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Autor: María José Ferlini Cartín

Ecologistas ganan batalla contra los transgénicos

Lucha sigue pero ahora es posible presentar oposiciones a permisos

FECON - Procuraduría profundiza criterio contra reglamento de transgénicos

La Sala Constitucional ha determinado que la manera en la que se otorgan los permisos para liberar transgénicos en Costa Rica es inconstitucional, pues viola los derechos de todas las personas.

Tras la Acción de Inconstitucionalidad (12-017013-0007-CO) presentada por diversos grupos ecologistas y productores el 12 de diciembre de 2012 contra el Reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado, señalando que este viola los derechos de toda la población costarricense al manejar de manera confidencial la información técnica que ha servido de base para autorizar la liberación de organismos genéticamente modificados en el territorio nacional; la Sala ha dado la razón sobre las violaciones a la Carta Constitucional.

Con ello, se garantiza que los procedimientos para la autorización de transgénicos de ahora en adelante sean accesibles para todas las personas, lo cual permitirá presentar oposiciones para garantizar que el cultivo de estos organismos no se oponga al equilibrio de los ecosistemas ni la salud de las personas. Adicionalmente, los permisos que se encontraban en trámite –para liberar maíz transgénico- no se pueden otorgar, hasta no ajustar la norma a las disposiciones de la Sala y garantizar que los interesados cumplan con los nuevos requerimientos que se establecerán.

 

La lucha sigue

La resolución 2014-15017 solamente representa la victoria en uno de los frentes de lucha en la guerra contra los transgénicos. Se reconoce que los alcances de esta sentencia no detienen, de manera definitiva, las posibilidades de liberar transgénicos en el país. Sin embargo, resulta un antecedente importante para demostrar que los intereses de las empresas vinculadas a esta actividad –entre ellas la transnacional Monsanto que tramitaba permiso para sembrar maíz – han sido beneficiados con el otorgamiento de permisos en contra de los derechos fundamentales de toda la población.

Desde el movimiento ecologista hacemos un llamado a seguir con los esfuerzos dirigidos a la paralización total y definitiva de la liberación de transgénicos al ambiente; especialmente, sobre el decreto de moratoria nacional y el proyecto de ley sobre el mismo tema.

 

Información enviada a SURCOS Digital por presidencia de FECON y Graciela Blanco Martén.

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Comunicación y trabajo comunitario

Comunicación y trabajo comunitario4

Integrantes del Movimiento Patriótico Juanito Mora, de Paso Ancho, cumpliendo tareas de comunicación en tres momentos diferentes: periódico El Caminante del Sur, afiches de la Peña Cultural Pasoancheña y folletos del Buen Vivir o Vivir Bien.

Fueron acompañados por Carlos Muñoz, presidente del colectivo La Legión de Naranjo, con quienes se coordinan proyectos y actividades comunitarias.

Comunicación y trabajo comunitario2Comunicación y trabajo comunitario3Información de la página Movimiento Patriótico Juanito Mora, Organización comunitaria: https://www.facebook.com/MPJMCRC

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Articulan defensa de los derechos de las comunidades indígenas

Reunión 17 de setiembre en SERPAJ

Articulan defensa de los derechos de las comunidades indígenas

El COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA, que desde su formación en el 2009, ha estado integrado por Organizaciones y Movimientos Sociales (Sindicatos, Ecologistas, Federaciones y Asociaciones Estudiantiles Universitarias, Pastorales de distintas Iglesias, Mujeres, Derechos Humanos – Paz y No Violencia, Humanistas y Asociaciones de Profesionales entre muchas otras), en nuestra última reunión los Movimientos y Organizaciones que hemos continuado reuniéndonos, hemos decidido CONVOCAR a una amplia reunión de Organizaciones y Movimientos Sociales para el próximo miércoles 17 de setiembre a las 5:00 p.m. en las oficinas del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia-CR).

Las razones por las que hacemos esta convocatoria son parte de nuestra preocupación, que se origina en una “campaña” de ataques, desinformación e incluso acusaciones infundadas y temerarias, tanto contra líderes indígenas miembros del FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI), así como contra Organizaciones miembro del Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía.

Articulan defensa de los derechos de las comunidades indígenas2

En razón de los últimos hechos de violencia contra la Comunidad Indígena de Salitre (quema de casas, agresiones físicas e indígenas heridos, comunidad sitiada y amenazas), promovida por terratenientes NO indígenas con la complicidad y apoyo de empresarios y algunas autoridades de la zona, se realizaron dos Misiones de Observación del OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y AUTONOMÍA INDÍGENA (ODHAIN), que en sus informes reitera una persistente violación de Derechos Humanos contra el Pueblo Bribri de Salitre a pesar de que las leyes y los tratados internacionales, así como las resoluciones judiciales amparan sus derechos. La falta de cumplimiento de esos derechos, en mucho responsabilidad del Estado, permite la usurpación del territorio indígena y las agresiones violentas en contra de sus habitantes.

Desde el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía, el FRENAPI, junto con el ODHAIN hemos denunciado esta situación, y por esa razón estamos siendo perseguidos con campañas difamatorias y amenazas de agresión si continuamos apoyando la lucha por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Articulan defensa de los derechos de las comunidades indígenas3

Para ampliar los detalles de esta situación, es que les convocamos de manera URGENTE para este miércoles 17 de setiembre, con el fin de analizar juntos las alternativas que podamos impulsar con el fin de impedir y prevenir nuevas y mayores agresiones que atenten contra personas, Organizaciones y Movimientos Sociales, como un mal precedente.

Contamos con ustedes, les esperamos, SITA: Oficinas de SERPAJ –CR, 25 metros Sur de FONABE, (Fondo Nacional de Becas), frente línea férrea. Entre Avenidas 10 y 12, Calle 13, Casa #1081. OTRA DIRECCIÓN: De la parada de Buses de Turrialba, por la Corte, 275 metros Sur, sobre línea férrea. Teléfono 22-23-44-72.

 

Fraternalmente,

Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

 

Información enviada a SURCOS Digital por Diego Molina y Marcela Zamora-Cruz.

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Las luchas por el agua, por parte de las comunidades guanacastecas

Valoran control de constitucionalidad para Ley de Recursos Hídricos2

Sergei Moreno*

 

El agua es uno de los líquidos más importantes en el desarrollo humano, la conservación de muchas especies depende del vital recurso hídrico. Por lo que en los últimos años este ha pasado a ser el causante de muchos conflictos entre las comunidades y las empresas hoteleras e inmobiliarias, pues se ha desatado una “guerra por el agua” (Shiva, 2004). Los empresarios quieren tener acceso al uso desmedido del vital recurso como medio de desarrollo económico. Recientemente, la comunidad de Playa Potrero; esto en Guanacaste, lugar donde intereses políticos /económicos que siguen una lógica capitalista y colonizadora de las riquezas que poseen las comunidades, enfrento una nueva invasión e intento de apoderarse de una de sus tantas riquezas(el agua), por parte de empresas, claramente apoyadas por políticos/as. Cabe destacar este ha sido un proceso de larga duración, que pareciera su inicio es 1492, momento en el que este proyecto de conquista,(el más importante por parte de la corona española); y que a lo largo de la historia se ha buscado saquear, explotar y exterminar la formas diversas de organización comunales y al manejo que hacen las comunidades de los recursos naturales y se ponen en las manos de los capitalistas que sin dudas como ya ha quedado demostrado las comunidades solo reciben las sobras de los recursos que en primer instancia, les pertenecían. Playa Potrero estuvo dispuesta a dar la lucha en contra de los constantes intentos por colonizar las riquezas de la comunidad, las mujeres tomaron un papel protagónico y en contra de todo pronóstico social, salieron a las calles y con pancartas en manos junto a sus hijos/as y maridos, no estuvieron dispuestas/os a rendirse hasta obtener una respuesta positiva para la comunidad. “El agua es para las comunidades” (Moreno, 2014), fue el lema de todas las luchas realizadas por la comunidad en la congruente, constante y valiente decisión de no permitir más saqueos a la zona. Pero en la actualidad donde hay una fuente de agua, esta también una mina de oro para los capitalistas.

El proceso de “mercantilización” (Marx) del agua, en las últimas décadas ha crecido de forma acelerada, ante esta situación ha habido un despertar en las organizaciones de carácter rural/comunitario, en las que se han atrevido a desafiar al poder económico, político e intelectual que atenta contra la autonomía de los pueblos y que sigue desarrollando su proyecto impositor a como mejor les conviene. El despertar apenas inicia y el espíritu del “indio” guerrero Chorotega, parece aun seguir vivo, y estar dispuesto a proteger sus territorios, “no estamos dispuestos/as a desaparecer por completo” (Dionisio, 2014) fueron las palabras de un indígena Chorotega en una reciente conferencia realizada en Playa Potrero. Sus formas de producción en general y sobre todo los recursos naturales, a los que tanto aprecio y apego expresan, “no nos rendiremos seguimos en pie de lucha”, es el lema, meses después de enfrentar una de las luchas más fuertes en la defensa del agua. Es evidente que estas “luchas por el agua”, apenas inician lo que se aproxima sin afán de ser pesimista será mucho más difícil de enfrentar por parte de las comunidades. Una famosa frase expresada por (Galeano, 1971, p.17); “La peor desgracia de américa latina fueron sus propias riquezas…”, parecen repetirse y en este documento quisiéramos pensarnos sobre si las desgracias que vive el pueblo guanacasteco, tales como la pobreza, el desempleo y los diversos intentos de saqueo de las enormes riquezas naturales que contienen sus tierras; incluidas sus fuentes de agua, se deben a esa aparente maldición de contar con riquezas innumerables. Sin embargo los sistemas políticos/económicos y sociales parecen presentarnos un Guanacaste pobre, ante esto es importante rescatar una frase expresada recientemente por el ahora diputado por esta provincia: “Guanacaste no es pobre, nuestras tierras han sido empobrecidas…”(Vargas, 2014); pese a esto las empresas inmobiliarias de la zona siguen diciendo que son los vecinos de las comunidades; esto en el caso de Potrero, los/las responsables de que otros/as, se lleven las riquezas y así lo expresaron en un reciente conversatorio sobre el tema del cuido de las aguas en la comunidad, al decir: “uno como empresa , que puede hacer; si la gente que llega a pedirle trabajo no le sirve, entonces nos queda solo traer a las personas que nos sirven…”(Hoteles Bahía del sol y Conchal).Ante el irrespeto a la autonomía de los pueblos Guanacastecos y sus formas de organización, producción e identidad , las/los habitantes se han organizado. Las comunidades ante los ojos de muchos/as, parecen estar quietas y en un silencio frente a las situaciones que se enfrentan , pero al llegar a las zonas con ideas impositoras y ajenas al pensamiento de los pueblos estos parecieran despertar y alzar la voz , las manos y hasta su fuerza con el afán de defender, lo que para otros/as es una forma de recibir ganancias económicas, pero para las comunidades es parte de sus vidas, de lo que son y de lo que se sienten en la responsabilidad de proteger .Sin dudas faltan muchas cosas por hacer, sin embargo las acciones emprendidas por la comunidad de Playa Potrero y otras zonas de esta provincia son alentadoras y parecieran apuntar un futuro prometedor, como bien dice uno de los miembros comunitarios: “A ataques inesperados, luchas organizadas…”(Morales,2014).

En conclusión las comunidades se están empoderando y eso es el reflejo del despertar que antes hemos mencionado, aunque los ataques continúen, ahora tenemos esperanza en una comunidad que no está dispuesto a rendirse y dejar que desaparezcan sus verdaderas raíces, las cuales han estados amenazadas a lo largo de la historia por un proyecto colonizador que aun continua vigente.

 

*Estudiante de sociología de la Universidad Nacional De Costa Rica

Correo-e: morenofajardos@gmail.com

Publicado originalmente en http://primeroennoticias.com/2014/09/08/opinion-las-luchas-por-el-agua-por-parte-de-las-comunidades-guanacastecas/

 

Compartido mediante SURCOS Digital por James Siu.

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Apoyarse en el pueblo

Álvaro Montero Mejía

Álvaro Montero Mejía

 

En un material que escribimos junto a nuestra compañera Laura Pérez Echeverría y que aún no hemos publicado, comenzábamos diciendo lo siguiente:

«Una de las mayores carencias de nuestro movimiento social y político, y probablemente el de algunos otros países de América Latina, es la ausencia de un debate permanente sobre la realidad nacional. Es justo recordar que, hace ya muchos años, al comienzo de los años 70, un notable intelectual y pensador costarricense, hoy desaparecido y con quien mantuvimos notables diferencias, Rodolfo Cerdas Cruz, llamaba insistentemente al conocimiento y discusión sobre la realidad nacional. Aún no hemos avanzado lo suficiente en ese terreno. La tarea sigue pendiente. Si logramos impulsar la discusión, con profundidad y tolerancia, entre todos los interesados en los cambios sociales de Costa Rica y sobre todo, sobre las vías y los procedimientos para la realización de esa ímproba tarea que constituye la derrota del neoliberalismo y la continuación del proyecto social nacional, con seguridad alcanzaremos éxitos».

No cabe ninguna duda de que los pueblos, aún pequeños y con un escaso desarrollo, como es el caso de Costa Rica, acumulan reservas éticas y morales que son el resultado de su quehacer y, sobre todo, de sus luchas y sus conquistas sociales.

Siempre se repite que los pueblos tienen una memoria corta, pero no estamos de acuerdo. Hay momentos y circunstancias en que afloran a la superficie las experiencias de lucha, la conciencia acumulada en las batallas cívicas y en esos momentos, los pueblos parecen recordar hasta en sus menores detalles, el empuje y la determinación que puso en esos combates.

Cualquier ciudadano medianamente informado sabe que sóloexiste una manera de producir riqueza y crear bienestar: trabajando mucho y distribuyendo mejor. En Costa Rica, tal como lo han señalado importantes estudios realizados por especialistas o expresado con insistencia en los materiales del «Estado de la Nación», la producción crece lentamente y la riqueza producida se acumula en muy pocas manos. En esas condiciones y en el corto plazo, solo existe un modo de hacerle frente a las crecientes necesidades de la población tales como vivienda, salud y educación, que se han considerado siempre como las urgencias vitales inmediatas de las grandes mayorías sociales. Es posible, si se logra trasladar una parte de la riqueza producida y de las ganancias del capital, a la solución de esas urgencias.

Pero cada pueblo debe resolver estos problemas apoyado en sus características nacionales y sus particularidades históricas. Por eso no constituye en absoluto una apreciación chovinista hacer acopio de las experiencias del proceso de desarrollo nacional de Costa Rica y hacer énfasis en los aspectos positivos que ese desarrollo ha tenido. Cada pueblo, en su corta o larga historia, exhibe sus particularidades, hace aparecer la evolución y las condiciones en que han forjado su identidad, no como una vitrina para exhibirlos sino para aprender, repetidamente, de ellos.

Una incorrecta valoración de las particularidades propias de cada pueblo, imposibilitan a los luchadores sociales y a todos los que se proponen construir una sociedad mejor, para saber cómo y de qué manera proceder.

Porque una nueva sociedad no se decreta, por capaces y respetables que sean sus proponentes o dirigentes sociales. Y ésa es, precisamente, la característica fundamental de una Revolución Social, que pone en tensión toda la potencia constructora de un pueblo, el que en difíciles y prolongadas jornadas, transforma y aprende, aprende y transforma, hasta dotar el proceso social de la madurez y la fuerza necesarias para que esos cambios se preserven y se mejoren.

Por eso los cambios sociales y las revoluciones sociales, no pueden simplemente decretarse. Las leyes o los decretos que definen propósitos transformadores, son una parte, sin duda decisiva, de la movilización y la conciencia de los pueblos que conduce hasta ellos. Un gobierno, por amplias y nobles que sean sus intenciones, no podría decir, por ejemplo:

«decretamos que ha finalizado el período neoliberal en Costa Rica, y que de ahora en adelante, damos por recuperado el proyecto nacional…»

Es obvio que los procesos sociales no se pueden decretar. Incluso una Revolución Social, está sujeta a los plazos en que maduran y se confirman en la conciencia de los pueblos, sus grandes determinaciones. El neoliberalismo, por ejemplo, no dejará de existir porque lo diga una ley o una Constitución. Porque el neoliberalismo se ha convertido en deformación sistémica, en una suspensión y modificación radical de la evolución económica de muchos de nuestros países.

No significa, de ninguna manera, que en nuestros pueblos prevaleciera una economía al servicio directo de los intereses nacionales y colectivos ni que hubiésemos derrotado los profundos lazos de dependencia y supeditación a las economías y las políticas imperiales. Simplemente, el neoliberalismo ha intentado borrar de un plumazo, todos los rasgos propios de una economía y un Estado nacional independiente.

Desde comienzos de los años 80 hasta la fecha, el neoliberalismo echó profundas raíces en toda la estructura social, económica y política de Costa Rica. De tal suerte que desarraigarlo, requiere de un proceso que involucre, literalmente, todas las fuerzas vivas de la nacionalidad costarricense. Lo que sí es posible hacer es programar , aún con grandes riesgos, es cómo y con cuáles decisiones centrales harán posible la iniciación de ese proceso de recuperación nacional.

Aquí entra en juego un elemento decisivo. Se trata de la unidad política de todas las clases y las fuerzas sociales, interesadas en participar como actoras, en las tareas que implican esa recuperación.

Por «recuperación nacional» entendemos, en primer lugar, la devolución a manos del pueblo costarricense de su irrestricta capacidad para decidir por sí mismo, cómo y de qué manera, es posible construir una democracia avanzada donde el bienestar de las grandes mayorías y nuestra capacidad para tomar las decisiones cardinales, se fortalezcan día a día.

En la historia nacional costarricense, hay un hecho particular que está presente casi desde el momento mismo en que proclamamos nuestra independencia y nos constituimos como un Estado Nacional y Soberano. Se trata de un espíritu abierto a los cambios, sin temor a las transformaciones democráticas y favorable a la ejecución de importantes reformas políticas y sociales.

Junto a esta voluntad reformista y como un hecho singular y aparentemente contradictorio, nos manifestábamos en muchos aspectos como un pueblo conservador, reacio a aceptar con facilidad, fórmulas políticas o cambios que parecieran inspirados por otras realidades.

Pero ocurrió lo inevitable. El sistema capitalista local sufrío de manera directa las consecuencias irrefrenables de la expansión del gran capital metropolitano, principalmente estadounidense, cuyos efectos fueron más y más notorios conforme se desarrollaba la fase imperial del capitalismo desarrollado. Esas consecuencias, con distintas facetas, métodos o instrumentos, las sufrimos hasta el día de hoy.

Conforme la oligarquía fue adquiriendo más y más poder, conforme el poder político y el poder económico establecieron una alianza poderosa, a la que se sumó la fuerza ideológica de los grandes medios de comunicación, ese espíritu conservador se convirtió en un arma de las clases privilegiadas para detener, sobre todo, el espíritu de solidaridad latinoamericana y la búsqueda local por profundizar las reformas ya realizadas.

Esta característica adquirió una mayor relevancia durante el período de la Guerra Fría. El comunismo y el socialismo fueron objeto de la ofensiva ideológica más descomunal de la historia pero es necesario preguntarse ¿por qué se les combatía con tanta saña y encono? Porque en la mayor parte de los países del mundo y principalmente en América Latina, las fuerzas progresistas y de izquierda eran objeto de una persecución implacable?

Esa persecución no era simplemente una confrontación periodística o literaria, sino que en algunos países, como en Guatemala, El Salvador, Argentina o Brasil, por citar sólo cuatro casos, constituía una verdadera actividad de exterminio. Tanto los comunistas, los socialistas, los cristianos comprometidos, los dirigentes sociales, intelectuales, campesinos o dirigentes juveniles, eran objeto de una vigilancia constante y luego capturados en una acción policial que generalmente terminaba con la prisión, la desaparición y la muerte. Entonces repetimos la pregunta ¿Por qué ese encono? La respuesta es extremadamente simple. Porque la lucha de las fuerzas progresistas podría implicar la derrota política y económica de las clases oligárquicas y de los grandes monopolios principalmente norteamericanos. Estas fuerzas, bajo el amparo de las dictaduras o regímenes de apariencia democrática, habían acumulado casi desde la Independencia, cantidades incalculables de riquezas.

No se trataba tanto de una confrontación ideológica o filosófica. Es que simplemente las fuerzas progresistas atentaban contra los intereses de los grandes monopolios y sus aliados internos. Y como resultaba absolutamente lógico, exhibir los errores y las aberraciones del llamado «socialismo real», muchos de los cuales serán absolutamente reales, era sólo un pretexto de naturaleza propagandística y publicitaria. Aun así, y sin renegar de sus convicciones, Manuel Mora y sus compañeros, continuaron con la tarea de adaptar sus convicciones ideológicas y programas partidarios, a las más urgentes necesidades del país.

Los socialistas que proveníamos del Partido Socialista Costarricense, fundado como movimiento en 1970, trabajamos también intensamente, muchas veces en alianza directa con los compañeros de Vanguardia Popular, en el desarrollo de tareas sociales y políticas. También incursionamos en las luchas campesinas y fuimos responsables de una buena parte de la colonización de las reservas de Chambacú, en la zona norte. La culminación de aquellos esfuerzos unitarios, fue la fundación de la coalición electoral Pueblo Unido en 1977, que participó, con relativo éxito, en las elecciones de 1978 y 1982.

Aún en condiciones particularmente adversas, el pueblo costarricense no dejó nunca de escuchar la voz de los luchadores y los conductores sociales, que lo llamaban a defender los intereses de las grandes mayorías. En estos días, cuando el tema de la ética ha retornado con particular fuerza, en gran medida gracias al empeño de los fundadores del PAC, es justo recordar que ese fue un tema recurrente y el empeño constante de los partidos de la izquierda nacional, lo que quedó plasmado, de manera indeleble, en los periódicos partidarios.

Hemos pensado, que esta particularidad ideológica de una gran parte de la población costarricense, incluidos los trabajadores urbanos, los pequeños y medianos agricultores y las clases medias, de combinar un espíritu sumamente progresista por un lado y cierto conservadurismo ideológico por el otro, le dieron un singular aporte y potencia, como contingente electoral, intelectual y político, al Partido Liberación Nacional que representó con gran habilidad, las características ideológicas y los intereses inmediatos de estos sectores sociales cobijados bajo la denominación común de «pequeña burguesía». El Dr. Arnoldo Mora nos explicaba magistralmente, no hace mucho tiempo, que el movimiento armado emprendido por José Figueres en el año 48, no habría tenido éxito si no hubiese atraído a esas clases sociales, es decir, a los campesinos y agricultores, a los pequeños y medianos propietarios y muchos profesionales de la región central del país.

De todos modos, no deseamos ser mal interpretados. A las grandes mayorías de los trabajadores manuales e intelectuales, junto a los campesinos, a no pocos representantes de las clases medias e incluso un sector muy importante del empresariado nacional, sólo puede representarlos legítimamente, una fuerza política realmente transformadora, que con espíritu ecuménico y pluralista, sea la heredera de las grandes corrientes progresistas de la historia nacional y latinoamericana.

Ahora que se inicia un nuevo gobierno, el que ha declarado su determinación de romper definitivamente con las deformaciones y las malas prácticas políticas y éticas instauradas sobre todo en la última etapa del Partido Liberación Nacional, es legítimo preguntarse:

¿Es acaso posible comenzar a resolver con seriedad y en el corto y mediano plazo, la crisis económica y social por la que atraviesa nuestro pequeño país?

¿Es posible retomar el proceso continuo de reformas sociales que, como dijimos, fueron posibles en Costa Rica casi a partir de su Independencia, hasta que se vieron detenidas violentamente con la instauración del proceso neoliberal, iniciado bajo la égida de Ronald Reagan, a partir del gobierno de don Luis Alberto Monge con las salvedades que es necesario señalar?

¿Es posible edificar un sistema social que haga posible terminar con la pobreza, que garantice un creciente bienestar de la población, que avance hacia la conquista de la soberanía alimentaria, junto a una adecuada distribución de la riqueza?

Es posible, contestamos nosotros, aunque no es fácil. Las clases acaudaladas y las grandes corporaciones han acumulado, a expensas del pueblo de Costa Rica, sumas enormes de beneficios monetarios y políticos, merced a mecanismos locales y externos, sólidamente instaurados en los procesos productivos y mercantiles.

Estos sectores lograron imponer la infausta tesis de que entre más riqueza acaparen los ricos, mayor será su capacidad de inversión y por ende, a mayor inversión más empleo y más riqueza. En síntesis: una sociedad sólo puede ser rica si los ricos son cada vez más ricos; el resto viene por añadidura. Fue el economista inglés Keynes, durante la crisis del 29 si mal no recordamos, el que demolió esta tesis y propuso en cambio, que los ricos pagarán más impuestos y que al mismo tiempo, el Estado gastara más, creara miles de empleos y así despertara al propio capitalismo del letargo de la crisis.

Y aunque muchos no lo crean, todavía a estas alturas de la historia, en estas primeras dos décadas del siglo XXI, los grupos y las fuerzas políticas de extrema derecha en los Estados Unidos, y también en Costa Rica, mantienen en pie su empeño por evitar que les aumenten los impuestos a las grandes fortunas.

En verdad no hay mucho donde inventar. Si el gobierno desea comenzar a resolver los agudos problemas del déficit e incluso de la deuda, sólo tiene un camino de tres vías.

1-           La primera de ellas es llegar a un acuerdo consistente con las clases acaudaladas y con el sector financiero en primerísimo lugar, que le permita recuperar recursos monetarios crecientes provenientes del pequeño grupo de la población que se deja un enorme porcentaje del PIB y que de inmediato, proceda a examinar y enmendar, los gigantescos privilegios de las corporaciones transnacionales. No se trata de espantar las inversiones ni desestimular las que ya existen, sobre todo si generan empleos y representan intereses nacionales. Se trata de evitar que esa brecha de desigualdad creciente se profundice, como ocurre ahora y se comience a revertir ese proceso. Pero el resultado material no puede ser otro que incrementar significativamente la capacidad y el volumen de la recaudación fiscal.

 

2-           La segunda vía, posee una denominación reconocida pero que se ha quedado en las palabras; se llama soberanía alimentaria. Esta soberanía, que es un ingrediente esencial de la soberanía política, parte del reconocimiento de que los agricultores pequeños, medianos y muchos de los grandes, más que una clase social, son la fuerza económica y social constitutiva de la nacionalidad costarricense. Este esfuerzo por recuperar a los agricultores como una de las fuerzas motrices del desarrollo nacional, requiere la movilización integral de la institucionalidad política, financiera y de servicios, cuya meta no puede ser otra que dar un salto en la producción alimentaria, en los beneficios económicos de los agricultores y en el grado real de su participación en las grandes decisiones políticas del país.

 

3-           La tercera vía, como manifestación del poder del Estado, consiste en impulsar grandes proyectos productivos y de servicios nacionales, cuyos mejores antecedentes, pero que deben ser retomados y actualizados, son el Sistema Ferroviario, hoy prácticamente desmantelado; el Consejo Nacional de Producción, CNP, en proceso de liquidación y destrucción sistemática; el Sistema de Servicios Aeroportuarios, inicuamente entregado a intereses foráneos; el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE; Acueductos y Alcantarillados, AyA; RECOPE y el propio Sistema Municipal, que puede ser considerado como una gran empresa nacional productiva y de servicios, en manos de las comunidades de toda la nación.

