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Autor: María José Ferlini Cartín

Encuentro para analizar la gestión del agua en el Corredor Biológico Pájaro Campana

El Comité Local del Corredor Biológico Pájaro Campana y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas se reunirán el sábado 22 en Palo Verde de Chomes.

En la actividad de conmemorará el Día del Agua y se analizará el estado del manejo del agua en los ríos del Corredor Biológico Pájaro Campana, que son los mismos que la Alianza de Comunidades ha venido defendiendo por años.

Para más información: Dany Villalobos 8781 4512.

Marzo mes de la historia de la mujer y de sus luchas

Alberto Salom Echeverría

Introducción

En el año 1975 la ONU celebró por primera vez honrar a la mujer. En 1996 acordó -dice la crónica- un lema: “Celebrar el pasado, planificar el futuro”. El lema escogido entonces por las Naciones Unidas no me deja para nada satisfecho. Tengo que escribirlo en primera persona, obviamente porque es mi parecer. Lo razono de la siguiente manera: uno celebra a las mujeres y sus luchas siempre, en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado lejano pude no haber estado, en el futuro puede que ya no esté. Por eso, lo crucial es el presente.

Si en verdad deseamos honrar a la mujer y hacer nuestras sus luchas, el lema debería transformarse para que se convierta en un “leitmotiv” para toda la especie humana en todo momento. En este sentido, personalmente quedaría más conforme si el lema dijera algo como “Conmemorar las luchas de las mujeres. Compartir sus preocupaciones hoy y siempre, luchar junto a ellas y para ellas”.

Un poco de historia

Fue a inicios del siglo XX, en plena sociedad capitalista industrial, cuando la mujer se había incorporado a los talleres textiles y fábricas, que se comenzó a formar más conciencia en primer lugar en muchas de ellas y entre determinados luchadores sociales, tanto mujeres como hombres, acerca de las enormes desigualdades sociales y laborales que subsistían y afectaban de una manera singular a la mujer trabajadora.

La incorporación al trabajo remunerado de carácter salarial no impidió que la mujer continuara soportando las tareas del hogar sumadas al cuido y la educación de los hijos en la casa. Se conformó así para ellas, una doble o triple carga de trabajo, pero, reitero, únicamente para las mujeres. Fue la primera vez en la historia, que semejante carga de trabajo recayó sobre las féminas; a partir de entonces fue menester hablar de que tales mujeres tenían una jornada de ocho horas o más de trabajo “remunerado” y otra no remunerada de dos o más labores especializadas que fueron denominadas trabajo doméstico, no pago. Por mucho tiempo, esta doble o triple jornada de las que hablamos para las féminas, se mantuvo invisibilizada para el resto de la sociedad.

En cuanto al trabajo remunerado, considero necesario puntualizar que, en la inmensa mayoría de los casos, la mujer recibía y, en numerosas ocasiones recibe todavía, una paga inferior a la del hombre, aun cuando el tiempo dedicado al trabajo fuera y hoy siga siendo el mismo. Quiere decir que la explotación -en términos de extracción de plusvalía- es mayor en la mujer. Esto constituye una inmensa deuda social que, las sociedades capitalistas han acumulado con las mujeres. Otra deuda no reconocida, es la que se ha dado en llamar el trabajo doméstico no remunerado. La mujer fue la responsable en la sociedad antigua y lo sigue siendo en la moderna, de acarrear con gran parte del mérito de formar, educar y disciplinar la futura fuerza laboral de la sociedad, constituida por los hijos e hijas que asisten a la educación preescolar, a la escuela, al colegio y en numerosas ocasiones a las universidades, no es poco el mérito; pero, no obstante, se mantienen sin realizar un trabajo remunerado. Hay que reconocer que algunos hombres hoy comparten tareas domésticas con sus esposas o compañeras, pero no son ni por mucho la mayoría; el machismo se interpone todavía e impide que el hombre como género, esté dispuesto a compartir a plenitud las tareas domésticas con la mujer, como el cuido de los hijos. Es una realidad. Adicionalmente, no existe ninguna ley o norma que obligue a los hombres a apoyar el trabajo extra, de tiempo no pagado, que se efectúa en el ámbito doméstico. De ahí que, lo realiza exclusivamente aquél que se haya enfrentado con valentía a la ideología del machismo y que entienda que el amor a su pareja implica el mutuo apoyo y respeto en todo. Hasta entonces podemos hablar de igualdad real.

La violencia contra las mujeres

Las mujeres luchadoras sociales, jamás podrán olvidar que la celebración del 8 de marzo como el día internacional de la mujer, está jalonado de hechos de violencia social contra el género femenino, que hoy está vigente. Uno de los acontecimientos más espeluznantes y abominables, fue el que se dio justamente el 8 de marzo de 1908, cuando murieron 129 mujeres en la fábrica Cotton de New York; las mujeres murieron calcinadas, porque frente a la huelga que ellas declararon, para conseguir la jornada de trabajo de 10 horas, y que se les pagara el mismo salario que los hombres por el mismo tiempo laborado, el dueño ordenó que se cerrara la fábrica para conseguir su rendición. La fábrica ardió, ocasionándose una de las tragedias más grandes que recuerde la historia de las luchas sociales y laborales. En 1909, fue la primera vez que se conmemoró el día de la mujer en honor de las trabajadoras que perdieron la vida en aquella tragedia. El año de 1910, marcaría un nuevo hito en la lucha de las mujeres por sus derechos, porque se celebró en la ciudad de Copenhague, la Segunda Conferencia Internacional de las mujeres socialistas, bajo la conducción de la gran líderesa Clara Zetkin, quien propuso declarar el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, para conmemorar el macabro acontecimiento ocurrido en la fábrica Cotton de New York.

En los tiempos actuales las mujeres continúan siendo objeto de la violencia machista intrafamiliar y en otros espacios. La violencia contra la mujer sigue imperando, a pesar de que se ha avanzado bastante en la aprobación de leyes que castigan a los responsables de la agresión contra las mujeres.

Por fin, el 8 de marzo de 1975, en la ONU quedó oficializado el Día Internacional de la Mujer. Hay razones para festejar ese día, porque son muchas las conquistas alcanzadas, tales como, la incorporación cada vez en forma más abundante de la mujer al trabajo; se han producido conquistas importantes en la reducción de la jornada laboral a 8 horas, de los trabajadores en general, mujeres y hombres; además, algunos hombres han adquirido consciencia de lo relevante que es colocarse a la par de sus compañeras en las reivindicaciones sociales y laborales que están pendientes y un sinfín de otras conquistas. Sin embargo, es mucho el terreno que aún queda por recorrer; en cuanto a los derechos de representación, la ONU ha informado que, a escala mundial, las mujeres ocupan solamente el 24,9% de los escaños en los parlamentos, en el mismo sentido, únicamente 22 países en todo el mundo tienen a una mujer como jefa de Estado o de gobierno. (Cfr. Redacción Sociedad. “Día de la Mujer 2025: Por qué el 8 de marzo no se celebra, sino que se conmemora.” Losandes.co.ar/sociedad/día-la-mujer-2025…)

Epílogo

La vida de la mujer ha sido fatigosa y durante mucho tiempo hasta cruel sobre esta tierra, sufrió y sufre maltratos de parte del hombre en el seno de su propia casa. Sobre todo, durante el período de la esclavitud. La gran pensadora Hanna Arendt demuestra que, entre los esclavos y las mujeres acometían las tareas de la producción, aunque, debemos recordarlo, sin remuneración alguna. Los “libres” eran exclusivamente los hombres no esclavos; eran los ciudadanos que asistían en Atenas al Ágora, a discutir sobre los problemas de la ciudad. Nadie más tenía derechos en la sociedad antigua. Han debido pasar siglos antes de que la mujer pudiese salir de la esclavitud del hogar para lograr incorporarse al trabajo remunerado. Cuando lo hizo fue en condiciones de inferioridad respecto del hombre, percibiendo salarios inferiores, casi sin derechos y con jornadas extenuantes, en el principio de la época industrial y en condiciones vejatorias de las que hubo de librarse merced a luchas indecibles y heroicas.

Hoy la mujer ha adquirido la ciudadanía en la mayoría de las sociedades occidentales, y cuenta con derechos civiles y laborales adquiridos mediante la lucha social. Sin embargo, está lejos todavía de vivir despojada de la esclavitud del hogar, del maltrato a manos de sus esposos o amantes, de sus patronos o jefes, quienes todavía no guardan el respeto que es debido, porque carecen de consciencia de que hombres y mujeres hemos de vivir en igualdad real de condiciones y no solo lo que dictan las leyes y otras normas.

Está bien que conmemoremos cada 8 de marzo el día de la mujer, y hasta que celebremos las conquistas alcanzadas por ellas y para ellas. Pero, de nuevo hay que reiterarlo, falta mucho camino para que vivamos en sociedades donde la convivencia sea de verdad civilizada y en igualdad real entre mujeres y hombres. El escollo principal lo constituye la sociedad de consumo, la lucha voraz por la subsistencia, la pobreza que no ceja y que la padecen sobre todo las mujeres solas cabeza de familia, así como la creciente desigualdad social, laboral y política; en circunstancias en las que las mujeres, nuestras madres y abuelas, esposas, compañeras, hermanas, amigas siguen teniendo un papel subordinado y como lo dejamos narrado, hasta de maltrato en esta sociedad contemporánea.

Zona marítimo terrestre en disputa: proyecto privatizador avanza en el Congreso – En Voces y Política

Este miércoles 19 de marzo tendremos el programa: “Zona marítimo terrestre en disputa: proyecto privatizador avanza en el Congreso”.

Con la participación de:

Jessica Ramírez Benavides, politóloga y estudiante de Biología, asesora legislativa en temas municipales y ambientales.

Esteban Barboza Núñez, coordinador del Observatorio del Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Región Chorotega UNA.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.

Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)

Cooperativa AGRICOP denuncia instalaciones abandonadas del INDER en Zona Sur

Agricultores locales enfrentan dificultades por la distancia a mercados principales y falta de aprovechamiento de infraestructura pública

La cooperativa AGRICOP alzó su voz para denunciar el abandono de instalaciones pertenecientes al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en la Región Brunca, a pesar de las necesidades de infraestructura que tienen los agricultores y organizaciones productivas de la zona.

Peter Espinal, agrónomo y miembro de AGRICOP, explicó que los productores de la Zona Sur enfrentan desventajas competitivas significativas debido a su ubicación geográfica. «Estamos muy alejados de los mercados grandes como CENADA. Nosotros estamos a seis horas, mientras otras partes del país están a dos horas. Esto nos pone en gran desventaja para competir con hortalizas y otros cultivos», señaló Espinal.

El agrónomo destacó que la clave para el desarrollo agrícola en la región está en dar valor agregado a productos que crecen naturalmente en estos suelos, como la yuca y el plátano. «Muchas veces vienen a introducir otros tipos de cultivos y lo que hacen es que hay que agregarles mucho abono y muchos aditivos. Uno tiene que trabajar con lo que la gente sabe cultivar», explicó.

Oportunidades en cacao y abacá

Espinal destacó el potencial del cacao, que actualmente experimenta alzas importantes en su precio debido a la disminución de la producción mundial en Ecuador y África por cambios climáticos. «Darle valor agregado al cacao es una de las razones por las que me sumé a esta cooperativa, para impulsar el desarrollo y hacer otros productos que podamos vender a un mercado nacional o incluso al turístico», afirmó.

