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Autor: María José Ferlini Cartín

Plataformas digitales y derechos laborales: América Latina y Costa Rica ante la uberización

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Fernando José Méndez Castellanos*

El trabajo en América Latina ha experimentado importantes transformaciones durante la última década, especialmente en el marco de nuevos procesos de digitalización y flexibilización del trabajo que han instaurado esquemas laborales fragmentarios, difusos y ambiguos. La relación laboral formal y contractual, cuyo nacimiento jurídico deriva del capitalismo industrial norteamericano y europeo – y que nunca terminó de aplicarse bien en América Latina –, enfrenta ahora la embestida tecnológica de apps transnacionales como Uber y otras similares que, ante la atónita mirada – o la complicidad – de los estados nacionales, implantan actualmente un modelo empresarial que se sobrepone al derecho laboral existente. Empresas como Uber han instaurado, de esta forma, una nueva lógica empresarial que parte de la negación jurídica de la figura del trabajador, que eufemísticamente pasa a ser nombrado como un ‘‘socio’’, permitiendo a las empresas lucrar con el trabajo sin derechos de una multitud dispersa de latinoamericanos y de trabajadores del Sur Global

En este sentido, las empresas de plataforma digital gozan del trabajo ajeno sin asumir responsabilidades sociales, desconociendo cualquier vínculo patronal con una fuerza de trabajo global cuya actividad laboral – sin derechos – produce las grandes ganancias que estas almacenan en paraísos fiscales. Estas empresas, en otras palabras, construyen un discurso en torno a la figura del ‘‘trabajador independiente’’ para encubrir la vigilancia y el control algorítmico al que están sujetas las personas trabajadoras, con el fin de evitar asumir cualquier responsabilidad patronal.

Costa Rica, como es de esperarse, no escapa a la embestida tecnológica de las plataformas digitales. Vamos a ser sinceros: ¿puede uno andar por chepe, o por Heredia centro, sin toparse una moto en cuyo equipaje venga pintado el eslogan de Glovo, Uber o Didi? Ya hasta en los pueblos o las pequeñas urbes fuera de la GAM se puede pedir un Uber, desde Naranjo hasta San Ramón, por ejemplo. En Costa Rica, una década después de la polémica y atropellada entrada de Uber, abundan ya muchas otras plataformas que se han sumado a la competencia, para ver si pueden apropiarse ellas también del trabajo barato y no regulado de los costarricenses. La inmediatez con la que se instaló Uber contrasta, no obstante, con la prolongada inacción del Estado costarricense y la marcada complicidad de los sectores empresariales del país, que muestran una incapacidad reiterada – y una marcada falta de voluntad – para adaptar el aparato jurídico a nuevos panoramas sociolaborales en los que los algoritmos de las empresas transnacionales juegan un papel clave y el derecho laboral del país se está quedando estancado.

Ya la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [2] ha dado las primeras alarmas sobre las situaciones de dependencia y dirección algorítmica a las que están sujetas las personas conductoras y repartidoras, pero el discurso empresarial persiste en el argumento mágico de que ‘‘Uber da empleo’’. En Costa Rica, además, ya se han sentado los primeros antecedentes de reconocimiento de una relación laboral entre conductores y plataformas por parte del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. Desde el plenario legislativo del país, lamentablemente, el énfasis en la regulación de plataformas digitales ha sido otro: la Asamblea Legislativa se aboca apenas a tratar algunos aspectos meramente operacionales de las plataformas digitales en el país, pero su quehacer carece de un enfoque de derechos laborales y derechos humanos.

La situación costarricense actualmente es, no obstante, diferente a la de muchos países en la región: recientemente en México el oficialismo impulsó una reforma [2] que hace frente a la reiterada irresponsabilidad empresarial de plataformas digitales respecto a sus trabajadores y, retomando el legado de países pioneros como Chile y España, reconoció los derechos laborales tanto de las personas conductoras como repartidoras de plataforma. Por medio de la reforma, por ejemplo, se obligará a las empresas al cumplimiento del aguinaldo, la protección contra riesgos laborales, y las vacaciones para quienes reciban salarios mayores al salario mínimo. Chile, por su parte, desde 2022, ha marcado la pauta y se ha destacado por ser un país pionero en derechos laborales por medio de una ley que garantiza, para todas las personas trabajadoras de plataforma, derechos como la sindicalización y la negociación colectiva, el derecho a la desconexión voluntaria y las protecciones laborales y patronales mínimas.

En nuestro caso centroamericano, lamentablemente, a veces son más palpables los retrocesos que los avances: ni la Asamblea Legislativa ni el Poder Ejecutivo han realizado propuestas de ley que busquen regular, más allá de aspectos operacionales y tributarios, las plataformas digitales del país. Es más, la actual inacción respecto a esta problemática parece señalar una anuencia silenciosa del Estado y sus instituciones. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo, se ha abocado a dar algunas recomendaciones someras y escuetas a las empresas de plataforma, y apenas se ha limitado a reconocer algunos aspectos nocivos para la salud en el trabajo del delivery sin emprender mayores acciones. Y peor aún para el país: Costa Rica se opuso recientemente a crear un convenio para hacer que las plataformas digitales se comprometan a dar condiciones dignas a sus trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT).

Actualmente a nivel país, las discusiones en torno al trabajo están centradas en otro retroceso significativo que se está impulsando dentro del plenario: la ley 24290, que plantea jornadas de 12 horas por cuatro días a la semana. No obstante, una situación más dramática ha tenido menor relevancia mediática a pesar de su magnitud: varias decenas de miles de conductores y repartidores de Uber y otras empresas digitales en Costa Rica trabajan, desde hace muchos años, en jornadas similares o incluso mayores, de acuerdo con encuestas de años recientes [3], así como también enfrentan condiciones bastante pauperizadas y vulnerables en el ejercicio de su labor.

¿Hasta dónde, hemos de preguntarnos, llegará el silencio y la inacción del Estado y sus instituciones? La respuesta, parece, seguirá siendo una incógnita aún por mucho tiempo.

[1] Organización Internacional del Trabajo. (2021). El trabajo en las plataformas digitales de reparto en Colombia. Análisis y recomendaciones de política.

[2] García, A. (1 de julio de 2025). Inicia programa piloto para dar seguro social a repartidores y conductores de plataformas digitales. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2025/07/01/inicia-programa-piloto-para-dar-segurosocial-a-repartidores-y-conductores-de-plataformas-digitales/

[3] Artavia-Jiménez, M., Solano, J., Campos, M. y Herrera, M. (2023). Plataformas digitales y precariedad laboral en Costa Rica El caso de las personas repartidoras de la Gran Área Metropolitana (GAM). Friedrich Ebert Stiftung

*Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.

¡El Río Frío está en peligro y Guatuso alza la voz!

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El pasado 3 de agosto, diferentes comunidades de Guatuso se reunieron en Maquengal en un conversatorio organizado por el Comité de Defensa de la Cuenca del Río Frío, una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR). En este encuentro, los participantes expresaron su profunda preocupación por nuevas concesiones mineras que amenazan directamente la vida del río y de las personas que dependen de él.

La situación es grave ya que existe presencia de maquinaria pesada que extrae material a escasos 300 metros de una escuela. Este punto de extracción, parte de una nueva concesión privada con vigencia por 10 años prorrogables hasta 30, se suma a más de 17 concesiones que ya afectan la cuenca del Río Frío. Lo que antes era un espacio de encuentro, recreación y turismo rural, hoy está tomado por el ruido y la devastación.

Las comunidades denuncian que no fueron informadas ni consultadas por las instituciones competentes sobre estas concesiones, a pesar de existir normas que garantizan el derecho a la información y participación ciudadana. El malestar es generalizado debido a la ausencia de un proceso participativo, la falta de control comunitario sobre el uso del río y el pago simbólico de la empresa concesionaria al Estado frente a los daños ocasionados.

Los habitantes de la zona relatan cambios significativos en las últimas décadas, como inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos (como el cacao), modificación del curso natural del río, reducción del caudal y afectaciones a caminos y puentes. Estos efectos se vinculan a la actividad extractiva, la deforestación y un modelo de desarrollo sin planificación territorial. Se ha alterado la forma de vida tradicional en torno al río, y los caminos se deterioran sin mantenimiento, a pesar de las toneladas de material que salen del territorio anualmente.

El deterioro impacta directamente en los proyectos de turismo rural comunitario. El entorno natural del río, que era un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros, se desvanece con el avance de la extracción. «¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?», comentó un vecino. Así, la extracción no solo deja un cauce devastado, sino que también arrasa con ingresos familiares, empleos potenciales y proyectos de vida sostenibles.

La comunidad ha identificado una serie de impactos graves derivados de la actividad minera en cauces: alteración del cauce natural (provocando desbordamientos), aumento de la erosión, pérdida de biodiversidad (afectando hábitats de peces e insectos acuáticos), afectación de nacientes y humedales, contaminación acústica, barro en época lluviosa y polvo en época seca (afectando la salud), e interrupción de caminos y acceso a fincas. Además, existe la preocupación de que la falta de control y fiscalización permita extracciones sin estudios actualizados de impacto ambiental y sin que se respeten los límites o volúmenes autorizados.

También hay alerta por el deterioro del puente de La Amapola, clave para la conectividad de la zona, expuesto al paso constante de maquinaria. Este puente, construido en 2022 por la CNE y la Municipalidad de Guatuso con un costo de 388 millones de colones, genera preocupación debido a solicitudes de permisos para que maquinaria pesada transite por debajo de él, lo que ha generado sospechas sobre su estado actual y posibles afectaciones a su base estructural, representando un riesgo directo para la seguridad. La comunidad denuncia que estos permisos se gestionan sin consulta previa ni monitoreo técnico visible, contrastando con la falta de inversión pública para mejorar caminos y accesos al servicio del pueblo.

La comunidad exige participación real, respeto a los derechos y defensa del territorio. “El río se está muriendo, y con él nuestra forma de vivir”, expresó una participante. Para hacer frente a esta situación, la comunidad acordó fortalecer la organización local, articularse con otros territorios afectados y buscar apoyo legal desde el marco del derecho ambiental y el principio de participación ciudadana. En este esfuerzo, se reconoció el acompañamiento brindado por la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Bienes Comunes en procesos de documentación, mapeo participativo y denuncia ambiental.

Le invitamos a leer la nota completa del Observatorio de Bienes Comunes UCR, titulada “La voz del río: comunidades de Guatuso alertan sobre las nuevas amenazas al Río Frío”, a través del siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/la-voz-del-rio-comunidades-de-guatuso-alertan-sobre-las-nuevas-amenazas-al-rio-frio/

Concierto con Bocetos Project

Escrito en . Publicado en Cultura.

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi se complace en invitarle al Concierto con Bocetos Project.

La actividad, se celebrará en la Benemérita Biblioteca Nacional el miércoles 13 de agosto a las 4:30 p.m. y será transmitida por el Facebook de la Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Para firmar: pensionados del Magisterio Nacional solicitan ajuste por costo de vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

Pensionados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional dirigen una carta pública al Ministerio de Hacienda, a las fracciones legislativas y a las comisiones de Asuntos Económicos y Sociales, solicitando la aplicación de un ajuste por costo de vida que no reciben desde hace cinco años. Puede apoyar con su firma al final de esta nota.

En la misiva, las personas firmantes exponen que el 94% de los jubilados del RTR perciben pensiones bajas o medias, con fuertes cargas impositivas y una pérdida sostenida de capacidad adquisitiva, agravada por el aumento del costo de la vida, la inflación alimentaria y las altas tasas de interés.

La carta también respalda gestiones recientes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y pide audiencias para exponer directamente la situación, así como acciones concretas por parte de JUPEMA.

Texto completo de la carta pública:

Señores:

Rudolf Lucke, ministro de Hacienda

Comisiones de Asuntos Económicos Sociales de la Asamblea Legislativa

Asociaciones de Jubilados

JUPEMA

Estimados Señores:

Los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, quienes recibimos el pago de la pensión por medio del Ministerio de Hacienda, porque en el pasado el Estado costarricense no generó el fondo de reserva para pagar las pensiones del magisterio(cuya ley de pensiones se creó en 1958), recursos que fueron utilizados por los diferentes Gobiernos y que en 1995, con la ley 7531 quedamos como un régimen en extinción sin respaldo financiero e institucional, deseamos señalar lo siguiente:

Ø  De los más de 43 mil miembros de este régimen, cerca de 35 mil personas, el 77% de la población total del RTR, tiene una pensión considerada baja, pues recibe un monto menor a 2 millones de colones mensuales, pero tiene cargas impositivas que se acercan al 50% de dicho monto, constituidas por la cuota a la CCSS por el régimen de Enfermedad y Maternidad, la cuota por la póliza de vida obligatoria de la SSVM, la cuota para la administración del régimen pensiones de la JUPEMA, más el monto que corresponde al Impuesto sobre la renta a partir de los 800 mil colones. 

