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Autor: María José Ferlini Cartín

Asociación para el Desarrollo de la Ecología presenta queja por actuar superficial del MINAE

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una queja formal al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, por lo que consideran una gestión deficiente y poco rigurosa del viceministro Jorge Mario Rodríguez Zúñiga. Esto debido a un oficio que envió Rodríguez al representante de la asociación Marco Vinicio Levy, en donde según la organización, la respuesta oficial a sus denuncias sobre la situación en el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) y el proyecto conocido como DIVINE fue superficial, carente de análisis técnico y con un tono intimidatorio.

En un oficio enviado al ministro, la Asociación cuestiona que el viceministro minimice las preocupaciones ambientales sin realizar una evaluación exhaustiva, además de rechazar una auditoría operativa en ACLAC y ofrecer una interpretación “sesgada” de una sentencia de la Sala Constitucional relacionada con la protección de áreas boscosas. La organización también critica la falta de compromiso institucional con los principios preventivo y precautorio de la normativa ambiental nacional e internacional.

Ante este panorama, solicitaron la intervención directa del ministro Tattenbach, pidiendo una revisión técnica de los puntos denunciados, la realización de una auditoría en el área protegida y acciones correctivas frente a lo que describen como un patrón de displicencia administrativa. La Asociación insiste en que es necesario restaurar la confianza en la gestión ambiental pública mediante mayor transparencia y rigor profesional.

Del combate a la corrupción al abuso de poder: Costa Rica en la mira

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

Yo no sé ustedes, pero a mí como ciudadano me preocupa como se vienen dando estas, y muchas otras cosas sin que se le ponga freno, antes de que sea tarde. ¿Violar la Constitución Política, las Leyes y autonomía de los Poderes de la República?, me suena a que se cocina un régimen autoritario, con sesgos cercanos al fascismo muy fuertes. Esto, aunque crea que crea en que vivimos en una democracia de los ricos y no del pueblo, la Constitución, no perfecta, pero con cosas importantes, es La Constitución.

También creo que, desde el golpe de Estado en 1948, los años 50’s, 60’s, 70’s, y profundizándose más fuertemente desde los años 80’s a esta parte del siglo XXI, la corrupción descarada, el saqueo y la estafa han prevalecido. Hay un poder financiero de un grupúsculo de familias que han manejado títeres en la silla presidencial y las curules legislativas, así como en gobiernos locales, para seguir acrecentando sus ganancias a costa de la clase trabajadora y el pueblo en general.

Ya lo vemos hoy con el tema de la CCSS, la jornada de 12 horas, la Ley antihuelgas, el Combo Fiscal, la Ley de Empleo Público, el TLC y tantos otros nefastos inventos impulsados por ese poder económico y ejecutado por los verdugos del pueblo desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aparte de los “medios de comunicación”, que pertenecen a esta casta financiera.

Claro que hay razón para hablar que hay una inmensa telaraña de corrupción y saqueo en Costa Rica, siempre dije que este país es de los más corruptos del mundo.

Pero en Costa Rica estamos viendo con profunda preocupación cómo el aparato estatal está siendo utilizado para perseguir políticamente a congresistas y periodistas, bajo el pretexto de combatir esa corrupción. Que una unidad como la UEI, adscrita al Ministerio de la Presidencia, reciba órdenes “de arriba”, como dicen los medios de comunicación, para vigilar a diputados vinculados a Huawei y a comunicadores sociales es un grave atentado contra la Constitución Política, aunque ya lo han hecho contra dirigentes sociales desde hace décadas.

No estamos hablando de una investigación judicial legítima, sino de seguimientos extralegales ordenados desde el poder Ejecutivo, lo cual recuerda los peores momentos del autoritarismo disfrazado de lucha contra la corrupción. Cuando el Estado vigila a quienes deben fiscalizarlo, cuando se espía a la prensa y al parlamento, no estamos ante un gobierno transparente, sino ante uno que abusa del poder para silenciar y amedrentar. La verdad no se busca con espionaje, se exige con rendición de cuentas, respeto a la libertad de expresión y al proceso de recolección de pruebas que demuestren el delito.

Esto que vivimos en este momento, como sucedió en la Alemania Nazi, en el Chile de Pinochet, de Efraín Ríos Montt en Guatemala, los Somoza en Nicaragua y tantos otros, puede convertirse en una dictadura fascista. Eso, quiéranlo aceptar o no, es una tragedia social de grandes y nefastas consecuencias.

En mi siguiente comentario, “El bonapartismo en Costa Rica”, que estoy por terminar, comentaré sobre cómo y por qué surgen este tipo de peligrosos sujetos, y cómo desde el marxismo ya estaba identificado este tipo de situaciones producto de la podredumbre del sistema capitalista en decadencia.

29 de junio de 2025

Costa Rica: ¿Progreso o retroceso? La contradicción de un gobierno que prioriza horas sobre desarrollo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo
Analista Político

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y numerosos estudios en especial en países europeos, además de Colombia y México qué están avanzando en este tipo de legislación, demuestran que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales o menos aumenta la productividad porque mejora el equilibrio entre vida y trabajo, reduce el estrés y previene el agotamiento. Trabajadores más descansados y con mayor bienestar cometen menos errores, son más creativos y mantienen una mayor concentración. Países como Alemania, Dinamarca y Noruega, con jornadas más cortas que las de Costa Rica, registran altos niveles de eficiencia y competitividad, demostrando que no son las horas trabajadas, sino su calidad, lo que impulsa el rendimiento.

Además, la OIT sostiene que las jornadas excesivas generan costos ocultos en salud pública y rotación laboral. En Europa, experiencias como la de Islandia —que redujo la semana laboral a 35-36 horas sin bajar salarios— mostraron que los empleados mantuvieron o incluso incrementaron su productividad, mientras empresas reportaron menor absentismo y mayor retención de talento. Esto confirma que políticas laborales inteligentes no están reñidas con la eficiencia económica; al contrario, invertir en condiciones dignas es invertir en productividad sostenible.

Paradoja de la administración Chaves Robles y los partidos tradicionales que se les alían en esta contradicción

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una paradoja difícil de ignorar: mientras el país necesita con urgencia modernizar su infraestructura y servicios públicos para no quedarse atrás en competitividad, el gobierno insiste en impulsar políticas que, en lugar de avanzar, nos retrotraen a modelos laborales del siglo pasado. La convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar las Jornadas 12 horas 4×3 es un ejemplo claro de esta contradicción. ¿Por qué dedicar esfuerzos políticos a flexibilizar horarios laborales —un tema que erosiona derechos históricos— en lugar de priorizar proyectos clave como la Ley Marco de Asociación Público-Privada (APP), que podría dinamizar la inversión en carreteras, transporte y energía?

Las jornadas de 12 horas 4×3: Un paso atrás en el Estado Social de Derecho

El proyecto de jornadas 4×3 no es neutral: representa un retroceso en las condiciones laborales que por décadas han distinguido a Costa Rica en la región. El país construyó su estabilidad social sobre pilares como el salario digno, la jornada de 8 horas y el respeto a los derechos de los trabajadores. Estas conquistas no son solo un legado ético; son también la base de una mano de obra calificada y productiva. Flexibilizar las jornadas sin garantías sólidas —como sucede en la propuesta actual— no solo desgasta la calidad de vida de las familias, sino que puede aumentar el desgaste físico y mental, reduciendo la eficiencia a mediano plazo.

El argumento de “generar empleo” es engañoso: el empleo precario no desarrolla un país. Si el gobierno realmente quisiera reactivar la economía, debería enfocarse en crear empleo de calidad, vinculado a proyectos estratégicos que resuelvan los cuellos de botella que ahogan nuestra competitividad.

La APP: La deuda pendiente con el desarrollo

Mientras el Congreso discute cómo alargar la jornada laboral, otros temas urgentes duermen en la gaveta. La Ley Marco de Asociación Público-Privada lleva años postergada, a pesar de que el modelo actual de concesiones —heredado de los 90— ha demostrado ser lento, opaco e ineficiente. Basta ver el estado del transporte público, las carreteras colapsadas o la lentitud en proyectos de energía renovable para entender que el Estado solo no puede resolver estos problemas.

Las APP bien diseñadas —con controles claros y participación ciudadana— podrían ser una herramienta para atraer inversión, descongestionar la infraestructura y mejorar servicios esenciales. Pero en lugar de impulsar este debate, el gobierno prefiere enfocarse en una reforma laboral que divide a la sociedad y beneficia solo a ciertos sectores empresariales.

¿Dónde está la prioridad?

No se trata de satanizar la flexibilidad laboral o idealizar las APP, sino de cuestionar la coherencia de un gobierno que habla de progreso, pero invierte su capital político en iniciativas regresivas. Costa Rica necesita un plan integral que:

  • Proteja los derechos laborales sin caer en rigidices, pero sin sacrificar el bienestar de los trabajadores.

  • Acelere la inversión en infraestructura mediante mecanismos modernos y transparentes, como las APP.

  • Priorice lo urgente. El país no puede permitirse otro lustro de debates circulares mientras el transporte colapsa y las empresas pierden horas en tacos.

Mientras otros países de la región avanzan en alianzas estratégicas para modernizarse, Costa Rica arriesga su futuro discutiendo si es aceptable que un trabajador labore 12 horas seguidas. La pregunta no es solo técnica, sino moral: ¿qué clase de desarrollo queremos? Uno que recorta derechos, o uno que construye bases sólidas para crecer.

El gobierno tiene la palabra. O mejor dicho, la acción en el año que le queda, después de tres años de hacer lo contrario, pelear hasta con partidos afines a sus políticas, solo para poner excusas y quedar bien por estilo retórica y no legado permanente.

Irán  / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

La reciente confrontación durante 12 días entre Israel e Irán ha dado lugar a numerosos comentarios y análisis en medios de prensa en este mes de junio del 2025.  

No obstante, desde la la perspectiva jurídica internacional, es preciso señalar algo que, por alguna razón, no se ha mayormente dado a conocer: el carácter totalmente ilegal de los bombardeos sobre Irán por parte tanto de Israel como de Estados Unidos. 

Víctimas civiles, y una justificación para atacar a Irán más que cuestionable

Lejos de limitarse a alcanzar únicamente objetivos militares, los bombardeos de Israel provocaron la muerte de 610 personas en Irán, de las cuales 16 eran científicos y 10 altos mandos militares y más de 4.700 heridos (véase nota de Reuters del 28 de junio del 2025). En este mismo cable se precisa que las respuestas militares de Irán en el territorio de Israel, causaron la muerte de 28 personas e hirieron a 3.238 israelíes.

En una reciente entrevista (26 de junio), el funcionario de Naciones Unidas con mayor conocimiento sobre los alcances del programa nuclear iraní confirmó que Irán no estaba en posesión de ninguna arma nuclear ni a punto de poseerla, al momento de iniciar Israel sus bombardeos sobre Irán (véase entrevista de RFI- Radio France Internationale). Las últimas comunicaciones de Irán a Naciones Unidas sobre su programa nuclear (3 de junio) así lo señalaban (véase enlace oficial).