También mencionó el abacá, una planta similar al banano que produce una fibra de alta calidad, como un cultivo prometedor para la zona. «Una gran ventaja del abacá es que, al estar en un área de conservación con mucha vida silvestre, los animales no lo consumen, a diferencia del maíz o la yuca, que son atacados por periquitos y saínos», explicó. Además, destacó su potencial como sustituto sostenible del plástico en la industria.

Instalaciones subutilizadas

Por su parte, Tatiana Chaverri denunció la existencia de un edificio en abandono perteneciente al INDER que no se quiere ceder a AGRICOP. «Acá pueden observar este edificio que es un monumento a la mala administración pública. La Región Brunca tiene grandes necesidades y oportunidades, y existen infraestructuras que el gobierno, en lugar de instaurar nuevas instalaciones, debería poner a disposición de AGRICOP», manifestó.

Chaverri enfatizó que la cooperativa propone iniciativas para el desarrollo de la juventud, para reducir la brecha tecnológica y para generar empleo. «Es una barbaridad que esta región cuente con infraestructuras y estén subutilizadas. Ahí está la mala administración en el Instituto de Desarrollo Rural», concluyó.

Los representantes de AGRICOP consideran que el acceso a esta infraestructura permitiría impulsar el procesamiento y valor agregado de los productos locales, mejorando la competitividad de los agricultores de la zona sur y generando nuevas oportunidades de empleo para la región.

Esta es información generada en la zona por la Comisión Sureña y el Frente Nacional de Lucha.

Sindicatos enfrentan el estrés térmico: un asesino invisible para trabajadores agrícolas

El calentamiento global intensifica los riesgos laborales en el sector agrícola, con efectos particularmente severos para las mujeres trabajadoras

El estrés térmico se ha convertido en un «asesino invisible» que afecta a 2.410 millones de personas trabajadoras en todo el mundo, lo que representa el 71% de la población activa global. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este fenómeno provoca anualmente 18.970 muertes y 22,85 millones de lesiones.

En el sector agrícola, el impacto es aún más preocupante: se proyecta una reducción aproximada del 60% en las horas de trabajo para 2030 debido al calor extremo, según información compartida por Maikol Hernández Arias, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh) de Costa Rica.

Temperaturas récord y sus efectos

El documento presentado en la reunión del Comité del Grupo de Trabajadores/as de la Agricultura (GPTA) en Bogotá, Colombia, el pasado septiembre, advierte que junio de 2024 fue el mes más cálido registrado y el duodécimo mes consecutivo en alcanzar el umbral de 1,5 °C.

«El estrés térmico se asocia con insolación, agotamiento por calor, lipotimia térmica (síncope o desmayo), calambres por calor y sarpullido por calor», indica el informe, que también destaca cómo la temperatura corporal humana debe mantenerse por debajo de 38°C para evitar la hipertermia. Temperaturas corporales superiores a 40,6°C implican riesgo de pérdida de conciencia, daños orgánicos y muerte.

Mayor vulnerabilidad de las mujeres

Un dato relevante del informe es que, durante el trabajo físico, las mujeres tienen 3,7 veces más probabilidades de ser intolerantes al calor que los hombres. «Las mujeres tienden a sudar menos que los hombres y, por tanto, tienen menor capacidad para liberar calor del cuerpo», señala el documento.

El trabajo agrícola es particularmente vulnerable, ya que se considera de intensidad alta (360-465 de intensidad laboral) y muy alta (> 465), en comparación con el trabajo de oficina. Esto implica que las temperaturas máximas para trabajar en agricultura deberían ser de 29-30°C para labores de alta intensidad.

Respuestas sindicales y normativas internacionales

Ante esta situación, diversos sindicatos han desarrollado iniciativas para proteger a las personas trabajadoras:

  • En Estados Unidos, la Asociación de Trabajadores Agrícolas (FLOC) estableció pautas sobre el calor que recomiendan abandonar el campo y buscar sombra y agua cuando la temperatura alcanza los 30°C/85°F y se presentan síntomas de estrés térmico.

  • En Australia, el sindicato UWU elaboró un modelo de cláusula sobre calor extremo que estipula que cuando la temperatura supere los 29,5°C, la parte empleadora debe proporcionar una pausa de 15 minutos con goce de sueldo cada hora de trabajo.

Varios países ya han implementado normativas al respecto:

  • En Sudáfrica, las empresas empleadoras están obligadas a mitigar el estrés térmico cuando el índice WBGT (temperatura globo y bulbo húmedo) medio por hora supera los 30°C.

  • En España, una ley de 2023 obliga a evitar determinadas tareas cuando hace calor y garantiza que no se reduzcan los salarios si se interrumpe el trabajo debido al calor.

  • En Grecia, la normativa exige una interrupción total del trabajo cuando el índice WBGT supera ciertos umbrales según la intensidad de la labor.

Instrumentos internacionales disponibles

La OIT cuenta con instrumentos específicos para proteger a las personas trabajadoras del estrés térmico, como:

  • Convenio 155 sobre salud y seguridad en el trabajo

  • Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo

  • Convenio 184 sobre salud y seguridad en la agricultura

  • Recomendación 194 sobre la lista de enfermedades profesionales

El informe subraya que según los convenios 155 y 184 de la OIT, las personas trabajadoras tienen derecho a retirarse de situaciones peligrosas cuando exista riesgo inminente y grave para su salud y seguridad.

