este tercer informe de la jurista italiana Francesca Albanese razones adicionales para fundamentar nuevas acciones legales de este tipo.

En Italia, en este inicio de mes de julio, el reconocido y prestigioso Consiglio Nazionale di Ricerca  (CNR) anunció una suspensión inmediata de todas su relaciones con entidades  académicas y universidades israelíes (véase comunicado en francés e italiano).

Desde Costa Rica, hacemos voto para que la encomiable y persistente labor de esta jurista italiana sea saludada y celebrada, y que también sea respaldada y apoyada por Estados que sí están conscientes de la extrema gravedad de la situación en Gaza y de la urgente necesidad de frenar a Israel en su insensato accionar contra la población civil palestina. 

Y hacemos voto para que, ojalá, pueda algún día, venir ella misma a Costa Rica en persona, invitada por algún ente académico, en aras de explicar al público costarricense lo que al parecer sus actuales autoridades buscan a toda costa minimizar y relativizar: véanse al respecto nota de Elmundo.cr del mismo 3 de julio titulada «Rodrigo Chaves deja claro que firmaría TLC con Israel» y nota del Semanario Universidad, titulada «Chaves se mofa de críticas a Israel y anuncia intención de firmar TLC bilateral«. 

En el marco de un encomiable esfuerzo por parte de un colectivo de artistas y de comunicadores independientes costarricenses, el próximo 23 de julio, en una reconocida sala de cine de la capital costarricense, se proyectará de manera gratuita la película filmada en Gaza «From Ground Zero«, seguida por un cineforo (véase nota del medio digital Delfino.cr): una proyección a la que desde ya quedan cordialmente invitados nuestros estimables lectores.