Las nuevas empresas, con énfasis en construcción, pesca y explotación marina e industrialización de productos locales, tendrían sobrada capacidad para aprovechar abundantes recursos, marítimos y terrestres. Para que no se diga que proponemos aumentar desmedidamente el tamaño del Estado, estas nuevas empresas podrían, sin dificultad alguna, involucrar en condición de socios a pequeños, medianos o grandes empresarios nacionales, junto a las organizaciones sociales y cooperativas. Al mismo tiempo, debe examinarse con lupa ese collar de acero que nos tiene puesto, como una carlanca, el llamado Libre Comercio y cuyo saldo espantoso es un insoportable déficit comercial. La tesis de la promoción de las exportaciones llevada hasta sus últimos extremos, ha sido en muchas ocasiones una maquinaria de trituración del empresariado nacional y sobre todo, del que produce para el mercado interno.

Debemos tener en cuenta que esta crisis que padecemos, producto del desmantelamiento institucional, es una herencia económica y política de los gobiernos anteriores. Pero es decenas de veces más dañina que las pillerías de algunos malvivientes que se han enriquecido con la corrupción y el manejo inescrupuloso del aparato del Estado. De modo que hablamos de ÉTICA. Y lo expresamos así, porque algunas veces se piensa que el intercambio desigual, algunos TLC y la falta de rigor en el reparto de la riqueza social, no tienen nada que ver con la ética y la moral. Existen, naturalmente, la ética y la moral personales, pero están también la ética social y política, como principios que defienden los valores nacionales, los deberes de los gobernantes y los derechos de los pueblos, frente a la irrefrenable codicia del capitalismo desbocado de nuestro tiempo.

Pero no debemos olvidar que iniciamos esta reflexión cuando decidimos hablar de la conciencia de los pueblos. Por eso debemos echar la mirada para ver lo que ocurrió a mediados del siglo pasado.

Durante los años 1940 hasta bien entrados los años 60, se produjeron en nuestro pequeño país, las conquistas sociales más importantes de su historia. Fue en este período, cuando pasamos de ser un «Estado de Derecho», tal como había sido edificado por los viejos liberales durante el siglo XIX, a un «Estado Social de Derecho» gracias al capítulo Constitucional de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo principalmente y luego a un «Estado Social de Derecho y de Servicio Público». Fue la obra de nuestros grandes reformadores: Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Sanabria Martínez, Manuel Mora Valverde y José Figueres Ferrer.

Éstas conquistas que todos reconocemos y admiramos, conservan íntegro su valor social transformador y humanista. Aunque hubo sangre e innumerables sacrificios de por medio, aquellos constructores y dirigentes visionarios, nos ahorraron por muchísimos años, dolores y enfrentamientos aún mayores. El pueblo costarricense comprendió que todos los actores involucrados, los mencionados y otros eminentes ciudadanos como el padre Volio, Rodrigo Facio, Carlos Luis Fallas o Carmen Lira, Luisa González, Alberto Martén, Luis Barahona, Luis Demetrio Tinoco, Arnoldo Ferreto, Jaime Cerdas, Montero Vega, Isaías Marchena y muchos otros, fueron parte de una generación de auténticos revolucionarios al estilo costarricense.

Allí estuvieron presentes los portaestandartes, hombres y mujeres, del pensamiento social de la Iglesia Católica, de la Socialdemocracia, del Comunismo y el socialismo a la tica, junto a miles de productores, agricultores, trabajadores e intelectuales de distintas corrientes ¿Alguien puede suponer que seríamos el país democrático y civilista de que tanto presumimos si estas reformas no se hubieran realizado?

Hago un paréntesis necesario. Don Manuel Mora Valverde, entrañable amigo y compañero, me contaba que, en determinado momento, el gobierno del Dr. Calderón Guardia estaba a punto de caerse. Entonces él se acercó y le dijo:

«Dr. Calderón, Usted debe salvar su gobierno y llevar adelante todo lo que prometió durante su campaña. Ahora Usted se encuentra aislado y la misma oligarquía que lo apoyó para que fuera elegido Presidente, le da la espalda y quiere botarlo, porque le teme a sus propuestas de reforma social. Pero Ud puede, estimado Doctor, salvar y fortalecer su gobierno. Pero sólo hay un camino: «¡Apóyese en el pueblo Dr.; si el pueblo se convence de que Usted está dispuesto a servirle, le dará todo su apoyo y no habrá fuerza capaz de impedirle gobernar!»

Ahora debemos hablar de lo ocurrido hace apenas unos pocos años. Casi inmediatamente después de terminado el gobierno de don Rodrigo Carazo, fuerzas económicas muy poderosas, de adentro y afuera, comenzaron a buscar la manera de apoderarse de algunas de las grandes obras realizadas por el pueblo de Costa Rica. Le pusieron la puntería al ICE y se trajeron a Millicon, una gran corporación que pretendía arrebatarnos el negocio de la telefonía. Fracasaron. Luego se propusieron convertir algunas de nuestras instituciones en sociedades anónimas. También fracasaron. Luego vino el famoso combo del ICE y sufrieron una nueva derrota. Una y otra vez, el pueblo salió la calle y derrotó todos esos proyectos entreguistas. Al final, vino el asunto del TLC y el pueblo costarricense dio muestras de su coraje y determinación. No fue vencido. Al TLC lo impusieron con fraudes y malas artes, pero pocas luchas nos dejaron mayores enseñanzas.

Y ahora, finalmente podemos caer en nuestros días. Contrario a lo que le sucedió a Calderón Guardia que llegó en hombros de la oligarquía, don Luis Guillermo Solís fue electo Presidente en un gesto de abrumadora voluntad, confianza y esperanza por parte del pueblo costarricense, que no había olvidado esas conquistas y luchas de que hablamos, pero que están a punto de perderse ¿Quiénes deben salir a defenderlas? ¿Qué más conciencia y apoyo de parte de nuestro pueblo necesita el Presidente para emprender los cambios necesarios?

El pueblo sólo espera ser convocado y llamado con urgencia a recuperar esas mismas reformas sociales que son los pilares, hoy tambaleantes, sobre las que se levantó el Estado Social de Derecho y de Servicio Público. Sin ellas, Costa Rica sólo sería una caricatura de democracia y sólo tendría, una caricatura de gobierno.

San José. 1 de Setiembre de 2014

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Una política participativa para resolver problemas de pequeños agricultores

La política agrícola con la participación de foros regionales1

German Masís,

Académico de la Escuela de Economía

UNA

Cuando se presentó la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, la entonces Ministra afirmó que “la estrategia se aplicará en los próximos cuatro años, pero también debe ser a largo plazo y que trascienda los gobiernos”,  también señaló que la prioridad “son los pequeños agricultores, muchos de ellos dedicados a la agricultura familiar, y el reto es llevarlos a producir con una perspectiva de negocio”.

“Ese sector incluye a paperos, cebolleros, arroceros, horticultores y otros cuyos rendimientos por hectárea se estancaron desde hace años, enfatizó.”  Agregó, “La estrategia del sector agrícola estatal para estos cuatro años pretende elevar el nivel de vida de los productores “vulnerables”, mediante su introducción en los circuitos comerciales”.

Pero “el objetivo no es trabajar con una parcela o una finca, sino mediante la gestión del territorio rural. Por eso, este programa se realizará con un trabajo en los 15 cantones prioritarios del país por sus niveles de pobreza… lo que implica focalizar los recursos disponibles”.

Sin embargo, “reconoció que en el MAG y el sector agrícola hay una estructura institucional muy pesada y que lleva muchos años haciendo lo mismo, pero igualmente fue clara en que el reordenamiento de las entidades no es una prioridad actual.(MAG anuncia prioridad en agricultores vulnerables LN 31-5-2010).

Esta referencia de hace 4 años,  cuando se presentó la política agropecuaria, pone en evidencia  la ambigüedad y la inconsistencia con que se ha formulado la política agrícola del país.

Como se puede observar la misma se mueve entre el corto (4 años) y el mediano plazo, entre la prioridad en grupos vulnerables y  el énfasis en la agroexportación,  entre la política productiva y la política social, entre la dirección política del MAG y el abandono de la institucionalidad del sector y entre la formulación de la política y el divorcio con los actores de la actividad agrícola y sus necesidades.

La política agrícola con la participación de foros regionales2

Por eso, en esa ocasión los representantes de las organizaciones de agricultores y de las entidades del sector, indicaron serios cuestionamientos a la política y en particular sobre las posibilidades concretas de ejecución y sobre los recursos y la capacidad institucionalidad para obtener resultados.

“Grupos agrícolas, ex ministros y el Colegio de Ingenieros Agrónomos cuestionaron que no se definiera cómo se concretarán y financiarán las políticas agropecuarias del 2010 al 2021, presentada por el Gobierno”.

El Presidente de Upanacional, opinó que al menos “veo buena voluntad por poner el tema agrícola en la agenda del Gobierno”, el presidente de la Cámara de Agricultura, “lo calificó como un intento de pensar, por lo menos, a largo plazo en la agricultura.” y el Presidente del Colegio de Agrónomos dijo que “La duda es el cómo y con qué instituciones se va concretar esta propuesta”.  (Grupos agrícolas cuestionan efectividad de nuevas políticas 1-10-2010).

Luego de concluida la Administración 2010-2014, el seguimiento a la problemática del sector permite establecer que se ejecutó muy poco de la política presentada (de la cual se desconoce si ha habido alguna evaluación), que el apoyo efectivo a los grupos vulnerables fue muy escaso, que casi no se logró mejorar su nivel de vida, que la pobreza en las zonas rurales creció y que los cambios en las instituciones del sector fueron ínfimos, en consecuencia que las acciones mencionadas no lograron modificar la situación de exclusión de la pequeña producción.

El nuevo Gobierno, se enfrenta al desafío de hacer lo mismo que las anteriores administraciones o impulsar un cambio como lo prometió en campaña. En la propuesta de política 2014-18 manifestó que “dará un fuerte apoyo a la pequeña y  mediana agricultura,  impulsará una política de seguridad alimentaria, fomentará formas novedosas de comercialización (que incluye el fortalecimiento del programa de abastecimiento institucional, de los mercados regionales y las ferias del agricultor), promoverá las agroindustrias rurales y  reactivará el Consejo Nacional de Producción como una institución estratégica para la seguridad alimentaria”.(PAC.Política Agrícola 2014-2018).

Un grupo de ex profesores de Ciencias Agrarias y Sociales de la UNA está elaborando con la participación de los foros regionales de organizaciones agrícolas, una propuesta concreta y pragmática para el Fortalecimiento de la pequeña producción agro alimentaria para el mercado interno, que incluye un conjunto de acciones sobre alternativas de comercialización, innovación tecnológica, financiamiento, gestión de servicios y desarrollo agro industrial, que se pueden comenzar a ejecutar de inmediato y evaluar cada seis meses para cambiar la situación de la pequeña producción nacional.

 

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La entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales de 1997

Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales

Nicolás Boeglin (*)

 

Introducción

El pasado 17 de agosto del 2014, entró oficialmente en vigor la «Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación» adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997 (ver texto completo). Ello obedece al hecho que en esa fecha se cumplieron los 90 días posteriores a la ratificación número 35 (la de Vietnam, obtenida el 17 de mayo del 2014), tal y como lo establece el texto de este tratado internacional, en su artículo 36.

Han sido muchos años de espera para los que pretendieron lograr, pocos años después de la adopción de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, que los miembros de la comunidad internacional aceptaran, en un instrumento a vocación universal, un mínimo de reglas (incluyendo las de carácter ambiental) para permitir una gestión y aprovechamiento conjuntos y armoniosos entre Estados de cuerpos de agua compartidos.

 

Un instrumento novedoso

Se trata de un instrumento internacional que, como viene siendo la práctica cuando se intenta explorar un ámbito nuevo del derecho internacional, recurre a la técnica de la convención marco (“convention-cadre” en francés o “framework convention” según la denominación en inglés): esta expresión refiere a un tipo de convención, usualmente utilizada en materia de salud, energía, transporte y protección del ambiente, que sistematiza un conjunto de principios generales que puedan servir de base para establecer una cooperación entre Estados. Se les reconoce a estos últimos un margen de maniobra para detallar y finiquitar en acuerdos posteriores más específicos, y con reglas mucho más precisas, el contenido de esta cooperación. “The character of an agreement as a framewok is mainly established by the decision of the contracting parties to delegate questions that are relevant for achieving the agreement´s objective to additional regulations” (Nota 1).

En el caso de la Convención de 1997, el conjunto de reglas ofrecido pretende servir de base para facilitar la cooperación entre Estados en todo lo relacionado a la gestión, aprovechamiento, uso y protección de los cursos de agua internacionales. Uno de los primeros artículos (el artículo 3) refiere precisamente (y de manera sumamente detallada) a los acuerdos bilaterales o regionales preexistentes o a los que los Estados quisieran adoptar con posterioridad a esta Convención: el artículo 3 es uno de los artículos más extensos de la Convención, con 6 incisos. Además de evidenciar la preocupación de los Estados con relación a los efectos de esta Convención sobre acuerdos previos, este artículo 3 también confirma el carácter de “acuerdo marco” antes mencionado de la misma.

El conjunto de reglas generales recogido parte de una noción mucho más integral que la clásicamente usada de «rio internacional» o de «río fronterizo» al definir su artículo 2 la noción de «curso de agua internacional» de la siguiente manera: «A los efectos de la presente Convención: a) Por «curso de agua» se entenderá un sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común; b) Por «curso de agua internacional» se entenderá un curso de agua algunas de cuyas partes se encuentran en Estados distintos;». Como se puede apreciar, esta definición va más allá que la de un caudal de agua contenido en el cauce de un río (o la de la superficie lacustre en el caso de un lago), y se extiende tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas. En consonancia con este esfuerzo, podemos citar, a modo de ejemplo las recientes iniciativas en España para delimitar oficialmente “la parte española de las demarcaciones hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas compartidas con otros países” (ver artículo 3 del Real Decreto 125/2007 – 2 de febrero del 2007-, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas en territorio español).

La convención establece una serie de principios generales (los artículos 5 a 10) que deben guiar a los Estados de un curso de agua internacional en la gestión y en el aprovechamiento de este, varios de ellos muy similares a los adoptados en la Convención de Helsinki de marzo de 1992 (Nota 2). Por ejemplo, el artículo 7 sobre la obligación de no causar daños sensibles indica: “1. Los Estados del curso de agua, al utilizar un curso de agua internacional en sus territorios, adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen daños sensibles a otros Estados del curso de agua. 2. Cuando a pesar de ello se causen daños sensibles a otro Estado del curso de agua, el Estado cuyo uso los cause deberá, a falta de acuerdo con respecto a ese uso, adoptar todas las medidas apropiadas, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en los artículos 5 y 6 y en consulta con el Estado afectado, para eliminar o mitigar esos daños y, cuando proceda, examinar la cuestión de la indemnización”.

La lectura (y relectura) del artículo 7 y de algunos otros artículos posiblemente llame a la memoria un sin fin de controversias acaecidas en los últimos años entre Estados ribereños de un río internacional, o que comparten una cuenca hidrográfica en diversas partes del mundo. Muchos de estos conflictos no encuentran solución satisfactoria debido al uso de nociones jurídicas que limitan un enfoque necesariamente integral, que conlleva cualquier intento de regular un recurso como el agua: a este enfoque precisamente recurre la técnica jurídica en materia de protección del ambiente.

 

Un instrumento casi ignorado en América Latina

Al consultar el estado de firmas y ratificaciones según la tabla oficial de Naciones Unidas (disponible aquí), resulta llamativo que el continente que concentra mayores recursos hídricos, que cuenta con una interesante práctica en materia de acuerdos bilaterales o regionales en la materia (Nota 3) y en el que se contabilizan una gran cantidad de fronteras internacionales localizadas en ríos fronterizos (o cuencas hídricas compartidas) esté prácticamente ausente de dicha tabla: nos referimos a América Latina. Una firma de Venezuela (1997) y una de Paraguay (1998) parecieran ser los únicos «logros» obtenidos durante 17 años de diversas campañas a favor de su ratificación promovidas por diversas organizaciones regionales y ONG en un (también sin fin …) número de foros y reuniones en la región. A la fecha, ningún Estado de América Latina es parte a este instrumento, ya que, como bien se sabe, además de firmar un tratado, hay que ratificarlo. Una evaluación rigurosa (y ojalá crítica) de las distintas campañas de ratificación realizadas por algunas organizaciones se impone, ya que raramente se ha observado un impacto tan limitado de una campaña en favor de la ratificación de un instrumento a vocación universal.

Independientemente de su entrada en vigor, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha hecho referencias expresas en su jurisprudencia a los principios contenidos en esta Convención adoptada en 1997: lo hizo incluso en el mismo año de 1997, con ocasión del asunto de la represa Gabcikovo Nagymaros (Hungría c. Eslovaquia, sentencia del 25 de septiembre de 1997) (Nota 4). Cabe recordar que el texto de la Convención es el resultado de más de más de 20 años de arduas discusiones en el seno de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), órgano técnico encargado de codificar las reglas del derecho internacional público según el organigrama de las Naciones Unidas: los inicios de los trabajos sobre este tema en el seno de la CDI datan de 1974, y el anteproyecto de Convención fue aprobado por este órgano tan solo en 1994. Durante esos 20 años, la CDI tuvo siempre la ocasión de contraponer los avances de su proyecto con las posiciones oficiales defendidas por los Estados, en las valoraciones de estos al texto propuesto, expuestas anuallmente en el seno de la VI Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Después de 1994, año en que fue aprobado el anteproyecto por parte de la CDI, los Estados miembros de Naciones Unidas conformaron, en el seno de la VI Comisión antes mencionada, un grupo de trabajo inter-estatal. Lograron adecuar el texto para garantizarle una adopción final mediante la resolución A/RES/517229 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta última resolución fue adoptada en 1997 por 103 votos a favor, 3 en contra (Burundi, China y Turquía) y 27 abstenciones. Por parte de América Latina votaron a favor: Brasil, Chile, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. Se abstuvieron los siguientes Estados de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Por su parte, Belice, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana aparecen entre los «No shows» que sumaron en total 52 Estados: se trata de un número extremadamente elevado para la práctica usual en materia de votaciones en el seno del órgano plenario de las Naciones Unidas (ver detalle del voto).

 

La protección de un curso de agua internacional

La Parte IV de esta convención (reglas aplicables a cursos de agua internacionales en materia de protección del ambiente) constituye una útil herramienta para Estados partes a una cuenca hidrográfica compartida. Varias de esas reglas pueden ser interpretadas como un eco cercano a lo dispuesto en la Declaración de Río de 1992. La formulación de estas reglas puede ser contrastada con las reglas enunciadas por la CIJ en el caso de las Plantas de Celulosa (Argentina c. Uruguay, sentencia de abril del 2010): este caso, resuelto de manera sumamente cuestionable – y cuestionada – por parte de los jueces de la CIJ, recientemente dio lugar a tensiones entre Argentina y Uruguay que tuvimos la oportunidad de analizar brevemente en este artículo. De la misma manera el contenido de la Parte IV de la Convención deberá ser comparado con las reglas que sean enunciadas por parte de la CIJ con ocasión de los dos casos que enfrentan a Costa Rica y Nicaragua con relación al Río San Juan: el asunto del dragado del río, con la demanda interpuesta por Costa Rica en el 2010 contra Nicaragua; y la denominada «trocha fronteriza» construida por Costa Rica, objeto de la demanda interpuesta por Nicaragua en el 2011 contra Costa Rica. Ambos contenciosos fueron objeto de una inusual – e inédita – “unión” por parte de los jueces de la CIJ en el 2013 (Nota 5) a solicitud de Nicaragua. Tuvimos de igual manera la posibilidad de analizar en su momento el proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas en Costa Rica desde la perspectiva de las implicaciones (para Costa Rica) de las regulaciones internacionales sobre recursos hidrográficos compartidos (Nota 6).

 

Conclusión

Como suele a veces suceder en algunos campos de la ciencia jurídica, el derecho internacional tiende a modernizar de manera mucho más ágil que el derecho nacional un marco jurídico existente, ofreciendo a los Estados una útil herramienta para guiarlos en álgidos campos donde deben encontrar soluciones de manera conjunta y consensuada. Es el caso de la Convención de 1997 sobre cursos de agua internacionales. Por ejemplo, dos Estados partes a esta Convención, España y Portugal, han entendido de manera muy clara la invitación a la cooperación que les extiende la Convención de 1997: han logrado encontrar en ella una valiosa guía para el aprovechamiento, gestión y protección comunes de las numerosas cuencas hidrográficas que comparten, sean estas superficiales o subterráneas: la Convención de 1997 ha servido de motor para articular una impresionante lista de acuerdos técnicos de aprovechamiento y de cooperación de las aguas superficiales y subterráneas que ambos Estados comparten. Leemos incluso que el primero de ellos, el convenio de Albufeira de 1998 titulado “Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas” resulta de la influencia directa del texto de 1997 al precisar el autor de un artículo reciente que: “…Finalmente tras cinco años de intensas negociaciones técnicas y diplomáticas, el Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas, se firmó en la ciudad portuguesa de Albufeira en noviembre de 1998, y entró en vigor en el ordenamiento jurídico de Portugal y España el 17 de enero de 2000. No hay dudas de que ha sido claramente influenciada por la Convención de las Naciones Unidas, firmada en Nueva York, en 1997, sobre el Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación” (Nota 7).

Es de esperar que esta entrada en vigor reciente sirva también para inspirar a muchos Estados y los incite a ratificar este instrumento internacional. Ello en aras de facilitar, en acuerdos posteriores, la gestión conjunta de muchos cursos de agua internacionales, en particular en América Latina.

 

——————–

Nota 1: Véase MATZ-LUCK N., “Framework conventions as a regulatory tool”, Goettingen Journal of International Law, 2009, Vol. 3, pp. 439-458, p. 441. Disponible aquí.

Nota 2: Véase artículo publicado en el Anuario de Derecho Internacional (ADI), en el año 2000, sobre el Convenio de Helsinki: TORRES CAZORLA M.I., «Otra vuelta de tuerca del derecho internacional para regular los cursos de agua internacionales: el convenio de Helsinki de 17 de marzo de 1992», disponible aquí.

Nota 3: Véase estudio publicado por la CEPAL de QUEROL M., “Estudio sobre los convenios y acuerdos de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, en relación con sistemas hídricos y cuerpos de agua transfronterizos”, CEPAL, 2003. Disponible aquí.

Nota 4: Véase por ejemplo: RODRIGUEZ HERNANDEZ J.I., “La aportación del asunto Gabcikovo-Nagymaros al derecho internacional del medioambiente”, disponible aquí.

Nota 5: Véase nuestro modesto análisis, BOEGLIN N., “Costa Rica /Nicaragua et CIJ, Une procédure incidente revisitée: la jonction d´instances”, Publicado en el Boletín Sentinelle de la Société Francaise pour le Droit International (SFDI), Mayo 2013. Disponible aquí. Lo inaudito se mantuvo unos meses después con el rechazo por parte de la CIJ de solicitudes de ambas partes de modificar la medida provisional ordenada el 8 de marzo del 2011, rechazo que tuvimos la oportunidad de analizar brevemente en esta pequeña nota en Elpais.cr (edición del 10/08/2013).

Nota 6: Véase nuestro artículo BOEGLIN N., «Minería química a cielo abierto en el trópico húmedo fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua: el proyecto minero Crucitas y sus implicaciones internacionales», Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional, Perspectivas, Julio 2009 disponible aquí. Con posterioridad al histórico fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de noviembre del 2010, se analizó el tema desde la perspectiva de los acuíferos transfronterizos en un breve artículo, titulado “Acuíferos transfronterizos: respuestas desde el derecho internacional y vacíos en Centroamérica”, Boletín Geológico y Minero (España), 2012, disponible aquí.

Nota 7: Véase OLIVEIRA DO PRADO R.C., “La obligación de cooperar en la gestión de cuencas hidrográficas internacionales. El caso del convenio de Albufeira analizado a la luz del derecho internacional del medio ambiente”, Revista Monfragüe (España), 2012. Disponible aquí.

 

(*) Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

 

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Declaración: Israel, crímenes de guerra y lesa humanidad

Llamado al BDS para el cese del genocidio en Gaza2

Segunda declaración de la Asociación Americana de Juristas relativa a los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Israel contra el pueblo palestino

CONSIDERANDO:

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) reitera su declaración del 15 de julio de 2014 y sus pronunciamientos sobre las políticas de apartheid y genocidio practicadas por el Estado de Israel contra el pueblo palestino, la criminal agresión de Israel a Gaza y la ocupación de los territorios palestinos incluyendo Jerusalén este.

Como la AAJ, múltiples organizaciones y miembros de la comunidad internacional han realizado llamados a la paz, exigido el cese del fuego y denunciado a Israel por su criminal ataque al pueblo palestino, la ocupación ilegal y la instalación de miles de colonos israelíes en la franja de Gaza y Cisjordania.

Entre las organizaciones que han dado la voz de alerta se encuentran la Cruz Roja/Media Luna Roja y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), quienes han sufrido directamente los ataques sistemáticos e indiscriminados, incluyendo las escuelas y albergues bajo la administración de UNRWA. Israel viola impunemente las Convenciones de Ginebra, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en especial el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Derechos del Niño.

A la fecha de la publicación de esta declaración, desde que comenzó la ofensiva israelí 2,008 palestinos han muerto, de los cuales 471 son niños y niñas. Según informes del Centro Palestino de Derechos Humanos con sede en Gaza, el número de desplazados asciende a 520,000 civiles de una población de 1.8 millones.

El ataque premeditado al personal de la ONU y a los voluntarios de la Media Luna Roja y contra la población civil, constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad, pues, incluso existen los elementos que configuran el crimen de genocidio, especialmente porque la población está cercada y sitiada por las tropas, tanques y armamento pesado de guerra israelí, con el apoyo de potencias occidentales, especialmente de los EE.UU.

El Convenio para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio en su art. II, no sólo prohíbe causar la muerte (inciso a), el daño físico y mental (inciso b), sino hacerlo de forma deliberada a un grupo particular (inciso c). Una clara y brutal expresión de esos propósitos es el llamado de una diputada israelí al asesinato de las mujeres palestinas, para evitar que procreen.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su sesión especial vigésimo primera, reunida para examinar la situación de Gaza, votó por amplia mayoría la constitución de una comisión de investigación sobre las violaciones en la zona. El voto en contra lo emitió Estados Unidos, que se ha caracterizado por obstaculizar y vetar los intentos de investigación y cualquier resolución en contra de Israel.

El Comité de Derechos del Niño hizo un llamado urgente el 25 de julio a que se detuviera la “espiral de violencia, se protegiera a los civiles (en particular a los niños) y se sentaran las bases para una paz sostenible”, aparte de apoyar la decisión del Consejo de Derechos Humanos a realizar una investigación.