Nótese que, en América Latina, fueron varios los Estados en condenar desde el primer día el ataque de Israel a Irán,  como por ejemplo Bolivia (véase comunicado oficial del 13 de junio), Brasil (véase comunicado oficial), Chile (véase comunicado oficial), Colombia (véase comunicado oficial), Perú (véase comunicado oficial) y Venezuela (véase comunicado oficial). En Europa, se puede mencionar el comunicado oficial de España del 13 de junio y el de Noruega (véase texto), entre otros. 

De igual manera, en Oriente Medio, se puede referir al texto circulado por el aparato diplomático de Turquía (véase comunicado), de Emiratos Árabes Unidos (véase comunicado) y de Qatar (véase comunicado), entre otros; o bien en Asia, al comunicado de Malasia (véase comunicado oficial). Por su parte, Sudáfrica emitió un extenso comunicado oficial, en el que recuerda las reglas básicas que imperan desde 1945 (véase texto).

En América Latina, el mutismo de los aparatos diplomáticos de Argentina y de Paraguay al respecto, así como de Costa Rica, de Ecuador y de Panamá, merecen ser señalados.

En el caso de Costa Rica, no fue sino 10 días después (el 23 de junio) que se leyó (véase comunicado oficial)  en un texto bastante escueto, y que omite mencionar a Israel y a Estados Unidos (así como a Irán), que:

«Costa Rica expresa su honda preocupación por el aumento de tensiones en Medio Oriente y urge a las partes a recurrir a la diplomacia para encontrar una solución pronta y sostenible al conflicto que evite mayores pérdidas de vidas inocentes en los países involucrados«.

La reglas básicas del ordenamiento jurídico internacional

El uso de la fuerza por parte de un Estado contra otro Estado que no haya sido objeto de un ataque previo, constituye una violación a la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945; en este preciso caso, ni Israel, ni Estados Unidos fueron objeto de un ataque previo por parte de Irán, por lo que sus acciones militares en el territorio iraní constituyen una clara violación a la Carta de Naciones Unidas.  

La posición de ambos Estados es jurídicamente «indefendible«, tal y como lo titula este artículo publicado en el sitio especializado de JustSecurity en Estados Unidos, y este otro publicado en el sitio europeo especializado de EJIL-Talk.

Desde el inicio de las operaciones militares isralíes en su contra, Irán circuló en Naciones Unidas una carta sobre el carácter ilegal, desde la perspectiva del derecho internacional público, de los bombardeos israelíes (véase carta). En otra carta con fecha del 28 de junio, Irán ha solicitado al Consejo de Seguridad declarar a Israel y a Estados Unidos como iniciadores de esta agresión, con miras a exigirles a ambos el pago de compensaciones e indemnizaciones por los daños ocurridos en Irán desde el 13 de junio  (véanse extractos de la carta en esta nota de prensa de TasminNews). 

Las reglas que invoca Irán contra Israel son muy similares a las invocadas por Ucrania al sufrir desde el 24 de febrero del 2024 una invasión militar por parte de Rusia y exigir, de igual manera, compensaciones y reparaciones. Resulta más que llamativo la inconsistencia de muchos Estados al solidarizarse con Ucrania en febrero del 2022 y al mantenerse extremadamente cautos a la hora de condenar a Israel (y luego a Estados Unidos) en este mes de junio del 2025: su posición en junio del 2025 puede ser comparada al voto registrado en marzo del 2022 en Naciones Unidas condenando de manera abrumadora la agresión de Rusia a Ucrania (Nota 1).

Los bombardeos de Israel en Irán no fueron solamente declarados ilegales por las máximas autoridades persas. También fueron condenados por los precitados Estados de Américta Latina y de otros continentes, y denunciados por expertos de derechos humanos de Naciones Unidas como atentatorios a las reglas vigentes en derecho internacional público: véase al respecto este comunicado de prensa del 20 de junio, pasado prácticamente desapercibido en los principales medios de prensa internacional. La misma poca difusión se puede observar con relación a este otro comunicado conjunto condenando los ataques por parte de Estados Unidos a Irán (véase comunicado del 26 de junio del 2025), que señala que:

«“Preventive” or “anticipatory” self-defence against speculative future threats, such as nuclear proliferation or terrorism, has not been permitted by international law since the United Nations Charter was adopted 80 years ago.

“Accepting preventive self-defence would unleash a catastrophic era of ‘might is right’, where powerful countries could bomb others to advance their security or foreign policy interests. This would fuel corrosive suspicion, ‘arms races’ and destabilising ‘balance of power’ alliances – precisely what the post-1945 order, out of the ashes of a world war, aimed to avoid,” they said. “It would further destabilise the Middle East region and increase the risk to human rights everywhere.”

Ataques de Israel y Consejo de Seguridad: algunas experiencias pasadas

Más allá de la poca difusión de los comunicados de prensa de Naciones Unidas cuando condenan el accionar de Israel, lo cual plantea preguntas muy válidas, cabe reiterar algo pocamente difundido, al menos en las diversas notas de prensa que se han publicado en medios informativos en América Latina: el derecho internacional público y la Carta de Naciones Unidas no contemplan una supuesta «legítima defensiva preventiva» tal y como la invocó, por ejemplo, Estados Unidos al inicar su ofensiva militar contra Irak en el 2003, así como Israel en 1981 al bombardear en Irak la central nuclear de Osirak (Nota 2). En aquella ocasión (1981), el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 487(1981) en la que se lee que el Consejo de Seguridad:

«l. Condena energicamente el ataque militar de Israel que viola claramente la Carta de las Naciones Unidas y las normas de) comportfimiento internacional; 

2. Pide a Israel que se abstenga en el futuro de cometer actos de esa clase o amenazar con cometerlos; 

3. Considera asimismo que el ataque mencionado constituye una grave amenaza para todo el regimen de salvaguardias del Organismo Internacional de Energia Atómica, que es el fundamento del Tratado sobre la no proliferaci6n de armas nucleares; 

4. Reconoce plenamente el derecho soberano inalienable del Iraq y de todos los demas Estados, en especial los países en desarrollo, de establecer programas de desarrollo tecnológico y nuclear a fin de desarrollar su economia e industria con fines pacíficos, de acuerdo con sus necesidades actuales y futuras y en forma compatible con los objetivos internacionalmente aceptados de impedir la proliferaci6n de armas nucleares». 

En 1985, al realizar un ataque Israel a Túnez, con el fín de destruir el cuartel general de dirigentes palestinos, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 573 (1985) en la que el Consejo de Seguridad:

«1. Condena enérgicamente el acto de agresión armado perpetrado por Israel contra el territorio de Túnez en patente violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho y las normas de conducta internacionales; 

2. Exige que Israel se abstenga de perpetrar tales actos de agresión o de amenazar con perpetrarlos; 

3. Insta a los Estados Miembros que adopten medidas para disuadir a Israel de recurrir a tales actos contra la soberanía y la integridad territorial de cualquier Estado; 

4. Estima que Túnez tiene derecho a una reparación apropiada por la pérdida de vidas humanas y los daños materiales que ha sufrido y de los que Israel se reconoce responsable».

De igual manera se condenó a Israel por una acción similar en Túnez en 1988 mediante la resolución del Consejo de Seguridad 611(1988).

Quiérase o no, desde 1981,1985, 1988, las reglas vigentes en derecho internacional público se han mantenido inmutables, y ello en realidad desde 1945: no hay jurídicamente manera de defender o bien de justificar la idea de acciones militares «anticipadas» o  de carácter «preventivo» de un Estado contra otro Estado.

En este mes de junio del 2025, el bombardeo deliberado de centrales nucleares en Irán por parte de Israel, y luego por parte de Estados Unidos, constituyen a su vez una violación grave a la Carta de Naciones Unidas. Sobre este preciso punto, el Director General de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) declaró desde desde el mismo 13 de junio (véase texto completo de su declaración) con relación a los bombardeos sobre Irán por parte de Israel que:

«any armed attack on and threat against nuclear facilities devoted to peaceful purposes constitutes a violation of the principles of the United Nations Charter, international law and the Statute of the Agency«

Resulta sumamente llamativo que la total ilegalidad del accionar de Israel en Irán iniciado el 13 de junio, y luego la operación militar puntual de Estados Unidos en Irán del 22 de junio,  no hayan sido mayormente denunciadas como una clara y peligrosa deriva, que atenta contra los principios más básicos del ordenamiento jurídico internacional vigente desde 1945. 

Estados Unidos e Israel: una dupla a toda prueba

De manera a relacionar lo ocurrido desde el 13 de junio del 2025 con el contexto propio de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, no resulta de más recordar que el actual mandatario norteamericano confía ciegamente en las informaciones con las que le provee Israel. 

En efecto, durante su primer mandato, optó el 8 de mayo del 2018 por retirar a Estados Unidos del denominado «pacto nuclear» sellado en julio del 2015 entre Irán y la comunidad internacional, luego de casi 20 años de intensas negociaciones. La decisión unilateral de Estados Unidos se basó en «informes de inteligencia» de Israel sobre el programa iraní, dadas a conocer a finales del mes de abril del 2018 (véase artículo de prensa del New York Times). Las conclusiones a las que llegó Estados Unidos fueron formalmente desmentidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de Naciones Unidas, al sostener que Irán sí estaba cumpliendo a cabalidad con todo lo pactado en el 2015 con la comunidad internacional, tal y como tuvimos la oportunidad de plantearlo en un texto titulado precisamente: «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear» (Nota 3). 

En los primeros días del año 2020, tuvimos la oportunidad de analizar desde la perspectiva jurídica, el asesinato en Irak de un alto mando iraní por parte de Estados Unidos (Nota 4): la carta enviada el 6 de enero del 2020 por Irak a Naciones Unidas (véase texto) invoca, de igual manera que Irán en junio del 2025, las reglas imperantes que derivan de la misma Carta de Naciones Unidas desde 1945. En setiembre del 2024, el Líbano de igual forma las invocó, al sufrir una serie de bombardeos de Israel en su territorio (véase carta).

Como ya indicado con anterioridad, en octubre de 1985, fue esta vez Túnez la que denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las violaciones perpetradas por la aviación de Israel en su territorio (véase carta).

Israel: la necesidad de desviar la atención de lo que ocurre en Gaza

Como ya viene siendo costumbre desde la tarde /noche del 7 de octubre del 2023, es en gran parte en aras de desviar la atención internacional sobre el drama que se vive Gaza, y cohesionar a sus aliados cuando se distancian de Israel, que Israel optó por ir a bombardear sitios nucleares en Irán. Lo hizo el 13 de junio, pocas horas después de un nuevo fracaso diplomático con relación a Gaza en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, registrado el 12 de junio (Nota 5). Al optar por ir a bombardear a Irán, Israel se arriesgó a una respuesta militar iraní inmediata o casi, y a una escalada mayor entre ambos, permitiéndole desviar aún más la atención sobre lo que ocurre en Gaza. 

El último informe de Naciones Unidas al 26 de junio sobre la situación en Gaza (véase enlace) detalla la extrema violencia contra la población civil que impone Israel, con saldos mortíferos diarios y saldos de heridos graves que deben ser atendidos por una red hospitalaria en Gaza prácticamente destruída, sin medicamentos ni material. Este mensaje del Secretario General de Naciones Unidas del 27 de junio (véase enlace) recuerda la imperiosa necesidad de dejar entrar sin más preludios la ayuda humanitaria a Gaza y descartar la entrega de esta ayuda por una fundación privada que ha demostrado ser incapaz de superar los desafíos que supone atender a 2,3 millones de personas hambrientas y desesperadas. 

Tuvimos hace poco en la radio universitaria costarricense (véase enlace) la posibilidad de externar criterio en el marco de una emisión radial, en compañia de la representante de Palestina en Costa Rica, titulada: «La deshumanización como técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable: el genocidio en Gaza» (audio en Spotify disponible aquí). El pasado 19 de junio, la Universidad de Nottingham en el Reino Unido auspició una mesa redonda para profundizar las relaciones existentes entre apartheid, genocidio y limpieza étnica con diversos especialistas (véase enlace del programa).

Nótese que el pasado 25 de junio, Israel anunció la muerte de siete jóvenes soldados en Gaza, con edades oscilando entre 19 y 21 años (véase nota del Timesof Israel): un aspecto que debiera preocupar a muchos en Israel, al evidenciarse, como en ocasiones anteriores, la poca experiencia y preparacion de los soldados que envía a combatir en Gaza. A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza.  

No está de más recordar que, de manera a distraer la atención sobre lo que ocurre en Gaza, días antes de iniciar el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre del 2024 (que se alistaba a examinar la dramática situación en Gaza), Israel lanzó una operación militar en el Líbano con la explosión a distancia de miles de beepers el 17 de setiembre del 2024, iniciando una confrontación con el Hezbollah más allá del Sur del Líbano. 

Es con este misma idea de desviar la atención de la opinión pública internacional, que horas antes de que la CIJ diera lectura a su primera ordenanza sobre Gaza en La Haya el 26 de enero del 2024, Israel informó al mundo de informes de inteligencia sobre supuestos «nexos» entre funcionarios de la Agencia de Naciones Unidas que asiste a los refugiados palestinos (más conocida por sus siglas UNRWA) con el Hamás: la UNRWA sigue desde entonces esperando evidencias y pruebas al respecto (véase sección titulada «UNRWA: Claims versus facts» en este enlace oficial de la UNRWA).

A modo de conclusión

La previsible respuesta militar de Irán ha puesto a prueba el sistema de defensa antimisiles de Israel, dejando en entredicho su eficacia, al alcanzar varios misiles iraníes sus objetivos en Israel durante los 12 días de confrontación militar entre ambos Estados, separados por 1500 kilómetros. 

En esta reciente nota del Newsweek, se hace ver que uno de los altos mandos militares supuestamente eliminado por Israel en Teherán, en realidad no lo fue.  

Con relación a la fecha escogida por Israel para llevar a cabo su ofensiva militar sobre Irán el pasado 13 de junio del 2025, es de señalar que también obligó a Francia y a Arabia Saudita a suspender la cumbre prevista a partir del 17 de junio en Nueva York sobre la solución de dos Estados y el reconocimiento de Palestina como Estado (véase enlace de la diplomacia gala al respecto). De paso, vació de todo sentido las negociaciones que llevaba a cabo Irán con Estados Unidos sobre su programa nuclear, con una sexta ronda de negociaciones prevista en Omán el 15 de junio que se suspendió (véase nota de la agencia Reuters).

Resulta notoria la forma tan peculiar de Israel de torpedear y posponer esfuerzos hechos para encontrar una solución pacífica negociada en álgidos temas que sacuden a Oriente Medio desde largos años, y de paso, desviar la atención del mundo del drama indecible que se vive en Gaza. Pero más llamativa resulta la complacencia de muchos Estados, al no condenar de manera vehemente este nuevo episodio, que, pese a su silencio (o a su reacción más que reservada), atenta contra los principios juridicos fundacionales que sostienen el ordenamiento jurídico internacional desde 1945. 

–  Notas  –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: abrumador voto en la Asamblea General de Naciones Unidas«, 2 de marzo del 2022. Texto integral  disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto FISCHER G., «Le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire irakien«, AFDI (Annuaire Français de Droit International), Vol. 27 (1981), pp. 147-167. Texto integral disponible aquí. 

Nota 3: Véase BOEGLIN N., «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«, Sitio jurídico de Derechoaldia.com, edición del 13 de mayo de 2018, Texto integral disponible aquí.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «El asesinato de Ghassem Soleimani por parte de Estados Unidos en Irak: breves apuntes desde la perspectiva jurídica«, 4 de enero del 2020. Texto integral disponible aquí. 

Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: desde una Costa Rica omisa, apuntes relativos a la abrumadora votación en Naciones Unidas que aisla más a Israel«, 12 de junio del 2025. Texto disponible aquí.

Pronunciamiento del PAC en defensa del Tribunal Supremo de Elecciones

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Partido Acción Ciudadana (PAC), preocupado por las recientes declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, cuestionando la integridad política y ética del Tribunal Supremo de Elecciones, toma nota y apoya el pronunciamiento de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, “En defensa del Tribunal Supremo de Elecciones y la institucionalidad democrática de Costa Rica”.

Todos los partidos políticos democráticos, al igual que los movimientos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, debemos mantenernos firmes en la defensa de la institucionalidad democrática ante la amenaza declarada de parte del presidente al desconocer al Alto Tribunal que conduce el proceso democrático.

Defensor de la institucionalidad electoral, Acción Ciudadana y sus gobiernos han sido siempre respetuosos de sus disposiciones que hemos acatado, incluso cuando hemos discrepado. Fieles a los principios democráticos y firmemente adscritos a las instituciones que los protegen, Acción Ciudadana repudia cualquier intento de socavarlas, como reiteradamente lo ha hecho Rodrigo Chaves y sus diputaciones afines.

Nuestro partido ratifica la confianza que tenemos en sus magistrados y magistradas, así como con el personal especializado y voluntario multipartidario que garantiza la transparencia de los procesos electorales que le da continuidad y credibilidad a la expresión popular en las urnas.

Comisión Política Partido Acción Ciudadana

ANEP celebra acción de la CGR sobre el sistema ERR-SAP en la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) celebra que la Contraloría General de la República (CGR) dio curso interno a una denuncia que plantearon acerca de la implementación del sistema ERP-SAP, por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

A medios del mes de junio, ANEP había denunciado que inconsistencias en los saldos de las farmacias debido a irregularidades del sistema ERP-SAP, amenazaban con el desabastecimiento de insumos y medicamentos esenciales, y deudas a proveedores $24,038,989.43 (veinticuatro millones de dólares).

Debido a lo anterior, ANEP exigió a la Junta Directiva de la CCSS detener la implementación del sistema, y además de esto, Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de la ANEP, asegura que se presentaron 45 documentos entre informes y notas de delitos ante la CGR, la cual fue acogida y trasladada al área de Fiscalización para el Bienestar Social (BIS) y se está valorando la ejecución de una acción de fiscalización.

Asociación ecologista solicita a la Sala Constitucional valorar oficio clave del CONAVI como prueba en recurso de amparo sobre rotondas en Ruta 32

Escrito en . Publicado en Comunidad.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional valorar un oficio clave del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como prueba en un recurso de amparo interpuesto contra la institución pública. El recurso tiene que ver con la colocación de rotondas en la Ruta 32, situación la cual varios vecinos y comunidades organizadas de la zona han manifestado su molestia.

Esto se dio a conocer a través de la carta a la Sala Constitucional suscrita por Marco Levi Virgo, vecino de Limón. En esta carta, Levi le solicita a este órgano judicial incluir en el recurso de amparo el oficio CARTA-CONAVI-UE32-09-2025-0459 (0563).

La carta, suscrita por el ingeniero Ronald Alfaro Fernández, menciona algunos puntos importantes. Alfaro menciona en el oficio que está buscando estudios funcionales que demuestren o justifiquen la implementación de obras no contempladas originalmente en el proyecto. Levi de esta manera menciona que “esta afirmación implica que las rotondas actuales no cumplen plenamente con las necesidades de funcionalidad y seguridad de la Ruta 32”.

Otro punto a destacar del oficio es que reconoce que la implementación de las rotondas obedece a que quedan pendientes expropiaciones que permitan hacer el paso a desnivel, siendo estas una medida temporal y no una solución. Levi menciona que esto compromete la seguridad vial y contradice las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras del MOPT.

Entre otros puntos mencionados en el recurso están que la institución se compromete a mejorar los diseños en un futuro. Además, Levi menciona que los puntos del oficio donde se mencionan las medidas de participación ciudadana son ambiguos en su gran mayoría. Por otra parte, menciona que tienen un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la elaboración de estudios técnicos y la planificación de obras complementarias.

Además de la inclusión del oficio como prueba del recurso de amparo, otras medidas solicitadas por Levi a los magistrados judiciales en su carta son: ordenar la realización de estudios técnicos y obras complementarias, la instalación mecanismos efectivos de participación ciudadana, y que la Sala Constitucional designe un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas ordenadas.

El recurso de amparo tiene como propósito salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad vial y a un ambiente sano, derechos constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la carta fundamental.

Foro latinoamericano abordará los retos del retiro y las pensiones en el sector educativo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Con participación de más de una decena de países del continente, se desarrollará el miércoles 2 y el jueves 3 de julio de 2025 el foro latinoamericano “Jubilaciones, Pensiones y Retiro”, una iniciativa enmarcada en el Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo.

La actividad se transmitirá por el canal de YouTube de Otras Voces en Educación (OVE) y contará con intervenciones de ponentes provenientes de Puerto Rico, México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Argentina. El horario de transmisión será de 14:00 a 18:00 (hora de Brasil) en ambas fechas.

El foro es auspiciado por organizaciones sindicales y educativas como la CNTE, CNSUESIC y NCT de México, ASOPROF de Panamá, así como la plataforma Otras Voces en Educación, que impulsa espacios de análisis pedagógico crítico en la región.

El evento tiene como objetivo principal visibilizar los desafíos estructurales que enfrentan los sistemas de jubilación y retiro del sector educativo en América Latina, en un contexto de reformas regresivas, aumento de la edad para el retiro, privatización de fondos de pensiones y precarización laboral docente.

Los organizadores destacan que el foro busca fortalecer el debate regional, articular experiencias de resistencia y promover alternativas frente a las políticas neoliberales que amenazan el derecho a una jubilación digna y a condiciones justas para quienes han dedicado su vida al trabajo educativo.

