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Autor: María José Ferlini Cartín

Recope en la mira, otra vez

Freddy Pacheco León

Pueden, deben, los jerarcas de RECOPE, tener siempre presente (¡ojalá en la sala de juntas y en la presidencia ejecutiva), mensajes con las tareas vitales que han de marcar su día a día. Entre ellas, no olvidar que el abastecimiento de todos los combustibles, ha de ser seguro, continuo, eficiente, en todo el país, sin excepción. Y, que la calidad de ellos ha de ser inmejorable, y con los mejores precios, como lo ha venido haciendo RECOPE, empresa estatal sin fines de lucro, de manera ordinaria.

Costa Rica, ha reafirmado en su estrategia para el desarrollo sostenible, que la seguridad energética, es fundamental para la estabilidad económica, el bienestar social y el cumplimiento sostenido, de derechos fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad, el transporte en todas sus formas, la producción industrial, la agricultura. En fin, para el desarrollo como un todo.

Al ser RECOPE, una sociedad anónima estatal, cuyas acciones son resguardadas por sus accionistas (el Consejo de Gobierno), reconocida como la empresa más grande y determinante del istmo centroamericano, que, entre otras cosas, colecta eficientemente para el Estado, tributos reunidos en el llamado “impuesto a los combustibles”, solo superado por la renta y el valor agregado, es fundamental que no se le contamine, con intereses empresariales privados, lucrativos, por definición.

Las propuestas de vender, el 100 % u otro porcentaje de sus acciones, o, las de ubicar su administración en el Ministerio de Ambiente, para, desde allí, alquilar su muy costosa y especializada infraestructura (muelle petrolero, tanques de almacenamiento, cientos de kilómetros de poliductos, estaciones de distribución mayorista, camiones cisternas…), como lo propusieran los exdiputados Otto Guevara y su compañera Natalia Díaz (Proyecto N° 17.888), con el pretexto de «abrir RECOPE«, a la competencia, alegando que era una empresa ineficiente, no soportó el examen público; era, sin duda, una pésima idea. Y lo sigue siendo, porque además de encarecer, inevitablemente, los combustibles, pondría en riesgo, la citada seguridad energética, que tanto hemos de valorar. O ideas sin sentido, como la «promesa» de campaña electoral de Eli Feinzaig, de convertir RECOPE, «en una pequeña oficina«.

El más reciente ataque, tiene que ver con la “movida” sospechosa del Poder Ejecutivo, quien pese a conocer el perfil ideológico, del economista Daniel Suchar, se le incorpora a su junta directiva, pese a ser un entusiasta privatizador, sin experiencia, además, en la función pública costarricense. Preocupante acto de Casa Presidencial, pues, ante el uso profuso, y enérgico, de la palabra oral, que le conocemos al amigo, podría suceder que lograre convencer al cuerpo colegiado, de la supuesta bondad de sus palabras, de sus “brillantes ideas”, y los pusiere a cavilar acerca, de las supuestas ventajas que tendría una «apertura» de RECOPE, de cara a la campaña electoral que ya se ha iniciado, donde, en algunos sectores de la ciudadanía, las propuestas demagógicas, populistas, divulgadas por Casa Presidencial, les sirven de alimento cotidiano.

Privatizar la seguridad, despojar lo humano: una lectura política de Robocop

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Es lo mejor de dos mundos. Los reflejos más rápidos, memoria de computadora y toda una vida de datos policiales de la calle. Es todo un placer presentarles a Robocop.
Robocop (1987)

La película de ciencia ficción Robocop, estrenada en 1987, nos invita a cuestionar premisas incómodas sobre la política de seguridad en cualquier sociedad: ¿es posible abandonar un enfoque de derechos para priorizar una “mano dura” que reprima y aísle a quienes rompen las reglas? ¿Qué aspectos deberíamos considerar para repensar las políticas de seguridad actuales, como las que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves en Costa Rica?

No es casual hablar de “política de (in)seguridad”. Este término señala una contradicción central: políticas que, en nombre de la seguridad, terminan desprotegiendo a buena parte de la población y vulnerando derechos fundamentales. No se trata de que falte seguridad, sino de una seguridad selectiva, excluyente y que beneficia al poder.

La historia de Robocop nos traslada a un futuro cercano, alrededor del año 2028, en una Detroit al borde del colapso social y financiero. Abrumada por el crimen y la falta de recursos, la ciudad entrega a la corporación Omni Consumer Products (OCP) el control de la policía. OCP busca reemplazar a los policías humanos por soluciones más eficientes y baratas. Su primer intento, el robot ED-209, fracasa de manera trágica al matar a un ejecutivo durante una demostración. Aprovechando el error, Bob Morton, un ambicioso ejecutivo, lanza su propio proyecto: Robocop.

El oficial Alex Murphy es asignado a una nueva comisaría y, junto con su compañera Anne Lewis, persigue a una banda criminal liderada por Clarence Boddicker. Durante una emboscada, Murphy es brutalmente asesinado. Su cuerpo es usado por OCP para crear a Robocop, un cyborg programado con tres directrices: servir al interés público, proteger a los inocentes y hacer cumplir la ley. Sin embargo, hay una cuarta directriz secreta que le prohíbe actuar contra los altos ejecutivos de OCP, dejando en evidencia una estructura de impunidad.

Al principio, Robocop actúa como una máquina eficiente, sin recuerdos ni emociones humanas. Pero poco a poco, fragmentos de la memoria de Murphy emergen, llevándolo a cuestionar su identidad y rebelarse contra quienes lo controlan. Este proceso simboliza la recuperación de la conciencia y la resistencia ante un sistema que despoja a las personas de su humanidad en nombre de la eficiencia y el control.

Hoy, en Costa Rica, vemos lógicas similares. La propuesta de construir una megacárcel —como la que anunció el presidente Chaves en febrero de 2024 para una zona aún no definida, con capacidad para miles de personas privadas de libertad— apunta a una respuesta basada en la expansión del castigo, en lugar de atender las causas sociales que alimentan la criminalidad. Mientras tanto, las políticas sociales quedan subordinadas a enfoques asistencialistas o al discurso de que cada persona debe “emprender” y resolver su situación por sí misma, frente al abandono del Estado.

Esta visión ignora a las personas como sujetos de derechos y desatiende las vivencias que explican por qué se descompone el tejido social. En su lugar, se glorifican las estadísticas de represión como si fueran logros. Pero este tipo de políticas va erosionando la vida en común, y abren la puerta a aplicar “estados de excepción” —es decir, situaciones donde las autoridades pueden suspender derechos o aplicar medidas extraordinarias— contra cualquier persona que el poder considere prescindible.

Así, la seguridad deja de ser un derecho y se convierte en una herramienta para disciplinar. No solo busca disuadir delitos, sino inducir obediencia mediante el miedo y la fuerza física. Se normaliza el despojo de derechos en nombre del orden. La gran pregunta es: ¿cuál es el costo moral y social de esta deriva?

El daño más profundo es la pérdida de la experiencia humana como base de la política. Cuando dejamos de comprender, dialogar y construir soluciones colectivas, debilitamos también la capacidad de transformar las causas de la inseguridad, la desconfianza o la indiferencia.

La caída de esta “utopía” tecnológica en Robocop ocurre cuando el propio protagonista, recuperando la conciencia de Murphy, decide actuar contra el sistema. Comprende las contradicciones que genera una seguridad privatizada y solo, a través de su humanidad, puede imaginar otra forma de proteger. Una seguridad que devuelve al ser humano su lugar en las decisiones y cuestiona el privilegio en una sociedad privatizada.

La pregunta que nos deja esta historia no solo apunta al futuro, sino al presente: ¿qué tipo de seguridad estamos construyendo hoy? ¿Queremos una seguridad que administre el miedo o una que fortalezca la vida común desde la justicia, la memoria y el derecho a existir plenamente?

Si aspiramos a una sociedad más justa y segura, no basta con más policías o más cárceles. Necesitamos políticas que partan de la dignidad humana, que atiendan las causas profundas y que, como Robocop al recuperar su conciencia, se atrevan a romper con las lógicas que despojan lo humano en nombre del control.

Segundo partido político solicita a Agenda Viva dialogar ante una posible coalición nacional

Comunicado

  • Nota fue enviada por el Comisión Nacional de Renovación de Estructuras y Articulación de Alianzas del partido.

  • Esta se convierte en la segunda organización política en mostrar interés abierto en suscribir la Agenda.

Abril, 2025. El llamado hecho por Agenda Viva a reconstruir Costa Rica continúa convocando a organizaciones políticas. El Partido Centro Democrático y Social (CDS) remitió una nota formal solicitando audiencia para conocer a fondo el proceso de construcción de la agenda y explorar su incorporación a una coalición nacional. Este viene refrendado por Ana Masis Ortiz, Kattia Cambronero Aguiluz, Urania Chaves Murillo y Cesar López Dávila, miembros de la Comisión Nacional de Renovación de Estructuras y Articulación de Alianzas de dicho partido.

La solicitud reconoce que el esfuerzo ciudadano impulsado por el movimiento constituye una contribución valiosa y sin precedentes, para la construcción de una coalición nacional, plural, diversa e incluyente; en un momento en que el país exige un nuevo pacto colectivo. Por lo que este proceso ofrece una base sólida sustentada en propuestas concretas, liderazgos comprometidos y una visión compartida de futuro para Costa Rica.

EL CDS se convierte en la segunda organización política que se sentaría a dialogar con Agenda Viva, el primero fue el partido Frente Amplio. El Comité de Enlace de Agenda Viva, siguiendo sus procesos internos, trasladó la solicitud a la Comisión Coordinadora para definir una fecha de reunión.

“Que más organizaciones políticas se sumen al llamado que hicimos es una señal positiva. En Agenda Viva creemos que las transformaciones se construyen con diálogo, con visión de país y con voluntad de poner las propuestas ciudadanas al centro. Cuando presentamos la Agenda, hicimos un llamado claro y contundente y esperamos que los partidos sepan reconocer el momento histórico que enfrenta el país, mencionó Emilio Arias, de la coordinación de Agenda Viva.

El colectivo estableció tres condiciones para participar en un proceso de construcción hacia una coalición: que existan al menos dos partidos políticos en la mesa de diálogo, que la agenda ciudadana sea el centro de la propuesta programática y que las organizaciones no tengan candidaturas predefinidas, permitiendo así un proceso abierto, participativo y transparente.

Agenda Viva es un colectivo que reúne personas de diferentes áreas —derecho, medio ambiente, ingeniería, salud, administración, ciencias políticas, comunicación, docencia, economía—, así como organizaciones y sectores sociales sin colores partidarios. Aspira a convertirse en una plataforma común para las voces que promueven el diálogo, la inclusión y el desarrollo justo y equitativo del país.

Nueve llamados. Si bien, Agenda Viva, es un documento que almacena más de 200 propuestas, el movimiento social enumeró 9 consignas que son los temas prioritarios que necesita abordar el país en este momento:

  1. La inseguridad ciudadana, la corrupción, el narcotráfico y las distintas formas de violencia, en especial contra las mujeres, están fuera de control, es necesario declararlo una emergencia de atención inmediata.

  2. La educación atraviesa una crisis sin precedentes. Es necesario declararla emergencia nacional para su atención y construir una política educativa de estado y a largo plazo.

  3. El sistema de salud está en estado crítico, debemos garantizar acceso oportuno a los servicios de salud, calidad en la atención, en los medicamentos, en los insumos críticos, la infraestructura local y nacional, así como condiciones dignas para la población trabajadora del sistema.

  4. Todas las personas tenemos derecho a una pensión justa y digna. Nos oponemos al aumento de la edad de jubilación. Creemos en una pensión básica universal para todas las personas adultas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. El estado debe pagar sus deudas y es necesario concertar acciones urgentes para fortalecer el sistema nacional de pensiones.

  5. Debemos proteger nuestros recursos naturales y la marca país. Rechazamos la minería a cielo abierto, así como la explotación petrolera y de gas natural. Nos comprometemos con la conservación de humedales, la vida silvestre y el uso responsable de la energía, asegurando su beneficio para todos. Que la conservación ambiental siga distinguiendo a Costa Rica.

  6. El agua potable es un derecho y no un privilegio. Es imperativo asegurar agua potable para todos y todas en la ciudad y en las zonas rurales.

  7. Vivimos una crisis de movilidad sin precedentes, la planificación del transporte público está frenada. Es urgente apostar por la movilidad sostenible, inclusiva y segura. La electrificación del transporte público, la descarbonización y por los principales proyectos de infraestructura en carreteras, puertos y aeropuertos.

  8. Para hacer las grandes transformaciones debemos concertar una reforma tributaria verdaderamente progresiva, donde quien más tiene más pague, redefinir las prioridades de inversión, cobrar de manera eficiente los impuestos, renegociar la deuda pública y atacar frontalmente la evasión y la elusión.

  9. Debemos proteger sin distinción a niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas en situación de discapacidad, personas mayores, entre otros, especialmente aquellas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Las propuestas completas pueden consultarse en www.agendaviva.cr

Centro Democrático y Social renueva estructuras y acepta propuesta de Agenda Viva

Comunicado

  • El CDS reconoce el aporte del colectivo Agenda Viva y propone que sus propuestas se conviertan en la base propositiva de una Coalición.

  • La agrupación humanista de centro ha solicitado audiencia formal al equipo coordinador de Agenda Viva.

El Partido Centro Democrático y Social (CDS) reconoce hoy más que nunca la necesidad de construir una coalición de partidos, colectivos sociales y liderazgos independientes que se convierta en la mejor alternativa de cara a las elecciones del 2026. Actualmente, la agrupación se encuentra en la fase final de su proceso de renovación de estructuras y, en ese contexto, ha solicitado una audiencia formal al colectivo Agenda Viva para adherir su agenda mínima y, a la vez, invitarle a ser parte de un esfuerzo de coalición.

El encuentro permitirá conocer a profundidad la metodología que dio origen a más de 200 propuestas y escuchar la ruta planteada por el colectivo hacia la construcción de alianzas. El CDS considera que este esfuerzo ciudadano representa una contribución valiosa para la configuración de una coalición de nuevo tipo: nacional, plural, diversa e incluyente; así como un proceso inédito surgido desde la sociedad civil.

Como país debemos apostar por más y mejor democracia. Debemos dejar de ser espectadores y, por el contrario, sumar en equipo. De ahí la participación del Centro Democrático y Social en un momento histórico para Costa Rica de cara a los comicios del 2026. Agenda Viva, sin duda, es un esfuerzo ciudadano que respetamos y valoramos, y por ello queremos que se sume en este gran proyecto de coalición”, mencionó la diputada independiente de la actual legislatura, Kattia Cambronero Aguiluz.

La seguridad, la educación, la salud, la empleabilidad y la protección del medio ambiente figuran entre las mayores preocupaciones que aquejan a la población costarricense. A ello se suman los acelerados índices de corrupción y la penetración del narcotráfico, factores que coinciden con las razones por las cuales el CDS decidió reactivar su agrupación política.

Asimismo, identifican la necesidad urgente de modernizar el Estado, en procura de fortalecer la institucionalidad pública y su visión de inclusión social, garantizando a la vez que los servicios públicos sean prestados con calidad y eficiencia.

El actual momento histórico requiere buscar puntos de encuentro para enfrentar el peligro de perder las conquistas sociales que han hecho de Costa Rica un país vivible. Pero, a la vez, el contexto social al cual han llevado al país el presente y los anteriores gobiernos demanda nuevos logros que mejoren las condiciones de vida y las oportunidades de una gran cantidad de compatriotas —especialmente aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad—. Para ello debemos construir bajo la tradición de diálogo que edificó nuestro país”, aseveró César López Dávila, de la Comisión de Renovación de Estructuras y Articulación de Alianzas.

El CDS, creé firmemente que el país requiere un nuevo pacto colectivo, sustentado en propuestas concretas, liderazgos comprometidos y una visión compartida de futuro. En este sentido, la convocatoria hecha por Agenda Viva, y sus más de 200 propuestas, a favor de un programa mínimo común, que “reconstruya Costa Rica”; es una oportunidad que merece ser escuchada y fortalecida.

A pesar de ser un partido debidamente inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el CDS ha renunciado a convertirse en un partido taxi o franquicia para llevar candidaturas sin un proyecto político serio y coherente con sus ideales, razón por la cual no participó en las elecciones de 2014, 2018 ni 2022.

Fundado en 2012 como un partido humanista de centro, el CDS se ha caracterizado por su compromiso con la ética, la transparencia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. En congruencia con estos principios, y ante los desafíos actuales del país en materia de seguridad, empleo, educación, salud, medio ambiente y derechos humanos, reitera su disposición de sumarse a espacios de diálogo serio, abierto y respetuoso con sectores sociales, colectivos ciudadanos y otras agrupaciones políticas.

Reactivar nuestro partido no es una casualidad, es un acto de responsabilidad con el presente y el futuro de Costa Rica. Hoy más que nunca, necesitamos unir fuerzas con quienes comparten nuestros principios”, afirmó la miembro fundadora del CDS, Urania Chaves Murillo.

De esta forma, el CDS reafirma su voluntad de contribuir a la construcción de un proyecto político sólido, participativo y transformador, que devuelva la esperanza a las y los costarricenses.

La globalización y la izquierda perdida: El giro inesperado de la rebeldía

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Durante gran parte del siglo XX, el internacionalismo fue uno de los ideales más nobles del pensamiento marxista. La utopía de una humanidad obrera solidaria, sin fronteras ni explotadores, luchando por la emancipación común, inspiró revoluciones, guerrillas, movimientos sociales y sindicales en todo el mundo. Sin embargo, la historia tiene sus ironías brutales: fue el capitalismo quien logró materializar un tipo de “internacionalismo”, pero completamente desvirtuado de su espíritu original. No unió a los trabajadores del mundo; unió al capital.

Este proceso, que tomó fuerza con el avance neoliberal en los años ochenta y noventa, fue bautizado como globalización. En su núcleo no había una humanidad compartida, sino una élite desarraigada que fluía sin obstáculos por el mundo: sin nación, sin dios, sin comunidad, sin límites. El capital se hizo verdaderamente libre, mientras los trabajadores se quedaron más atados que nunca. Para las élites globalistas, la patria dejó de tener sentido; para los trabajadores del mundo, la patria fue lo único que les quedó.

La globalización cosmopolita impuso un modelo cultural y económico único que se identificó con un orden mundial unipolar dirigido desde Washington y Londres. Lo hizo con un lenguaje seductor: “libertad”, “diversidad”, “progreso”. Pero esa libertad no era para todos. Era la libertad del capital para devorar el mundo, no la del obrero, el campesino e incluso la misma clase media, para conservar su dignidad. El liberalismo anglosajón, con su idea absolutista del individuo como entidad soberana, desgajada de toda comunidad, tradición o vínculo, se volvió dominante. Así, el individualismo no sólo reemplazó a la clase como sujeto político, sino que también vació de contenido a la nación, a la cultura y hasta a la espiritualidad.

Lo que Zygmunt Bauman llamó las consecuencias humanas de la globalización no fue más que el rastro de ruina y desarraigo que dejó ese nuevo (des)orden. Franz Hinkelammert, con mayor profundidad, denunció cómo ese huracán neoliberal se presentaba como progreso mientras aniquilaba toda resistencia real: familia, comunidad, religión, patria, incluso la propia realidad. El capitalismo no busca sólo dominar, sino disimular, desviar, negar.

En ese contexto, la izquierda se perdió. Se enamoró de los cantos de sirena del progresismo posmoderno, creyendo que abolir las fronteras, las naciones y los vínculos tradicionales era un gesto revolucionario. Abrazó un discurso anti-identitario que, en lugar de confrontar al capital, lo liberó de los pocos límites que aún tenía. En su afán de parecer moderna y correcta, la izquierda dejó de hablarle al pueblo real: el que trabaja, el que cree, el que pertenece.

Trató a ese pueblo como ignorante, retrógrado, discriminador. Le dio la espalda justo cuando más lo necesitaba. Y entonces ocurrió lo impensado: la rebeldía viró hacia la derecha. No hacia la derecha liberal del libre mercado, sino hacia una derecha conservadora, populista, incluso radical en algunos casos, que supo leer el malestar de los pueblos y apropiarse del relato de la defensa del arraigo, de la soberanía, de la identidad.

Una derecha que, paradójicamente, se ha comportado en muchos casos de forma más “marxista”, en el sentido de comprender la lucha de clases y oponerse al poder global del capital, que los autoproclamados marxistas del presente. Esta derecha, aunque llena de contradicciones internas (pues algunas de estas derechas siguen siendo fanáticas del mercado en lo económico y liberales en lo social), las hace hoy más cercanas a las masas que cualquier izquierda académica, elitista y desarraigada.

Esta es la gran paradoja de nuestra era: el capitalismo global hizo de la izquierda su aliada cultural, mientras la derecha recogió el hartazgo de los de abajo. Así, el espacio de la resistencia cambió de lugar. Pero este nuevo bloque conservador no ofrece un proyecto alternativo real: su retorno a la tradición muchas veces es superficial, y su crítica al capital no es estructural, como muchos deseáramos.

Por eso, si desde los pueblos se quiere disputar en serio el poder a esta derecha en ascenso, no se puede volver a la lógica liberal que ha dominado la izquierda posmoderna. No se puede seguir absolutizando al individuo por encima de la sociedad, negando los vínculos colectivos, las raíces culturales, las tradiciones, las espiritualidades, la nación. Esa lógica liberal-individualista es la verdadera aliada del capital global.

La verdadera emancipación y la construcción de un futuro justo no pueden construirse sin identidad, sin comunidad, sin soberanía, ni sin un profundo sentido de pertenencia que devuelva a los pueblos su lugar central en la historia. Sobre estos pilares se asienta la apuesta por un mundo multipolar, en el plano de las relaciones internacionales y el nuevo orden global. La disputa que se avecina ya no será entre izquierda y derecha, entre progresistas y conservadores, sino entre quienes defienden la vida con dignidad desde abajo, enraizados en sus pueblos, y quienes la convierten en mercancía, negociándola desde arriba en los fríos altares del mercado sin alma.

Programa de transición a la radicalización de la democracia

Esteban Beltrán Ulate
esbeltran@yandex.com

Volver la política a la comunidad misma, es el corazón de esta reflexión, no porque no sea así, sino porque se ha olvidado de ser así. La política es el cordón umbilical de la comunidad, la política es siempre un acto en relación, es el nacimiento mismo de la vida en sociedad. El vertiginoso sistema mundo en el que vivimos, nos lleva a modos de vivencia acelerados, donde las discusiones políticas resultan ser una tarea de seres de otra dimensión. El alejamiento de la discusión política se aplaca con la tradicional “chota”, “meme” y discusión tóxica avivada por media docena de falacias, entre las que destacará siempre la “falacia ad hominem”. No obstante, esta forma de referirse a la política como mero comentario despectivo, con aroma a despecho, no resuelve las problemáticas nacionales, y mucho menos las comunales.

La distancia entre la política de escritorio (aunque algunos digan que tiene un pie en la calle) y la vida en “comunidades” (lo planteo en plural, pues la diversidad es amplia y el error de homogenizar es factor desencadenante de la crisis actual), ha fomentado un caldo de cultivo que puede ser aprovechado (y ya es así) por algunos grupos con espíritu de exacerbación nacionalista, con el culto al caudillo, con la imagen del “hombre fuerte”, con el mito del “outsider” (el que critica el sistema político pero igual quiere estar dentro de él). En síntesis, la realidad de que algunas y algunos no se interesen en la política costarricense es toda una “bendición” para aquellos grupos que se reparten las cuotas de poder institucional, dispersas en diferentes estructuras del Estado costarricense.

Conversando con algunos grupos que se intentan configurar como alternativas políticas, emerge de vez en cuando la pregunta por la causas y consecuencias de la débil participación política permanente, a su vez, no deja de relucir la pregunta: ¿Qué hacer?… ¡Volver a la política comunal!, es en algunas ocasiones la respuesta común, pero ¿Cómo?, evadir estas preguntas es fomentar la ignorancia política, ignorancia necesaria para los grupos en el poder que aprovechan la maquinaria institucional para fomentar.Frente a esto, se desprenden múltiples acciones (no estoy descubriendo el agua tibia, estoy partiendo de las experiencias vividas y observadas), tales como la convocatoria a las comunidades para “escuchar” a “figuras políticas reconocidas”, convocar a causas comunes (agua, carretera, educación), sumarse a proyectos de articulación social (causas benéficas, de desarrollo comunal, deportivas y artísticas), y por supuesto no se puede descartar la práctica común de los partidos tradicionales (y los no tan tradicionales que ya están aprendiendo de los tradicionales) a llevar banderas, cimarrona a las comunidades tres meses antes de una elección. De lo anterior, quizás lo último suele ser lo más nocivo, y las demás al estar desarticuladas entre sí (o prefabricadas con algún fin electoral temporal), no tienen en la mayoría de los casos una sostenibilidad en el tiempo, que sea acompañada por un sustento teórico que ilumine la práctica (cabe destacar el rol de ciertos grupos religiosos y su variopinto fin en estas zonas abandonadas por la organización política civil).

No resolveré el problema de la construcción de la política comunal, ni daré el antídoto contra la desidia política, pero al menos considero oportuno aportar a la discusión la necesidad de la construcción de un programa de transición a la radicalización de la democracia, por medio de la articulación de acciones comunales, dentro de una red, de modo que no sean solo focos que se agoten, sino una red interdependiente que se alimente entre sí. Las palabras parecen fáciles, pero lo complejo es el método que inicie el proceso, la chispa que encienda requiere de uno o varios equipos de acción, que no necesariamente deben ser partidos políticos electorales (pueden ser asambleas populares, donde dos o más se reúnan en nombre de la justicia y el bien social bienvenido sea), pero con un alto nivel de conciencia y estudio que evite el surgimiento de egoísmo sectarios y/o caudillismos. En este sentido, la chispa debe estar dirigida por unos “comunes” mínimos, que permitan asumir un trabajo en red sin egocentrismo y con el cuidado de no convertirse en una granja de votos como suele suceder con algunos conglomerados en la historia reciente del país, (hablo de coaliciones y agendas taxi).

Frente a lo anterior, planteo la idea del Programa de transición a la radicalización de la democracia como una herramienta para la configuración de la acción colectiva, que debe tener como eje central el diálogo intercultural de las comunidades, romper con el mito de la ciudad, reventar las cadenas de la idea del “iguali-tico”; hay una diversidad a lo interno de cada comunidad que debe ser la fuente de la construcción del poder político orgánico, desde las diferencias la construcción de puntos de trabajo comunes, que a su vez sean parte de acciones locales y regionales, es una que nace de lo singular pero que se alimenta de lo plural y general. La única manera de no ceder al agotamiento de las fuerzas particulares radica en la articulación con otras fuerzas en similar condición, la interdependencia del poder, el “poder compartido”.

Las acciones no hay que buscarlas en libros, ni esperar a que el algoritmo nos lo ofrezca en la cara, fuente de la política comunitaria, que es la chispa que enciende el poder político orgánico, nace de los detalles de cada comunidad, debe ser un problema latente o una oportunidad que entusiasme, desde un problema vial, un conflicto por sonidos nocturnos, hasta la construcción de un parque urbano o una huerta comunitaria; este tipo de acciones debe considerar también el traslape generacional, para evitar crear islas etarias.

Las acciones de las y los comunes frente a los problemas y/o oportunidades deben recrear nuevas formas creativas y participativas para no ceder al juego burocrático del sistema que reduce la democracia al “conteo de votos”, esto significa que hay que estimular nuevas formas de participación democrática para la toma de decisiones. En este sentido, el diálogo intercultural e intercomunitario ha de ser un escenario que no debe obviarse.

Un programa de transición a la radicalización de la democracia es una herramienta gestada desde múltiples voces, para ofrecer insumos en miras a construir el poder desde las comunidades en lugar de esperar ganarlo como si fuera un trofeo, un premio de lotería, o un intercambio con objetivos de favorecer a grupos de poder económico. Con construir el poder me refiero a transformar desde la base orgánica comunitaria las relaciones que conforman el poder que se revela en las prácticas cotidianas, asambleas de base comunitarias interdependientes que atraviesen las comunidades, para derrumbar la burocracia, acciones articuladas mediante un programa de acción, para una democracia permanente, una radicalización del poder del pueblo, el poder como práctica de la comunidad.

Defensoría detecta ocho debilidades de programas dirigidos a personas en pobreza

Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes identificó ocho debilidades del Estado en el abordaje de programas sociales dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad. Los principales hallazgos van desde ausencia de indicadores de resultados o impacto hasta ausencia de una Política Nacional de la Pobreza.

En un contexto global marcado por crecientes desafíos sociales y económicos, los programas sociales desempeñan un papel esencial para garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales a las personas.

En Costa Rica el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social se ha consolidado como un componente clave dentro de la estructura institucional, con la responsabilidad de atender a las poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Las instituciones que conforman este sector están reguladas por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N°43580-MP-PLAN, incluyen entidades clave como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

La investigación de la Defensoría de los Habitantes se enfocó en algunos de los programas implementados por estas instituciones, con el propósito principal de analizar la planificación presupuestaria y la asignación de beneficiarios de estos programas para el periodo 2019-2024.

Los principales hallazgos fueron:

1. Ausencia de metodologías de costeo. No existen metodologías de costeo individuales que determinen el monto que debe recibir una familia o persona beneficiada. En muchos casos, los montos asignados parecen ser arbitrarios, sin un estudio de fondo.

2. Ausencia de indicadores de resultado o impacto. Ello dificulta evaluar si realmente están generando cambios positivos en la sociedad. Esta limitación impide identificar la necesidad de implementar mejoras que permitan beneficiar de manera más efectiva a la población.

3. Ausencia de criterios de regionalización. Las condiciones que generan pobreza y desigualdad son distintas según cada región del país, pese a ello, en la mayoría de los programas sociales analizados al realizar los costeos, asignaciones o replanteamientos de los programas, no se consideran factores relevantes como la región de planificación donde reside la persona beneficiaria, ni cómo afecta el vivir en esa región.

4. Ausencia de una Política Nacional de Pobreza. La Defensoría destaca la necesidad de una política pública nacional formal y de un único responsable que coordine y articule las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social, así como la importancia de centralizar las transferencias monetarias en una sola institución.

5. Carencia de evaluaciones de procesos y resultados. Resulta imperativo que las instituciones cuenten, si no con un sistema único, al menos con sistemas de registros administrativos eficientes, para gestionar la información, con precisión y accesibilidad de los datos. Un aspecto adicional que la Defensoría ha identificado es la falta de consistencia en la información proporcionada por algunas instituciones que utilizan hojas de cálculo, que no están diseñadas para la gestión de datos complejos y la integridad relacional.

6. Falta de módulos necesarios en las encuestas nacionales. Se carece de módulos específicos en las encuestas nacionales, como el de Red de Cuido, para que entidades como el PANI, el IMAS y la Dirección Nacional de CEN-CINAI puedan solicitar presupuestos acordes a los cupos requeridos. Esto facilitaría abordar la demanda insatisfecha de servicios de cuido para personas menores de edad a nivel nacional, permitiendo conocer con precisión las necesidades regionales.

7. Reducciones presupuestarias y/o ejecuciones presupuestarias inferiores al 90%. Algunos programas sociales han experimentado fluctuaciones notables en su asignación presupuestaria durante los últimos seis años, con reducciones significativas en 2020 y 2022. Estas variaciones reflejan una inestabilidad en los recursos asignados, lo que podría generar efectos importantes en la planificación y ejecución efectiva del programa. Aunque actualmente algunos de los programas no presentan recortes significativos en este periodo, sigue siendo preocupante la sub-ejecución presupuestaria, cuyos efectos son iguales a un recorte presupuestario.

8. Ausencia de mecanismos de transición. El actual mecanismo para la atención de la pobreza carece de criterios que permitan a la población consolidar su independencia económica. Se requiere urgentemente un rediseño de estos programas que incluya escalamientos graduales de beneficios y acompañamiento integral para garantizar una verdadera superación de la pobreza y así evitar que se retiren abruptamente los subsidios justo cuando las familias superan su situación de pobreza. Por ejemplo, actualmente, cuando una persona logra mejorar sus ingresos y deja de estar dentro de la línea, aunque sea por un solo colón, pierde automáticamente el acceso al servicio de cuido infantil para sus hijos o hijas. Esta situación crea un dilema insostenible: las personas se ven forzadas a elegir entre mantener su empleo y perder el apoyo estatal, o conservar el beneficio, pero limitando sus posibilidades de progreso económico.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

La oposición política en el nuevo Directorio Legislativo. Una ligera radiografía de su integración

Vladimir de la Cruz

El pasado de mayo se eligió el Directorio Legislativo, para la Cuarta Legislatura, que va desde ese primero de mayo hasta el 30 de abril del año próximo.

Para descalificarlo se ha afirmado que es un Directorio de Oposición Política. Pero ¿qué se esperaba?, si el gobierno no tiene mayoría de diputados propios, y los 8 diputados, que tiene, carecen de capacidad de negociación, lo que no les ha permitido, que al menos por “cortesía”, le dieran la posibilidad de que un diputado afín al gobierno presidiera la Asamblea Legislativa. Además, en este último año el presidente Chaves ha arreciado violentamente su discurso contra los poderes públicos y, especialmente, contra la Asamblea Legislativa y contra todos los diputados que no son afines al gobierno, o que no se someten a sus dictados y órdenes como trata de hacerlo, y los ha tratado como la escoria política nacional y como delincuentes.

En los dos gobiernos anteriores, del Partido Acción Ciudadana, con no más de 13 diputados electos, se le dio la posibilidad de que ejerciera la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Hubo en ese sentido gobiernos respetuosos de la independencia de los Poderes públicos y capacidad de negociación para lograr esa presidencia legislativa. Fueron presidentes legislativos del Partido Acción Ciudadana, Henry Mora Jiménez del 2014 al 2015 y Carolina Hidalgo Herrera, del 2018 al 2019.

Las elecciones nacionales, las que se realizan para elegir presidente y vicepresidentes de la República, y los diputados del Poder Legislativo, son dos mundos aparte, son dos escenarios diferentes, son dos procesos en los cuales el pueblo electoral, los electores, los ciudadanos, el SOBERANO, como encarnación del PUEBLO, se divide en su votación y en sus resultados.

Por un lado, se elige al presidente y por otro a los diputados. La práctica histórica nos enseña que al elegir a los diputados NO SIEMPRE los votantes que le dan la mayoría al presidente, se la dan también con mayoría de diputados. Al contrario, dan PODER LEGISLATIVO a los otros partidos para que desde la Asamblea Legislativa CONTROLEN al presidente y a sus funcionarios de gobierno. Ese CONTROL POLITICO es un instrumento del equilibrio democrático que surge del mismo proceso electoral y de la existencia misma del Estado de Derecho en la constitución de sus Poderes Públicos, con funciones propias, exclusivas e indelegables.

Un presidente tiene que saber lidiar con esta situación si desea que su gobierno resulte airoso en sus proyectos y acciones políticas. Para ello, el presidente DEBE TENER capacidad enorme de negociación, de tolerancia política y de convencimiento para trazar líneas nacionales que puedan ser avaladas por los diputados de “oposición”, como “visión país”, en el que todos están interesados. Para eso surgió la figura del ministro de la Presidencia, para colaborar en la cogestión del gobierno entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo que se escoge para ministro de la Presidencia a personas de extrema confianza del presidente, al punto que cuando el ministro de la Presidencia habla o se pronuncia, se entiende que habla o se pronuncia el presidente de la República. Un ministro de la Presidencia sin esa fuerza y relación es como un cuadro colgado en una pared. Es un puesto que equivale a un Jefe de Gabinete o un primer ministro, como se nombra en otros países.

El Ministerio de la Presidencia se estableció en 1961, empezando en 1962 con Mario Quirós Sasso, como su primer ministro, en el gobierno de Francisco Orlich. Las funciones que se le dieron fueron de coordinar las labores interinstitucionales e interministeriales, ser interlocutor entre el presidente y los Poderes públicos, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. De allí el error político garrafal que ha manifestado el presidente Rodrigo Chaves de amenazar y de chantajear a la Asamblea Legislativa de no nombrar ministro de la Presidencia si se elegía, especialmente al frente de la misma, al diputado Rodrigo Arias Sánchez, sobre todo cuando durante los meses de mayo, junio y julio se está en Sesiones Extraordinarias, que son las que trabajan contra la presentación de Proyectos de Ley por parte del Poder Ejecutivo.

Quienes critican que el Directorio es de oposición no entienden la realidad del electorado que eligió una Asamblea Legislativa para que ejerciera control ciudadano y político sobre la gestión pública y gubernativa.

Esto ha sido así siempre en los procesos electorales. Una breve revisión histórica así lo comprueba.

En la experiencia histórica que ha tenido Costa Rica, durante el período de la Segunda República, 1948-2025, hubo años, 1948-1969, en que no se permitió participar a costarricenses con partidos propios. Sin haberles eliminado su condición de electores, se les prohibió votar por ellos mismos, por los candidatos que ellos querían. Así sucedió por el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno, de julio de 1948, y por el Segundo párrafo del Artículo 98 de la Constitución Política, que se aprobó el 7 de noviembre de 1949, que puso fuera de la ley al Partido Comunista de Costa Rica, a Partido Vanguardia Popular y a otros partidos, cuando aparecieran miembros de ese partido en algún trámite de inscripción de partidos, lo que permitía que por ello se impugnara su inscripción. Los excluidos, los proscritos sin partido, se veían obligados a votar por la opción política que consideraran más democrática o menos conservadora de lo que se ofrecía a los votantes. Así, por ejemplo, la izquierda comunista en las elecciones de 1953 llamó a votar por Fernando Castro Cervantes, en 1958 por Mario Echandi y en 1966 llamó a votar por Daniel Oduber contra José Joaquín Trejos. Esta es la Historia Política nacional, sin edulcorantes. ¿Por qué ponerse, por parte de algunas personas de izquierda, más papistas que el Papa cuando no encuentran o no tienen un partido por el qué votar? ¡Si lo tienen, a votar por él!

Lo que se define en esta decisión, en el momento actual de Costa Rica, es lo que se juega en el proceso electoral próximo, inmediato. MAS democracia o MENOS democracia, MAS Estado de Derecho o MENOS estado de Derecho. ¡Cuidado!, MAS libertades y derechos ciudadanos o MENOS libertades y derechos ciudadanos. ¡CUIDADO MAYOR!: la entronización de un gobierno más autoritario, avanzando hacia un gobierno dictatorial, tiránico, de tipo fascista…

En el período de la Junta de Gobierno, 1948-1949, hubo dos elecciones. La que se hizo para integrar la Asamblea Constituyente, que funcionó durante el año 1949, y la elección de diputados en 1949, para darle una Asamblea Legislativa, debidamente integrada a Otilio Ulate, a quien se le reconoció la Presidencia de la República, anulada en marzo de 1948, que empezó a ejercer el 9 de noviembre de 1949. Esto por cuanto la Asamblea Legislativa electa en 1948 fue anulada.

El grupo militar triunfante en la guerra civil de 1948 actuó como
Ejército de Liberación Nacional, lo que motivó en 1951, que José Figueres Ferrer y su grupo constituyeran, con ese nombre, el Partido Liberación Nacional el 12 de octubre de ese año, para seguir participando en las elecciones en el juego electoral democrático, pudiendo quedarse como grupo militar dominante por más años en el Gobierno y en el Poder. Desde entonces existe el Partido Liberación Nacional, siendo el más viejo de los actuales partidos de este período republicano.

De los sucesos de 1948 sobrevivieron solapadamente los grupos que fueron derrotados, excepto los comunistas que sí estaban bien identificados y debidamente proscritos.

De las fuerzas que se movieron con el figuerismo, en su lucha armada, los seguidores de Ulate y los seguidores de Mario Echandi Jiménez, se fueron distanciando del figuerismo y le ofrecieron resistencia electoral, junto a los calderonistas que empezaron a manifestarse electoralmente a partir de 1953.

Durante los procesos electorales de 1949, 1953 y 1958 la Asamblea Legislativa eligió 45 diputados. A partir de 1962 se estableció la cantidad de 57 diputados.

En la trayectoria parlamentaria no siempre el partido político que ganaba la presidencia de la República ganaba la mayoría de diputados.

En los procesos electorales de 1953 y 1958 Liberación Nacional dominó mayoritariamente la Asamblea Legislativa con 20 diputados en las dos ocasiones.

En las elecciones de 1953 participaron a nivel presidencial dos partidos, Liberación Nacional que impuso el primer gobierno constitucional de José Figueres. Su opositor fue Fernando Castro Cervantes, que movilizó, con el partido Demócrata, a seguidores de Ulate, de Mario Echandi que le inhabilitaron su participación electoral, a calderonistas, y a comunistas, opositores de Figueres. Los republicanos y comunistas no pudieron participar.

En esta elección de 1953 Liberación Nacional obtuvo 30 diputados de 45.

En 1958, con la candidatura de Mario Echandi, su partido Unión Nacional, derrotó a Liberación Nacional. También participó el partido Republicano que recogía el calderonismo sobreviviente del 48. En esta ocasión el figuerismo había tenido una ruptura, una separación, que llevó a Jorge Rossi Chavarría a separarse de Liberación Nacional, y participar con partido propio, que incluyó a Miguel Brenes Gutiérrez, como segundo vicepresidente, persona de confianza de las fuerzas calderonistas y comunistas antes de 1948.

El grupo de Echandi incluyó a Rafael Ángel Calderón Guardia como candidato a diputado, lo que facilitó su regreso del exilio forzado que tenía en México. El partido Liberación Nacional ganó la mayoría de los diputados, 20, de 45 diputados, el echandismo sacó 10 diputados, el partido calderonista 11 diputados y 4 diputados fueron electos por otros dos partidos. Así Echandi gobernó con una Asamblea Legislativa sin mayoría parlamentaria, y con un partido, Liberación Nacional, que prácticamente duplicaba los otros diputados. En esas condiciones Mario Echandi gobernó, vetando leyes que no le parecían y la Asamblea Legislativa resellándoselas, como era el camino constitucional establecido y respetado. Para la posteridad histórica, Mario Echandi elegantemente recogió en un libro todos sus Vetos presidenciales.

A partir de las elecciones de 1962 la cantidad de diputados que se elige es de 57, siendo la mayoría parlamentaria de 29 diputados.

De todas las 18 Asambleas Legislativas electas desde 1953 hasta el 2022, Liberación Nacional ha tenido 14 veces la mayoría de los diputados desde 17 hasta 33 diputados electos. La Coalición Unidad que eligió a Rodrigo Carazo tuvo la mayoría legislativa con 27 diputados en 1978 y fue la segunda fracción más grandes en 1982 con 18 diputados. La Unidad Social Cristiana tuvo la mayoría legislativa en 1998, con 27 diputados siendo la segunda Liberación Nacional, con 23, y en el 2002 la Unidad Social Cristiana logró 19 diputados, Liberación Nacional 17 y Acción Ciudadana, que surgía en ese momento, tuvo 14 diputados.

No se ha superado la cifra de 33 diputados para un partido político en la Asamblea Legislativa. El presidente Rodrigo Chaves, en su campaña abiertamente contra todos los partidos políticos existentes, y contra los que están en la Asamblea Legislativa, en sus tribunas políticas y beligerantes de los miércoles, ante cualquier micrófono y medio de comunicación que se le presente, como el pasado 5 de mayo, en la Asamblea Legislativa, ha venido insistiendo que SU MOVIMIENTO DE JAGUARES, debe sacar 40 diputados en el 2026.

En su perorata del 5 de mayo bajó la cifra a 38 diputados, que es el límite de la mayoría calificada de los 38 diputados importante para hacer grandes reformas institucionales.

En las elecciones del 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022 Liberación Nacional mantuvo la mayoría de los diputados en 25, 24, 18, 17 y 19 correspondientemente.

En las elecciones del 2010 Acción Ciudadana obtuvo 11 diputados, el Movimiento Libertario 11 diputados y la Unidad Social Cristiana 6 diputados. En la elección de 2014 Acción Ciudadana, que era partido gobernante, obtuvo 13 diputados y en el 2018, que también fue partido gobernante, tuvo 10 diputados y la Unidad Social Cristiana tuvo 9 diputados.

En la elección del 2022, el Partido Progreso Social Democrático, que es el partido que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia obtuvo 9 diputados, al igual que la Unidad Social Cristiana. Los otros partidos obtuvieron 6 diputados cada uno.

En 1962, con Francisco Orlich, Liberación Nacional ganó la presidencia y la mayoría de 29 diputados, de los 57 que constituían la Asamblea, como es hasta hoy su integración parlamentaria. El resto se lo repartieron tres partidos, entre ellos el Republicano Nacional con 18 diputados.

En 1966, bajo el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, que ganó con una coalición contra Liberación Nacional, se impuso una mayoría legislativa de Liberación Nacional de 29 diputados, y el resto se repartió entre tres partidos. De ellos, 26 de la Coalición Unidad.

En la elección de 1970, José Figueres se impuso y Liberación Nacional logró 32 diputados, la Unidad Nacional logró 22 y tres diputados más entre dos partidos. Dos de estos diputados abrían el camino de la participación de la izquierda en las elecciones, a partir de entonces, con la elección de Manuel Mora Valverde y Marcial Aguiluz Orellana.

En la elección de 1974, con Daniel Oduber, Liberación Nacional sacó 27 diputados y el resto se repartió entre siete partidos políticos, entre ellos Unidad Nacional con 16 diputados y 14 diputados repartidos entre seis partidos.

La elección de 1978 que ganó Rodrigo Carazo, con una coalición obtuvo 27 diputados, Liberación Nacional 25 y tres partidos más lograron el resto de 5 diputados. El gobierno de Carazo tuvo oposición mayoritaria legislativa.

La elección de 1982 impuso la presidencia de Luis Alberto Monge con 33 diputados. Los restantes se dividieron entre cuatro partidos, la Coalición Unidad tuvo 18 diputados.

La elección de 1986 que llevó a la primera presidencia a Oscar Arias, Liberación Nacional logró la mayoría de 29 diputados y los restantes 28 se los distribuyeron cuatro partidos.

La elección de 1990, que la ganó por primera vez la Unidad Social Cristiana con Rafael Ángel Calderón, también le dio la mayoría de 29 diputados al PUSC, y los restantes diputados se los distribuyeron cuatro partidos. Liberación obtuvo 25 diputados.

En la elección de 1994 que ganó José María Figueres Olsen, Liberación Nacional logró 28 diputados, el PUSC eligió 25 y cuatro partidos lograron 4 diputados.

En las elecciones de 1998 la presidencia la logra Miguel Ángel Rodríguez con 27 diputados, Liberación Nacional con 23 y cinco partidos logran 7 diputados.

A partir de las elecciones nacionales del 2002 surgen las segundas rondas electorales para definir la presidencia de la República. Pero, en cada una de esas elecciones se definieron desde las elecciones de febrero, en las primeras rondas, la composición de la Asamblea Legislativa.

Elecciones con segunda ronda electoral fueron la del 2002, 2014, 2018 y 2022.

La elección del 2002 la gana Abel Pacheco, con el PUSC, que logra 19 diputados, Liberación Nacional obtiene 17 diputados, y el Partido Acción Ciudadana, que participa por primera vez, logra 14 diputados. Otros 7 diputados se distribuyeron entre dos partidos.

La elección del 2006 condujo a Oscar Arias a su segunda presidencia constitucional, sin segunda ronda, en la cual Liberación Nacional logra 25 diputados, el partido Acción Ciudadana 17 diputados y seis partidos se distribuyen 15 diputados, entre ellos la Unidad Social Cristiana con 5 cinco diputados.

La elección del 2010 elige por primera vez a una mujer en la Presidencia de la República, a Laura Chinchilla Miranda del partido Liberación Nacional, que logra 24 diputados, el partido Acción Ciudadana 11, y 22 diputados se los distribuyeron seis partidos.

La elección del 2014, con segunda ronda, con un candidato presidencial de Liberación Nacional, Johnny Araya Monge, que públicamente rehusó participar en la segunda ronda, sin poderse retirar oficialmente, llevó a la presidencia de la República a Luis Guillermo Solís, candidato del partido Acción Ciudadana, momento histórico en que se superaba el tradicional bipartidismo presidencial entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Hasta este momento la historia de las elecciones presidenciales había girado entre Liberación Nacional y sus opositores históricos que culminaron en la Unidad Social Cristiana. Se iniciaba la época del tripartidismo, cuando tres partidos políticos obtenían la Presidencia de la República.

La elección del 2014 impuso una mayoría parlamentaria de Liberación Nacional de 18 diputados, 13 de Acción Ciudadana, 9 del Frente Amplio, 8 de PUSC y 9 diputados de otros 5 partidos.

La elección del 2018, en segunda ronda electoral, de nuevo lleva al partido Acción Ciudadana al gobierno. Una elección muy reñida en la cual Liberación Nacional no quedó como alternativa final de las elecciones, siéndolo el partido Restauración Nacional que postuló a Fabricio Alvarado.

Por primera vez, en su historia Liberación Nacional no llegó a gobierno ni a finalista de una segunda ronda. La Unidad Social Cristiana ya estaba ausente de estas posibilidades desde la elección del 2006.

En la elección del 2018 Liberación Nacional logró 17 diputados, el partido Restauración Nacional 14, Acción Ciudadana 10, la Unidad Social Cristiana 9 y 7 diputados se los distribuyeron 3 partidos.

La elección del 2022 quebró la tradición. Impuso un nuevo partido político, recién hecho para esa elección, Partido Progreso Social Democrático, que llevó en una segunda ronda a Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia, que se le termina en mayo del 2026, y sacó del escenario electoral al partido Acción Ciudadana, que no obtuvo ni siquiera un diputado, luego de tener dos gobiernos seguidos. Con Rodrigo Chaves inauguramos el tetrapartidismo en el gobierno: cuatro partidos han ejercido el gobierno de la República.

¿Iremos en la próxima elección, de febrero del 2026, a un pentapartidismo, a otro partido nuevo en el gobierno de la República, a uno de los jaguares que impulsa el presidente Chaves? Como posibilidad esto puede darse. No hay que dormirse si no queremos que esto suceda.

El comportamiento del electorado en las últimas dos elecciones es interesante. En la del 2018 en la primera ronda hizo surgir peligrosamente como primer finalista a Fabricio Alvarado con una bandera muy anti derechos humanos, y a Carlos Alvarado por el contrario, como el abanderado defensor de los derechos humanos. La segunda ronda se definió en un esfuerzo muy apretado a favor de Carlos Alvarado, que estaba en el segundo lugar finalista.

La elección del 2022 llevó a la segunda ronda a José María Figueres de Liberación Nacional, como primer finalista y, sorpresivamente, a Rodrigo Chaves como segundo finalista, triunfando Chaves en la segunda vuelta, con una desmovilización y abstencionismo grande en contra de Figueres y de Liberación Nacional, que fue lo que resultó electoralmente.

¿Se repetirá algo así, en el próximo proceso electoral, frente a una opción emergente, nueva, que enfrente en el leguaje beligerante del presidente Chaves a todos los partidos políticos, especialmente a los tradicionales, a todos los que han tenido diputados en el pasado y en esta Asamblea Legislativa?

Esto es parte de lo que está en juego en estas elecciones. La ciudadanía activa, consciente y preocupada por el devenir de la Patria debe poner las barbas en remojo.

El nuevo Directorio legislativo es lo mejor que le ha ocurrido a la Asamblea Legislativa, para su última Legislatura.

Presidencia: Rodrigo Arias Sánchez (PLN),

Vicepresidencia: Vanessa Castro (PUSC),

Primera secretaria: Carlos Felipe García (PUSC),

Segunda secretaría: Gloria Navas (independiente),

Primera prosecretaría: Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático),

Segunda prosecretaría: Geison Valverde (PLN).

El oficialismo, con sus diputados independientes, intentó entrar en este Directorio. La presidenta del Progreso Social Democrático, Luz Mary Alpízar fue electa sin ser candidata oficial del grupo de diputados que constituye el apéndice legislativo del presidente Rodrigo Chaves.

La Presidencia en la figura del diputado Rodrigo Arias Sánchez se lució en el reconocimiento que le dieron los diputados en su nombramiento. Más se distinguió, y fue el ejemplo claro de la importancia de su nombramiento, cuando tuvo que contestar, el 5 de mayo, el discurso de plaza pública, de carácter electoral, que hizo el presidente Rodrigo Chaves, atacando a los diputados y a los poderes públicos, desmintiéndole y confrontando elegantemente su perorata, que no tenía nada de “relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación”, como establece su obligación constitucional de hacer.

Rodrigo Arias volvió a mostrar su Señorío, su Don de gentes, su cultura y educación que le caracterizan, su capacidad discursiva respetuosa, pero firme, sin dobleces, con la frente en alto y con la energía que le da el ser el Representante más distinguido del pueblo costarricense que dirige la Asamblea Legislativa.

Rodrigo Arias se levantó orgullosamente como el gran defensor del Estado de Derecho y de las libertades y derechos amenazados por el inquilino de Zapote.

Compartido con SURCOS por el autor.

El Arte como voz de los trabajadores migrantes: un mensaje de dignidad y justicia

Frank Ulloa Royo

El arte ha sido una herramienta poderosa para representar la lucha, los sueños y la resistencia de los migrantes, quienes, a menudo, son tratados como mercancía desechable o criminales. Esculturas como «Angels Unawares» (Ángeles inadvertidos), instalada en el Vaticano por Timothy P. Schmalz (2019), desafían esta visión. Timothy Schmalz lleva 25 años esculpiendo grandes obras de bronce que se han instalado en todo el mundo. El tema de la mayoría de ellos se refiere a cuestiones actuales de justicia social, como los sin techo, los migrantes y la trata de seres humanos.

La obra muestra una barca repleta de migrantes de diversas épocas y culturas, con alas de ángel emergiendo en el centro, recordando el pasaje bíblico: «No olvidéis la hospitalidad, pues por ella algunos hospedaron ángeles sin saberlo» (hebreos 13:2). La barca parece flotar en un mar de incertidumbre, cargada de esperanza y temor, simbolizando el viaje forzado de quienes buscan una vida digna lejos de su patria. Este monumento es un llamado urgente a la solidaridad y la acogida.

“Sean acogedores”, obra de Timothy P. Schmalz en la Iglesia Santa María del Lago en Chicago.

El Papa Francisco ha sido un defensor incansable de los derechos de los migrantes, y en su mensaje para la 109ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado), expresó: «Los migrantes escapan de una pobreza terrible, de la imposibilidad de asegurar la supervivencia de sus familias, de situaciones de violencia y explotación. No debemos olvidar que el progreso de nuestras naciones se ha construido en gran parte sobre el sudor y el sacrificio de millones de migrantes.» (Papa Francisco, 2023)

Mientras tanto, en Costa Rica, a pesar de la enorme contribución de los migrantes, especialmente la comunidad nicaragüense, no existe un monumento que visibilice su esfuerzo. La única escultura que reconoce el aporte de la migración china, iniciada hace 168 años, es el Monumento a la Convivencia, creado por Juan Carlos Abarca (2023), en el Barrio Chino de San José. Sus figuras de bronce parecen conversar con el viento, contando la historia de quienes dejaron su país para construir un nuevo hogar. Sin embargo, miles de nicaragüenses trabajan en el campo y la construcción sin ningún reconocimiento artístico que honre su labor. Esta ausencia pone en evidencia la falta de reconocimiento y la xenofobia que aún persiste. (Universidad, 2023).

En contraste, la migración española ha sido homenajeada en esculturas como la Puerta del Atlántico, en Vigo, España, de Silverio Rivas (1991). Paradójicamente, mientras generaciones de españoles buscaron oportunidades en América, hoy muchos sectores políticos y sociales en España rechazan la migración latinoamericana con argumentos racistas. En los últimos años, el discurso antinmigrante ha cobrado fuerza en algunos grupos, promoviendo la idea de que los migrantes latinoamericanos representan una carga para el país (ACI Prensa, 2019). Sin embargo, la realidad es que han contribuido significativamente a la economía y la cultura española, desempeñando roles clave en sectores como la construcción, la hostelería y el cuidado de personas mayores (Vatican News, 2021).

Otros ejemplos como “Los Viajeros”: Escultura del migrante, obras del escultor francés Bruno Catalano, se encuentran en Marsella, Francia, y evocan poderosas emociones relacionadas con la migración y la búsqueda de identidad. Esta serie presenta figuras de individuos fragmentados, como rotos o incompletos, cada uno con sus distintas ropas y siguiendo su propio camino.

Frente a este panorama de contradicciones y exclusiones, la obra «Ángeles inadvertidos», promovida por el Papa Francisco, cobra aún más relevancia. Al representar a migrantes de distintas épocas y culturas en una barca, donde también viajan José el obrero, María y el niño Jesús, inmigrantes por necesidad, esta escultura recuerda la importancia de la hospitalidad y la solidaridad, desafiando las narrativas de exclusión y discriminación que persisten en nuestras sociedades (Papa Francisco, 2023).

El arte puede cambiar narrativas y romper barreras. Obras como «Angels Unawares» y el Monumento a la Convivencia y “Los viajeros”, dignifican la experiencia migratoria, pero Costa Rica aún tiene una deuda pendiente con los migrantes nicaragüenses.

Es hora de que la historia de quienes han construido con esfuerzo los campos y ciudades sea visibilizada en el espacio público.

Acción Ciudadana promueve esfuerzos en consolidar una coalición para 2026

PRONUNCIAMIENTO

San José, Costa Rica. 7 de mayo de 2025. Desde el Partido Acción Ciudadana, bajo la lectura de las condiciones políticas y económicas, nacionales e internacionales, y los acuerdos del III Congreso Ciudadano, iniciamos el proceso de renovación de las estructuras partidarias y de formación política, para enrumbar nuestra participación en la campaña electoral presidencial 2026. Hoy damos un paso hacia adelante en la tarea de promover una coalición nacional que inspire esperanza y marque el camino de reconstrucción nacional para el periodo 2026-2030.

Ante el fuerte retroceso democrático y el aumento del espectro político populista, que amenaza con cambios radicales en la Constitución Política, que buscan debilitar la libertad de prensa y expresión, así como los órganos de control, es que acogemos con entusiasmo el llamado de unidad planteado a lo interno de nuestro partido, así como por agrupaciones ciudadanas, movimientos sociales y personas de diversas tiendas políticas, para frenar el deterioro democrático y la calidad de vida de quienes habitamos este país.

Nuestro compromiso es con la construcción de una coalición que responda de manera efectiva a las necesidades de todas las personas costarricenses y habitantes de nuestro territorio, sumando la diversidad de partidos demócratas y sectores que abrazan la democracia costarricense y defendemos el bien común.

Seguimos con atención los esfuerzos de grupos y colectivos de la ciudadanía, tales como los planteamientos de Agenda Viva, La Red, iniciativas de los colectivos de mujeres, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, y la Coalición por Costa Rica.

Para Acción Ciudadana, la convergencia de sectores progresistas y demócratas no es un paso electorero más; es un acto de compromiso con nuestra patria, un cimiento esencial para proteger y mejorar las garantías que nos definen el camino para ser, como dice el artículo 50 de nuestra Constitución Política, una sociedad justa, inclusiva, sostenible y humana.

Nuestros órganos partidarios responsables de liderar procesos de coaliciones y agenda programática se han dedicado al análisis profundo a estas propuestas y naturalmente hemos encontrado en ella valiosas coincidencias que sumarán a nuestra ya actualizada propuesta a la ciudadanía.

Creemos firmemente que este debe ser un proceso que emane y sea respaldado por la fuerza de las estructuras partidarias, por lo que extendemos una invitación a cada militante que desee aportar su energía y conocimiento a estos procesos en coordinación con nuestros respectivos órganos partidarios, en los próximos días se estarán habilitando espacios de puesta en común con toda la dirigencia.

Hoy, más que nunca, reafirmamos este llamado a la unidad nacional. Es imperativo consolidar las transformaciones políticas que hemos iniciado y que hoy peligran por discursos populistas.

¡Es el momento de unir esfuerzos, de sumar nuestras esperanzas, de avanzar en conjunto hacia el futuro de Costa Rica!
Comisión Política
Partido Acción Ciudadana