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Autor: María José Ferlini Cartín

La Fiesta del Agua: una celebración de la memoria que nos mantiene alertas para enfrentar las luchas que se avecinan en defensa de nuestros ríos

Oscar Beita – médico salubrista

Madeline Kiser – poeta y activista del agua

Presa de riego de Del Monte ubicada en el rio Volcán.

El 1ero de junio se celebró en Longo Mai de Volcán de Buenos Aires la octava edición de la Fiesta del Agua. Organizada entre otros por la Comisión Defensora de los Ríos Sonador y Convento, Movimiento Ríos Vivos y Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, este Festival anual conmemora el triunfo de las comunidades organizadas de la zona Sur en su lucha para detener la construcción de 17 proyectos hidroeléctricos privados, además del Diquís, propuestos para ríos ubicados en los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus entre los años 2013 y 2019.

Los representantes de las comunidades que detuvieron la construcción de dichas represas estuvieron acompañados por lideres y lideresas de movimientos que actualmente enfrentan retos importantes, como la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Guacimal, Chomes y Manzanillo de Puntarenas, luchando contra quebradores que extraen material del río Guacimal y otros, y amenazan las fuentes de acueductos locales. Así mismo, las compañeras del Frente Ecologista de Cipreses (Eco-Cipreses), quienes lograron presionar al gobierno con una campaña nacional e internacional para prohibir el fungicida clorotalonil que contaminó las nacientes y acueductos de Cipreses y Santa Rosa de Oreamuno de Cartago. También estuvieron representantes del Frente Nacional de Lucha, una alianza integrada por más de 60 organizaciones de diversos sectores de la sociedad, preocupados por el rápido avance de las políticas neoliberales que han venido a deteriorar los servicios de instituciones que son parte del estado social solidario costarricense (CCSS, ICE, AyA, BCR, INA, MINAE, etc.).

Al calor de la celebración, y con un poco de duda y temor, algunos participantes nos preguntábamos si las actuales organizaciones ecologistas, grupos comunales y las nuevas generaciones de activistas, estábamos preparados para enfrentar las graves amenazas que se avecinan, como el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente legislativo N° 23.414) que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa. Este proyecto, priorizado recientemente por la administración Chaves, propone modernizar la legislación del sistema eléctrico nacional: abriendo a la competencia los mercados de generación y distribución eléctrica; trasladando la rectoría del sector eléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); y creando un mercado mayorista, donde empresas generadoras de energía, distribuidoras eléctricas y consumidores podrían comprar y vender electricidad mediante el mecanismo de subasta.

Concretamente el temor de los activistas congregados en la Fiesta del Agua es que, además de facilitar el avance hacia la privatización del ICE y la desintegración del modelo eléctrico solidario costarricenses, la aprobación de este proyecto de ley podría generar una nueva ola de proyectos hidroeléctricos en los ríos de la zona Sur.  Los cuales, a pesar de estar cada día más debilitados por la intensa extracción para riego de plantaciones de piña en los meses secos y del cambio climático acelerado, todavía serían capaces, aunque por un corto tiempo, de generar energía en los meses lluviosos, a precios atractivos, para exportar a países de la región centroamericana.

Más tarde compartiendo un delicioso café con veteranos de las luchas y reflexionando sobre las acciones que llevaron al Movimiento Ríos Vivos y las comisiones de defensa organizadas en más de 20 comunidades, al triunfo que hoy celebramos, llegamos a la conclusión de que: la memoria colectiva de luchas pasada —que conmemoramos cada año en la Fiesta del Agua– es nuestra mejor vacuna contra los ambiciosos desarrolladores que vendrían a construir nuevas represas para enriquecerse con el agua de nuestros ríos.

Al igual que el sistema inmune, que produce linfocitos (células sanguíneas) dotados de memoria después de exponerse por primera vez a un patógeno (antígeno) introducido al cuerpo durante una infección o mediante una vacuna, los veteranos de las luchas por la protección de los ríos cuentan con la memoria necesaria para responder más rápida, eficaz, y contundentemente la próxima vez que un desarrollador amenace con construir un nuevo proyecto hidroeléctrico en nuestros ríos.

Para resurgir, para recomenzar, para retomar el camino de la lucha por nuestros ríos y nuestras instituciones públicas, el mensaje de la celebración de la Fiesta del Agua es que debemos volver siempre al encuentro con nuestros colegas, con los compañeros y las compañeras que nos ayudan a invocar la memoria viva, concreta y palpitante de las primeras luchas. Una vez más … una dosis de refuerzo que fortalece nuestra inmunidad para enfrentar los retos que nos trae el día de hoy.

Mapa publicado por FECON.

Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, el Reformista, el Revolucionario, el Benemérito de la Patria, el Hombre y Jefe de la Iglesia de su tiempo, ante el 72 aniversario de su fallecimiento

Vladimir de la Cruz

Mañana, 8 de junio, Mons. Víctor Manuel Sanabria Martínez, quien se desempeñó como el II Arzobispo de San José, durante los años 1940-1952, se cumple el 72 aniversario de su fallecimiento, a la edad de 54 años. Con este motivo la Iglesia Católica, especialmente la Diócesis de Cartago, esta semana ha conmemorado el fallecimiento de Monseñor Sanabria con actividades. El miércoles pasado, en el Auditorio del Centro Pastoral Monseñor Sanabria, hubo un conversatorio con historiadores cartagineses y hoy viernes con actividades religiosas en el Templo parroquial, con un desfile a las 10 a.m. que se hará hacia la Ermita donde yacen los restos de Monseñor Sanabria. El conversatorio giró destacando su figura de religioso, pero también del Gran Arzobispo que fue cuando el país necesitó un guía espiritual acompañando el acuerdo político de la Reforma Social de 1943 impulsada por el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia y el partido Comunista dirigido por Manuel Mora Valverde, estos tres grandes costarricenses declarados Beneméritos de la Patria.

Fue el Obispo que le tocó enfrentar los años convulsos de la II Guerra Mundial, 1939-1945, del inicio violento de la llamada Guerra Fría, a partir de 1945; de los gobiernos reformistas del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, del Lic. Teodoro Picado, 1944-1948, de los sucesos de las elecciones presidenciales de Otilio Ulate Blanco, anuladas en febrero de 1948 lo que dio origen a la Guerra Civil de marzo-abril, de 1948, al Gobierno de Facto fundador de la llamada Segunda República, encabezado por José Figueres, 1948-1949, y de los primeros años del gobierno de Otilio Ulate Blanco-1949-1952, cuando falleció.

Su carrera eclesiástica fue notable y exitosa. Inició sus estudios sacerdotales en 1915, que lo llevaron al subdiaconado en 1919, siendo escogido en ese momento por el Obispo, Mons. Juan Gaspar Stork para enviarlo a estudiar Derecho Canónico a Roma, Italia, donde se graduó con un Doctorado en Derecho Canónico y en 1921, fue ordenado sacerdote. También, durante su estancia en Italia, estudió Filosofía, en la Academia Santo Tomás.

En su retorno a Costa Rica inició su labor pastoral en la Parroquia de Cartago, en 1922, como Coadjutor de la Parroquia y profesor de religión del Colegio San Luis Gonzaga. Fue párroco de San Ignacio de Acosta en 1923 y Capellán del Colegio de Sion en 1925. Desde 1924 había sido incorporado al gobierno de la Arquidiócesis de San José, bajo el Obispado de Mons. Otón Castro Jiménez, del cual fue su Secretario. En 1926 fue nombrado Vicario General y Canónigo Teologal.

Al fallecer el primer Obispo de Alajuela, en 1937, Mons. Antonio del Carmen Monestel, el Papa Pío XI, le nombró su sucesor, a partir del 12 de marzo de 1938, siendo Obispo de Alajuela hasta el 7 de marzo de 1940, cuando Pío XII, lo nombró como el Segundo Arzobispo de San José, a partir de esta fecha, asumiendo sus arzobispado unos días antes de que el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumiera la Presidencia de la República, el 8 de mayo de 1940.

Durante estas dos décadas, desde su ordenación sacerdotal hasta la asunción al arzobispado nacional, le tocó vivir cambios históricos importantes, como fueron el triunfo de la Revolución Rusa, en 1917, el fin de la I Guerra Mundial, el surgimiento de la Unión Soviética, en 1922, los procesos revolucionarios que en Europa, al calor de lo que sucedía en Rusia, intentaron desarrollar procesos políticos insurreccionales semejantes. El surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo, el nacimiento y muerte de la Liga de las Naciones, 1919-1939, el surgimiento del fascismo en Italia, desde inicios de la década de 1920 y del nacionalsocialismo en Alemania, desde inicios de la década de 1930, y durante esta década de los sucesos de la Segunda República Española, 1931-1939, fracturada con la guerra civil española desde 1936-1939, con su derrota y el ascenso al poder dictatorial de Francisco Franco a partir de 1939, aliado de Hitler y de Mussolini, en los eventos de la II Guerra Mundial, así como el nacimiento y primeros pasos de las Naciones Unidas, 1945-1952.

En el campo de la Iglesia Católica hubo respuestas a los movimientos sociales y las luchas sindicalistas, anarquistas, socialistas y comunistas, de finales del siglo XIX y principios de siglo XX, que se expresaron en la Encíclica Rerum Novarum, 1891, cuando todavía no había triunfado ninguna revolución socialista o comunista y, a los nuevos eventos que arrancan con la Revolución Rusa, cuando se impulsa el Código Social de Malinas, publicado en 1927, que el Cardenal Desiré Joseph Mercier, divulgaba y debatía desde 1921 en sus fundamentos, antes de su publicación, que Monseñor Sanabria apreció desde sus orígenes, como también influyó este Código en el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que en esos días estudiaba en la Universidad Católica de Lovaina, y esta tradición social cristiana, y en la Universidad Libre de Bruselas. Igualmente fue la promulgación de la Encíclica Quadragesimo Anno, de 1931, que fue la respuesta eclesiástica a la existencia de la URSS y del desarrollo de los partidos comunistas, al calor de la III Internacional, que impulsó Lenin.

En lo interno, en Costa Rica, le tocó nacer y vivir la última etapa de la llamada República Liberal, que había surgido en 1870, con el General y Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, la cual se prolongaba hasta 1940; al impacto de las Reformas Liberales de la década de 1880, República ya cuestionada por una nueva intelectualidad que surgía a partir de 1890, y por el surgimiento de movimientos obreros, sociales y políticos en el país, destacando las organizaciones sindicales, el movimiento socialista del Dr. Aniceto Montero, 1919-1923, identificado con la Revolución Rusa y con Lenin, el Partido Reformista, en 1923, identificado con los principios social cristianos de la Rerum Novarum, y el partido comunista de Costa Rica, en 1931, también identificado con la Revolución Rusa.

Los efectos de las reformas liberales habían sido, entre otros aspectos, la separación de la Iglesia del Estado en materia educativa y otras restricciones que se impusieron a la Iglesia.

En ese contexto Monseñor Sanabria se identificó, hasta iniciado el gobierno del Dr. Calderón Guardia, con las tesis conservadoras y anticomunistas de la Iglesia Católica, y las tesis conservadoras y similares del gobierno de León Cortés Castro, 1936-1940. Para él, ser comunista era casi un estado pecaminoso.

El Partido Comunista había tenido un desarrollo importante, en la década de 1930, con la huelga bananera de 1934, de otras luchas similares y el desarrollo de su influencia en el sector agrario del Valle Central, que lo llevó a convertirse en la segunda fuerza política y electoral para las elecciones de 1940.

El partido Republicano y el gobierno de León Cortés habían negociado el apoyo de la Iglesia a su candidato electoral, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, a condición de la derogatoria de las leyes liberales lo que el presidente electo, inmediatamente cumplió, en esos primeros meses de gobierno de 1940.

Frente a la alianza del gobierno con la Iglesia, con motivo de la derogatoria de las leyes liberales, se intentó una coalición de dichas fuerzas, encabezadas por el expresidente Ricardo Jiménez Oreamuno, que convocó a masones, liberales independientes, a los comunistas y a los seguidores del Dr. Francisco Vargas Vargas, del Partido Confraternidad Guanacasteca, alianza que no pudo concretarse, presentándose a las elecciones de 1939-1940, el partido Republicano Nacional, con el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista que participaba por medio del Bloque de Obreros y Campesinos y el Dr. Francisco Vargas Vargas, del Partido Confraternidad Guanacasteca, ganando el Dr. Calderón Guardia con un 84.5% de votación siguiéndole los comunistas con un 9.8%, y con un 5.7% el Dr. Vargas Vargas.

Los discursos e intervenciones públicas del Obispo Sanabria, en esos días, se enmarcaban fuertemente contra el Partido Comunista, contra su naturaleza política y filosófica, pintándolo como un partido ajeno a la historia y la tradición nacional.

Efraín Jiménez Guerrero y Manuel Mora, ambos comunistas, y Rafael Ángel Calderón habían sido electos, simultáneamente, como diputados al Congreso de la República en 1934, manteniéndose electos continuamente en 1938, período que les permitió desarrollar una amistad política y personal profunda, fortalecida a partir de 1943 con la alianza que llegan a establecer.

El Surgimiento de la II Guerra Mundial, a partir de 1939 impactó violentamente la economía nacional, especialmente en sus exportaciones agrícolas, provocando una crisis aguda en la economía nacional.

Las luchas sociales se habían intensificado. El Partido Comunista controlaba el movimiento sindical urbano y agrario. La Unión General de Trabajadores, surgida en 1928, que fue la base social del nacimiento del Partido Comunista, fue disuelta por este partido en 1938, en la Unión Nacional Campesina y el Comité Sindical de Enlace, para dirigir mejor sus acciones sindicales y de lucha. Durante esos años, hasta 1942, hubo movilizaciones populares impulsadas por el Partido Comunista para enfrentar la crisis de la guerra.

El ataque de los japoneses, aliados de Hitler, a las bases militares de Estados Unidos en Pearl Harbor, en Hawái, provocó que el gobierno de Calderón Guardia en diciembre de 1941, solidarizándose con Estados Unidos, le declarara la guerra al Eje nazi fascista, rompiendo relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón, tomando medidas severas de control de estas poblaciones en el país, incluso con campos de concentración, lo que lo separa de las fuerzas políticas que se identificaban con León Cortés y sus intereses económicos.

Por su parte, los comunistas, a escala internacional, a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en 1935, frente al avance del nazi fascismo en Europa, impulsaban la política de Frentes Populares, de coaliciones políticas en defensa de la democracia que era amenazada por el fascismo internacional. El intento de la coalición liberal contra Calderón Guardia en 1939 calzó en esa perspectiva.

La crisis agudizada, de ese momento, creó las condiciones para que se aliaran los comunistas y el gobierno de Calderón Guardia, con apoyo de la Iglesia Católica, encabezada por Monseñor Sanabria, bajo el impulso de lo que se ha conocido como la Reforma Social, la aprobación del Capítulo de Garantías Sociales que se llevó a la Constitución de 1871, en ese momento vigente, y la aprobación del Código de Trabajo de 1943.

Esos días, entre las preocupaciones de Monseñor Sanabria estaba el importante papel que tenía el Partido Comunista en los sectores sociales, obreros y campesinos, en sus organizaciones, y en cómo enfrentarlo, combatirlo o neutralizarlo. En esa dirección apuntó a formar dos sacerdotes, ambos hermanos, inteligentes y talentosos, para que estudiaran y se formaran en el campo de las ciencias sociales, la sociología, con la intención de desarrollar una organización sindical propia, de la Iglesia, y de influir en la organización agraria, con el impulso de cooperativas. Así, envió a Benjamín y a Santiago Núñez Vargas, para que se prepararan en el sindicalismo y el cooperativismo. Había que romper el monopolio sindical que tenían los comunistas.

La crisis política del gobierno y la cercanía con los comunistas le abría esa oportunidad de negociación, para dar apoyo a esa alianza. Se iniciaron las negociaciones.

El gobierno necesitaba estabilidad política y apoyo popular, que lo había perdido. En la inauguración del Estadio Nacional, el 31 de agosto de 1941, el presidente fue chiflado, en el juego entre los equipos Liga Deportiva Alajuelense y la Sociedad Gimnástica Española.

El Partido Comunista le ofrecía ese apoyo popular y parlamentario, que urgía al gobierno. La Iglesia condicionó su apoyo para participar con los comunistas. Lo primero, entre varias, cosas, que el partido comunista cambiara de nombre. Cambió de nombre: surgió Vanguardia Popular. Que el partido comunista no se opusiera a la formación de una nueva central sindical. Los comunistas en 1942 habían fusionado sus organizaciones laborales en el Comité Nacional Sindical de Enlace, que para 1943 se llamaba Confederación de Trabajadores de Costa Rica, CTCR, que tenía dos representantes en la Junta Directiva de la CCSS, Rodolfo Guzmán y Enrique Benavides. Los comunistas no se opusieron a esa nueva central sindical, que dirigió el sacerdote Benjamín Núñez, la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum, CCTCR, y le cedieron el campo de Enrique Benavides en la CCSS, petición también de Sanabria. Igualmente, pedía Sanabria, que los comunistas reconocieran que las reformas sociales tenían inspiración social cristiana lo que también aceptaron.

Los comunistas no exigieron ni pidieron miembros en el Gabinete de Calderón Guardia. Pidieron la aceptación pública de parte de la Iglesia de que los católicos podían militar en su partido, lo que combatía Sanabria. Monseñor, inteligentemente, declaró públicamente que los católicos podían ingresar a la nueva organización, Vanguardia Popular, “sin cargo de conciencia alguna”; es decir sin que fuera pecado.

Electoralmente, este pacto por la Reforma Social se materializó en la coalición electoral, llamada Bloque de la Victoria, que llevó al gobierno al Lic. Teodoro Picado Michalski, para el período 1944-1948, dándole continuidad y fortaleza a la Reforma Social, cuyo origen electoral cuestionado por la oposición, condujo a un período de mucha agitación política y a los sucesos finales de su gobierno, con la nulidad de las elecciones de Otilio Ulate Blanco en 1948, justificando el levantamiento militar de José Figueres, en defensa de ese resultado electoral, a cuyo triunfo se le impuso a Otilio Ulate, quedándose dos años en el gobierno, denominado Junta Fundadora de la Segunda República, desde el 8 de mayo de 1948 hasta el 7 de noviembre de 1949, cuando la Presidencia se le entregó a Otilio Ulate.

Durante estos años, 1943-1949, Monseñor Sanabria se mantuvo fiel a la alianza de 1943 con los comunistas y con los gobiernos de Calderón y Picado. La Junta hizo lo posible, presionando en Roma, para su destitución, lo que paró Otilio Ulate. En un momento, durante el gobierno de la Junta, Monseñor se le enfrentó con valor, manifestando que mientras él fuera “el Jefe de la Iglesia en Costa Rica, ella no estará al servicio de los poderosos sino al servicio de los pobres”, sabiendo colocarse a la altura de su tiempo.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Pobreza, vulnerabilidad y recortes presupuestarios a los programas sociales

Jorge Herrera.

Jorge Herrera Fernández
Junio 2024

Las publicaciones de la Encuesta de Hogares del INEC y el Informe del Estado de la Nación cada año dan cuenta de resultados desalentadores sobre la pobreza y la desigualdad en el país. Aunque abundan los análisis, estudios y discusiones, en ellos permanece ausente cualquier referencia a la práctica continuada de sacrificar los presupuestos de programas sociales para mantener equilibrios fiscales.

En este contexto, merece consideración y análisis lo que en realidad ha sucedido con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), programa que -se supone- debe recaudar y administrar cientos de miles de millones de colones, para distribuirlos en diversos beneficios sociales. Todo de conformidad con los mandatos de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares No. 5662.

La deuda del Estado. Entre 1999 y 2008 el Ministerio de Hacienda recortó los presupuestos de FODESAF, llegando a acumular una deuda de ¢786 mil millones con ese Fondo. Para diciembre 2009, bajo el argumento de que esa obligación correspondía a “períodos presupuestarios liquidados”, Hacienda eliminó los registros de la deuda que se mantenía en Contabilidad Nacional (1). Sin embargo, el asunto iba más allá, esos ajustes contables no solo daban por eliminada la deuda, sino que, con su contrapartida de “ingresos”, generaban un superávit que permitió cubrir el déficit del Gobierno Central y sumar alrededor de ¢40 mil millones en el Estado del Patrimonio Nacional (2). En 2010 la Contraloría, bajo el criterio de que la ley ordinaria prevalece sobre la ley de presupuesto, estableció que esos movimientos contables eran legalmente improcedentes y emitió disposiciones para reversar las operaciones y retornar la deuda a sus anteriores condiciones. Así, el Estado continuó debiendo a FODESAF y, agregando nuevos recortes de presupuesto de 2011 y 2012, la deuda estatal con el Fondo y sus programas sociales llegó a ¢960 mil millones y así se mantiene desde 2012 en los balances de ese Fondo y se registra en Contabilidad Nacional. Conviene observar que la obligación en colones constantes tiene un valor de aproximadamente ¢1,6 billones.

En resumen, en el período señalado, FODESAF no recibió los recursos que por ley le correspondían sino las sumas que decidió el Ministerio de Hacienda. Es necesario destacar que en esos recortes presupuestarios no solo mediaron incumplimientos legales sino también desacatos a sentencias de la Sala Constitucional. Una situación de particular importancia por su impacto social es que esa deuda de ¢965 mil millones comprende ¢200 mil millones cuyo destino legal era financiar pensiones del Régimen No Contributivo para adultos mayores en condición de pobreza. Recientemente la Caja, como administradora de ese régimen y por su cuenta, ha procedido a entablar el reclamo judicial contra el Estado.

Dinero de FODESAF para reducir deuda pública. En 2011 y 2012 recursos por ¢7 mil millones del presupuesto del IMAS que se mantenían en Caja Única del Estado fueron utilizados para “invertir” en títulos de deuda pública con tasa 0%; bajo el acuerdo previo de que la inversión luego sería “condonada” para reducir la deuda pública. Es decir, una “pseudo transacción financiera” que en realidad no tenía otro propósito que entregar el dinero al Ministerio de Hacienda. Tanto las autoridades del IMAS como de Hacienda ignoraron que se trataba de recursos provenientes de FODESAF y que como tales estaban sujetos a la Ley 5662 de ese Fondo, en particular a lo dispuesto por el artículo 18 que prohíbe usar sus dineros en finalidades no autorizadas en esa ley y el artículo 27 que ordena a las entidades ejecutoras reintegrar los excedentes para incorporarlos al presupuesto del siguiente período. En el año 2015 la Contraloría ordenó iniciar un procedimiento administrativo contra el presidente ejecutivo del IMAS, la Gerente General y miembros del Consejo Directivo de esa entidad, un viceministro de Hacienda y el Tesorero Nacional (3). Conviene agregar que buena parte de los fondos desviados correspondían a becas del Programa Avancemos y que en esos momentos la Contraloría cuestionaba al IMAS que los montos de las becas no habían sido actualizados en cuatro años; es decir, las autoridades no desconocían que su actuar implicaba la afectación de beneficios sociales.

Es necesario mencionar que institucional y socialmente se ha tenido a FODESAF como una fuente de recursos para cubrir necesidades de diversa naturaleza, sin reparar en que la ley dispone que son beneficiarias del Fondo las personas “que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema”. Buen ejemplo de lo anterior es el caso de la “mesa de diálogo de IVM” convocada por la Caja en la cual, representantes del Estado, patronos y sindicatos acordaron recomendar reformas legales para que, sin más, se tomaran anualmente ¢60 mil millones de FODESAF para paliar los desajustes del sistema de pensiones IVM. Situaciones similares se han observado en iniciativas para eliminar el 5% del aporte patronal y un proyecto de ley para que, en caso de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo pueda reasignar los presupuestos de FODESAF.

También es buen ejemplo la Ley de la Red de Cuido Infantil No. 9220 la cual dispone que FODESAF debe girar dineros a las municipalidades para la operación de centros de esa Red. Sin embargo, sus normas van más allá y expresan que “Estos recursos, para los efectos de presupuestación y fiscalización de la Hacienda Pública, se considerarán ingresos propios de cada gobierno local.En otras palabras, cada gobierno local usará los recursos a su discreción sin ninguna obligación de reintegrar los excedentes a FODESAF para ser redistribuidos como lo ordena la ley 5662.

Recorte presupuestario 2024 Un caso de actualidad a considerar es el que tramita la Sala Constitucional ante un recurso de amparo del diputado Antonio José Ortega Gutiérrez y otros (Expediente No. 24-007089-0007-CO). Según la gestión de los recurrentes, el ministerio de Hacienda ha presupuestado para FODESAF ¢62 mil millones menos del monto al que la ley le obliga. En este contexto vale destacar que en el año 2005, hace diecinueve años, la Sala resolvió una situación similar en los siguientes términos:

Por lo anterior, la presente acción de inconstitucionalidad deberá ser declarada con lugar, de manera que para el ejercicio económico de dos mil seis en adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general sobre las ventas, en tanto el artículo 9º de la Ley 6914 siga vigente. Para esos mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9º de la Ley 6.914 para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones.” (4)

Criterio de la Procuraduría General de la República. El dictamen PGR-C-150-2022 del 20 de julio 2022 refiere la excepción de los recursos de FODESAF respecto a la “regla fiscal”, de manera que la situación de las finanzas públicas no constituye una autorización irrestricta para Hacienda en la asignación de presupuesto a los programas sociales.

“Por consiguiente, las instituciones destinatarias de las transferencias del FODESAF, aun estando ellas mismas sujetas en sus propios presupuestos a las regulaciones del Título IV de la Ley n.°9635, en el acto concreto de presupuestar los recursos que les fueron asignados de dicho fondo y ejecutarlos para dar cumplimiento a los programas de desarrollo social que tienen encomendados a favor de las poblaciones más vulnerables, quedan eximidas de observar esas disposiciones, incluida la regla fiscal”.

En resumen, puede decirse que la administración tributaria ha venido disponiendo de “contribuciones sociales” cuya gestión y destinos están específicamente regulados por una ley ordinaria de corte social. Si hoy el ministro de Hacienda trata de justificar la reducción en la transferencia a FODESAF en una crisis de las finanzas públicas, vale la pena considerar la frase de Joseph Stiglitz:

Quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla

CONCLUSION

Los niveles de pobreza y desigualdad no son ajenos a decisiones y acciones de los poderes del Estado que han incumplido las disposiciones de la legislación social. Los resultados obtenidos son reflejo de prácticas que, a lo largo de los años, han colocado el “gasto social” en los primeros lugares de las agendas de recortes presupuestarios.

A los resultados de una “política social” bajo la rectoría de Hacienda, conviene sumar las dificultades que afrontarán los sectores pobres y vulnerables en el contexto de una crisis que permanece. El desempleo, el deterioro de la situación fiscal, los sistemas de salud y pensiones ya colapsados pasarán una costosa factura. Ni qué decir de los efectos de un cambio demográfico que, a pesar de haberse advertido hace más de diez años, aún espera por las medidas y previsiones pertinentes.

Notas:

  1. Contraloría General de la República, Informe DFOE-SAF-IF-04-2010
  2. Ministerio de Hacienda, Estado de Cambios en Patrimonio Neto 2009
  3. Contraloría General de la República, Resolución 13879-2016 (DJ-1770)
  4. Sala Constitucional, sentencia No. 2005-17612 del 21 de diciembre 2005.

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Recortes suicidas

Greivin Hernández González*

El recorte de los recursos para programas sociales ejecutado por la Administración Chaves Robles, adornado con la cansona justificación de que no alcanza la plata, no es más que la continuidad de una política entronizada en los jerarcas y mandos medios del Ministerio de Hacienda por décadas. Han elegido ésta como su ruta predilecta para cumplir, e incluso superar, las metas fiscales; muy a pesar de la sobrevivencia de los que menos tienen, y negando la posibilidad de progreso social a las generaciones jóvenes y vulnerables, veamos los números.

Según reportes del propio Ministerio de Hacienda:

“A marzo (de 2024) se registró un balance primario positivo, comportamiento que se ha mantenido durante los dos años de esta Administración. Los ingresos y el gasto primario se ubicaron en 4,0% y 3,2% del PIB, respectivamente, lo que generó un superávit primario de 0,7% del PIB. Este balance primario superó en ¢121.854 millones (0,2% del PIB 2024) la meta indicativa acordada con el FMI (mínimo de ¢230.000 millones). Alcanzó ¢351.854 millones, lo que le convierte en el tercero más alto de los últimos 19 años en millones de colones.” (resaltado nuestro) (ver CP 43 del 14/05/2024)

Sin embargo, tan sólo unas semanas antes, el 22 de abril el mismo Ministerio de Hacienda le decía a la Sala IV que no tiene los ₡62.131 millones que le recortó al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF, el patrimonio que conforma la principal fuente de financiamiento de los programas sociales del país). Pues si a mayo de este 2024 ya se ha identificado que hay recursos para cumplir con los compromisos, el ministro de Hacienda bien podría rectificar ante la Sala IV, y más importante aún ante las personas que están urgidas de estos recursos.

En otros términos, Hacienda se niega a trasladar ₡62 mil millones al FODESAF durante 2024, a sabiendas que le queda un superávit libre de todo compromiso de ₡122 mil millones. Sea por cinismo o ignorancia, a pesar de que este superávit primario no comprometido que bien podríamos llamar “sobrante” es cercano al doble de los recursos adeudados al FODESAF, el ministro a.i. de Hacienda, Luis Antonio Molina Chacón, se atreve a decirle a la Sala IV ¿O acaso mentirle? Manifestando que:

“Desafortunadamente, y a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando para ir saliendo de la grave crisis fiscal que ha venido padeciendo nuestro país desde hace ya bastantes años, y que fue producto de manejos irresponsables o inadecuados, nos hemos encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” MH-DM-OF-0512-2024

Llamamos “sobrante” al monto que supera el superávit fiscal primario, lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a los recursos del préstamo de servicio ampliado de financiamiento (SAF). Cabe recordar, que tanto la Administración Alvarado-Quesada en 2022, como la Chaves-Robles en 2023, acordaron un nivel de superávit fiscal primario (el que no toma en cuenta la carga financiera), con el FMI, cuyo monto al final fue superado, pero incumplieron la obligación legal de transferir los recursos del Presupuesto Nacional al FODESAF y otros programas sociales.

Para 2022 las cifras son más cínicas, Hacienda afirmó que “cumplió con la meta pactada con el FMI, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡640.392 millones de la meta evaluativa acordada” (resaltado nuestro) (CP 10 / 7 de febrero 2023), el sobrante es casi 15 veces superior a lo no trasladado al FODESAF ₡44.000 millones.

Mientras que en 2023, Hacienda comunicó que “cumplió con holgura la meta de superávit primario pactada con el FMI al cierre del 2023, el balance primario en millones de colones se registró por encima en ₡120.712 millones de lo acordado” (resaltado nuestro) (CP 09/ 14 de febrero, 2024). Ese mismo año, al FODESAF se le dejaron de transferir ₡49.000 millones, menos de la mitad del sobrante.

Es probable que estos recursos tuvieran un uso alterno loable, la aceleración en la amortización de la deuda pública, a una velocidad superior a la necesaria y validada con el FMI, lo cual parece ser el objetivo único y supremo de las autoridades hacendarias. Con ello olvidan el sacrificio humano que representa recortar el presupuesto de comedores escolares; acceso a salud; pensiones no contributivas para adultos mayores en pobreza; cuido a menores, a personas con dependencia y adultos mayores en pobreza; becas educativas; entre otros. De igual forma, esta tendencia está hipotecando el futuro de las nuevas generaciones del país, el desplome de un 40% fondos para becas en lo que va de la presente década, generó que más de 140 mil estudiantes perdieran el apoyo en tres años, y coincidió con una reducción del 5,7% en la matrícula de primaria y secundaria entre 2021 y 2024.

Como decía, la práctica del Ministerio de Hacienda de no trasladar, e incluso quitarle, recursos propios a los programas sociales no es nueva, sólo va cambiando de jerarca y justificación, a pesar de las leyes y los fallos de la Sala IV. Es por ello por lo que la deuda estatal con los programas sociales no para de crecer, Hacienda le adeuda al FODESAF más de 1.7 miles de millones de colones, y a la Caja Costarricense del Seguro Social poco menos que cuatro billones de colones.

Y como si esto no fuese suficiente, las normas de ejecución presupuestaria impuestas por la Asamblea Legislativa de 2018 a 2022, en conjunto con la entrada en vigor de la Ley 9524 (Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central), hicieron que recursos superavitarios del FODESAF pasaran a las arcas del Gobierno Central. Con lo que Hacienda puede recuperar y apropiarse de recursos que ya le había trasladado al FODESAF, tanto impuestos como la contribución del 5% sobre las planillas.

Cabe recordar, que los recursos superavitarios del FODESAF generalmente se represupuestaban para aumentar la cobertura y monto de los beneficios, como se realizó en 2019 cuando se amplió la cobertura y monto de las pensiones no contributivas y otros programas sociales. La realidad actual es que los montos de algunos beneficios sociales se han reducido, y las coberturas de programas sociales clave también. Es por ello por lo que la inversión social ha tocado fondo en 2024, representando sólo 9,7% del PIB, luego de haber subido al 12% en 2020.

Una pregunta relevante es si los montos adeudados a los programas sociales harían alguna diferencia significativa, la respuesta es un rotundo sí. Investigaciones recientes (Cantú et al., 2024) señalan que sería posible reducir la pobreza extrema al 2,5% (desde el 6,4% actual), lo que representa aliviar el hambre de decenas de miles de costarricenses que hoy no logran adquirir ni siquiera los bienes de la canasta básica alimentaria.

La gran promesa de las autoridades hacendarias es que una vez que “las finanzas públicas estén sanas”, trasladarán los recursos que por ley les compete a los programas sociales, sin embargo, varias razones hacen dudar de ello. Primero, por el lado de los ingresos fiscales se viene registrando una caída en los niveles de recaudación, la carga tributaria tocó techo en 2022 y no hay propuestas para cerrar portillos a la evasión, elusión, o de creación de nuevos impuestos. Segundo, relacionado con lo anterior, la última medición de las exoneraciones y la elusión (gasto tributario), señalan que está aumentando, luego de haber experimentado fuertes reducciones producto de la reforma fiscal de 2018. Tercero, por el lado del gasto, el Ministerio de Hacienda proyecta reducirlo en los próximos años de manera que pase a representar dos puntos porcentuales menos con respecto al Producto Interno Bruto (de 18% a 16%).

A falta de movimientos sociales, parece que sólo la presión de la Asamblea Legislativa podría hacer que Hacienda cambie su postura, ahora, adicionalmente la Procuraduría General de la República ha respaldado el criterio de los diputados en torno a la obligación de trasladar todos los recursos al FODESAF.

El Estado costarricense tiene una gran deuda en materia social, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ubica al país entre los que menos recursos dedica a inversión social, ver Figura 1. Por su parte, tanto el Banco Mundial como el FMI, han reconocido los esfuerzos del país por reducir filtraciones, exclusiones, costos y aumento de eficiencia de los programas sociales, con herramientas como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el Sistema Único de Pago de Recursos Sociales (SUPRES), articular programas y reducir su dispersión.

A lo anterior, es posible agregar una multiplicidad de evaluaciones de entes como FLACSO, PNUD y UCR, que han destacado que los programas sociales costarricenses cumplen con sus objetivos, y contribuyen a que las personas salgan de la pobreza logrando su independencia económica.

El ministro de Hacienda y el presidente de la República justifican los recortes usando la figura del padre que pide un sacrificio a su familia para amortizar sus deudas, lo que no dicen es que está amortizando más rápido de lo que el banco exige, y que el sacrificio que pide a la familia consiste en comer menos de lo necesario y sacar a los niños de la escuela, condenándolos a la desnutrición y el analfabetismo. El anteponer resultados macroeconómicos ambiciosos, llevando el ajuste fiscal más allá de lo recomendado por organismos como el FMI, es un sinsentido económico cuando la moneda de pago es el aumento en la cantidad de excluidos de las oportunidades para una mejor calidad de vida, y la condena de los niños y jóvenes a un círculo de pobreza, desesperanza y violencia que sólo crece y crece. Las decisiones que ha realizado y plantear realizar la Administración Chaves Robles son, en definitiva, recortes suicidas.

  • Exdirector de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, exdirector a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

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Curso de iniciación al ballet para niños y niñas entre 3 y 11 años

El Estudio Danza Libre Ballet de Costa Rica invita a inscribirse en sus nuevos grupos para el curso de iniciación al ballet, el cual será impartido por Juan José Jiménez Granados.

El curso estará enfocado para niñas y niños principiantes y se realizará los sábados en los siguientes horarios:

  • 9 a.m. a 10 a.m., niños (as) de 3 a 5 años
  • 10 a.m. a 11 a.m., niños (as) de 6 años en adelante

El Estudio está ubicado 125 metros al oeste de la planta de AyA del El Alto de Guadalupe, Goicoechea. En Waze los puede buscar como Estudio Danza Libre.

Para más información, comuníquese al: 8994 1124.

SEC: Nuestra educación no es negociable, defendamos su presupuesto

El martes 28 de mayo el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) informa al Magisterio Nacional, como también a las madre y padres de familia que poseen estudiantes en el programa educativo, que han hecho llegar una carta a la señora Ministra de Educación en donde realizan una protesta y manifestación por el motivo de preocupación debido a que ya se ha iniciado a elaborar el presupuesto de la Educación Pública del 2025.

Mismo que se está viendo afectado debido a una solicitud del Ministro de hacienda se debe hacer un recorte en 65,000 millones de colones, lo que dejaría el presupuesto de la Educación Pública en 4.7%, esta acción violenta nuevamente los establecimientos de la constitución política, en el respectivo artículo 78, en el que se establece que el presupuesto para la Educación Pública debe ser el total a un 8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Estas acciones estarían violentando pronunciamientos de la Sala Constitucional de la Procuraduría y de la Contraloría, donde se especifica y señala que se debe cumplir con el 8% del Producto Interno Bruto, es por esto que se hace un llamado a la sociedad costarricense, a las madres y padres de familia, estudiantes, a las organizaciones magisteriales, se ensamble una organización para luchar y defender el presupuesto de la educación pública.

Le invitamos a escuchar el video con la declaración del presidente del SEC, Gilberth Díaz.

8 de junio Día Internacional de los Tumores Cerebrales: Un llamado a la conciencia y la investigación

Dr. Adrián Cáceres Chacón
Especialista en Neurocirugía
Miembro Correspondiente de ACANAMED

Cada 8 de junio se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, una fecha que no solo busca concienciar sobre la gravedad y complejidad de esta enfermedad, sino también resaltar la importancia de la investigación y el apoyo a los pacientes y sus familias. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre los avances científicos, los desafíos que aún persisten y la necesidad de una acción global coordinada para mejorar los tratamientos y el diagnóstico de los tumores cerebrales especialmente en los países de ingresos medianos y bajos.

La Magnitud del Problema

Los tumores cerebrales pueden tener comportamientos diversos y ser biológicamente benignos o malignos, sin embargo, su impacto en la salud del paciente depende de diversos factores como su localización, tamaño y agresividad. A nivel mundial, los tumores cerebrales representan la principal causa de muerte por cáncer en niños y adultos jóvenes. Así mismo, más allá de la mejoría en las tasas de sobrevida que son factibles cuando su diagnóstico y tratamiento son oportunos, son responsables de discapacidad permanente con profundos impactos individuales, familiares y sociales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada año se diagnostican alrededor de 250,000 nuevos casos de tumores cerebrales y del sistema nervioso central.

Los tumores cerebrales pueden originarse dentro del tejido nervioso o pueden crecer a partir de los nervios periféricos y membranas que recubren el sistema nervioso central. Más de 100 años después de la introducción de la neurocirugía, los tumores cerebrales (gliomas) de alta malignidad tanto en niños como adultos siguen sin una respuesta adecuada para su cura, con sobrevidas desgraciadamente cortas después de su aparición a pesar de todos los avances en cirugía, radioterapia y quimioterapia.

Desafíos en el Diagnóstico y Tratamiento

El diagnóstico temprano de los tumores cerebrales es crucial para mejorar las tasas de supervivencia. Sin embargo, la sintomatología puede ser inespecífica y variar ampliamente, desde dolores de cabeza y convulsiones hasta cambios en la personalidad y problemas de memoria. Estos síntomas suelen ser atribuidos a otras enfermedades más comunes, lo que retrasa la detección y el tratamiento adecuado.

Una vez diagnosticado, el tratamiento de los tumores cerebrales puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, la ubicación del tumor en el cerebro y la distorsión que estos producen en las estructuras cerebrales representan retos para la cirugía y aumentan el riesgo de daño a las funciones neurológicas críticas. Además, muchos tumores cerebrales son resistentes a los tratamientos convencionales, lo que subraya la necesidad de desarrollar nuevas terapias más efectivas.

Avances en la Investigación

En los últimos años, se han logrado avances significativos en la investigación de los tumores cerebrales. La medicina de precisión, que utiliza información genética para guiar el tratamiento, está comenzando a transformar el enfoque hacia estos tumores. Los estudios sobre la biología molecular de los tumores cerebrales han identificado nuevas dianas terapéuticas y han permitido el desarrollo de fármacos más específicos.

La inmunoterapia, que ha mostrado resultados prometedores en otros tipos de cáncer, también se está explorando como una opción para los tumores cerebrales. Los ensayos clínicos están investigando el uso de vacunas y tratamientos basados en células T para estimular el sistema inmunológico del paciente a atacar las células tumorales.

Además, las técnicas avanzadas de imagenología, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones (PET), están mejorando la precisión en el diagnóstico y la planificación del tratamiento, permitiendo a los médicos evaluar con mayor exactitud la extensión y la actividad del tumor para realizar cirugía más radical y segura.

La Importancia del Apoyo y la Educación

El impacto de un diagnóstico de tumor cerebral va más allá del paciente, afectando profundamente a sus familias y seres queridos. El apoyo psicológico y social es esencial para ayudar a los pacientes y sus familias a enfrentar los desafíos emocionales y prácticos que acompañan a esta enfermedad. Organizaciones sin fines de lucro, grupos de apoyo y recursos educativos juegan un papel vital en proporcionar la información y el apoyo necesario.

La educación y la concienciación pública también son fundamentales para promover la detección temprana y el tratamiento adecuado. Campañas informativas y programas de educación en salud pueden ayudar a la población general a reconocer los síntomas tempranos y buscar atención médica oportuna particularmente en niños.

El Día Internacional de los Tumores Cerebrales nos recuerda la urgencia de continuar la lucha contra esta devastadora enfermedad. A través de la investigación continua, el desarrollo de nuevos tratamientos y el apoyo integral a los pacientes y sus familias, podemos avanzar hacia un futuro donde los tumores cerebrales sean más fácilmente tratables y, en última instancia, curables. La colaboración global y el compromiso con la innovación y la educación son clave para alcanzar este objetivo y mejorar la calidad de vida de aquellos afectados por esta enfermedad.

Cultura de paz y sana convivencia

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas, Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/

Nunca como en estos últimos días, se siente la necesidad de palabras que inspiren paz y amor
Papa Francisco, junio 2023

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Alto a la violencia y a la inútil muerte de tantos seres, como consecuencia directa de la intolerancia, la frustración, la ira y el enojo. No es asumiendo la violencia como lenguaje como podemos construir una mejor sociedad y legar un futuro más halagüeño a esta generación y a las venideras. Debemos de ser capaces siempre que la razón y no el enojo, gobiernen nuestra voluntad y emociones. Nadie debería segar la vida de otro ser semejante. Nunca nos cansemos de las formas civilizadas para resolver conflictos y diferencias.

Esta semana hemos sido testigos de macabros, perversos e infames hechos de sangre, donde con una frialdad pasmosa, una persona descarga una andanada de balas desde una arma de fuego a escasos metros de la víctima. Cuerpos mutilados de mujeres, destrozados por quienes debieron amarlas, protegerlas y hacerlas felices; y miserablemente las consideraron un objeto de su propiedad.

En medio de este frívolo contexto, una noticia que nos llena de esperanza, se escabulle y penosamente no ha sido titular de grandes letras en diarios impresos, cintillos de noticiarios televisivos o tener presencia en noticias radiales. A inicios de julio del ano pasado, la Asamblea Legislativa fue escenario de uno de los hechos más bochornosos que podamos recordar. En la barra del público irrumpió un señor, de apellido Morales, con singular violencia amenazando y vociferando contra los diputados Robles Barrantes y Nicolás Alvarado. Con insolencia, matonismo y malacrianza se quitó la camisa y “a panza pelada” blandía sus brazos en forma desafiante y gesticulaba obscenamente, constituyendo un riesgo para los allí presentes. El señor, que estaba “como poseído” pudo ser sometido y llevado a los tribunales. Esto en jun contexto nacional de crispación donde sentimos que la violencia se ha apoderado de muchos ámbitos de la vida nacional y que desde la política no se está haciendo lo suficiente por resolver los problemas del país. Evidentemente, no era la mejor forma para expresar disconformidad y desacuerdo con estos diputados. El pasado 15 de mayo ante la posibilidad de enfrentar un juicio por el delito de amenaza a funcionario público, el señor se disculpó y en consecuencia no hubo debate en materia penal. Pidió perdón y reconoció su falta y notable exabrupto. Ahora se someterá a un programa restaurador y firmó “Proclama por la discusión pacífica de los asuntos públicos”. Reconoce el señor que aunque piensa distinto a los diputados, entiende que la violencia no es el camino y agradece que le brinden una segunda oportunidad.

Lo inusual de este relato es que además del señor, los dos diputados involucrados también firmaron dicha proclama, que a la letra dice “La libertad de expresión y de prensa son indispensables para la vida democrática. Sin un rico debate de ideas no puede haber democracia. Pero para ello, es indispensable que el camino del debate sea pacífico. Cualquier asunto que sea de interés público debe poder discutirse con respeto, y sin temor a represalias de ningún tipo. En ese espíritu democrático y pacífico que ha caracterizado a nuestro país, hoy decidimos optar por el camino de la paz. La paz que permite también resolver aquellos conflictos que superaron los límites de lo razonable por un momento, pero que permite recomponer la armonía perturbada. Rechazamos la violencia de todo tipo en la discusión política nacional, e invitamos a todos los habitantes del país a resolver sus conflictos de forma pacífica, respetuosa y por las vías institucionales. La paz es responsabilidad de todas y cada uno de nosotros y nosotras”.

Este tipo de noticias, aunque no “vende”, da esperanza a nuestros corazones. Es posible retomar la ruta de la sana convivencia y de una cultura de paz. Es lo que nos ha hecho grandes como nación. ¡Nuestros hijos y futuras generaciones lo merecen!

06-VI-24

Instalación de las Mesas de Trabajo Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel

Desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se invita a inscribirse en las mesas de trabajo del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, que inician el próximo lunes 10 de junio.

Esta es una iniciativa impulsada por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

Para participar en las mesas de trabajo, las personas interesadas deben completar previamente un formulario, o de lo contrario asistir puntualmente a la sesión presencial para inscribirse.

Fecha de inicio de las mesas de trabajo: 10 de Junio, 2024.

Hora: 8:30 a.m.

Lugar: Universidad Nacional- Heredia, Auditorio Clodomiro Picado.

Las mesas de trabajo temáticas son las siguientes:

  1. Educación:
  2. Salud, Seguridad y Previsión Social
  3. Seguridad Ciudadana
  4. Producción Nacional

¿En cuál mesa de trabajo le interesaría participar? (Tiene la posibilidad de participar en las cuatro mesas inclusive, sin embargo, tome en cuenta la disponibilidad de tiempo y la responsabilidad política que requiere el proceso).

Para mayor información puede llamar o consultar con la Dirección Ejecutiva del proceso: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com

O bien: 84003435

Formulario de inscripciónhttps://docs.google.com/forms/d/1CwsRvDFLTKuJbQNSXWUIJ6dT3ApUvWS22zkqnr0ojMc/edit

Informe especial / La pobreza de la política de combate a la pobreza

Semanas atrás, el ministerio de Hacienda reconoció públicamente que en 2024 ha recortado ¢62.000 millones adicionales para atender a la población en situación de pobreza. Con este nuevo recorte el monto destinado incluso incumple ampliamente la ley de FODESAF.

Tan grave como el recorte mismo son los argumentos en que se basa el ministro de Hacienda para realizarlos, así como la obtusa visión ideológica detrás de estos.

Para abordar críticamente este sensible tema, SURCOS ha invitado a dos reconocidos especialistas, los señores Jorge Herrera Fernández y Greivin Hernández González, ambos con profundos conocimientos teóricos y prácticos sobre la materia.

Estamos seguros de que sus reflexiones y análisis representan un valioso aporte a un problema país de enorme importancia y actualidad.

Le invitamos a seguir el enlace en el nombre de cada autor.

Greivin Hernández González

Jorge Herrera Fernández

Imagen: UNA.