Ø  Esta población mayoría de pensionados, ha venido soportando desde el año 2020, desde los efectos propios de la crisis económica la pandemia del Covid-19, hasta los efectos económicos del período post-pandemia, con un aumento del costo de la vida entre los años 2021 y 2022, expresado en una inflación del 11.2%, que si bien a partir del año 2023 se ha ubicado por debajo de la meta de inflación y en el año 2024 cerró con un aumento promedio de 0.84%, según el INEC, los aumentos continuos de los precios de los servicios y del transporte(resultado del aumento de los derivados del petróleo por la guerra en Ucrania), así como la inflación alimentaria que se mantiene elevada en alrededor del 6%, debido al aumento de los precios de alimentos básicos, como los productos lácteos, el arroz, los frijoles, la papa, la cebolla y las carnes, creando un escenario de pérdida de la capacidad adquisitiva y de empobrecimiento progresivo de los pensionados y sus familias.

Ø  También a la población con pensiones medias, que reciben un monto de entre 2 y 4 millones de colones, que representan el 17% del total del RTR, presentan una situación económica difícil pues a las cargas impositivas antes mencionadas, deben adicionar una cuota solidaria pagada por las pensiones superiores a 2,3 millones -que comienza con un 25 % y termina en el 75 % en las más altas- son personas que realizan un mayor consumo de servicios tecnológicos y tienen mayores compromisos financieros, debido al aumento de las tasas de interés a partir de 2022, cuya tasa básica pasiva(TBP) pasó de 2.90% a 6.24%, según el BCCR y que ha tenido un lento descenso, provocando una disminución importante de ingresos y también afectando la capacidad adquisitiva de los pensionados de este segmento.

Ø  Se trata en conjunto de una población del 94% de los jubilados del RTR que se encuentran entre las pensiones bajas y medias y en el marco de una pensión aceptable, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más, con montos superiores a 3 veces la cuota universal de la CCSS y a partir de 1995 como único cotizante), que recibimos una pensión reducida en términos nominales y que no hemos recibido ningún reajuste por costo de la vida en los últimos 5 años, a pesar de las variaciones en las condiciones de vida en este período.

Por las razones expuestas, dicha población de pensionados, le solicitamos al ministro de Hacienda, las Fracciones, Comisiones de la Asamblea Legislativa, instancias afines a atender nuestra, propuesta, de:

1.    La aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace cinco años.

2.    Respaldar la reciente gestión de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) con respecto al pago por concepto de costo de la vida a los trabajadores de la educación a partir del año 2020.

3.    Solicitar al ministro y Comisiones de la Asamblea Legislativa una audiencia con el objetivo de exponer personalmente la situación de los pensionados del RTR.

4.    Llamar la atención a JUPEMA a ejercer las acciones correspondientes

Los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, somos una población que aporta puntualmente a la seguridad social y a las finanzas del Estado, pero cuyos ingresos se han reducido, empujando a la mayor parte de nosotros a un empobrecimiento real que es constatable si las instituciones desean analizarlo.

Solicitamos al ministro y al Directorio y las Comisiones de Asuntos Económicos y Sociales de la Asamblea Legislativa, escucharnos y atender nuestra demanda, por razones de justicia, equidad y observancia de nuestros derechos humanos, que según las Naciones Unidas “Los sistemas de pensiones cumplen un papel fundamental en la promoción del pleno ejercicio del derecho a la seguridad y la protección social, ante el acelerado proceso de envejecimiento poblacional de la región”. (En Cepal.org/ agenda 2030).

Quedamos a disposición para lo que se considere necesario, en la dirección jubiladosenaccion@gmail.com o a los teléfonos 8837 2021 y 88315115

Con un alta estima y consideración

Marino Marozzi Rojas
Cédula 104500817
German Masís Morales
Cédula 3 225 625

Enlace para firmar la petición: https://chng.it/TzNsGttfyX

Conversatorio abordará la crisis de la protección social en Panamá

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) invita al conversatorio “Crisis de la protección social en Panamá: perspectivas políticas y sociales”, que se realizará el miércoles 13 de agosto, de 2:00 p. m. a 3:30 p. m., en la Sala de exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, en el campus de Heredia.