Emergencia en Mata Redonda: deslizamientos amenazan 25 familias por inacción municipal

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Los vecinos de Barrio La Salle en Mata Redonda, San José, enfrentan una grave emergencia habitacional debido a deslizamientos de tierra y riesgo estructural en sus viviendas, situación que ha sido agravada por las recientes lluvias. Un total de 25 viviendas se encuentran en peligro. La comunidad ha convocado a la prensa para visibilizar esta problemática urgente.

Antecedentes y situación actual

Desde 2019, los vecinos han presentado denuncias formales ante la Municipalidad de San José sobre los deslizamientos y el incumplimiento en los trámites por parte de la constructora del proyecto «Torres de Valencia». A pesar de que las denuncias fueron entregadas y selladas, no han recibido respuesta, lo que ha empeorado la situación. Entre los puntos denunciados se encuentra la eliminación de gaviones en el lado este del barrio, cerca de la entrada de la torre del ICE, donde se realizaron movimientos de tierra fuera del tiempo autorizado.

Actualmente, 25 viviendas están en riesgo por el constante socavamiento y los deslizamientos que afectan el talud sur de sus propiedades. Se observa un deterioro visible en las casas, colapso parcial de estructuras, deficiencias en los muros de contención y desplazamiento de materiales.

Acciones y omisiones institucionales

Las acciones municipales han sido consideradas insuficientes y fragmentadas. Una inspección del Comité Municipal de Emergencias valoró únicamente hasta la vivienda número 11, negándose a continuar por otra entrada que daba acceso al resto de las propiedades afectadas.

Los informes municipales han omitido información crucial, como la existencia de la avenida 24A, una calle pública detrás de las viviendas cuya canalización y mantenimiento son responsabilidad de la Municipalidad de San José. Esta omisión ha contribuido al deterioro y deslizamiento del terreno, y la Municipalidad ha intentado trasladar la responsabilidad a los vecinos. Además, no ha habido comunicación oficial ni seguimiento por parte de la encargada de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo, Lorena Romero Vargas, a pesar de múltiples solicitudes y denuncias.

El Ministerio de Salud, en su informe técnico MS-DRRSCS-DARSHMR-EZA-IT-145-2025, con fecha 16 de junio de 2025, atendió la denuncia 116-2025 relacionada con problemas de desplazamiento de terreno y la inestabilidad en varias viviendas en Sabana Sur, Barrio La Salle, Avenida 16B. La inspección realizada el 12 de junio de 2025 encontró que el terreno inestable se orienta hacia el Río María Aguilar, causando daños estructurales en las viviendas. Se constató que la mayoría de las casas tienen tuberías que vierten aguas pluviales hacia un potrero en la parte trasera, debido a que la pendiente del techo no permite el drenaje hacia la Avenida 16B. Además, se identificaron episodios de deslizamiento en el terreno que se dirige al Río María Aguilar, lo que indica una alta saturación del suelo. También se confirmó la existencia de una naciente de agua en la zona del potrero.

El informe del Ministerio de Salud menciona que un proyecto constructivo denominado «Torres de Valencia» no pudo concretarse en el terreno propenso a deslizamientos (Plano Catastro SJ-638519-2000) debido a rechazos de instituciones pertinentes. Sin embargo, los vecinos afirman que se realizaron trabajos de movilización de tierras en esa zona.

Llamado urgente

Los vecinos requieren una intervención inmediata en las viviendas más afectadas, una inspección técnica integral de toda la zona, la inclusión de la avenida 24A en las soluciones técnicas, la asunción de responsabilidad institucional por parte de la Municipalidad, y una investigación de las omisiones de los funcionarios municipales.

El populismo a través de las fronteras: un análisis de las administraciones de Rodrigo Chaves y Donald Trump

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Sebastián Sotelo Blanco

«Costa Rica está experimentando una nueva forma de hacer política bajo el liderazgo de Rodrigo Chaves, quien ha adoptado influencias de otros líderes carismáticos y populistas de la última década, como Donald Trump y Javier Milei” (Fernández, 2024, p. 1). Esta cita del Semanario Universidad refleja una tendencia creciente en el ascenso al poder de líderes populistas, quienes critican a las instituciones públicas y atacan a la prensa, especialmente cuando su agenda política no se alinea con las ideologías del líder populista. Por ejemplo, la presidencia de Donald Trump es un claro ejemplo de cómo una estrategia populista puede impulsar la división política, con su postura nacionalista y de confrontación hacia los medios de comunicación, en gran parte a través de su campaña “America First” (Nazar, 2020, p. 3). De manera similar, la presidencia de Rodrigo Chaves refleja la estrategia nacionalista de Trump al presentarse como un outsider frente a las élites políticas tradicionales, mientras lucha contra la burocracia y la corrupción, casi como si fuera el salvador de Costa Rica. La administración de Chaves ha generado serias preocupaciones sobre cómo la adopción de un estilo de gobierno populista al estilo Trump podría impactar la política costarricense en términos de regulaciones económicas, asuntos sociales y libertad de expresión.

Para empezar, tanto la administración de Trump como la de Chaves comparten la característica de impulsar una economía nacionalista, centrada en la protección de las industrias locales, la reducción de la dependencia de importaciones extranjeras y la prioridad de los intereses nacionales por encima de la cooperación global. Por ejemplo, Trump ordenó un arancel del 25 % sobre todas las importaciones de acero y aluminio con el fin de apoyar a las industrias nacionales (Council on Foreign Relations, 2018). Sin embargo, muchos análisis sugieren que estos aranceles reducirán el PIB a largo plazo en un 6 % y los salarios en un 5 % (Penn Wharton Budget Model, 2020). Por su parte, Chaves prometió reducir los trámites burocráticos y las barreras administrativas como una forma de empoderar a los emprendedores locales y fortalecer la economía costarricense desde dentro, alineándose con su visión económica nacionalista de priorizar el crecimiento interno sobre la dependencia internacional (Benavides, 2022). Esta promesa se hizo aún más evidente cuando Chaves declaró durante su campaña:

“Todo comienza con acelerar nuestra economía para generar empleos, atraer inversión, consolidar nuevas empresas y fortalecer nuestras exportaciones. ¡Tienen nuestra promesa: acabaremos, de una vez por todas, con los trámites, los obstáculos excesivos y las intervenciones del Estado y los costos abusivos. Los dejaremos trabajar, sin estorbar!” (Ballotage in Costa Rica, 2022, p. 5)

Esta declaración resalta la retórica populista y orientada al mercado de Chaves al apelar a la gente común con un lenguaje simple. No hay datos reales que respalden sus promesas, al igual que con Trump.

Poco después de que ambos líderes populistas llegaran al poder, fueron noticia por sus posturas en contra de temas sociales. Por ejemplo, Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas para eliminar programas de equidad, diversidad, inclusión y DEI, argumentando que estos programas son “inmorales e ilegales” (Mark & Meckler, 2023, p. 3). Del mismo modo, Chaves, tras ganar las elecciones presidenciales en 2022, se comprometió personalmente a revertir los derechos en salud reproductiva y sexual, además de prohibir la educación en género (Vílchez, 2022). Estas posturas en contra de los derechos sociales y humanos son una tendencia creciente entre los líderes populistas, con el fin de atraer a audiencias conservadoras, que representan la mayoría en ambos países.

Además, tanto la presidencia de Trump como la de Chaves se han caracterizado por una actitud agresiva hacia los medios de comunicación. Como observa Jonathan Rauch, del Brookings Institution, Trump “se refirió frecuentemente a los medios tradicionales como ‘noticias falsas’ e incluso como ‘enemigos del pueblo’” (Rauch, 2021, pp. 2–3). De manera similar, los ataques de Chaves hacia medios de comunicación e incluso instituciones autónomas como la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia han socavado la confianza pública en la prensa y en instituciones clave (The Tico Times, 2023). Esta técnica populista que ambos presidentes emplean, de desacreditar medios que se oponen a sus ideologías o que critican su imagen pública, busca desestimar cualquier crítica real, tachándola de “falsa” o calificando a la prensa de corrupta, lo cual constituye un ataque a la libertad democrática de expresión.

Tomando en cuenta todos estos paralelismos entre las administraciones de Trump y Chaves y sus posturas sobre las regulaciones económicas, los temas sociales y los ataques a la prensa, se hace evidente una creciente división política causada por las estrategias de ambos presidentes. Este patrón de erosión institucional mediante una economía nacionalista, el rechazo a los derechos sociales y la violación de la libertad de expresión a través del ataque a la prensa plantea un futuro preocupante para la democracia costarricense. La adopción por parte de Rodrigo Chaves de las estrategias populistas de Donald Trump lleva inevitablemente a preguntarse cuánto tiempo podrán sostenerse estas técnicas populistas, especialmente considerando que este tipo de populismo solo puede crecer en sistemas democráticos, al mismo tiempo que va desmantelando partes de ese mismo sistema poco a poco.

Referencias

Ballotage in Costa Rica: Rodrigo Chaves and José María Figueres compete for the presidency. (2022, April 3). Infobae. https://www.infobae.com/en/2022/04/03/ballotage-in-costa-rica-rodrigo-chaves-and-jose-maria-figueres-compete-for-the-presidency/

Benavides Santos, T. (2022, April 4). A rocky road ahead for Costa Rica’s Rodrigo Chaves. Americas Quarterly. https://americasquarterly.org/article/a-rocky-road-ahead-for-costa-ricas-rodrigo-chaves/

Costa Rica press freedom under threat as Chaves targets journalists, report says. (2025, April 5). The Tico Times. https://ticotimes.net/2025/04/05/costa-rica-press-freedom-under-threat-as-chaves-targets-journalists-report-says/

Ferguson Jr., R. W. (2025, February 24). The intellectual origins of Trump’s economic policies. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/intellectual-origins-trumps-economic-policies

Fernández Aguilar, G. (2024, October 16). La polarización bajo el mandato de Rodrigo Chaves. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/opinion/la-polarizacion-bajo-el-mandato-de-rodrigo-chaves/

Mark, J. (2025, June 1). Discrimination cases unravel as Trump scraps core civil rights tenet. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/business/2025/06/01/trump-disparate-impact-discrimination-cases-civil-rights/

Nazar, Y. (2024, November 7). Trump’s populism and neo‑isolationism in a polarised world. The Friday Times. https://thefridaytimes.com/07-Nov-2024/trump-s-populism-and-neo-isolationism-in-a-polarised-world

Penn Wharton Budget Model. (2025, April 10). The economic effects of President Trump’s tariffs. https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/issues/2025/4/10/the-economic-effects-of-president-trumps-tariffs

Rauch, J. (2018, August 17). Trump’s war on ‘fake news’ could actually make the mainstream media stronger. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/trumps-war-on-fake-news-could-actually-make-the-mainstream-media-stronger/

Vílchez, D. (2025). Rodrigo Chaves attacks gender education as foreign agenda. openDemocracy. https://www.opendemocracy.net/en/5050/rodrigo-chaves-costa-ricas-new-president-threatens-rights/