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Autor: María José Ferlini Cartín

Declaración de la Asociación Costa Rica Íntegra sobre el Proyecto de Ley Jaguar

Escrito en . Publicado en Derechos.

Julio 2024

Costa Rica Íntegra (CRI) es una organización sin fines de lucro creada en 2012, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional para Costa Rica y cuya naturaleza es ser un grupo independiente e imparcial en relación con otras instituciones e instancias, tanto públicas como privadas y eminentemente apartidista. CRÍ se dedica a impulsar la Transparencia, la Probidad y promover la Anticorrupción (TAP).

Su objetivo es promover la transparencia, el respeto a la legalidad, la lucha contra la corrupción y la integridad en el accionar del Estado y la sociedad costarricense como condiciones de desarrollo democrático y progreso económico y social.

Es imperativo para CRI, de acuerdo a sus objetivos, pronunciarse sobre las oportunidades y amenazas para la transparencia y la anticorrupción en la gestión pública, aparejadas en el Proyecto “Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica” (expediente legislativo 24.364), presentado por el Poder Ejecutivo.

Nuestro pronunciamiento desarrolla cinco consideraciones clave que pretenden contribuir en la deliberación para el proyecto de ley Jaguar, y que luego se resumirán en cinco valoraciones finales a modo de síntesis.

Primera consideración: la corrupción no es solo cosa del pasado, está presente y es creciente, el momento amerita fortalecer los controles.

Variada y rigurosa evidencia arroja que el país no está en un periodo de mejoría notable de la transparencia y de la integridad. Por el contrario, los hechos señalan que:

  1. Los episodios de corrupción de alto perfil o también llamados de “cuello blanco” son cada vez son más frecuentes y de montos y afectaciones sociales más importantes, tal como lo ejemplifican los casos “Cemento Chino”, “Cochinilla”, “Azteca”, “Comején”, “Madre Patria” y “Coraza”, entre otros.  En estos se descubrieron amplias redes de funcionarios públicos y actores privados que cooptan las políticas e intervenciones de las instituciones públicas, desviando importantes recursos a su favor y afectando los servicios que se brindan a la mayoría de la población.
  2. El incremento del crimen organizado trae aparejado un cada vez mayor riesgo de cooptación de la institucionalidad pública, ya que este tipo de crimen requiere áreas de corrupción y opacidad para operar, ocultar y luego legitimar sus ganancias ilícitas.
  3. La corrupción en trámites administrativos se manifiesta en un elevado y creciente el número de denuncias ante el Poder Judicial, la Procuraduría de la Ética Pública y la Contraloría General de la República relacionados con faltas a la probidad y delitos contra los deberes en la función pública.
  4. Hay mayores restricciones al acceso de la información pública y un descenso en los índices de libertad de prensa. Además, no avanzan las iniciativas legislativas para aprobar la Ley de Acceso a la Información pendiente desde hace más de una década.
  5. En la última edición Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, Costa Rica no recupera su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y se sitúa en un rango de desempeño deficiente (55 de 100 puntos posibles). En América, Canadá obtuvo un (76) y Uruguay (73) ubicándose en la cima, Costa Rica está a más de quince puntos de los mejores puntajes hemisféricos. Ciertamente esta medición general de percepción mundial puede y debe ser complementada con miradas más cercanas, de manera documentada, independiente y veraz.
  6. En las encuestas de opinión los niveles de corrupción se sitúan como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía desde hace más de una década.

Basados en las afirmaciones anteriores, la coyuntura por la que pasa Costa Rica no es un momento para aumentar la discrecionalidad y eliminar algunos de los controles sobre el erario público. En concreto, no contribuiría a la transparencia y probidad el eliminar la obligatoriedad de compartir la información con la Contraloría General de la República sobre las compras y obras de manera anticipada, por el contrario, se disminuiría la capacidad de los entes de control de actuar para prevenir cualquier acto indebido que facilite la corrupción, y a su vez la posibilidad de que la ciudadanía conozca estas actuaciones oportunamente.

Segunda consideración: la contratación pública, en especial de obra pública, es un área altamente vulnerable a la corrupción que amerita una fiscalización robusta desde entes técnicos y ciudadanía.

Los mayores escándalos de corrupción han acontecido en el área de contratación pública, para la cual se presupuestan recursos públicos significativos. En particular, el riesgo se incrementa en zonas poco supervisadas, que amplían los portillos a la corrupción: acciones ante las emergencias nacionales y empréstitos con ejecución más flexible en los controles de las compras públicas. La composición de las compras públicas en donde prevalece la compra directa atomizada tampoco ayuda.

Este tipo de situaciones impacta directamente en la calidad de los servicios públicos y obras que recibe la población, muchas veces retrasadas, inconclusas o deficientes. Ello incrementa la desconfianza a la población en sus gobernantes.

La CGR juega un papel fundamental en los controles previos y posteriores de la contratación pública. El incremento de los controles y las mejores prácticas internacionales se han plasmado en sucesivos cambios legales, en respuesta a la creciente complejidad de la institucionalidad pública costarricense, su nivel de gasto y la evidencia de casos de corrupción.  Las leyes en las últimas décadas han facultado a la CGR, a las auditorías interna, al control interno de las instituciones para que su intervención no se limite a actuar al final, sino que puedan prevenir antes de que ocurra la irregularidad y no esperar a que se haya consumado. La recuperación a posteriori de los recursos públicos mal gastados es muy difícil. También ha habilitado la acción previa desencadenada por denuncias e investigaciones abiertas por las auditorías de las instituciones. Más de un centenar de sanciones al año muestran la importancia de estos mecanismos.

Los avances que el país ha mostrado con la Ley de Contratación Pública y el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) requieren esfuerzos continuos para que su aplicación sea efectiva, y sobre todo se reformen algunos cuellos de botella y vacíos identificados, tal como la necesidad de incorporar mayor transparencia y participación ciudadana.

En este contexto, se considera negativa la propuesta del proyecto de Ley Jaguar, concretamente la posibilidad de arrendar inmuebles por hasta 30 años sin seguir procedimientos ordinarios estrictos. Los contratos de arrendamiento a largo plazo pueden dar lugar a compromisos financieros prolongados y desfavorables para el Estado si no se regulan adecuadamente. La falta de procedimientos estrictos puede permitir que se firmen contratos que no sean beneficiosos para el interés público, comprometiendo los recursos del Estado por períodos prolongados. Es necesario, entonces, establecer cláusulas claras que protejan al Estado de compromisos desventajosos y aseguren revisiones periódicas de estos contratos.

Además, con estas propuestas de desregulación el potencial de conflictos de interés queda incrementado, por ejemplo, la falta de mecanismos claros y regulados para la selección de aliados estratégicos en las alianzas de JAPDEVA. Sin procedimientos transparentes y rigurosos para la selección de aliados estratégicos, permitiría un mayor riesgo de prácticas corruptas y favoritismos. Las decisiones pueden ser influenciadas por intereses privados, comprometiendo la integridad de los procesos y afectando negativamente el interés público. La implementación de criterios claros y procesos transparentes es esencial para mitigar estos riesgos y asegurar que las alianzas estratégicas se formen en beneficio del interés general.

Tanto las alianzas estratégicas como la licitación pública y otros mecanismos son válidos para la consecución de fines públicos. Lo importante es que sea el mecanismo idóneo para la selección del co-contratante, el que mejor garantice que se respete los principios de igualdad de trato, libre concurrencia, probidad y transparencia. En ese sentido, cabe por ejemplo las alianzas estratégicas de una empresa pública con una o varias empresas privadas, en una relación de socios para hacer negocios en que cada parte aporta lo suyo, pero deben existir criterios técnicos, aportes, precios y objetivos claros para que la entidad pública seleccione a ese socio, y obtenga los mayores réditos de esa alianza.

Tercera consideración: El diseño del Estado costarricense tiene controles que se complementan y refuerzan entre sí, cualquier cambio afecta la distribución de pesos y contrapesos y afectará la detección de las irregularidades.   

Conviene mirar al diseño que en 1949 se adoptaron en el marco de la Constituyente y las decisiones que incorporó una serie de controles a la gestión de la hacienda pública. De hecho el estado costarricense tuvo un crecimiento de funciones y gasto extraordinario a partir de 1940 y los constituyentes valoraron el periodo de un régimen de despilfarro y de peculado y establecieron como prioridad el diseño de una arquitectura del estado para reducir oportunidades para la corrupción y para racionalizar la actuación financiera del Ejecutivo.

Al realizar un recorrido sobre las actas de la Constituyente se encuentran en la misma comisión y línea de discusión los temas de presupuesto, contraloría y descentralización, dando autonomía a un conjunto de instituciones públicas para que operaran con criterio técnico. Las instituciones contraloras son parte de un diseño constitucional de pesos y contrapesos para salvaguardar la hacienda pública y el bien común. Los constituyentes valoraron que “se hace indispensable garantizar que esas instituciones no se convertirán en fácil pasto de la política y de las maniobras del Ejecutivo”.

En palabras de un constituyente “Priva en el Proyecto de la Constitución la tendencia a la creación de instituciones autónomas dentro del Estado que dirijan ciertos organismos. Con ello se da participación efectiva a los más capacitados para orientar tales actividades, se les responsabiliza por su labor y se abre campo a una colaboración más eficaz de la ciudadanía en la obra de administrar; y acaso lo más importante: se da estabilidad a lo técnico y se le aleja de la peligrosa politiquería.  Pero el Proyecto (de la Constituyente) mejora la situación actual, al exigir que esa intervención sea realizada por Instituciones Autónomas, es decir, no por los Ministerios directamente, no con política de por medio, sino por funcionarios técnicos e independientes del ciclo político, especializados en la materia.”

La CGR es el ente rector de este sistema control, clave para mantener el principio de legalidad y el Estado de Derecho. El legislador ordinario, además, le ha ido agregando múltiples funciones a la Contraloría en las últimas décadas, haciendo más sofisticado el alcance y creando distintas capas de supervisión, incluyendo las más recientemente en la administración Alvarado, la ley que establece la regla fiscal que amplió las funciones de la CGR como ente responsable de fiscalizar su cumplimiento, con responsabilidad final.

Si alguna parte de ese diseño se ve trastocada, se modifica todo el conjunto del diseño y no se garantizaría su efectividad. Por ello, las reformas deben incorporarse con base en un criterio integral y de impactos del sistema de fiscalización. Las competencias que se eliminan de un alguno de los entes de control, deben verse fortalecidas en otro ámbito de control, de lo contrario se crearán silos no observados y aumentará la opacidad, que se sabe es caldo de cultivo para la corrupción.

La CGR ha venido evolucionando hacia un esquema más moderno que fortalece el control de primer piso, es decir las auditorías internas y la atención de denuncias. Se han promovido los casos presentados por los auditores o denuncias anónimas. La OLACEFF y estándares de la OECD marcan las pautas en esta materia de las mejores prácticas, en donde la CGR ha estado bien evaluada consistentemente. Recientemente presentaron un proyecto que utiliza inteligencia artificial para la supervisión por cámaras de la obra pública, convirtiéndose en uno de los primeros entes fiscalizadores en el mundo en contar con esta tecnología.  

En conjunto con este sistema de pesos y contrapesos, cabe recordar los principios más relevantes sobre la gestión pública contenidos en la Constitución:

  • Principio de Legalidad (Artículo 11): Todas las actuaciones de las entidades públicas deben realizarse conforme a la ley.
  • División de Poderes (Artículo 9): Debe respetarse la separación de funciones entre los poderes del Estado y sus instituciones.
  • Eficiencia Administrativa (Artículo 191): Las reformas deben promover la eficiencia en la administración pública.
  • Fiscalización (Artículo 183): La CGR debe mantener su rol de supervisión de la Hacienda Pública.

Cuarta consideración: CGR es un control efectivo de los fondos públicos, con áreas de mejora, pero su debilitamiento no contribuye en nada al desarrollo nacional.

Existen diferentes modelos de control y de entidades de fiscalización superior -conocidas como Contralorías- en el mundo, de acuerdo con el respectivo diseño constitucional. En ese sentido, los artículos 183 y 184 de la Constitución son muy amplios, no limita expresamente la potestad de fiscalización al control posterior, sino que lo deja abierto al control preventivo, concomitante y posterior de la gestión pública, a criterio del órgano fiscalizador. Además, hay funciones asignadas por la propia Constitución (art.184) y otras que la Constitución permite que la Contraloría realice por encargo legal (otras funciones que la ley le asigne, dice el inciso final del art.184). Y entonces, sí se asignaron funciones de control previo tanto por la Constitución como por las leyes.

No cabe disminuir el ámbito de fiscalización sin violentar el diseño constitucional que responde a un modelo de control lo más abarcativo posible. En ese mismo sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

Con ello no se está negando que hay una sentida necesidad de revisar procedimientos a lo interno de la CGR, sobre todo mejorando aquellos cuellos de botella que terminan haciendo más largo el proceso de las acciones u obras, y por ende más susceptible a la corrupción.

La CGR ha venido llenando vacíos, como el fortalecimiento de auditores internos, su protección ante el jerarca, y también de los departamentos legales, la educación para el control desde la juventud y capacitaciones. También es de reconocer la mejora en la fiscalización presupuestaria y de la calidad y oportunidad de los datos e informes ante la Asamblea Legislativa, lamentablemente no siempre estudiados y puestas en práctica sus recomendaciones.

Debe seguirse el camino ya iniciado de mejorar la efectividad de la CGR, por ejemplo la capacidad de imponer sanciones en los procesos de atención de denuncias e investigaciones, la construcción de una verdadera red de fiscalización general y en cada institución con auditorías con mayores instrumentos e independencia de los jerarcas, y la puesta en marcha efectiva del control interno, que aún no se ha consolidado.

La fiscalización a posteriori que postula la ley Jaguar limita la actuación de la CGR a revisiones después de que las decisiones administrativas hayan sido tomadas y ejecutadas, una acción de autopsia forense frente a hechos consumados.

Esta limitación debilita la capacidad de la CGR para prevenir irregularidades y actos de corrupción antes de que ocurran. La falta de controles preventivos reduce la posibilidad de detectar y corregir errores o actos ilícitos en etapas tempranas, lo que puede resultar en la malversación de fondos públicos y otros actos de corrupción que podrían haber sido evitados. La prevención es una herramienta esencial para mantener la integridad en la gestión pública.

Un ejemplo de controles en la Hacienda Pública es que, por varios años la Contraloría General de la República (CGR) no ha aprobado la liquidación de los presupuestos del gobierno central, hecho que subraya una debilidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo para gestionar apropiadamente el presupuesto público. Ello recuerda la necesidad estratégica de contar con potentes mecanismos de seguimiento y control del gasto público. En particular, cuando hay áreas estratégicas del desarrollo (educación, salud, empleo) en donde se carece de políticas públicas con horizontes delimitados y justificados técnicamente. Los actuales estilos de gestión basado en el establecimiento de una ruta por parte de un jerarca o de micro intervenciones, puntuales sobre todo en las instituciones autónomas, subrayan aún más esta necesidad de supervisión de los fondos públicos. La injerencia directa, o por medio de públicas y notorias intervenciones en juntas directivas de autónomas, culminan un largo proceso de modificaciones de fondo a la arquitectura de lo público.

En la práctica, Costa Rica pasa por un periodo de fuertes tensiones del diseño institucional creado para reducir las oportunidades para la corrupción. Tensiones que se expresan en el ámbito del presupuesto, del sistema de fiscalización y en la injerencia política directa en las autónomas. La armonización del conjunto público no puede hacerse mediante directrices presidenciales y rectorías sectoriales.

Quinta consideración: el cumplimiento de distintos compromisos del país y los estándares internacionales apuntan hacia el fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de los órganos de control.  

Muy diversos instrumentos jurídicos de los cuales Costa Rica es signatario, obligan al país a un fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de las instituciones de control y detección y sanción de la corrupción. Esta necesidad se le ha planteado como un objetivo prioritario para Costa Rica en la Informes oficiales e independientes de cumplimiento de las convenciones anticorrupción de la OEA y de las Naciones Unidas, en informes de la OECD, en Asambleas Generales de Naciones Unidas y Cumbres hemisféricas, entre otros.

La OCDE, en un estudio reciente “Estudio de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos” recomienda:

  • Mejorar la articulación entre los actores claves del Sistema de integridad y asegurar la implementación de las políticas de Integridad en todo el sector público.
  • Incluir prioridades relacionadas a la integridad en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026
  • Mejorar la gestión de conflictos de intereses que está en el corazón de la prevención de la corrupción, pero el marco costarricense está fragmentado, hay vacíos y falta orientación.
  • Fortalecer la transparencia e integridad en los procesos de toma de decisiones públicas y promover su resiliencia ante riesgos de influencia indebida.
  • Mejorar la calidad de los procesos disciplinarios y asegurar su aplicación uniforme y equitativa.

La OCDE, con sus expertos en integridad y transparencia y conocedores de las mejores prácticas internacionales lejos de debilitar, señala importantes oportunidades de mejora que se aplican al gobierno e instituciones y se orientan a ampliar la integridad en la función pública y la coordinación a partir del plan nacional de desarrollo con orientaciones claras para la transparencia.

Adicionalmente, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC Decreto Ejecutivo 43248-MJP), fue dedicada al enfoque prevención por ser uno de los eslabones más débiles en la lucha contra la corrupción.  El eje 1 de este instrumento propuso la elaboración de un modelo de gobernanza y una política pública que fortalezca la institucionalidad de control del país, y el eje 4 propone una serie de reformas para mejorar la gestión de los riesgos de corrupción en la interacción público-privada.

“El objetivo principal de la ENIPC es establecer el marco estratégico de acción del Estado y del conjunto de actores de la sociedad, con horizonte claro, que haga énfasis en la prevención, la promoción de la ética y la creación de una cultura de legalidad que minimice los actos de corrupción.”  

Esta Estrategia contiene una base con temas concretos, medibles, alienados con distintas agendas internacionales y co-creados a partir de los saberes de un conjunto de sectores e instituciones relacionadas con el tema. Son estos insumos los que debería retomarse como rumbo para afinar el sistema de control de manera integral.

Con este panorama que explicamos, el gobierno presenta una convocatoria a Referéndum con un Proyecto de Ley que denomina Jaguar, mediante una gestión ante la Asamblea Legislativa y otra gestión ante el Tribunal Supremo de Elecciones. En un proyecto complejo, enfocamos nuestras valoraciones iniciales en la oportunidad de detectar y sancionar la corrupción para no apoyarlo. Aún así, concluimos que renunciar a un proceso que depure y mejore nuestro modelo de control sería un error, por el contrario, podría aprovecharse para una mejora significativa en la cultura de transparencia, probidad y participación ciudadana.

Valoración 1

Frente a los peligros de cooptación del crimen organizado y la alta incidencia de actos de corrupción en la contratación pública, no se deben debilitar la normativa ni la institucionalidad de control y supervisión de la gestión pública.

Valoración 2

El riesgo de corrupción aumenta al introducirse mayores áreas de opacidad en cuanto a la selección de proveedores, arrendatarios, alianzas estratégicas, entre otras decisiones discrecionales, en un país que en los últimos años está retrocediendo sistemáticamente en las mediciones de transparencia, anticorrupción, en el derecho humano de acceso a la información y la libertad de prensa.

Valoración 3

Se deben proteger la independencia, la integridad y las competencias previas y posteriores de fiscalización de la Contraloría General de la República, como garante en nuestro Estado Democrático de Derecho, de la protección del dinero público y de los procedimientos de control, vigilancia y transparencia en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

La reducción de la fiscalización preventiva por parte de la CGR, las auditorias, control interno y capacidad de denuncia y sanción pueden permitir que decisiones administrativas se tomen sin una supervisión adecuada. La falta de supervisión preventiva aumenta el riesgo de que se tomen decisiones administrativas de manera opaca, facilitando prácticas corruptas y la malversación de fondos públicos. La detección tardía de irregularidades limita la capacidad de corregir errores y sancionar a los responsables.

Valoración 4

La CGR debe revisar sus procedimientos de fiscalización de la gestión pública para hacerlos más expeditos y sensibles a las necesidades de la población. La apertura de la discusión sobre el modelo de control se debe aprovechar para identificar técnicamente y co-crear soluciones para esas áreas de mejora, incluyendo una efectiva participación ciudadana.

Valoración 5

Varios principios constitucionales clave, compromisos de convenios internacionales anticorrupción y estándares internacionales OECD, y objetivos de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción se ven violentados por la posibilidad de contratos abusivos a largo plazo, el aumento de discrecionalidad y falta de regulación que se pretende para la adquisición de bienes y uso de inmuebles.

Con este manifiesto, CRI responde a los mandatos de sus fundadores y toma la palabra enfatizando un ámbito de enorme importancia como es la defensa de la transparencia, la probidad, el sistema de controles, en tiempos que definitivamente no son de integridad y transparencia en la función pública y aborda inicialmente un conjunto de elementos que tendrían que tener un debate sereno y por los canales constitucionales.

Para mayor información contactarse con:

Correo-e: integra@cr.transparency.org

Web: www.costaricaintegra.org

Facebook: /costaricaintegra

Twitter: @cr_integra

Instagram: @costaricaintegra

Aportes de la sociedad civil ante la crisis de seguridad humana y el desempeño policial y judicial

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

SURCOS comparte el siguiente documento presentado al Seminario Aportes de la Sociedad Civil Ante la Crisis de Seguridad Humana y el Desempeño Policial y Judicial. Ese esfuerzo ciudadano es coordinado por Walter Antillón Montealegre profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y Premio Rodrigo Facio Brenes 2022.

¿Cuáles son los hechos más relevantes ocurridos en el país en los dos últimos años, que configuran la crisis actual de seguridad humana?

Actualmente, el territorio nacional enfrenta condiciones sociales caóticas, caracterizadas por la situación general de la violencia en el país que se ha estado incrementando durante los últimos dos años. Al respecto de esto, es posible alinearse con perspectivas que consideren que las causas de la situación actual tienen su raíz en un periodo inmediato. Sin embargo, los hechos que suceden cotidianamente están cimentados sobre condiciones y eventos cristalizados a través del tiempo. Esto documenta los principales sucesos que, desde diferentes disciplinas teóricas y entidades, son considerados como los precursores de la situación de crisis de seguridad humana enfrentada actualmente en el país.

Línea del tiempo – Contexto histórico

La decadencia ochentera y el arrastre de los noventa

  • Durante los años ochenta, estalló la Crisis de los Ochenta. Con esto, el territorio nacional afrontó condiciones económicas desfavorables debido al aumento del precio de los combustibles. Asimismo, se llevaron a cabo manifestaciones sociales que reflejaban el desencanto social con las condiciones de la época. (Ovares, 2020, párr. 4).
  • La década de los noventa supone una disminución en la calidad de vida y los servicios públicos, provocando un cansancio poblacional debido a la insatisfacción de las necesidades básicas.Asimismo, comienza a cultivarse la desesperanza y el enojo debido a la falta de eficiencia en la solución de problemas del sistema público costarricense.
    • La desigualdad de ingresos está en un constante crecimiento desde la década de los años dos mil.Asimismo, esto se ha visto reforzado por los recortes presupuestarios en proyectos de inversión social. Con todo, se ha aletargado o negado el acceso a educación de calidad, becas y redes de cuido para las personas que las necesiten.

Línea del tiempo – 2020-2022

El frío baldazo de la pandemia y el 2020.

  • Para introducir la problemática actual acerca de la seguridad ciudadana en el país resulta esencial traer a colación el hecho de que, esta, no es reducible a la reciente proliferación de las redes de narcotráfico y de crimen organizado en la región. Esta, pues, responde a las dinámicas estado-poblacionales de descontento y enojo de las personas.
    • En relación con las consecuencias de la época de pandemia en el país, es posible resaltar el estrés y la ansiedad desarrollados por dicha emergencia sanitaria.Asimismo, las condiciones de confinamiento y las políticas públicas propiciaron el desempleo, lo que provocó un aumento en los síntomas de ansiedad y depresión en la población costarricense. En relación con esto, el desempleo juvenil alcanzó un pico considerable en 2020.
    • Al respecto de la educación formal, ésta no escapó de los impactos que supuso la pandemia. Asimismo, los recortes presupuestarios asociados al sistema educativo público ocasionaron una disminución del acceso a la educación de calidad posterior al 2020.Asimismo, otros sectores también se vieron afectados debido a recortes presupuestarios considerables, como los programas sociales.
    • Estas condiciones dan paso a una creciente desigualdad, lo que ocasiona mecanismos de exclusión social de las personas en condición desventajosa.

Efectos post pandémicos inmediatos. El crimen organizado y el 2021.

  • Algunas consecuencias del recorte presupuestario de la educación pública estuvieron reflejadas en la creación de los grupos criminales organizados locales.Al respecto de esto, estas agrupaciones adquirieron un atractivo para los jóvenes afectados por las carencias educativas de las zonas costeras y centrales. Esto procuró disputas por controles territoriales en la provincia de Limón y la Gran Área Metropolitana que, a su vez, aumentó la tasa de homicidios en dichas zonas.
  • Asimismo, la inacción de las autoridades de justicia provocó una carencia de un abordaje estratégico para evitar la expansión de los grupos criminales organizados locales.
    • La cotidianidad con la que estos hechos se producen ocasiona sentimientos asociados al miedo en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en la zona de Limón y la Gran Área Metropolitana.

Efectos post pandémicos. El ascenso de Chaves en 2022.

  • Las elecciones de 2022 presenciaron un 40% de abstencionismo del padrón electoral.Esto fue un reflejo de la falta de participación política de la época. En relación con los elementos indicados anteriormente, podría indicarse que fue un efecto del descontento poblacional ocasionado por la ineficacia del sistema público.
    • La decepción y enojo poblacional, ocasionado por los eventos listados anteriormente, propiciaron un caldo de cultivo para la violencia. Esto propagó un favorecimiento de actitudes xenófobas, sexistas y antidemocráticas.
    • Al erigirse como presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles refleja el autoritarismo donde las condiciones de coexistencia pacífica son desplazadas en función del enojo y el irrespeto. Al respecto de esto, Chaves capitaliza el enojo popular y las actitudes antidemocráticas y autoritarias. Esto a su vez, propaga el clima de violencia en el territorio nacional.
    • El uso actual de las redes sociales propicia un ambiente donde se juzga y se acusa deliberadamente a cualquier persona. Asimismo, se propagan patrones de consumo masivo contrapuestos a comportamientos pacíficos.

La violencia en hechos y datos. ¿Qué pasó tras la elección? (2022-2024)

  • Aproximadamente un mes antes de ascender a la presidencia de la República Rodrigo Chaves indicó, en marzo de 2022, que prefería que le tacharan de cavernícolaantes de firmar un compromiso contra la violencia de género.
  • El FEES sufre un recorte de ₡129 000 en 2022. Esto significó un retroceso en materia educativa y en el financiamiento de la educación pública del territorio nacional.
  • El asesinato del líder indígena Jehry Rivera fue aplaudido por representantes gubernamentales y finqueros mediante un vídeo publicado en redes sociales en agosto de 2022. Asimismo, aumentaron las agresiones de la fuerza pública y de los finqueros contra los pueblos originarios.
  • Durante el año 2022 aproximadamente 6888 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, representando un 87% del total de los delitos sexuales reportados en el país.
    • La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 señaló que el delito más posible de experimentar es un asalto en la calle, con un 21% de las personas encuestadas indicando esa probabilidad.
      • Las agresiones físicas y sexuales proliferan en los espacios públicos, con un 75% de las personas encuestadas señalándolo.
  • El desempleo juvenil aumentó durante el primer trimestre de 2023.
    • El asesino de Jehry Rivera fue puesto en libertad en julio de 2023. Esto da cuenta de la proliferación de conductas antidemocráticas, especialmente contra los pueblos originarios.
    • Se ha atacado a las universidades públicas, a sus estudiantes y sus movimientos de protesta en relación con el FEES. Esto ha ocasionado un debate en redes sociales acerca de la posición de la educación superior pública como un sujeto contrapuesto a la figura presidencial actual.
    • Los ataques contra la Contraloría General de la República han aumentado durante la gestión Chaves-Robles. Al respecto de esto, la CGR ha señalado, en los últimos años, irregularidades en las gestiones del SINART, ICE y CCSS.
    • El Informe del Estado de la Nación indicó, en noviembre de 2023, que la desigualdad mantiene una tendencia creciente en Costa Rica. Esto provoca un aumento en los índices de violencia.
      • Al menos, un 54% de los hombres asesinados durante 2023 eran menores de 35 años.
  • La Ley Jaguar, Exp. No. 24 364, publicitada en junio de 2024, provocaría acuerdos menos transparentes y la eliminación de la fiscalización de los fondos públicos.
    • El sistema judicial nacional pierde confianza al reportarse la colaboración de varios jueces en casos de índole criminal relacionados al narcotráfico a través del Caso Madre Patria en junio de 2024. Esto remonta a lo mencionado por la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 donde se reportó que un 59,2% de las personas no está de acuerdo con que los jueces cumplan prontamente la justicia.
      • Esto provoca que las familias tomen medidas como no permitir que los infantes jueguen fuera o que no visiten las casas de otros infantes. Esto podría, a su vez, ocasionar actitudes antidemocráticas basadas en el confinamiento, como reflejo de la época pandémica. Asimismo, las familias piensan que aumentar el número de policías de la fuerza pública podría solucionar los problemas de seguridad humanitaria.
        • Sin embargo, el encarcelamiento de jóvenes reflejaría las fallas del mismo sistema en auxiliar debidamente a dicho sector de la población.
        • Asimismo, es necesario anotar que, desde instituciones sociales como la educación, la familia y la comunidad, no se están identificando y reconociendo dichos casos con el suficiente tiempo. Esto podría manifestar el declive de la calidad social y educativa nacional actual.
      • El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que un aproximado de 56% de los 406 homicidios contabilizados hasta mediados de junio de 2024 están vinculados a la delincuencia organizada.
    • La diversidad sexual es violentada a través del despido de la ministra de Cultura por tramitar un interés público para la marcha de la diversidad del mes del orgullo en junio de 2024.
    • Aproximadamente, un 38% de los infantes costarricenses conviven con condiciones desfavorables en sus hogares, especialmente en las zonas fronterizas y costeras del territorio nacional. Esto les hace vulnerables ante el abandono de los estudios escolares y los convierte en terreno para el cultivo del crimen organizado. Además, esas condiciones vulnerables aumentan la probabilidad del reclutamiento de los jóvenes en los gremios del crimen organizado.
      • La pronta entrada a la adolescencia provoca que las personas jóvenes tomen decisiones impulsivas. Asimismo, las sanciones legales dirigidas hacia este sector poblacional tienden a suavizarse. Esto, pues son dispositivos de apoyo de los grupos criminales organizados del país al momento de reclutar jóvenes en sus filas.

Pareciera ser que las consecuencias del crimen organizado suponen un golpe bajo hacia la calidad de la seguridad humanitaria actual. Sin embargo, estas secuelas también poseen una presencia física y psicológica. Con esto, es posible referirse a las recuperaciones físicas de las heridas provocadas en un asalto, así como al abordaje psicológico de las emociones de miedo, depresión y ansiedad ocasionadas por estos eventos. Asimismo, los homicidios embebidos de las condiciones deplorables de la seguridad ciudadana actual suponen desintegraciones familiares, gastos fúnebres y desencanto comunitario.

Así pues, pueden listarse los siguientes elementos clave para comprender la configuración de la crisis de seguridad humanitaria vivida en el territorio nacional:

  1. La pandemia ocasionó un impacto considerable. El aumento del desempleo provocó dinámicas de desigualdad de ingresos, resultando en la exclusión social de las personas desposeídas.
  2. La crisis de seguridad humanitaria no representa un problema nuevo. Esta es identificable a través de sucesos económicos y sociales ocurridos durante los últimos cuarenta años.
  3. Los recortes presupuestarios a programas educativos (como el FEES), así como a la inversión social y comunitaria general están asociados con la disminución de la calidad de la educación pública y la integración social comunal. Esto provoca condiciones de cultivo para la inseguridad social a través de la deserción escolar y las oportunidades para que las personas accedan a educación universitaria becada y de calidad.
  4. El crimen organizado es un síntoma tangible de la crisis humanitaria de seguridad que vive el territorio nacional. El declive de la calidad de vida y de educación supone que las personas jóvenes encuentren un atractivo en pertenecer a un grupo criminal organizado.
  5. El ascenso de la administración Chaves-Robles al poder está aparejada con sentimientos y emociones de descontento, enojo, rencor y actitudes antidemocráticas heredadas por el confinamiento durante la pandemia, el deterioro económico-social de décadas, y el desencanto con la función pública.
  6. El estilo autoritario para gobernar, sumado a otras expresiones de violencia discursiva que pululan en redes sociales y en representantes de algunos sectores sociales, políticos y deportivos configuran el caldo de cultivo para manifestaciones de violencia generalizada, más allá de los hechos atribuibles al crimen organizado.

Personas, entidades y otras fuentes consultadas

  • Allen Cordero Ulate. Sociólogo.
  • Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica
  • Henry Mora Jiménez. Escuela de Economía de la UNA.
  • Isabel Ducca Durán. Socióloga.
  • José Andrés Díaz González. Politólogo, IDESPO, UNA.
  • José Francisco Pacheco Jiménez. Economista, consultor internacional.
  • Laura Fernández Díaz – directora del Área de Niñez y Adolescencia, Defensoría de los Habitantes.
  • Marco Vinicio Fournier. Psicólogo.
  • Pablo Chaverri Chaves. Académico INEINA, UNA.
  • Observatorio Económico y Social. Escuela de Economía UNA.
  • Oficina de Comunicación. Universidad Nacional de Costa Rica
  • Ovares, C. (18 de octubre de 2020). ¿Otra ‘década perdida’ en Costa Rica? AgendaPública.
  • SURCOS Digital

Las imágenes son parte de un estudio de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.

  1. Redactado por Sofía Jiménez Murillo, estudiante de Sociología UCR, carné universitario C19987.

Recolección de información y coordinación: Magister Héctor Ferlini Salazar, comunicador, administrador, docente UCR, director de SURCOS Digital.

Electricidad pública y solidaria para Costa Rica – Manifiesto contra el proyecto de “Armonización”, No. 23.414 – para firmar

Escrito en . Publicado en Derechos.

Señora Daniela Rojas, Presidenta
Señores y señoras diputadas Comisión de Energía
Señores y señoras diputadas Asamblea Legislativa, República de Costa Rica

  • Un vehemente llamado a defender nuestra institucionalidad pública.
  • El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS, y la EDUCACIÓN PÚBLICA, SON INSTITUCIONES NUESTRAS, Y SON FUNDAMENTOS DE NUESTRA SOCIEDAD.
  • A ustedes, que tienen la obligación de representarnos y cumplir nuestros mandatos e intereses en la Asamblea legislativa, LES EXIGIMOS DEFENDER AL ICE COMO INSTITUCIÓN PÚBLICA Y DE SERVICIO SOCIAL Y SOLIDARIO.

MANIFESTAMOS:

  1. El proyecto de ley “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”, expediente n°23.414 tiene como objetivo liquidar el modelo eléctrico público y solidario de Costa Rica. Gobiernos y empresarios privados han buscado esto desde antes de que aprobaran la Ley 7.200 el 18 de octubre de 1990 y su reforma, conocida como Ley 7.508, el 9 de mayo de 1995. A estas leyes han seguido al menos otros 8 proyectos de ley con la misma finalidad.
  2. La esencia del proyecto 23.414 es afianzar los ya ilimitados privilegios de lucro para generadores privados de electricidad, que según el comunicado del ICE “Generación privada no abarata las tarifas eléctricas” en menos de una década hasta el 2018, acumulaban “más de ₡850.000 millones, un monto superior a la inversión para construir la Planta Hidroeléctrica Reventazón”.
  3. Según la Contraloría General de la República (Informe DFOE-SOS-IAD-00011-2023) sólo entre el 19 de enero y el 31 de agosto de 2023, el ICE pagó a 10 generadores privados, “sobrepagos” por US$ 3.6 millones (unos 1.910 millones de colones en julio de 2024). Esos sobrepagos se dieron con la complicidad directa de la Administración superior del ICE, empezando por el presidente ejecutivo, Marco Acuña Mora, lo cual implicó ”mayores costos y erogaciones en la compra de energía eléctrica a dichos generadores” (p.21) y bajo esquemas que ”fueron propuestas por los propios generadores privados” a los cuales el ICE se adaptó “para no afectar el flujo de caja de las empresas generadoras” (p.26).
  4. La creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, ECOSEN, que se propone en el  artículo 21 del proyecto 23.414, permitirá que hasta 5 entidades privadas, sumadas a las direcciones políticas cómplices del mismo ICE y el MINAE, sean quienes tomen decisiones políticas sobre la electricidad en el país, en vez de aplicar criterios sociales, técnicos y científicos de planificación y desarrollo del mercado eléctrico nacional como lo ha hecho el ICE.
  5. El objetivo de convertir el servicio social de electricidad en un negocio regido  por el lucro privado, se reafirma con la subasta del Mercado eléctrico regional (MER) al cual podrán exportar electricidad todos los “agentes” privados, con el privilegio adicional de que “…las redes de transmisión y distribución nacionales serán de libre acceso para los Agentes del Mercado Eléctrico Nacional así como aquellos del Mercado Eléctrico Regional…” (artículo 27), y entre estas empresas están algunas que declaran todos los años “cero utilidades”, como el Ingenio Taboga.
  6. A diferencia del servicio PÚBLICO Y SOLIDARIO que el ICE ha garantizado en todo el país, el proyecto 414 amenaza todas las inversiones en territorios indígenas y rurales de más difícil acceso, que suman 5.110 instalaciones, pues no serán atractivas en el “mercado de subastas” que establecerá las reglas.  Es decir, se elimina el carácter incluyente y solidario del ICE.
  7. Además, provocará una presión total sobre todos los ecosistemas, empezando por los ríos y el agua, y abre la posibilidad de explotar petróleo, minerales y otras fuentes energéticas no renovables (artículos 3 y 16); todo lo contrario de lo requerido en esta época de crisis climática
  8. Este proyecto es un traje perfecto para los negociantes privados de la electricidad que junto con el Gobierno, la cúpula del ICE y las diputaciones que lo impulsan, buscan la destrucción del ICE.  Excluye a todas las instituciones, organizaciones sociales, comunidades y plantea un modelo de electricidad privado para la sobreexplotación de los ecosistemas para consolidar las ganancias de una reducida élite de empresas privadas nacionales y transnacionales.
  9. Nadie, ni el Gobierno, ni partidos como el PUSC, Liberal progresista y Nueva República y otros diputado.as que favorecen a los generadores privados, han podido dar una sola evidencia de que bajarán las tarifas eléctricas, lo cual demuestra su plan demagógico y falaz.
  10. Nuestro Sistema Eléctrico Nacional actual, con una capacidad instalada de más de 3.307 MW, nos da la seguridad de que no tendremos apagones, contrario a las mentiras del Gobierno.  Esta seguridad nos la brinda el ICE gracias a las plantas públicas de energía firme.
  11. A cada persona diputada le pedimos hacer un ejercicio de responsabilidad, estudio y memoria histórica y comprender que la construcción de una sociedad justa no se logra privilegiando élites, si no asegurando inversión en servicios sociales fundamentales, como la electricidad pública.  Les exigimos, por tanto, que no destruyan el bastión histórico de Costa Rica que es el ICE y que eviten quedar en la memoria colectiva como las personas que demolieron al ICE.
  12. El 23.414 es un proyecto pensado y creado para un grupo minúsculo y privilegiado.   No beneficia a la mayoría de la gente consumidora de electricidad, incluidas las personas trabajadoras y productoras que la necesitan para atender sus necesidades indispensables. La electricidad debe seguir siendo un servicio social, solidario, al costo y de acceso seguro y justo para toda la población.

El ICE, la CAJA y la EDUCACIÓN, SON INSTITUCIONES NUESTRAS Y LAS DERFENDEREMOS ENTRE TODO.AS.

En representación de organizaciones sociales firmantes:

Osvaldo Durán Castro, Mariana Porras Rozas, Sergio Ortiz Pérez

Buenos Aires y Pérez Zeledón, 20 julio 2024.

Súmese a la defensa del ICE y de la “ELECTRICIDAD PÚBLICA Y SOLIDARIA PARA COSTA RICA” firmando en: https://chng.it/nRr7CHPM6z

Álvaro Fernández en concierto

Escrito en . Publicado en Cultura, Derechos.

El artista presenta su nueva obra musical “Álvaro Fernández / De camino. Volumen 2”

El próximo miércoles  31 de julio a las 7 pm se realizará en el Teatro de la Danza (CENAC) la primera presentación en vivo de “Álvaro Fernández / De camino. Volumen 2”, la producción más reciente del reconocido pionero del rock nacional, creador de nueva canción y fusión con el jazz y ritmos latinoamericanos.

Así, Álvaro Fernández presenta su nueva obra, retomando el camino seguido desde 1976 con el disco Compadre, “de los más influyentes en la música costarricense de los años 70, y en general dentro del rock local” (CR Indie, 11dic16).

El precio de preventa para el concierto es de ₡8.000 y las entradas ya están disponibles en el Whatsapp 6314-5658. El día del evento el precio será de ₡10.000.

Un ícono del rock y la nueva canción

Álvaro Fernández (Costa Rica, 1955) es músico, filósofo y sociólogo. Formó en 1975 el grupo Compadre y editó en 1976 un disco homónimo de jazz-rock fusión que marcó un hito en la música costarricense.

Además de sus propias canciones, ha musicalizado poesía bíblica (Eclesiastés, Cantar de los Cantares) y latinoamericana: Roque Dalton, José Martí, Joaquín Gutiérrez, Jorge Debravo, Julián Marchena y Mía Gallegos.

En 2016-2024, Álvaro vuelve a la escena musical, con tres nuevos discos de larga duración: “En la Movida Caníbal”, en noviembre de 2017; en diciembre de 2022 el disco “Álvaro Fernández / De camino. Volumen 1, en vivo con Luis Monge y el grupo Compadre (feat.  Maf É Tulà y Fabrizio Walker)”, y ahora en mayo de 2024 el Volumen 2 con arreglos y producción del tecladista José “Chepe” González.

Este concierto

El concierto estará bajo la dirección musical del pianista Luis Monge, con el grupo Compadre reinterpretando los arreglos de Chepe González para este formato de ensamble.

El grupo lo conforman reconocidos intérpretes de la escena musical costarricense: Oskar Molina (teclados), Vinicio Mez (saxofón, clarinete), Fernando Víquez (bajo), Orlando Ramírez (batería), Juan Carlos Espinoza (percusión), así como Fabrizio Walker y Maf É Tulà en el canto.

Sobre la obra de Álvaro Fernández

El crítico y gestor Fo León ha escrito en el libro “101 DISCOS INDISPENSABLES EN LA MÚSICA COSTARRICENSE” (2022):

“es una ruptura enorme en la lírica y temática de la música costarricense, con un rechazo de las estructuras clásicas de la canción, y un uso teatral de contrapuntos y melodías unificando el caos dramático de estilos e influencias. Las canciones (…) tienen un mestizaje increíble, una hibridez única en la que nos vemos reflejados en nuestra diversidad y nuestras contradicciones”.

El año pasado, la música de Álvaro también recibió el reconocimiento de ser incluida en el primer episodio del programa “Otra Historia”, que dedica Radio Nacional de Argentina a la producción latinoamericana de rock.

El pasado 22 de mayo, Fernández hizo entrega de su obra musical completa, desde 1971 hasta 2024, a la Fonoteca de la Biblioteca Nacional, la cual estará disponible para la audición del público interesado.  

La presentación del nuevo álbum musical “Álvaro Fernández / De camino. Volumen 2” será el miércoles 31 de julio, en el Teatro de la Danza en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC) en San José centro, a las 7 pm.

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¿Qué?: Concierto “Álvaro Fernández / De camino. Volumen 2”

¿Cuándo?: Miércoles 31 de julio, 7pm

¿Dónde?: Teatro de la Danza (CENAC).  

Precio: Preventa ₡8.000, entradas disponibles en el Whatsapp 6314-5658. Día del evento ₡10.000.

Conozca la música y el trabajo de Álvaro Fernández:

Genocidio en Gaza. El resultado de un sistema injusto y poco ético

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Félix Madariaga Leiva

Por Félix Madariaga Leiva

La urgente paz está muy lejos de concretarse en las fronteras que dividen Palestina e Israel, siendo este último el vecino que nadie quiere en esos territorios ocupados, más aún cuando su principal aliado es Estados Unidos, quien ha usado su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en múltiples ocasiones para evitar resoluciones que condenen el actuar de ese país.

Basta recordar lo que pasó en abril de 2024 en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando Estados Unidos vetó el intento de muchos países de que Palestina fuera reconocida como Estado.

Palestina tiene estatus de observador desde 2012 en la ONU, pero no puede votar. Doce miembros votaron a favor de la resolución que reconocía a los Territorios Palestinos como Estado autónomo, mientras que EE.UU. votó en contra y hubo dos abstenciones: Reino Unido y Suiza. Recordemos que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son 5: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China y cualquier resolución que tome la ONU para cumplir con el mantenimiento de la paz y la seguridad – su principal misión – debe contar con la aprobación de todos ellos, lo que es un gran obstáculo para la efectiva resolución de los conflictos, ya que basta que uno de esos 5 países se oponga para que las decisiones que se tomen no se lleven a cabo.

Este fue el caso de la resolución de la ONU que buscaba conceder a Palestina el estatus de miembro con plenos derechos. Como ya en muchas otras ocasiones, Estados Unidos usó la herramienta del veto para favorecer sus intereses y los de sus aliados, frustrando la aprobación de la resolución, pese a la clara mayoría de apoyos de parte de 15 miembros. Como había anunciado el número 2 de la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Robert Wood, “a Washington no le parece pertinente otorgar la membresía sin un acuerdo previo entre palestinos e israelíes”, y el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, celebró la decisión estadounidense, afirmando que “esta vergonzosa propuesta ha sido rechazada. El terrorismo no será recompensado”, indicó muy libremente Katz, mientras que la Presidencia palestina ha afirmado que el veto es “injusto, poco ético e injustificado”.

La otra cara de la moneda, que Estados Unidos no quiere ver, es que sí se podría pensar que Israel tiene el derecho a defenderse, como han argumentado a lo largo de los años, pero su defensa no puede ser cometiendo genocidio contra el pueblo palestino y haciendo la vista gorda a las resoluciones internacionales que no están dispuestos a acatar cuando los afectan directamente, como la de la Corte Penal Internacional y las órdenes de arresto emanadas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Joav Galant, por posibles crímenes de guerra en el conflicto en Gaza.

Podría parecernos un circo el modo en que se comportan las grandes potencias, hoy sí porque me conviene, mañana no porque me afecta; pero más que un circo es una tragedia, que como siempre en este sistema político estratégico mundial, afecta a los países más pobres y desvalidos, quienes pagan las consecuencias de la falta de compromiso con las propias instituciones internacionales, las que deberían garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todos los Estados. Quizás si los Territorios Palestinos hubiesen ya sido reconocidos como Estado, las negociaciones de paz podrían haber llegado a alguna parte, hay una enorme diferencia en la negociación que puede realizar un Estado reconocido como tal y un pueblo que luego de décadas sigue luchando para ser considerado un Estado y no un territorio de tercera.

Lo que vemos es un profundo nivel de descomposición en este sistema, en el que un solo País pesa más que el voto de muchos. Increíble y desconsolador que millones de hombres y mujeres dependan de las estrategias de burócratas, cuyo único interés es mantener su hegemonía, aunque eso nos cueste la vida.

UNA brinda apoyos a estudiantes con discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Equidad y derechos de la mujer.

María José Ruíz Durán, estudiante UNA

En Costa Rica hay aproximadamente 670,640 personas con algún tipo de discapacidad, según el último censo de población; dicha cifra representa el 18.2% de la población. De ellos, 27.000 cursan primaria y secundaria, y el 3% se inscriben para realizar la prueba de admisión en las universidades públicas.

La Universidad Nacional (UNA) recibe anualmente un aproximado de 100 estudiantes con discapacidad, para ello apoya a esta población durante el examen de admisión y ofrece asistencia a quienes no solicitaron apoyo inicialmente, pero luego lo requieren durante sus estudios universitarios.

María José Ruiz Durán, estudiante de Administración y graduada del CTP de Alajuelita, recuerda cómo fue sin ingreso a la UNA: «Realicé el examen de admisión solo en la UNA porque me dieron muy buenas referencias sobre los apoyos y ajustes para personas con discapacidad. Agradezco al Departamento de Orientación y Psicología por brindarnos apoyo y  facilitarnos, con estudiantes escribientes, la información que no es visible».

La UNA reafirma su compromiso con esta población a través de la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) y el Programa de Inclusión y Apoyo Estudiantil. El CIAD, adscrito a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, supervisa el cumplimiento de las leyes y normativas relacionadas con la accesibilidad. La comisión incluye representantes de diversas instancias universitarias, como Recursos Humanos, Orientación y Psicología, y el Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional (Prodemi).

El programa se actualiza continuamente para adaptarse a los avances en la sociedad, promueve una imagen inclusiva y distribuye la responsabilidad de la atención a las personas con discapacidad entre todas las instancias universitarias. Se implementan medidas para aumentar los apoyos a la población estudiantil con discapacidad y se capacita al personal docente sobre las diversas condiciones y necesidades de estos estudiantes.

Los apoyos ofrecidos por la UNA se centran en los accesos, sin alterar, de los contenidos curriculares. Esta población recibe la misma formación que los demás estudiantes, y se incluye apoyo de personas escribientes, tecnología visual como impresoras en relieve, lámparas especiales, magnificadores, calculadoras con sonido y préstamo de computadoras. Para los estudiantes con necesidades auditivas, se proporcionan intérpretes de Lengua de Señas Costarricense (Lesco) durante las clases.

Un grupo de estudiantes asistentes y voluntarios apoya a quienes requieren asistencia adicional. Además, se coordina con los padres de familia para orientar sobre los servicios disponibles para los estudiantes con discapacidad.

Jazmín Ureña Castro, orientadora del Departamento de Orientación y Psicología, destaca que la universidad asegura que los materiales producidos sean accesibles y de fácil lectura, con subtítulos e intérpretes de Lesco, para que todos los estudiantes tengan la información necesaria. Además, la UNA visita colegios y distribuye material inclusivo en zonas alejadas, para asegurar su alcance en todo el país.

Al concluir sus carreras, el Departamento de Orientación y Psicología asesora a los estudiantes en temas laborales, como la preparación para entrevistas, elaboración de currículos y conocimiento de las leyes que protegen sus derechos laborales.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

23 de julio, Día Mundial del Síndrome Sjögren

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Salud.

¿Qué debemos saber sobre el Síndrome de Sjögren?

Dra. María Paz León Bratti
Especialista en Inmunología y Medicina Interna
Miembro de Número

250 millones de personas en el mundo padecen de síndrome de Sjögren, también conocido como xerostomía (sequedad de la boca causada por la reducción o ausencia de flujo de saliva), queratoconjuntivitis seca, síndrome seco (o de las mucosas secas) o enfermedad de Sjögren. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica, caracterizada por el compromiso de las glándulas exocrinas, que son aquellas que vierten su secreción hacia el exterior.

De todas las enfermedades reumáticas es la segunda en prevalencia, solamente superada por la artritis reumatoide. Sin embargo, la enfermedad de Sjögren es probablemente también la enfermedad reumática más frecuentemente subdiagnosticada ya que no había existido una definición clara del cuadro clínico ni criterios diagnósticos hasta recientemente.

Como la mayoría de estas enfermedades es más frecuente en mujeres y por lo general ocurre alrededor de los 40 años, aunque puede aparecer en cualquier momento de la vida.

En el año 1933, Henrik Sjögren publicó su trabajo, basado en su tesis doctoral acerca de un grupo de pacientes con artritis y xerostomía (boca seca por reducción o ausencia de saliva) y xeroftalmía (ojo seco), denominando con el nombre de «queratoconjuntivitis seca anhidrótica», entidad que más tarde llevaría su propio nombre.

La enfermedad es un trastorno del sistema inmunitario caracterizado principalmente por la destrucción lenta de las glándulas salivares y lagrimales, con el desarrollo consiguiente de xeroftalmia y xerostomía. Esto genera los dos síntomas más frecuentes: ojos y boca seca. Pero la enfermedad puede asociar manifestaciones en otros órganos o sistemas: piel, pulmón, riñón, vasos sanguíneos e hígado entre otros.

El síndrome de Sjögren es un trastorno autoinmunitario. El sistema inmune ataca las células propias y tejidos corporales por error. Hay mayor riesgo de padecer el trastorno a causa de determinados genes, pero al parecer también se necesita un mecanismo detonante, como una infección por un virus determinado o una cepa bacteriana.

En el síndrome de Sjögren, el sistema inmunitario primero ataca las glándulas que producen lágrimas y saliva. Sin embargo, también puede dañar otras partes del cuerpo, como articulaciones, tiroides, riñones, hígado, pulmones, piel y los nervios.

Por lo general, el síndrome de Sjögren afecta a personas que tienen uno o más factores de riesgo conocidos, entre ellos: edad, sexo y enfermedades reumáticas.

  • Edad. El síndrome de Sjögren se diagnostica generalmente en personas mayores de 40 años.
  • Sexo. Las mujeres son más propensas a padecerlo.
  • Enfermedad reumática. Es frecuente que las personas que padecen el síndrome de Sjögren también tengan una enfermedad reumática, como artritis reumatoide o lupus.

En el síndrome de Sjögren primario la xerostomía ocurre sin que exista otro trastorno autoinmunitario. Mientras que en el síndrome de Sjögren secundario hay otro trastorno autoinmunitario presente como: artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia o polimiositis, entre otras.

Con frecuencia las personas con este síndrome suelen manifestar que sufren a nivel de los ojos picazón, sensación de ardor o de cuerpo extraño (de que hay algo en el ojo) a causa de la resequedad.  A nivel de boca y garganta suelen aquejar dificultad para tragar o comer alimentos secos, pérdida del sentido del gusto, problemas para hablar, sensación de saliva espesa en hilos, dolor o úlceras en la boca, inflamación de las encías y ronquera. Pero también pueden manifestar fatiga, fiebre, dolor o inflamación articular, sequedad de otras partes del cuerpo, adormecimiento y dolor en manos y pies, tos y dificultad para respirar si hay compromiso pulmonar, resequedad vaginal y micción dolorosa.

Las complicaciones más frecuentes que sufren las personas con síndrome de Sjögren tienen que ver con los ojos y la boca.

  • Caries. Dado que la saliva ayuda a proteger los dientes de las bacterias que causan caries, están más propensos a presentar caries y gingivitis.
  • Candidiasis. Las personas con síndrome de Sjögren tienen mayor probabilidad de padecer infección por hongos en la boca producida por la Candida albicans, que produce lesiones blanquecinas.
  • Problemas de visión. La sequedad en los ojos puede provocar sensibilidad a la luz, visión borrosa y daño en la córnea.

Otras complicaciones son menos frecuentes y dependen de los órganos que se vean afectados. Por ejemplo, a nivel de pulmones la inflamación puede causar neumonía, bronquitis u otros problemas; si hay afección de riñones o hígado, puede provocar problemas en la función renal y causar hepatitis o cirrosis en el hígado. Algunos pacientes desarrollan neuropatías periféricas por compromiso de los nervios con sensación de entumecimiento, hormigueo o ardor en manos o pies.  Un pequeño porcentaje de personas con Síndrome de Sjögren puede desarrollar cáncer del sistema linfático (linfoma).

Para hacer el diagnóstico de síndrome de Sjögren es necesaria una evaluación médica integral con pruebas de laboratorio para buscar autoanticuerpos típicos de la enfermedad, hacer una evaluación ocular, con la prueba de Schirmer para medir la producción de lágrimas y se puede recurrir a biopsia de glándula salival.

El objetivo del manejo de la enfermedad es aliviar los síntomas. La resequedad en los ojos se puede tratar con lágrimas artificiales, ungüentos lubricantes para los ojos o ciclosporina líquida.  Si existe una infección por cándida, se puede tratar con preparaciones de nistatina o miconazol libre de azúcar. Se pueden colocar tapones diminutos en los conductos de drenaje de las lágrimas para ayudar a que estas permanezcan sobre la superficie del ojo.

Los medicamentos orales como la pilocarpina que causan un aumento en la producción de saliva pueden ser útiles para la sequedad cuando la terapia local no está ayudando. Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD, por sus siglas en inglés) similares a los usados para la artritis reumatoide pueden mejorar los síntomas del síndrome de Sjögren.

Algunas medidas que las personas con Sjögren pueden tomar para aliviar los síntomas incluyen: tomar sorbos de agua a lo largo del día, masticar goma de mascar sin azúcar, evitar los medicamentos que puedan causar resequedad en la boca, como los antihistamínicos y los descongestionantes y evitar el alcohol.

Es muy importante la higiene bucal preventiva con enjuagues bucales para reponer minerales en los dientes, uso de sustitutos de la saliva o bien el uso de fármacos que les ayuden a las glándulas salivales a producir más saliva.  Para prevenir las caries dentales causadas por la resequedad de la boca es importante el cepillado de dientes y el uso de hilo dental, así como visitas periódicas al odontólogo para limpieza y chequeo.

Por lo general la enfermedad no es potencialmente mortal y el pronóstico depende de qué otras enfermedades tenga el paciente. Existe un aumento del riesgo de linfoma y muerte prematura cuando este síndrome ha estado muy activo por largo tiempo, así como en personas con vasculitis, nivel bajo de complementos y crioglobulinas.

FEUCR informa sobre lo sucedido después de la IV sesión de la negociación del FEES en CONARE

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Durante la cuarta sesión de la Comisión de Enlace para la  negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), llevada a cabo  en el edificio del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), decenas de estudiantes de las universidades públicas de nuestro país se hicieron presentes con consignas en defensa del presupuesto del FEES.

Este acto de resistencia fue una demostración de la determinación de quienes luchamos por una educación superior pública, gratuita y de calidad.  Al finalizar la sesión, las personas estudiantes recibieron a la Ministra de Educación y al Ministro de Hacienda con una ola de justificada indignación. Estas personas “jerarcas” han demostrado ser instrumentos de una agenda neoliberal y recortista,  que buscan desfinanciar la Educación Superior Pública como parte de la estrategia  de Rodrigo Chaves para desmantelar el Estado Social de Derecho. No es ninguna  casualidad la rapidez que el Gobierno tiene para tacharnos de “agresores” y la intención de silenciar nuestras voces; temen la fuerza del movimiento estudiantil  unido y consciente de nuestros derechos.

En las afueras del edificio de CONARE, fuimos testigos de un acto de violencia  sin precedentes. La Ministra de Educación intentó golpear a una estudiante. Este  hecho, documentado por la prensa, demuestra el grado de desesperación al que el Gobierno ha llegado porque las personas estudiantes no nos doblegamos ante un  Ejecutivo neoliberal. En un acto vergonzoso y cobarde, en las redes sociales del  Ministerio de Educación Pública se difundió un video donde la Ministra se victimiza, con un trapo en la oreja, alegando falsamente que fue golpeada con un megáfono. En el dicho video, ella indica que no volverá a negociar en ningún espacio de CONARE debido a que “los rectores no pueden controlar a los estudiantes”.

Le decimos a la Ministra, y al resto del gobierno de Rodrigo Chaves, que es correcto; quienes ocupan las rectorías de nuestras universidades NO nos controlan. No importa dónde se realicen las negociaciones—en CONARE, MICITT, MEP, o incluso en la casa de la Ministra—las personas estudiantes estaremos ahí, defendiendo nuestro derecho a una Educación Superior Pública y el presupuesto que la sustenta. Nuestra lucha es legítima, y no cederemos ante la represión ni la intimidación. Repudiamos cualquier intento del Gobierno de censurar la voz de la protesta estudiantil. Al Movimiento Estudiantil nadie lo “maneja”, somos un pilar fundamental en la lucha social de Costa Rica. Respétennos.

Ministra, el compromiso que tenemos como estudiantes, es con la verdad y la justicia, y permaneceremos aquí exponiendo sus acciones que buscan debilitar las universidades públicas en beneficio de las universidades privadas vinculadas a su familia. No nos amedrentaremos ni retrocederemos en nuestra lucha. Continuaremos tocando temas personales de su vida, Ministra, porque usted le ha demostrado al país estar más interesada en beneficiar a su familia que a la educación pública. El día miércoles 17 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó una moción de censura en su contra. La realidad es que una ministra censurada por la institucionalidad pública carece de la legitimidad moral y la autoridad para negociar algo tan fundamental para el país como el presupuesto del FEES. Su papel en esta negociación es insostenible y refleja el irrespeto que tiene Chaves con el estudiantado costarricense. Su presencia es un insulto a quienes realmente valoramos y defendemos la educación.

Nosotres, el estudiantado, estamos comprometides a seguir luchando por una Educación Superior Pública digna y accesible para todes; no nos detendremos ante las amenazas, las mentiras y las agresiones del Gobierno. La voz del estudiantado es la voz de miles que creen en un futuro mejor, en una Costa Rica que valore y proteja la educación como un derecho fundamental. Permaneceremos firmes, porque la educación es un derecho, no un privilegio, y porque sabemos que en nuestras manos está la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Ministra, sepa que cada intento de silenciarnos solo fortalece nuestra determinación. Estaremos presentes en cada espacio donde se discuta el futuro de nuestra educación. No permitiremos que el gobierno de Chaves destruya lo que con tanto esfuerzo ha construido el Pueblo Costarricense.

Hoy más que nunca, somos estudiantes contra la guerra y contra el capital. Hoy más que nunca somos estudiantes contra el fascismo y el recorte neoliberal.

Valentina Palacio Mora
Presidenta
Directorio de la FEUCR

Concejo Municipal de Montes de Oca se suma a voto de censura contra ministra de Educación

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó por unanimidad una moción presentada por el regidor Jorge Mora Portuguez y suscrita por otras regidurías de distintos partidos políticos, de apoyo al voto de censura emitido por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en contra de la ministra de Educación Katharina Müller.

En este acuerdo el gobierno local de Montes de Oca solicita al presidente Rodrigo Chaves, que ante la grave crisis educativa que enfrenta nuestro país, proceda a destituir en forma inmediata a la ministra Müller; iniciar un proceso de diálogo que permita resolver esta crisis; solucionar los graves problemas salariales que padece el personal docente; cumplir con el mandato constitucional de asignar un presupuesto equivalente al 8% del PIB para la Educación y respetar el FEES de acuerdo a las necesidades y proyecciones de las universidades públicas.

Finalmente, el Concejo Municipal de Montes de Oca manifiesta su solidaridad con las luchas de los movimientos estudiantiles universitarios y de las universidades públicas, por la defensa de la educación superior pública.

A continuación, el acuerdo municipal adoptado en forma unánime:

Fecha: 22-07-24

Moción de apoyo a voto de censura contra ministra de Educación Katharina Müller

Considerando:

Primero. Que desde hace varios años el sistema educativo costarricense sufre una grave crisis, que se agravó aún más con la pandemia; y que se ha venido profundizando desde entonces, sin que el actual gobierno le dé solución.

Segundo. Que la denominada “Ruta de la Educación”, dos años después de ser anunciada por la ministra del MEP señora Katharina Müller; y por el Presidente Rodrigo Chaves, sigue sin ser presentada al país; por lo que se desconocen sus contenidos, su grado de avance o de implementación; al tiempo que el país no ha podido salir del apagón educativo provocado por la pandemia, la deserción escolar aumenta sin cesar, la infraestructura educativa está en franco deterioro, y la currícula educativa se encuentra aún en el siglo pasado.

Tercero. Que lejos de cumplir con el mandato constitucional de asignar un 8% del PIB a la educación, el actual gobierno aprobó, para el año 2024, un presupuesto de apenas un 5.2% del PIB siendo el más bajo de los últimos diez años.

Cuarto. Que para el año 2025 el gobierno de la República pretende recortar en 65 mil millones de colones el presupuesto para educación; lesionando seriamente el derecho de miles de jóvenes a la educación pública de calidad; debilitando además los programas de bilingüismo, paralizando los programas de nivelación académica, generando deterioro en las pruebas nacionales estandarizadas, en la infraestructura educativa y en materias de educación informática y robótica entre muchas otras afectaciones.

Quinto. Que existen en este momento más de 60 mil reclamos, de más de 37 mil educadores y educadoras de todo el país, por problemas con el pago de sus salarios; que la ministra Müller se niega a atender. Esto representa más de un 42% del total de docentes con problemas salariales sin resolver.

Sexto. Que solo en el 2024 la deserción escolar ha aumentado en casi un 2% con respecto al año anterior, lo que representa casi 20 mil jóvenes menos en las aulas. En el año 2023 se eliminaron más de 70 mil becas y subsidios que constituyen la única forma en que miles de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad pueden estudiar e incluso alimentarse.

Sétimo. Que ante esta situación la Defensoría de los Habitantes, en cumplimiento de sus potestades y competencias legales, convocó a la señora ministra a rendir cuentas ante esta institución, cita a la que se negó a asistir.

Octavo. Que, por estas y otras razones, y ante la gravedad de los hechos, el pasado miércoles 17 de julio, la Asamblea Legislativa de Costa Rica emitió un voto de censura contra la ministra Müller, que constituye un hecho histórico con un único precedente en la historia del país.

Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:

Primero. Manifestar nuestro total apoyo y sumarnos al voto de censura emitido por la Asamblea Legislativa de Costa Rica contra la ministra de educación Katharina Müller.

Segundo. Solicitar al Presidente de la República la destitución inmediata de la ministra Müller y la escogencia en su lugar, de alguna persona con la experiencia y la capacidad necesarias para promover procesos de diálogo y proponer soluciones a la actual crisis del sistema de educación pública.

Tercero. Solicitar al Presidente de la República y al Ministerio de Educación Pública resolver de inmediato los problemas salariales de los trabajadores y trabajadoras de la educación y tomar las medidas para garantizar que esta situación no se vuelva a repetir.

Cuarto. Solicitar al Presidente de la República y al Ministerio de Educación Pública cumplir con el precepto constitucional de asignar el equivalente al 8% del PIB a la Educación y en consecuencia reactive los programas académicos paralizados, fortalezca los programas de becas y subsidios debilitados, desarrolle las obras de infraestructura que se requieren y negocie con las universidades un FESS 2025 acorde con las necesidades y proyecciones de estas.

Quinto. Solidarizarnos con los movimientos estudiantiles universitarios y con las universidades públicas en su lucha por la defensa de la educación superior pública.

Sexto. Instruir al señor secretario del Concejo Municipal para que envíe copia de este acuerdo al gobierno de la República, al Ministerio de Educación Pública, a la Asamblea Legislativa de Costa Rica,a las otras municipalidades del país instándolas a que se pronuncien de la misma forma; a las federaciones de estudiantes y rectorías de las universidades públicas, a los medios de comunicación así como al departamento de comunicaciones de la Municipalidad para su respectiva divulgación a través de las redes y medios del gobierno local.

Se solicita dispensa de trámite de comisión. Se declare en firme, es todo. Comuníquese.

Universidad Nacional defiende presupuesto 2025

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Francisco González Alvarado
Raquel Loría Quesada

El rector de la UNA, Francisco González Alvarado, y la presidenta de la Federación de Estudiantes, Raquel Loría Quesada, se refieren a la importancia de mantenerse informado sobre las negociaciones del Fondo Especial de la Educación Superior de 2025, que el Estado transfiere a las universidades públicas. El Rector Francisco González Alvarado y la Presidenta de la Federación de Estudiantes, Raquel Loría Quesada, instan a la población estudiantil y nacional, a informarse sobre las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior. Por otro lado, también mencionan que la primera propuesta por parte del Gobierno de la República, trae consigo un recorte importante para varios acuerdos entre las Universidades Públicas y el país. Información compartida con SURCOS.

Puede acceder al video completo en el siguiente  link: https://www.youtube.com/watch?v=lZHck9BMV_M