La actividad contará con la participación del doctor William R. Hughes O., profesor e investigador de la Universidad de Panamá, quien aportará un análisis desde la perspectiva económica, política y social de la situación actual de la protección social en ese país.

Este espacio forma parte de las actividades de reflexión organizadas por la Escuela de Economía bajo el programa Economía para la Vida, y se transmitirá en vivo por la página de Facebook de la institución.

Para atrás como el cangrejo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

René Mauricio Valdez

¿Sabías que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) no tiene secretario general desde hace cuatro años? ¿Sabías que la Secretaría de Integración Económica (SIECA) tampoco lo tiene desde el 17 de julio de 2025 y que todo apunta a que no lo tendrá por mucho tiempo? Pienso que una gran parte del público lector no sólo responderá que no a ambas preguntas, sino que también opinará que el asunto no le parece importante, ni siquiera interesante. “¿Para qué sirven esas instituciones?” preguntarán algunos, “¿para qué sirve la integración centroamericana?”

Los gobiernos de los estados miembros del SICA (es decir, la Centroamérica histórica más Belice, República Dominicana y Panamá) no han logrado encontrar los consensos requeridos para nombrar a las dos máximas autoridades ejecutivas de la integración. Aunque existen procedimientos claros para el efecto, pareciera que algunos gobiernos han decidido pasárselos por el fondillo con el fin de colocar o premiar a gente de su total confianza con esos puestos, sin importar si llenan los requisitos técnicos ni la opinión de los demás gobiernos.

El SICA fue creado por el Protocolo de Tegucigalpa de diciembre de 1991 con el fin de promover coherencia en un “sistema” que funcionaba como un animal de cinco cabezas, cada una con sus propios objetivos a veces en conflicto con los de las otras. En su momento me dediqué a investigar esta situación y sus posibles soluciones, pues no solo era lamentable y hasta ridícula, sino que podía afectar seriamente el desarrollo de varias áreas de la integración, en especial el eje económico y comercial. (Valdés Valle 1991).

El impase en la SIECA es el resultado de que el Estado al que corresponde proponer una terna para el cargo, no lo hizo y simplemente propuso a su secretario de economía, quien es miembro del órgano regional que debe recomendar a los presidentes de los países a quien nombrar. En esta forma, el señor secretario de economía se convirtió en juez y parte, algo que no había sucedido antes en la selección del secretario de la SIECA. Cuando se reclamó la falta de terna, enviaron una que incluyó al ministro y a personas con cero experiencia en integración económica regional o cosa parecida. Cuando esta terna fue rechazada por varios gobiernos, el país proponente vetó el proceso e impidió que se pusiera en práctica mecanismos previstos para subsanar temporalmente el no nombramiento del secretario general. La Secretaría, al parecer, está funcionando con relativa normalidad bajo la administración de un director ejecutivo, pero se le quitó la capacidad legal para tomar iniciativas sustantivas, adquirir compromisos y contratar, la que corresponde exclusivamente al secretario general.

La SIECA maneja un portafolio de cooperación internacional nada despreciable en estos días de graves escaseces en ese frente. Es razonable pensar que una acefalía prolongada haga repensar a los donantes. Lo más preocupante, sin embargo, es que se afecte las posibilidades de progreso de la integración justamente cuando más se le necesita.

Algo que me produce un cierto alivio y esperanza ante el desorden mundial y el proteccionismo que promueve el gobierno de Estados Unidos, es que el comercio inter centroamericano de bienes y servicios está creciendo sostenidamente. Guatemala, de hecho, ya exporta más a Centroamérica que a Estados Unidos. Sin embargo, la parálisis sustantiva y la acefalía en la SIECA y en el SICA son un riesgo y pueden ser un obstáculo para que se produzcan las inversiones que la región requiere para dinamizar su propia producción y su mercado, especialmente en materia de infraestructura de transporte, portuaria y de aduanas, áreas en las que se ha avanzado en los últimos años y en las que es imperioso dar nuevos y más ambiciosos pasos.

Los y las centroamericanas no podemos permanecer pasivos frente a esta situación. Debemos demandar pronta y total transparencia en la selección de estos dos cargos, constituirnos en un tribunal informal de la opinión pública regional. Las gremiales de exportadores e industriales están llamadas a jugar un papel proactivo. También los medios de comunicación, que quizás por cansancio parecen haber perdido interés en el asunto. En parte esto último es culpa de los gobiernos y los órganos de la integración que no difunden bien las cosas que hacen –muchas muy valiosas– o que no desean poner en evidencia actos reñidos con la institucionalidad.

