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Autor: María José Ferlini Cartín

Costa Rica entre los países con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Académicos de la UNA abogan por una reforma a Ley de Justicia Penal Juvenil vigente, no desde el punto de vista represivo, sino desde la atención integral.

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. Por cada 100 mil habitantes, Costa Rica mantiene en sus prisiones hasta 343 personas, lo que representa una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y el Caribe. Esta estadística se da en momentos en que el Gobierno manifiesta su interés en construir una cárcel para 5.000 privados de libertad, aunque a la fecha no se conocen detalles sobre su ubicación, diseño o fuente de financiamiento.

Datos del World Prision Brief del 2024 indican que Costa Rica se ubica de quinto a nivel de la región (y tercero en América Central), solo superado por El Salvador con una tasa de 1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes, Cuba (794), Panamá (522) y Brasil (416).

La tasa costarricense está por encima de países como Uruguay que es de 321, Argentina con 268, Colombia con 201 o México con 165. Incluso, se ubica en la posición 22 a nivel global, al considerar a un total de 224 jurisdicciones.

Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) y miembro del subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura tiene una visión crítica sobre la política punitiva que pretende seguir el Gobierno, a la luz, además, de estas cifras.

“Debemos reflexionar qué tanto sirve la cárcel y preguntarnos como sociedad si lo que nosotros queremos es tener a la gente encarcelada o que haya menos violencia. Porque si lo que queremos es menos violencia, entonces ya sabemos que la estrategia carcelaria no es la respuesta, porque el crimen organizado es mucho más poderoso y no va a dejar de funcionar solo por tener más personas encerradas. Ellos seguirán operando porque el Estado no tiene los recursos suficientes para administrar las prisiones, entonces es una promesa falsa lo que se le quiere hacer creer a la gente sobre esta propuesta de solución”, advirtió el académico.

Estaos argumentos los planteó al cierre de una charla con estudiantes del posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Harding Simmons, de Texas, Estados Unidos, quienes visitaron la UNA, gracias a una alianza con la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, de la Escuela de Sociología.

Durante dos días, los estudiantes del posgrado conocieron a profundidad el funcionamiento del sistema judicial costarricense, el modelo de administración de justicia, el sistema penitenciario, la visión de derechos humanos e incluso realizaron una visita a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.

Realidad nacional

Al cierre del 2023, Costa Rica contaba con una población carcelaria de 18.090 personas, ubicados en 32 centros. Estas cifras han venido en ascenso en los últimos años: mientras en 2000 se registraron 7.575 personas privadas de libertad, al cierra de 2023 el número subió hasta 19.728.

Para Feoli, existen dificultades contextuales para sostener una discusión profunda sobre las causas del problema de violencia y sus eventuales soluciones. “Este debate es dificilísimo tenerlo porque lo que se plantean son soluciones maniqueas, pero eso no es suficiente. Las discusiones se polarizan, como todo ahora, entonces se dice que se busca defender delincuentes y no, se trata de defender un sistema que sí dé resultados y el proyecto de una megacárcel aquí termina siendo una ocurrencia”.

La expectativa generada por la actual administración sobre el proyecto carcelario choca con la realidad si consideramos que deberán realizarse estudios de suelo, planos y permisos. “De aquí a 10 meses o un año no va a estar y ellos—el gobierno—lo saben, pero como su objetivo es continuar en el poder ofrecen este tipo de soluciones que no sirven, pero que son atractivas para la gente”, afirmó.

Por otra parte, Marco Feoli apuntó que el desarrollo de una infraestructura carcelaria de estas dimensiones debería considerar el cálculo de cuántos policías penitenciarios se van a requerir, pero, además, contemplar a expertos en materia penal, medicina y personal administrativo.

Entonces, ¿por dónde se debe comenzar una discusión sensata? El académico considera que se deben atender las causas estructurales de la violencia con un enfoque social y que afronten las problemáticas de desigualdad que vive el país, la situación de la educación pública, la generación de oportunidades para personas jóvenes, la desintegración familiar y el consumo de drogas.

Que menores de entre 13 y 16 años ya estén insertos en estructuras criminales reflejan “lo mal que hemos hecho las cosas como sociedad. Son imágenes espeluznantes ver a un muchacho de esas edades accionar un arma y que luego vayan a dar a la cárcel y que serán fácilmente sustituidos por las propias estructuras a las que pertenecen”, afirmó.