Como Estado Miembro de la ONU, Israel está obligado a cumplir con la Carta (arts. 55 y 56) y a someterse a las Cuatro Convenciones de Ginebra que incluye las garantías contra las violaciones graves (Convención de Ginebra I, art. 50; la Convención de Ginebra II, art. 51, la Convención de Ginebra III, art. 130, la Convención de Ginebra IV, art. 147), las cuales tratan sobre la protección a la vida, trato inhumano y demás derechos fundamentales en tiempos de conflicto armado, particularmente las garantías fundamentales incluidos en la Cuarta Convención y el Art. III Común que disponen la protección a civiles, y especialmente en territorios ocupados (CG IV, arts. 49 (desplazamientos forzados), 50 (protección a niños); el art. 43 de las Regulaciones de la Haya. Se obligó también (pacta sunt servanda) a cumplir y hacer cumplir las garantías contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 6(1) sobre el derecho a la vida, el art. 4(2) que dispone que este derecho fundamental es “no-derogable” ni siquiera en tiempos de urgencia), así como también con el Convenio de Derechos del Niño(a).

POR TANTO, la AAJ:

1. Condena enérgicamente las acciones de Israel que violan no sólo la Carta de la ONU y la Declaración Universal sino los demás instrumentos básicos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Cuatro Convenciones de Ginebra, además del Convenio de Derechos del Niño(a) y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.

2. Insta a los organismos internacionales a que adopten sanciones contundentes contra el Estado de Israel que impidan la continuidad de sus crímenes contra el pueblo palestino.

3. Hace nuevamente un llamado urgente a la comunidad internacional, a reclamar que Estados Unidos cancele en forma inmediata la ayuda económica y militar que brinda en forma permanente a Israel para sus agresiones a Palestina.

4. Reitera una vez más que la paz en el Medio Oriente requiere el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, basadas en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, los pactos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que obligan:

a. al cese de la ocupación y el control militar de los territorios ocupados palestinos, incluyendo el este de Jerusalén por parte de Israel;

b. el retiro incondicional de los territorios actualmente ocupados por los colonos israelíes y el desmantelamiento de los asentamientos coloniales;

c. el derecho al retorno de los refugiados palestinos;

d. el reintegro de las propiedades confiscadas, sin perjuicio de la compensación económica;

e. la indemnización a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y el juzgamiento de los responsables.

5. Apoya las acciones tomadas por varios países latinoamericanos–Brasil, Chile, El Salvador, Ecuador y Perú–llamando a consulta a sus respectivos embajadores y considerando los próximos pasos a tomar; las acciones tomadas a través de los años por varios países– Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia– suspendiendo relaciones diplomáticas con Israel y el comunicado de MERCOSUR en la Cumbre Presidencial, condenando enérgicamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte del ejército israelí en la Franja de Gaza.

6. Insta al resto de América Latina y el Caribe a reconsiderar sus relaciones bilaterales (y regionales) con Israel, incluyendo sanciones comerciales e incluso el rompimiento de relaciones diplomáticas.

 

16 de agosto de 2014

Vanessa Ramos Hernán Rivadeneira J.

Presidenta AAJ Continental Secretario General

(VRamos1565@aol.com) (hr21908@gmail.com)

Beinusz Szmukler

Presidente del del Consejo Consultivo de la AAJ

(aajargentina@yahoo.com.ar)

 

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EL AGUA: de nuevo tema de conflicto en Lorena de Santa Cruz

Lorena de Santa Cruz dice NO a proyecto

Diputado Ronal Vargas Araya

 

El 8 de setiembre, vísperas del día de la niñez, las sequías provocadas por el fenómeno de El Niño le cobraron fuertemente la factura a las dirigencias locales del PAC, algunos funcionarios de Gobierno y algunos diputados que nos hicimos presentes en el salón comunal de Lorena, el mismo pueblo que en el año 2002 se había opuesto violentamente al acueducto patrocinado por el entonces Hotel Meliá Conchal.

Bajo la pésima dirección de Gerardo Barrantes, cuestionado dirigente comunal al servicio del gran capital, la reunión inició con aires de pelea titánica, con varios carteles con mensajes fuertes por la defensa del recurso hídrico para las comunidades y no para regar campos de golf. Entre más el moderador retaba a los presentes descalificando a los manifestantes, tanto más subía el tono de los gritos y señalamientos. La tensa reunión llegó a su clímax cuando tomó la palabra la regidora y dirigente del PAC María Rosa Angulo, quien fue abucheada por muchos presentes quienes le reclamaban a gritos entre otras cosas ser una farsante, contradecirse en diferentes declaraciones, manipular la dirigencia local y colocarse ahora al servicio de los grandes inversionistas y en contra del derecho de las comunidades al agua.

Se asomaron un poco los aires de paz cuando tomó la palabra Yamileth Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva de AyA, quien no optó por un discurso retador y descalificador como los anteriores, sino por uno conciliador: “Me encanta verlos a ustedes defendiendo el agua a gritos… Vamos a decretar un ALTO a los pozos ilegales… No es posible que haya tantos acueductos privados trabajando en esta región, tenemos que ordenar esta situación… Desde AyA no vamos a tomar ninguna decisión sobre la posibilidad de un nuevo proyecto hídrico en la zona sin la autorización de ustedes… Prioritariamente el agua tiene que ser para el consumo humano, para beneficiar en primer lugar a las comunidades locales… No hay nada escrito en piedra, estamos construyendo nuestro Plan de Desarrollo Hídrico y se va a llamar “Agua para Guanacaste”, que todavía está en discusión y no tiene nada que ver con proyectos del pasado que tenían el mismo nombre… El Hotel Meliá nos apoyará cediéndonos tuberías y otros materiales, pero sin ninguna condición: en las manifestaciones del 2002 contra este proyecto sus pretensiones eran totalmente distintas… Serán 12 acueductos de la zona los más favorecidos con este proyecto… Las ASADAS deben seguir administrando, AyA no quiere robarles el mandado… El agua primero es para el consumo de la gente, no para el riego de campos de golf… Los micro acueductos de esta zona serán todos administrados por las ASADAS… Lograremos un manejo sostenible del acuífero”.

Secundando este discurso conciliador y tomando la voz como representante de todos los diputados presentes (Otto Guevara, Juan Marín, Marta Arauz, Johnny Leiva y Ronal Vargas), el diputado Víctor Morales Zapata trató de poner los puntos fundamentales en claro: “¿Están dispuestos a manifestar sus inquietudes e intereses a través de las ASADAS? ¿Aceptan que AyA fortalezca a las ASADAS?… Se nota que hay desconfianza entre los diversos actores, pero tenemos que construir confianzas”.

Especialistas de Senara y el Departamento de Aguas del MINAE también presentes en el evento recalcaron la crisis de disponibilidad de agua en la zona y la descoordinación existente por años, situación que ya se ve mejorar con la Comisión de Alto Nivel Interinstitucional sobre el recurso hídrico, que valida los estudios de disponibilidad de agua en las regiones, compartiendo los datos de las últimas investigaciones. Numeraron la cantidad de agua que se extrae de los diferentes acuíferos en Santa Cruz y concluyeron: “Sin una estructura de manejo del acuífero Nimboyores y datos ciertos de su capacidad, con la participación ciudadana, no se dará explotación” apuntó Carlos Romero del Senara. “Sólo tenemos una oficina en Santa Cruz y otra en Liberia, con sólo dos funcionarios… Todavía no están completos los estudios del acuífero Nimboyores”, sentenció José Joaquín del Departamento de Aguas. Y yo me quedé con la boca abierta…

En fin, después de varias intervenciones, se logró consensuar que habría que renovar la nueva Comisión de Asadas y representantes comunales que analiza la viabilidad del proyecto del acueducto en Lorena, bajo los criterios de ser más abierta, representativa, con miembros elegidos democráticamente y no “a dedo”, que estén representadas las asociaciones de desarrollo, campesinas y otras. “Cada comunidad nombrará en los próximos 15 días un representante para esta Comisión y nos reuniremos de hoy en 22 días en Cartagena, no, en Lorena, mejor en Cartagena”, concluyó Yamileth Astorga.

Yo intenté en vano, en un par de ocasiones, tomar la palabra, pero el moderador del evento, Gerardo Barrantes, no me lo permitió, tal vez porque apareció de nuevo aquel fantasma de la frustración, cuando no le fue concedido algunos años atrás su solicitud pública al obispo Victorino Girardi para que me quitara la dirección de la Pastoral Social de Guanacaste, en vista de la afectación que sufrió el sector turístico por mi oposición a la explotación del acuífero Nimboyores por parte del Hotel Melliá Conchal.

De haber tomado la palabra, entre mis principales aportes hubiera acotado mi apoyo a la participación ciudadana en la justa protesta por marginarlos de la gestión del agua, aspecto oscurecido por los malos líderes locales. Además hubiera recalcado el derecho humano al agua desde la perspectiva de las ASADAS como instrumentos comunales aptos para esta gestión, bajo el oportuno apoyo de AyA y el cuidado de no dejarse manipular por grupos de presión con intereses encontrados, particularmente denunciando el aumento de “ASADAS PRIVADAS” al servicio de inversionistas extranjeros y nacionales, comercializando el líquido vital que escasea en las comunidades costeras. Finalmente hubiera concluido con dos denuncias puntuales:

  1. La coordinadora interina en la jefatura de las ASADAS de la zona está en manos de una señora de apellido Vega cuyo mayor mérito profesional es el ser maestra de kínder, cuando el manual de puestos dicta otros criterios. La pusieron en ese puesto por influencias políticas del PLN y no tiene idea de cómo dirigir la oficina ni cómo hacer un plan de atención a las ASADAS. ¿Cómo pretende por medio ella AyA fortalecer las ASADAS?
  2. El Lic. Cayetano Méndez Trejos, funcionario encargado de las oficinas rurales de ASADAS, tiene 3 años de estar incapacitado y continúa nombrado a pesar de su inacción y el malestar de las comunidades.

Estando junto a la diputada Marta Arauz (PLN) se nos acercó una vecina del lugar y nos dijo: “Miren, ese diputado que está allí nos quiere robar el agua, por eso aquí no lo queremos…muchos fines de semana lo vemos tomando guaro en el Hotel Flamingo y otros hoteles de la zona, negociando el agua de Nimboyores. No es justo que nos traten de esa forma”. Ambos nos quedamos espantados…

En fin: la lucha continua, y si se sigue invisibilizando la gestión de las ASADAS rurales y no se permite participar a representantes validados por las comunidades; si se prioriza el agua para los campos de golf sobre las necesidades de los agricultores y las familias costeras santacruceñas; si se siguen imponiendo funcionarios públicos que afectan la gestión de las ASADAS para debilitarlas y que AyA absorba sus funciones, en mi persona tendrán al mayor opositor a un proyecto que en vez de traer soluciones, amenazará la vida de las comunidades históricas, hoy desplazadas por el auge turístico, y acarreará consecuencias nefastas para el manejo integral y sostenible del recurso hídrico.

 

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La situación del trabajo juvenil en Costa Rica: Un panorama desde la Convención Iberoamericana de Juventud, la ley de la Persona Joven y la II Encuesta Nacional de Juventudes 2013

En Costa Rica para el año 2013, según la segunda Encuesta Nacional de Juventudes la población joven entre los 15 y los 35 años representaba un 42,3% de la población total, es decir 1 763 077 personas son jóvenes, esta situación convierte a este grupo en el recurso humano potencial para cubrir con las demandas laborales.

Ahora bien, Costa Rica, es uno de los países a nivel mundial que cuenta con una estructura gubernamental que trabaja el tema de la Juventud, la cual está legitimada en la ley 6281 :LEY DE LA PERSONA JOVEN, en la cual se menciona que contamos con un Vice ministerio de Juventud quien es el ente rector de las políticas públicas en esta materia, además de contar con el Concejo de la Persona Joven encargado de la creación y seguimiento de las políticas públicas en materia de Juventud y además de la Red Nacional Consultiva de Juventud, quien aprobará las políticas públicas que se emitan y por último los comités cantonales quien formula propuestas, proyectos locales y nacionales de acuerdo con las necesidades de las que habla la ley.

Según la Convención Iberoamericana de Juventud, “los jóvenes tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión e información, a disponer de foros juveniles y a crear organizaciones y asociaciones donde se analicen sus problemas y puedan presentar propuestas de iniciativas políticas ante las instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos a la juventud, sin ningún tipo de inferencia o limitación”.

En este sentido, se hace necesario mencionar la importancia como un derecho real y legítimo de la apertura tanto en el sector público como desde la empresa privada, para facilitar las oportunidades y respetar el derechos de las personas jóvenes a estar organizados en sindicatos, en la búsqueda y reivindicación de derechos laborales.

Ahora bien, en relación con el tema de la Juventud y el Empleo, la Convención Iberoamericana de Juventud menciona en relación con el derecho al trabajo que los jóvenes tienen derecho al trabajo y una especial protección del mismo; los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones de empleo y a adoptar las políticas y medidas legislativas necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo.

Ahora bien, según le LEY DE LA PERSONA JOVEN EN COSTA RICA 6281, aprobada desde el año 2002 entre sus objetivos menciona en relación con el tema del empleo:

a)           Elaborar, promover y coordinar la ejecución de políticas dirigidas a crear las oportunidades, a garantizar el acceso a los servicios e incrementar las potencialidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía, en especial en el campo laboral, la educación, la salud preventiva y la tecnología.

b)           Coordinar el conjunto de las políticas nacionales de desarrollo que impulsan las instancias públicas, para que contemplen la creación de oportunidades, el acceso a los servicios y el incremento de las potencialidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía.

c)            Proteger los derechos, las obligaciones y garantías fundamentales de la persona joven.

Por otra parte, según la Segunda Encuesta Nacional de Juventudes del 2011-2013 encontramos los siguientes datos en materia de empleo:

 

1-La población joven en Costa Rica disminuyó en términos generales del año 2000 donde representaba el 43,2% de la población total, mientras que para el año 2011 según el INEC representaba un 42,3% del total de la población.

2- Según la Segunda Encuesta Nacional de Juventudes para la mitad del año 2013 la población joven costarricense entre los 15 y los 35 años representaba un 1. 763 .077 del total de la población, distribuido de la siguiente manera 50% mujeres y un 49% hombres.

3- En relación con el tema de la Juventud Costarricense entre los 15 y los 35 años que trabaja según características demográficas

 

Segunda Encuesta Nacional de Juventudes-2013

Grafico No 4

Costa Rica: Personas jóvenes de los 15 a los 35 años que trabajan, según características demográficas.

 

Genero Hombre Mujeres
% que trabaja 69% 36%
% que no Trabaja 31% 64%
Totales 100% 100%

 

Segunda Encuesta Nacional de Juventudes-2013

Grafico No 4

Costa Rica: Personas jóvenes de los 15 a los 35 años que trabajan, según características demográficas.

 

Genero Urbano Rural
% que trabaja 55% 45%
% que no Trabaja 44% 56%
Totales 100% 100%

 

4- En relación con el tema de la Juventud Costarricense Desocupada o Desempleada que desea trabajar, según características demográficas.

Segunda Encuesta Nacional de Juventudes-2013

Grafico No 5

Costa Rica: Personas jóvenes desocupadas o desempleadas que desean trabajar, según características demográficas.

 

Genero Urbano Rural
% de desocupados 76% 73%
% ocupado 24% 27%
Totales 100% 100%

 

5- Principales razones por las cuales las personas jóvenes desempleadas o desocupadas entre los 15 y los 35 años no han conseguido empleo en Costa Rica.

Segunda Encuesta Nacional de Juventudes-2013

Grafico No 33

Costa Rica: Razones por las cuales las personas jóvenes desempleadas o desocupadas entre los 15 y los 35 años no han conseguido empleo

 

Razones Porcentajes
Por sexo 99.8%
Sobrecalificado 99,4%
Falta de Financiamiento 99,4%
Demora de Tramites 99%

 

6- Como principales problemas del país que afectan a las personas jóvenes, se destacó como la principal la falta de empleo que representa un 45% aproximadamente.

A partir de lo anterior, que justifica desde lo legal y desde lo estadístico la importancia y la necesidad de emprender proyectos orientados para el trabajo con la población joven en Costa Rica, es que consideramos que el Estado Apoyo de las organizaciones de la sociedad civil debería:

1-           El estado debería de realizar una campaña nacional utilizando como apoyo las organizaciones de la sociedad civil donde se divulgue la ley de la persona joven y la convención iberoamericana de cara a que este instrumento puede ser utilizado por la juventud.

2-           La creación por parte del Estado de un Observatorio de Empleo Juvenil con apoyo de los sectores de la sociedad civil, entre ellos, las organizaciones sindicales, que el mismo sirva de instrumento para fiscalizar a) La demanda laboral existente en Costa Rica y de acceso a la población joven. b) La oferta laboral: el estudio desde los espacios formales educativos, como las universidades las disciplinas académicas de la cual se egresan las personas jóvenes y si la misma está orientada a las demandas laborales. C) la identificación sobre donde se encuentran laborando las personas jóvenes, así como de las condiciones laborales con las que cuentan los mismo, como también indagar que sucede con las personas jóvenes que desean laborar y no lo están haciendo esto con el fin de buscar alternativas de solución tal y como lo establece el artículo 26 y 27 de la Convención Iberoamericana de la Persona Joven, y como lo establece la Ley de la Persona Joven en la Capitulo II, Articulo 4, como también en el Capítulo III en los Artículos 5 y 6 respectivamente.

3-           El Fortalecimiento de la capacitación a las personas jóvenes, tanto en la definición de perfiles vocaciones, como en los procesos de orientación hacia el primer empleo más allá del Programa Empléate.

4-           La incorporación de las organizaciones sindicales en la RED NACIONAL CONSULTIVA DE JUVENTUD, pues representamos una parte del sector laboral de la sociedad costarricense y podríamos dar seguimiento y solicitar el apoyo a los proyectos aquí expuestos.

5-           La importancia de implementar una Política de Empleo Juvenil, como la que fue presentada ante el Viceministro de Trabajo.

6-           Nos oponemos a la flexibilización y precarización laboral que puedan sufrir cualquier persona joven en la sociedad costarricense y le solicitamos al Estado cumplir con lo pactado tanto en la Ley de la Persona Joven como en la Convención Iberoamericana de Juventud de cara a que se garantizan oportunidades laborales y el respeto a los derechos que le asistan legalmente.

Autor: Deiby Porras Arias

Presidente Seccional ANEP-JOVEN

En el siguiente hipervínculo podrá encontrar el documento completo.

La situación del trabajo juvenil en Costa Rica

Enviado a SURCOS Digital por secretaría general de ANEP.

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