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Autor: María José Ferlini Cartín

Gaza/Israel a un año del inicio del conflicto

El miércoles 23 de octubre de 2024, Radio Universidad emitió en directo una nueva edición de Desayunos de Radio Universidad, un espacio dedicado al análisis de temas de actualidad. En esta ocasión, las personas oyentes tuvieron la oportunidad de escuchar a Argentina Artavia quien modera una profunda conversación con el Dr. Nicolás Boeglin, experto en Derecho Internacional y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Durante el programa, Boeglin aportó su conocimiento para ayudar a comprender los antecedentes y los elementos clave del conflicto entre Gaza e Israel, que cumple un año desde su inicio. La conversación permitió desentrañar aspectos fundamentales del contexto y las dinámicas actuales en la región.

Le invitamos a escuchar el programa con el amplio análisis de la conversación entre la conductora y el experto.

Proyecto busca asegurar protección para personas repartidoras en plataformas digitales ante condiciones laborales inseguras

En un taller recientemente organizado por la Fundación Friedrich Ebert se profundizó en los desafíos que enfrentan los trabajadores de plataformas digitales de reparto en Costa Rica, destacando aspectos que afectan directamente su calidad de vida y seguridad laboral. En este espacio se exploraron propuestas de ley, estudios de caso y encuestas que evidencian la precarización de estos trabajadores en el contexto actual y la urgente necesidad de establecer regulaciones que protejan sus derechos básicos.

Un elemento central en la discusión fue el “Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales”. La diputada Sofía Guillén expuso en detalle cómo esta propuesta busca subsanar la falta de derechos laborales para los repartidores, en un entorno donde los ingresos y beneficios son limitados y las empresas de plataformas operan sin rendir cuentas a sus empleados ni a la sociedad.

Guillén argumentó que la ley plantea, en primer lugar, el derecho a la seguridad social y la compensación por horas extra, así como la implementación de descansos obligatorios. Además, el proyecto aborda la necesidad de transparentar el sistema de pagos y sanciones para evitar abusos, garantizando que los repartidores no sean penalizados injustamente por decisiones automatizadas de las plataformas. En una economía que rápidamente se apoya en estos servicios, la diputada destacó que sin legislación, estos trabajadores seguirán expuestos a la inseguridad y a la explotación laboral.

La presentación de la “Encuesta a personas repartidoras de la GAM, Costa Rica”, realizada por la M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, M.Sc. Jorge Solano Ruiz, Bach. Mariela Campos Lizano, y Bach. María José Herrera Madrigal de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional mostró una perspectiva cruda de la realidad que enfrentan los repartidores de plataformas en el día a día. Los resultados revelaron que, para muchos de estos trabajadores, una semana laboral promedio supera las 60 horas, con jornadas que se extienden a altas horas de la noche y abarcan fines de semana, todo sin acceso a prestaciones de salud, vacaciones, o condiciones mínimas de seguridad. A medida que más repartidores expresaban su dependencia de estas plataformas para mantener a sus familias, surgió un consenso: este sistema de trabajo impulsa una forma de esclavitud moderna en la que los repartidores deben trabajar incansablemente para lograr ingresos mínimos. Los resultados de la encuesta apuntan a que las condiciones son aún más duras para los repartidores que usan motocicletas, quienes, en busca de maximizar el tiempo y el número de pedidos entregados, están particularmente expuestos a accidentes y agresiones. La falta de seguro médico obliga a estos trabajadores a asumir los riesgos de su seguridad física sin ninguna cobertura por parte de las plataformas, creando una dinámica de extrema vulnerabilidad y desprotección.

El estudio “Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica”, realizado por María Leonela Artavia-Jiménez, Jorge Solano Ruiz, Mariela Campos Lizano, y María José Herrera Madrigal, profundiza en los efectos de esta precariedad laboral, detallando cómo la falta de regulación ha convertido a las plataformas en espacios de trabajo que eluden cualquier responsabilidad sobre las condiciones laborales. Este informe explora el papel de las plataformas como entidades que se presentan sólo como intermediarios, desligándose de la responsabilidad de los trabajadores a pesar de que ejercen control sobre las tarifas, los horarios y las condiciones bajo las cuales deben cumplir sus labores. Uno de los hallazgos más reveladores del estudio fue el nivel de control que las plataformas ejercen mediante algoritmos que determinan el acceso a pedidos, la calificación de los repartidores y el valor de los ingresos en función de una serie de parámetros intransigentes que ni siquiera los trabajadores conocen a cabalidad. Este sistema de vigilancia y sanciones automatizadas se traduce en una especie de control remoto sobre los trabajadores, quienes ven sus ingresos y su estabilidad laboral comprometidos por decisiones que no pueden cuestionar ni negociar.

La influencia de estos algoritmos y el desamparo de los trabajadores en plataformas es un problema profundo en un país como Costa Rica, donde la informalidad laboral es una realidad creciente y la falta de opciones en el mercado laboral formal ha llevado a muchos a emplearse en estas plataformas de reparto. Para muchos de estos trabajadores, el trabajo en plataformas no es una opción de ingresos secundarios sino su único sustento, lo cual convierte en esencial la regulación de este sector. Sin embargo, en el estudio también se indica que el alto grado de informalidad en que operan los repartidores en la GAM, donde solo un pequeño porcentaje tiene alguna forma de seguridad social, hace que muchos de estos trabajadores tengan que autofinanciar cualquier tipo de atención médica en caso de accidente o enfermedad. Este contexto, en el que los trabajadores soportan los riesgos financieros y de seguridad sin ningún respaldo, refuerza la imagen de las plataformas digitales como entornos altamente deshumanizantes y excluyentes.

Además, el estudio plantea que el trabajo en plataformas digitales se caracteriza por una enorme desventaja en la relación de poder entre los repartidores y las empresas. Al no tener representación sindical ni herramientas para hacer valer sus derechos, los repartidores se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad total. El informe advierte que el hecho de que las plataformas no se consideren como empleadores, sino solo como facilitadoras de servicios, ha permitido que estas empresas eludan las responsabilidades que normalmente se asocian con la relación empleador-empleado. Como resultado, los repartidores se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por las plataformas sin capacidad de negociación, quedando sujetos a cambios unilaterales en las tarifas, los tiempos de entrega, y las políticas de sanción. La inexistencia de un contrato de trabajo formal con derechos reconocidos implica que los repartidores están sujetos a una volatilidad extrema y a un ingreso fluctuante que muchas veces no cubre sus necesidades básicas.

En conjunto, estos estudios y propuestas reflejan la necesidad de un cambio en la forma en que las plataformas digitales operan en Costa Rica. Se ha propuesto que se tomen en cuenta experiencias internacionales, como en España, donde los trabajadores de plataformas han sido reconocidos legalmente como empleados, o en Chile, donde el apoyo de sindicatos ha facilitado negociaciones con estas empresas. Estos ejemplos resaltan la importancia de que los trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo cuenten con el respaldo de una ley que los proteja, sino también con la opción de integrarse a redes de apoyo que les permitan enfrentar las condiciones impuestas por las plataformas con mayor seguridad. La Fundación Friedrich Ebert, en su rol de organizador de este taller, ha enfatizado que la plataformización del trabajo no debe significar la deshumanización de los trabajadores.

La discusión sobre el reconocimiento y regulación de estos trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo trata de proteger a una población en crecimiento, sino también de establecer los cimientos para una economía digital más equitativa y responsable. Los estudios presentados en el taller dejan claro que, en la era digital, el trabajo no puede seguir avanzando en un vacío legal, y que es urgente que el Estado costarricense tome medidas para evitar que el avance tecnológico ocurra a costa de la dignidad y el bienestar de los trabajadores más vulnerables.

La Fundación Friedrich Ebert compartió esta valiosa información con SURCOS, resaltando la importancia de visibilizar y comprender las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en plataformas digitales en Costa Rica. Invitamos a las personas lectoras a profundizar en este análisis accediendo a los documentos completos, los cuales adjuntamos para su consulta: el Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales, la Encuesta a personas repartidoras de la GAM y el estudio Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica. Cada uno de estos documentos ofrece una visión crítica y detallada sobre las dimensiones de la precariedad laboral y los retos urgentes de regulación en el sector.

La Alianza por una Vida Digna ya cuenta con espacios en redes

La Alianza por una Vida Digna cuenta con nuevos espacios en las redes sociales Facebook e Instagram.

Esta agrupación promueve el pensamiento crítico y propuestas alternativas para construir equidad, solidaridad, y respeto a la diversidad.

Le invitamos a seguir estas páginas, y compartirlas, para enterarse de distintos temas de relevancia para la construcción de vida digna en el país

Compartimos los enlaces a ambas páginas:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566266364608

Instagram: https://www.instagram.com/alianza_vida_digna/

Octubre, Mes del Adulto Mayor

Desde la Fundación Pedagógica Nuestramérica se realiza la invitación a la tertulia en modalidad presencial sobre el programa “Envejecer es un arte”, en donde se desarrollará el tema: “Las zonas azules en Costa Rica”.

Este se realizará el miércoles 30 de octubre, de 2:00 pm a 3:30 pm. El lugar será: Café Green Roast. Se contará con la participación de la señora Ángela Ulibarri, asimismo con la colaboración de Anne Robert y Fabiola Bernal del curso: “El arte de envejecer con gracia”.

El lugar se encuentra en Barrio Escalante, 230 metros Este y 15 Norte del Farolito.

Para reservaciones contactar a la Fundación Nuestramérica al número: 8930-6612 o a Café Green Roast al número: 8899-0420

Conferencia: Premio Nobel en Fisiología o Medicina 2024

Este jueves 31 de octubre a las 7:00 p.m. se estará llevando a cabo vía Zoom la conferencia virtual “Premio Nobel en Fisiología o Medicina 2024”, impartida por el Dr. Oscar Porras Madrigal.

Esta conferencia es convocada por la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, y se puede confirmar la asistencia al correo info@acanamed.com, o al 2296-7615, para el envío del enlace, ya que el cupo es limitado.

Les informamos de este interesante espacio para aquellas personas que deseen enterarse de lo último en medicina y fisiología.

¡No traten de enredar lo que está claro!

Freddy Pacheco León

Cisneros, Chaves y Nogui, en orden de mayor a menor jerarquía, responden a la indignación ciudadana, enterada de la póliza de la vergüenza, «justificando» que es para mejorar la acción gubernamental. Que los jefes de los ministerios, instituciones autónomas, entes «desconcertados», Y el presidente, requieren protección especial, de una póliza del centenario INS, ante demandas, muchas veces injustificadas.

Podría ser; en la de menos. Pero ¡ese no es el punto en discusión! Lo injustificable, ilegal, abusivo, desvergonzado, es que, todos los que pagamos impuestos, incluyendo a la olvidada señora de Purral, tengamos que financiar los ¢248 millones anuales, que cuesta la póliza, para que, especialmente el Chaves, cuente con un seguro con el cual enfrentar procesos judiciales, que no corresponde al Estado pagar.

Si quiere cubrirse de eventuales demandas personales y sus consecuencias, pues que busque a sus conocidos en el INS, y contrate con ellos, ¡con su plata!, las pólizas que más le convengan.

La oferta de la excelente aseguradora del Estado, la misma que los tres citados arriba quieren vender, es amplia y atractiva. Aparte de que, si se faja a gobernar bien, acorde con las leyes que nos rigen, seguramente no tendría necesidad, de buscar cómo protegerse las espaldas.

Bailar con la verdad y honestidad…

Juan José Jiménez

Esta noche tuve el enorme gusto de asistir al Teatro De La Danza Costa Rica, para presenciar el espectáculo «Advertencia: Perro Bravo» coreografía de mi querido Gustavo Hernández e inevitablemente y de inmediato me trasladé a la década de los años treinta, cuando una Alemania moderna, libre y más que adelantada para la época; sufre el ascenso espantoso del Partido Nacional Socialista y su líder Adolph Hitler.

Ante ese peligro el Ballet Joss, crea su icónica pieza » La mesa verde», que le cuesta al coreógrafo y al grupo el exilio o la muerte…

Por cierto, Hans Züllig y Lucas Hoving (con quienes tuve el honor de estudiar) pertenecían a ese elenco y estrenaron dicha obra. Tiempo después estando todo el elenco en Londres donde además de la mesa verde, bailaban la Consagración de la Primavera de Ígor Stravinsky, ¡Londres es bombardeada! y el Ballet Joss se desmiembra en una diáspora por todo el mundo…

La Danza puede ser divertida, lúdica, dubitativa, abstracta, y siempre experimental entre muchas formas. Más aún con las nuevas e ineludibles tecnologías.

Pero ante el período de oscuridad que atraviesa Costa Rica, prácticamente en todos los campos, Danza Universitaria levanta la voz y denuncia y nos narra de una forma clara y concisa, el actuar de un «perro de traba» y sus monigotes: tan corruptos como el titiritero, que los maneja y que los usa y desecha a su antojo (cualquier paralelismo con la realidad, es mera coincidencia).

Un elenco maduro, cohesivo, de gran solvencia en términos de los movimientos y de una expresividad necesaria en esta obra y necesaria ante la sobredosis kinética de la danza hoy.

La banda sonora es tremenda, maravillosa y justa para esta pieza, la iluminación en escenario aforado proporciona ambientes perfectos entre el claro oscuro de este acto político.

Esta segunda función de esta breve temporada pone el dedo en la llaga de la realidad que vivimos y pone una vez más por qué Danza Universitaria es necesaria en nuestra cultura, más allá de los titubeos de la Universidad de Costa Rica sobre su necesidad y de la mezquindad de los monigotes del Perro Bravo en temas de educación y cultura.

Finaliza esta coreografía con una tremenda premonición: al marchitarse el Perro Bravo y decaer… ¡vendrá otro!

Esfuerzo con recompensa: madres migrantes obtienen herramientas para sus emprendimientos 

En su Venezuela natal, Lisbeth miraba con preocupación su presente, el entorno que le rodeaba a ella y a su familia y lo que podría ocurrir a futuro. De repente, sus hijos asistían solo tres días por semana a la escuela; el agua y otros servicios esenciales escaseaban y el trabajo en su salón de belleza comenzó a verse afectado.

Con tres hijos (hoy de 22, 15 y 10 años), que dependían de ella y de su esposo, comprendieron que quedarse allí era inviable. Hace siete años fue él quien primero tomó la decisión de dejar su país y arribar a Costa Rica en busca de nuevas oportunidades.

Luego, fue ella, un año después, con sus dos hijos menores, quien empacó maletas. La familia por fin volvió a reunirse. “Este es un hermoso país, de muchas oportunidades, que nos ha abierto las puertas”.

El pasado 9 de octubre, Lisbeth Manjarrez tuvo su más reciente episodio de esa apertura, a la que hace referencia, en la Universidad Nacional (UNA). Por medio de un proyecto de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información (EBDI) y de la Biblioteca Infantil Miriam Álvarez Brenes, con apoyo de la organización HIAS, se realizó un curso sobre manejo de Excel y de redes sociales aplicado a emprendedoras, de la que formaron parte mujeres en condición migratoria y madres de familia, como es el caso de Lisbeth.

La tarde de ese 9 de octubre, fue la graduación. En total, 10 mujeres recibieron el certificado, en las instalaciones de la Biblioteca infantil. Fue una fiesta total que combinó el último de los talleres del curso (que iniciaron el 4 de setiembre), con el acto de graduación, en compañía de sus hijos e hijas, otros familiares, los capacitadores, además de un arroz con pollo, queque y café. Afuera llovía torrencialmente, pero adentro, la algarabía era plena.

Se movieron sillas, mesas y estantes y se abrió un espacio para que el nombre de cada una de ellas fuera mencionado y pasara al frente a recoger su certificado. Los nombres de Luz Elena, Belkis, Gladys, María, Maritza, entre otras graduadas, se fueron sumando, como el corolario de un esfuerzo importante que la hacía distribuir su tiempo entre estudiar, trabajar y ver por sus familias.

Sharon Ugalde, coordinadora de la Biblioteca Infantil Miriam Álvarez, estuvo en primera fila de todo este proceso de enseñanza y capacitación, y reconoció el esfuerzo de cada una de ellas. Recordó que HIAS, que trabaja con personas refugiadas, identificó a un grupo de mujeres de la provincia de Heredia que habían empezado con un emprendimiento.

Fue así como elaboraron un plan de negocios para cada caso. “En ese contexto nos solicitaron apoyo en capacitación sobre temas que se les puede apoyar, de manera que gestionen sus emprendimientos de mejor manera. Se coordinó con la Escuela de Bibliotecología y organizamos una capacitación de seis sesiones sobre temas como Excel, Word, Canva y redes sociales”, describió Ugalde.

Mientras ellas estaban en los talleres, se coordinó con estudiantes de cuarto año de la carrera de Bibliotecología, y como parte de sus prácticas profesionales, atendían a sus hijos e hijas.

Las capacitaciones fueron brindadas por Ademar Segura, académico de la EBDI, y por Freddy Oviedo y Magally Campos, informáticos de dicha Escuela. En la graduación también estuvieron presentes el director, Juan Pablo Corella y la subdirectora, Loireth Calvo.

Alzar vuelo

En el último taller, las estudiantes todavía daban retoques a los logos de sus emprendimientos, depuraban animaciones en formato de video para postear en sus redes sociales y pedían opinión a sus otras compañeras y al facilitador sobre aspectos que podían mejorar.

Las herramientas obtenidas serán un aliciente más que les permitan alzar vuelo, en su objetivo de posicionar su negocio en el mercado. “En la UNA la experiencia ha sido excelente, nos han apoyado desde el primer momento, todo lo que hemos aprendido es edificante y acertado, porque recordé algunas cosas que ya había conocido, pero se olvidaron y aprendí otras nuevas”, manifestó Lisbeth. 

Sus esfuerzos por superarse, salir adelante y ser un ejemplo para sus hijos y dos nietos (de cinco y dos años) la llevaron a obtener financiamiento como capital semilla para reimpulsar su salón de belleza.

“Con lo que he aprendido aquí a nivel de mercadeo y aprovechamiento de las redes sociales estoy lista”, manifestó Monjarrez con orgullo. Esta vecina de San Pablo de Barva, en Heredia, se aprestaba ese fin de semana siguiente a su graduación, para abrir su emprendimiento llamado Coralina, como la piedra preciosa. Su sonrisa delataba su felicidad. De nuevo, encontró en este país y en la UNA, otra puerta abierta para seguir adelante. 

Video:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Municipalidad de Santa Cruz realizó demoliciones en playa Brasilito

Por: Bernardo Archer Moore

Este es el titular que circula tanto en las redes sociales como en los principales medios de comunicación nacionales, retratando a los miembros del concejo municipal y al alcalde como los responsables de tal atrocidad e injusticia.

Ya sea que sean funcionarios públicos corruptos o no, el sistema jurídico vigente ha sido manipulado para permitirles o incluso obligarlos a cometer actos tan crueles en contra de sus propios vecinos.

En realidad, las comunidades costeras de Costa Rica enfrentan un destino sombrío debido a las nuevas leyes y reglamentos de la zona marítimo terrestre que han sido promulgados en la última década.

Estas normativas han sido diseñadas para crear divisiones entre los habitantes de las regiones costeras, lo que ha llevado a la mayoría de los pueblos costeros a caer en una trampa.

Una de las leyes obliga a los gobiernos locales a desarrollar e implementar un plan de manejo de la zona marítimo terrestre conocido como Plan Regulador Costero (Ley 9242 de 2014). A simple vista, esta norma parece ser una repetición de lo establecido en la Ley 6043 sobre ZMT de 1977.

Sin embargo, la nueva normativa exige que el Plan Regulador se elabore y se implemente de acuerdo con las directrices establecidas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Ese es el problema de fondo.

El enfoque principal de este nuevo manual del ICT es el desalojo y demolición de edificaciones en la ZMT que no cumplen con la política y visión de desarrollo turístico costero establecida por esta entidad pública.

Lo anterior pone a las Municipalidades, cuyo deber es proteger los intereses de sus representados, en una posición incómoda al tener que llevar a cabo desalojos y demoliciones que no benefician a los habitantes de sus distritos costeros.

En su mayoría, la situación contradictoria en la que se encuentran atrapados actualmente los municipios de las regiones costeras es en gran medida un legado de administraciones anteriores que se alinearon con las políticas de las administraciones del gobierno nacional en el poder en busca de beneficios políticos personales.

Este fenómeno se rige por una regla no escrita conocida como «la línea del partido», donde aquellos que no siguen la línea son marginados.

Por lo tanto, nuestra tarea inmediata como comunidad es encontrar la manera de desvincular a nuestros representantes en el gobierno local y unirnos en la lucha por el bienestar de los habitantes costeros del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca.

Así como la política de desarrollo turístico costero del ICT (que implica desalojar y demoler las construcciones existentes en la ZMT) no hace distinciones basadas en la etnia, afiliación política o credo religioso de los propietarios, de la misma manera la lucha para detenerla debe ser inclusiva. De lo contrario, sería extremadamente difícil superar este desafío.

Ver video completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/bernardoarcherm/videos/municipalidad-de-santa-cruz-realizo-demoliciones-en-playa-brasilitoeste-es-el-ti/373984345795879/?rdid=23ex6I12bCEGyO02 

COP 16: Biodiversidad en disputa

Pronunciamiento de organizaciones sociales de Costa Rica de cara a la COP 16 en Cali, Colombia. Oct 21 – nov 01 de 2024

La diversidad biológica, es crucial para el mantenimiento de la vida, los genes, los microorganismos, las especies, las poblaciones, los ecosistemas y la biósfera.

Lamentablemente, la biodiversidad global está en declive, aproximadamente un millón de especies están en riesgo de extinción, muchas en las próximas décadas, debido a un modelo de producción dominante que se basa en la explotación de la Naturaleza y de las personas, por medio de actividades extractivistas como el agronegocio, minería, monocultivos, uso excesivo de plaguicidas, mega represas, extracción petróleo, y otras que han venido causando una severa crisis climática, bajo un sistema económico globalizado que no respeta los límites planetarios.

La pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos tiene consecuencias catastróficas porque un mundo sin diversidad es un lugar peligroso para todas las poblaciones, incluida la humana.

Estamos perdiendo biodiversidad ¿por qué? Las actividades económicas extractivistas son la principal causa: minería, monocultivo, Ya en 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también conocida como la «Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro, adoptó el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica (CDB).

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) se propuso tres objetivos principales: conservación de la diversidad biológica, uso sostenible de la biodiversidad y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. La Conferencia de las partes (COP), compuesta por todos los Estados «Partes», constituye el órgano supremo de la Convención, en el cual los países firmantes se comprometieron a promover economías sostenibles para vivir dentro de los límites ecológicos de nuestro planeta.

Lamentablemente, desde su origen en 1993 la destrucción de la biodiversidad no solo no se ha detenido, sino que en estas tres décadas el planeta ha dejado zonas desérticas, destrucción de territorios y de sus formas sostenibles de producción, destrucción de los bienes comunes, contaminación y una gran pobreza, denominadas zonas de sacrificio. Se ha acelerado la destrucción ambiental planetaria.

En junio de 1994 el Gobierno de Costa Rica ratifica el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB), a partir de ahí se ha construido una institucionalidad relativamente funcional en el tema, hay mayor conciencia de algunos sectores de la población y conocimiento sobre la importancia de las áreas de protección.

Sin embargo, la imagen verde que los gobiernos de Costa Rica han promocionado en las últimas décadas, con fines comerciales, tanto dentro del país como hacia el exterior con el mensaje de que todo está bien en materia ambiental, lo que construye es un discurso engañoso que invisibilizan las diversas y profundas problemáticas ambientales que sufren día a día muchas comunidades en el país y acrecienta el favorecimiento del modelo de producción destructivo, por ejemplo:

  • Contaminación de grandes extensiones de territorios por agroquímicos que han venido envenenando el campo costarricense. Hay fuentes de agua contaminadascon bromacil, clorotalonil, mancozeb, entre otros y contaminación de suelos y aire en las zonas rurales. Hay reportes de muerte masiva de abejas, muerte y desaparición de poblaciones de peces.
  • Pérdida de ríos y biodiversidad por proyectos hidroeléctricos, sumado al no acceso al agua para la producción y la vida campesina.
  • Políticas agrarias que favorecen un modelo agroexportador extractivista que se centra en los monocultivos; este a su vez ha causado profundos desequilibrios económicos, sociales y ecológicos como acaparamiento de tierras, deforestación, pérdida de soberanía alimentaria, contaminación y graves consecuencias en la salud de las poblaciones rurales.
  • Favorecimiento político de mega proyectos de desarrollo turístico con construcciones ilegales en zona marítimo terrestre, como en humedales de playa Hermosa, Puntarenas, humedales Caribe Sur y se quiere revivir el aeropuerto en Zona de Osa, amenazando el Humedal Térraba-Sierpe.
  • Distorsión y mutilación de Planes reguladores regionales, para favorecer al gran capital.
  • Deterioro de las Áreas Protegidas. Aunque se da un incremento en la superficie bajo protección que hizo que se pasara de 5.330 ha a 32.700 ha; ha traído consigo desvinculación de las comunidades con las áreas protegidas, con implicaciones políticas, económicas y sociales. Sumado a que se imposibilita el resguardo con la disminución de presupuesto que perjudica las labores de monitoreo y protección de la biodiversidad (el área a resguardar por persona funcionaria creció seis veces en un año).
  • Promoción desde el gobierno actual de la explotación minera, violentando los avances logrados por el sector social ambientalista en décadas pasadas.
  • Aumento e impunidad de agresiones y amenazas contra los Pueblos Indígenas costarricenses por defender su autonomía, tierra, territorio y derechos colectivos.
  • Políticas desde el Ejecutivo que cercena la participación social en espacios de toma de decisiones sobre aspectos ambientales y sobre la biodiversidad específicamente.
  • Corrupción dentro de la institucionalidad pública, por ejemplo se dan permisos de deforestación en áreas protegidas-Caso Gandoca Manzanillo.

Sumado a esto, por medio de una serie de medidas autoritarias se ha irrespetado la institucionalidad democrática y las leyes y normas que regulan la protección ambiental, mientras se ha perpetrado una constante violación de la independencia de poderes y de las instituciones autónomas, así como de las obligaciones constitucionales. Este gobierno no solo carece de políticas y acciones concretas de protección al ambiente, en general, y en particular en lo que respecta a la crisis climática, la situación del agua y el uso sistemático de agroquímicos tóxicos, sino que viola la normativa existente. El ministro de Ambiente y Energía sigue en la sombra, con una agenda desconocida, con una administración que vela por profundizar la destrucción ambiental y la desigualdad social.

2024 es una buena oportunidad para reflexionar y actuar por el clima y la biodiversidad, es urgente un “cambio transformador” y urgente para evitar el colapso. Es hora de dejar de hablar en términos de las distintas crisis: biodiversidad, clima, alimentación, desigualdad, y en su lugar hacerles frente como una crisis interconectada, a través de un cambio de sistema total.

Es el momento de dejar de promover falsas soluciones que le ponen un precio a la naturaleza, tal como la compensación de la biodiversidad y la cooperación con el sector privado, que arriesgan un nivel similar de interferencia de las grandes empresas tal como se ve en la cumbre climática de la CMNUCC y otros espacios de gobernanza multilateral.

El Gobierno de Costa Rica debe trabajar a favor de acuerdos sobre la biodiversidad que garanticen que vivamos dentro de los límites planetarios, enfrentando las causas estructurales, frenando las prácticas y formas de producción que promueven la pérdida de biodiversidad, y promoviendo la agroecología, manejo comunitario de bosques, uso de semillas de polinización abierta, criollas y otras soluciones con base en las comunidades.

Es vital la participación de las personas en instancias políticas desde la colectividad, los movimientos sociales, en la legitimación y producción de la política pública desde y para los pueblos, en la disputa de sentidos. La biodiversidad que poseemos actualmente en Costa Rica ha sido cuidada históricamente y principalmente por la movilización y resistencia de las comunidades locales, pueblos indígenas, mujeres y los movimientos sociales y ecologistas, pero está siendo destruida por los intereses del capital.

Desde las organizaciones sociales reconocemos que sin la biodiversidad de semillas, de plantas, animales, sin los bosques, sin ríos limpios y libres no se puede vivir. Por la defensa de una economía que ponga la vida en el centro.

Por lo tanto, hacemos un llamado al gobierno de Costa Rica para que en la COP16 se comprometa con acciones reales y vinculantes, que se basen en la justicia ambiental y que reconozcan y respeten los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.

Además, es necesario mayor regulación a las empresas transnacionales, ya que son en nuestro país es una amenaza a la conservación de los ecosistemas y las especies.

MAELA COSTA RICA

RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD

COECOCEIBA-AMIGOS DE LA TIERRA

RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA

ASOCIACIÓN TINAMASTE

FEDERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE-FECON

RED DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGÍA DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

FRENAPI (FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS)