El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional, el Taller de Marimbas e Instrumentos Tradicionales Werner Korte y la Universidad de Costa Rica, se complacen en invitarle al IX Encuentro de Marimbas, Quijongos e Instrumentos del Camino Real.
En el Encuentro secontará con la participación de:
Taller de Marimba, Preuniversitario en Música, Sede Guanacaste, UCR: Santiago Acevedo Rojas, María Acevedo Villagra, César Buzano Chavarría, Emerson Ortega Angulo, Sofía Pizarro Leal, Luis Ramírez Zúñiga, Melvin Rodríguez Briceño, Dayana Vargas Briceño, Keny Vargas Duarte, Rafael Villarreal Carranza, Profesores: Razziel Acevedo Álvarez, Breiner Acevedo Rosales, Santos Leal Obregón, Eduardo Villafuerte Jirón, Yennier Zúñiga Rosales.
Expositores: Dr. Razziel Acevedo Alvarez, Msc. Luis Acosta Obaldía, Prof. Werner Korte Núñez.
Maestros: Oscar Biolley, Luis Ignacio Granados, José Luis Herrera, Sebastián Jiménez Díaz, Jorge Monge Madrigal, Rubén Monge, Guillermo Ramírez, Mario Zúñiga.
Taller de Marimbas e Instrumentos Tradicionales Werner Korte: Matías Araya, Fiorella Hernández, Marcela Jiménez, Diana Korte, Alvaro León, Sebastián Mora, Carlos Quesada, Kathleen Quesada, Isaías Ramírez, Jimena Ramírez, Nickol Ramírez, Max Rivera, Jean Carlo Téllez, Jonathan Villarreal, Isabella Umaña, Maximilian Umaña, Yosimar Umaña.
La actividad será presencial el viernes 23 de mayo a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
Fey Goli es una artista mexicana independiente, quien, con su energía, instruirá a los participantes en una experiencia de investigación sobre el flujo infinito entre cuerpo, mente, emoción, energía y espíritu. Foto: EAE-UNA.
El primer encuentro teatral que se ha planificado para el 2025, servirá para fomentar las redes de conexión escénica.
La Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional (UNA) lanza la primera edición de Conexiones Escénicas, una iniciativa que abre espacios para el intercambio, la formación y la celebración de las artes escénicas, mediante una agenda diversa de actividades que vinculan a la comunidad estudiantil, académica, herediana y teatral con artistas de gran trayectoria, tanto nacionales como internacionales. Contará, además, con dos ediciones, una en mayo y otra en octubre.
El primer encuentro se realizará del 16 al 24 de mayo en las instalaciones de la UNA en Heredia: la Escuela de Arte Escénico, el Teatro Atahualpa del Cioppo y el Centro para las Artes. Esta edición contará con talleres internacionales, funciones teatrales, cine foros y conversatorios, todo con entrada gratuita.
Las invitadas internacionales de esta edición son Marisa De León y María Fernanda Gómez Olivier (Fey Goli) de México, y Vanessa Bruno de Brasil. De León, reconocida por su amplia trayectoria en producción escénica y participación en más de 300 espectáculos de danza, ópera, música y teatro, impartirá el taller Fundamentos de la producción escénica, que ofrece una mirada panorámica al oficio del gestor y productor ejecutivo desde una perspectiva latinoamericana.
Por su parte, Gómez Olivier ofrecerá el taller Yüna LAB, un espacio de creación enfocado en el movimiento como lenguaje principal y la voz como eje expresivo. Mientras tanto, la actriz y directora Vanessa Bruno llega con su taller Desplazamiento de la literatura a la escena, donde compartirá procesos creativos para llevar textos literarios al lenguaje teatral
Además, se ofrecerán presentaciones internacionales de las obras Aguas do mundo, de Vanessa Bruno (Brasil), y Moonbow, de Fey Goli (México), así como funciones con artistas nacionales y una temporada de la obra Noche, del proyecto Teatro UNA. El Encuentro también contempla conversatorios con las maestras invitadas, para conocer de cerca sus procesos, trayectorias y aportes a la gestión y creación artística en Latinoamérica.
Como parte del componente de reflexión y diálogo, se realizarán tres tardes de cineforo con películas y mediometrajes costarricenses: Tengo sueños eléctricos, Memorias de un cuerpo que arde, Vida de Vera Ramírez y Sin telón, del proyecto UNA Producción multimedial de la Escuela de Arte Escénico. Cada función estará seguida por un espacio de conversación con las personas creadoras.
Conexiones Escénicas busca consolidarse como una plataforma que propicie el acercamiento entre distintas formas de hacer y pensar el arte escénico, al tiempo que abre oportunidades de formación y exhibición para agrupaciones locales.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Esta nota es la primera de una serie realizada en conjunto por Philippe Vangoidsenhoven y el Observatorio de Bienes Comunes, dedicada a visibilizar la violencia que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica. A partir de la experiencia vivida por Philippe en el Caribe Sur, se busca no solo documentar los patrones de hostigamiento que atraviesan estas personas, sino también generar conciencia sobre el riesgo estructural al que se exponen y la invisibilización institucional que padecen. En un contexto donde los marcos legales y las políticas públicas no reconocen ni protegen adecuadamente su labor, este testimonio busca abrir una conversación urgente sobre justicia ambiental y derechos humanos.
Philippe Vangoidsenhoven y la ofensiva digital contra quienes defienden el ambiente en el Caribe Sur
En el Caribe Sur costarricense, defender el ambiente no solo implica denunciar irregularidades o proteger ecosistemas. También supone enfrentar campañas de odio desde el espacio digital, dirigidas a desacreditar, aislar y expulsar a quienes alzan la voz. El caso del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, residente en Talamanca, ilustra cómo las redes sociales pueden transformarse en herramientas de persecución y violencia simbólica.
Esta nota se basa en capturas de pantalla y registros de interacciones digitales extraídos de las redes sociales personales de Philippe. El material evidencia una oleada de violencia digital que incluye insultos, amenazas, señalamientos públicos y llamados a expulsarlo del país. A partir de este contenido, se identificaron al menos seis estrategias sistemáticas de hostigamiento digital:
Caracterización del discurso hostil: patrones y núcleos de agresión
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “¿Por qué no se regresa a su país a joder?” “La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”
Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de un núcleo reducido pero altamente activo de usuarios que reproducen discursos violentos de forma persistente, generando una dinámica de acoso coordinado. Estas voces amplifican el odio, normalizan la violencia y modelan un entorno digital que legitima la agresión contra Philippe Vangoidsenhoven.
Palabras como “pistola”, “persona no grata”, “expulsar”, “loco” o “vergüenza” actúan como gatillos simbólicos, estructurando el discurso hostil en torno a seis formas articuladas de violencia digital:
Deshumanización
Se le retrata como incapaz de razonar o convivir, usando calificativos como “loco”, “descerebrado” o “ridículo”. Esta narrativa no solo busca invalidar su voz, sino justificar su exclusión.
“Este hombre llamó a los bomberos porque una señora quemaba basura… es un descerebrado que no se ubica.”
Criminalización
Se lo presenta como un sujeto violento, insinuando que porta armas o ha amenazado a pobladores, sin prueba alguna. Estas acusaciones fabricadas siembran miedo y habilitan represalias legales o policiales.
“Ese señor está armado y ya apuntó su arma en contra de algunos pobladores.” “¿Qué esperan? ¿Que mate a alguien?”
Estigmatización como extranjero
Su nacionalidad belga se convierte en un blanco de ataque. Se le niega legitimidad para participar en la vida local y se le exige abandonar el país.
“¿Por qué no se regresa a su país a joder, a ver si allá se lo permiten?” “Lacras fuera de nuestro cantón. ¡Les llegó la hora!”
Incitación al odio y violencia simbólica
Se expresan amenazas directas o celebraciones anticipadas de violencia, promoviendo la fuerza como forma de castigo.
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “Cartón lleno, sacaste la rifa Philippe.”
Legitimación institucional del hostigamiento
Se alude a instituciones como la municipalidad o Migración para dar apariencia de legalidad a los ataques, aun sin evidencia formal.
“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.” “El alcalde no quiso firmarla, pero ya está en manos de abogados.”
Aislamiento social
Se lo presenta como un generador de conflictos o un estorbo para la comunidad, buscando cortar sus vínculos sociales y organizativos.
“Desde que estoy en este foro, siempre he visto el nombre de este señor Philippe en medio de discordias.” “No los necesitamos.”
Cerrar filas frente al odio
Este repertorio discursivo no es casual. Opera como una tecnología simbólica de expulsión: silenciar a Philippe y advertir a otras personas defensoras que levantar la voz tiene consecuencias. Detrás del insulto hay una estrategia: aislar, desgastar, desplazar. La violencia digital es real y sus impactos no se quedan en la pantalla. Normalizar el odio habilita la persecución.
No se puede defender la tierra mientras se lincha virtualmente a quienes la cuidan.
Declaran «personas non gratas» a defensores ambientales por denunciar daños en el Caribe Sur
En 2015, la Municipalidad de Talamanca declaró «personas non gratas» a Carol Meeds y Philippe Vangoidsenhoven, dos reconocidos defensores ambientales del Caribe Sur de Costa Rica. ¿El motivo? Sus constantes denuncias públicas sobre daños al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y otras zonas de alto valor ecológico.
Carol administra una página en Facebook donde informa sobre agresiones al ambiente en la región, mientras que Philippe realiza labores de vigilancia, monitoreo y presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Ambos han utilizado herramientas digitales para visibilizar irregularidades ambientales, lo que les valió represalias institucionales.
La Sala Constitucional falló a su favor al considerar que se violentaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho a la participación ciudadana. El caso refleja cómo las personas defensoras del ambiente pueden ser blanco de violencia institucional y digital por ejercer su derecho a denunciar.
Desprestigio sistemático y campañas de odio Se recurre a calificativos como “irracional” o “abusivo”, se le acusa de provocar conflictos o malgastar recursos con denuncias ambientales, buscando erosionar su legitimidad como defensor.
Xenofobia y discursos de exclusión Su origen extranjero es usado como motivo de expulsión. Se le niega el derecho a ejercer ciudadanía activa y se le responsabiliza de tensiones locales.
Incitación al desplazamiento Se promueve su expulsión mediante amenazas o referencias a Migración, configurando una estrategia de destierro simbólico y social.
Amenazas veladas y explícitas Se emiten mensajes de agresión física directa o se lo vincula falsamente con armas, alimentando una narrativa de peligrosidad sin base legal.
Uso instrumental de canales institucionales Se difunde una carta supuestamente institucional sin firma oficial, para legitimar el rechazo y avalar el hostigamiento desde lo comunitario.
Normalización del discurso de odio Mediante burlas, memes o aplausos a su posible salida, se refuerza una cultura de linchamiento que se reproduce sin consecuencias.
Persona no grata: implicaciones reales de una figura simbólica
La declaración de una persona como “no grata” por parte de una municipalidad no tiene efectos legales formales, pero sí consecuencias sociales, políticas y de seguridad personal. En contextos latinoamericanos, esta figura ha sido usada para:
Estigmatizar y criminalizar Se construye una imagen pública de enemistad con la comunidad, legitimando agresiones desde sectores afines al poder.
Aislar comunitariamente Al provenir de una institución percibida como “voz del territorio”, puede romper lazos sociales y socavar la participación.
Avalar simbólicamente la violencia Aunque no se trate de una orden judicial, legitima represalias, obstaculiza procesos organizativos y fortalece discursos de odio.
Violar derechos humanos Según la ONU, este tipo de actos constituyen criminalización institucional contraria al deber de proteger a quienes defienden derechos fundamentales.
Potenciar la violencia digital Estas declaraciones son replicadas en redes y medios, amplificando su impacto y alimentando un entorno digital hostil.
Lo digital también mata: proteger a personas defensoras es urgente
La violencia digital contra defensores ambientales no es anecdótica ni espontánea. Es parte de un contexto más amplio de criminalización y persecución. Las redes sociales están siendo usadas para difamar, estigmatizar y expulsar simbólicamente a quienes defienden los bienes comunes en Costa Rica.
Sus impactos son profundos: deterioro emocional, aumento del riesgo físico, judicialización y aislamiento. Por eso es urgente que el Estado y las plataformas digitales asuman responsabilidades: prevenir, sancionar y reparar estas violencias.
El Caribe Sur necesita diálogo, justicia ambiental y respeto a la diversidad. Silenciar a quienes defienden el territorio solo beneficia a quienes lo destruyen.
Defender la tierra no debe significar exponerse al odio
El caso de Philippe no es una excepción. Se inscribe en un patrón más amplio de hostigamiento contra personas defensoras, que se intensifica cuando sus denuncias afectan intereses económicos o estructuras de poder local.
Proteger a quienes cuidan los bienes comunes también implica actuar en el plano digital: visibilizar, denunciar, exigir justicia. La defensa del territorio no puede silenciarse con discursos de odio.
Recomendaciones: cómo enfrentar la violencia digital como persona defensora ambiental
La violencia digital no es solo un ataque virtual: busca intimidar, silenciar y aislar. Estas acciones requieren respuestas colectivas, estratégicas y conscientes. Algunas claves:
Fortalecer la seguridad digital
Usa contraseñas seguras y activa la doble autenticación.
No compartas datos sensibles públicamente.
Haz copias de seguridad y cifra archivos importantes.
Usa VPN y navegadores privados.
Participa en talleres sobre seguridad digital con enfoque en derechos humanos.
Documentar y denunciar los ataques
Guarda evidencias: capturas, enlaces, fechas y perfiles.
Reporta los contenidos en las plataformas.
Contacta redes de apoyo legal o derechos humanos para acompañamiento.
Activar el cuidado colectivo
Habla del tema en tu organización, no lo enfrentes en soledad.
Diseña protocolos para responder a ataques coordinados.
Promueve el acompañamiento emocional y psicosocial.
Visibilizar y politizar la violencia digital
Nombrar esta violencia como parte de la criminalización ambiental.
Denunciar en medios alternativos, campañas y foros.
Exigir políticas públicas con enfoque de género, territorio e interculturalidad.
Defender la vida no debe implicar sobrevivir al odio. En el Caribe Sur, proteger el territorio también es proteger a quienes lo aman.
Contexto latinoamericano: violencia digital y personas defensoras ambientales
En América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente, la violencia digital se ha consolidado como una extensión de los ataques físicos, judiciales y simbólicos que enfrentan estas personas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un patrón creciente que acompaña los conflictos socioambientales y los intereses extractivistas.
Auge del extractivismo y criminalización
La expansión de megaproyectos mineros, energéticos, turísticos y agroindustriales ha intensificado los conflictos por el acceso, control y gestión de territorios y bienes comunes. Las personas defensoras que se oponen a estos proyectos —particularmente indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres— son blanco de campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia digital.
Digitalización de las agresiones
Los ataques se manifiestan a través de:
Campañas de desinformación y difamación en redes sociales y medios digitales, que buscan aislar o desacreditar la labor de defensa ambiental.
Acoso digital y amenazas directas, muchas veces de carácter sexual o racial, especialmente contra mujeres defensoras.
Vigilancia y espionaje digital, como el uso de malware, hackeo de cuentas o extracción ilegal de datos personales. En varios casos se han documentado intentos de infiltrar movimientos sociales con herramientas de cibervigilancia estatal o privada.
Discursos de odio y bots coordinados, que multiplican mensajes de desprestigio o incitan a la violencia, alimentando la polarización y criminalización.
Estigmatización mediática e institucional
Algunos medios de comunicación y autoridades estatales reproducen narrativas que presentan a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo”, “terroristas” o “obstáculos al progreso”. Esta estigmatización se replica en el ámbito digital, amplificando los riesgos para quienes se pronuncian públicamente en defensa del ambiente.
Género y violencia digital
Las mujeres defensoras enfrentan formas específicas de violencia digital, donde el ataque a su vida privada, su cuerpo o su rol como cuidadoras es utilizado para silenciarlas o deslegitimar su liderazgo. En muchos casos, esto se traduce en autocensura o retraimiento del espacio digital.
Falta de protección y acceso a justicia
Los mecanismos de protección estatales suelen estar desactualizados frente a estas formas de violencia, carecen de enfoque de derechos digitales, y no garantizan respuestas efectivas frente a la impunidad. Además, muchas personas defensoras no cuentan con capacitación ni herramientas para protegerse en el entorno digital.
¿Qué es la violencia digital?
La violencia digital es cualquier acción que, mediante medios tecnológicos (mensajes, publicaciones, imágenes, videos o redes sociales), cause daño psicológico, simbólico, reputacional o material a una persona. Afecta especialmente a quienes ejercen el derecho a defender derechos, al alzar su voz contra poderes establecidos o denunciar injusticias.
Instrumentos y patrones comunes
Difamación y campañas de desprestigio.
Acoso coordinado (troleo, insultos, burlas).
Amenazas anónimas o desde perfiles reales.
Suplantación de identidad o manipulación de imágenes.
Exposición pública de datos personales (doxing).
Uso de instituciones o redes de poder para intimidar.
Implicaciones para las personas víctimas
La violencia digital puede generar:
Aislamiento social y miedo a participar públicamente.
Afectaciones emocionales y de salud mental.
Riesgo físico cuando las amenazas se trasladan al mundo offline.
Criminalización o pérdida de credibilidad ante instituciones.
Autoexclusión o salida forzada del territorio.
Teclados y puños: distintas formas de silenciar a quienes protegen la naturaleza
En el contexto de la defensa ambiental, las personas y comunidades que protegen los territorios y los bienes comunes enfrentan múltiples formas de violencia como mecanismo de intimidación, represalia o silenciamiento. Estas agresiones no se limitan al plano físico, sino que también se manifiestan en el ámbito digital, especialmente cuando los defensores utilizan plataformas en línea para denunciar injusticias, visibilizar conflictos o articular redes de apoyo. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que permite comprender las diferencias y similitudes entre la violencia física y la violencia digital, con el fin de dimensionar los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden el ambiente desde distintos espacios
Aspecto
Violencia Física
Violencia Digital
Definición
Uso de la fuerza corporal para dañar, controlar o intimidar.
Uso de medios digitales para dañar, acosar o amenazar.
Espacio donde ocurre
Presencial (hogar, calle, instituciones, etc.).
En línea (redes sociales, correo, plataformas digitales).
Con entusiasmo, compromiso y sentido de responsabilidad, el pasado fin de semana (10 de mayo 2025) se llevó a cabo una jornada de limpieza en el río Tacares, organizada por la Fundación para el Desarrollo Ecológico y del Medio Ambiente junto a Zona Franca Evolution. La actividad convocó a estudiantes y docentes de la carrera de Gestión Integral Del Recurso Hídrico de la UCR, organizaciones comunitarias y representantes institucionales como la Municipalidad de Grecia, el Club LEO, la Cruz Roja Costarricense y el Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, entre otros actores del cantón.
La recolección de residuos arrojó un panorama preocupante: llantas, muebles, lozas sanitarias, materiales de construcción liviana, botellas, vidrio, loza para piso y aluminio, fueron algunos de los objetos extraídos del cauce. Esta realidad evidenció la urgente necesidad de un cambio de actitud colectiva frente al manejo de desechos.
Durante el encuentro, se subrayó la importancia de asumir una responsabilidad compartida con el ambiente. “Este tipo de acciones tienen un doble mensaje: que la contaminación tiene solución si cada persona asume su parte, y que es posible dedicar tiempo, aunque sea un poco, para retribuirle algo a la naturaleza”, expresó uno de los organizadores en un emotivo discurso.
La jornada también sirvió como espacio de conexión con la historia local, destacando el valor ancestral del territorio y la riqueza de los bienes comunes. Los grupos de voluntariado fueron distribuidos en tres sectores estratégicos para maximizar el impacto de la limpieza, y la actividad cerró con un mensaje claro: el cuidado del ambiente comienza con actos concretos y cotidianos.
Más que una simple limpieza, la experiencia fue un ejercicio de ciudadanía activa y amor por el entorno, recordándonos que proteger nuestros ríos es proteger la vida misma.
Desafíos persistentes en la gestión de residuos en Costa Rica: el caso del río Tacares
La jornada de limpieza del río Tacares no solo dejó al descubierto una gran cantidad de desechos, sino también los retos estructurales que enfrenta Costa Rica en la gestión adecuada de residuos sólidos. La presencia de objetos como llantas, lozas sanitarias, muebles, restos de construcción liviana, botellas y materiales como vidrio o aluminio evidencia prácticas comunes de disposición inadecuada, tanto en zonas urbanas como rurales.
Aunque el país ha avanzado en políticas de reciclaje y separación de residuos, aún persisten brechas significativas: falta de infraestructura para la recolección diferenciada, escasa fiscalización del vertido ilegal y débil educación ambiental en algunas comunidades. A esto se suma una cultura de consumo que genera grandes volúmenes de desechos y no siempre considera su impacto ambiental.
Lo encontrado en el río Tacares muestra cómo los cuerpos de agua terminan siendo vertederos informales, afectando la biodiversidad, la calidad del agua y el bienestar humano. Frente a esto, es urgente reforzar acciones interinstitucionales, fortalecer la participación ciudadana y promover cambios en los hábitos de consumo y disposición final de residuos.
El río habla, y en sus aguas contaminadas hay un mensaje claro: la gestión de residuos no puede seguir siendo una tarea postergada.
Los ríos como espacio socioeducativo: sembrando conciencia desde la acción
Más allá de la recolección de residuos, la limpieza del río Tacares se convirtió en un escenario vivo de aprendizaje colectivo. Este tipo de actividades funcionan como espacios socioeducativos donde se vinculan el conocimiento, la experiencia directa con la naturaleza y la construcción de una ética ambiental compartida.
Al participar en la limpieza, personas de distintas edades y sectores reflexionaron sobre el impacto cotidiano de nuestras decisiones de consumo y disposición de residuos. La vivencia concreta —meter las manos al agua, descubrir desechos ocultos entre piedras o raíces— genera una conexión emocional difícil de lograr solo en el aula. Esa sensibilidad es clave para formar ciudadanía comprometida con el ambiente.
Además, iniciativas como esta fomentan el trabajo colaborativo, el reconocimiento del territorio como un bien común y el fortalecimiento de valores como la solidaridad, el respeto y la corresponsabilidad. Los ríos, más que cuerpos de agua, son espacios donde se puede aprender a cuidar la vida.
Este 15 de mayo, se celebra el día del agricultor, pero lo que celebramos realmente, es la progresiva desaparición del agricultor, que ocurre cada año ante nuestros ojos y que cada Gobierno desde 1986, se ha encargado de ignorar la importancia de la agricultura, de desmantelar el apoyo estatal hacia esta actividad, de políticas simbólicas y ficticias y de convertir al agricultor en una figura del folklore y de la añoranza del pasado.
Precisamente hoy, en esta fecha, los medios de comunicación revelan que el sector agro, pierde 54.000 empleos en seis años y alcanza su punto más bajo en una década. Unas 206.000 personas se dedicaron a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en el 2024, cifra que no se veía hace una década, es decir esto representa una reducción del 20%, desde el 2018 y eso que en ese año el número de ocupados tuvo un repunte.
Pero la situación de las personas ocupadas es aún más delicada, ya que, en el cuarto trimestre de 2024 (octubre, noviembre y diciembre), el número de personas ocupadas en esta actividad llegó a 197.887. Esto convierte a dicho trimestre en el que presenta el resultado más bajo, al menos desde el año 2011. (El Observador.com,15-5-2025)
Ya a principios del 2024, la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, reveló que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024)
Por eso, tampoco nos sorprende ver la información del IMAE sobre el descenso de la producción agrícola, donde Marzo de 2025 se convirtió en el quinto mes consecutivo con disminución en la producción agropecuaria, pues a partir de noviembre la tendencia cambió y la producción ha disminuido mes a mes, acumulando cinco meses consecutivos de retroceso:
Noviembre 2024: -1,1% Diciembre 2024: -3,1% Enero 2025: -4,4% Febrero 2025: -4,3% Marzo 2025: -2,9% (El Observador.com,14.5.2025)
Las causas y las explicaciones para un proceso de deterioro que se inició hace varias décadas, tanto de parte del sector gubernamental, como de las propias organizaciones agrícolas, ya hasta suenan reiterativas y desgastadas.
El Banco Central explica en su Informe de Política Monetaria de abril que la actividad agropecuaria se vio afectada de varias formas debido a situaciones climáticas: se produjo una merma en la producción orientada al mercado externo, como la de banano y piña. Hubo una menor producción en actividades agrícolas de ciclo corto, como papa, hortalizas, plátano y cebolla.
Mientras que, desde la Cámara de Agricultura y Agroindustria, “el sector agropecuario nacional atraviesa una grave crisis”, que, desde su perspectiva, obedece a varios factores, entre ellos los fenómenos climáticos adversos, que están generando una baja en la producción y otro es la pérdida de competitividad en las actividades agroexportadoras y del mercado interno, debido a la apreciación del colón frente al dólar.
Pero éstas son razones coyunturales y el deterioro de la actividad agropecuaria, responde a causas estructurales, relacionadas con las transformaciones del modelo de desarrollo económico impulsadas a lo largo de 4 décadas, dirigidas a la apertura comercial y al establecimiento de una economía de servicios, en la que predomina la inversión extranjera y en la que la actividad agrícola es una actividad secundaria y hasta marginal (la producción para el mercado interno).
De ahí que, que la reducción en el área sembrada de cultivos para el mercado nacional, ya no sorprenden y hasta parecen anecdóticos, como las datos de que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos, pues pasó de 154.658 en 1990 a 36.226 en 2023. La disminución es del 75%. lo que se refleja en la cantidad de personas empleadas en ese sector.
Otro ejemplo es la cebolla, en la que la producción nacional de este producto cayó en el 2024, hasta uno de sus puntos más bajos de la última década, con unas cifras que pasaron de 45.585 en el 2023 a 35.788 toneladas métricas en el 2024, que según el Consejo Nacional de Producción (CNP) representa una disminución del 21,5%.
Como lo apuntábamos en un artículo anterior denominado,La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos,se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo (piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento desmedido de la importación como ha ocurrido con el arroz, el maíz y el frijol o recientemente con la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.(surcosdigital.com,1-10-2024)
Igualmente lo señalábamos en otro artículo titulado Los Cambios en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 confirman la tendencia al deterioro de la actividad agrícola. En ese artículo se mencionaba que la encuesta tenía entre sus principales revelaciones un descenso significativo en el área sembrada de los cultivos anuales con respecto al año 2022 y un descenso menor en los cultivos permanentes entre los dos años.
El descenso en el área dedicada a los cultivos anuales, era provocado principalmente por el descenso en el área de producción de arroz y en menor medida en las áreas de maíz y papá en el último año, En cuanto a los cultivos permanentes, el descenso en el área se dio sobre todo en las áreas de producción café, banano, caña y plátano.
La producción agroalimentaria para el mercado interno ha ingresado en el círculo perverso del comercio alimentario, de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones, aumento de los precios al consumidor y crecimiento de las ganancias de los importadores y empobrecimiento de los productores nacionales, que algunos políticos celebran con júbilo.
Mediante continuos artículos en defensa del agricultor y de la agricultura nacional, hemos estado escribiendo junto a algunas instituciones con intereses similares, la historia negra o la obra dramática del agricultor y la agricultura nacional, que ve desaparecer de manera inexorable una ocupación y una actividad que es parte de la identidad nacional y que en otros países consideran estratégica: la producción de alimentos.
El Informe del Estado de la Nación 2023, decía que “La disminución en la producción de granos básicos compromete la seguridad alimentaria y nutricional de la población, pues no promueve una oferta suficiente y constante de alimentos que garantice la satisfacción de las necesidades de la población”.
En tanto, la Defensoría de los Habitantes en una investigación realizada el año anterior, afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación, por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.
Sin embargo, no hay mejor explicación a la situación de los agricultores y de la agricultura nacional, que las manifestaciones de los propios agricultores, que cada semana concurren a las ferias del agricultor a pesar de los diversos problemas que enfrentan “para seguir siendo productores”.
El mes pasado y en relación con la situación de la producción y comercio de la cebolla un productor de Tierra Blanca expresó que nunca había pasado por una situación tan complicada como la actual, en la que el mercado nacional no está absorbiendo la producción nacional, porque el Cenada y los supermercados prefieren importar cebolla que comprarle al nacional.
Otro productor de Santa Ana, afirmó que “eso es un desplazamiento de la producción nacional (…) Y cuando ellos (importadores) dominan la oferta dominan el precio”, la lógica es clara, producir menos para importar más y que los importadores obtengan grandes ganancias en el comercio del producto.
Y finalmente una productora de San Carlos, que vende en la feria del agricultor de Cartago, tubérculos, maracuyá y plátano, expresó que “ya no aguantamos más, los insumos altísimos, la gasolina también, nos cobran todo y para el gobierno no existimos, nos quieren desaparecer, mientras que en otros países cuidan y chinean a los agricultores.
La Defensoría de los Habitantes, en el marco de su labor de vigilancia y defensa de los derechos fundamentales de la población, solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) un reporte sobre las acciones adoptadas para garantizar el derecho a la educación a las personas menores de edad ubicadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur, quienes se encuentran en el grupo de personas deportadas desde Estados Unidos.
La petición se realiza luego que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informara a esta Defensoría que “ha mantenido acercamientos con el MEP a fin de trasladar el tema”.
La Defensoría planteó dicha gestión ante el MEP para que informe la articulación entre ambas instituciones en este caso y rendir cuentas de la colaboración o procesos de coordinación que se mantengan con las autoridades migratorias, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, con el fin de garantizar el derecho a la educación de la población menor de edad ubicada en el CATEM Sur. Para la Defensoría es importante dar seguimiento al tipo de intervención del MEP para abordar el tema educativo de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta sus particularidades, como son el idioma, costumbres, nivel de conocimientos y grado de escolaridad.
También, deberá detallar qué información ha facilitado a las familias sobre los servicios educativos disponibles y si están impartiendo lecciones, en qué consisten las mismas, quién las imparte; qué otras actividades se ofrecen a este grupo de niños/as en cuanto a programas de tutorías, refuerzos escolares, apoyos lingüísticos, programas que promuevan el respeto a la diversidad cultural, entre otros. Asimismo, deberá informar si el MEP cuenta con algún protocolo o programa específico al respecto.
Esta labor forma parte de todo un proceso de observación, inspección y seguimiento a la situación de deportación de estas personas, quienes ingresaron al país a partir del 20 de febrero anterior. En el último reporte entregado por la Defensoría la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pasado 09 de mayo 2025, se reporta que, de la última visita al CATEM, estaban presentes un total 26 personas menores de edad.
La Dirección Regional de Educación Coto, del Ministerio de Educación Pública (MEP), en Ciudad Neily, solicito a esta Defensoría ampliar el plazo para poder ofrecer la respuesta solicitada debido a que están en un proceso de visitas colegiadas a los centros educativos de la región y otras actividades relacionadas al Consejo de Participación Comunal.
A 77 años de la NAKBA (inicio de la catástrofe de ocupación en Palestina) les convocamos a una Vigilia frente a la Asamblea Legislativa, a donde llegará el borrador del Tratado de Libre Comercio que el Poder Ejecutivo está negociando con Israel.
Ante el secretismo con que se están llevando a cabo las conversaciones en el Poder Ejecutivo, nuestro mayor apoyo al pueblo palestino -en este momento- es hacer presión para oponernos a un TLC que nos haría cómplices de la mayor barbarie de este siglo.
Si tu corazón y tu conciencia dicen ¡NO!, hacete presente y compartí esta convocatoria.
– Jueves 15 de Mayo, 5-8 pm – Llevá banderas, flores, velas y pancartas alusivas.
“El mundo empieza a cambiar cuando quienes lo construyen deciden no callar.”
Frank Ulloa Royo
La educación es la raíz profunda de una sociedad justa y equitativa pero también es una fuente de ideología y discriminación cuando promueve estereotipos. Como un río que nutre la tierra a su paso, la enseñanza debe ser el motor que impulse la construcción de una sociedad verdaderamente multiétnica y pluricultural, cimentada en el respeto y la igualdad. Sin embargo, la falta de representación en los materiales educativos, la criminalización de ciertos fenotipos y la exclusión de voces históricas han convertido el sistema educativo en un espejo deformado, donde muchos no logran verse reflejados.
Recientemente, en una reunión con educadores y educadoras, me sorprendió la indiferencia con que algunos desestiman la importancia del racismo en la educación, tratándolo como un asunto secundario. Fue en ese momento cuando decidí escribir estas líneas, no solo para evidenciar la urgencia del problema, sino también para desafiar la comodidad y la pasividad con la que se sigue ignorando el tema. Por otra parte, en una dirección contraria, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación fue pionero en plantear el tema, y crear espacios de debate, pero debe continuarse esta propuesta en la vida cotidiana de todos quienes laboran en la educación, debería ser un tema ético ineludible y no una obligación escolar.
Etiquetas que marginan:
Como señala Rina Cáceres, el problema no es el color de piel, sino las etiquetas sociales que se le adhieren. En la educación, el fenotipo se convierte en un marcador que condiciona la percepción y el trato hacia ciertos estudiantes. Fallas (1943) denunció en Mamita Yunai la explotación en los enclaves bananeros, la discriminación contra campesinos mestizos, la marginación de los indígenas perdidos en la selva y la segregación de la fila carbón. Esta historia, que en otro momento fue un referente en las aulas, parece desvanecerse de los programas escolares y las librerías.
Intentar conseguir un ejemplar de Mamita Yunai se ha convertido en una tarea difícil, como lo comprobé recientemente al buscar uno para un conferenciante colombiano. Esta ausencia no es casualidad: borrar estas narrativas es una forma de silenciar la memoria histórica y ocultar las luchas que han denunciado el racismo y las desigualdades estructurales.
La normalización de estas categorías invisibiliza la discriminación y la convierte en parte del paisaje educativo. Como hormigas en el azúcar, los fenotipos dominantes aparecen en los libros de texto sin que nadie cuestione su predominio. Esta falta de diversidad refuerza estereotipos que limitan el desarrollo de una educación verdaderamente inclusiva.
Materiales educativos y enseñanza: ¿quién decide qué historias merecen ser contadas?
Los materiales educativos no son neutrales. Reflejan las estructuras de poder de la sociedad. Como plantea Freire (1970), la educación debe ser un proceso liberador que permita a los estudiantes cuestionar su realidad y transformar su entorno. Sin embargo, los libros escolares muchas veces funcionan como instrumentos de reproducción social, legitimando jerarquías raciales y económicas.
¿Deben los trabajadores de la educación preocuparse por estos temas o se ven como una carga académica adicional? ¿En qué gaveta del escritorio acomodamos la ética? La representación sesgada en los materiales escolares perpetúa desigualdades, mostrando solo una versión parcial de la historia. Como señala Quijano (2000), la colonialidad del poder sigue vigente en la educación, reforzando la idea de que ciertos grupos dominantes son los protagonistas del conocimiento. Si no hay espacio para la diversidad en la literatura escolar, nunca ocurrirá el mestizaje intelectual capaz de romper estereotipos.
Criminalización y prejuicios: el racismo como obstáculo para el aprendizaje
El fenotipo y el lugar de origen pueden convertirse en marcadores de criminalización dentro del sistema educativo. Un estudiante migrante es visto con sospecha, su identidad vinculada a la marginalidad en lugar de sus habilidades o talentos. Como afirma Wacquant (2009), la criminalización de ciertos grupos es una estrategia de control social que se manifiesta en múltiples espacios, incluido el educativo.
¿Tienen las organizaciones de trabajadores una respuesta crítica frente al racismo en la educación? Existe un silencio evidente, pero ¿cómo interpretarlo? Este tipo de prejuicios impide que la escuela sea un espacio de equidad. La ley de carrera docente ha perdido vigencia y, más allá de su propósito original, se ha convertido en otro instrumento de discriminación, imponiendo una visión monocromática de la vida escolar. ¿Podrían los sindicatos aprovechar la convención colectiva para luchar contra el racismo y reformular las normas que perpetúan un poder vinculado al color de piel y el fenotipo?
Conclusión: una educación sin espejos distorsionados
Erradicar el racismo en la educación requiere acciones concretas. Iniciativas como Centros Educativos Libres de Discriminación Racial, promovida por Rina Cáceres desde la Universidad de Costa Rica a finales de la década anterior, han demostrado que el cambio es posible. Además, Hooks (1994) enfatiza que los docentes deben estar capacitados para detectar y combatir el racismo en las aulas, convirtiéndose en agentes de transformación.
Los sindicatos y gremios de trabajadores de la educación juegan un papel clave en este proceso. No basta con conmemorar el Día del Negro o el Día de los Pueblos Indígenas. Vestirse con prendas africanas durante una jornada escolar es un gesto simbólico, pero insuficiente para desmantelar estructuras racistas. Se requiere una estrategia sindical sólida que transforme el discurso en acción.
La educación debe ser un espejo en el que cada individuo pueda verse reflejado sin distorsiones ni exclusiones. Si sigue reproduciendo estructuras discriminatorias, perpetuará un sistema en el que muchas voces y realidades seguirán en la sombra. Aquí es donde los sindicatos y trabajadores de la educación tienen una responsabilidad ineludible. Su papel es crucial para impulsar cambios estructurales que garanticen una enseñanza libre de discriminación racial.
Los protocolos educativos actuales muchas veces existen solo en el papel, siendo desconocidos y poco aplicados. La lucha contra el racismo en la educación no puede depender de normativas burocráticas ineficaces, sino de acción colectiva y disruptiva que cuestione las políticas imperantes. Si la enseñanza sigue reflejando una versión distorsionada de la sociedad, estamos condenando a las futuras generaciones a repetir conductas racistas y las mismas desigualdades, históricas originadas en la perdida de libertad de los esclavos africanos y repartimientos de pueblos indígenas.
Bibliografía
Fallas, C. L. (1943). Mamita Yunai. Editorial Costa Rica.
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
Hooks, B. (1994). Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. Routledge.
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. CLACSO.
Wacquant, L. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press.
Por Osvaldo Durán-Castro, sociólogo Profesor ITCR-ecologista FECON
En el debate sobre cuál es el modelo eléctrico que requerimos en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, uno de los argumentos a superar es el sentido común errado, pero políticamente vendido y creído, de que prácticamente todas las energías que no provienen de combustible o que se generan con su uso son renovables, sostenibles, limpias, verdes. Ya hoy, en cualquier debate serio se deben incluir los impactos de esas energías “limpias” en los ecosistemas y las personas. No reconocer la destrucción de los ecosistemas, empezando por los ríos en el caso de la generación de electricidad, además de ser técnicamente ignorante, es una completa irresponsabilidad.
Hace 4 años, cuando Costa Rica fue sede del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) (7 al 24 de septiembre de 2021), con el apoyo del Gobierno, el Ministerio de Ambiente/MINAE y el Instituto Costarricense de Electricidad/ICE, decenas de organizaciones de América y Europa, puntualizamos numerosos argumentos técnicos sobre los daños e impactos irreparables de las energías “limpias” como las hidroeléctricas, que hasta hoy no son de consideración para esa industria.
Si bien un componente de este debate es puramente técnico y científico, otro, igualmente pesado, es el relacionado con los derechos de las personas y de los ecosistemas. Cierto que hay enormes diferencias entre lo público y lo privado, por cuanto lo público generalmente cuida la atención de necesidades sociales relacionadas con energía, mientras que los modelos privados están fijados en el lucro. Pero, en general, coinciden en que todos sus proyectos, salvo excepciones muy calificadas, son pensados, construidos e impuestos sin ningún tipo de consulta a la gente que es impactada negativamente. Además, las industrias públicas y privadas, de nuevo salvo excepciones públicas, niegan y justifican los daños a los ecosistemas, desde los más leves hasta los más severos e irreparables, mediante los llamados estudios de impacto ambiental, que en muchísimos casos, no son más que una fabulosa industria intelectual y de ciencias naturales y sociales, asociada con la explotación energética de cualquier tipo. En Costa Rica un caso de antología en cuanto a irresponsabilidad técnica, tráfico de influencias, favores políticos, permisos amañados, presión e imposición a las comunidades, etc., fue el proyecto de hidroeléctrica San Rafael de la empresa H.Solís, que tras muchos años de lucha comunitaria y social local y nacional fue derrotado. Casi de inmediato las comunidades de Turrialba y nacionales sumaron a su historia la liquidación de los PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa Hidrodesarrollos del Río Platanares S.A. que, según se dijo, era la misma H.Solís. Estos y muchos otros casos son evidencia de que desde hace décadas empezó a crecer en Costa Rica un nuevo sentido crítico, ético y preocupado por modelos sustentables.
Precisamente por esas preocupaciones es que un foco de desacuerdo irreconciliable con el proyecto 23.414 es que supone un peligro directo de explotación indiscriminada de los ecosistemas nacionales. Entre las “Fuentes energéticas renovables” (artículo 3k) se mencionan “la energía del sol, el viento, la biomasa, el agua, las mareas, olas y los gradientes de calor natural y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”, sin reparo de ningún tipo en sus impactos y como si éstos fueran inexistentes. En el mismo párrafo se agrega que son “fuentes de energía que están sujetas a un proceso de reposición natural”, lo cual revela que quienes redactaron el proyecto desconocen u ocultan deliberadamente toda la información científica sobre ecosistemas destruidos en el mundo como cuencas hidrográficas y sus ríos. ¿Acaso un río sobrevive con el 20 o 10% de su caudal que en los estudios de impacto ambiental siguen defendiendo ridículamente como “caudal ecológico”?
Estas fuentes “renovables” según el artículo 14 del 23.41 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” “pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta…”. Este es un punto particularmente sensible pues retoma todas las pretensiones y presiones contenidas en muchos proyectos de ley anteriores, todos orientados a romper los topes de generación para privados tanto por tamaño de proyectos como por porcentaje con respecto del Sistema eléctrico nacional, SEN. Esos topes hasta ahora son del 15% según la Ley 7.200, capítulo I, con proyectos de hasta 20 megavatios y de otro 15% con la Ley 7.508, capítulo II, con proyectos de no más de 50 megavatios. En versiones anteriores de otros proyectos privatizadores se establecían topes ideales de 50 megavatios para los primeros y de 100 megavatios para los de la Ley 7.508. Pero ahora, con el proyecto 23.414 se rompen todos los topes para los proyectos privados, ya sea de empresas nacionales o transnacionales, pues todos los agentes competirán en el mercado de subastas en igualdad de condiciones.
El otro punto crítico es que todos los sistemas de explotación, trasiego, almacenamiento y distribución de cualquier energía, requiere explotaciones y energías adicionales. La lucha emblemática en la Patagonia chilena contra una explotación hidroeléctrica de 2.760 megavatios en Aysén y tendidos eléctricos de 1.970 kilómetros para consumirlos principalmente en minas, para favorecer a corporaciones privadas, es uno de los mejores ejemplos para comprender los impactos interrelacionados entre distintas explotaciones energéticas. Ni qué decir de la mitología y el novelón global alrededor de consumo de “energías limpias” en carros eléctricos y dispositivos de almacenamiento energéticos, cuya producción resulta devastadora.
El proyecto incluye (artículo 3 j) como “Fuentes energéticas no renovables” “el carbón, la turba, el petróleo, el gas natural y el material radioactivo y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”. Con esto queda claro que se busca, de nuevo, que en el país más “limpio” se pueda explotar petróleo o hacer fractura hidráulica del suelo para extraer gas y petróleo (fraking) o hasta jugar con materiales radioactivos. Más allá de los peligros por destrucción de ecosistemas de este tipo de extracciones, es claro que será imposible mantener cualquier propaganda de país “sostenible” si se abren los mercados para este tipo de explotaciones energéticas.
Si bien el artículo 16 establece que “estos proyectos solo podrán ser desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a solicitud del Ente Rector”, de seguido se crea la posibilidad de que puedan ser implementados por otros agentes del mercado si el ICE declara “imposibilidad de llevarlo a cabo”, gracias a que ECOSEN “desarrollará un proceso de contratación de estos proyectos”. Esta es parte de la letra del proyecto que crea opciones para contratos con empresas locales o transnacionales para incursionar en explotaciones energéticas hasta ahora detenidas en el país. El máximo nivel de fiscalización para estos proyectos será responsabilidad del MINAE que les dará “autorización”. Pero, si nos atenemos a fiscalizaciones y autorizaciones como las de Crucitas, Gandoca Manzanillo, la zona marítimo terrestre en Guanacaste y cientos más, pues ya sabemos la tusa con que nos rascamos y los resultados posibles.
No es que el proyecto 23.414 por sí solo inicie una era de conflictos sociales relacionados con energía; es que los agudizará. En un mercado abierto, con competencia igual entre lo público y lo privado y con todas las empresas nacionales y transnacionales, presionando para generar y competir en mejores condiciones en el mercado eléctrico, se multiplicará la amenaza de muchos proyectos. Ya mencionamos algunos como los provocados por la empresa H.Solís, pero podrían reanudarse otros sobresalientes como el PH Diquís. En el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040 (ICE. PEGE. marzo 2023. P.125) se incluyen veintinueve proyectos de todo tipo entre públicos y privados. La lista la encabeza precisamente el PH Diquís por ahora “suspendido” (no excluido ni menos liquidado) con una potencia de 646 megavatios (el proyecto en operación más grande del país es el Reventazón de 305 megavatios). Otros dieciocho eventualmente serían desarrollados por empresas (algunas que son también generadoras) como JASEC, COOPEALFARO, COOPEGUANACASTE, COOPELESCA y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (PEGE. P.128).
El mismo ICE señala que a esos nada pocos cuarenta y siete proyectos se pueden sumar otros de empresas distribuidoras y privados “que puedan ser identificados y estudiados”, y llama la atención la explicación de que “Además de los nuevos esquemas que eventualmente puedan aparecer (vale preguntarse si como los del expediente 23.414) proyectos adicionales están bajo estudio por desarrolladores del sector privado y de las empresas distribuidoras. Las plantas genéricas que aparecen en el plan de expansión permiten tomar en cuenta la posibilidad de estos desarrollos” (PEGE. P.127).
Abonando en favor de la generación privada el Plan de expansión del ICE señala que “La optimización del Plan de Expansión considera la capacidad disponible en proyectos genéricos, y optimiza la instalación, independientemente del régimen de propiedad y de las condiciones contractuales de las plantas y proyectos…” incluyendo las opciones de generadores independientes/privados (PEGE. P.128). Precisamente por estas posiciones anti-públicas del mismo ICE, es que es urgente sumar muchos más actores sociales en defensa del modelo público, solidario, con fijación de precios justos y enfocado en el bienestar de la población, que son los principios que desaparecerían si se aprueba el expediente 23.414, con la complacencia de gente dentro del mismo ICE.
Lo que defendemos es un modelo eléctrico público dirigido por el ICE, con crecimiento planificado según necesidades colectivas de toda la sociedad y no asociados con el lucro privado. Con precios de consumo final fijados según las necesidades reales de la población, sobre todo de las poblaciones rurales más alejadas e indígenas que son las que tienen acceso más difícil y costoso. El modelo de electricidad que necesitamos fortalecer es el que respete los ecosistemas de todo tipo de acuerdo con su capacidad limitada de carga para la generación de energía y el que entienda que los ríos no son sencillamente mercancías por explotar indiscriminadamente. Igualmente, asociados a los ríos están todos los ecosistemas y los derechos de las comunidades que viven y los aprovechan para actividades de sobrevivencia y subsistencia, como la agricultura, la pesca, la recreación, el turismo, etcétera.
Como se puede comprender, impedir la aprobación del proyecto de “armonización” 23.414, no significa la defensa incondicional del ICE. Dentro del ICE y desde hace décadas hay muchos cómplices de su desmantelamiento y favorecimiento de los negocios privados tanto en electricidad como en telecomunicaciones. Ingenuidad es lo menos que debemos cobijar.
El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional, se complace en invitarle a la presentación del libro Violencia Obstétrica desde la perspectiva de los Derechos Humanos y testimonios de mujeres sobrevivientes de Lorena de la Garza y con la participación de Amber Douma, Alejandro Hernández Bolaños y Luis Leiva Hernández.
La actividad será presencial el miércoles 21 de mayo a las 9:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
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