Autor: María José Ferlini Cartín

Juan Huaylupo Alcázar[1]

En nuestra América vivimos una democracia aparente, se nos ha hecho creer que votar individualmente es democracia, no obstante, la democracia hace referencia a la colectividad, no al individuo, es social, que es diferente a la suma de individuos, como se asume en la estadística. Asimismo, emitir el voto es un acto mecánico, mientras que la democracia es un acto político que hace referencia a las decisiones y acciones sobre la gestión de una colectividad en relación con las problemáticas, necesidades y anhelos ciudadanos. Aspectos que no se relacionan ni se infieren de una cuantificación electoral.

Tampoco es democrática la actuación de un personaje, por el simple hecho de haber sido electo, la democracia trasciende el acto electoral, que de ninguna manera faculta al electo o electos, a la realización de acciones contrarias o ajenas de las necesidades, y demandas ciudadanas. La democracia no es una carta blanca a los electos, para quienes actúan a espaldas de la ciudadanía, esos son autócratas o tiranos, nunca demócratas. Así, hemos elegido a dictadores y ratificados electoralmente a asesinos en el poder, así como se ha aislado y difuminado la actuación articulada de la ciudadanía, ante la traición, corrupción, fraudes y electos delincuentes. Esta democracia de papel nunca cerró el camino al totalitarismo, por el contrario, ha sido el camino seguido por los tiranos Pinochet, Videla, Fujimori, Ortega, Bukele, Boluarte, entre otros, para asesinar las voces disidentes al poder.

Esto es, la democracia no es la expresión ideal de la igualdad política de los ciudadanos, pues reconoce explícitamente la desigualdad y la inequidad existente, que no es afectada, sino conservada y perpetuada en su nombre, sin alterar las bases constitutivas del sistema político. La democracia desde su origen ateniense, en el siglo VI a.c., ha sido un modo de segregación social, cuya significación etimológica “el poder del pueblo” expresaba la exclusión a los esclavos, además de ser paradójicamente concebida en un universo de esclavitud. Los propietarios en la actualidad no requieren representarse a sí mismos, como en el pasado, porque están representados por todo el poder estatal. Esto es, la democracia no supone consenso, libertad ni paz, por el contrario, implica un permanente enfrentamiento en contextos que otorgan facultades y libertades a unos contra otros. Se crea democracia en la lucha por el respeto y conquista de derechos, ella nunca ha sido una concesión ni regalo al pueblo.

Asimismo, no puede calificarse como democracia el cumplimiento de la normatividad jurídica, pues las leyes son aprobadas, según las negociaciones e intereses partidarios, clientelares o individuales por los legisladores en el Congreso peruano. Esto es, la creación de las leyes, no responden ni obedecen a las preocupaciones ni necesidades ciudadanas ni del interés nacional. Luego, no podrán ser democráticas, son leyes indignas, como quienes las aprueban. Solo la ignorancia sobre la creación de leyes, pueden creer o engañar que la normatividad jurídica es igualitaria, justa y necesaria. La democracia no se rige por patrones jurídicos creados para propósitos ajenos al interés general de la sociedad, la subordinación jurídica e instrumental, es la cosificación de la democracia por y para el poder. La democracia no es una mercancía enlatada, es siempre peculiar en las condiciones y situaciones que se conquista. La sociedad es la impronta social de toda democracia.

En el Perú no es posible, ni por asomo, denominarse democracia, es totalitario el régimen político peruano, o el poder absoluto del Estado o de algún poder estatal, sobre la ciudadanía o, dicho de otro modo, es el régimen que liquida todo derecho social alcanzado contra quienes deben depender y servir, al pueblo, el soberano.

El totalitarismo es el fin de la separación y autonomía de los poderes del Estado para ser monopolizado por una exclusiva instancia que controla y determina el funcionamiento del quehacer estatal. El totalitarismo es la despótica privatización del poder estatal y de la institucionalidad contra lo que es común a todos. Es la regresión salvaje del poder, que representa única y exclusivamente las ambiciones personales, de sus cómplices y asesinos, con capacidad de cometer atrocidades inimaginables contra la sociedad que creen ser dueños y amos. Ello, no solo muestra la calaña de gente, sin principios ni dignidad, también muestra cómo algunos sectores son arrastrados en las viles prácticas totalitarias y de otros que se han coludido delincuencialmente con el monopolio en el ejercicio de la represión y violencia, legal e ilegal, contra la sociedad. El totalitarismo compromete radicalmente nuestro presente y condena el futuro de los peruanos con la complicidad de sus propias víctimas. Así, la institucionalidad pública que habiendo sido una política estatal para garantizar la función pública básica y necesaria para la ciudadanía, está siendo liquidada por el totalitarismo estatal, para convertir a sus entes en incapaces de una actuación social y pública

El totalitarismo en el Perú, como toda tiranía, no ha requerido de la aceptación social, se ha liberado de toda supeditación para imponer el poder político absoluto sobre la ciudadanía y la nación. Tales facultades están dadas por la manipulación corrupta de los legisladores en el Congreso, por la red tejida por magistrados y fiscales comprometidos que ilegal, complaciente y tardíamente revelan los compromisos propios y ajenos contra la voluntad y derechos ciudadanos y nacionales, así como es evidente, el cómplice amparo de las fuerzas armadas que presurosas, al mandato de un poder que irrespeta todo derecho, asesina las justas demandas en defensa de los derechos ciudadanos y la soberanía nacional.

Creer que la gran mayoría de pobres y trabajadores con derecho a votar compensa la desigualdad social y política, es una ilusión, porque de manera sistemática y desde siempre y no precisamente por procesos electorales, se ha dividido a los subalternos con diversidad salarial, prebendas, despidos y corrupción a dirigentes y sindicalistas, así como con las opciones organizativas y alternativas partidarias divergentes, la promoción de la indiferencia, entre otras, han posibilitado la división política de los pobres y trabajadores. No obstante, la democracia latinoamericana posee un equilibrio catastrófico, porque la explotación e irrespeto a los derechos laborales y ciudadanos persisten, así como, por las ambiciones y disputas entre propietarios y grupos de interés por el poder y sus privilegios, como por aquellos que buscan ser los nuevos sátrapas.

[1] Catedrático pensionado. Universidad de Costa Rica.