En la comunidad indígena de Curré/Yímba, la familia de doña Victoria Lázaro Ortiz se ha encargado de convertir las paredes de su casa en murales que guardan un sin fin de memorias sobre historias que ha sucedido a través de los años.
Trabajado detalladamente con la pluma de José Eusebio Lázaro, las ilustraciones evocan entre otras cosas, figuras míticas que están asociados a la cultura ancestral de esta comunidad.
Han dedicado un segmento a honrar la memoria de sus padres que fallecieron hace un par de años y las demás paredes recogen secuencias de una historia milenaria que caracteriza a la comunidad de Curré/Yímba.
Los bordes de sus paredes van decorados con líneas curvas y elípticas que se asocian a un pasado precolombino, donde los petrograbados, los metates, la cerámica policromada y las esferas de piedra fueron parte del contexto indígena de esta comunidad.
Incluye elementos básicos de la flora y fauna que desde tiempos inmemoriales han sido parte de la riqueza natural de este pueblo y como figuras míticas, no puede faltar Cuasrán, Sancráhua, Dí Sújcra, entre otros.
La presencia femenina como figura fundamental en las sociedades indígenas también forma parte de estas paredes que guardan celosamente parte importante del bagaje histórico de Curré/Yímba.
El río, los viajes en bote, los seres ocultos aún sin descifrar por el ojo humano, también se incluyen en el fondo de estas ilustraciones, que sin duda, representan parte del valor intangible de estas obras artísticas plasmadas en este lugar.
En el episodio 2 de la sexta temporada de Desde la Otra Acera, el diputado Jonathan Acuña Soto ofrece una detallada reflexión sobre los recortes propuestos para el presupuesto 2025. Estos recortes afectan principalmente a sectores clave como la educación e infraestructura, lo que genera gran preocupación sobre las implicaciones para el futuro de Costa Rica.
Uno de los puntos más alarmantes es la reducción de más de 200,000 millones de colones en el presupuesto, lo que equivale a un recorte del 2%. Acuña recalca que la educación es uno de los sectores más perjudicados, con una disminución de 18,000 millones de colones en su inversión, lo cual impactará la infraestructura escolar y limitará los recursos para los estudiantes. Esta situación es especialmente preocupante dado que nunca se ha cumplido con el mandato constitucional del 8% del PIB destinado a la educación.
Además, se menciona el impacto de la regla fiscal, que desde 2018 ha restringido el crecimiento del presupuesto, permitiendo solo un aumento del 0.4%, lejos del 3.75% que la ley permite. Esta regla ha afectado no solo a la educación, sino también a la infraestructura vial, que verá recortada su inversión en un 25%. Acuña advierte que estas reducciones podrían deteriorar las carreteras del país, afectando negativamente la movilidad y el desarrollo económico.
Otro aspecto relevante discutido en el programa es la falta de consenso entre el gobierno y las universidades en relación al Fondo Especial para la Educación Superior (FES). Acuña señala que esta falta de acuerdo representa una evasión de responsabilidades por parte del ejecutivo, lo que profundiza aún más la crisis educativa.
El diputado también cuestiona la entrada de Costa Rica a la Corporación Andina de Fomento (CAF), ya que implica una inversión de 32,000 millones de colones. Acuña sugiere que estos recursos serían más beneficiosos si se destinaran a la educación, que enfrenta una crisis urgente de financiación.
El episodio subraya la importancia de replantear las prioridades financieras del país para asegurar un futuro sostenible, especialmente en el ámbito educativo. Acuña concluye haciendo un llamado al gobierno a priorizar la inversión social sobre otros intereses, asegurando que la educación y la infraestructura son pilares fundamentales para el desarrollo de Costa Rica.
Te invitamos a ver el episodio completo a través de los siguientes enlaces:
La inversión social pasa a ser un elemento subsidiario dentro de las políticas del actual Gobierno.
En campos como el educativo y el ambiental no existe una ruta hacia una política clara y efectiva. Hay avances en infraestructura, pero se debe acelerar el paso en proyectos claves.
UNA Comunica. 12 de setiembre de 2024. El lenguaje autoritario, el estilo centralizado en la figura del Presidente y la constante confrontación con otros Poderes de la República e instituciones son un lastre para avanzar en la propuesta de soluciones de política social vinculados a educación, seguridad, ambiente y poblaciones vulnerables.
El Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), da cuentas de la realidad que atraviesa el país, cuando ya el Gobierno ha consumido más de la mitad de su gestión, que finaliza en mayo de 2026.
Bajo el título Un país en conflicto: las diferencias sustanciales entre Poderes de la República, el análisis enfatiza en que las divisiones del Poder Ejecutivo se han acrecentado ante instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes y las universidades públicas.
Una muestra evidente de ello, de acuerdo con Carlos Carranza, coordinador del Programa, es el uso de un lenguaje duro y estigmatizante, para referirse a aquellas personas a quienes el presidente Rodrigo Chaves considera sus opositores políticos.
Eso lo hace verse como persona lejana a la negociación y con una hiper centralización de las decisiones de política pública que provienen desde Zapote. “Mantenerse firme en sus posiciones es parte de la estrategia presidencial, donde la interpelación es directa y con muy pocas posibilidades de poder alcanzar acuerdos”, manifestó Carranza.
El estilo empleado busca achacar a la Asamblea Legislativa la responsabilidad en el estancamiento de las soluciones y en la tardanza en la aprobación de proyectos de ley, más aún en un periodo donde los esfuerzos del gobierno se han centrado en impulsar el proyecto de la Ley Jaguar y en debilitar a la Contraloría.
En el caso del Poder Judicial, las críticas se dirigen hacia sus distintas instituciones: desde la Corte Plena, hasta la Sala Constitucional y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En este contexto, el estudio determina que se ha instaurado un modelo económico, “donde la inversión social pasa a ser un elemento subsidiario dentro de la lógica de las políticas de Gobierno”.
Aunque desde el Ministerio de Hacienda se han hecho esfuerzos por reducir el déficit fiscal, no existe una estrategia clara que permita establecer objetivos concretos. Al respecto, Carranza hizo un llamado para que los equilibrios financieros por los que ha apostado la actual Administración, no dejen de lado un adecuado nivel de desarrollo en política social.
“La deuda que existe hacia los sectores con menos acceso a oportunidades es mayor y tendrá repercusiones en los próximos años, no solo con un apagón educativo, sino con una parálisis de una parte del sistema educativo y social”, indica el análisis.
Lo anterior hace que el Gobierno esté incumpliendo con acuerdos y metas establecidos a nivel del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la cual el país es parte.
Lupa en sectores
En el campo de la educación, se destaca que existen vacíos relevantes en la definición de una ruta clara hacia una política en esta materia. Problemas en la reinserción escolar, la falta de formación de personal académico, el retraso en la introducción de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza y el poco fomento de la lectura, son parte de los síntomas que se están percibiendo.
A esto se suma los problemas en la implementación de una estrategia hacia el bilingüismo y la reducción constante en los recursos que se destinan a financiar la educación pública, y que abarca la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
En cuando a la política ambiental, el informe recoge la contradicción entre las promesas del gobierno de Rodrigo Chaves y las acciones que pone en práctica. En términos generales, acusa la ausencia de una política ambiental, las situaciones de contaminación de agua que ha afectado a comunidades enteras y el uso de plaguicidas y pesticidas en cultivos.
A esto se suma el interés del Poder Ejecutivo por debatir acerca de la minería a cielo abierto y la pérdida de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar las obras del proyecto Orosi II, que solucionaría los problemas de abastecimiento de agua potable en la Gran Área Metropolitana.
“El país se encuentra en una situación crítica que refleja la negligencia y el desinterés de las instituciones nacionales de proteger el medio ambiente y gestionar los recursos naturales”, indica el análisis.
La inseguridad, principal preocupación de los costarricenses muestra indicadores preocupantes, con 406 crímenes que el OIJ ha vinculado con el crimen organizado y con el asesinato de 40 mujeres, de las cuales, 14 se han catalogado como femicidios.
Para este análisis de coyuntura, los académicos de la UNA hicieron una evaluación de la situación actual de las personas adultas mayores. Al respecto, se destaca que el acelerado proceso de envejecimiento al que se enfrenta el país se produce por el aumento de la esperanza de vida al nacer y la disminución en los niveles de fecundidad.
En ese entorno, persiste la violencia contra adultos mayores en sus diferentes manifestaciones y la necesidad de asegurar el acceso a una pensión digna en favor de esta población.
Asimismo, se hace una llamada de atención para que el Estado no descuide la atención de la niñez y adolescencia, a la luz justamente de la política nacional que rige la materia. Particularmente, se hace énfasis en la exclusión de esta población en los territorios indígenas.
En cuanto a temas de infraestructura, el informe reconoce que ha existido continuidad en el impulso de algunas obras, pese al cambio en la jerarquía del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, insta a que se avance de manera más decidida en proyectos clave como la carretera a San Carlos, por ejemplo.
Puede descargar el estudio completo en formato PDF desde este enlace.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Sensaciones socioemocionales relacionadas con la satisfacción con la vida, apoyo social, autoeficacia y salud, mejoraron.
Intervención incluyó a dos grupos, de 10 y 11 personas, del cantón de Nicoya, en medio de la pandemia.
UNA Comunica. 13 de setiembre de 2024. Para doña Felipina Fajardo tomar fotos y enviárselas a sus contactos, a través del teléfono celular que le regalaron sus tres hijos, era una tarea imposible. Ahora no solo hace eso, también realiza videollamadas y hasta se puso en contacto con una farmacia cercana para solicitar, por medio de su sitio web, el envío exprés de una medicina que requería para atender una dolencia en su columna.
Doña Felipina tiene 75 años y desde que nació ha vivido en Nicoya. Aceptó ser parte de un proyecto del Programa de Investigaciones en Psicología (PIP) de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA), llamado Promoción de procesos de envejecimiento saludable en población mayor residente en Nicoya, Guanacaste, mediante intervenciones con tecnologías de la información y la comunicación.
Mediante dos grupos (uno de 10 y el otro de 11 personas), los investigadores a cargo del proyecto, liderado por la académica María Dolores Castro, se propusieron determinar si el uso de la tecnología podía mejorar las habilidades cognitivas y de bienestar subjetivo entre la población adulta mayor.
Asimismo, identificar si a través de esta intervención era posible hacer un manejo eficaz del estrés y la ansiedad y de cómo se sentían ellas y ellos con la inclusión en el uso de la tecnología.
Para todos estos casos el resultado fue positivo. Por un lado, una de las conclusiones fue que esta población sí está dispuesta a aprender sobre tecnología, que sus capacidades y habilidades cognitivas mejoraron, así como sus sensaciones socioemocionales, relacionadas con la satisfacción con la vida, el apoyo social, la autoeficacia y la salud.
Para llegar a estas conclusiones, el grupo de investigación aplicó una prueba antes de que iniciaran las sesiones de capacitación y otro al finalizar, transcurridas las 10 semanas entre reuniones virtuales y presenciales, las cuales se llevaron a cabo en la biblioteca pública de Nicoya.
“Cuando nos referimos a capacidades cognitivas estamos hablando de la memoria, la atención, el control ejecutivo. El bienestar subjetivo es el grado de satisfacción que puedan tener las personas con sus vivencias. Y en esto hay mucha evidencia que dice que cuando las personas mayores aprenden a usar la tecnología aumenta un estado que se llama la autoeficacia, que es creer de que soy capaz de lograr las metas que me propongo”, manifestó Castro.
Junto con ella, el equipo estuvo integrado por Mauricio Blanco, académico de la Escuela de Psicología y por Mayela Coto, académica de la Escuela de Informática. También se contó con el apoyo de estudiantes asistentes tanto en la ejecución de los talleres como del seguimiento con los dos grupos.
Tareas
La necesidad de emprender este proyecto en una zona rural del país nació tras la pandemia. Castro manifestó que desde el 2008 viene trabajando temas de envejecimiento en la Escuela y desde ese momento se planteó la inquietud de cómo investigar las formas en que las personas, en su etapa de adulto mayor, pudieran vivir de manera saludable y con una mejor calidad de vida.
En el 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el envejecimiento saludable como el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez.
En el 2014, luego de concluir su tesis de doctorado, María Dolores Castro inició con un proyecto que involucraba el impacto de la tecnología en los procesos de envejecimiento, pero en zonas urbanas, con residentes de las provincias de la Gran Área Metropolitana (GAM).
“La pandemia nos hizo una gran revelación, porque entonces nos planteamos: ¿ahora qué hacen los adultos mayores que están en aislamiento y que no saben cómo acceder a las nuevas tecnologías? Y ¿cómo hacemos para prevenir sentimientos de soledad, cuando no tienen la oportunidad de convivir con otras personas?”, se cuestionó la académica.
Fue así como seleccionaron el cantón nicoyano, y con el apoyo de la biblioteca pública local, comenzaron a girar invitaciones de personas interesadas en ser parte del estudio. El banderazo de arranque fue en el 2020, en plena pandemia, de ahí la necesidad de que tuviese una modalidad virtual.
Elementos como aprender a conectarse a una red inalámbrica de Internet, utilizar aplicaciones como WhatsApp, realizar videollamadas a través de la herramienta de Zoom, compartir audios y fotos, fueron parte de las enseñanzas. Esto se complementaba con tareas que debían cumplir los participantes y cuyos resultados luego se compartían con el grupo.
Más allá de aprender sobre el uso de aplicaciones y sus funcionalidades, el proyecto tuvo el propósito de resolver cómo, a partir de su uso cotidiano, estimulan la memoria y proyectan interacciones sociales relevantes.
Entonces, por medio de estas labores, que para muchas personas pueden ser rutinarias, se establecían intervenciones desde la psicología para analizar el impacto, por ejemplo, sobre distintas habilidades cognitivas.
“Los viernes trabajábamos técnicas de respiración, de manejo del estrés o cómo lidiar con pensamientos negativos, como, por ejemplo, ‘yo ya no puedo aprender esto porque estoy muy viejo’ y a partir de ahí, saber cómo se pueden abordar”, agregó Castro.
De las evaluaciones realizadas, un 80% de los asistentes indicó que la actividad más significativa fue el recuento de recuerdos personales, seguido del uso de Zoom (76%) y la grabación e intercambio de audios por WhatsApp (76%). Además, un 77% consideró que lo aprendido en las sesiones de estrés y ansiedad es muy útil para su vida diaria.
Hoy, doña Felipina dice sentirse feliz. Ella tiene familiares y conocidos que viven lejos y ahora, por medio de la tecnología, puede tener contacto más frecuente con sus personas allegadas.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Ante el comunicado a la opinión pública emitido por el Presidente Ejecutivo del SINART, Fernando Sandí Chacón, la seccional ANEP-INART, manifiesta lo siguiente:
Con profunda preocupación hemos leído el comunicado en el que el señor Sandí Chacón deja ver que el futuro del SINART será definido en una reunión “crucial” que sostendrán en la Contraloría General de la República (CGR), con la contralora, Marta Acosta, en la que pretenden la resolución de dos temas pendientes ante el ente contralor.
El primero tiene que ver con un pronunciamiento emitido por la CGR, en el que los ingresos que percibía el SINART por concepto del 10% de los presupuestos de publicidad de las entidades estatales, fueron suspendidos en su aplicación.
El segundo tema tiene que ver con la aprobación de los recursos contenidos en el presupuesto extraordinario de la República, en el que se asignan a la institución, mil millones de colones, con los que la administración del SINART pretende llevar a cabo un proceso de reestructuración, a nuestro criterio, desde su génesis viciado de nulidad.
Pretende ahora el señor Sandí justificar su mala gestión al frente de la institución, alegando que, de no aprobarse los recursos de dicho presupuesto extraordinario, el SINART está en franco peligro de cierre, ya que se ha vuelto insostenible.
Pero qué fácil resulta ahora venir a decir que la institución es económicamente inviable cuando desde el inicio de su gestión no ha habido un plan claro para hacer del SINART, el grupo de medios de comunicación que establece la ley 8346.
Qué fácil resulta ahora aplicar una despiadada medida que podría dejar sin trabajo a doscientas familias costarricenses.
Qué fácil es ahora pedir recursos para despedir trabajadores, pero nunca hizo lo necesario para poner al Sinart a producir y generar sus propios recursos, con los mecanismos que claramente están establecidos para tal fin en la ley 8346.
Nos preguntamos: ¿por qué en vez de pedir mil millones de colones para aplicar un plan de despidos, no se pidieron esos recursos para poner al Canal 13, la Radio Nacional y los medios digitales con los que cuenta el SINART para renovar la programación y mejorar la cobertura? pues es muy fácil, simplemente porque ha demostrado el señor Sandí que no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento ni la capacidad para hacerlo.
¡No señor Sandí! El SINART no es como crear el mall Oxígeno, logro del que se ha jactado hasta el cansancio. El SINART es muy diferente y obedece a otros intereses que, en definitiva, usted ha demostrado desconocer totalmente.
El SINART, en efecto, está en crisis, pero esa crisis la ha generado el señor Sandí por su demostrada incapacidad para hacer del SINART la institución que debe ser, y todo por su ego que no le permite ver más allá de sus narices, un ego y un orgullo que lejos de construir, ha destruido lo poco que quedaba de esta querida institución después de la catástrofe que le significaron dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Jamás pudo usted señor Sandí, comprender que el SINART es una institución que nació para servir a la educación y la cultura del pueblo costarricense, y la administró, si es que así se puede llamar su desastrosa gestión, de manera tal que la postró en una parálisis que la tiene en coma, y después de tal desplante, ahora solo pretende los recursos para dar el tiro de gracia.
Hoy, por la dignidad y el derecho de las personas trabajadoras del SINART, le pedimos vehementemente, si es que aún le queda un poco de vergüenza, renuncie, y llévese con usted a las personas que, junto a usted, han hecho este desastre.
488 personas funcionarias en enfermería y auxiliares de hospitales afectadas a julio 2024
Luego de conocer que un grupo de funcionarios/as de enfermería, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes y auxiliar de quirófano de hospitales públicos tenían atrasos en el pago de sus salarios, incluso de hasta cinco meses, la Defensoría de los Habitantes solicitó a las autoridades un informe detallado a la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la situación.
Según afectados los atrasos han provocado que las personas trabajadoras tuvieran que recurrir a endeudamiento justamente porque el salario no les llega de manera puntual como corresponde. Para esta Defensoría, el no pago en tiempo del salario va en demérito de la calidad de vida de estas personas y la de sus familias.
Datos suministrados por la CCSS, al 23 de Julio del 2024, 488 personas funcionarias de seis Direcciones de Red Integradas de Prestación de Servicios de Salud y Hospitales Nacionales presentaban problemas con su salario, la mayoría de estas personas (71%) se concentra en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (346 afectadas).
La Defensoría solicitó las acciones implementadas o por adoptar para solucionar la situación, por lo que la Dirección Médica informó que, se ha realizado la aplicación de nombramientos a fecha indefinida en plazas vacantes, comunicación de circulares relacionadas con la confección, revisión y trámite de los documentos de personal y, fortalecimiento al Sistema Operativo Gestión de Recursos Humanos. Además, se indicó que se encuentran trabajando en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de las Personas Trabajadoras de la CCSS (SIPE), que permitirá redefinir toda la tramitología manual que hoy se ejecuta en un proceso automatizado.
La Defensoría realizará un informe detallado sobre este tema en el cual planteará recomendaciones con el fin de solventar dicha problemática que violenta el derecho de estas personas trabajadoras. La CCSS tiene una planilla de 63.287 personas trabajadoras. De acuerdo con la información proporcionada a la Defensoría con los históricos del 2023 se identificó que existen un promedio de 195.464 documentos de personal por bisemana – que equivale a 53.937 acciones de personal, 7.004 extras, 976 colectivas y 133.547 movimientos de personal- de los cuales un 68% se tramitan en forma manual por parte de las Unidades de Gestión de Recursos Humanos el 100% de los documentos requiere de una captura manual en el Sistema de Planilla Institucional.
La Defensoría de los Habitantes también ha estado interviniendo en situaciones de atrasos en componentes salariales en personal del Ministerio de Educación Pública.
Direcciones de Red
Integradas de Prestación de Servicios de Salud
Hospital
Personas afectadas
a Julio 2024
Dirección de Red
Integrada de Prestación
de Servicios de Salud
Huetar Atlántica
Hospital Guápiles
Enfermera Obstetra:02
Auxiliar de Enfermería:13
Asistente de Pacientes:05
Auxiliar de Quirófano:44
Total: 64
Dirección de Red
Integrada de Prestación
de Servicios de Salud
Pacífico Central
Hospital Dr. Max
Terán Valls
Auxiliar de enfermería:02
Asistente de pacientes: 01
Total: 03
Dirección de Red
Integrada de Prestación
de Servicios de Salud
Pacífico Central
Hospital Dr.
Monseñor Sanabria
Enfermería: 22
Auxiliar de enfermería: 25
Asistente de pacientes: 08
Total: 55
Hospital Nacional
Personas afectadas a Julio 2024
Hospital San Juan de Dios
Auxiliares de Enfermería: 02
Total: 02
Hospital Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia
Enfermeras: 186
Auxiliares de Enfermería: 160
Total: 346
Hospital México
Auxiliar de Enfermería: 15
Enfermeros:02
Auxiliar de Quirófano: 01
Total:18
Fuente: Dirección De Administración y Gestión De Personal CCSS
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas,
Tomada de: http://www.encuentromunicipal.com/
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas 13-IX-24 Fiesta de San Juan Crisóstomo
Con el paso del tiempo, los costarricenses hemos sido capaces de construir una sociedad cada vez más inclusiva que ofrece mayores oportunidades y mejor calidad de vida a: adultos mayores, niñez, población en condición de discapacidad y mujeres. Es decir, prácticamente la mitad de la población no poseía las mejores condiciones para desarrollarse plenamente.
En la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII surge la proclama de los derechos humanos universales, reivindicando la existencia del ciudadano, ante el poder del monarca. El pueblo pasa a ser el soberano, en vez de un rey o figura similar. Francia y Estados Unidos, luego Haití, avanzan en esa dirección, reconociendo la existencia de derechos inalienables para todas las personas, sustentados en la libertad y en un claro delineamiento de lo que serán las relaciones entre el individuo y el Estado. Un Estado que ya no es absolutista ni unipersonal, sino que será democrático y bajo el principio de delegación. Las personas decidirán cada cierto periodo quiénes serán sus gobernantes, y sobre ellos descansa velar por la consecución del Bien Común y el progreso de los pueblos a la luz de la doctrina democrática.
De manera que los derechos humanos en su conjunto, están asociados a los logros históricos de los pueblos de luchar por mejores condiciones de vida y que implica el reconocimiento del derecho a la vida y a la libertad en primera instancia, posteriormente al derecho a la libertad de pensamiento, a la libre expresión y la promulgación de deberes por parte del estado de proveer derechos como el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno para la población, especialmente la más necesitada. A la luz de este nuevo contrato social que surge entre semejantes, también se adquiere conciencia para financiar un estado que brinde los servicios más elementales para que la sociedad en su conjunto, funcione y surja el respeto a la ley, a la libertad a poseer bienes propios.
Surge el pago de tributos como tal. En el caso de Costa Rica, inicialmente, tras la independencia, para financiar gastos militares, policiales, mantenimiento de aduanas y la burocracia encargada de ello. Posteriormente, a partir de 1850 en los gobiernos de Mora Porras y Castro Madriz, empieza a aparecer el financiamiento de la educación como uno delo rubores más importantes en los presupuestos del Estado, sea poder ejecutivo o incipientes municipios que surgen en comunidades más organizadas. Se requiere contratar maestros, pagarlos y darles un espacio físico donde impartir sus lecciones a niños y párvulos. Hasta antes de 1885, sólo primaria, una escuálida Universidad de Santo Tomás y el colegio San Luis Gonzaga. Luego, tras la reforma de don Mauro y ponerse en práctica las ideas de don Julian Volio Llorente, con mayor participación activa del estado en lo público, surgen otros liceos como Instituto de Alajuela, Liceo de Costa Rica, Liceo de Heredia, Liceo de Señoritas, y escuelas en los municipios cabeceras de provincia y otros. Hay una gran claridad entre los gobernantes de nuestra época, sobre la importancia de impulsar la educación, facilitar el acceso a ella de la mayor parte de la población y que a partir de ahí se garantice el disfrute de otros derechos para la población. Además una población más alfabetizada, aún en una sociedad agrícola como la nuestra, a fines del siglo XIX e inicios del Siglo XX, con una incipiente industria y actividad comercial, es mucho más productiva. En la década de los veinte, surge la secretaría de Salubridad Pública y algunas leyes en protección de los derechos de los trabajadores. Allí el magisterio nacional jugó un papel muy importante, pues descubrió que la calle es otro espacio de lucha para las propuestas y reformas, y pode avanzar de esa manera, en el desarrollo social del pueblo. Se descubre la fuerza de la unidad y poder arrancar al poder político ciertas conquistas, sea a través de la promulgación de leyes más justas o de la negociación franca y transparente. El pueblo avanza con mayor acceso a servicios de educación y de salud. En esos mismo años veinte -hace cien años- llega el turno por mejores condiciones laborales, consolidar una jornada ordinaria, un salarios mínimo y un régimen de protección social que garantice una mejor atención en la vejez, la maternidad y ante la enfermedad.
La búsqueda de mejores condiciones de vida para la mayoría de la población, nunca ha sido una concesión graciosa de clase dominante alguna, sino que obedece a la legitima aspiración de los pueblos de buscar el Bien Común y emprender todas aquellas acciones que se consideren válidas. Surgen como una lucha contra la tiranía, en lo civil y lo político y luego se van configurando en lo económico, lo social, lo cultural. Mucho de lo cual queda plasmado tras la fundación de la Segunda República, en 1948, hasta la mitad de la década de los ochenta. Durante ese lapso las aspiraciones del pueblo costarricense, se han visto en mucho concretadas a través de la apertura de colegios y escuelas por todo el territorio nacional, la creación de clínicas y hospitales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y en el último cuarto del siglo veinte, la creación de sedes universitarias públicas y privadas que contribuyen a atender la brecha educativa en ese nivel, entre zonas rurales y urbanas, y la aparición de muchos puestos de salud, gracias a la estrategia Hospital sin Paredes. Así como brindar servicios de agua potable, letrinización, electricidad y telecomunicaciones a todo el país. Donde el Estado, para el servicio del sector privado, la producción y de la población, ha sido capaz de desarrollar diversas redes de servicios en rutas terrestres, cabotaje, y otras.
Durante todo ese periodo hemos disfrutado de gobernantes conscientes de esa ruta de crecimiento, desarrollo y bienestar y profundización de la convivencia democrática y la paz social.
Todo ello depende y dependerá de que NO DEJEMOS de invertir en lo social: salud educación, vivienda, alcantarillado, seguridad social. Los logros históricos que poseemos como pueblo costarricense, están fuertemente inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, en el pensamiento de pontífices como León XIII y Pablo VI. Esta exitosa cosecha no ha caído del cielo. Son fruto del esfuerzo de muchas décadas de apoyar y decidir sobre lo mismo, lo bueno, lo sano, lo justo. No nos debemos de cansar de preocuparnos por los demás, por los más desfavorecidos, los pobres, enfermos, inválidos y adultos mayores. Para eso pagamos impuestos y permitimos que parte de la riqueza que generamos, vayan a la atención de esas necesidades sociales para combatir la desigualdad y permite cerrar brechas de todo tipo.
Es decir, el edificio social construido con tanto esfuerzo, generosamente por varias generaciones, con grandes acuerdos nacionales, donde tejer esos acuerdos significa renuncia de alguien o algunos a algo, ha prevalecido sensatamente el fin último a perseguir; que es vernos todos como hermanos y forjar una patria en la que quepamos todos, que no se parezca mi país a un latifundio de gamonal. Llegar hasta aquí ha costado, y es por mucho, fruto del ahorro nacional. Estas condiciones no son inmóviles ni un regalo de nadie, o sea hay que cuidarlas y mantener los estándares de desarrollo social que hemos alcanzado con el paso del tiempo.
Pero si no hay inversión social, si no seguimos construyendo escuelas, buenas carreteras y atender la salud y la vejez como corresponde, veremos un marcado deterioro social. Que a su vez tendrá un impacto en las condiciones de equidad, seguridad, generación de empleo y búsqueda de oportunidades.
La incapacidad de llegar a acuerdos va a ser que aparezca el conflicto y la discordia. De ninguna manera debemos de permitir que ambos afloren en las relaciones entre las personas; con su insana y nada conveniente presencia, estamos a un paso que sea la violencia, el odio y la intolerancia quienes sustituyan las pacificas armas del diálogo y la paz social. Ello conduciría a una involución ante tanto progreso social que hemos logrado en la construcción de una sociedad más justa y solidaria; y el destructivo fantasma del retroceso estaría a la vuelta de la esquina.
Hoy preocupa imaginar, qué destino le espera a nuestra niñez y juventud, cuando en mi país, cada día 136 mujeres solicitan medidas cautelares ante la violencia intrafamiliar existente. Eso equivale vergonzosamente a más de 60 mil denuncias a año, dicho de otra manera, más de 5 por hora. ¡Qué horror! La degradación a la que nos estamos exponiendo en los últimos años, enciende las alarmas de que algo no lo estamos haciendo bien. Es penosa y descarnada expresión de una sociedad enferma, que pareciera irse quedando sin salidas.
No permitamos de ninguna manera, que nos inunde el sentimiento de derrota. Ese no es nuestro espíritu ni ese ha sido nuestro talante histórico. Eso sí, solo juntos podemos salir de allí y seguir construyendo.
Nuestra institucionalidad debe estar al servicio de la búsqueda del Bien Común, y como fin, debemos perseguirlo siempre y ahora. No claudiquemos, no tenemos ese derecho. Con el discernimiento espiritual que tenemos desde la fe, podremos retomar el camino. Debemos de ser capaces no sólo de ver las cosas, sino además de juzgar y actuar. Actuar con decisión y determinación desde cualquier espacio que ocupemos como ciudadanos.
Ante tan apremiante circunstancia, tal y como aconseja San Pablo, en la primera carta a los Corintios, ser indiferentes, no nos es lícito, no es una opción. Con sagacidad y humildad debemos retomar la ruta de la solidaridad que siempre nos ha hecho distintos.
El lunes 16 de septiembre de 2024, a las 4:00 p.m., en el miniauditorio del sexto piso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinará la presentación de los resultados del proyecto “Impacto laboral y socioambiental de los monocultivos en comunidades bananeras y piñeras de la Zona Norte y Caribe, en el marco de la Red Iberoamericana de Cadenas de Valor (REDIC)».
Durante el evento, se presentarán cinco trabajos excepcionales que abordan temáticas clave sobre los derechos laborales en Costa Rica. Las licenciadas Naomy Vega y María José Naranjo Aragonés tratarán sobre la indemnización plena por riesgos laborales y las implicaciones jurídicas de la compensación parcial a trabajadores afectados. Natalia Oviedo y Claudia Campos analizarán la Ley 9808, conocida como ley antihuelga, y su relación con el principio de no regresividad de los derechos humanos. David Bermúdez Corrales expondrá sobre los condicionantes socioculturales en el Valle de la Estrella y cómo afectan la percepción de derechos laborales entre el personal administrativo en las plantaciones de banano. Mónica R. Víquez presentará un estudio sobre la sindicalización de personas privadas de libertad y las complejidades legales y sociales relacionadas con sus derechos laborales. Karla Fernández Ávila y Jouseth Cháves Rodríguez cerrarán la jornada con un análisis de las categorías de trabajo pesado, peligroso e insalubre en Costa Rica, especialmente en las plantaciones de piña, y su relevancia para los operadores del derecho en diversos sectores.
Este evento ofrece una oportunidad única para discutir temas cruciales para el bienestar laboral en el país. En la imagen se informa los medios por los cuales estará la transmisión.
El viernes 12 de septiembre se realizó una reunión en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa para discutir los siguientes pasos en relación con el Pacto Nacional por la Educación Pública, tras la reciente movilización nacional.
En esta reunión participaron integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y organizaciones y movimientos integrantes del Pacto Nacional por la Educación Pública.
Se abordaron temas clave sobre el futuro de la educación pública y las estrategias para su fortalecimiento a nivel nacional.
El proyecto «Planet GOLD Costa Rica», pretende realizar actividades contrarias a la Ley dentro del Parque Nacional Corcovado.
Sector ecologista alarmado por iniciativas de investigación que buscan explorar y tomar muestras de oro en áreas prohibidas.
El pasado 29 de agosto del 2024, mediante oficio DGM-OD-368-2024 la dirección de Geología y Minas, solicita a la Directora del Área de Conservación OSA Paula Mena Corea, permiso para entrar al Parque Nacional Corcovado ya que el proyecto minero requiere visitas de campo.
“El objetivo minero de la gira es poder visitar los diferentes sitios de extracción de oro(…), identificar en el campo las potenciales fuentes de la mineralización (…), la toma de muestras, verificar si se utiliza mercurio (…)»
En relación con este último objetivo, es necesario aclarar que, según la Dirección de ACOSA, en el PN Corcovado y la Reserva de Vida Silvestre Golfo Dulce no existe minería con uso de mercurio, ya que lo que ahí se realiza de manera ilegal es minería artesanal, por lo que los estudios planteados por el Gobierno carecen de todo tipo de sentido. El equilibrio entre la vida silvestre, el ser humano y los recursos, no puede bajo ningún proyecto ser amenazado y perturbado por un experimento innecesario pudiendo provocar un daño irreversible a los ecosistemas existentes de un parque emblemático declarado como Patrimonio de la Humanidad.
Cabe destacar que el proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno de Costa Rica, el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Geología y Minas, el Fondo Mundial para el medio ambiente GEF, cuyo presidente es el exministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez Echandi, así como el programa para el medio ambiente de la ONU, y la Alianza para la Minería, entre otros.
En respuesta a esta solicitud y mediante oficio SINAC-ACOSA-D-0521-2024, la Directora del Área de Conservación rechaza el ingreso al Parque ya que identifica que este proyecto es violatorio de lo establecido en el artículo 8, incisos 7 y 8 de la Ley de Parques Nacionales Nº 6048, el cual no permite ningún tipo de extracción. De manera concordante, el artículo 8, párrafo segundo del Código de Minería, Ley Nº 7697, contiene una prohibición expresa para realizar cualquier tipo de explotación minera en áreas declaradas como parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios estatales de vida silvestre. Adicionalmente, la zonificación establecida en el Plan de Manejo tampoco permite este tipo de actividad, por lo que cualquier proyecto que plantee objetivos contrarios a estas disposiciones es totalmente ilegal y se posiciona como una gran amenaza al patrimonio natural de los costarricenses y de la humanidad.
Desde los comités de vigilancia de los recursos naturales COVIRENAS COSTA RICA, miembros activos de las diferentes áreas de conservación a nivel nacional, apoyamos la gestión de la Directora de ACOSA y decimos NO a la extracción minera en el parque Corcovado y en Costa Rica. Adicionalmente denunciamos que:
El proyecto del Gobierno de Costa Rica a través de ” Planet GOLD ”, pretende legalizar algo completamente ilegal.
Reprochamos la irresponsabilidad del Director de Geología y Minas al realizar una consulta la cual viola leyes ambientales y por plantear un proyecto contrario a la Ley.
La explotación ilegal de recursos del subsuelo mediante prácticas de extracción artesanal o semi-industrial, es un problema histórico no atendido en Costa Rica, por lo que efectivamente es indispensable que el Gobierno y sus aliados atiendan de manera integral esta problemática. No obstante, la propuesta del Gobierno de Costa Rica, el GEF y Planet GOLD, lo que hace es proponer una iniciativa contraria a derecho, desperdiciando así recursos vitales para atender a la población vulnerable asociada a la minería artesanal existente en un esfuerzo por realizar investigación y extracción de materiales en áreas con un valor biológico incalculable y en las que se encuentran expresamente prohibidas estas prácticas
Ante la comunidad nacional e internacional denunciamos que el GEF, a pesar de contar con un Director altamente conocedor de la materia y las restricciones ambientales de la zona, está aprobando proyectos contrarios a la normativa nacional de un Estado y que en lugar de generar los beneficios ambientales encomendados a este Fondo Internacional, pone en riesgo áreas con un alto valor ecológico actuando en contravención de los compromisos internacionales en materia ambiental a los que se encuentra sujeto.
Por lo anterior, y ante la impunidad que se ha visto reflejada en detrimento de los recursos naturales a nivel país, los COVIRENAS de Costa Rica alzamos la voz exigiendo que se cumplan las leyes ambientales y se proteja el invaluable patrimonio con el que contamos y que resguardamos para Costa Rica y el mundo. Finalmente, los COVIRENAS aquí firmantes nos declaramos activos, vigilantes y en pie de lucha ante los atropellos ambientales que han desatado quienes buscan lucrar con nuestro patrimonio.
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