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Autor: María José Ferlini Cartín

Las universidades públicas convocan a una marcha en defensa de las inversiones del país en educación

Tanto estudiantes como funcionarios docentes y administrativos participan activamente en las marchas que han convocado las universidades públicas. A estas actividades también se unen diversos grupos y colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos y público en general. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Los rectores y la rectora de las instituciones de enseñanza superior mantienen una fuerte posición a favor del desarrollo de Costa Rica

Educación hoy, paz mañana

Por primera vez en la historia democrática de Costa Rica, el Poder Ejecutivo no logra consensuar el acuerdo anual que invierte los recursos públicos necesarios para el correcto funcionamiento de las cinco universidades estatales, al que se le denomina Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Las negociaciones que se dan en conjunto entre las cinco universidades reunidas en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las representaciones del Gobierno, dentro del marco de la denominada Comisión de Enlace, resultaron infructuosas debido a la intransigencia del Poder Ejecutivo para otorgar un aumento que al menos contrarreste el aumento por el costo de vida.

Y es que según el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica, el cual se publicó en el mes de julio pasado, la expectativa de inflación para finales del 2024 será de 3,1 %; el Gobierno dijo a las universidades que solamente propone dar un aumento del 1 % para el FEES, lo que pone en una grave posición el accionar de las universidades, por lo que tal propuesta fue rechazada de forma tajante por el Conare.

Inclusive, el mandato constitucional dicta que el Estado debe aportar el 8 % del PIB para la educación pública, desde donde se obtiene el FEES para las universidades, pero esta ley no se ha cumplido y perjudica el quehacer de las universidades públicas en sus cinco actividades sustantivas: Acción Social, Docencia, Investigación, Vida Estudiantil, y Administración.

Cuadro 1. Información tomada de UCR en cifras, fuente: Oficina de Planificación Universitaria UCR.

De tal forma, las cinco universidades estatales han convocado a una marcha nacional en defensa de la inversión en la educación pública, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de agosto. La comunidad universitaria de la UCR saldrá desde el Pretil de la Escuela de Estudios Generales a las 9 a.m. y se dirigirá hacia el Parque de la Democracia, en San José.

Un aporte económico estatal que viene en declive

Esta movilización social responde a los múltiples intentos del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles, por desfinanciar y desmantelar la educación pública universitaria, en beneficio de algunos sectores privados que quieren lucrar con este derecho constitucional y obtener enormes beneficios económicos.

Cuadro 2. Información tomada de UCR en cifras, fuente: Oficina de Planificación Universitaria UCR.

Por ejemplo, una de las nefastas consecuencias que se obtiene de estas políticas, además de la baja en la calidad de la educación pública, es una amplia desigualdad de oportunidades para las y los jóvenes que buscan, por medio de una carrera universitaria, convertirse en profesionales y así alejarse de la pobreza y de la delincuencia.

Una educación universitaria pública fortalecida es garantía de paz, seguridad, desarrollo e inclusividad para Costa Rica, y los próceres que elaboraron y firmaron la Constitución Política lo tenían muy claro, por lo que buscaron blindar con leyes esa importante inversión en educación que debe hacer el país, para asegurar un buen futuro para todas las generaciones.

¡Una educación superior pública de calidad es de tod@s y es para tod@s! Defendámosla en todos los espacios, incluyendo en las calles… ¡acompáñenos en la marcha del 28 de agosto!

Cuadro 3. Información tomada de UCR en cifras, fuente: Oficina de Planificación Universitaria UCR.

Convocatoria a la marcha: Educación hoy, paz mañana

Cuándo: 28 de agosto, 2024
Hora: 9:00 a. m.

Quiénes: las cinco universidades públicas se encuentran en la Fuente de la Hispanidad

Otto Salas Murillo
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Educación y sociedad

Se les invita a todas las personas a ver el programa “Alternativas» donde se trabaja el tema de “Educación y sociedad” y se abordan temas importantes de la educación costarricense. Se discute sobre temas que afectan a gran escala el desarrollo educativo y social de las personas con base al debilitamiento educativo que se ha estado viviendo desde los últimos años. La nota está a cargo de Mariangel Zuñiga, María Clareth Calderón Monge, Mario Valverde y Pedro Vengas.

Se hace mención a la problemática que actualmente se está viviendo con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y las trabas que el gobierno ejerce sobre estos fondos. Para este año, se ha estado negociando por elevar el porcentaje que el estado brinda para la educación, sin embargo, este se ha venido abajo desde los últimos años. Se han hecho  4 negociaciones sin éxito y por primera vez, se hará una quinta intervención en asamblea legislativa. Cabe mencionar que el gobierno no permitió el ingreso de la prensa a estas negociaciones, provocando un descontento ya que se está negando el derecho a la comunicación.

El rezago después de la pandemia ha sido parte de esta discusión, ya que se hace mención sobre cómo los estudiantes salen de los colegios públicos cada vez con una educación más atrasada en comparación a los años anteriores. Esto genera inquietud por parte de las personas académicas ya que va a tener un fuerte impacto en el ámbito laboral en los próximos años.

El gobierno ha hecho recortes en todas las áreas educativas, provocando el debilitamiento del Ministerio de Educación Pública (MEP). Esto se ve reflejado en las instalaciones alrededor del país donde se imparten clases, la falta de infraestructura y recursos crea rezagos para los estudiantes, además de la falta de ayuda financiera. Todas estas problemáticas desmotivan a los estudiantes provocando una deserción cada vez mayor.

En el siguiente enlace podrán encontrar toda la videoconferencia completa con más detalles y tener un panorama más amplio de lo que sucede actualmente con la educación en Costa Rica: https://www.facebook.com/share/v/StPQSzsUFFDsW9MW/?mibextid=qi2Omg

Comunicado para habitantes, dueños de negocios, finqueros, beneficiarios de bonos de vivienda en los terrenos ubicados en la finca propiedad de JAPDEVA

Comunicado

Lunes 19 de agosto de 2024

Este es un comunicado muy importante para todos los habitantes, dueños de negocios, finqueros, beneficiarios de bonos de vivienda en los terrenos ubicados en la finca propiedad de JAPDEVA.

JAPDEVA tiene un nuevo y ya aprobado reglamento para el cobro del arriendo en terrenos de JAPDEVA, publicado en la Gaceta el día 8 de agosto del presente año.

Un reglamento que nos perjudica a todos y todo el esfuerzo de años de trabajo, tiempo, dinero de cada uno de nosotros, con estos nuevos reglamentos JAPDEVA simplemente nos pueden despojar de nuestras casas, negocios, fincas ya que ellos pueden prescindir de los contratos de arrendamiento cuando ellos quieran.

La elaboración de este reglamento fue un acto completamente autoritario y unilateral, ya que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de las personas ciudadanas según los Artículos 9, 11 y 50 y no incluyeron a la ciudadanía en la realización de este donde han violentado los principios dentro del marco constitucional que establecen la participación ciudadana y la rendición de cuentas dentro de la República Participativa como lo es el gobierno de Costa Rica la cual debe de participar según la constitución y fue sólo una junta directiva la que tomó las decisiones.

Se establece también una tabla de cobros que no es clara y presenta muchas dudas ¿Cuál fue el criterio para establecer esos montos?

Todo esto nos deja a las Personas Ciudadanas de las zonas costeras en bienes administrados por JAPDEVA en extrema vulnerabilidad, desprotección e inseguridad jurídica de techo, trabajo porque ellos pueden venir como arrendadores a sacarnos sin ningún temor ni responsabilidad civil.

Esto no es un tema de marchas ni manifestaciones desgastantes, ni mucho menos un tema que se reduce a bonos de vivienda. Esto es un tema de ejercicio de poder del ciudadano como así lo establece la constitución de nuestro país que esta por encima de todo proceso legal.

Por lo cual la Ciudadanía en el ejercicio constitucional debe convocar una rendición de cuentas de las decisiones tomadas por parte de la Directiva de JAPDEVA.

Por esto queremos invitarlos a todos este próximo sábado 24 a una reunión en el gimnasio del colegio de Barra de Parismina a las 5 de la tarde para poder ampliarles más sobre el tema, ver cuál es la ruta que vamos a seguir y luchar por lo que nos ha costado tanto a todos.

María Fernanda Vargas Cabalceta
Presidenta ADI Barra de Parismina

«Los pueblos que no defienden lo suyo, terminan siendo inquilinos en su propio país» – Juan Mora Porras.

La educación pública y el FEES en su legado social

Dra. Lilliam Quirós Arias
Académica
Universidad Nacional
20-agosto 2024

La educación es la inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades equitativas, democráticas y prósperas. En tiempos en los cuales la educación pública se ve constantemente atacada, debemos recordar que son muchas las personas estudiantes que han encontrado las posibilidades de formación en la carrera que desean. Desde las universidades públicas, se forjan al servicio de la sociedad costarricense personas graduadas con una gran calidad académica, un alto nivel de compromiso y con gran sentido ético y humanista.

Desde las universidades públicas se forman profesionales que entienden las necesidades y aportan a la resolución de los principales problemas que enfrenta el país. Entre ellos; la crisis ambiental y social, el cambio climático y sus afectaciones en los sistemas agroalimentarios, las poblaciones, los ecosistemas, el incremento de los desastres naturales; la degradación de los recursos naturales, el debilitando la agricultura familiar y la agricultura en general, el despojo a los campesinos de sus tierras, la expansión desaforada de las transnacionales, el uso excesivo de agroquímicos en detrimento de sistemas sostenibles como la agroecología, el incremento de la violencia, tanto doméstica como criminal, es una preocupación creciente, el desempleo, especialmente juvenil, es un desafío importante, especialmente en ciertas regiones del país, la percepción de corrupción es un problema que afecta la confianza en las instituciones y dificulta el desarrollo del país, el aumento de la pobreza y la desigualdad, que generan como consecuencia migraciones, formación de profesionales en contextos de empleabilidad cada vez más demandantes, complejos y dinámicos. entre otros.

A pesar del gran legado social, la educación pública históricamente ha requerido luchar por su presupuesto. En los últimos cuatro años, la asignación presupuestaria decrece cada vez más, llegándose a fijar una partida muy por debajo del 6% de PIB. Cada vez con mayor desprecio la universidad pública es atacada por quienes no conciben la educación como ese vehículo de movilidad social, por aquellos que han tenido el privilegio de educarse en instancias privadas o fuera del país, que no requirieron una beca, y de familia con solvencia económica; esos son los que están debilitando la educación pública, y unos cuantos que estudiaron en la universidad pública pero que olvidaron lo que recibieron en su formación; esos y esas son lo que no consideran la educación pública como un bien social, un bien público. La educación, sin duda, constituye un derecho fundamental de cualquier ordenamiento democrático, por ello, esperamos que los legisladores de la Asamblea Legislativa sean conscientes de que si no se asignan los recursos del FEES como corresponde, estaremos ante un gravísimo retroceso de los recursos destinados a la educación pública con terribles consecuencias en el desarrollo económico, social y humano del país, afectando intensamente la condición de los sectores más vulnerables.

Es así como enfrentamos un contexto de país, cada vez más fragmentado, dividido, desigual, inseguro producto del debilitamiento de los principales ejes transformadores de la sociedad costarricense, la educación, la salud y la cultura. Específicamente en la educación, esto se refleja en el Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), que son los recursos económicos que destina el Estado para el fortalecimiento de la educación superior pública. Para recibir los recursos del FEES, consignados por mandato constitucional, lamentablemente los sectores beneficiarios han luchado por ellos, con el apoyo de toda la comunidad universitaria.

Por tanto, en este momento crítico en que nuevamente el gobierno de turno niega ese derecho constitucional; la educación superior pública cuenta con cada uno y una de las personas universitarias y ciudadanas como aliadas en este incansable camino hacia el derecho a la educación pública de calidad y socialmente democratizante, una lucha que incluye el futuro de nuestros hermanos, hijos, sobrinos, nietos quienes todavía y siempre requerirán la educación pública. Contamos además con el apoyo de nuestras comunidades, nuestras poblaciones, ellos seguirán apostando por la universidad pública.

La lucha por el derecho a la educación superior es cada vez más imperante. A la pregunta ¿Porque es importante el aporte del FEES a la educación superior? La respuesta es simple, sin el FEES la educación pública en Costa Rica no existe, alejando a miles de jóvenes de la posibilidad de una educación de calidad.

La Red de Mujeres Rurales y ecologistas solicitan justicia para Jerhy Rivera

En la mañana del martes 20 de agosto refrentes de la Red de Mujeres Rurales, la Federación Costarricense de Conservación de la Naturaleza (FECON) y el Frente Nacional de Lucha se manifestaron fuera de los Tribunales de Justicia en San Isidro de Pérez Zeledón en el marco del segundo juicio por el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera Rivera el 18 de marzo d 2019. Las organizaciones sociales piden justicia para el líder indígena y castigo para el responsable.

Jerhy Rivera Rivera, fue asesinado con cinco disparos en la zona de Térraba el 24 de febrero del 2020 pese a gozar de medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde abril de 2015, salvaguardas que no lo salvaron de las balas.

Este esta es la segunda vez que se repite el juicio contra el asesino confeso, Luis Eduardo Varela Rojas, quien en una actividad el 18 de agosto 2022 confesó haber asesinado al líder indígena Jerhy Rivera de la Mesa Técnica Interinstitucional para la Construcción de la Ruta de Trabajo y la Atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural, en la Escuela Rogelio Fernández, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

En una cuestionada resolución el 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, dejó en libertar a Varela Rojas y ordenó la iniciar el nuevamente el juicio debido a que «al determinar que se presentaron vicios en la valoración de la prueba” se puede leer en la resolución número 2023-262, del expediente, 20-000108-0990-PE.

Esta resolución que echó para atrás la sentencia del Tribunal Penal de Pérez Zeledón en la que Varela Rojas había recibido una condena de 20 años por el delito de homicidio calificado, dos años por portación ilegal de armas y 15 días por amenazas agravadas en perjuicio de Melisa Garbanzo, testigo del Ministerio Público.

El crimen contra Jerhy Rivera Rivera se sumó al asesinato de otro líder indígena del Territorio de Salitre, Sergio Rojas, integrante del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) ultimado a disparos en su casa la madrigada del lunes 18 de marzo de 2019 en la localidad de Yery del cantón de Buenos Aires.

Esta mañana, Fany Reyes, líder de la Red de Mujeres Rurales, fue enfática en señala que “estamos acá para reclamar justicia para el compañero recuperador del territorio de Térraba: Jehry Rivera Rivera”. Reyes además señaló que además el asesinato de Sergio Rojas sigue impune. “Justicia, justicia no más impunidad gritaban frente a los Tribunales de en Pérez Zeledón las y los manifestantes ante el segundo juicio contra Varela.

Rodrigo Chaves en hora tatá

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

Denuncia por acoso laboral a la presidencia del Seguro Social.

Wilburg Díaz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, no aguantó más, acusó de acoso laboral a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la institución.

La situación la analizará el Consejo de Gobierno, en otras palabras, lo que decida el gobernante y punto.

El asunto pinta bonito, a lo mejor, contrario a su estilo, de manera diplomática, olímpica, Chaves se sacude de la ineficiente jerarca o le hace la masa aguada para dejarla en el puesto.

Ridículo.

Marta Esquivel ha dejado en ridículo a su jefe, montó un show para anunciar el combate a las listas de espera y siguen creciendo como las espumas.

Con bombos y platillos proclamó a los cuatro vientos la venta de medicinas a los más bajos precios nunca vistos, ahora a buscarlos en la estratosfera.

Se iba a descarrilar el nuevo hospital de Cartago, renqueando, a disgusto de Chaves, siguió el proceso aprobado por la Junta Directiva, antes de sustituir a algunos miembros por los nuevos siervos menguados.

Todo puede pasar con este nuevo sainete, mi padre iletrado, pero sabio varón, repetía la máxima: “Mejor enemigo vivo a amigo tonto”.

A esperar por donde se decanta Chaves.

Movilización Nacional por la Educación Pública y la Agenda Social de Costa Rica

El próximo miércoles 28 de agosto se llevará a cabo una movilización en San José, comenzando a las 8:00 a.m. en el Parque de la Merced y dirigiéndose hacia la Asamblea Legislativa.

Además, el próximo jueves 29 de agosto se llevarán a cabo acciones regionales en todo el país.
El propósito de las movilizaciones del próximo miércoles 28 de agosto y las acciones regionales del jueves 29 de agosto es impulsar un Pacto Nacional por la Educación Pública y una Transformación Tributaria Justa en Costa Rica. Se exige el cumplimiento del 8% constitucional del PIB destinado a la educación pública.

Diversas organizaciones del magisterio, estudiantes y universidades públicas han impulsado un Pacto Nacional por la Educación Pública para enfrentar la grave crisis educativa en Costa Rica. Este proceso, iniciado en junio de 2023, busca garantizar la calidad y gratuidad de la educación pública. El 6 de agosto, se realizó una reunión en la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), donde se acordaron movilizaciones en San José el 28 de agosto y acciones regionales el 29 de agosto, con el objetivo de defender la educación pública y abordar temas críticos como la seguridad social y alimentaria.

APSE Sindicato, por su parte, también hace un llamado a su afiliación activa y jubilada a sumarse a las acciones regionalizadas de lucha en defensa de la educación pública, que se realizarán el jueves 29 de agosto de 2024 en todo el país. Además, invita a estar atentos a los próximos llamados en Defensa de la Educación Pública que se están organizando para continuar con las acciones de lucha.

¡Educación hoy, paz mañana!

Si desea asistir al evento, confirme su asistencia a través del siguiente enlace: Movilización Nacional por la Educación Pública y la Agenda Social de Costa Rica

La casa de Loida

Manuel Delgado

“Oscilaréis de nuevo abriendo el alma”, les dice Neruda a las puertas viejas, de desecho, rescatadas del olvido para servir a su casa nueva de La Sebastiana de Valparaíso, un viejo inmueble que él rehízo con retazos encontrados aquí y allá, todos muy cerca de los basureros.

“Saldréis de ese estado cercano a muerte para recrear los sitios donde se generó la vida”, parece decir Loida Pretiz en su nueva exposición que lleva, por cierto, el más simple y el más complejo de todos los nombres: se llama “Casa”.

Hacía tiempo que no me conmovía tanto una exposición plástica como lo ha hecho esta. En ella Loida recoge pedacitos de madera vieja, partes de puertas y marcos de ventana, detritus y olvido, y con ellos reordena el recuerdo, el lugarcito donde tomábamos el café de media tarde, el cacho del piano donde papá nos tocaba todas las noches, al lado de comedor, la cama que compartíamos con los niños, la ventana por la que se asoma una mata cercana o una montaña que nos saluda desde la lejanía, la sala, a veces completa, a veces apenas insinuada, el dormitorio.

Es una recopilación de los recuerdos, que dejan de ser cosa del pasado y que gracias al arte, a ese talento y esa dulzura propios de Loida, se nos vienen encima en el presente y nos envuelven en el abrazo cálido del hogar.

Vuelvo a Neruda, pero a otro poema también dedicado a la madera: “Debajo/ de la pintura sórdida /adivino tus poros, /ahogada me llamas/ y te escucho,/ siento/ sacudirse/ los árboles/ que asombraron mi infancia…” No hay olor en los cuadros de Loida. Ese aroma del bosque se disipó posiblemente hace mucho tiempo. Pero no hace falta. Hay un olor a café fresco, a sábana limpia, a ternura, a hogar; un olor que supera el paso del tiempo y que nos vuelve a traer la suavidad y la fortaleza de la madera y, a través de ella, el humus y el bosque todo.

Los invito a disfrutarla. Creo que es un hito de la creación artística reciente.

Ah, está en Museo Calderón Guardia.

El fraude de ley en el proyecto de la Jornada de 12 horas

Vladimir de la Cruz

La Asamblea Legislativa conoce, nuevamente, un Proyecto de Ley, el N.º 24. 290 sobre las jornadas esclavista de trabajo de 12 horas diarias, llamada jornada 4-3, que se denomina “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales, para casos que sean excepcionales y muy calificados”. La intención de establecer este régimen de trabajo viene desde el año 2004. Ha cobrado fuerza en los últimos años y bajo este gobierno, con apoyo del Partido Unidad Social Cristiana, Nueva república, del Liberal Progresista y algunos diputados de Liberación Nacional.

En la exposición de motivos que trata de justificar este Proyecto de ley no se precisa cuáles son los casos determinados, los casos excepcionales y los casos muy calificados de las industrias o actividades económicas que requieren estas jornadas de 12 horas diarias. No se trata de hablar o indicar tan genéricamente esas empresas, como decir las de la industria o elaboración de materiales médicos, que no se pueden precisar ni señalar empresas, con nombre y apellidos. En la generalidad de estos conceptos está la trampa que quieren meter de establecer la jornada de trabajo de 12 horas para todo el país, para todas las formas de trabajo que se llevan a cabo en las actividades económicas y productivas que tenemos en el país, como una puerta abierta y única para las futuras contrataciones laborales.

Sin en verdad hay honradez y honestidad en que es para ciertas empresas, entonces que se diga cuáles son esas empresas, que trabando 24 horas diarias necesitan estas jornadas de dos turnos de trabajadores de 12 horas cada turno. Se dice, por los defensores de las esclavistas jornadas de trabajo, que esas son empresas extranjeras, principalmente. La justificación debe acompañarse con la demostración qué en los países de origen de esas empresas, esas empresas, en esos países, tienen establecida esa jornada de trabajo.

Así, por ejemplo, si son empresas de Estados Unidos, que demuestren que en Estados Unidos esas empresas tienen establecidas esas jornadas para sus trabajadores.

En el Proyecto de Ley se señala que el 70 % de las empresas extranjeras en el país estarían dispuestas a aplicar estas jornadas de trabajo. Digan cuáles. ¿Por qué no lo pueden precisar? Porque no es cierto.

Se dice por la Inversión Extranjera Directa, que se promueve hacia el país, que esta jornada es un atractivo para esas empresas que se desea vengan al país. Esto tampoco es cierto.

Ninguna de las instituciones o empresas nacionales que promueven, como CINDE o PROCOMER; ni siquiera los agentes comerciales de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también promueven negocios para el país, o sus grupos empresariales, de atracción de capitales extranjeros, por inversión, en industrias, empresas, nuevos procesos de producción, puede ofrecer estas jornadas de trabajo, porque no existen, en la legislación costarricense. Ni puede ofrecer que se van a establecer por reformas legislativas, que pueden no materializarse.

Al contrario, cuando se le habla a empresarios y representantes de empresas extranjeras se les señala la legislación laboral y social que debe cumplirse obligadamente en el país. Ninguna de las empresas que hoy forman parte de las Zonas Francas, ni de las que están amparadas a este régimen especial de inversión extranjera, llegaron a Costa Rica porque se les ofrecían jornadas, en su momento de establecimiento o hacia el futuro en turnos de 12 horas diarias.

Es absurdo el argumento de que las jornadas de 12 horas diarias darán mayores oportunidades de empleo. De hecho, reducen el personal de trabajo, en un turno de ocho horas. Es decir, qué si una empresa trabaja tres turnos de ocho horas seguidas, alternando trabajadores en cada turno, al establecer dos turnos de doce horas evidentemente eliminan un turno de ocho horas, porque a esos trabajadores no los subsumen en la jornada de 12 horas, cuando ya está establecido que el número de trabajadores es determinado para cada turno. Las enfermeras del país, por ejemplo, en los hospitales trabajan tres turnos de ocho horas: cada turno inicia a las seis de la mañana, a las dos de la tarde y a las diez de la noche, para lo que se pagan salarios específicos de jornada diurna, mixta y nocturna, que están establecidos en las leyes. Esto es lo correcto. Cómo es correcto que se paguen horas extras, después de las ocho horas, hasta un máximo de cuatro horas, con un 50% de valor adicional por cada hora de trabajo extra.

En la exposición de motivos, que trata de justificar la jornada esclavista, se señala que en una encuesta realizada a 323 personas “que laboran en este tipo de jornadas 4×3” les gustaría seguir trabajando en esa modalidad. Y, a renglón seguido, dicen que esas personas mencionaron que “más tiempo libre, tiempo para estudiar, tiempo en familia, ahorro en transporte, espacio para hacer diligencias, realizar deporte, entre otros.”

En la realidad esto no es cierto. Primero, que lleven a la Comisión parlamentaria a algunos de esos trabajadores para que sean interrogados por los diputados, para ver si existen esas personas y para ver sí es cierto que estudian, que comparten más en familia, que pueden tener más tiempo para realizar diligencias, deportes y otras cosas. Segundo, no hay ninguna infraestructura educativa, escuelas o colegios nocturnos, para que los trabajadores de estas jornadas de trabajo puedan asistir los tres días a la semana que les quedan libres, ni siquiera están esas estructuras educativas adaptadas para trabajar en esos días, o en los días que laboran normalmente doce horas. La realidad es que las escuelas y colegios nocturnos han desaparecido de hecho. Y la realidad también es que el proceso educativo nacional está organizado para trabajar de lunes a viernes en horarios diurnos, principalmente matutinos.

¿El tiempo en familia cómo se determina para justificar esta jornada? No se dice, ni se puede justificar. Un padre o madre ausente, durante 12 horas de su hogar, no puede tener ningún tiempo de familia, con su otra pareja, si la tiene, de matrimonio, de la relación con sus hijos. Del cuido efectivo de esos hijos. No hay una red nacional de cuido social de niños por el trabajo de sus padres. Hace muchos años se eliminaron las guarderías infantiles que tenía el Ministerio de Trabajo, que laboraban desde las 6 a.m. hasta la 5 p.m., que eran muy buenas. Tuve a uno de mis hijos en una de estas guarderías en Zapote. Las fábricas y empresas no las tienen. Tendrían que organizarlas para atender por el tiempo de trabajo de las 12 horas, especialmente en la jornada diurna, a los trabajadores que las necesitaren, y hasta deberían tener espacios para desarrollar una Aula Escolar, a manera de las de Maestro único, para atender igualmente a niños en edad escolar, de primero a sexto, que podrían acompañar sus padres, en ese sentido a sus trabajos.

En la justificación del proyecto de ley se señala la necesidad de la jornada de doce horas obedece entre otras cosas a la “racionalización de costos”. Dicho más claro, para ahorrar en salarios pagando menos trabajadores y poniéndolos a trabajar más horas, con menor pago por jornada de doce horas.

Se dice en esa justificación que la jornada de doce horas será voluntaria, “jamás obligatoria”. En la realidad esto no será cierto. Incluso se dice en la justificación que para los que no acepten la jornada de 12 horas habrá turnos de ocho. Entonces, ¿para qué la jornada de doce horas se promueve como una jornada general y universal? La realidad va a ser la siguiente: a un trabajador le ofrecen trabajar doce horas, cambiándole su jornada. Lo hace por un “período de prueba” de tres meses. A los tres meses el trabajador decide que mejor sigue con la jornada de ocho horas. El patrono, en ese momento le dice que no, que le va a pagar las prestaciones legales que le corresponden, lo “echan” del trabajo, y al nuevo trabajador que sustituye a éste, le ofrecen solo la jornada de doce horas, la que tiene que aceptar a la fuerza, porque no hay otra opción. Así va a funcionar este sistema.

Las empresas que hoy requieren mano de obra para tres turnos de trabajo, de ocho horas, así los contratan, trabajando siete días a la semana. Esto no es novedoso. Existe. Es legal.

En la justificación de esta ley se señala que hay “flujos de trabajos inestables” por los que se requiere esta jornada de trabajo de doce horas. ¿Cuáles son esos trabajos inestables? ¿Por qué para trabajos inestables se necesitan jornadas de trabajo de 12 horas?

El proyecto de ley que se quiere establecer de jornadas de 12 horas es absolutamente irrazonable, ilegal e inconstitucional. Irrazonable por cuanto afecta la humanidad y la calidad de vida real del trabajador y su familia, ilegal e inconstitucional porque por un fraude de ley, como se está camuflando este proyecto de ley, se viola la Constitución Política modificando artículos del Código de Trabajo, justificando para ello que el Artículo 58 de la Constitución se permite, excepcionalmente, en caso “muy calificados” se puedan dar otras modalidades de jornadas ordinarias de trabajo, “que no podrán exceder de ocho horas diarias de trabajo”.

La trampa del proyecto de ley está también en que la Constitución Política establece jornadas semanales máximas de 48 horas para trabajos diurnos y de 36 para nocturnos, y que el proyecto de ley de las jornadas de 12 horas señala la jornada de 48 horas y de 36 concentradas en las doce horas, de trabajo diurno como de nocturno respectivamente.

Por eso, para avanzar en esta discusión, si eso se quiere aprobar, se debe precisar cuáles son las jornadas laborales excepcionales, para los casos de trabajos que sean excepcionales y muy calificados. Qué se digan cuáles son.

Continuaré la próxima semana comentando este Proyecto de Ley, al que la Iglesia Católica, valientemente, ya ha objetado. Sobre esto también opinaré.

UCR, Voz experta: las fuerzas del aparato de propaganda del Ejecutivo se volcarán contra las Universidades

Dr. Gabriel Macaya Trejos. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Educación hoy, paz mañana

La presente campaña electoral en la UCR debe ser un momento de lucidez y acción institucional

Hace justo dos años, cuando, tardíamente, se iniciaba en la Comisión de Enlace la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior, escribía que “Negociar, según la segunda acepción del Diccionario de la Real Academia Española, significa tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro. Debería ser un proceso de diálogo honesto, claro, basado en datos y hechos que lleve a un acuerdo entre las partes. Puede ser corto, en el que las partes llegan a un acuerdo rápido o lento con muchas discusiones, propuestas y contrapropuestas. No es, ni debería ser uno en el que una de las partes imponga sus condiciones. Debe prevalecer un interés común, en el caso de la negociación del FEES, más aún, un interés superior.”

Este año, parece que el Ejecutivo sigue sin entender lo que es un proceso de negociación. También señalé hace dos años que algunos dicen que negociar es un arte, yo esperaría que fuera, al menos, una destreza. Otros tratan de enseñarlo. Pero estoy convencido que negociar se aprende negociando. Y en esto, el Gobierno muestra que en dos años poco ha aprendido. Para ellos es más fácil imponer que convencer. Y no es solo el fracaso de la negociación del FEES, sino múltiples ejemplos de imposiciones presidenciales.

Además, este año el Ejecutivo engañó. Con una rabieta, la ministra de educación exigió que, si los Rectores querían seguir negociando, deberían hacerlo en la Casa Presidencial. Si no era así, la negociación se daba por terminada, y el FEES tendría un aumento del 1%. Los Rectores inicialmente rechazaron la imposición de la sede de negociación, pero finalmente cedieron a reunirse en Casa Presidencial. Esta decisión ahora la vemos como un error. Ingenuamente cedieron tal vez pensando que se abría la posibilidad de una negociación, como parecía indicarlo la convocatoria de la Ministra de Educación.

La dura realidad fue que no hubo negociación, el Gobierno impuso su incremento del 1%, que los rectores rechazaron. Al no haber acuerdo, contrariamente a lo dicho en la carta de convocatoria impuesta por la ministra Müller, finalmente el Gobierno enviará un presupuesto para el FEES con el mismo monto del año anterior, sin ningún incremento. Si así son las cosas, la ministra de educación engañó a los Rectores.

Pasamos a una etapa en la que será la Asamblea Legislativa la que defina el monto del Fondo. Esta circunstancia no es inédita, ya en el pasado no se logró acuerdo en la Comisión de Enlace y el asunto pasó a la Asamblea Legislativa, la que lo devolvió al Ejecutivo para que, al final, se llegara a un acuerdo en la Comisión de Enlace.

En nuestra institución, esta circunstancia llega en un momento complejo, en medio de una campaña de elección de Rector con cinco candidatos. El FEES y su negociación debe ser tema de esta campaña, pero no para marcar diferencias entre los candidatos, sino para mostrar una posición institucional consensuada, que demuestre nuestra unidad. Una declaración conjunta de los cinco candidatos frente al proceso que se inicia en la Asamblea Legislativa sería bienvenida y oportuna.

Ya debemos ponernos a trabajar para mostrar a la ciudadanía lo que son y significan nuestras instituciones de educación superior, construyendo un relato claro y contundente, ya que las fuerzas del aparato de propaganda del Gobierno, eficaz al menos en las redes sociales, se volcará contra las Universidades con sus mentiras y campañas de desinformación.

Que esta campaña electoral en la UCR sea un momento de lucidez y acción institucional. No puede ser de otra manera: alzando la voz.

Gabriel Macaya Trejos
Exrector de la Universidad de Costa Rica