Ir al contenido principal

Autor: María José Ferlini Cartín

Ante la rebaja de combustibles: ¿Y la comida? ¿Y los salarios congelados?

Partido Vanguardia Popular

El Partido Vanguardia Popular toma nota de la noticia publicada este 29 de enero de 2026, en la que se informa que la ARESEP aprobó una rebaja en los precios de los combustibles.

Si bien toda disminución en los precios de combustibles es bienvenida, nos preguntamos: ¿Esta rebaja se traducirá en un alivio real para el bolsillo de las familias trabajadoras? La experiencia nos muestra que las rebajas en los combustibles nunca se reflejan de manera proporcional en la canasta básica. Mientras los precios de los alimentos siguen aumentando, y aunque se reporta una inflación negativa, las familias siguen sintiendo el peso de la carestía en los productos de primera necesidad.

Peor aún, el gobierno celebra esta rebaja marginal mientras mantiene congelados los salarios del sector público desde hace seis años. Los sindicatos han tenido que presentar proyectos de ley para exigir el descongelamiento salarial, porque los trabajadores no reciben un ajuste desde 2020. ¿De qué sirve que baje el precio del combustible si los ingresos de miles de funcionarios y trabajadores públicos siguen estancados, perdiendo poder adquisitivo año tras año?, eso es precarización laboral y empobrecimiento.

Por eso, el Partido Vanguardia Popular plantea dos interrogantes claves al pueblo costarricense:

1. ¿Por qué el dólar baja, el precio de combustibles baja, y el precio de los alimentos no? ¿Qué medidas concretas toma el gobierno para garantizar que esta rebaja en los combustibles se transmita a los precios de la canasta básica y no se quede en los márgenes de lucro de los intermediarios?

2. ¿Cuándo terminará el congelamiento salarial de 6 años? ¿Cuándo se dejará de castigar a la clase trabajadora con un congelamiento que viola sus derechos constitucionales y profundiza la desigualdad?

No basta con anunciar rebajas simbólicas en los combustibles mientras se ignora el drama cotidiano de las familias que ven cómo sus salarios no alcanzan para comer. Exigimos políticas integrales que combatan la especulación en los precios de los alimentos y que restablezcan la dignidad salarial de los trabajadores, pero también llamamos a la organización de la clase trabajadora por un ajuste salarial del 10% o más, sin lucha no hay victoria posible.

Partido Vanguardia Popular
Por la justicia social y la soberanía nacional

Defensoría alza la voz por 45 mil pensionados que siguen sin aumentos por costo de vida

*Llevan ya 5 años sin recibir un ajuste a sus pensiones. Se trata de personas jubiladas que están en el Régimen Transitorio de Reparto bajo la administración de JUPEMA y otros que también están con cargo al Presupuesto Nacional administrado por la Dirección Nacional de Pensiones.

Un total de 45 mil personas pensionadas llevan 5 años sin recibir ningún ajuste por costo de vida, lo que hizo que la Defensoría de los Habitantes solicitara a la Asamblea Legislativa la urgente necesidad de promover iniciativas legislativas que permitan revisar el actual modelo de ajuste por costo de vida aplicable a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto y también aquello con cargo al Presupuesto Nacional, a fin de garantizar un mecanismo de actualización periódico, técnico y sostenible.

Para la Defensoría el no ajuste de las pensiones por costo de vida trae graves consecuencias para la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo; así como enfrentarse al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, compra de medicamentos, alimentación y, servicios públicos, colocando a esta población a una situación de vulnerabilidad económica.

Toda esta problemática se registra ante la decisión de congelar los incrementos salariales por costo de vida, y en acatamiento del principio de legalidad y de lo establecido en el artículo 11, título IV, de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas—, pues únicamente sería posible otorgar nuevos aumentos cuando el país alcance un nivel de deuda que permita ampliar el gasto corriente, y solo así podrían autorizarse ajustes por costo de vida tanto para los servidores públicos activos como, consecuentemente, para las personas pensionadas.

Para la Defensoría el no aumento por costo de vida de las pensiones constituye una medida regresiva de los derechos sociales y económicos, ya que disminuye la protección económica previamente garantizada y por ello, cualquier disposición normativa regresiva debe ser justificada, proporcionada y sobre todo temporal, en virtud de que la ausencia de ajustes puede empujar a un número creciente de personas adultas mayores hacia situaciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia. Valga la pena indicar que el ajuste de las pensiones es un derecho adquirido por parte de los pensionados, y que el mismo debe responder a criterios no abusivos sino proporcionales y razonables.

Si bien el Ministerio de Hacienda, mediante oficio n.° MH-DM-1594-2025, de fecha 13 de octubre de 2025, informó a esta Defensoría que para este año 2026 se realizó una previsión presupuestaria anual en remuneraciones y contribuciones sociales, a fin de cubrir un monto de hasta ¢10.000,00 por concepto de incremento por costo de vida para los salarios de los empleados públicos bajo la modalidad de salarios compuestos; es preciso señalar que dicho aumento no soluciona el problema denunciado. Lo anterior obedece, en primer término, a que el incremento aún no se ha materializado y, en segundo lugar, a que continúan vigentes las disposiciones legales que vinculan el ajuste por costo de vida de las personas pensionadas a los aumentos salariales de los empleados públicos.

En consecuencia, esta Defensoría considera indispensable efectuar las reformas normativas correspondientes, con el fin de evitar que este tipo de congelamiento vuelva a presentarse en el futuro, así como un medio para hacer justicia a las personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto y de aquellas con cargo al Presupuesto Nacional.

La Defensoría de los Habitantes tiene conocimiento que ante la Asamblea Legislativa se presentó el proyecto de ley 24.353, el cual pretende reconocer el ajuste por costo de vida a aproximadamente 30.000 personas cuyas pensiones han permanecido congeladas durante el último quinquenio. Dicho proyecto fue aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios y se encuentra a la espera de ser remitido al Plenario Legislativo en sesiones ordinarias. De ahí que sea necesario su conocimiento en Plenario.

Una razón para la disconformidad

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Exviceministro de Hacienda
Investigador del Observatorio Económico y Social de la UNA

Si algo dejó claro el resultado de la elección del 1 de febrero, es que las diferencias de desarrollo entre el centro del país y su periferia, no solo son evidentes, sino que también se manifiestan en las preferencias políticas de las personas. No pretende este artículo de opinión sustituir el análisis a más profundidad que un evento de estos requiere, pero busca contribuir con la orientación del mismo al plantear una posible razón para lo que sucedió. Tampoco pretender simplificar todo a una sola explicación, los fenómenos sociales son complejos y muchas veces se explican por la confluencia de muchos factores.

Podemos ir tan atrás como el inicio de la década de los ochenta para encontrar la raíz de las diferencias que vivimos hoy. Luego de que en los setenta el mundo sufriera dos shocks petroleros, que nos afectó a nosotros también, y vaivenes en el precio internacional del café, la década de los ochenta inició con una crisis de impago de deuda externa que vendría a cambiar a la Costa Rica de los años y décadas siguientes. La respuesta del país transformó nuestra economía, se fortaleció la institucionalidad alrededor de algunas actividades económicas, se introdujeron mecanismos de incentivo para exportaciones no tradicionales, se impulsó la actividad turística, se introdujeron mecanismos para incentivar la atracción de inversión e incluso se alineó la política cambiaria para evitar la pérdida de competitividad del sector externo.

El proceso de transformación institucional alrededor de los nuevos sectores económicos que se impulsaron se extendió hasta 1996, cuando se le da rango legal al Ministerio de Comercio Exterior, se crea PROCOMER como se conoce hoy y se reforma la Ley de Zonas Francas. Al cabo de ese periodo tres actividades emergen como las grandes ganadoras de ese proceso de reforma: las exportaciones no tradicionales, incluyendo las vinculadas al régimen de zonas francas; el turismo y el sector financiero, con un importante impulso al sector financiero privado. Valga decir que las reformas del sector financiero se extendieron por más tiempo, con la aprobación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la Ley de Protección al Trabajador y la apertura del mercado de seguros.

En ese tiempo una serie de beneficios fiscales se introdujeron a fin de impulsar esas actividades, siendo el sector exportador no tradicional el más beneficiado, llegando a recibir hasta el equivalente a 1% del PIB en subsidios directos, mientras un variopinto tipo de incentivos se otorgaban, incluyendo un tratamiento tributario especial a las operaciones de la banca off shore en el país. Esas actividades económicas impulsaron el crecimiento de la economía costarricense, eso es claro, pero sus beneficios no llegaron a todas partes y, dada la política fiscal aplicada en el país, muy cargada de exoneraciones e incentivos, no se pudieron distribuir una parte de esos beneficios a todo el país por medio del presupuesto nacional.

Aunque el turismo se fortaleció en las costas desde los ochenta, no cambió la dinámica económica a lo interno de los territorios, las provincias costeras eran y, siguen siendo, las más empobrecidas del país. La atracción de inversión extranjera, las exportaciones no tradicionales y el fortalecimiento del sector financiero, principalmente el privado, fueron una importante fuente de crecimiento en la GAM, impulsó la creación de empleo calificado en esta región e incluso el desarrollo de actividades inmobiliarias vinculadas a esos sectores. Al cabo de este periodo, los beneficios del desarrollo desde la crisis de los ochenta hasta hoy se han concentrado territorialmente, así como se han concentrado en determinados grupos de población, los asociados al empleo calificado principalmente.

Mientras tanto, ¿qué pasó para el resto del país? Desde los ochenta hemos vivido en un casi constante estado de ajuste económico, primero debido a los programas de ajuste estructural de los ochenta y los noventa, luego por los ajustes fiscales a los que nos hemos visto sometidos de forma constante, pero sin que pudiera fortalecerse la política fiscal para sostener una política pública más amplia y mejor financiada. Pasamos apagando incendios durante varias etapas en las últimas cuatro décadas, con reformas tributarias para controlar los problemas del momento, sin capacidad para sostener una inversión pública acorde con las demandas que el crecimiento del país producía, sin poder sostener con ingresos frescos los esfuerzos por aumentar el gasto en educación, con una inversión en seguridad que por mucho tiempo se quedó a la retaguardia de la región y una política social que no logró incidir de forma permanente en la reducción de la pobreza.

Lo constante en este periodo fue tener un Estado altamente endeudado, con un gasto por intereses elevado, que produjo un efecto redistributivo inverso: tomar recursos del erario público para trasladarlo en rentas por intereses a los tenedores de la deuda, un movimiento que beneficiaba tanto a algunas inversionistas por medio del mercado bursátil, así como a los trabajadores que cotizan a los regímenes de pensiones, cierto, pero con un gasto que finalmente no llevó beneficios a los trabajadores informales, muchos de ellos en condición de pobreza.

El Estado no tuvo capacidad de dirigir recursos a sectores productivos vulnerables, pero de alto valor agregado nacional, como el sector agrícola, incluso cuando aceleró su competencia con productos importados por medio de los tratados de libre comercio. Tampoco pudo resolver el problema del transporte público en todo este tiempo, siendo el llamado a hacerlo como dueño de un servicio que concesiona, lo que llevó a que en la GAM lo solucionásemos con el transporte privado, situación que tiene la movilidad al punto del colapso, mientras en otras partes del país el transporte público desaparece de forma paulatina. Por supuesto estas cosas también tienen un impacto diferenciado, según la zona del país y el grupo de población en que fijemos nuestra mirada.

En poco más de cuatro décadas nuestro modelo de desarrollo produjo ganadores, incluso impulsados con beneficios y exoneraciones de impuestos, mientras la política fiscal intentaba no hundirse bajo las enormes demandas de la sociedad y la pobre financiación vía impuestos. En tres ocasiones se intentó una reforma tributaria estructural, de mayor alcance, pero en las tres se falló. Finalmente, con el agua al cuello, se aprobó una reforma en 2018 que nunca se diseñó como solución final a nuestros problemas fiscales de larga data, y que hoy muestra los problemas de su alcance limitado. Este largo camino de éxitos para unos y tropezones para otros, tuvo un punto álgido en medio de la pandemia, cuando las necesarias medidas sanitarias golpearon a todos, pero a unos los encontró mejor posicionados que otros para enfrentar las consecuencias económicas de esas medidas.

Mientras el desempleo alcanzó el 25%, el trabajo en las costas asociado a la actividad turística desaparecía de un día para otro, y las medidas de cierre golpeaban al sector comercial, el Estado costarricense solo pudo destinar tres meses de ayudas a la población afectada, insuficiente para evitar un deterioro social importante y evitar con eso que problemas sociales empezaran a estallar en las zonas más empobrecidas del país. El sector más dinámico de nuestra economía, por otro lado, no sufrió, de hecho, creció a tasas muy altas, llegando a multiplicar el valor de las exportaciones, por ejemplo, en los años posteriores a la pandemia. Ese dinamismo no se multiplicó para el resto de la economía, ni llegó a alcanzar a otros a través de la política fiscal, la apuesta histórica a que sus beneficios se “derramarían” al resto de la economía no se alcanzó, no llegó a los sectores que en estas décadas no disfrutaron de los beneficios del crecimiento económico centrado en la GAM.

Al concluir el primer cuarto del siglo XXI, seguimos teniendo un Estado altamente endeudado, un alto gasto en intereses, una política pública limitada por una carga impositiva baja para un país de ingreso alto y desarrollo humano alto, y, para terminarla de hacer, seguimos apostando una gran cantidad de recursos en incentivos para un régimen que luego de 35 años de existir sigue insistiendo en que necesita beneficios fiscales para seguir operando.

Los resultados del 1 de febrero son, por lo tanto, también una radiografía de la molestia y la disconformidad que ha producido la desigualdad de nuestro modelo de desarrollo. No responde solo a eso, por supuesto, pero debemos entender el papel de los diferentes resultados alcanzados en más de cuatro décadas de actividad económica en el país, en las decisiones de las personas. El reto futuro sin duda es cómo integrar los buenos resultados de unos sectores económicos con el resto de la economía, y cómo llegan los beneficios del crecimiento económico a todo el territorio nacional. Dejo solo una pista: no va a pasar sin una mayor capacidad de la política fiscal, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo que hacemos desde hace más de cuarenta años.

Persisten daños ambientales en la cuenca alta del río Durazno pese a denuncia interpuesta desde 2025

Un nuevo correo de seguimiento enviado a instancias judiciales y ambientales da cuenta de que continúan los daños ambientales en la cuenca alta del río Durazno, en el sector de Coronado, a pesar de que desde el año 2025 existe una denuncia formal abierta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

El mensaje, fechado el 4 de febrero de 2026, corresponde al Expediente N.º 25-007231-0042-PE, relacionado con tala y otras acciones que afectan la cuenca alta del río Durazno, una fuente hídrica que abastece a diversas comunidades del Gran Área Metropolitana y cuya administración corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según lo indicado en el seguimiento, las acciones que afectan la cuenca no solo no han cesado, sino que se han intensificado. Vecinos de la comunidad de Rancho Redondo, quienes tienen una vista directa hacia la zona afectada, señalan que en la propiedad denunciada se han realizado quemas constantes, aplicación de herbicidas, cambio de uso del suelo y presunta introducción de ganado, prácticas que contravienen la legislación ambiental vigente para zonas de protección de cuencas hidrográficas.

Las fotografías que acompañan el nuevo escrito —tomadas el 29 de enero de 2026— documentan lo que se describe como una destrucción sistemática que se ha venido dando durante más de un año, sin que hasta el momento exista una resolución efectiva del caso. El seguimiento subraya que esta situación genera un impacto directo no solo en la zona intervenida, sino también en comunidades aguas abajo, como Rancho Redondo, que forman parte de la misma cuenca hidrográfica.

En el correo se plantea una pregunta central dirigida a las autoridades competentes: qué debe hacerse para que la legislación ambiental sea efectivamente aplicada y para que la persona responsable comprenda que existen límites legales a su actuar. El documento insiste en que la protección de las cuencas hidrográficas es una obligación colectiva y una responsabilidad del Estado, particularmente cuando se trata de fuentes de agua para consumo humano.

Este nuevo envío constituye un seguimiento formal a una denuncia que, según se señala, permanece sin resolución desde hace más de un año, y vuelve a poner en evidencia la preocupación de comunidades y organizaciones ambientalistas por la lentitud institucional frente a daños ambientales que tienen consecuencias directas sobre el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas.

SURCOS dará seguimiento a este caso conforme se produzcan respuestas o acciones por parte de las autoridades judiciales y ambientales competentes.

Creación de empleo en el país se estanca, a seis años de la pandemia

Roxana Morales Ramos, M.Sc.
Economista, Coordinadora OES-UNA
Escuela de Economía, Universidad Nacional

Costa Rica no ha logrado crear empleo en términos netos en los últimos seis años, de acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC.

El nivel de ocupación se ha mantenido prácticamente estancado: en el cuarto trimestre de 2019, previo al inicio de la pandemia por covid-19, se contabilizaban 2.182.818 personas ocupadas, mientras que en el cuarto trimestre de 2025 la cifra apenas alcanzó las 2.183.473. En consecuencia, el aumento neto del empleo en el periodo fue de 655 personas, en un contexto de crecimiento poblacional superior a 294 mil habitantes.

Este estancamiento en el empleo se da en un contexto de contracción significativa del mercado laboral, reflejada en la caída de la tasa neta de participación. Este indicador, que mide la proporción de personas de 15 años y más que trabajan o buscan activamente empleo, se redujo en 8,4 puntos porcentuales, al pasar de 62.9% en el cuarto trimestre de 2019 a 54.5% en el mismo periodo de 2025. En otras palabras, cada vez menos personas están disponibles o dispuestas a integrarse al mercado de trabajo, lo que plantea riesgos importantes para el crecimiento económico, la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y seguridad social, así como para el sistema de cuidados.

La contracción de la fuerza laboral afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque con mayor intensidad en estas últimas. Entre 2019 y 2025, la fuerza de trabajo masculina se redujo en un 5.4%, mientras que la femenina lo hizo en un 8.1%, profundizando las brechas de género existentes en el mercado laboral.

Un empleo que no crece, solo se redistribuye

Aunque el empleo total no aumenta, sí se observa una recomposición significativa de su estructura. Por nivel educativo, la ocupación crece entre personas con secundaria completa y educación universitaria, mientras que disminuye entre quienes tienen secundaria incompleta o menos. Algo similar ocurre por calificación: durante estos años únicamente se han creado empleos que requieren alta calificación, mientras que los de calificación media y baja se han reducido.

La redistribución también es etaria. El crecimiento del empleo se concentra en personas de entre 24 y 44 años, mientras que en el resto de los grupos de edad el número de personas ocupadas es inferior al observado en 2019.

Sectores ganadores y perdedores

La recomposición del empleo se manifiesta igualmente a nivel sectorial. Entre las actividades que más puestos de trabajo han perdido destacan la agricultura, ganadería y pesca (-64.795 empleos), los hogares como empleadores (-38.037), el comercio y reparación (-13.707) y hoteles y restaurantes (-12.181). En este último sector, el impacto ha sido particularmente desigual por sexo: mientras que entre las mujeres se perdieron 13.068 empleos, entre los hombres se registró un leve aumento de 887 puestos.

En contraste, algunas actividades sí muestran creación de empleo, entre ellas transporte y almacenamiento (28.300 nuevos puestos), comunicación y otros servicios (19.109), intermediación financiera y seguros (17.803) y actividades profesionales y administrativas de apoyo (16.980). La industria manufacturera también destaca, con la creación de 24.278 empleos.

Turismo: caída del empleo y mayor vulnerabilidad laboral en mujeres, jóvenes y microempresas

El sector turismo sintetiza con claridad las transformaciones recientes del mercado laboral. En términos netos, entre 2019 y 2025 se perdieron 6.216 empleos. No obstante, esta cifra oculta fuertes desigualdades: mientras se crearon 2.108 empleos para hombres, las mujeres perdieron 8.324.

La pérdida de empleo turístico se concentró en zonas urbanas (-13.730), mientras que en áreas rurales se crearon 7.514 puestos. Asimismo, afectó principalmente a personas jóvenes de entre 15 y 34 años (-15.255 empleos) y a microempresas de 1 a 9 personas trabajadoras (-14.648). En contraste, los establecimientos con 10 o más personas empleadas generaron 8.535 nuevos puestos, lo que evidencia que las microempresas han sido las más golpeadas por el ajuste.

Adicionalmente, la destrucción de empleos se dio principalmente entre personas en condición de subempleo y en la informalidad. En el caso de las mujeres, la mayor pérdida se registró en las actividades de provisión de alimentos y bebidas, con 11.274 empleos menos.

Menos desempleo, pero no por más empleo

En el cuarto trimestre de 2025 se registraron 147.453 personas desempleadas, casi la mitad de las observadas en el mismo periodo de 2019 (309.465). No obstante, esta reducción no responde a una mayor generación de empleo, sino a la salida de personas del mercado laboral.

Casi la mitad de la población desempleada (48,7%) cuenta con secundaria incompleta o menos, lo que evidencia las crecientes dificultades de inserción laboral para personas con menor nivel educativo, en un contexto donde las actividades más dinámicas de la economía demandan perfiles de mayor calificación.

En paralelo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 32% en los últimos seis años, al pasar de 1.471.375 a 1.944.243 personas. Aunque el mayor incremento se observa entre quienes tienen 60 años y más (59.7%), el aumento se registra en todos los grupos etarios, confirmando un proceso generalizado de contracción del mercado laboral.

Un mercado laboral más pequeño y más excluyente

En síntesis, Costa Rica enfrenta un proceso sostenido de contracción del mercado laboral, acompañado de una creciente concentración en la creación de empleos. Cada vez menos personas participan en el mercado de trabajo y los nuevos puestos se generan principalmente en actividades de alta calificación, lo que profundiza las brechas laborales existentes.

Este patrón afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a las personas jóvenes y a quienes presentan menores niveles educativos. En este contexto, la disminución del desempleo no puede interpretarse como una mejora estructural del mercado laboral, sino como el resultado de un proceso de contracción y recomposición excluyente. Esta dinámica no solo limita el crecimiento potencial de la economía, sino que también plantea la necesidad urgente de políticas públicas orientadas a ampliar la participación laboral —en particular de las mujeres— y a promover una generación de empleo más diversificada e inclusiva.

Fuente de los gráficos: OES-UNA con datos del INEC.
Nota: Las escalas de los ejes fueron truncadas para facilitar la visualización de los fenómenos analizados.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Los resultados electorales nos llaman a la lucha

Partido Pueblo Unido

1.-

El triunfo de las fuerzas oficialistas en las elecciones de este 1º. de febrero representa un duro revés para el pueblo de Costa Rica.

Esa alternativa ganadora se propone llevar las reformas neoliberales a sus máximas consecuencias, eliminando los resabios del estado de bienestar general, es decir, las conquistas del pueblo en materia de seguridad social, educación, salud y otras. Al mismo tiempo, son una dura amenaza a los derechos laborales, ya de por sí muy diezmados, mediante la intensificación de la represión contra el movimiento sindical organizado.

Pero va más allá, va por una destrucción del régimen de libertades públicas, los derechos políticos de los ciudadanos y el empeoramiento de la situación de los derechos humanos. Va a ser un régimen de carácter totalitario, violento y represor.

El movimiento ganador en estas elecciones forma parte de una corriente internacional que si bien no nació por inspiración del presidente de EEUU Donald Trump, tiene ahora a este como su apóstol. Se trata del fortalecimiento de la extrema derecha violenta y autoritaria por sus concepciones políticas, su racismo y su reclamo a revertir los cambios progresistas del pasado reciente. Esta internacional del mal se fortalecido en nuestro continente y hoy dirige gobiernos en Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador. Es una opción profundamente antiobrera, antidemocrática, neoliberal a ultranza y profundamente violenta. Es la expresión renovada de las fuerzas de la oligarquía que gobernaron por años por medio de dictaduras sangrientas y que hoy, ante el miedo de perder sus privilegios, se reacomodan con esos nuevos ropajes muy cercanas al fascismo europeo.

2.-

¿Por qué ese triunfo?

Mucho se ha hablado acerca de las causas de la fortaleza de ese movimiento, pero no está de más reiterarlas y corroborarlas con su triunfo electoral.

La primera es que triunfó por el desprestigio de las otras fuerzas contendientes, que el pueblo mira como partidos tradicionales.

La debacle del Partido Unidad Socialcristiana tuvo su punto culminante en 2004 con el apresamiento del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien semanas antes había asumido la secretaría general de la OEA, y del también expresidente Calderón Founier pocos meses después. Ambos fueron consecuencia de serias denuncias de corrupción. Esa crisis, sin embargo, ya venía abonándose por los malos resultados de sus gobiernos. A partir de entonces, el PUSC se convierte en una fuerza minoritaria y aún hoy sigue siéndolo. Así lo demuestran sus resultados de este domingo.

El Partido Liberación Nacional ha sufrido un deterioro constante desde hace dos décadas, producto de los malos resultados de sus gobiernos y las acusaciones de corrupción. Hoy día, pese a mantenerse como uno de los partidos mayoritarios, lleva veinte años sin ganar una elección presidencial.

La decepción por los partidos tradicionales se profundizó con el desplome de un tercer movimiento, el Partido Acción Ciudadana, que irrumpió en la política como una fuerza nueva, aupada por las esperanzas de la mayoría de la población, pero que decepcionó de tal manera que después de haber ganado las elecciones en dos ocasiones consecutivas, no obtuvo en la siguiente solo el 1% de los votos. Esa lápida persigue a ese partido aún hoy, como se demostró en las elecciones que comentamos.

Las masas populares están decepcionadas con la vieja política, y como ocurre en todos los continentes y en todos los tiempos, la decepción alimenta las alternativas extremas, en especial el extremismo de derecha.

La segunda causa es que la población está decepcionada por la institucionalidad, pese a que ala fuerzas progresistas les cueste mucho aceptarlo. Desde hace muchos años la gente habla mal de todas las instituciones (la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, los bancos estatales y el INS e, incluso, las instituciones de interés social, como la CCSS, el PANI y otras). Le reclaman su ineficiencia, su burocratización y su corrupción. La institucionalidad en su conjunto, al igual que el Estado burgués, han caído en el desprestigio precisamente porque no representan una solución pronta, justa y razonable para los problemas del pueblo. Y la extrema derecha en general y Chaves en particular, se presentan ante las masas como alternativa a esa institucionalidad, como la fuerza antisistema. Por el contrario, todos los demás, especialmente la izquierda, asumen el papel de fuerzas conservadoras, defensoras de esa institucionalidad que, pese a sus muchas bondades, está tan desprestigiada.

Tercera, el desempeño del gobierno, que ha sido muy deficitario, no es percibido por las masas como dañino, dado a que en cierta medida la macroeconomía le ha sido benevolente. Ha mantenido un tipo de cambio bajo, inflación controlada y servicios públicos cuya debacle no es todavía tan palpable.

Por último, ese partido parece haber sorteado la dificultad de un empeoramiento de las condiciones de inseguridad que se agravan en el país o, al menos, la gente percibe que gobierno hace un buen trabajo en relación ese problema, pese a que las cifras muestran un aumento de la criminalidad y se multiplican las denuncias de presuntas relaciones del gobierno o gente cercana a él con los entes mafiosos, en especial con el narcotráfico.

3.-

¿Quiénes han votado por el chavismo?

Es muy temprano para hacer un balance sobre este aspecto, pero sí podemos afirmar que una gran parte de la gente más pobre ha sido su base de apoyo. Se trata de los habitantes de los barrios marginales del Área Metropolitana y, sobre todo, de los litorales, que reúnen a la población más empobrecida. Se trata, en gran parte, del proletariado urbano y rural y de sectores que se encuentran muy cerca del proletariado: semiproletarios, pequeños propietarios pobres, campesinos empobrecidos, trabajadores por cuenta propia, desempleados y otros, y son el sector más resentido por la ineficiencia de las instituciones públicas. En su conjunto, ellos son el sector mayoritario de la población.

Ese sector empobrecido es el más golpeado por la crisis del país y por la ineficiencia de los gobiernos de los tres partidos tradicionales. Es verdad que el beneficio que han recibido del actual es nulo o mínimo, pero el descontento que estos sectores sienten, su ira antisistema, no pueden depositarla en otra alternativa, pues no hay otro partido en el que se sientan representados.

Este comportamiento de las masas más pobres es también producto del abandono, voluntario u obligado, a que los ha sometido la izquierda, la cual no ha tenido ni fuerza ni visión para conducirlos en la organización de su lucha. En muchos casos, ese vacío ha sido ocupado por las iglesias pentecostales, que de forma evidente han tenido una gran influencia en los resultados electorales.

Cabe mencionar que se ha producido una división muy peligrosa entre sectores proletarias y cercanos al proletariado y la llamada “clase media”, compuesta por profesionales, empleados públicos no proletarios, empleados universitarios, maestros y profesores y otros similares. Los primeros han apoyado al oficialismo. Los otros, al menos una buena parte de ellos, ha alimentado al Frente Amplio, al PAC y muy posiblemente también al PLN. Esa división por motivos electorales es importante pero no la más decisiva. Lo realmente importante es que los sectores más pobres consideran a esas “clases medias” como sus enemigos, y apoyan las medidas a que los somete el neoliberalismo.

4.-

El Partido Liberación Nacional logró colocarse en esta contienda como la alternativa de oposición y acumular un 30% de los votos, una cifra nada despreciable. La mayoría de los opositores lo vieron como la opción viable. No obstante, sus resultados dejan mucho que desear. Su fracción parlamentaria, la mayoritaria, se mantiene en el rango de las últimas cuatro elecciones, entre 17 y 19 diputados.

La derrota tiene posiblemente muchas causas, como suele ocurrir. La primera y más importante es el desprestigio que este partido arrastra y de la cual no puede desprenderse. La segunda es la ausencia de un programa sustantivo de reformas a la vida del país. Todas sus propuestas fueron tímidas y poco llamativas.

5.-

El PAC, ahora semicamuflado bajo otra franquicia, ha cosechado una segunda derrota histórica, pese a la gigantesca suma de dinero invertida en su campaña. Apoyados por la derecha, evidentemente protegidos por la gran prensa, no lograron crear una opción viable ni levantar un programa creíble. Una de las causas de esos pésimos resultados es que no lograron separarse del gobierno de Carlos Alvarado al que, por el contrario, justificaron y defendieron.

6.-

El PUSC es el otro gran fracasado de la campaña de la que, como en las anteriores, lo dejan como colero, pero con un fuerte retroceso. Su fracción parlamentarias queda reducida a un solo diputado. Eso muestra que los electores le cobran su colaboracionismo con el gobierno actual y la carencia de propuestas para hacer frente a los problemas, especialmente de las masas más pobres, que siempre fueron su base de sustento y que ahora han pasado a apoyar al oficialismo.

7.-

Aunque una inteligente y luchadora fracción de jóvenes diputados ha sabido rodearse de gran respeto y apoyo popular, tampoco el Frente Amplio pudo convertirse en una alternativa ganadora. Si bien ha obtenido un nada despreciable resultado de votos legislativos (aumentando en uno su número de diputados) su votación la presidente, muy inferior a la de hace cuatro años, lo coloca también entre las fuerzas residuales.

Los resultados obtenidos por el Frente Amplio demuestran el fracaso de esa política de renuncia de los grandes objetivos de cambio social y de concesiones ideológico-políticas reiteradas, en ese lento pero sostenido alejamiento de posiciones revolucionarias y se marcha igualmente lenta pero sostenida hacia el centro-izquierda o, simplemente, hacia el centro.

Su experiencia en este sentido es muy importante para el movimiento popular porque demuestra que ese no es el camino del éxito, sino todo lo contrario: el camino de las concesiones solo conduce al fracaso. Como dice el dicho popular: Hacerle el favor al diablo con llevárselo le paga y, efectivamente, cuando se hace una concesión a la derecha, esta se torna más fuerte. Es como en la guerra: si se entrega un territorio al enemigo, este se fortalece, y nosotros pasamos a pelear en una posición de mayor debilidad.

En política nacional este partido se olvidó de la tarea de producir una verdadera distribución de la riqueza, aunque a veces menciona este punto de soslayo; esto incluye la consigna de realizar una profunda reforma tributaria y, por el contrario, ha apoyado posiciones fiscales de la derecha, como son el apoyo a los eurobonos (es decir, al endeudamiento externo) y su oposición de poner impuestos a las zonas francas. En su afán de no polemizar con los empresariado, dejaron también de lado el tema de acabar con la evasión fiscal. El Frente Amplio ha votado en favor de la extradición de nacionales a Estados Unidos y por el financiamiento de una megacárcel, ambas partes integrantes de la política de seguridad continental del imperialismo. Pero, sobre todo, en esta campaña no presentó un verdadero programa alternativo y, por el contrario, se presentó como impulsor del continuismo reformista ya agotado.

En materia internacional ha mostrado una política seguidista de la derecha y de renuncia a la solidaridad antiimperialista. Durante la campaña y de manera reiterada candidatos y dirigentes de este partido hicieron referencias contrarias a Cuba y Venezuela, en un intento de sacudirse de posibles acusaciones de izquierdistas y de ganar votos con la utilización del anticomunismo vulgar.

Pero, sobre todo, este partido abandonó el trabajo de bases y la lucha con las comunidades y los sectores laborales, reduciendo su política casi exclusivamente al parlamentarismo.

8.- El análisis de esta campaña no puede estar completa sin una autocrítica de las fuerzas de izquierda y, en particular, de nosotros, de Pueblo Unido. Durante muchos años la izquierda revolucionaria, por motivos muy diversos, hizo abandono de la lucha al frente de la clase trabajadora, así como de la lucha ideológica y política de masas. En esta campaña electoral nuestro partido no pudo completar los requisitos legales de inscripción y tuvo que mantenerse al margen.

El Partido Pueblo Unido considera que la única acción consecuente en las actuales circunstancias es llamar al pueblo a luchar contra la opción ultraderechista que representa el chavismo. Son las masas en la calle las que pueden parar la cruzada ultraderechista. Una de las primeras acciones en este camino es el fortalecimiento del partido, la unidad de las personas de izquierda que se encuentran dispersas, muchas veces desilusionadas, en todo el país, la recuperación de su personería legal y su preparación para una participación plena. Esta no es solamente ni principalmente electoral, pero sí debe contemplar la participación plena en los procesos electorales.

En esta tarea llamamos a todos los costarricenses de izquierda, a los que mantienen viva en sus corazones la aspiración a un cambio revolucionario que nos conduzca a una nueva sociedad, sin violencia y sin injusticia, y hacia el socialismo.

Un millón de voces: el mandato imperativo

JoseSo (José Solano-Saborío)

Pasada la “goma” electoral del 1ero de febrero, y con la cabeza fría que otorga el silencio de las urnas, es momento de analizar no solo lo que pasó, sino lo que inevitablemente viene.

Empecemos por lo incómodo, breve y directo: el triunfo del oficialismo no se explica únicamente por gestión o carisma. Sería ingenuo ignorar el elefante en la habitación. La victoria de Laura Fernández y la continuidad del proyecto “chavista” se cimentaron, en gran medida, sobre una sofisticada maquinaria de desinformación y manipulación mediática. La estrategia de la posverdad, esa donde —recordando la advertencia de Pilar Cisneros— “a veces es necesario mentir”, fue ejecutada con precisión quirúrgica. El electorado fue bombardeado con realidades paralelas que terminaron por definir el voto. Ganaron, sí, pero el costo democrático de esa victoria basada en la distorsión es una factura que apenas empezamos a deber.

Sin embargo, el escenario en Cuesta de Moras cuenta otra historia.

La nueva Asamblea Legislativa se configura con una realidad aritmética que no puede ser ignorada: 26 diputados.

Este bloque, conformado por cuatro partidos de oposición (incluyendo la sobrevivencia del PLN gracias al arrastre personal de Álvaro Ramos y el crecimiento del Frente Amplio), no es un accidente estadístico. Representan a alrededor de un millón de costarricenses.

Hagamos una pausa en esa cifra. Un millón de personas que, a pesar de la fragmentación y los egos de las dirigencias que impidieron una coalición a tiempo, salieron a votar con un mensaje claro.

Esos 26 diputados deben entender que sus curules no son cheques en blanco para el “negociado” político. No están ahí para canjear votos por puestos en el Directorio, ni para suavizar el tono a cambio de embajadas o beneficios personales.

El mandato de ese millón de ciudadanos es inequívoco: fueron electos para ser un muro de contención. Su trabajo es ser una OPOSICIÓN férrea ante la deriva autocrática que el oficialismo ha demostrado y que, empoderado por el triunfo, intentará profundizar.

La ciudadanía, que en la última semana dio cátedra de unidad espontánea ante el peligro, les está exigiendo lo mismo. El mensaje de las calles fue claro: depongan las actitudes sectarias. Guarden las banderas partidarias en la gaveta y saquen la bandera de Costa Rica.

Si estos 26 legisladores se pierden en rencillas internas, dogmáticas o, peor, se venden al mejor postor oficialista, no solo traicionarán a sus partidos; traicionarán a ese millón de votantes que, en medio de la desinformación, les confió la última línea de defensa de nuestra institucionalidad.

Señores diputados: la unidad que no lograron en campaña, están obligados a forjarla en el plenario. No hay margen de error, pero menos a la traición.

Invitación a ver:

Se acabaron las excusas. El análisis completo en el video
https://www.facebook.com/share/v/17qoCE6ojK/

¿Qué dejaron las elecciones del pasado domingo 1ero de febrero?
https://www.facebook.com/share/v/184KnuKKLE/

Desafíos autoritarios al Estado social de derecho: un programa para analizar y resistir

La Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) mantiene abierta la matrícula del programa “Desafíos autoritarios al Estado social de derecho”, una propuesta formativa orientada a analizar críticamente el avance de discursos y prácticas autoritarias que, en distintos contextos, precarizan la vida ciudadana y debilitan la democracia.

El programa parte de un diagnóstico claro: vivimos una aceleración del autoritarismo que impacta ámbitos centrales como la gobernanza, la seguridad democrática, la movilidad humana, el ambiente y las múltiples expresiones de la violencia. Frente a este escenario, la iniciativa propone que el análisis riguroso y multidisciplinario es, en sí mismo, una forma de resistencia democrática.

Con una duración total de cinco cursos y veinte sesiones, el programa se desarrolla mediante clases virtuales en formato de videoconferencia, cada sesión con una duración de tres horas. Las lecciones se impartirán los lunes, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (hora de Costa Rica), iniciando el 9 de marzo.

El enfoque académico es multidisciplinario, integrando aportes de la ciencia política, la economía, el derecho, la ecología, la criminología y la sociología. Esta perspectiva permite abordar los desafíos contemporáneos del Estado social de derecho desde distintos ángulos, sin reducir el análisis a una sola disciplina.

Entre los contenidos específicos del programa se incluyen:

  • Democracia, estado de derecho y garantismo en el contexto de la globalización y el malestar contemporáneo.

  • Política penal y fundamentos criminológicos.

  • Gobernanza de la movilidad humana, migración, derechos y políticas de control.

  • Derecho ambiental y gobernanza en la sociedad del riesgo.

  • Violencia, crueldad y hospitalidad en la cultura contemporánea.

El cuerpo docente está conformado por profesores y profesoras de reconocida trayectoria internacional, entre ellos Iñaki Rivera Beiras, Iñaki Anitua, Gabriela Oviedo Perhavec, Rafael González Ballard, Eduard Müller Castro y Mónica Vul.

El programa está dirigido a personas profesionales y estudiantes de las Ciencias Sociales, así como a toda persona comprometida con los debates centrales de nuestro tiempo, especialmente aquellos vinculados con democracia, derechos, gobernanza, migración, ambiente y violencia.

La UCI subraya que, ante el avance del autoritarismo, comprender sus dinámicas, discursos y efectos resulta clave para fortalecer la defensa del Estado social de derecho y de las libertades democráticas.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden contactar a la organización del programa a través del correo info@uci.ac.cr o los teléfonos 2283-6464 y 4037-5710.

A propósito del ceteris paribus y la liquidez de la alteridad

Moisés Roberto Escobar
Investigador asociado
Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
https://sv.linkedin.com/in/moisesrobertoescobar

Vamos por el principio. Como no dijo Cervantes: despacio Sancho que llevo prisa

En los debates contemporáneos sobre economía, modelos de desarrollo y transformación social, resulta inevitable volver la mirada hacia los principios que tradicionalmente han sostenido la enseñanza económica clásica. Uno de ellos —quizás uno de los más citados y, a la vez, más cuestionados— es el supuesto ceteris paribus, aquella cláusula metodológica que invita a “mantener todo constante” para examinar el efecto aislado de una variable. Si bien esta abstracción es útil analíticamente, su aplicación irreflexiva ha sido señalada como una trampa conceptual cuando se la lleva al terreno de los problemas humanos complejos, donde nada permanece realmente constante y donde la alteridad —la presencia del otro— es intrínsecamente líquida, dinámica y situada.

Pero, por qué el qué: Imbach el maestro tico-argentino o argentino-tico

Recuerdo cómo en los cursos introductorios de economía, el profesor Alejandro Imbach (QEPD) insistía en que dicha simplificación, aunque metodológicamente válida, podía convertirse en una herramienta peligrosa si se utilizaba para justificar diagnósticos o políticas que desconocieran la complejidad social. Advertía, con claridad notable, que muchos discursos públicos caen en la tentación de explicar el progreso o el estancamiento desde una única variable, señalando “la corrupción” como un fenómeno monolítico, aislado y absoluto. Esta narrativa simplista ignora la corrupción sistémica, tácita y legalizada que suele ser más dañina: aquella incrustada en reglas del juego económico, diseños fiscales regresivos, desregulaciones extremas y mecanismos de extracción de rentas que benefician sistemáticamente a minorías poderosas.

Enfatizaba que reducirla a una causa única invisibiliza otros factores estructurales con igual o mayor impacto. La corrupción individual existe, sí… pero existe dentro de sistemas que la incentivan, la protegen, la normalizan. El Estado puede ser capturado… pero también puede ser el mercado quien capture al Estado. La empresa privada puede innovar… pero también puede extraer, expoliar, concentrar sin límite.

Alejandro Imbach fue un comprometido docente, investigador, pensador y corresponsable de nuestro tiempo en Centroamérica. Con un pensamiento audaz y una elocuencia sarcásmica, logró pendular la investigación – acción participativa desde el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) a múltiples generaciones latinoamericanas. Impulsó consciencia, aprehensiones variadas y complejas que, junto a otros acervos siguen aflorando en el compromiso y la proactividad al servicio de las américas y el mundo con soluciones para el desarrollo, la sostenibilidad y el bien común. Por ello, esta memoria toca ese legado que atrevo a ilustrar brevemente.

Ceteris paribus: el placebo para la expoliación y la inacción

Los umbrales de reivindicación deben atravesar todas estas falsas fronteras… porque la transformación que necesitamos no cabe en los compartimentos estancos del pensamiento binario.

Mientras el discurso público se centra en el “caso” puntual, pulula en lo tácito la retrogradez de un sistema mercenario que, bajo etiquetas que han mutado –desde el neoliberalismo ortodoxo hasta ciertas expresiones de capitalismo de extrema derecha política–, expolia recursos públicos, degrada derechos laborales, depreda el ambiente y fragmenta el tejido social. Esta es una corrupción de mayor escala: la que corrompe las reglas, no solo su violación.

Imbach, el maestro, también invitaba a examinar de manera crítica cómo ciertos sistemas económicos —particularmente aquellos de corte mercantilista o neoliberal en su expresión más rígida— pueden generar dinámicas de concentración y exclusión cuando se desentienden de la dimensión humana y comunitaria de la economía. No es juicio moral, es descripción estructural de dinámicas donde la acumulación se desvincula sistemáticamente de cualquier generación de valor social compartido. Esta visión se alinea con diversas investigaciones que advierten que, sin mecanismos de corrección institucional, redistribución o regulación inteligente, los mercados pueden reproducir desigualdades estructurales, afectando la cohesión social y debilitando la confianza pública (como discuten autores como Joseph Stiglitz, Amartya Sen o Ha-Joon Chang). Particularmente en, cómo la desregulación extrema, sin contrapesos institucionales, puede erosionar la igualdad de oportunidades.

En este sentido, la “liquidez de la alteridad” es un recordatorio de que el otro nunca permanece fijo, y que las sociedades no son sistemas de ecuaciones lineales sino ecosistemas en constante flujo, donde la identidad, la agencia y las aspiraciones de las personas mutan, se adaptan y se resisten. Zygmunt Bauman nos alertó sobre la «modernidad líquida» Extendiendo esa metáfora: necesitamos liquidez epistémica, flexibilidad para reconocer que las categorías rígidas —santos versus demonios, público versus privado, Estado versus mercado— son trampas conceptuales que perpetúan precisamente lo que dicen combatir. La economía, la política y la administración pública no pueden tratar al ser humano como una constante; deben reconocer su variabilidad, diversidad y dignidad. Por ello, la reivindicación no es un gesto de confrontación, sino de re-equilibrio. De ajustar el lente. De ampliar la mirada. De corregir asimetrías. De aceptar que los sistemas —económicos, políticos, culturales, académicos— requieren transformaciones continuas para responder a la complejidad del presente.

Por ello, afirmar que “los umbrales de la reivindicación deben ser a todo nivel y en todo” no es una consigna ideológica, sino una reflexión ética profunda. Reivindicar, en este contexto, implica revisar, corregir, equilibrar y reorientar prácticas sociales, económicas e institucionales para que respondan a un ideal más integrador y justo. No desde el maniqueísmo —“ni santos ni demonios”— sino desde la comprensión de que toda estructura humana es perfectible y que la transformación requiere diálogo, evidencia, autocrítica y corresponsabilidad.

Es tiempo de los not regrets: nadie se salva solo… solo en racimo, en Ubuntu

En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, aceleración tecnológica, desigualdades persistentes y cambios culturales vertiginosos, es urgente promover miradas más holísticas. La economía debe dialogar con la sociología, la ética con la política pública, la innovación con la inclusión, y la productividad con el bienestar. Dejar atrás explicaciones reduccionistas permite construir visiones más amplias sobre el desarrollo y la convivencia.

Así, el desafío no es renunciar al rigor analítico del ceteris paribus, sino saber cuándo usarlo y cuándo abandonarlo. No es rechazar los mercados, sino reconocer sus límites. No es negar la existencia de la corrupción, sino comprenderla desde su complejidad sistémica. No es idealizar un modelo u otro, sino buscar equilibrar los múltiples intereses y realidades que conforman una sociedad plural.

Urge la transformación por reequilibrios: reconocer que vivimos en sistemas profundamente desequilibrados donde el capital financiero dicta términos al trabajo, donde el Norte global extrae del Sur, donde las generaciones presentes hipotecan las futuras, donde lo masculino subordina lo femenino, donde lo urbano devora lo rural, donde lo humano arrasa lo no-humano…

Reequilibrar no es «encontrar el punto medio» entre explotador y explotado… es desmontar las estructuras que hacen posible la explotación misma. No es negociar cuánto puede extraer el extractivismo… es cuestionar la lógica extractiva en su raíz.

La verdadera transformación —la que abre paso a la reivindicación— ocurre cuando somos capaces de combinar lucidez técnica, sensibilidad social y responsabilidad ética. Allí donde entendemos que la alteridad es líquida pero no prescindible; que el progreso es deseable pero no automático; y que ninguna categoría, teoría o ideología puede capturar por sí sola la totalidad de lo humano.

Reequilibrios ¿Qué, cómo, dónde?: wake up!

Sin ampliar, ni con otras aspiraciones retóricas o populistas, dejo algunas ideas que pienso pueden orientarnos en la ruta de las debidas reivindicaciones, como son:

A nivel institucional: No basta con perseguir funcionarios corruptos si el diseño institucional mismo perpetúa capturas regulatorias y asimetrías de poder… Urge reivindicar instituciones que no sean meros decorados de legitimación.

A nivel epistémico: Cuestionar los ceteris paribus que naturalizan desigualdades como «imperfecciones de mercado»… cuando son, más bien, perfecciones de un sistema diseñado precisamente para producir esas desigualdades.

A nivel distributivo: Kate Raworth lo plantea con claridad en su «Economía Rosquilla»: entre los límites planetarios y los fundamentos sociales mínimos, ahí debe habitar una economía digna de ese nombre.

A nivel político-económico: Superar falsas dicotomías mediante modelos que prioricen el bienestar colectivo sobre la acumulación concentrada… Ni estatismo ingenuo ni mercadolatría fundamentalista.

A nivel individual: colectivizarnos, conjuntarnos y ejercer corresponsabilidad, hacer contraloría, posibilitando una praxis de integridad y de valores que nos lleven al cambio real: comenzando yo, extendiendo al hogar, a la comunidad hasta llevarlo a todos los entornos de los que concurrimos y somos.

Es tiempo de los not regrets: nadie se salva solo… solo en racimo, en Ubuntu

Nota: fragmento de parte del contenido que Alejandro Imbach compartió en 2015 a sus estudiantes en CATIE:

Organización comunal: el reto del trabajo territorial – En Alternativas

El fortalecimiento de la organización comunal y su papel en el trabajo territorial será el eje del conversatorio “Organización comunal: el reto del trabajo territorial”, un espacio de reflexión y diálogo que reunirá a personas con amplia experiencia en procesos organizativos locales y comunitarios.

El conversatorio contará con la participación de Ileana Aguilar, técnica de Dinadeco a cargo de diez cantones de la Región Occidental; Darwin Mendoza, presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Grecia; y Mauricio Álvarez, dirigente comunal e integrante de la Asociación de Desarrollo de Tacares Norte. Las personas panelistas abordarán los desafíos actuales del trabajo territorial, el papel de las asociaciones de desarrollo y la importancia de la articulación comunitaria para incidir en la construcción de bienestar colectivo.

Esta actividad forma parte del programa AlterNativas, un espacio de reflexión y acción orientado a pensar alternativas para la construcción de un país más justo, participativo y solidario. El conversatorio se realizará en vivo el 6 de febrero de 2026, a las 18:00 horas (-6 UTC), y será transmitido a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.

El programa cuenta además con el acompañamiento de emisoras amigas como Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita Radio y 97.3 FM Voces Libertarias, que contribuyen a ampliar el alcance de estos espacios de análisis y debate público.