Para consultar el informe completo sobre las repercusiones del calor extremo en trabajadores agrícolas y las respuestas sindicales, puede descargarlo desde el siguiente enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/03/06-Heat-AWTG-Board-Sept-2024-es.pdf

Impunidad del asesinato de Sergio Rojas

Comunicado

Reunida la Coordinación del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, FRENAPI, los días 14 y 15 de marzo, para evaluar y generar Planes de Trabajo 2025, comunicamos a la comunidad nacional e internacional:

Este 18 de marzo, se cumplen ya 6 años, del cobarde asesinato del compañero Sergio Rojas, Bribri del clan Uniwak y miembro coordinador de FRENAPI.

Desde la legislación de 1977, ley 6172, el Estado debió asumir su responsabilidad de garantizar nuestro derecho a la Tierra/Territorio, ya sea indemnizando o desalojando los usurpadores – poseedores de mala fe. El Estado incluye la Comisión Nacional de Asuntos Indígena CONAI, ITCO actualmente INDER por su competencia en materia agrario, las asociaciones presentes en los territorios indígenas ADIs (dependientes de DINADECO), que son estructuras impuestas a los pueblos indígenas, por su negligencia y omisión en el saneamiento territorial, los hace cómplices del asesinato de nuestro hermano.

Después de más de 40 años de espera, (de Ley Indígena) y del desalojo violento en la Asamblea Legislativa, 9 agosto 2010, los Pueblos Indígenas, hemos decidido REAFIRMAR nuestro derecho a la Tierra/Territorio y nuestros Derechos a la espiritualidad, ambiente, educación, salud, y reivindicar de las estructuras propias.

Responsabilizamos al Estado de las agresiones, violaciones, a las personas indígenas y nuestros bienes, pues no ha garantizado ni materializado los derechos consagrados en la Constitución y el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. De modo que nuestras vidas y subsistencia, se ven en riesgo, vulnerabilidad y enajenado por las complicidades y omisiones del Estado.

En la administración Chaves Robles, igual que las otras administraciones, la represión, las agresiones, impunidad y la discriminación, han ido en forma escalonada, contra los Bienes Comunes, los Derechos Constitucionales y la integridad de los Pueblos Indígenas.

La impunidad desde los Poderes del Estado, promueve y consolida más agresiones, discriminación, racismo y la imposición de las nuevas formas de colonizar nuestras mentes, espiritualidades, estructuras propias y la diversidad cultural.

Desde los pueblos hemos vivido el despojo de los bienes comunes, mediante el clientelismo y la imposición de “agendas del estado”, mediante toda su estructura CONAI-ADIs-INDER-FONAFIFO-MINAET-ESTADO, folclorizando nuestras culturas, con acciones aisladas, evidenciando la continuidad del modelo colonial, de conquista, asesino, usurpador extractivista de nuestros bienes y la VIDA.

Condenamos al Estado que con su accionar nos ha arrebatado la vida, que es un derecho fundamental del ser humano, que después de 5 siglos, sigue la masacre, el crimen y genocidio estructurada y sistemática.

Esta impunidad representa mayor violencia que viven los pueblos indígenas, dichas acciones son ejecutadas a mansalva contra los pueblos y sus derechos.

Repudiamos la impunidad por parte de los poderes del Estado, que sólo manifiesta y ratifica la inoperancia e ineficiencia, del sistema, mediante los operadores de la justicia, sean abogados/as, fiscales, jueces, ministros y presidencias.

Exigimos justicia contra los asesinos materiales e intelectuales de nuestro compañero Sergio, contra la violencia de usurpadores y agresores; así como exigimos atención de la Agenda Indígena, que respeta nuestros Derechos, estructuras y espiritualidades propias.

La garantía y exigencia del Derecho a la Tierra/Territorio, de los Pueblos Indígenas, que seguiremos recuperando y reafirmando, por el bienestar, la salud, la conservación, la biodiversidad, siguen vigentes en todos nuestros Pueblos

Generado el día 18 de marzo 2025.

#SergioRojasVIVE

#JerhyRiveraVIVE

¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!

“El Canal de Panamá ante las amenazas de Trump” – libro

Comunicado

El Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades (CIFHU) de la Universidad de Panamá se complace en presentar el libro “El Canal de Panamá ante las amenazas de Trump”, compilado por los profesores Olmedo Beluche y Abdiel Rodríguez Reyes, y prologado por el Dr. Olmedo García Ch., decano de Humanidades, el cual reúne una serie de ensayos que analizan la situación geopolítica del Canal de Panamá en el contexto de las declaraciones y políticas del presidente estadounidense Donald Trump.

Entre las personalidades panameñas que reflexionan sobre las amenazas y falacias vertidas por el presidente Trump sobre el Canal de Panamá, tenemos a Julio Yao Villalaz, Diógenes Sánchez, Vilma Chiriboga, Juan Jované, Enoch Adames, Anayansi Turner, Ramón H. Benjamín, Jorge González, Félix Villarreal, Mario Enrique De León, Samuel Prado Franco y los compiladores, Abdiel Rodríguez Reyes y Olmedo Beluche.

Presentamos este libro con la urgencia que la coyuntura demanda para que sirva de instrumento en la lucha en defensa de la soberanía nacional frente al renovado monroísmo trumpista, pero también para que sea instrumento en la lucha por un canal al servicio del pueblo panameño, sacándolo de las manos de la oligarquía corrupta que controla la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y se chupa sus recursos.

Usted puede encontrar el libro en la página web del CIFHU, en la sección de publicaciones: https://centroinvestigacionhumanidades.up.ac.pa/node/181

En las próximas semanas tendremos una cantidad impresa.

Alerta en el Caribe Sur: la denuncia que evitó mayor impacto ambiental

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente vulneración ambiental, donde ecosistemas clave, como los bosques costeros y humedales protegidos, podrían estar sufriendo el impacto de actividades presuntamente ilegales que pondrían en riesgo su equilibrio natural. Un reciente incidente, ocurrido el 17 de marzo del 2025, sugiere la importancia de la vigilancia ciudadana y la denuncia ambiental para frenar estas posibles acciones.

En una zona marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, se habría reportado la presencia de una persona aparentemente realizando actividades de corta prohibidas en un área protegida. Este terreno, además, cuenta con medidas cautelares, lo que agrava la situación y demuestra la vulnerabilidad de estos espacios sin la debida vigilancia. Ante la posible inmediatez del daño ambiental, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven alertó a las autoridades. Sin embargo, la respuesta inicial evidenció un problema recurrente: los obstáculos burocráticos y la falta de reacción oportuna ante potenciales delitos ambientales. Vangoidsenhoven tuvo que insistir y detener la patrulla en el camino para que la policía atendiera la situación.

Finalmente, las autoridades intervinieron en el sitio y, según reportes, lograron la detención de la persona implicada, evitando que el daño se extendiera aún másSe decomisó el machete y el peón fue llevado a la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades ahora buscan identificar a la persona que envió al trabajador, aunque este afirmó no conocer al responsable del encargoEsta situación, que ocurre con frecuencia, dificulta la persecución de los verdaderos responsables y deja en evidencia los vacíos en la aplicación de la justicia ambiental.

Prácticas conocidas para cometer delitos

Esta forma de actuar es muy común. En el caso del terreno, el concesionario—una persona conocida en la zona—frecuentaba el lugar antes de que se establecieran las medidas cautelares, realizando labores como fumigar y chapear.

Sin embargo, tras la implementación de dichas medidas, ha cambiado su estrategia: en lugar de presentarse personalmente, ha ideado un truco para evadir responsabilidades, enviando peones a realizar estas acciones ilegales en la zona marítimo-terrestre. En ocasiones anteriores, se han decomisado machetes y arrestado a los trabajadores enviados.

Es frecuente que las personas detenidas en el sitio desconozcan con exactitud quién los contrató. Según Philippe, este es su modus operandi. Explica que “así trabaja esta gente: envían al peón, quien sabe exactamente qué trabajo realizar y dónde. Y cuando son detenidos, se hacen los extrañados, diciendo que no saben quién los contrató”.

Al concesionario nunca se le ve en el terreno, aunque todas estas labores benefician directamente sus intereses de modificar la propiedad. Philippe advierte: “Es un truco que puede seguir repitiendo porque esto aún no ha terminado. No creo que esa persona, que realmente se considera dueña del terreno por tener papeles, vaya a detenerse. Él cree que puede hacer lo que le da la gana, y eso lo hace aún más peligroso”.

La importancia de denunciar

Las denuncias ambientales son una herramienta clave para frenar la posible destrucción de espacios protegidos. La legislación costarricense, a través de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece la protección de estos ecosistemas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización y la presión ciudadana.

Cada acción cuenta. Si presencias una actividad que podría amenazar el equilibrio ambiental, es crucial reportarla de inmediato al 9-1-1 y a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la Fiscalía AmbientalLa persistencia en la denuncia puede marcar la diferencia entre la degradación de un ecosistema y su conservación para las futuras generaciones.

El Caribe Sur es una joya natural cuya biodiversidad y riqueza cultural dependen de nuestra acción colectiva. Protegerlo es un compromiso de todos.

Ecosistemas con medidas cautelares: vulnerabilidad y acción comunitaria

A pesar de contar con medidas cautelares, muchos ecosistemas protegidos siguen siendo altamente vulnerables debido a la falta de una presencia policial suficiente que garantice su resguardo. La escasez de recursos y personal impide una vigilancia constante, lo que deja estos espacios expuestos a actividades ilegales que pueden degradar el entorno de manera irreversible. La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades solo agrava la situación, generando un ambiente de impunidad.

Ante este panorama, la participación comunitaria se convierte en un pilar fundamental para la protección efectiva del territorioLa vigilancia ambiental desde las propias comunidades permite una detección más rápida de actividades sospechosas y fortalece la denuncia como un mecanismo de presión social para que las instituciones actúenSin esta red de alerta temprana, los ecosistemas protegidos quedan aún más expuestos a daños que pueden ser irreparables.

Es urgente reforzar los mecanismos de control y garantizar que las medidas cautelares sean más que simples disposiciones en papelLa articulación entre comunidades, organizaciones ambientales y autoridades debe consolidarse para hacer valer estas protecciones y asegurar la conservación real de los ecosistemas en riesgoLa acción colectiva es clave para que la protección ambiental no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones, sino que sea un compromiso activo de toda la sociedad.

Lo que debes saber sobre la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica

Aspecto Clave Descripción
Definición La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria. Los primeros 50 metros son de uso público absoluto.
Propiedad La ZMT es patrimonio del Estado, por lo que no puede ser adquirida como propiedad privada.
Uso y concesiones Los 150 metros posteriores a la zona pública pueden ser otorgados en concesión por las municipalidades, bajo regulación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Prohibiciones Se prohíben construcciones sin permisos, deforestación, actividades industriales contaminantes y la destrucción de ecosistemas sensibles.
Protección especial Si la ZMT incluye humedales, manglares o áreas protegidas, su conservación es aún más estricta, conforme a leyes ambientales y acuerdos internacionales.
Denuncias Cualquier persona puede denunciar infracciones en la ZMT ante el MINAE, la municipalidad o la Fiscalía Ambiental.

Injerencia, privatización y deuda: las amenazas que acechan a la CCSS

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El foro «Iniciativas Políticas para la Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social y la CCSS» se llevó a cabo el 14 de marzo de 2025, organizado por el Frente Nacional por la Seguridad Social. El evento abordó el contexto legislativo de los proyectos en corriente legislativa relacionados con la defensa y fortalecimiento de la seguridad social.

Participaron las diputadas Gloria Navas Montero, Paulina María Ramírez Portuguez y Rocío Alfaro Molina, junto a una importante representación de organizaciones sociales. Durante el foro, se discutieron los desafíos actuales de la CCSS, incluyendo el crecimiento de la deuda estatal, la crisis en la atención médica y la injerencia del Poder Ejecutivo en su administración.

Además, se presentaron iniciativas legislativas para fortalecer la seguridad social y se hizo un llamado a la movilización ciudadana en defensa del sistema público de salud.

La Seguridad Social en Riesgo: Un Llamado a la Acción

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es el pilar de nuestro sistema de salud, garante del acceso universal y equitativo a la atención médica. Sin embargo, enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza su sostenibilidad y su papel como institución pública.

En este foro, se identificaron graves riesgos que afectan a la CCSS: una creciente deuda estatal que supera los 4,2 billones de colones, intromisión del Poder Ejecutivo en su administración, fuga de especialistas por condiciones laborales precarias y una falta de planificación que debilita su funcionamiento. Además, la sombra de la privatización se cierne sobre la institución, poniendo en peligro el acceso a la salud para miles de costarricenses.

Ante este panorama, la ciudadanía tiene un papel clave. La defensa de la seguridad social requiere que nos informemos, nos organicemos y alcemos la voz para exigir soluciones reales. La salud es un derecho, no un negocio. Si permitimos el debilitamiento de la CCSS, abrimos la puerta a un modelo excluyente donde solo quienes puedan pagar accederán a servicios médicos de calidad.

¿Qué se entendió por Seguridad Social?

Según la discusión en el foro, la seguridad social se entiende como un derecho fundamental que garantiza el acceso público, universal y equitativo a la salud, la protección laboral y las pensiones. Se enfatiza su papel en la estabilidad y el bienestar de la población, asegurando servicios de salud accesibles para todos, independientemente de su condición económica.

También se destaca que la seguridad social no es solo un sistema de atención médica, sino un pilar del Estado social de derecho, que protege a los ciudadanos frente a riesgos como enfermedades, desempleo y vejez. En este contexto, se subraya la necesidad de defender la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como una institución clave para garantizar este derecho.

¿Qué pasa con la presidencia ejecutiva?

En el foro se abordó el impacto negativo de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en la institución y la necesidad de su eliminación. Se argumentó que:

  • Eliminación de la Presidencia Ejecutiva: Se propone un proyecto de ley para suprimir esta figura y restablecer el modelo original de gobernanza tripartita, en el que la representación incluía al Estado, los trabajadores y los empleadores.

  • Consecuencias de la injerencia política: Se señala que la Presidencia Ejecutiva ha facilitado la intervención del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones, priorizando intereses políticos sobre criterios técnicos.

  • Apoyo legislativo a la eliminación: Se menciona que el proyecto ha sido dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales y ha recibido respaldo de la mayoría de las fracciones legislativas.

  • Impacto en la autonomía institucional: Se critica que la existencia de esta figura ha debilitado la autonomía de la CCSS, favoreciendo decisiones que no responden a las necesidades reales de la seguridad social.

En términos generales, la discusión en el foro destacó que la Presidencia Ejecutiva es percibida como un mecanismo de control político que ha afectado la gobernanza de la CCSS, y que su eliminación permitiría recuperar la independencia y estabilidad de la institución

Las amenazas que enfrenta la CCSS

En un foro reciente sobre seguridad social, se identificaron graves riesgos que afectan el futuro de la CCSS:

🔴 Crecimiento de la deuda estatal: El Estado debe más de 4,2 billones de colones a la CCSS, comprometiendo su operatividad.
🔴 Intromisión del Poder Ejecutivo: Se ha denunciado una interferencia política en la Junta Directiva, debilitando la toma de decisiones técnicas.
🔴 Fuga de especialistas y crisis laboral: Condiciones laborales precarias y sueldos no competitivos están provocando la salida de profesionales de la salud.
🔴 Privatización encubierta: Se teme que el debilitamiento de la CCSS busque favorecer a la medicina privada, afectando el acceso universal a la salud.
🔴 Deficiencias en la planificación: Falta una estrategia clara para fortalecer el sistema de salud y garantizar su sostenibilidad.
🔴 Desinformación y manipulación: Existen campañas mediáticas que buscan desacreditar la CCSS para justificar su debilitamiento

El papel de la ciudadanía en la defensa de la CCSS

Frente a estas amenazas, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la defensa de la seguridad social:

✔ Informarse y generar conciencia sobre la situación de la CCSS.
✔ Organizarse y movilizarse en sindicatos, juntas de salud y movimientos sociales.
✔ Denunciar intentos de privatización y exigir soluciones reales.
✔ Fiscalizar a las autoridades para evitar decisiones que perjudiquen a la CCSS.

Desafíos para una agenda común para abordar la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

  • Planificación y fortalecimiento del primer nivel de atención: Se resalta la necesidad de una planificación adecuada para atraer, formar y retener a los mejores profesionales de la salud en todos los niveles de la institución.

  • Dignificación del trabajo y salarios justos: Se subraya la importancia de garantizar condiciones laborales dignas y salarios adecuados para el personal de salud.

  • Universalización de las pensiones: Se plantea la necesidad de ampliar las modalidades de aseguramiento para jóvenes sin un empleador formal, dado que el esquema actual para trabajadores independientes resulta inequitativo.

  • Reforma a la gobernanza de la CCSS: Se propone eliminar la figura de la presidencia ejecutiva y restablecer el modelo tripartito original, asegurando una mayor representatividad de la clase trabajadora.

  • Blindaje constitucional de la CCSS: Se sugiere elevar los principios rectores de la institución a rango constitucional, con el objetivo de protegerla ante posibles intentos de desmantelamiento o privatización.

  • Pago de la deuda del Estado con la CCSS: La necesidad de contar con un plan de pago gradual que contemple un porcentaje del PIB anual durante 20 años para saldar la deuda estatal con la institución.

  • Mayor participación ciudadana y movilización social: Se enfatizó la importancia de que la ciudadanía se organice y ejerza presión para la aprobación de estas reformas y la defensa de la seguridad social.

La salud es un derecho, no un negocio. No podemos permitir que destruyan la CCSS en beneficio de unos pocos. Unámonos para proteger el futuro de la seguridad social en Costa Rica.

Les compartimos el video completo del foro para que puedas profundizar en las discusiones y reflexiones.

Para más información pueden visitar el facebook de FRENASS

*Foto de la actividad tomada del Facebook de FRENASS

Expediente legislativo 24.717 Crucitas entre el Oro y la Naturaleza: ¿Qué Camino Elegirá Costa Rica?

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) ha presentado un informe detallado sobre el expediente legislativo 24.717, el cual busca modificar el Código de Minería para permitir la explotación minera metálica en el distrito de Cutris, San Carlos. Este documento expone los graves impactos ambientales, sociales y legales que traería la reapertura de la minería a cielo abierto en Costa Rica, especialmente en la zona de Crucitas, donde este debate ha estado activo por más de 25 años.

Pueden descargar el documento aquí.

Impactos Ambientales: Un Ecosistema en Peligro

El informe de APREFLOFAS alerta sobre la destrucción de hábitats naturales, especialmente para especies como la lapa verde (Ara ambiguus), clasificada como en peligro crítico por la UICN. La minería a cielo abierto en Crucitas implica la deforestación masiva, el uso de cianuro y mercurio, y la contaminación de fuentes de agua, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la salud de las comunidades locales.

Minería Ilegal y Crimen Organizado

Desde 2017, la zona de Crucitas ha sido invadida por actividades de minería ilegal, una problemática documentada en el informe de APREFLOFAS y respaldada por investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta minería ilegal está vinculada a tráfico de mercurio, explotación laboral, trata de personas y corrupción, lo que demuestra el fracaso del Estado en la protección de esta región. Además, investigaciones periodísticas han revelado que el oro extraído ilegalmente en Crucitas es trasladado y «lavado» en otras zonas del país antes de su exportación.

¿Qué es la minería a cielo abierto?

La minería a cielo abierto es un método extractivo que implica la remoción masiva de suelos y rocas para acceder a depósitos minerales superficiales. Se utiliza principalmente para extraer metales como oro, plata y cobre. Este tipo de minería se caracteriza por el uso de explosivos, maquinaria pesada y productos químicos como el cianuro y el mercurio para separar los minerales de la roca.

Contexto legal e histórico de la minería en Costa Rica

  • Desde la década de 1990 ha habido debates sobre la minería en Crucitas.
  • Cronología de leyes y sentencias clave:
    • 2002: Se impone una moratoria a la minería metálica a cielo abierto.
    • 2010: Se aprueba la Ley 8904, que prohíbe esta actividad en todo el país.
    • 2010-2011: Tribunales nacionales anulan la concesión minera a Industrias Infinito S.A. por ilegalidades.
    • 2021-2023: Fallos de la Sala Constitucional ordenan acciones contra la minería ilegal en Crucitas.

El Arbitraje Internacional y la Regulación Vigente

El informe de APREFLOFAS también aclara el contexto legal de la minería en Costa Rica, recordando que la Ley 8904 de 2010 prohíbe la minería metálica a cielo abierto en todo el país. Asimismo, desmiente la idea de que el caso de arbitraje internacional contra la empresa Industrias Infinito S.A. haya limitado al Estado en su capacidad de acción, ya que en 2021 el tribunal del CIADI resolvió que Costa Rica no debía pagar indemnización alguna.

Alternativas Sostenibles: Más Allá del Extractivismo

Costa Rica es reconocida mundialmente por su modelo de conservación ambiental y ecoturismo. APREFLOFAS enfatiza en su informe que la minería a cielo abierto es incompatible con los compromisos ambientales del país, incluyendo el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. En lugar de insistir en un modelo extractivista, el país debe fortalecer economías sostenibles que protejan los bienes comunes y el bienestar de las comunidades.

¿Qué sigue?

El informe de APREFLOFAS hace un llamado urgente a la ciudadanía y a los legisladores para rechazar cualquier intento de reactivar la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica. La decisión sobre el futuro de Crucitas está en manos del Congreso, pero también en la acción y vigilancia de la sociedad civil.

Minería a cielo abierto: ¿De que hablamos?

mpactos ambientales

Deforestación y pérdida de biodiversidad
  • La minería a cielo abierto requiere la eliminación de grandes extensiones de bosques y suelos, afectando ecosistemas completos.
  • En zonas como Crucitas (Costa Rica), la minería amenaza especies en peligro de extinción, como la lapa verde (Ara ambiguus), que depende del almendro amarillo para anidar y alimentarse.
  • También afecta corredores biológicos y reservas naturales, fragmentando hábitats y alterando los equilibrios ecológicos.
Contaminación del agua
  • Se generan residuos tóxicos que pueden filtrarse a ríos, acuíferos y lagos, afectando la calidad del agua potable.
  • En la minería de oro, se usa cianuro para disolver el metal, lo que puede ocasionar envenenamiento de cuerpos de agua si no se maneja correctamente.
  • La contaminación por mercurio, usado en la minería artesanal, se bioacumula en peces y afecta a las comunidades humanas cercanas.
Suelo y geología
  • La remoción masiva de tierra provoca erosión, deslizamientos y la pérdida de la capacidad productiva del suelo.
  • Se generan grandes escombreras y relaves (desechos tóxicos), que pueden filtrar metales pesados y sustancias químicas al ambiente.
Emisiones de gases y contaminación del aire
  • La voladura de rocas y el uso de maquinaria generan polvo tóxico y emiten gases de efecto invernadero.
  • Se liberan metales pesados como arsénico y plomo, afectando la salud de las comunidades cercanas.

Impactos sociales y económicos

Conflictos socioambientales
  • La minería a cielo abierto es un foco de conflictos entre comunidades, empresas y gobiernos debido a los impactos ecológicos y la falta de consulta a poblaciones locales.
  • En América Latina, se han documentado numerosos conflictos, donde comunidades indígenas y rurales han resistido proyectos mineros que afectan su territorio.
  • En Costa Rica, el caso de Crucitas ha sido un ejemplo de oposición social sostenida contra la minería a cielo abierto.
Minería ilegal y crimen organizado
  • Cuando los proyectos mineros son detenidos o prohibidos, muchas veces surge minería ilegal, vinculada al narcotráfico, explotación laboral y trata de personas.
  • En Crucitas, el OIJ ha identificado redes de minería ilegal desde 2017, asociadas a tráfico de mercurio, armas y corrupción de funcionarios.
Desplazamiento de comunidades
  • En muchos casos, los proyectos mineros implican desalojos de comunidades que viven en las áreas concesionadas.
  • Se generan cambios en el uso del suelo, afectando actividades económicas tradicionales como la agricultura y la pesca.
Dependencia económica y poca redistribución de beneficios
  • La minería a cielo abierto genera grandes ingresos para las empresas, pero pocos beneficios para las comunidades locales.
  • Muchas veces, los empleos son temporales y desaparecen una vez agotado el recurso.
  • Los gobiernos suelen depender de los ingresos mineros sin invertir en diversificación económica.

Breve cronología

Década de 1990

  • 1996: Decreto Ejecutivo 25700-MINAE declara la veda total del aprovechamiento de árboles en peligro de extinción.

Años 2000-2010

  • 2001 (17 de diciembre): Resolución R-578-2001-MINAE otorga concesión de explotación minera a Industrias Infinito.
  • 2002 (enero): Se publica en La Gaceta la resolución R-578-2001-MINAE.
  • 2002 (junio): Decreto Ejecutivo 30477-MINAE declara una moratoria nacional indefinida a la minería metálica de oro a cielo abierto.
  • 2002: Sentencia 2002-2486 de la Sala Constitucional reconoce la obligación del Estado de proteger la lapa verde y el almendro amarillo.
  • 2004: Sentencia 2004–13414 de la Sala Constitucional anula la resolución R-578-2001-MINAE por falta de estudio de impacto ambiental.
  • 2005 (enero): Resolución 119-2005-SETENA previene a Industrias Infinito por deficiencias en su Estudio de Impacto Ambiental.
  • 2005 (diciembre): Resolución 3638-2005 de SETENA otorga viabilidad ambiental al proyecto Crucitas.
  • 2007: Presentación de cambio en la viabilidad ambiental del proyecto, posteriormente declarado ilegal.
  • 2008 (febrero): Resolución 170-2008-SETENA modifica la viabilidad ambiental del proyecto.
  • 2008: Decreto Ejecutivo 34801-MINAE declara el proyecto Crucitas de interés público.
  • 2009: Sentencia 2009-17155 de la Sala Constitucional no resuelve la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 34801-MINAE.
  • 2010 (diciembre):
    • Sentencia 2010-4399 del Tribunal Contencioso Administrativo anula la concesión minera de Industrias Infinito.
    • Se aprueba la Ley 8904, que prohíbe la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica.

Años 2011-2020

  • 2011 (noviembre): Sentencia 1469-F-S1-2011 de la Sala Primera confirma la anulación del proyecto minero.
  • 2014 (marzo): Infinito Gold presenta demanda ante el CIADI contra Costa Rica.
  • 2015 (noviembre): Sentencia 1438-2015 del Tribunal Contencioso Administrativo sobre ejecución de la sentencia del 2010, luego anulada en 2017.
  • 2017:
    • Inician reportes sobre extracción ilegal de oro en Crucitas.
    • APREFLOFAS alerta sobre la contaminación por mercurio.
  • 2019:
    • OIJ inicia investigaciones sobre la minería ilegal en Crucitas.
    • Operaciones policiales detectan tráfico de oro y mercurio.
  • 2021 (junio):
    • Laudo del CIADI determina que Costa Rica no debe pagar indemnización a Infinito Gold.
    • Sentencia 2021-20047 de la Sala Constitucional ordena medidas contra la minería ilegal en Crucitas.

Años 2022-2025

  • 2023 (febrero): Nueva sentencia de la Sala Constitucional reitera la necesidad de acciones contra la minería ilegal.
  • 2024 (julio): Decreto Ejecutivo 44564-MINAE declara moratoria en Crucitas.
  • 2024 (septiembre): Investigación periodística revela que oro ilegal de Crucitas es transportado y lavado en Abangares.
  • 2024 (noviembre): El Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, y para reformar parcialmente el Código de Minería (Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982).
  • 2025 (marzo): APREFLOFAS presenta su criterio sobre el expediente legislativo 24.717 ante la Asamblea Legislativa.
La minería a cielo abierto es una de las actividades más controversiales en términos socioambientales. Su impacto va más allá del daño ecológico, generando desigualdades económicas, conflictos sociales y problemas de salud pública. En países con alta biodiversidad y modelos de desarrollo basados en el turismo y la conservación, como Costa Rica, su legalización pone en riesgo el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades.