Los partidos políticos y los gobiernos de extrema derecha o de ultraderecha, aparecen como anti-sistema, sea enemigos del viejo modelo de gobierno basado en el bipartidismo, la corrupción y los privilegios. Las banderas que levantaron por décadas la izquierda y el movimiento progresista fueron arrebatadas por la extrema derecha, que se rebeló contra un sistema político necrosado, con gangrena.
Esta “rebelión” de la extrema derecha contra ese sistema anquilosado es lo que le genera influencia y apoyo en amplios sectores populares, incluso de los trabajadores y de las trabajadoras. El pueblo ya estaba cansado de tanta promesa que no cambiaba nada.
En Costa Rica ese hartazgo se empezó a manifestar en el gobierno de Laura Chinchilla y fue el partido Acción Ciudadana, PAC, quien logró aprovecharlo; era claro, entre Johnny Araya y Luis G. Solís, que la decisión fue contra el statu quo político corrupto.
El PAC capitalizó todo el malestar popular contra el sistema político desde una perspectiva progresista. En otras palabras, el PAC fue la expresión progresista contra el sistema bipartidista, corrupto y anti-democrático.
El gobierno de Solís rápidamente se distanció de sus postulados anti-sistema para caer en las redes de la politiquería, torpedeado incluso desde sus propias filas por Ottón Solís.
El segundo gobierno fue producto aún de la lucha entre el modelo político corrupto bipartidista (PLN-PUSC) y una nueva forma de hacer política. Ante el peligro de que la ultraderecha neopentecostal tomara el gobierno, las fuerzas progresistas y otras, inclinaron la balanza. Pero ya se percibía en el horizonte a la ultra-derecha queriendo capitalizar todo ese descontento, pero lo reducimos solo a un asunto de derechos sexuales.
La entrega y traición del PAC de Alvarado, entregando el gobierno a la ultraderecha del PUSC, terminó de alejar a los sectores populares de cualquier alternativa progresista. El PAC pagó su traición con la muerte.
Sin embargo, los sectores populares no querían volver al viejo sistema corrupto del bipartidismo y menos después de la enorme decepción del supuesto progresismo proclamado por el PAC. Era preferible un desconocido que Figueres, sin lugar a dudas.
Rodrigo Chaves es la manifestación de la ultraderecha contra el bipartidismo corrupto y ahora contra el progresismo que incumplió con su traición.
Sus improperios contra diputados, jueces, magistrados, universitarios y todo aquel que ose oponérsele, es bien recibido por esa masa que considera que cualquiera que esté mejor es su enemigo y debe ser condenado. Es la gente contra un sistema de justicia que no solo es lento, sino que ha favorecido a los ricos, un poder legislativo improductivo, un sistema tributario inequitativo, pensiones de lujo, etc., que ha calado hondo en las gentes. Aunque, Chaves y su gobierno no han resuelto los problemas más sensibles de la gente, lo apoyan por su actitud contra esos privilegios y corruptelas.
Me refiero rápidamente a estos elementos porque son el contexto en que se encuadra una política de alianzas.
Los retos, peligros y amenazas a los cuales se enfrenta el país son reales e inmediatos y hay que hacerles frente. Por eso ante ello es conveniente una política de alianzas y unidad de puertas abiertas, para aglutinar a todos los ciudadanos dispuestos a detener el deterioro democrático y defender las libertades conquistadas.
Pero la unidad no es para volver al pasado.
La Alianza no puede ser para defender el viejo “orden” del bipartidismo corrupto.
Se trata de una alianza para avanzar, para recuperar el sistema democrático, pero para mejorarlo y ampliarlo, para iniciar una trasformación progresista, sea en bien del pueblo, ante el sistema corrupto del bipartidismo.
Una Alianza para acabar con los peligros del grupo ultraderechista de Chaves y su séquito, pero también para superar el viejo sistema político del bipartidismo-corrupción.
Ante la intención del alcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, de llevar a cabo construcciones de diversa índole en el Cerro Chompipe, cobijadas bajo la figura de un “MOMUMENTO NATURAL RECREATIVO”, para lo cual deberá eliminar árboles nativos que son parte de un bosque; además estando ese cerro dentro de áreas de protección, como es el Parque Braulio Carrillo y la Zona Inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888, el colectivo ciudadano CONCEVERDE DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, queremos expresar nuestra profunda preocupación y denunciar estos actos que ponen en grave riesgo el recurso hídrico, el medio ambiente y la biodiversidad que en él habita.
Es inadmisible que se esté pensando en realizar obras en una zona que es de alta recarga acuífera, de muy alta vulnerabilidad hidrogeológica y ambiental. De llevarse a cabo las pretensiones del alcalde de San Rafael de Heredia, consideramos, no solo se estaría violentando la normativa vigente, sino que, también deteriorando ecosistemas vitales que cumplen funciones esenciales para el equilibrio natural, como la regulación del ciclo del agua, la conservación de la fauna y flora silvestre, y la mitigación del cambio climático.
En particular, nos preocupan que se lleven a cabo construcciones, en áreas como el Parque Nacional Braulio Carrillo, la Zona Inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888. Estas acciones son especialmente perjudiciales en zonas que además son de recarga de los acuíferos donde se abastecen más del 60% de habitantes del Valle Central, donde la impermeabilización del suelo compromete la disponibilidad de agua potable para las comunidades y afecta la calidad de los recursos hídricos.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y los gobiernos locales, para que no cedan ante las intenciones del alcalde, y por el contrario intensifiquen la vigilancia y el control en las zonas que ya cuentan jurídicamente con protección absoluta. Es crucial que se abstengan de proyectar acciones que pongan en riesgo los pocos recursos naturales que aún tenemos en el Valle Central y, en particular, en San Rafael de Heredia.
Asimismo, exhortamos a la ciudadanía rafaeleña y en general del Valle Central a mantenerse alerta, denunciar y manifestarse ante cualquier actividad que atente contra nuestros bosques y áreas de protección. La participación de todos es crucial para la conservación de nuestro patrimonio natural. Debemos recordar que la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida y que cada acción cuenta para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.
Reafirmamos en CONCEVERDE nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente y seguimos trabajando para asegurar que nuestras áreas protegidas se mantengan libres de intervenciones que comprometan su integridad. Unamos esfuerzos para salvaguardar nuestros recursos naturales y promover un desarrollo que respete y valore la riqueza ecológica de nuestro país.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Foto del bombardeo en Gaza ocurrido el 13 de noviembre del 2024 en el area de Al-Mawasi: se puede apreciar el impacto causado en el suelo debido al uso de potentes artefactos explosivos que Irael utiliza de manera reiterada al bombardear campamentos de desplazados y refugiados en Gaza. Foto extraída de artículo de prensa titulado » ‘I don´t care who´s president there. I just want may kids to survive in Gaza’ «, Magazine+972 (Israel), edición del 14 de noviembre del 2024
Nota del autor: una versión en francés de este mismo texto algo ampliada está igualmente disponible en este enlace
«29. En mayo, la Comisión de Investigación concluyó que Israel, mediante su “asedio total”, había convertido en arma de guerra la retención de bienes vitales, incluida la asistencia humanitaria, para obtener beneficios estratégicos y políticos, lo que constituía castigo colectivo y represalia contra la población civil, y, por ende, violaciones directas del derecho internacional humanitario. Según la Comisión de Investigación, la práctica de Israel de hacer padecer hambre como método de guerra afectaría a toda la población de Gaza durante décadas, y tendría consecuencias especialmente negativas para los niños. En sus solicitudes de órdenes de detención, el Jefe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que, mediante su asedio total a Gaza y las restricciones arbitrarias a la transferencia de suministros esenciales, así como los ataques contra civiles, la obstrucción de la ayuda y los ataques a trabajadores humanitarios y la matanza de personal humanitario, Israel había utilizado medios criminales para alcanzar sus objetivos militares y el castigo colectivo como parte de un plan común. Cabía citar entre ellos los de causar de manera intencionada la muerte, la inanición, grandes sufrimientos y lesiones graves, hacer padecer hambre como método de guerra y dirigir intencionalmente ataques contra civiles».
Extracto del informe de Naciones Unidas A/79/363 (véase enlace) objeto de un comunicado de prensa del 14 de noviembre del 2024 titulado «UN Special Commitee finds Israel´s warfare methods in Gaza consistent with genocide, including use of starvation as weapon of war» (véase enlace) escasamente referenciado en medios internacionales de prensa.
Introducción
El pasado 21 de noviembre del 2024, la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció haber confirmado y emitido órdenes de arresto contra dos altos dirigentes de Israel y contra un jefe del brazo militar del Hamás en Gaza.
Se trata más precisamente de órdenes de arresto contra el actual Primer Ministro y Ministro de Defensa de Israel hasta hace una pocas semanas (véanse comunicado de prensa oficial de la CPI en francés y comunicado de prensa en inglés ) y en contra de un jefe militar del Hamás que se considera responsable de planear y de coordinar el ataque del 7 de octubre del 2023 (véase comunicado de prensa en francés y en inglés).
En su primer comunicado con relación a autoridades de Israel, se lee que los jueces de la CPI consideraron que:
«With regard to the crimes, the Chamber found reasonable grounds to believe that Mr Netanyahu, born on 21 October 1949, Prime Minister of Israel at the time of the relevant conduct, and Mr Gallant, born on 8 November 1958, Minister of Defence of Israel at the time of the alleged conduct, each bear criminal responsibility for the following crimes as co-perpetrators for committing the acts jointly with others: the war crime of starvation as a method of warfare; and the crimes against humanity of murder, persecution, and other inhumane acts.The Chamber also found reasonable grounds to believe that Mr Netanyahu and Mr Gallant each bear criminal responsibility as civilian superiors for the war crime of intentionally directing an attack against the civilian population«.
En su segundo comunicado relativo al jefe militar del Hamás, se lee que para la CPI,
«The Chamber found reasonable grounds to believe that MrDeif, born in 1965, the highest commander of the military wing of Hamas (known as theal-Qassam Brigades) at the time of the alleged conduct, is responsible for the crimes against humanity of murder; extermination; torture; and rape and other form of sexual violence; as well as the war crimes of murder, cruel treatment, torture,; taking hostages; outrages upon personal dignity; and rape and other form of sexual violence.The Chamber found reasonable grounds to believe that Mr Deif bears criminal responsibility for the aforementioned crimes for (i) having committed the acts jointly and through others and (ii) having ordered or induced the commission of the crimes, and (iii) for his failure to exercise proper control over forces under his effective command and control«.
La declaración hecha por el mismo Fiscal de la CPI el 21 de noviembre merece también ser mencionada (véase texto), en la que señala que:
«As I emphasised in May, these applications were made following an independent investigation, and on the basis of objective, verifiable evidence vetted through a forensic process.I appeal to all States Parties to live up to their commitment to the Rome Statute by respecting and complying with these judicial orders. We count on their cooperation in this situation, as with all other situations under the Court’s jurisdiction. We also welcome collaboration with non-States Parties in working towards accountability and upholding international law«.
En algunos círculos se espera que sean mucho más que dos las personas en Israel llevadas ante la justicia penal internacional de La Haya. En esta reciente entrevista hecha desde un medio israelí (Magazine+972, en su edición del 26 de noviembre), se lee que para uno de los representantes legales de las víctimas palestinas ante la CPI,
«Additional indictments are not just possible — they are probable. The ICC’s jurisdiction covers crimes committed since 2014, a period that encompasses a wide range of documented violations, including extrajudicial killings, illegal settlements, and the blockade of Gaza. These are not isolated incidents but part of a broader pattern of systemic oppression.»
De algunas reacciones
Como ya viene siendo costumbre, en Israel sus máximas autoridades no encontraron nada mejor que acusar de «antisemitismo» a los tres jueces de la CPI que tomaron esta decisión (véase nota del TimesofIsrael). Estas declaraciones de dirigentes israelíes no son nuevas y se oyeron en este 2024 con respecto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (véase nota del Timesof Israel del 26 de enero), al Secretario General de Naciones Unidas (véase nota del TimesofIsrael), así como con relacion a la Asamblea General de Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos o a relatores y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. Este tipo de declaraciones por parte de Israel puede explicar el origen de las amenazas contra dos integrantes de la CPI que denunció este 28 de noviembre su Presidenta en un comunicado oficial (véase texto en francés y en inglés).
Por su parte, una ONG como Amnistía Internacional expresó su profunda satisfacción por esta decisión no sin exigir, acto seguido, a todos los Estados Partes al Estatuto de Roma de 1998 que crea la CPI, cumplir de ahora en adelante con todas sus obligaciones y cooperar plenamente con la CPI (véase comunicado de prensa). En igual sentido se pronunció Human Rights Watch (véase comunicado). Es de señalar que tempranamente, desde el 23 de octubre del 2023, los investigadores de Amnistía Internacional habían detectado y documentado la comisión de crímenes de guerra en Gaza por parte de Israel (véase su comunicado de entonces): en aquel momento, la cifra de muertes en Gaza ya alcanzaban las 3.800 vítimas.
Consecuencia imprevista o no de esta decisión de la CPI en Israel, las informaciones relativas a la irresponsabilidad de su Primer Ministro antes del ataque perpetrado por el Hamás del 7 de octubre de 2023 han sido detalladas en los principales diarios israelíes (véase por ejemplo esta nota del TimesofIsrael del 24 de noviembre de 2024), de las que el medio digital israelí Magazine +972 venía informando en una entrevista cuya lectura es más que recomendada desde el 11 de noviembre (véase entrevista). El pasado domingo 24 de noviembre, las más altas autoridades israelíes arremetieron contra un diario israelí con una línea editorial sumamente crítica como lo es Haaretz (véase nota de Haaretz y nota de ElPais en España).
De algunas reacciones oficiales en el hemisferio americano
Como era de esperar, a penas dada a conocer la decisión de la Sala de lo Preliminar de la CPI, la Oficina de la Casa Blanca en Estados Unidos emitió un comunicado desacreditando a la CPI por esta decisión (véase comunicado oficial del mismo 21 de noviembre).
En América Latina, algunos Estados acogieron con gran satisfacción la decisión de la CPI: el comunicado oficial emitido por el aparato diplomático de Chile merece mención, el texto leyéndose de la siguiente manera:
«21 de noviembre de 2024
El Gobierno de Chile ha tomado conocimiento de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional, de dictar órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra el comandante de Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, por los presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Israel y en Palestina, en el marco del actual conflicto.
Chile recuerda que en enero de 2024 remitió, junto a México, la situación de Palestina ante la CPI para la investigación de los crímenes cometidos tanto en Palestina como en Israel, por nacionales de ambos Estados.
Chile formula un llamado urgente a las partes en conflicto a poner fin a las gravísimas violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos cometidas contra civiles, que han afectado, particularmente, a la población palestina en Gaza, en especial a mujeres y niñas y niños inocentes.
Finalmente, el Gobierno de Chile respalda el trabajo que desarrolla la Corte Penal Internacional y espera que todos los Estados colaboren con su investigación y decisiones, las que son de obligatorio cumplimiento, a objeto que estos graves delitos no queden en la impunidad.»
Otros como Argentina consideraron oportuno rechazarla mediante un simple tweet de su máxima autoridad (véase nota de prensa).
Nótese que el aparato diplomático de Paraguay – omiso sobre la decisión de la CPI, al igual que el de Argentina – el día anterior emitió un comunicado en el que anunciaba gestiones con las autoridades de Israel para trasladar su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén (véase comunicado del 20 de noviembre).
Además de la lectura del comunicado oficial emitido por Chile o el de Colombia contenido en esta nota de prensa, se sugiere un ejercicio adicional: sus respectivos contenidos pueden ser comparados al extraño contenido del comunicado oficial emitido por Costa Rica (Nota 1). Escrito posiblemente con algo de premura, sin pasar por algun tipo de revisión de estilo, este comunicado contiene un grave error, al señalar de manera errónea que:
«La Corte Penal Internacional (CPI)se instituyó luego de la segunda guerra mundial sobre los principios del Tribunal de Nuremberg, que establecieron claramente y por primera vez la responsabilidadpenal por crímenes internacionales«.
¿Se ignorará la fecha de adopción del Estatuto de Roma en julio de 1998 en el servicio de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica?
La otra frase según la cual la CPI «estudia situaciones remitidas por Estados parte o por el Consejo de Seguridad de la ONU» también es incompleta y resulta totalmente errónea aplicada en específico al caso de dirigentes de Israel y del Hamás. Como profesor de derecho internacional público, invitamos a los encargados del departamento de comunicación de este ministerio (y a su jefatura) a leerse los artículos 13 y 15 del Estatuto de Roma de 1998, cuya versión integral en español está disponible en este enlace. Salvo error de nuestra parte, ningún otro comunicado oficial de un Estado se dedicó a intentar explicar de manera breve (e incompleta) el orígen y funcionamiento de la CPI y a mencionar a otros tribunales internacionales.
Finalmente, desde el punto de vista formal, hay manera de expresar el contenido de la frase siguiente de una manera mucho más adecuada, omitiendo un estilo y al final un «etc» que parecieran corresponder a generalidades encontradas en algun diccionario o enciclopedia digital:
«La Corte se enfoca en las víctimas, y ante la Corte todas las víctimas tienen el mismo derecho a la justicia, sean de cualquier país, grupo étnico, religión, etc.»
La comparación del texto difundido por Costa Rica puede no solamente hacerse con el texto circulado por el aparato diplomático de Chile, sino extenderse al comunicado de Sudáfrica (véase texto), al de Francia (la cual «prend acte» de esta decisión de la CPI – véase comunicado de prensa – sin olvidar manifestar su apoyo a la CPI), o bien al emitido por el aparato diplomático de Irlanda (véase texto).
También merece mención el comunicado de una reunión de integrantes del G7 en Italia dado a conocer este 26 de noviembre (véase comunicado), en el que se lee -en este caso omitiendo toda referencia a la CPI por probable insistencia de Estados Unidos – que:
«In exercising its right to defend itself, Israel must fully comply with its obligations under international law in all circumstances, including International Humanitarian Law. We reiterate our commitment to International Humanitarian Law and will comply with our respective obligations«
Se espera ver si en el marco de otros recintos regionales, como el marco regional hemisférico, los Estados de América Latina y del Caribe serán capaces de adoptar un comunicado conjunto mucho más preciso y contundente: en el marco de la CELAC por ejemplo, que presidirá Colombia dentro de unos pocos días.
Nótese que Costa Rica es Estado Parte al Estatuto de Roma desde junio del 2001, ha llegado a presidir en varias ocasiones la Asamblea de Estados Partes. Además, posee desde varios años a un juez en la CPI de su nacionalidad, el cual recientemente, integró una Sala de la CPI que condenó formalmente a Mongolia por no haber arrestado al Presidente de Rusia cuando se encontraba en su territorio, siendo éste objeto de una orden de arresto emitida por la CPI en marzo del 2023 (véase decisión del 24 de octubre del 2024).
Revisando comunicados oficiales en este 2024 adoptados con relación a la crisis en Gaza y la CPI, en el caso de México un comunicado de enero del 2024 informando sobre su gestión con Chile ante la CPI (véase comunicado official) bien hubiese podido servir de inspiración… para una gestión similar por parte de Costa Rica, que se ha «destacado» por no activar ningún mecanismo desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, en aras de frenar el ímpetu destructor de Israel en Gaza. Nótese que este 29 de noviembre, se indicó que Costa Rica, conjuntamente con Chile, España, Francia, Luxemburgo y México, remitieron una solicitud conjnta urgente («referral«) con relación a la situación de las mujeres en Agfhanistán (veáse documento con fecha del 28 de noviembre remitido a la CPI y comunicado oficial de Chile). En su declaración del 29 de noviembre en la que acoge esta solicitud conjunta, el Fiscal señala que su oficina investiga la situación desde el 2017 (véase declaración).
Estados Unidos y una legislación lista para sancionar a la CPI
Con relación a Estados Unidos específicamente, conviene recordar esta iniciativa del Congreso norteamericano del 7 de mayo de 2024, cuyo objetivo es sancionar a la CPI si se aventurara en algún momento a ordenar una investigación o un enjuiciamiento de los responsables políticos y militares de los aliados de Estados Unidos. Esta iniciativa, aprobada en junio de 2024 (véase nota de TheGuardian), se justifica, según el preámbulo,
«Imponer sanciones con respecto a la Corte Penal Internacional comprometida en cualquier esfuerzo por investigar, arrestar, detener o procesar a cualquier persona protegida de Estados Unidos y sus aliados » Traducción libre del autor de «To impose sanctions with respect to the International Criminal Court engaged in any effort to investigate, arrest, detain, or prosecute any protected person of the United States and its allies ».
En este texto no se menciona a Israel, pero es interesante observar que la iniciativa se presentó el 7 de mayo de 2024, apenas unas semanas antes de que el Fiscal de la CPI solicitara públicamente órdenes de detención contra dos dirigentes israelíes y tres de Hamás el 20 de mayo. Cabe señalar que en la lista de los patrocinadores de esta insólita iniciativa del Congreso estadounidense, aparecen los nombres de algunos de los allegados al nuevo presidente electo de Estados Unidos el pasado 5 de noviembre y que ha decidido nombrar para ocupar puestos importantes en su futura administración.
Argentina, nuevo refuerzo de Israel en América Latina
En el caso de Argentina, resulta notorio que desde hace unos meses participa en la (sumamente modesta) coalición pro-israelí en Naciones Unidas, sustituyendo con su voto incluso el voto de las pequeñas islas del Pacífico (Islas Fidji, Micronesia, Nauru, Palau) que han decidido ya no apoyar a Israel en este 2024: véase al respecto la votación de una resolución en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los Altos del Golán (territorio sirio ocupado por Israel) con 152 votos a favor y 5 en contra (Argentina, Estados Unidos, Israel, Papua Nueva Guinea y Tonga) al que refiere este comunicado de Naciones Unidas del 20 de noviembre del 2024.
La dupla Argentina-Paraguay se había «destacado» también el pasado 14 de noviembre en Nueva York, cuando la Tercera Comisión votó su tradicional resolución sobre el derecho a la libre determinación del pueblo palestino (véase comunicado de prensa de Naciones Unidas, pasado por alto en los medios de prensa norteamericanos…) con una mayoría raramente alcanzada de 170 votos a favor, 9 abstenciones y 6 votos en contra: Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Paraguay, Nauru y República Checa.
En América Latina, entre los votos a favor se destacaron en este 2024 para esta precisa resolución el de Guatemala, Panamá optando por abstenerse (cuando había votado a favor en el 2023), al tiempo que Argentina y Paraguay parecieran sustituir a los pequeños Estados isleños del Pacífico que en el 2023 acompañaron a Israel y a Estados Unidos, votando en contra de esta misma resolución (Nota 2).
Un breve recuento con relación a la decisión de la CPI del 21 de noviembre pasado
La solicitud de órdenes de arresto presentada por el Fiscal de la CPI esperaba pacientemente desde el pasado 20 de mayo del 2024: en efecto, fue la fecha en la que el Fiscal de la CPI anunció formalmente haberlos solicitado contra tres dirigentes del Hamás y contra las dos precitadas autoridades israelíes (véase enlace a anuncio en francés y en inglés). Estados Unidos manifestó el mismo 20 de mayo su oposición categórica al anuncio hecho por el Fiscal (véase comunicado del Departamento de Estado).
Tuvimos al respecto la oportunidad de analizar el alcance del anuncio del Fiscal de la CPI (véase nuestra breve nota al respecto del mismo 20 de mayo) así como también, unos meses después, las gestiones realizadas por varios Estados de América Latina ante la CPI para confortar dicha solicitud en agosto del 2024: véase nuestra nota al respecto titulada «América Latina ante el drama en Gaza: a propósito de las observaciones enviadas por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México a la Corte Penal Internacional (CPI).
A diferencia de otras regiones del mundo, este grupo de Estados confirmó a América Latina como bastión de la justicia penal internacional y de la lucha contra una impunidad campante, en particular cuando de exacciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado se trata.
A finales de agosto, el Fiscal de la CPI tuvo la oportunidad de reiterar la urgencia de emitir estas órdenes de captura en una declaración pasada totalmente por alto en los medios de prensa: véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) reafirma urgencia de órdenes de arresto«.
No está de más señalar que a finales de mayo del 2024, periodistas de investigación en Israel publicaron un largo reportaje sobre el sistema de escuchas al que los servicios secretos israelíes tenían sometidas las computadoras y el personal de la CPI desde muchos años: véase artículo, titulado «Surveillance and intefrerence: Israel’s covert war on ICC exposed«, cuya lectura completa se recomienda.
Asesinatos de Israel que explican que no haya órdenes de captura para los demás dirigentes del Hamás , en medio de una larga espera
Al haber procedido Israel al asesinato de los demás dirigentes del Hamás mencionados en la solicitud del Fiscal de la CPI en su anuncio del 20 de mayo, la Sala de lo Preliminar extendió las órdenes de arresto contra las dos autoridades israelíes en vida y contra un dirigente del Hamás que se piensa que escapó de un intento de asesinato por parte de las fuerzas militares israelíes. Al no haberse confirmado su muerte, la CPI no tiene cómo exlcuirlo de su solicitud. En cambio, se puede consultar la decisión del 9 de septiembre de la CPI de suspender la órden de captura en el caso específico del lider palestino del Hamás, Ismael Hanyeh, asesinado por Israel el 31 de julio en Teherán luego de asistír a la toma de posesión del nuevo Presidente de Irán (véase texto).
La larga espera desde el 20 de mayo del 2024 se debió en parte a gestiones iniciadas por el Reino Unido a finales de junio, abriendo desde el punto de vista procesal, un plazo de tiempo para que opiniones jurídicas pudiesen ser remitidas por Estados, organizaciones no gubernamentales e individuos a los tres jueces de la CPI. Es de notar que, al darse los resultados de las elecciones en el Reino Unido del 4 de julio, sus nuevas autoridades optaron por suspender esta gestión claramente de carácter dilatorio emprendida por sus antecesoras, posiblemente a solicitud de Israel (y de su incondicional aliado norteamericano): véase al respecto este artículo de The Guardian.
En medio de una campaña de prensa tendiente a desacreditar a la CPI, a su Fiscal, auspiciada por influyentes círculos favorables a Israel en Estados Unidos y en Europa, los jueces de la CPI también fueron objeto de presiones diplomáticas de toda índole por parte de algunos de los principales Estados donantes, para que no emitieran ninguna órden de arresto contra dirigentes israelíes.
Según algunos expertos, las presiones diplomáticas ejercidas por Estados Unidos fueron incluso más allá, al solicitar que, de tomarse una eventual decisión, no fuera dada a conocer antes del 5 de noviembre del 2024, fecha de las elecciones en Estados Unidos.¿Como así? Como se lee.
Tuvimos la oportunidad de explicar con reconocidos colegas universitarios estos y otros aspectos en un foro realizado por el Posgrado en Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) a inicios del mes de julio del 2024 (véase volante y video de la actividad) titulado precisamente: «Gaza / Israel: del cerco informativo al cerco de la justicia internacional«.
La insensatez de la denominada «guerra» de Israel en Gaza
El último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza (véase informe al 19 de noviembre) da cuenta de la insensatez de la acción militar israelí en Gaza, con casi 44.000 víctimas mortales identificadas ( y más de 100.000 personas heridas), al leerse que:
«Between the afternoons of 12 and 19 November, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 307 Palestinians were killed and 932 were injured. Between 7 October 2023 and 19 November 2024, at least 43,972 Palestinians were killed and 104,008 were injured, according to MoH in Gaza.
Between the afternoons of 12 and 19 November, three Israeli soldiers were killed in Gaza, according to the Israeli military. Between 7 October 2023 and 19 November 2024, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, more than 1,576 Israelis and foreign nationals were killed, the majority on 7 October 2023 and its immediate aftermath. The figure includes 376 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,440 Israeli soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation«.
Como bien se sabe, pese a una muy pobre difusión en grandes medios de prensa, en octubre del 2024 se presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas el informe A/79/384 (véase enlace), titulado «El genocidio como supresión colonial» por parte de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967: su lectura completa se recomienda, al analizar y detallar la documentada intención genocida de las actuales autoridades israelíes en Gaza (léanse en particular los párrafos 11-23 y los párrafos 42-48, así como 68-82).
En esta nota del servicio de prensa de Naciones Unidas del 30 de octubre del 2024, se puede escuchar su presentación en español; nuestros estimables lectores podrán por sí mismos verificar si esta nota de prensa y el informe al que refiere fueron mencionados en los principales medios de prensa en Costa Rica. O si, como suele suceder, en Costa Rica y en otras latitudes, las agencias internacionales de noticias y los medios de prensa internacionales hicieron caso omiso de este informe.
La autora de este informe se trasladó luego a Canadá el pasado 3 de noviembre (véase nota de prensa), interpelando de paso a sociedad y a las autoridades canadienses ante el drama indecible que se vive en Gaza, con varias entrevistas a distintos medios de prensa (véase una de ellas).
El pasado 8 de noviembre del 2024, Naciones Unidas hizo público otro informe sobre el período que va del 1 de noviembre del 2023 al 30 de abril del 2024 (véase enlace) en el que se puede leer (página 6) que:
«The monitoring and verification of grave violations remained extremely challenging, including owing to access constraints, a high level of insecurity, and threats and direct attacks also on United Nations personnel, monitors and humanitarian actors. Nevertheless, verification work continued, with the number of killings verified by OHCHR by 2 September 2024 standing at 8,119 Palestinians in Gaza, including 2,036 women and 3,588 children (1,865 boys and 1,723 girls). Of these verified figures, 7,607 were killed in residential buildings or similar housing, out of which 44 per cent were children, 26 per cent women and 30 per cent men«.
En las recomendaciones finales, además de las dirigidas a las autoridades israelíes (pp. 29-30), se lee que los Estados Miembros de Naciones Unidas deben también adoptar algunas medidas (página 31):
«72. The High Commissioner calls on Member States of the United Nations to:
Consistent with their obligations under international law, assess arms sales or transfers and provision of military, logistical or financial support to a party to the conflict, with a view to cessation of such support to the extent it implicates a real risk of facilitating commission of serious violations of international law;
Support the work of the International Criminal Court in relation to the Occupied Palestinian Territory; exercise universal jurisdiction to try crimes under international law in national courts, consistent with international standards; and comply with extradition requests pertaining to suspects of such crimes to countries where they would face a fair trial;».
El informe de una Comisión de Investigación de Naciones Unidas dado a conocer recientemente A/79/363 (véase enlace) y que ha sido objeto de un comunicado de prensa del 14 de noviembre del 2024 de Naciones Unidas titulado «UN Special Commitee finds Israel´s warfare methods in Gaza consistent with genocide, including use of starvation as weapon of war» (véase enlace) merece mención: al igual que su escasa difusión en los medios internacionales de prensa, como ya viene siendo costumbre desde el 7 de octubre del 2023 cuando se trata de informes que describen el drama indecible al que Israel somete a la población civil palestina en Gaza.
El 14 de noviembre del 2024 también se difundió una comparecencia de un cirujano que operó a civiles en Gaza ante una comisión del Parlamento británico, realizada el día anterior (véase video), en la que este profesional detalla la intención deliberada de provocar el mayor daño la población civil, en particular a niños, por parte de Israel.
El mensaje de la CPI: una clara señal destinada a Estados y a otros jueces
Desde el pasado 21 de noviembre, la comunidad internacional asiste a la colocación de un segundo peldaño que reviste una enorme importancia para las víctimas palestinas y para la justicia penal internacional; como también para la lucha contra una impunidad a la que se habían acostumbrado las autoridades israelíes desde hace ya muchos años, confiadas en el manto protector de su incondicional aliado norteamericano.
En febrero del 2021, un primer peldaño había sido colocado, en una decisión de la CPI pocamente difundida y analizada en la que se declara perfectamente habilitada desde el punto de vista jurídico, para examinar la situación en todo el territorio palestino, sin excepción de ningún tipo: véase nuestra nota al respecto publicada en la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) y titulada «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: se despeja el camino para la justicia penal internacional«. Al abrirse formalmente una investigación por parte de la Fiscalía pocas semanas después, Estados Unidos se sinitió obligado a manifestar su rechazo categórico (véase comunicado del Departamento de Estado del 3 de marzo del 2021).
Es de notar que este anuncio oficial de la CPI de este 21 de noviembre fue precedido 24 horas antes de un enésimo intento por parte de Estados Unidos dentro del Consejo de Seguridad (Nota 3), optando su delegación por ejercer de manera solitaria su veto para resguardar a Israel en Gaza, frente a 14 votos a favor de los demás Estados Miembros: se trata del cuarto veto solitario de Estados Unidos desde el 7 de octubre del 2023 en el Consejo de Seguridad.
La órden de arresto emitida el pasado 21 de noviembre por la CPI exige ahora a los Estados Miembros al Estatuto de Roma (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) entregar a ambos dirigentes israelíes si se encuentran en su territorio, lo cual dificultará significativamente sus desplazamientos en el exterior. La misma posibilidad se extiende también al líder del Hamás mencionado (y que se considera que sigue en vida, ya sea en alguna parte en Gaza, sea fuera de Gaza).
A la vez esta decisión de la Sala de lo Preliminar inicia un largo trámite interno en la CPI, de cara al enjuiciamiento de ambos dirigentes israelíes y del jefe militar palestino.
Para Sudáfrica, esta decisión de los jueces de la CPI podría allanar el camino para una nueva solicitud urgente de indicación de medidas provisionales en el caso Sudáfrica contra Israel ante otro tribunal internacional con sede en La Haya: la CIJ (véase el texto de su solicitud – en inglés- del procedimiento de 29 de diciembre de 2023). En su solicitud inicial, leemos (punto 4) una descripción de la acción israelí confirmada desde entonces (diciembre de 2023) por los hechos y la dramática realidad sobre el terreno:
«4.The facts relied on by South Africa in this application and to be further developed in these proceedings establish that — against a background of apartheid, expulsion, ethnic cleansing, annexation, occupation, discrimination, and the ongoing denial of the right of the Palestinian people to selfdetermination — Israel, since 7 October 2023 in particular, has failed to prevent genocide and has failed to prosecute the direct and public incitement to genocide. More gravely still, Israel has engaged in, is engaging in and risks further engaging in genocidal acts against the Palestinian people in Gaza. Those acts include killing them, causing them serious mental and bodily harm and deliberately inflicting on them conditions of life calculated to bring about their physical destruction as a group. Repeated statements by Israeli State representatives, including at the highest levels, by the Israeli President, Prime Minister, and Minister of Defence express genocidal intent. That intent is also properly to be inferred from the nature and conduct of Israel’s military operation in Gaza, having regard inter alia to Israel’s failure to provide or ensure essential food, water, medicine, fuel, shelter and other humanitarian assistance for the besieged and blockaded Palestinian people, which has pushed them to the brink of famine.«
Estas órdenes de arresto además mandan una clara señal a diversos Estados y sectores políticos que consideraban la justicia penal internacional sesgada y orientada, en particular en el continente africano. También interpela a algunos Estados que, por una razón u otra, consideran oportuno seguir haciendo negocios con Israel como si nada pasara, en particular en el comercio de armas y en muchos otros ámbitos altamente estratégicos (suministro de petróleo en particular, pero también de los componentes electrónicos necesarios para los sistemas de información y comunicación utilizados por el ejército israelí).
Finalmente, es posible que los jueces nacionales que se mostraban reticentes a tomar decisiones encuentren ahora una razón adicional, que faltaba en el expediente hasta el 20 de noviembre, para pronunciarse en favor de las víctimas palestinas, de conformidad con la obligación general de los Estados de prevenir el crimen de genocidio y los crímenes de guerra. Cabe recordar que muchos soldados israelíes que exhiben en las redes sociales sus «trofeos» y sus crímenes de guerra en Gaza tienen otro pasaporte además del israelí y que acciones legales en su contra han sido iniciadas en algunos Estados de Europa (Nota 4).
A modo de conclusión: volviendo un momento a Costa Rica
Las razones por las que se redactó el precitado comunicado oficial de Costa Rica de esta manera ameritarían ser investigadas: como profesor de derecho internacional público (a menudo llevado a explicar a sus estudiantes el significado y el tipo de mensaje que un Estado pretende enviar al elaborar un comunicado de prensa jugando con la riqueza y los matices que ofrece el lenguaje en aras de modular y calibrar la señal que quiere enviar a los demás Estados), resulta más que sorprendente el poco cuido del aparato diplomático costarricense a la hora de elaborar y difundir un comunicado de prensa como ocurrió en este preciso caso.
Más allá de la forma precipitada con la que a veces se elaboran comunicados de prensa en algunas ocasiones, procediendo incluso a invocar principios jurídicos inexistentes (Nota 5), estas órdenes de arresto de la CPI también envían una señal inequívoca a Estados como Costa Rica que, por alguna razón, consideran oportuno negociar acuerdos bilaterales con las actuales autoridades de Israel y … anunciarlos en plena cumbre mundial: durante la reciente COP29 celebrada en Bakú, Azerbaiyán, Costa Rica sorprendió a muchos al anunciar la firma de un Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental (véase comunicado oficial de sus autoridades ambientales del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel). Por lo pronto, Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas (véase artículo publicado en el semanario Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar explicaciones).
En otro ámbito, Costa Rica está negociando con Israel un tratado de libre comercio desde varios años (véase comunicado oficial de las autoridades a cargo del comercio exterior de octubre del 2024) y no parece haber considerado oportuno ni prudente suspenderlas sine die.
– – Notas – –
Nota 1: El comunicado oficial de Costa Rica difundio el 22 de noviembre a las 12:59 pm (véase enlace oficial) se lee de la siguiente manera;
«Costa Rica respeta independencia judicial de la Corte Penal Internacional y confía en su integridad y la de sus funcionarios
San José, 22 de noviembre de 2024.Costa Rica participa de las organizaciones multilaterales de las naciones, incluyendo el sistema de justicia internacional, que es parte esencial de las mismas.
Hemos apoyado históricamente a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Penal Internacional (CPI)se instituyó luego de la segunda guerra mundial sobre los principios del Tribunal de Nuremberg, que establecieron claramente y por primera vez la responsabilidadpenal por crímenes internacionales.
La CPI, compuesta por jueces elegidos por la comunidad internacional, estudia situaciones remitidaspor Estados parte o por el Consejo de Seguridad de la ONU, investiga posibles crímenes internacionales (crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión) y luego si se cumplen requisitos formalesy encuentra probabilidad de comisión de crímenes internacionales, emite órdenes de arresto, que solamente indican que habrá un proceso judicial contra posibles responsables.
Hay presunción de inocencia, debido proceso, y todas las garantías judiciales.
La Corte se enfoca en las víctimas, y ante la Corte todas las víctimas tienen el mismo derecho a la justicia, sean de cualquier país, grupo étnico, religión, etc.
Costa Rica respeta la independencia judicial de la Corte Penal por lo que no considera apropiado emitir comentarios sobre sus decisiones.
Confiamos en sus magistrados y en la integridad de la institución y sus funcionarios.
Comunicación Institucional
458-2024 CR independencia judicial CPI
Viernes 22 noviembre 2024«
Nota 2: En la votación de esta misma resolución en el 2023, se lee en este comunicado de Naciones Unidas del 10 de noviembre del 2023 que: «On a point of order, Egypt’s delegate asked who requested the vote, to which the Chair responded that it was Israel. The resolution was approved by a recorded vote of 168 in favour to 5 against (Israel, Marshal Islands, Micronesia, Nauru and the United States), with 9 abstentions (the Democratic People’s Republic of Korea, Guatemala, Kiribati, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Tongo, Tonga and Vanuatu)«.
Nota 3: Véase nuestra breve nota al respecto: BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del nuevo veto solitario de Estados Unidos en seno del Consejo de Seguridad«, edición del 20 de noviembre del 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 4: En lo relativo a un soldado israelí que posee un pasaporte francés. véase esta notade Le Monde de abril 2024. En lo relacionado a dos soldados belga/isralíes,esta nota de JusticeInfo de octubre del 2024 detalla estos dos casos ante los tribunales belgas. Se lee que: «Il faut faire respecter le droit international pour forcer un cessez-le-feu et mettre fin à l’impunité qui nourrit les crimes suivants. La justice belge doit faire sa part du travail, aux cotés de la justice internationale«. El Reino Unido por su parte registra un centenar de sus nacionales en las filas del ejército de Israel enviado a comabit en Gaza (véase nota de prensa).
Nota 5: Con ocasión del ingreso de tropas especiales de Ecuador a la Embajada de México en Quito el 5 de abril del 2024, tuvimos la ocasión se registrar las diversas reacciones oficiales de Estados de América Latina y señalar el error conceptual, a nuestro modo de ver grave, contenido en el comunicado oficial de prensa elaborado y difundido por Costa Rica al señalar que: «Es posiblemente la primera vez que Estados refieren oficialmente a «la integridad territorial de una embajada«: véase BOEGLIN N., «A propósito del anuncio por parte de México de suspender sus relaciones diplomáticas con Ecuador«, edición del 6 de abril del 2024. Texto disponibleaquí.
Este martes 26 de noviembre, organizaciones comunitarias y ecologistas de distintas partes del país, llevaron a cabo una manifestación frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en rechazo a los proyectos de ley sobre energía 22.561 y 23.414, convocados por el Poder Ejecutivo para sesiones extraordinarias el pasado 1° de noviembre. Estos dos proyectos proponen abrir el mercado de la electricidad para las empresas privadas, con lo cual se abriría la puerta a la privatización del sistema eléctrico nacional. También, el proyecto 23.414 propone remover la rectoría del sector eléctrico del ICE, así como remover funciones, activos, sistemas y bienes muebles e inmuebles de esa institución, con lo cual se pondría el riesgo el servicio de electricidad público, solidario y al costo, con el que la población costarricense ha contado por más de 70 años, gracias al ICE.
Alberto Gutiérrez Arguedas, geógrafo de la Universidad de Costa Rica (UCR), que asistió a la manifestación, dijo que “no es exagerado hablar de un segundo combo del ICE por todas las implicaciones que tiene el proyecto 23.414 para el ICE y para el país”. También manifestó que “las implicaciones que han sufrido los demás países centroamericanos donde ya se ha sufrido un proceso de privatización de sus sistemas eléctricos, han sido realmente nefastas, en términos de calidad eléctrica y de las tarifas eléctricas. Lo que está en juego es muchísimo”.
Por otro lado, Maleza Barrantes, activista del Movimiento Ríos Vivos, también indicó que “estos proyectos de ley proponen que la electricidad deje de gestionarse como un bien común y como una necesidad del país que debe de ser cubierta y pretenden que esta pase a convertirse en un bien mercantil, dominada por las dinámicas del mercado y la generación de lucro de las empresas privadas”, también indicó que “abrir el mercado de la electricidad, promovería la proliferación de hidroeléctricas privadas en los ríos de nuestras comunidades, razón por la cual desde el movimiento Ríos Vivos nos oponemos rotundamente a estos proyectos”.
Así también, las organizaciones comunitarias y ecologistas presentaron, junto a la fracción del Frente Amplio, un proyecto de ley que pretende que se incorpore el concepto de “caudal ecológico” en el Código de Minería de Costa Rica, el cual es una ley planteada en el año 1982. La reforma, también incluye una mayor regulación sobre las corporaciones que extraen material de los ríos, y que así, estas no puedan obtener concesiones mineras si tienen algún proceso abierto con el Ministerio Público. Además, propone que se limiten las concesiones mineras colindantes que se puedan obtener por una empresa o una persona y su familia.
Dylanna Rodríguez, docente del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, explicó: “Empresas como MECO o H. Solís se vieron envueltas en presuntos casos de corrupción nacionales tan graves como el caso Cochinilla, y aun así, continúan accediendo a concesiones, extrayendo material de los ríos de nuestro país, enriqueciéndose con esa actividad y la exportación de materiales”. Agregó que “este proyecto se crea desde las comunidades, se crea en el río, se crea en la resistencia y en la indignación de todos los días de ver cómo los ríos que han sido utilizados de forma familiar y comunitaria, hoy día ya no pueden ser usados, por los impactos que ha tenido la minería no metálica en los ríos”.
Por otra parte, Danny Villalobos, geógrafo y activista de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, dijo “poblaciones de varias especies están siendo amenazadas por la minería no metálica en ríos, que genera extracción y sedimentos perpetuos que impiden a las poblaciones reproducirse y sobrevivir en ese ecosistema río”. También, denunció cómo en muchos estudios de impacto ambiental de proyectos de minería no metálica, se hace un uso superfluo de los datos biológicos de la zona que se propone afectar y que muchas veces, se desestiman los impactos sociales de estos proyectos y se otorga la viabilidad ambiental a pesar de la oposición de las comunidades.
La polémica por las rotondas en la ruta hacia la provincia de Limón sigue escalando. Grupos sociales y comunales se manifestaron para expresar su rechazo al proyecto de construcción de rotondas en la Ruta 32.
Rocío Ramírez Varela, representante del colectivo Mujeres en Lucha Social, manifestó en la protesta: «Hoy tuvimos una protesta pacífica en Liverpool para decir no a las rotondas. Esto no es un tema político ni partidario, es un tema del pueblo. Limón no quiere rotondas, no quiere retroceso. Con el financiamiento que dicen tener, hagan pasos a desnivel, porque no vamos a aceptar estas rotondas.»
Ramírez dejó claro que su oposición no responde a ideologías ni partidos políticos, sino a un interés colectivo de la comunidad limonense por evitar lo que consideran un retroceso en su desarrollo. La vocera instó a las autoridades a priorizar la construcción de pasos a desnivel, solución que, según los manifestantes, responde mejor a las necesidades viales de la región.
Por su parte, Mauricio Wilson, coordinador de la Unión Provincial de la Provincia de Limón (Uniproli), tomó una postura directa hacia las autoridades gubernamentales. En conferencia de prensa, expresó su descontento: «Señor Presidente, el nombre de Uniproli viene de líderes comunales que conocen la realidad de Limón. Aunque el 70% de los limonenses votó por usted, en tres años no hemos visto ni un empleo nuevo en la provincia.»
Wilson denunció, además, que las recientes declaraciones del Presidente de la República sobre el nombre de Uniproli, calificándolo de «sofisticado» en tono de burla, son una muestra de la falta de respeto hacia los movimientos sociales. Según el coordinador, esta actitud refleja una desconexión entre el gobierno central y las necesidades reales de los habitantes de Limón.
En relación con las amenazas de sanciones legales por futuras manifestaciones en la Ruta 32, Wilson enfatizó que la comunidad no cederá en su lucha: «Si ocurre una tragedia en una de esas rotondas, asesoraremos a las familias para que demanden al Presidente, al Ministro de Transportes y a los seis alcaldes de Limón.»
El líder comunal también cuestionó la transparencia de las autoridades respecto al financiamiento del proyecto vial, señalando inconsistencias entre las promesas iniciales y las recientes declaraciones del Ministro de Obras Públicas y Transportes. Wilson acusó al gobierno de incumplir con el presupuesto previamente anunciado para las obras complementarias.
En medio de esta creciente tensión, los manifestantes han reiterado que su lucha no es partidista, sino un llamado a soluciones efectivas que consideren las realidades de la provincia. Para ellos, las rotondas representan un gasto innecesario y un riesgo para la seguridad vial, mientras que los pasos a desnivel, según su perspectiva, serían una inversión más adecuada y eficiente.
El próximo viernes 29 de noviembre a las 2:00 p.m. en la soda de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se realizará la presentación de cortometrajes del documental “From Ground Zero”, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Le invitamos a asistir, ya que también se contará con un espacio de conversatorio.
El viernes 29 de noviembre de 5 p.m. a 7 p.m. en la Cancillería (Casa Amarilla) se llevará a cabo una actividad pacífica de solidaridad con Palestina, en el marco de las negociaciones del tratado de libre comercio con Israel.
Esta manifestación se debe a que el pasado 22 de noviembre el gobierno de Costa Rica contestó la solicitud formal de la organización Red de Solidaridad con Palestina sobre el tratado con Israel, indicando que mediante jurisprudencia de la Sala Constitucional, la documentación que se solicitó será tratada como secreto de estado.
El llamado del movimiento que promueve la solidaridad con Palestina es el siguiente: “No permitamos que se hagan negocios con criminales de guerra y genocidas, y tampoco permitamos que se negocie a oscuras un TLC con un estado y gobierno perseguidos por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional”.
Le invitamos a esta manifestación, la cual es apta para todo el público con diversas participaciones culturales El llamado es a formar parte de esta jornada internacional de solidaridad.
En un recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional, Renier Canales Medina, usuario del servicio público de transporte, demandó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), a su regulador general, Eric Bogantes Cabezas, y al intendente de transportes, Edward Araya Rodríguez. Canales alega la violación de derechos constitucionales, incluyendo la participación ciudadana y el debido proceso, en relación con un controvertido aumento tarifario en la ruta de autobús San José-Bolsón.
Canales denuncia que las comunidades de Bolsón, Ortega, Santa Bárbara, San Antonio, Corralillo y Quebrada Honda, en Guanacaste, han sido gravemente afectadas por decisiones administrativas que alteraron la operación de la ruta 1501, previamente independiente. Según el recurso, el Consejo de Transporte Público (CTP) eliminó la ruta y la fusionó con la 1502, operada por la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG), sin realizar consultas públicas.
Lo más preocupante, según el documento, es el incremento abrupto de la tarifa: de 1,000 colones a 6,860 colones, lo que supone un aumento superior al 580%. Canales destaca que la ARESEP aún reconoce en su página web la tarifa de 1,000 colones como vigente, mientras TIG cobra el nuevo monto, lo que constituye un acto ilegal y desproporcionado.
El recurso señala que la empresa TIG, con el aval del Intendente de Transportes, solicitó y aplicó la tarifa más alta sin someterse a un proceso formal de fijación tarifaria, el cual incluye la obligatoriedad de una audiencia pública. Canales adjunta pruebas documentales, entre ellas fotografías de tiquetes de autobús y comunicaciones oficiales, que evidencian el cobro irregular.
El recurso enfatiza que las comunidades afectadas se encuentran entre las más pobres del país, según el Informe del Estado de la Nación. Además, estas áreas han sufrido recientemente los estragos de fenómenos climáticos, agravando su situación económica. Canales advierte que el incremento tarifario prácticamente imposibilita a los habitantes utilizar el transporte público, afectando su acceso al trabajo, la educación y otros servicios básicos.
En el marco del 29 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Seccional de ANEP, denominada “ANEP-JOVEN” invita al conversatorio sobre los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres en los espacios políticos.
El lugar donde se desarrollará la actividad será en las instalaciones de la ANEP, a las 2:00 pm.
En una lucha que ha unido a vecinos de diversas comunidades, organizaciones ambientales y especialistas en ecología, la instalación de un relleno sanitario en Piedras Blancas ha generado un rechazo masivo en la Zona Sur. La empresa Nova Tierra Energy S.A., promotora del proyecto, planea construir y operar un sistema de gestión de residuos que, según los opositores, podría comprometer la biodiversidad única del área, que alberga el 2.5% de las especies del planeta.
El proyecto, aprobado por SETENA, ha sido severamente cuestionado por inconsistencias legales, como la autorización para operar sobre cuerpos de agua de dominio público y la omisión de una audiencia pública para las comunidades afectadas. “Es un crimen ambiental que no permitiremos. Nos enfrentamos a un ecocidio en una de las zonas más ricas en biodiversidad de Costa Rica”, señaló un portavoz de los Gestores Ambientales del Sur (GAS).
Lo anterior, establece tres puntos importantes:
Impactos legales y ambientales: El diputado Ariel Robles Barrantes presentó un recurso de nulidad contra la resolución de SETENA, argumentando que el proyecto contraviene leyes nacionales, como la Ley Forestal y la Ley de Aguas. Además, expertos han señalado que los vertidos planificados al río Salamá Viejo —afluente del Humedal Térraba-Sierpe— violan la normativa que protege estos ecosistemas.
Oposición comunitaria y política: La indignación de las comunidades quedó evidente en una reciente sesión del Concejo Municipal de Osa, donde más de 400 firmas fueron presentadas en rechazo al proyecto. “La gente está cansada de que nuestras riquezas naturales sean sacrificadas en nombre del lucro privado”, dijo una líder comunal durante la reunión. A pesar del respaldo técnico otorgado por algunas autoridades, las comunidades insisten en que los riesgos son demasiado altos. “No tienen capacidad hidráulica para el agua necesaria, y el daño a los ecosistemas es irreversible”, advirtió otro residente.
Un llamado a la acción Con la última palabra en manos de la Municipalidad de Osa, las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro del proyecto. Las comunidades han convocado nuevas manifestaciones y piden apoyo nacional e internacional para proteger lo que consideran “un patrimonio biológico invaluable”.
Por lo tanto, la situación en Salamá, Osa, refleja un choque entre el desarrollo económico privado y la conservación del medio ambiente, poniendo de manifiesto las deficiencias en los procesos de evaluación ambiental y la falta de participación ciudadana. Las comunidades locales, lideradas por organizaciones como los Gestores Ambientales del Sur, han demostrado una notable movilización para defender sus derechos y proteger un ecosistema que no solo pertenece a Costa Rica, sino al patrimonio natural global. Este caso subraya la necesidad de garantizar que los proyectos de desarrollo respeten las leyes ambientales, los principios de precaución y la transparencia, priorizando siempre el bienestar de las generaciones presentes y futuras frente a intereses económicos.
Imagen con fines ilustrativos.
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