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Autor: María José Ferlini Cartín

Chaves y la destrucción de la neutralidad costarricense

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

La neutralidad histórica de Costa Rica ha sido un pilar fundamental de su política exterior, generando enormes beneficios para el desarrollo del país a lo largo de décadas, así como posicionando nuestro nombre en el mundo. En un contexto global marcado por crecientes tensiones geopolíticas, esta postura no solo nos ha permitido posicionarnos como un mediador confiable, sino también mantener relaciones cordiales y constructivas con diversas potencias, independientemente de sus orientaciones políticas o ideológicas. Sin embargo, nunca falta un pelo en la sopa, el gobierno de Rodrigo Chaves parece dispuesto a destruir esta tradición, tomando partido de forma innecesaria y actuando como un brazo ejecutor de los intereses de Estados Unidos en la región, lo que está dañando relaciones estratégicas que llevaban años en construcción.

Una política exterior subordinada

El alineamiento del gobierno de Chaves con las exigencias del norte es evidente. Se ha deteriorado la relación con Rusia, una nación con la que Costa Rica ha mantenido vínculos desde 1872, utilizando como excusa el conflicto en Ucrania. Tanto ha sido así, que el gobierno envió al vicepresidente Stephan Brunner a una “cumbre de paz” organizada por la OTAN en Suiza relacionada con el conflicto en Ucrania, como parte de una campaña global anti-rusa y donde no se invitó a Rusia, un gesto vacío que solo refuerza la percepción de un gobierno sin criterio propio.

Resulta curioso y hasta contradictorio que el gobierno de Chaves, que se autodefine como conservador y cristiano, critique las relaciones con Rusia, un país que comparte muchos de esos mismos valores, especialmente en lo referente a la familia tradicional, mientras refuerza los lazos con Emiratos Árabes Unidos, una monarquía federal sin tradición democrática ni fundamentos cristianos. No estoy en contra de que se fortalezcan las relaciones con Emiratos; al contrario, considero que es una decisión acertada, ya que demuestra que es posible mantener vínculos mutuamente beneficiosos con países cuyas ideologías y sistemas políticos son diametralmente opuestos al nuestro. Esto evidencia que dichas diferencias no tienen por qué ser un motivo de distanciamiento o conflicto.

A esto se suma el distanciamiento con China, con quien establecimos relaciones diplomáticas en 2007 y país que se ha convertido en nuestro segundo socio comercial, utilizando pretextos como el supuesto espionaje de Huawei con el tema del 5G y la influencia del gobierno chino. Espectáculo al que algunos medios de comunicación también se han prestado. Estas decisiones no reflejan una evaluación crítica o autónoma de nuestros intereses nacionales, sino un servilismo preocupante que ignora el contexto global y las dinámicas del Sur Global, del cual Costa Rica forma parte.

La reciente declaración de la embajada china en Costa Rica, rechazando la injerencia de Estados Unidos en nuestras relaciones bilaterales, pone en evidencia la gravedad de la situación. Mientras China muestra disposición para fortalecer vínculos, el gobierno de Chaves se presta para ser un peón en la guerra comercial de Estados Unidos contra la segunda economía más grande del mundo. ¿No es eso acaso dispararnos en el pie? ¿Cuál es el objetivo final, romper con China y volver con Taiwán por el tema de los semi conductores?

Es particularmente alarmante que estas medidas sean selectivas y contradictorias. Mientras se alega moralidad para justificar el distanciamiento con Rusia y China, el gobierno negocia sin reparos un Tratado de Libre Comercio con Israel, pese a los graves crímenes perpetrados por ese gobierno contra el pueblo palestino, algo que el propio Comité Especial de Derechos Humanos de la ONU desde noviembre de 2024 ha calificado de genocidio y a pesar de que existe una orden de captura internacional contra Netanyahu por crímenes de guerra. Este doble estándar muestra una falta de coherencia y pragmatismo en nuestra política exterior que nada tiene que ver con la tradición diplomática del país.

Las consecuencias de un alineamiento innecesario

El distanciamiento de Costa Rica de China y Rusia no solo es absurdo, sino también profundamente contraproducente. No existe ninguna razón lógica para que nos involucremos en disputas geopolíticas que no nos corresponden, especialmente siendo un país sin ejército y con recursos limitados para enfrentar posibles consecuencias económicas o diplomáticas. Rusia y China son actores clave en el escenario global de hoy, guste o no, y Costa Rica debería esforzarse por mantener relaciones constructivas con ambos en lugar de alinearse ciegamente con una potencia que busca imponer su agenda por encima de nuestros propios intereses. Podemos llevarnos bien con todos por igual en el marco del respeto y sin condicionamientos, como lo hemos hecho históricamente a pesar de las turbulencias geopolíticas. Eso es algo que no debemos cambiar por capricho político o intereses particulares de terceros.

Además, es preocupante la ausencia de una crítica seria por parte de los partidos políticos y los medios de comunicación. La falta de perspectiva crítica para cuestionar estas decisiones refleja una peligrosa indiferencia hacia la erosión de nuestra soberanía y neutralidad. Costa Rica no puede permitirse este nivel de ignorancia y complacencia en un contexto internacional tan complejo.

Recuperar nuestra neutralidad

La política exterior de Costa Rica debe regresar a sus raíces: una postura neutral, soberana e independiente que priorice el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. Enemistarse con potencias como China y Rusia no solo es un error estratégico, sino un acto de irresponsabilidad que amenaza nuestra posición en el escenario global. El gobierno de Chaves debe reconocer que la neutralidad no es un signo de debilidad, sino una herramienta poderosa que nos ha permitido prosperar en un mundo de tensiones y conflictos.

Es momento de que los actores políticos serios y pensantes de este país exijan al gobierno una política exterior verdaderamente soberana, guiada por los intereses de Costa Rica y no por los de otros países. La neutralidad no debe ser sacrificada en el altar de intereses ajenos; debe ser defendida como un principio fundamental de nuestra identidad y proyección internacional.

Discurso presidencial se mueve entre el conflicto y el cálculo electoral

Por un lado, atiza la hoguera del escenario político con calificativos y confrontaciones con otros poderes de la República e instituciones y, por otro, hace manifestaciones sutiles sobre la conformación del Congreso en unas próximas elecciones presidenciales.

Al cierre de este 2024, este es el estilo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, desde la perspectiva del Programa de Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Al respecto, la conclusión es que el discurso toma dos direcciones: el electoral y el del conflicto. En este último aspecto, el análisis resalta que el mandatario promueve una única verdad sobre los temas que aborda, con poca o nula reflexión político-ideológica. “Podrían existir áreas comunes con distintos sectores, pero en ningún momento el presidente ha dado una carta de buena fe, esto es reforzado también por la oposición asumida por los diputados oficialistas”, indica el informe, presentado esta mañana.

En cuanto al tema electoral, los mensajes han hecho referencia a la necesidad de modificar la estructura actual de la Asamblea Legislativa e incluso muestra la idea de que los votantes apuesten por un partido político distinto en las elecciones del 2026.

Ese nivel de disonancia en la relación del Poder Ejecutivo con otros órganos se ha trasladado también al Congreso. “Durante este periodo, la Asamblea Legislativa ha vivido en un conflicto permanente en los debates tanto en las comisiones especializadas como en las comisiones de primer orden, como la hacendaria”.

La prioridad del Gobierno ha sido impulsar el proyecto de la ley Jaguar, en sus distintas versiones, incluso más allá de los pronunciamientos de la Sala Constitucional, que la declaró ilegal en cuatro artículos, y de los informes del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.

En medio de ello, el presidente acude al uso de un lenguaje duro para calificar la labor de los legisladores de la oposición, alimentado a su vez por esa misma postura de parte de la fracción oficialista hacia los demás partidos, lo que complica el entorno de negociación de proyectos.

Los choques más recientes han tenido relación con el permiso legislativo para la presencia de un grupo perteneciente a un ejército extranjero en territorio nacional, para la provisión de ayuda a los damnificados por las inundaciones de noviembre; el proyecto de rebaja del impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes, así como la consulta de constitucionalidad del proyecto de Presupuesto de la República 2025.

El otro gran protagonista de los choques verbales ha sido el Poder Judicial. “El conflicto coyuntural se ha centrado en la figura del fiscal general de la República, a pesar de que no es la primera vez que quien ocupe ese puesto esté en la mira de quienes cuestionan. Además, varios magistrados y magistradas, por realizar su labor constitucional, también están de manera inédita e infundada bajo señalamientos”.

El análisis califica como “retórica manipuladora” la forma en la que el presidente Chaves señala a la Fiscalía, al decir que ha incurrido en actos de hostigamiento y acoso contra el Gobierno. Sin embargo, la tensión se incrementó luego de que la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, fuera detenido por el caso Barrenador. De nuevo, tanto el mandatario como la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, enfilaron sus baterías en contra del Ministerio Público.

Otros sectores

El coordinador del Programa, Carlos Carranza, y las investigadoras Laura Brenes y Rebeca Espinoza, también hicieron un análisis del país en materia de educación, seguridad, presupuesto y relaciones exteriores.

En el ámbito educativo, el informe refuerza la tendencia de que se trata de un sector en crisis, carente de una estrategia y una ruta clara y que de manera recurrente ha visto reducida la cantidad de recursos que se le destina, al pasar de un 7.07% del Producto Interno Bruto (PIB), en el 2017, a un 5.41%, en el 2023, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.

“El recorte en la educación para este 2024 fue el más bajo en los últimos años: sumó un 5.2% del PIB. Esto se manifiesta a través de la falta de infraestructura, la casi nula inversión en nuevos centros educativos o el mantenimiento de los ya existentes, lo que genera condiciones de insalubridad con un total de 881 órdenes sanitarias, de las cuales, al menos 101, son de clausura”, reseña el informe.

En esa línea, no existe una política de estímulos para la formación integral del personal docente que arrastra vacíos en áreas claves como matemáticas, pensamiento lógico, manejo de equipos computarizados y dominio de un segundo idioma.

Una parte del personal docente carece de estabilidad laboral, se le contrata a última hora o es movilizado entre instituciones, no cuentan con la infraestructura tecnológica requerida o se presentan retrasos en sus pagos salariales.

Para los investigadores del Programa existe una conexión entre el desempeño del sistema educativo y el resto de las dinámicas sociales. “No se puede pretender que persista el conflicto en las calles, en los hogares y las actitudes autoritarias, sin que esto se refleje en las dinámicas escolares. Por eso se hacen visibles en nuestros centros educativos prácticas que incitan a la violencia”.

En temas de seguridad, los investigadores llamaron la atención por el cambio en el discurso y el estilo mostrado por el ministro de Seguridad Pública, luego de grabar un video con directores de los distintos cuerpos policiales. “Es normal que un ministro de Seguridad efectúe declaraciones por su rango, pero eso es muy distinto a realizar pronunciamientos de orden que pueden rozar con el orden normativo”.

Ante ello, en el análisis se hace una excitativa a que desde esta cartera se centren en la resolución de temas como la falta de plazas policiales y la mejora logística para la operación de las diferentes dependencias y delegaciones.

Finalmente, en materia de política exterior, se enfatiza en la discrepancia de la posición costarricense, que, por un lado, reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario y, por otro, se abstuvo de votar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una declaración que promovía poner fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos.

Otra contradicción se da en la forma en que se refiere a estados que son comandados por dictaduras. “Costa Rica ha condenado a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, ha sido más fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras que con Daniel Ortega ha mantenido un perfil más bajo”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

SEC celebra fiesta para niños en Sulá con espíritu de solidaridad y alegría

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), fiel a su compromiso social y solidario, realizó una alegre celebración navideña para los niños de la comunidad de Sulá. Esta actividad, liderada por el Directorio Ejecutivo Nacional, es una tradición que permite llevar sonrisas y espíritu navideño a zonas rurales con difícil acceso.

La fiesta no solo brindó momentos de felicidad y esparcimiento para los más pequeños, sino que también reflejó los principios fundamentales del SEC: compromiso, solidaridad y apoyo a las comunidades que más lo necesitan.

Este tipo de iniciativas destacan la importancia de la proyección social del sindicato y refuerzan el lazo con las comunidades educativas del país. En un ambiente lleno de juegos, dinámicas y sorpresas, los niños y sus familias pudieron disfrutar y sentir el verdadero espíritu de la Navidad.

El SEC continúa trabajando para llevar alegría y apoyo a cada rincón de Costa Rica, reafirmando su compromiso con una educación y una sociedad más inclusiva y solidaria.

Llamamiento: El Mundo quiere Paz ¡¡No una Guerra Nuclear!!

En el marco de los 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos las personas y organizaciones que firmamos esta declaración queremos expresar lo siguiente:

1 – Nuestra máxima preocupación ante el peligro y la posibilidad de una guerra nuclear la que se ha seguido incrementando con la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha autorizado a Ucrania a usar misiles de largo alcance contra Rusia.

2 – Como hemos expresado anteriormente llamamos a un alto al fuego a los países de Ucrania y Rusia, donde están activamente involucrados los Estados Unidos y los países integrantes de la OTAN, y los instamos a todos, incluido los EEUU y la OTAN, a sostener negociaciones de paz que logren de manera definitiva el fin de las hostilidades y lograr acuerdos para afirmar el derecho de todos los países del mundo a la paz y a una seguridad común que nos aleje del peligro de una guerra nuclear.

3 – La posibilidad de una guerra nuclear  no sólo afectaría a Ucrania o Rusia sino posiblemente a toda Europa y a los mismos Estados Unidos donde, además, todo el mundo se vería afectado por el “invierno nuclear”, la contaminación radiactiva y otras graves consecuencias para el medio ambiente y la salud pública.

4 – La posibilidad de una guerra nuclear es real si sigue la escalada y las hostilidades entre EEUU, la OTAN, y Rusia lo que ha llevado a los gobiernos de Noruega, Suecia, y Finlandia a distribuir  folletos a sus ciudadanos, instándoles a prepararse para lo peor; la posibilidad de una guerra directa de la OTAN y Rusia.

5 – Los Científicos Atómicos señalaron este 2024 que «Hoy hemos vuelto a poner el Reloj del Juicio Final a 90 segundos de la medianoche porque la humanidad sigue enfrentándose a un nivel de peligro sin precedentes. Nuestra decisión no debe tomarse como una señal de que la situación de la seguridad internacional ha remitido. Por el contrario, los líderes y los ciudadanos de todo el mundo deben tomar esta declaración como una dura advertencia y responder con urgencia, como si hoy fuera el momento más peligroso de la historia moderna. Porque bien podría serlo». «El Reloj del Apocalipsis, o Reloj del Juicio Final, es un Reloj simbólico que indica lo cerca que está la humanidad de la aniquilación total».

6 – En la última década, hemos sido testigos del aumento significativo del presupuesto para el desarrollo y la mantención de las armas nucleares por parte de los Estados Unidos que también ha abandonado el Tratado de Antimisiles Balísticos, el Tratado de Cielos Abiertos, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, y el Acuerdo con Irán, que han sido pilares muy importantes para el control del armamento nuclear. Las hostilidades entre los países también han incidido a que Rusia, China, y Corea del Norte, entre otros, incrementen o mejoren su arsenal nuclear.

7 – El peligro es real, todos estamos en peligro, por lo cual quienes firmamos esta declaración exigimos a los líderes del mundo, a la ONU, a los gobiernos, especialmente a los Estados Unidos, a realizar esfuerzos sinceros para poner fin a las guerras en Ucrania y Medio Oriente, mediante negociaciones y medios pacíficos, y avanzar en una agenda para el desarme y la eliminación de las armas nucleares lo más pronto posible.

Finalmente, en este mundo con tantos peligros, saludamos el ejemplo que da la organización japonesa Nihon Hidankyo, supervivientes de la bomba atómica, que este 2024 recibió el Premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares”.

Atentamente,

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP-Chile
Casa del Caribe- Inc. Barahona, República Dominicana
Cádiz por la Noviolencia, Cádiz, España
Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – Comosoc
Comité Óscar Romero, SICSAL-Chile
Centro Óscar Arnulfo Romero, Cuba
Comité Óscar Romero de Valladolid, España
Comité Solidaridad Óscar Romero de Barcelona, España
Comité de DDHH y Ecológicos de Quilpué, Chile
Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil
Comisión de Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza Convida 20
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos
Coordinadora Latinoamericana de solidaridad en Bélgica
Corporación 3y4 Álamos, Chile
Corporación La Serena Dieciséis de Octubre, Chile
Corporación Sentipensar Centro de Pensamiento para el Buen Vivir, Colombia
Frente Comunicacional Anti Imperialista de Nuestra América
Fundalatin, Venezuela
Fundación Pueblo Indio, Ecuador
Grupo de Investigación y Editorial Kavilando. / Red InterUniversitaria por la Paz REDIPAZ, Colombia
Grupo Solidair met Guatemala, Bélgica
International Peace Bureau (IPB); Internacional/Alemania
Mesa Ecuménica por la Paz, Colombia
Mundo sin Guerras-Cádiz, España
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAW-Chile
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
SERPAJ, Paraguay
SICSAL, República Dominicana
SICSAL, Región Caribe
SOS Ribagorza, España
UNIÓN BICENTENARIA DE LOS PUEBLOS UBP-CHILE

Firmas individuales: Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP-Chile; Stella Calloni, periodista, Argentina; Hervi Lara, Comité Oscar Romero, SICSAL-Chile; María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH de Paraguay; Ricard Sánchez Andrés, España; Pablo Ruiz, periodista, SOAW-Chile; Mariella Tapella, El Salvador; Hildelis Preciado, México; Maria Gabriela Vargas Anguita, Chile-España; Alejandro Pardo Alfaro, Colectividad Árabe Palestina, La Serena, Chile; Amparo Beltrán Acosta, CEPALC; Fernando Castillo, Chile; Marcela Zamora Cruz, coordinadora, Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica; Nidia Arrobo Rodas, Ecuador; Aurora Marinero, España; Fernando Rule Castro, Argentina; Suy Wong, Red de Solidaridad con Palestina, Costa Rica;Ixa Garnika Aizkorbe, Euskal Herri; Julio Yao, Presidente Honorario y  Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP); Antonio Bentue, Fraternidad laica de Hermanos de Foucold, Chile; Julin Acosta, República  Dominicana; José Fonseca Pereira, Investigador en Educación, Venezuela;Elvira Villanueva, España; Andrés Figueroa Cornejo, Chile; Diego Balvino Chavez Chaves, Colombia; Bernardo Reyes, Chile; Mateo de Bea, Chile; Maria Jara, Bélgica; Carlos Montufar Talavera, Suecia; Salvador López Arnal, España; Paco Palomo Aragón, Cádiz, España

Puede dar su apoyo con su firma individual y/o de su organización en el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/12eUPeIoD9SwHNc3w9p7w_zvwj-rxAE3VtWUGZ8Mj-Nw/preview

Foto de Referencia

Publicado en: https://www.derechoalapaz.com/llamamiento-el-mundo-quiere-paz-no-una-guerra-nuclear/

Desafíos y oportunidades en la regulación de bicimotos en Costa Rica

Kidier Manuel Obando Serrano
Estudiante de la UNED Cartago

Como estudiante de la UNED en el curso de Gerencia Pública, he decidido reflexionar sobre un problema que afecta nuestra sociedad: la proliferación desregulada de las bicimotos en las vías públicas de Costa Rica. Este fenómeno, que en un principio parecía ofrecer una solución accesible y económica de transporte, ha desatado una serie de problemas que van desde la inequidad fiscal hasta el incremento de riesgos en la seguridad vial. Mi intención es evidenciar estos problemas y proponer soluciones desde la perspectiva de la gerencia pública.

La proliferación descontrolada y sus consecuencias

El auge de las bicimotos responde a una necesidad real de transporte económico, especialmente para sectores vulnerables. Sin embargo, la falta de regulación ha generado un vacío que impacta no solo en la seguridad de quienes usan estas bicicletas asistidas, sino también en el resto de los usuarios de la red vial. Actualmente, los conductores de bicimotos no requieren licencia de conducir, marchamo, ni revisión técnica vehicular, lo cual crea una evidente falta de responsabilidad ante posibles accidentes y deteriora la convivencia vial.

Además, esta situación genera una distorsión en términos de equidad fiscal. Los conductores de automóviles y motocicletas están obligados a pagar impuestos, cumplir con regulaciones estrictas y someterse a controles, mientras que los usuarios de bicimotos, que comparten las mismas vías y en ocasiones alcanzan velocidades similares a las motocicletas, no contribuyen de manera justa a la financiación del mantenimiento de la infraestructura vial ni a la seguridad del sistema de transporte.

Soluciones: de la gestión reactiva a la proactiva

Desde la perspectiva de la gerencia pública, es imperativo adoptar un enfoque proactivo que aborde este problema con la urgencia que merece. Las soluciones pueden agruparse en dos áreas clave:

  1. Regulación y fiscalización integral: Es necesario que las bicimotos estén sujetas a las mismas regulaciones básicas que otros vehículos motorizados. Esto incluye la exigencia de licencias para los conductores, la imposición de marchamo, y la obligación de una revisión técnica periódica. Estas medidas no solo aumentarán la seguridad, sino que también garantizarán que todos los usuarios de las vías contribuyan de manera equitativa al mantenimiento de la infraestructura.
  2. Infraestructura y seguridad vial: La expansión de las bicimotos ha revelado una carencia crítica en la infraestructura vial costarricense. No existen carriles exclusivos ni señalización adecuada para estos vehículos, lo que incrementa los riesgos de accidentes. El gobierno, en colaboración con el sector privado, debe invertir en la creación de ciclovías adecuadas y seguras que puedan ser usadas por bicicletas, bicimotos y otros medios de transporte no tradicionales. Un plan piloto en zonas urbanas con alta densidad de tráfico de bicimotos podría servir como modelo para una implementación más amplia en todo el país.

Un llamado a la gestión eficiente

El reto de regular las bicimotos en Costa Rica no es solo una cuestión de crear nuevas leyes. Es un llamado a la gestión pública para que responda a los cambios en el comportamiento social y las necesidades de transporte. La gerencia pública eficiente requiere anticipar problemas, gestionar recursos de manera justa y, sobre todo, asegurar que el bienestar colectivo prevalezca sobre los intereses individuales. Regular las bicimotos no solo es una necesidad en términos de seguridad, sino también una cuestión de justicia social y fiscal.

Como estudiantes de administración pública, estamos llamados a analizar críticamente estos desafíos y proponer soluciones que realmente generen valor público, Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para regular este fenómeno, estableciendo normas que aseguren la seguridad vial, la micro movilidad y la equidad fiscal. La coordinación entre instituciones como el Consejo de Seguridad Vial, el Ministerio de Comercio, Ministerio de Hacienda, las municipalidades y las aduanas es crucial para implementar políticas efectivas. Solo así se podrá garantizar una convivencia segura y equilibrada entre todos los usuarios de la red vial, promoviendo un entorno más seguro y ordenado para todos.

Inauguración del mural Mosaico Internacional Artístico Infantil

El próximo 5 de enero de 2025, a las 9:00 a.m., en Plaza Máximo Fernández, conocida como Plaza Roosevelt en San Pedro, se llevará a cabo el cierre de la III Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia con la inauguración del mural Mosaico Internacional Artístico Infantil Cultura de Paz 2024-2025. 

Conformado con más de 500 obras de arte procedentes de varios países, es un esfuerzo que simboliza la unión y el compromiso con estos valores universales. La iniciativa ha contado con el apoyo de ASART, una organización sin fines de lucro que promueve diversas modalidades de arte como herramientas para la transformación social, la construcción de la paz, el desarrollo del potencial humano y la sostenibilidad; la cual ha contribuido mediante la impartición de clases, donación de materiales de arte y la participación de voluntarios en colaboración con INARTES Costa Rica.

Este movimiento invita a toda la ciudadanía a ser parte de una jornada que celebra el arte como herramienta transformadora y promotora de paz en el mundo.

Le invitamos a ver el video con información de la actividad mediante el siguiente enlace:

Defensoría: Hospital de Golfito tiene 57 camas para 45 mil habitantes adscritos

Urgencias en recurso humano y equipamiento

El Hospital Manuel Mora Valverde, de Golfito es el responsable de atender a 45.000 habitantes de los cantones de Golfito, Puerto Jiménez y Osa pero enfrenta desafíos significativos para brindar una atención médica debido a que solo tiene 57 camas y otras limitaciones en recursos humanos, infraestructura y equipamiento.

Es un hospital con imposibilidad material de crecimiento, debido a que está dentro de un área protegida, trabaja al máximo de su capacidad y dichas camas son destinadas para la atención general de los pacientes que requieren internamiento y en especialidades específicas como ginecología, obstetricia y pediatría.

Se dispone de un terrero para construcción futura que tiene todos los estudios técnicos y está listo para compra, pero requiere ser llevado a Junta Directiva de la CCSS para ser declarado de interés institucional.

En cuanto a especialidades médicas, el centro solo tiene un profesional por especialidad, situación que complejiza el desempeño de cada una, por ejemplo, en el caso de anestesiología, el especialista asume cirugías de todo tipo y otros procedimientos que lo requieren, lo que dificulta su incidencia en la resolución cuantitativa de casos. El hospital no cuenta con Medicina del Trabajo, Medicina Familiar, Optometrista, Audiólogo, Odontología General Avanzada, Hospital de Día y es urgente dos anestesiólogos, dos radiólogos y un odontólogo General.

En materia de equipamiento no hay mamógrafo. También se requiere de otro ultrasonido ya que el equipo es usado por el anestesiólogo para guiar algunos procedimientos en razón de la seguridad del paciente y también es necesario para el cumplimiento de la función ordinaria.

En materia de recurso humano, para la atención del parto humanizado no disponen de enfermera obstetra, únicamente la que está en hospitalización. Toda la demanda de profesionales en enfermería se cubre con tiempo extraordinario y el 60% de éste se usa en traslados y cubrir los turnos desprovistos del recurso humano. En términos generales, se tiene un déficit de 23 profesionales. Paralelo a que existen varios programas como la clínica de heridas, mamas, lactancia materna, plan de alta hospitalaria, entre otros, que requieren la conducción de un profesional en enfermería y que actualmente están recargados. No hay servicios docencia, ni de salud mental.

En materia de listas de espera actualmente el Hospital de Golfito, resuelve pacientes de gastroscopías del Hospital Fernando Escalante Pradilla que le brinda 10 espacios para pacientes hospitalizados. El servicio de nutrición es el que presenta la lista de espera más alta, con 912 personas en espera con 859 días como plazo. La Clínica de Mamas con 283 y ginecología con 311 pacientes pendientes.

En el servicio de Emergencias faltan al menos tres profesionales. Normalmente se hacen cargo del servicio de inyectables, observación, recuperación y preclasificación. Se tuvo que cerrar el servicio de pre-observación porque no había recursos disponibles.

Construyendo comunidades resilientes a través de la Economía Solidaria 2025

Carlos Hernández
Cokomal / RedEss*

Las estrategias territoriales para fortalecer las dinámicas económicas solidarias representan una iniciativa integral que busca transformar el tejido socioeconómico de nuestras comunidades mediante la implementación de iniciativas asociativas alternativas centrados en las personas y el bien común. Este enfoque innovador propone una reconceptualización de las relaciones económicas tradicionales, privilegiando la colaboración sobre la competencia, la sostenibilidad sobre el beneficio inmediato, y lo comunitario sobre el individualismo.

En un contexto marcado por crecientes desigualdades socioeconómicas y desafíos ambientales, estas estrategias territoriales se presentan como una respuesta coherente y articulada para fomentar un una inclusión social económica local más equitativa y sostenible. A través de la promoción de iniciativas sociales, asociativas productivas y otras formas de organización económica solidaria, se busca crear una dinámica económica que responda efectivamente a las necesidades locales mientras genera oportunidades de prosperidad compartida para todos los miembros de la comunidad.

Es así como la economía solidaria emerge como una propuesta transformadora para los territorios y comunidades, lo que destaca su impacto en el desarrollo local a través de la creación de empleos sostenibles, la mejora de servicios y la calidad de vida. En esta propuesta se utiliza sus recursos para garantizar un acceso equitativo a bienes y servicios, lo que contribuye a la supervivencia y a una vida con dignidad en las comunidades. Las iniciativas de economía solidaria enfrentan desafíos relacionados con su sostenibilidad local, abordando problemáticas diversas mediante estrategias democráticas que fomentan la participación y priorizan las necesidades de las personas sobre el capital.

Se pueden distinguir varias estrategias: las sectoriales (que optimizan el acceso a productos y servicios dentro de un sector), las territoriales (que integran la dimensión geográfica y promueven el desarrollo local) y las orientadas a beneficiarios (que responden a las necesidades de grupos específicos).

Las iniciativas de economía solidaria tienen una misión social clara, operando bajo los principios de solidaridad, sostenibilidad, autonomía, democracia, participación y priorización del trabajo humano. Estas entidades promueven una distribución más equitativa de los beneficios e invierten en sus territorios, fortaleciendo la economía local y generando un tejido social que fomenta el emprendimiento. Además, estas iniciativas son cruciales para mejorar la autonomía territorial en un contexto de descentralización, lo que permite a las comunidades gestionar de manera más eficiente sus recursos y necesidades.

Combinan relaciones entre la producción de bienes y servicios con las exigencias locales, lo que facilita el bienestar social mediante la oferta de servicios que responden a las necesidades comunitarias. Asimismo, generan una dinámica de innovación social y promueven la incidencia política contribuir a la eficacia del Estado en áreas como las políticas sociales, medioambientales y económicas. A través de su filosofía y enfoque democrático, la economía solidaria busca no solo responder a las necesidades económicas, sino también fortalecer la cohesión social y el tejido comunitario, impulsando un desarrollo integral y sostenible en los territorios.

*carloscokomal@gmail.com / F.B: cokomal org / F.B: redess Costa Rica

CGR: “CCSS no le cobra al Estado montos millonarios”

De acuerdo con un comunicado de la Contraloría General de la República, una auditoría realizada tuvo como objetivo determinar si el proceso de cobro de las obligaciones del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cumple razonablemente con el marco normativo y técnico aplicable.

El análisis consideró la revisión de las acciones ejecutadas por la CCSS desde el momento donde se factura la obligación, hasta la recepción de los recursos, en rubros que afectan tanto el Seguro de Salud como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Para el periodo 2020-2023, los saldos que no se han cobrado o se han dejado de pagar, crecieron 106,6%, alcanzando un monto de ¢3,6 billones a finales de 2023, que en perspectiva, equivale a un 7,3% del PIB, aproximadamente, y casi un 30% del Presupuesto Nacional para ese año, lo cual afecta las finanzas institucionales y por ende su sostenibilidad.

Conclusiones de la auditoría

Se determinó que la CCSS incumple con todos los aspectos significativos del proceso de cobro de las obligaciones del Estado y su gobernanza, en los términos establecidos en los criterios de la presente auditoría:

La CCSS cobró el 44% de las obligaciones facturadas al Estado en el período 2020-2023 lo que significa que dejó de cobrar ¢1,62 billones del total del monto facturado (¢2,89 billones) en ese período, lo cual ha generado que el remanente se acumule en el tiempo y genere intereses moratorios (¢323.557,66 millones en ese periodo).

Existen conceptos por los cuales la CCSS no ha recibido recursos sobre las facturas emitidas en el periodo 2020-2023; entre ellos sobresale el caso por el concepto de “Asegurados por Cuenta del Estado”, sobre el cual la CCSS no ha recuperado los recursos facturados desde 2020 y cuyo monto asciende a ¢437.430,33 millones.

La CCSS no implementa el cobro administrativo en su totalidad de acuerdo con el procedimiento aplicable; no emite y notifica avisos de cobro, no eleva a los altos niveles los casos a cobro para valorar acuerdos de pago y omite la conformación del expediente; únicamente emite facturas y certifica las deudas como insumo del informe de deuda dirigido al Ministerio de Hacienda, que es remitido mensualmente a esa instancia.

No implementa el cobro judicial para todos los casos (únicamente se tiene un caso en proceso de cobro judicial iniciado en el 2023, que representa un 2.03% del total facturado en ese año). Tampoco remite facturas de los montos que debe cobrar mensualmente al Estado por el “Traspaso del primer nivel de atención” y únicamente lo suma al registro de la deuda acumulada por este concepto.

Ver página 18 del informe:

«Al Lic. Gustavo Picado Chacón en su calidad de gerente financiero o a quien en su lugar ocupe el cargo.

4.4. Actualizar e implementar el Procedimiento para la Gestión de las deudas del Estado con la CCSS para que se incluya lo siguiente: definición de roles y responsabilidades de las unidades que intervienen en determinar montos a facturar, el plazo del trámite de cobro, el momento de registro de la cuenta por cobrar, el momento de rige en la suma de intereses y las actividades de control que aseguren el cobro de las obligaciones del Estado por la vía administrativa, y de no recuperar los recursos proceder al cobro judicial, aplicable a todos los conceptos que la CCSS cobra al Estado. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir al Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General:

  1. A más tardar al 30 de junio de 2025, una certificación que haga constar la actualización del procedimiento señalado.
  2. A más tardar el 31 de octubre de 2025, una certificación que acredite su implementación».

El informe completo está disponible en el siguiente enlace: DFOE BIS IAD 00009-2024

Posada – en la Benemérita Biblioteca Nacional

El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional, la Capilla de Adoración Santa Margarita y las Religiosas Oblatas al Divino Amor,  se complacen en invitarle a la “Posada .

La actividad se realizará el 19 de diciembre a las 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.