Yolanda Pérez, coordinadora de la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, considera que la realidad de la delincuencia que involucra a personas jóvenes es otra comparada con décadas atrás y por ello es necesario reformular la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7.567 y que data de 1996.

“Esta ley surgió en un contexto donde el país vivía la situación de los ‘chapulines’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se está aplicando a muchachos que son utilizados y reclutados por estas organizaciones. Y no digo que deba hacerse una reforma desde el punto de vista represivo, sino qué se le puede ofrecer a ellos para que no caigan en situaciones de riesgo”, indicó Pérez.

Ambos académicos concuerdan en que la sociedad también debe enfrentar los estigmas que suele acompañarlos el resto de sus vidas y que les dificulta una reinserción efectiva, frente a un fenómeno mundial que etiqueta a las personas por su condición, como ocurre con la población migrante en Estados Unidos.

Tanto Feoli como Pérez lamentan que el país esté perdiendo tiempo valioso en temas que no solucionan el problema, como el proyecto carcelario, y no atienda con prontitud la necesidad de una ruta de la educación, programa que en el actual Gobierno no se ha llegado ni siquiera a conocer.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Recital virtual de poetas nacionales e internacionales Poetas y Medio Ambiente

Escrito en . Publicado en Cultura.

El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional y Poetas y Medio Ambiente le invitan al recital virtual de poetas nacionales e internacionales Poetas y Medio Ambiente, con la participación de Guillermo Acuña (Costa Rica), Leticia Luna (México), Christianne M. Tablada (Nicaragua), Arabella Salaverry (Costa Rica), Blanca Emmi (Uruguay), Mia Gallegos (Costa Rica), Brenda Solis (Guatemala), Minor Arias (Costa Rica), Miguel Fajardo (Costa Rica), Carlos M. Castro (Estados Unidos), Juan Mata (Costa Rica), Alejandro Madriz (Costa Rica) y Mario Alberto Marín (Costa Rica)

Esta actividad es parte del VII Encuentro Internacional Poetas y Medio Ambiente.

La actividad se realizará el viernes 6 de junio 2025, a las 4:00 p.m. y se transmite por el Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

¿Qué es lo que realmente se quiere con la nueva jornada de trabajo de 12 horas si ya existe su autorización?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica. No hay necesidad de estar impulsando un proyecto de Ley que establezca de manera precisa una jornada ordinaria de 12 horas diarias, como se pretende en la Asamblea Legislativa.

En el mundo, la jornada de ocho horas diarias se logró, como resultado de la lucha de los trabajadores europeos y estadounidenses a finales del siglo XIX.

Las huelgas generales que agitaron los Estados Unidos en la década de 1880-1890 establecieron, por las huelgas realizadas en 1886, especialmente en la ciudad de Chicago el reconocimiento y establecimiento de esa jornada para el 80% de los trabajadores que se habían movilizado en esas luchas.

En 1888 el movimiento obrero de los Estados Unidos se aprestó a continuar esa lucha el 1 de mayo de 1890 para asegurar la jornada de ocho horas en todos los Estados Unidos.

El 1 de mayo de cada año se discutía, en asambleas directas entre trabajadores y patronos, los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo del año siguiente. Por ello, la huelgas para que el 1 de mayo de 1886 y de 1890 se negociara los contratos de trabajo, en estado de huelga, con la consigna de las ocho horas como jornada diaria de trabajo.

En 1889 dos congresos obreros de trabajadores socialistas en Francia se sumaron a la convocatoria de las huelgas y luchas que se realizarían en 1890. El Congreso de trabajadores reunido en la Sala Petrelle acordó, además, declarar y establecer el 1 de mayo de cada año, como un día internacional de lucha de los trabajadores, donde cada año, ese día, se pudiera hacer un balance de las luchas realizadas y trazar una agenda de nuevas luchas para el año venidero. Ese es el significado que tiene el 1 de mayo como día internacional de los trabajadores.

Desde entonces se realiza y celebra el 1 de mayo como Día Internacional de Lucha de los Trabajadores, en el cual se reivindican derechos laborales y sociales, se defiende como parte de las demandas la jornada de ocho horas, se lucha por alza de salarios, como elementos centrales de las movilizaciones obreras y de los trabajadores, junto a la defensa de los derechos de organización sindical, de huelga y de negociación colectiva.

En Costa Rica la lucha internacional de la jornada de ocho horas de 1886 fue seguida por la prensa diaria que se publicaba, dando detallada información de las luchas que se iban haciendo.

La Encíclica papal Rerum Novarum de 1891 recogió estas luchas y la Iglesia Católica se pronunció a favor de la jornada de ocho horas, del derecho de organización sindical, del derecho de huelga y del derecho a un justo salario. El Obispo de Costa Rica Bernardo Augusto Thiel, en 1893, recogiendo los lineamientos de la Encíclica, en su Carta Pastoral No. 30, se pronunció en igual sentido.

A principios del siglo XX los intelectuales Joaquín García Monge, Omar Dengo, José María Zeledón Brenes, autor de la Letra del Himno Nacional, Carmen Lyra, entre otros, fundadores del Centro de Estudios Sociales Germinal, impulsaron la gestación de la Confederación General de Trabajadores, en 1913, y en mayo de ese mismo año, convocaron a la celebración del primer Primero de Mayo, como día internacional de lucha de los trabajadores en Costa Rica. Desde entonces se ha celebrado y realizado esa fecha, y se han organizado marchas de trabajadores. Excepcionalmente, en pocos años no se celebró en la calle.

En 1918 trabajadores de la madera, ebanistas y carpinteros realizaron luchas para obtener la jornada de ocho horas de trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, al terminar la I Guerra Mundial, hoy organismo parte de las Naciones Unidas, estableció en su Primer Convenio, en 1919, la jornada de trabajo como un derecho universal de los trabajadores, ratificado por Costa Rica el 1 de marzo de 1982.

En 1920, huelgas en el sector de Obras Públicas, lograron en febrero la jornada de trabajo de ocho horas con un reconocimiento al derecho de huelga y de organización sindical. Resultado de esa lucha, se impulsaron huelgas ese año en diferentes sectores de la producción y de la economía y, en diciembre, el gobierno hizo el decreto estableciendo la jornada de ocho horas de trabajo en todo el país. La jornada no se cumplió plenamente y en el programa del Partido Reformista, en 1923, como en el del Partido Comunista, de 1931, se clamó por el cumplimiento de esa jornada.

En la década de 1940-1950, durante el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, en el contexto de la crisis internacional provocada por la II Guerra Mundial, se aprobó la Reforma a la Constitución Política de 1871, para introducir en ella, el capítulo de las Garantías Sociales, y el Código de Trabajo, también aprobado ese año.

En las Garantías Sociales como en el Código de Trabajo se estableció la jornada de ocho horas de trabajo, como jornada máxima diaria, con posibilidad de extenderla por un máximo de cuatro horas diarias, reconociendo en esas jornadas extraordinarias un sobrepago de un 50% adicional al valor de cada hora ordinaria. De manera que, por ejemplo, si una hora de trabajo se paga a 1000 colones, para un total de 8000 colones al día, por cada una de las horas extraordinarias se pagaría a 1500 colones cada una, para un total de 6000 colones adicionales a la jornada ordinaria, obteniéndose un salario completo de 14000 colones por día.

En aquellos días del Gobierno de Calderón Guardia, 1940-1944, existió hasta 1945, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que reunía a los jóvenes, intelectuales y otras personalidades que se identificaban con la Social Democracia. De ellos, Otto Fallas Monge, Rodrigo Madrigal Nieto, Abel Castro Hidalgo, Luis Alberto Monge Álvarez, Mario Rodríguez Rodríguez y Rodrigo Odio González redactaron un Proyecto de Código de Trabajo, que fue presentado, tiempo después, a la Junta de Gobierno Fundadora de la II República, en cuyo artículo 158 establecieron que la jornada ordinaria de trabajo no podría ser mayor de ocho horas diarias, y en el artículo 162 establecieron que la jornada extraordinaria sumada a la ordinaria no podía exceder las doce horas al día. En el artículo 160 señalaron claramente que la jornada extraordinaria debía ser pagada con un 50% adicional al valor de la jornada ordinaria. Este Proyecto de Código no se aprobó. Se mantuvo el de 1943, que reguló en los términos ya dichos, que se llevó a la Constitución Política, en su artículo 58, la jornada de 8 horas ordinaria y la extraordinaria de 4 horas, reconociendo y obligando el pago del 50% adicional por cada hora de trabajo extraordinario. Se señaló claramente, en su artículo 59, “todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca”, que no tienen nada que ver con este régimen de jornadas laborales. Las excepciones están establecidas en la misma Constitución y el Código de Trabajo, que tienen que ver con regulaciones de trabajo de mujeres, de niños, en condiciones insalubres y peligrosas, entre otras.

Esta es la legislación vigente en el país. Es la legislación que debe cumplirse y respetarse en Costa Rica

Desde entonces este régimen de jornadas se aplica en Costa Rica. Puede haber empresas y patronos que no las cumplan, lo que queda para los Tribunales de Justicia en la materia laboral resolver si así se denuncia, o ante el Ministerio de Trabajo si ante ese Ministerio así se evidencia y denuncia. Aún así, toda empresa que quiera operar en el país, nacional o extranjera, y todo patrón nacional o extranjero, sabe esta obligación laboral al iniciar sus actividades empresariales, productivas o patronales.

Si vienen empresas extranjeras al país se ven obligadas a cumplir estos extremos de la legislación constitucional y laboral costarricense. Todas las que han venido así lo han hecho. Cuando se pide información para venir a invertir al país así también se les da a conocer. A ninguna empresa, empresario o inversionista se le puede ofrecer algo que en materia laboral no existe en el país. Los que vienen e invierten acatan y se someten a estas disposiciones laborales, de la misma manera como lo hacen los costarricenses que invierten y desarrollan empresas en el extranjero, que tienen que adaptarse y cumplir las leyes de esos países.

Las transformaciones de la economía mundial que repercuten en el país no alteran sistemas de trabajo y de jornadas existentes. En Costa Rida hay empresas y actividades económicas que trabajan de manera continua las 24 horas. Esto es permitido y es real su existencia. En ellas trabajan tres turnos de trabajadores de 8 horas, o bien dos turnos de 12 horas de trabajadores, si así lo pactan y si así se les reconoce el pago extraordinario. Esto no es ilegal ni inconstitucional.

¿Por qué entonces quieren modificar la jornada tope de ocho horas diarias, para extenderla a una jornada tope de 12 horas diarias, eliminando el carácter de las cuatro horas extraordinarias, sobre las ocho ordinarias? Simplemente, para no pagar el 50 % adicional que se debe pagar por esas horas extraordinarias. Simplemente, para ahorrarle al patrono, al empresarios, al inversionista, nacional o extranjeros, ese pago. Simplemente, equivale a aumentarle la ganancia y su riqueza a ese empresario, inversionista o patrono, y a la vez reducirle el salario o ingreso al trabajador, con las repercusiones que esto tiene al aguinaldo, que también se verá disminuido, y a la pensión futura que también se le disminuirá, más gravemente si también se aprueba la extensión de los años de retiro laboral, a los 70 años, como se quiere hacer en paralelo con esta reforma al régimen de la jornada de trabajo de 8 horas.

Lo que se quiere es llevar a la población del país a situaciones de pauperización cada vez más agudas, con menos capacidad de consumo, por falta de ingresos o salario débiles y bajos. Es provocar mayor desempleo y trabajo informal. Es provocar una mano de obra más barata, en amplia lucha de clases y sectores de clase, pujando por emplearse al más bajo salario. Es el empobrecimiento general del país lo que se impulsa con este proyecto de la ley esclavista que quieren imponer los diputados chavistas del gobierno, los de Fabricio Alvarado y su partido Nueva República, los de la Unidad Social Cristiana, algunos de Liberación Nacional en comparsa con otros independientes.

Valientemente están impulsando este Proyecto de Ley esclavista en un año electoral. Ya veremos con qué canto de sirena lo harán y engatusarán a los ciudadanos con este proyecto de ley de las 12 horas de trabajo diario, pagadas a menor valor o precio.

Como la jornada de 12 horas existe constitucional y legalmente en Costa Rica, pagando extras, no hay necesidad de imponer una jornada que no reconozca este pago extra.

Compartido con SURCOS por el autor.

UNDECA denuncia graves riesgos en implementación del sistema ERP

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Comunicado

UNDECA denunció ante Contraloría graves riesgos en implementación del sistema ERP y riesgos ya materializados en la CCSS

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) comunica a la ciudadanía y los trabajadores que ha presentado una denuncia formal ante la Contraloría General de la República (CGR) sobre la grave situación que enfrenta la Caja respecto a la implementación del sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP).

Este es un tema que hemos venido denunciado, y hoy, con la presentación formal de la denuncia ante la Contraloría, hicimos una serie de advertencias sobre el impacto que tendría su puesta en marcha y los riesgos que ya han sido materializados.