La Corte Centroamericana de Justicia debiera resolver los impases tocados en este artículo. Sin embargo, este es un órgano “secreto” que ha permanecido escondido en algún barrio de Managua haciendo poco o nada, del cual Nicaragua se acaba de retirar arguyendo desorden en su marco jurídico, lo que termina de convertirla en un cero a la izquierda.

Justo cuando en todo el mundo se argumenta que el rejuvenecimiento y el fortalecimiento de los lazos de cooperación a nivel regional es una de las medidas más eficaces que los países pueden adoptar para defender sus intereses en el convulso panorama mundial presente y futuro, los centroamericanos vamos para atrás como el cangrejo.

Ojalá que la presión sostenida y responsable de la opinión pública produzca un cambio de actitud en los gobiernos centroamericanos, algunos de los cuales hacen alarde cotidianamente de su inspiración morazanista. Ojalá no incurran en los mismos malos pasos y errores que llevaron a que Centroamérica hiciera —para usar la triste y punzante frase de Domingo Faustino Sarmiento — “un estado soberano de cada aldea”.

Referencia: Valdés, Mauricio. 1991. Problemas de gestión en la integración centroamericana. Revista Relaciones Internacionales, Núm. 34, pp. 35-44. Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. (Disponible en internet).

René Mauricio Valdez es salvadoreño, doctor en ciencias políticas. Trabajó en instituciones de la administración pública de su país, la integración centroamericana y las Naciones Unidas.

“Observar hoy, Visionar mañana, Construir futuros posibles”

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Dr. Ángel Ortega Ortega
Académico
Escuela de Planificación y Promoción Social
Universidad Nacional

Tal y como lo expresa el título de este comentario: “Observar hoy, Visionar mañana, Construir futuros posibles”, es el gran reto que se plantea la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA, al dar el banderazo de salida este miércoles 30 de julio de 2025 con el lanzamiento del Observatorio de Futuros-OdF, el cual será gestionado desde la Maestría en Planificación y Prospectiva de la EPPS-UNA.

Es pertinente indicar en primera instancia que cuando hablamos de futuro, tenemos necesariamente que hablar de investigación, por consiguiente, el Observatorio de Futuros-OdF, se constituye en una instancia académica dedicada a la investigación prospectiva, la reflexión crítica y el análisis estratégico orientado al desarrollo nacional, regional, local y organizacional, es un espacio de investigación que va a analizar condiciones del presente tomando en cuenta lo histórico, el presente y factores que definen futuros posibles en los cuales las organizaciones, los países podríamos encontrarnos. De esta manera, mediante el análisis de tendencias y la exploración de posibles futuros, se genera conocimiento estratégico para anticipar posibles eventos, desafíos, así como guiar acciones transformadoras en el presente y poder prepararnos para lo que viene en adelante. En este sentido, hablar de futuro no es ajeno al accionar de la Escuela de Planificación y Promoción Social, que desde el año 1974 trabaja en la formación de personas planificadoras, dado, que parte del objeto de estudio de la planificación es el futuro, puesto que planificamos para tener un mañana o escenarios de largo plazo diferentes y mejores.

Este Observatorio (OdF) marcará la diferencia ya que va a utilizar un enfoque muy poco trabajado en nuestro país, pero que en otras naciones nos llevan mucha ventaja, que es aplicar el enfoque prospectivo estratégico, de esta manera, como universidad y bajo la dirección de la Escuela de Planificación y Promoción Social se va a aportar al bienestar colectivo de la sociedad costarricense que enfrenta grandes desigualdades, fragmentación social y retos de sostenibilidad, apostando por un futuro más equitativo, resiliente y sostenible e influir en la definición de política pública, definir estrategias de desarrollo de organizaciones, instituciones y empresas.

Componentes filosóficos:

La Visión del Observatorio se enfoca ser una instancia académica de la Universidad Nacional que con excelencia se dedicará a la investigación y construcción de futuros, para que genere información innovadora y confiable de esta manera apoyar la toma de decisiones en los ámbitos públicos y privados, promoviendo así el bienestar y el desarrollo del país.

Su Misión es contribuir en la construcción de futuros en diversas temáticas mediante la co-creación, difusión, transmisión, transferencia y gestión de información multi, inter y transdisciplinaria, que incida en la formulación de políticas públicas y en el desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local.

De esta manera, se van a definir temáticas en función de las realidades particulares que tengamos como país y en función de los intereses de las personas que conforman los equipos de trabajo académico de la UNA, no obstante, hay apertura total para que las personas que interés en temáticas particulares puedan integrarse a los equipos de la Unidad Académica (EPPS-UNA) y ser parte de los procesos de investigación.

El Observatorio de Futuros (OdF) plantea algunos valores por los que transitará y los cuales marcaràn la ruta de su compromiso y de su quehacer: “Respeto, Transparencia, Innovación, Equidad, Inclusión, Sostenibilidad, Participación, multi-inter-transdiciplinariedad, Excelencia y Horizontalidad”.

Objetivos:

Los objetivos se conciben como la base fundamental de este Observatorio (OdF), de ahí que se exponen de la siguiente manera:

  • Fomentar proyectos de investigación prospectiva en instituciones públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional, orientados a la construcción de futuros deseables a nivel nacional, regional y local.

  • Respaldar iniciativas de investigación centradas en la construcción de escenarios de futuros posibles, en temáticas clave vinculadas al desarrollo en los niveles territorial y sectorial.

  • Implementar metodologías innovadoras y herramientas prospectivas para la anticipación a cambios, la construcción de escenarios futuros y la orientación de decisiones informadas para un desarrollo sostenible, equitativo a nivel nacional, regional y local.

  • Generar productos académicos de alta calidad teórica y metodológica, basados en procesos de investigación, docencia y extensión con enfoque prospectivo, que promuevan la articulación interinstitucional entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales, empresas y ONG, para el fortalecimiento de capacidades anticipatorias necesarias para la toma de decisiones informadas frente a posibles escenarios futuros.

  • Divulgar conocimientos rigurosos sobre futuros posibles en diversas áreas estratégicas, fortaleciendo capacidades.

Áreas para la exploración de futuros:

Para arrancar con el trabajo del Observatorio (OdF) se plantean de manera inicial algunas áreas, entre estas se mencionar:

  • Seguridad Alimentaria

  • Desarrollo microempresarial, el cual dado el parque empresarial en nuestro país se vuelve un tema elemental para nuestra economía, sobre todo ante las dificultades de empleo.

  • Políticas públicas

  • Educación

  • Planificación del Desarrollo, como tema clave para la Universidad Nacional dada la especialidad de la EPPS-UNA.

Siguientes investigaciones de futuro:

El futuro del arroz y los frijoles en Costa Rica ‘Gallo Pinto’. Este tema ha adquirido gran relevancia, dada, la situación de los arroceros en la actualidad de Costa Rica que ha generado problemas a la producción de arroz.

Análisis prospectivo de la política pública de apoyo a la Microempresa de España y Costa Rica: Un análisis comparado. Instituto de Análisis Económico y Social. Universidad de Alcalá, EPPS-UNA.

Gestión de OdF:

Este Observatorio (OdF) ejecutarà su labor desde la Maestría Profesional en Pensamiento Estratégico y Prospectiva que forma parte del Posgrado en Planificación de la Escuela en Planificación y Promoción Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Los temas se definirán a principio de año y se tendrá un máximo de dos temas de investigación a la vez.

Se trabajará bajo el método prospectivo estratégico, haciendo adecuaciones de las herramientas prospectivas según el interés y la disponibilidad de la información.

La directora del Posgrado en Planificación es la Máster Jazmín Pereira Ortega, a quien pueden contactar para más información: jazmin.pereira.ortega@una.cr

Evento completo: https://bit.ly/4m3l4n5

Contacto: angel.ortega.ortega@una.cr

El anexo al PRC de Cahuita: La Máscara del Despojo

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente ACUDHECA
Cahuita, 10 de agosto de 2025

El Reglamento y su Anexo al Plan Regulador Costero (PRC) del distrito de Cahuita, Cantón de Talamanca, presentan vicios sustanciales por la creación de obligaciones no previstas en la ley.

Dicho Anexo introduce plazos, requisitos técnicos y protocolos que no se encuentran contemplados en la Ley N.º 6043, 9221, 9242 ni en sus reglamentos.

En la misma línea de irregularidades, se observa el condicionamiento indebido del derecho a la concesión: La regularización queda supeditada a criterios adicionales no previstos en la ley, lo que vulnera derechos adquiridos.

A esto se suma la insuficiente consulta al pueblo tribal afrodescendiente de Cahuita. Las reuniones meramente informativas no constituyen consulta previa, libre e informada, como exige el Convenio N.º 169 de la OIT. Este agravio ya ha sido planteado ante la Sala Constitucional por ciudadanos de CAHUITA.

Considerando

El Anexo constituye un acto normativo municipal de último nivel jerárquico en la pirámide de Kelsen, lo que implica que debe ajustarse estrictamente a las leyes y reglamentos nacionales. Sin embargo, contiene disposiciones incompatibles con la Ley N.º 6043, la Ley N.º 9221 y la Ley N.º 9242, imponiendo condiciones adicionales no previstas por estas normas, lo que configura una extralimitación reglamentaria.

Consecuencias Adversas

El tan publicitado Anexo del PRC de Talamanca está destinado a nacer muerto, tal como ocurrió con la Ley N.º 8464 del 25 de octubre de 2005 —promovida por el exdiputado Edwin Patterson— que pretendía declarar ciudad a las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo.

En aquella ocasión, la evidente inconstitucionalidad fue recibida con un silencio cómplice por parte de abogados afrocostarricenses: Algunos callaron por conveniencia política; otros, por temor a romper la “regla no escrita” del silencio interno.

Hoy, el escenario es diferente. Existen varios afrocostarricenses dispuestos a alzar la voz a tiempo, movidos por la empatía hacia el pueblo y sin temor a incomodar a ciertos sectores.

La Extralimitación Reglamentaria:

La jurisprudencia de la Sala Constitucional es clara: Los reglamentos municipales y sus anexos deben ajustarse a la ley, sin crear derechos, imponer obligaciones ni establecer prohibiciones que excedan o contradigan el marco legal.

La Sala ha reiterado en múltiples ocasiones que el reglamento es un acto administrativo general, subordinado a la ley, y que no puede innovar ni alterar su contenido.

Destacan:

• Voto N.º 2003-09113: Un reglamento no puede imponer requisitos adicionales a los previstos por la ley, ya que esto constituye una usurpación de la función legislativa.

• Voto N.º 2018-012345: La potestad reglamentaria no puede modificar el sentido de la ley ni imponer limitaciones no contempladas por el legislador.

En consecuencia, no hay duda de que esta extralimitación reglamentaria será impugnada por inconstitucionalidad o ilegalidad ante la Sala Constitucional o el Tribunal Contencioso Administrativo.

Cabe preguntarse: ¿quién se beneficiará cuando, en un año, se proceda a desalojar a familias, demoler viviendas y afirmar que “se hizo lo mejor que se pudo”? Hacer “lo mejor posible” no es suficiente; lo que corresponde es evitar que este escenario ocurra.

Avanza organización del Congreso Nacional del Pacto por la Educación Pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

En el marco de la organización del Congreso Nacional del Pacto por la Educación Pública, se realizó una sesión de trabajo en la que participaron representantes de distintos sectores vinculados a la educación. La actividad se desarrolló con el objetivo de planificar y diseñar esta iniciativa que reúne diversas acciones de interés político nacional orientadas al fortalecimiento y defensa de la educación pública, concebida como un eje social clave en Costa Rica.

Durante la sesión, se destacó que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en su 144 aniversario, respalda, participa y tiene incidencia en esta propuesta, reafirmando su compromiso con la educación costarricense. Se señaló que el trabajo no se limita a la organización del Congreso, sino que también abarca otros aspectos relacionados estrechamente con la educación en todos los niveles, con especial atención a la educación superior.

Las personas organizadoras hicieron un llamado a los sectores sociales y regionales de todo el país para sumarse a esta lucha conjunta y plural en defensa del derecho colectivo al acceso a la educación pública.

Llamado a firmar en defensa de las comunidades costeras que sufren desplazamiento forzado

Escrito en . Publicado en Comunidad.

SURCOS comparte el siguiente llamado:

La Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica y las organizaciones abajo firmantes denunciamos que en nuestras comunidades costeras vivimos un hostigamiento creciente y una política de desplazamiento forzado que se ejecuta con mano dura contra las familias, mientras se protege y privilegia a los grandes hoteleros y desarrollos de lujo.

Puede leer el pronunciamiento y apoyar con su firma desde este enlace.