En primer lugar, se daría una serie de fallos en las interfaces críticas, en la interoperabilidad de sistemas de farmacias, almacenamiento y pagos a trabajadores (SIFA y SIGES), afectando el control de inventario, cuentas por pagar y procesos contables, sin certificación funcional plena. exponiendo a la Caja a un posible desabastecimiento clínico.

“Habría riesgo de desabastecimiento y discontinuidad en servicios esenciales por incumplimiento de más del 70% de los componentes previstos para la operación logística, así como la ausencia de normas actualizadas y procedimientos funcionales, esenciales para operar el ERP conforme a las mejores prácticas y principios de control interno”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Otro de los riesgos sería la pérdida de trazabilidad en procesos clave de recursos humanos (SIPE), que incluye el pago de salarios, embargos, pensiones, extremos laborales y otros.

Asimismo, existe una enorme incertidumbre financiera y contable sobre el Fideicomiso CCSS/BCR, con riesgo de incumplimiento contractual, por falta de definición clara en el uso del ERP para registrar, liquidar y clasificar pagos y ganancias.

Desde ya se han presentado retrasos graves en la migración de datos y pruebas funcionales, con advertencias directas de la Auditoría Interna, la Gerencia Financiera y consultores como PWC., y advertencias de una salida en vivo fracasada; sumado a una deficiente capacitación y una normativa desactualizada, lo que compromete la correcta operación del nuevo sistema.

Hay una ausencia de gobernanza clara, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos como PWC; aunado a cargas incompletas e inconsistentes de datos, con interfaces sin certificar, ni probar, afectando la fiabilidad del sistema desde el inicio.

Y aún más grave, es que se han dado fuertes presiones a los funcionarios para implementar el sistema «a cualquier costo», lo que podría poner en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.

“UNDECA solicitó a la CGR que ejerza su autoridad fiscalizadora para proteger los intereses y los recursos públicos y que los servicios esenciales no se vean comprometidos por una implementación deficiente, sin las condiciones mínimas garantizadas”, añadió Chavarría.

Silencio por Gaza – 30 minutos de silencio digital

Escrito en . Publicado en Derechos.

En mayo comenzó la primera acción digital coordinada del movimiento MTG. es una ola que va creciendo.

Porque se puede hacer algo: Una pausa digital diaria de 30 minutos, por la noche, de 21:00 a 21:30 (hora local de cada país).

Durante este «descanso», no nos conectamos a redes sociales, ni mensajes ni comentarios. Teléfonos y ordenadores apagados.

Este gesto colectivo creará una fuerte señal digital en los algoritmos y mostrará nuestra solidaridad con Gaza.

El concepto:

Todos los días, exactamente a la misma hora, millones de usuarios de todo el mundo se desconectan completamente de las redes sociales durante 30 minutos. Sin publicaciones, sin «me gusta», sin comentarios, sin abrir aplicaciones. Silencio digital total.

Es un acto de resistencia, una protesta digital planetaria.

La indignación de tantos ciudadanos ante una injusticia masiva. Porque se puede hacer algo: simple y efectivo.

Solo recordar a las 21 horas: silencio digital. (Programa el reloj de tu móvil: aviso a las 21hrs.)

Explicación técnica:

1– Impacto algorítmico

Las redes sociales funcionan gracias a la acción constante de los usuarios. Nosotros hacemos andar el sistema. Una caída repentina y sincronizada de la actividad, aunque sea breve, puede:

a) Interrumpir los algoritmos de visibilidad

b) Influir en las estadísticas de tráfico en tiempo real

c) Enviar una señal técnica al servidor sobre una anomalía de comportamiento. Este gesto visibiliza la resistencia ciudadana a una injusticia que hasta ahora se ha alimentado con nuestra pasividad.

2- Impacto simbólico

En un mundo hiperconectado, el silencio digital es un acto visible.

Crea un claro contraste entre el ruido de las redes sociales y el silencio impuesto en Gaza.

Es un momento de recogimiento colectivo.

3- Impacto social

Si la acción es masiva, los líderes verán que los ciudadanos rechazan el crimen de Gaza y solo entonces actuarán.

Pretendemos crear una “ola progresiva” que avance a través/alrededor del planeta.

Recuerda a las 21 horas: ¡Silencio digital! (programa tu reloj)

Partido Vanguardia Popular protesta contra la intimidación al SITRAA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Partido Vanguardia Popular dirigió una carta al señor Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA). El documento inicia expresando su preocupación ante los mecanismos de intimidación que se han instalado en la administración de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Asegura que dichas acciones, impulsadas por figuras como María Alejandra Mora Segura, Álvaro Sibaja Collado y Salvador Orozco, han generado una atmósfera de autoritarismo frente al ejercicio del sindicalismo. Entre los argumentos que menciona el partido se encuentra la denuncia de la criminalización del libre ejercicio del sindicalismo.

Se menciona que estas prácticas encontradas en la institución no solo constituyen una violación directa a los derechos humanos, sino que además se presenta como el resultado de discursos de odio y violencia desde las autoridades institucionales. Así, la carta pone en evidencia una situación de alerta en cuanto a la transgresión de compromisos internacionales, como los Convenios de la OIT ratificados por el estado. El Partido Vanguardia Popular, condena con firmeza las actitudes antidemocráticas que se han evidenciado. La carta señala que las prácticas de abuso e intimidación buscan desmantelar el derecho a la libertad de reunión, un pilar esencial del movimiento sindical en Costa Rica. Este ataque sistemático se presenta como una amenaza a la integridad del sindicalismo.

En un gesto de solidaridad, el documento reafirma el compromiso del partido de apoyar al SITRAA en todo el ámbito jurídico. Esta postura refuerza la idea de que la justicia y el respeto a los derechos fundamentales deben prevalecer en cualquier institución. La carta destaca, de manera reiterada, el compromiso del Partido Vanguardia Popular en la defensa de los derechos sindicales.

Por último, la carta se convierte en un llamado a la acción frente a prácticas antidemocráticas que amenazan los derechos laborales y humanos en Costa Rica. Al denunciar mecanismos de intimidación y criminalización del sindicalismo, el documento invita a la reflexión sobre el estado de la democracia y la necesidad de reforzar la libertad de reunión y la justicia.

UNDECA alerta sobre desabastecimiento y riesgos en la implementación de un nuevo sistema en CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) continúa monitoreando la problemática persistente del desabastecimiento de medicamentos en distintas farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta situación pone en evidencia una situación crítica que afecta tanto a los usuarios como a la eficiencia del sistema de salud.

En el marco de este seguimiento, en una reunión el pasado martes 27 de mayo, la organización sindical se dirigió a los jerarcas de la institución señalándoles una serie de advertencias y prevenciones. Los argumentos se centran en los riesgos inherentes a la implementación del nuevo sistema de planificación de recursos empresariales y mantener las condiciones actuales. Se enfatizó que realizar este cambio sin ajustar los criterios técnicos y sin tomar en cuenta las condiciones específicas podría agravar aún más la situación.

Las advertencias fueron dirigidas principalmente a la gerencia médica y a la presidencia ejecutiva de la institución, demostrando que existe una preocupación generalizada que busca evitar la adopción de este sistema, al generar problemas adicionales en la cadena de suministro y en la gestión interna.

Además, se hizo un llamado al personal de las farmacias y a la ciudadanía en general, a mantenerse alerta ante los posibles problemas y afectaciones directas que podría causar la implementación del sistema, en tanto se desatienden los criterios técnicos y los riesgos señalados por los órganos especializados de la institución.

Por último, UNDECA reitera su compromiso de trabajar de manera constante para evitar que la crisis en el suministro de medicamentos impacte en los servicios de la institución y en la salud de la población usuaria, subrayando la importancia de una implementación cuidadosa y respaldada por análisis técnico riguroso que garantice la eficiencia y seguridad en la atención médica.

Contraloría encuentra inconsistencias en metas indicadas por el Gobierno

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Contraloría General de la República (CGR) revela los resultados encontrados sobre la evaluación de la calidad de la información presentada sobre el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), y vinculadas al Presupuesto de la República 2024. Este informe es parte del ejercicio de las labores ordinarias de fiscalización de la institución, así mismo se presenta en el marco para asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.

El análisis sobre la calidad de la información reportada es un aspecto fundamental, ya que permite fortalecer tanto la gestión pública como el control institucional. Al disponer de datos precisos y bien documentados permite a la ciudadanía y a los entes responsables realizar un seguimiento efectivo del desarrollo nacional, promoviendo así un ambiente de mayor confianza a los procesos de toma de decisión públicas y responsabilidad gubernamental.

La CGR estudió 18 metas, de las cuales 8 presentaron incumplimientos significativos. Estas metas se enfocan en sectores estratégicos como salud, educación, bienestar y medio ambiente, evidenciando la necesidad de robustecer los mecanismos de registro y verificación para garantizar una representación fiel del avance de las intervenciones públicas.

En el sector salud, el informe destaca inconsistencias alarmantes. Se encontró que la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), excluyó a 9,339 personas, en lista de espera para cirugía ambulatoria, en el proceso de estimación del indicador “plazo promedio de días de espera”. Está acción compromete la veracidad de los datos esenciales para evaluar la eficiencia en la atención médica. Igualmente se encontraron deficiencias en el desarrollo del proyecto del nuevo hospital en Limón.

En el ámbito educativo, se identificaron errores en el registro de egresados en programas de formación. Tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se duplicaron la cifra de egresados en los programas de formación en inglés, en tecnologías de información y en turismo, generando una sobreestimación que pone en entredicho la metodología empleada para contabilizar estos logros.

El sector de bienestar también mostró fallas en la información reportada. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizó 13,504 beneficiarios más en la meta relacionada con la atención a familias, lo que revela deficiencias en los procesos de registro y una posible distorsión en la medición de los beneficios socialmente otorgados.

En cuanto al sector ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó irregularidades en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico. La institución no presentó evidencia sobre cumplimiento de las estrategias de Nimboyores y Tiribí. Esta omisión afecta la evaluación del avance en la conservación de este recurso vital, subrayando la importancia de contar con datos precisos para gestionar adecuadamente las políticas ambientales.

Otro hallazgo relevante se relaciona con la educación, específicamente a la meta asociada con la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El informe indica que, ante MIDEPLAN, el MEP reportó un avance del 0% en esta meta, lo que sugiere una falta de progreso en una iniciativa educativa crucial orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

El informe de la CGR pone de manifiesto serias inconsistencias en los registros, deficiencias metodológicas y ausencia de la documentación necesaria para una correcta rendición de cuentas del PNDIP. Estas deficiencias no solo debilitan la fiabilidad de la información, sino que además complican la toma de decisiones públicas y el seguimiento del desarrollo nacional.

Para obtener más información sobre los hallazgos encontrados, se puede acceder al siguiente enlace DFOE FIP IAC-00001-2025

1° Encuentro Agroecológico Sur-Sur

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El 1er Encuentro Agroecológico del Sur- Sur se presenta como un espacio para fomentar la colaboración entre los distintos representantes del sector del agro en la zona. El evento se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Nacional en Pérez Zeledón, el próximo 5 de junio a partir de las 9 a.m, coincidiendo con el Día Mundial del Ambiente. Esta celebración representa un llamado a trabajar en armonía con la naturaleza, promoviendo prácticas libres de agroquímicos y fortaleciendo los lazos entre productores y consumidores locales.

Durante el encuentro se han planificado diversas actividades que incluyen charlas, talleres y conversatorios. Estos espacios de diálogo permitirán a los participantes intercambiar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas agroecológicas, manejo de cultivos, control natural de plagas y otras prácticas esenciales para una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Las sesiones están diseñadas para inspirar a los asistentes a adoptar métodos sostenibles y a contribuir activamente al cuidado de nuestro entorno.

Entre las actividades se encuentra la Feria Agroecológica, un espacio en el que se exhibirán y comercializarán productos agroecológicos de alta calidad, fomentando a la vez las cadenas cortas de comercialización y los mercados locales. Los productores tendrán la oportunidad de mostrar sus productos y establecer vínculos directos con la comunidad, fortaleciendo la economía local y promoviendo el consumo responsable y saludable.

Asimismo, se llevará a cabo un intercambio de semillas, actividad que invita a los participantes a compartir variedades y conocimientos sobre cultivos adaptados a las condiciones locales. Además del encuentro, por medio de los talleres y conferencias se fomenta la interacción que facilitarán el intercambio de experiencias y la construcción de una red colaborativa en pro de la agroecología.

El encuentro se encuentra organizado por las organizaciones ambientalistas Montaña Verde, Red de agroecología Costa Rica y la Universidad Nacional. Para más información se puede contactar al correo electrónico aamontanaverde@gmail.com, al teléfono 86823299 o bien las redes sociales de las organizaciones involucradas.

Colegio de Profesionales en Sociología presenta el informe sobre la situación de los pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

El informe destaca la existencia de una realidad que muestra la situación como un retrato de injusticia y racismo. En este sentido se señala que la democracia costarricense no aplica a los pueblos indígenas, pues hay un entramado institucional que opera para mantener la colonialidad. Esa situación lleva a que se den recuperaciones de hecho como única posibilidad ante las evasivas institucionales, pues la usurpación de tierras-territorios indígenas es histórica y constante.

La Comisión de análisis de la situación nacional e internacional del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR) presentó este Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica en el período reciente 2022-2023.

La actividad se realizó este martes 3 de junio. En el documento se expresa la preocupación por las irregularidades encontradas en Costa Rica: hechos de violencia y amenazas contra la vida de personas indígenas dentro y fuera de sus territorios.

Después de que una comisión especial del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica analizara la situación vivida por los pueblos indígenas en Costa Rica durante los últimos diez años, encontró que persiste la violación de sus derechos. Situación que se explica por la falta de voluntad política, la escasez de recursos humanos y económicos asignados a las instituciones públicas responsables, y mecanismos operativos lentos e ineficaces.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas ha sido vulnerado, pese a ser formalmente reconocido dentro del ordenamiento jurídico como un Mecanismo de Consulta. Los estudios evidencian la persistencia de una visión colonial y racista por parte de ciertos funcionarios de instituciones públicas y tribunales justicia. A esto se suman los intereses económicos de finqueros no indígenas que acuden al manejo político y a la judicialización del conflicto para evadir los desalojos o retrasarlos. La Ley N.° 6172 emitida en 1977 es clara al afirmar: los “territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y de propiedad exclusiva de las comunidades indígenas que las habitan”. Además, esa ley previó los recursos necesarios para pagar las indemnizaciones y expropiaciones a las personas no indígenas de “buena fe”.

El propio Estado costarricense está interesado en el aprovechamiento de los recursos naturales de esos territorios, como lo demuestran los proyectos de generación hidroeléctrica.

Además, se evidenció que el país carece de programas de educación continua y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, administradores de justicia, y a la ciudadanía en general en relación con los derechos de la población indígena, su cosmovisión, cultura y organización social.

A pesar de que la regulación del territorio indígena está contemplada en la legislación vigente, los poderes del Estado y las instituciones públicas carecen de las herramientas operativas y ejecutivas necesarias para realizar las acciones que garanticen su cumplimiento. Esto explica que los procesos sean lentos, inconsistentes e irregulares, y que no se disponga de los recursos previstos para hacer los desalojos y actuar con eficiencia y eficacia.

Estudios consultados muestran que la población indígena en Costa Rica representa alrededor de un 2.4 % de la población costarricense (104.143 personas) y tiene derecho a un 6.5 % del territorio nacional; pero, después de 48 años de haberse emitido la Ley indígena, alrededor de la mitad de los territorios asignados siguen en manos de personas no indígenas (Mackay y Morales, 2014, p.14). Oficialmente se reconoce la existencia de ocho pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios indígenas; bribri, cabécar, maleku, huetar, brunca, ngöbe, chorotega y teribe.

La Comisión priorizó el análisis de la situación que viven los pueblos indígenas porque se han agudizado los conflictos territoriales en los últimos años; además, son objeto de una exclusión generalizada, y la mayoría de los costarricenses desconoce su problemática y el impacto socioambiental generado por intervenciones irregulares en sus territorios.

Recomendaciones

La Comisión del Colegio de Profesionales en Sociología considera urgente:

  • Solicitar a las instituciones públicas responsables la creación de mecanismos que garanticen la protección de las personas y las comunidades amenazadas.

  • Investigar, sancionar y juzgar con mayor oportunidad, eficiencia y eficacia a las personas responsables de hechos violentos o de cometer actos contra la vida de líderes indígenas.

  • Proponer a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología que elabore una estrategia tendiente a promover acciones en defensa del derecho al territorio de los pueblos originarios en el mediano y largo plazo.

  • Recomendar a las instituciones educativas del Estado que incorporen y fortalezcan los contenidos curriculares sobre los derechos y la cosmovisión indígena en sus planes de estudio, la participación de docentes e investigadores indígenas en sus proyectos y la definición y aplicación de variables e indicadores de excelencia en el ejercicio de las profesiones, desde una perspectiva plural e intercultural que considere la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.

  • Propiciar, con base en una postura profesional y sociológica crítica, que la sociedad costarricense asuma y reconozca las diferencias étnicas y la diversidad cultural como parte constitutiva de la identidad nacional y el deber de la ciudadanía, con el fin de dotar de un contenido real a la práctica democrática del país, especialmente, cuando se trata de pueblos a los que históricamente se les han vulnerado sus derechos.

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Puede ver la exposición en el canal de YouTube del Colegio de Profesionales en Sociología: