¿Quién teme la democracia?
Por Habib Succar Guzmán
Habemus reforma judicial
Los jugosos privilegios de los(as) ministros(as) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
El salario del presidente:
El salario en pesos del presidente AMLO en 2024 es de $186.000 brutos/mes
(Aprox. US$9.300), que luego de rebajos de ley resulta en
aproximadamente US$7.750 mensuales.
El salario de un ministro(a) de la Corte:
El salario en pesos de un ministro(a) de la Suprema Corte de Justicia
mexicana es de $297.000 al mes, más una serie de prestaciones salariales
adicionales que suman un total de $600.000 (seiscientos mil pesos),
unos US$30.000 brutos al mes.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS de 19 de mayo de 2021
Ley / Capítulo I – Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127, así como, en lo conducente, del 74, fracción IV, y del 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.
La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, dentro de sus respectivas atribuciones.
En el artículo 9, de la Ley de Remuneraciones, se establece que el salario máximo de un servidor público es el del presidente de la República, así: “Artículo 9. Ningún servidor público obligado por la presente Ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia.”
La primera reforma constitucional salarial
Data del año 2009, a iniciativa del año 2006 del “partido de izquierda” mexicano Partido de la Revolución Democrática (PRD) de aquel entonces y que llevó casi tres años en proceso de negociación y aprobación final. En ese entonces, se estableció en general que el salario máximo dentro del sector público federal, sería el del presidente de la República, con lujo de detalle de toda la normativa atinente.
Fue en 2021 cuando a instancias de la coalición gobernante (MORENA + PES + PT) se presenta y aprueba una modificación importante a los salarios de los servidores públicos y se reafirma nuevamente que el salario máximo será el del presidente de la República. Simultáneamente se aprueba la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que aplica una sustancial rebaja en los salarios de todo el sector, incluyendo al presidente de la República, aplicando en general una rebaja cercana al 50% de todos los salarios previamente establecidos, bajo los principios que enunció el presidente AMLO de “austeridad republicana” y de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
Reacción inmediata de la casta
Inmediatamente después de publicadas estas importantes reformas constitucionales y modificada su respectiva Ley de Remuneraciones, en vez de aplicarse las rebajas respectivas en ciertos organismos autónomos del gobierno federal así como en el Poder Judicial, llegaron a las instancias judiciales sendos recursos de amparo de organismos como el INE, el INAI, la COFECE, la COFEPRIS, etc. y lo más sorprendente: y de los mismos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que no se podían aceptar rebajos a sus salarios. Y la misma SCJN fue la que aceptó y tramitó los recursos de amparo. Ni siquiera se excusaron (recusaron) para que otros integrantes Ad hoc se pronunciaran al respecto. No. Ellos querían garantizarse su salario, aunque estuviera en contra de la Constitución que ellos juran defender.
De esta forma, desde 2009 y hasta la fecha, pasando por la reforma de 2021, los ministros(as) de la Suprema Corte, los magistrados y jueces de distrito, perciben desde entonces salarios mayores que el del presidente de la República, pero son mucho más altos, en el caso concreto de los ministros(as) de la SCJN, hasta 4 veces más que el presidente.
Esta flagrante violación a la Constitución Política por parte de ministros, jueces y magistrados, indudablemente que constituye una afrenta al pueblo de México, porque son ellos precisamente los llamados a vigilar el respeto a la Constitución y sancionar las violaciones a los preceptos constitucionales. Y AMLO se los ha recordado y reclamado cada semana desde junio de 2021 pero ha sido como reclamarle a una pared…
El Plan B y el Plan C
Ya hemos reseñado en estas mismas columnas sobre los Planes B y C del presidente AMLO: el B pretendía una reforma electoral, incluyendo modificaciones sustanciales al Instituto Nacional Electoral y la eliminación de los diputados y senadores llamados “plurinominales” de modo que el Congreso pasaría de 500 a 300 diputados(as) y el Senado pasaría de 128 a 64 senadores(as). El Plan C, consistió básicamente en solicitar al electorado mexicano que, en la elección del 2 de junio votaran masivamente por los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia (MORENA + VERDE + PT), de modo que se pudieran alcanzar las mayorías calificadas en el Congreso de los Diputados (334 votos de 500) y en el Senado de la República (86 votos de 128), con el fin de realizar todas las reformas constitucionales que AMLO presentó el 5 de febrero de 2024 al Congreso, donde se incluía prioritariamente la reforma judicial y la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), más otras 16 modificaciones a la Constitución, incluyendo una reforma electoral y la eliminación de los Diputados y Senadores plurinominales y rebajar así de 500 a 300 y de 128 a 64 los Diputados y Senadores, respectivamente.
Habemus reforma judicial
Apenas se integró la nueva legislatura que funcionará del 1° de setiembre de 2024 al 31 de agosto del 2027 (son periodos trienales para Diputados y sexenales para Senadores), se abocó de inmediato a la aprobación con mayoría calificada de la reforma judicial tramitada en la legislatura anterior, que la dejó “servida en bandeja” para que la siguiente legislatura 2024-2027 la aprobase como una prioridad en su agenda. Y así fue. Con sesiones maratónicas y todo tipo de sabotajes y bloqueos de la oposición, la reforma judicial fue aprobada con sobrada mayoría calificada en el Congreso de los Diputados y con la exacta mayoría calificada en el Senado. De inmediato se remitió a ratificación de los congresos estatales (se requerían al menos 17 estados de los 32 a favor) y en menos de una semana se obtuvieron 23 aprobaciones estatales.
La médula de la reforma judicial consiste en 4 aspectos. 1. Ajuste de todos los salarios para que se respete el principio establecido desde 2009 de que ningún funcionario público puede percibir un salario igual o mayor al del presidente de la República; 2. Que la elección o nombramiento de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte se realice mediante votación popular debidamente dirigida por el INE con base en las regulaciones y procedimientos que establezcan las leyes derivadas de la reforma constitucional; 3. Que se elija también popularmente un Consejo de la Judicatura independiente de la Suprema Corte, que evalúe y sancione las actuaciones de los jueces, magistrados y ministros de la SCJN; y 4. Establecer un lapso máximo de un año para resolver los casos penales, excepto por la debida motivación ante la Judicatura.
Este punto 4 es muy relevante en México, porque ya hemos dicho que es quizás el único país del mundo donde el 40% de la población penal no tiene juicio ni condena, es decir, no saben por qué están presos y hay decenas de miles de personas en esa condición que llevan ya más de 10 años presos sin saber de qué se les acusa ni tener una condena.
Berrinches de la comentocracia
Razonablemente, cualquier persona objetiva y juiciosa se podrá preguntar si elegir jueces, magistrados y ministros en México de forma popular mediante voto secreto y directo, tal como se elige al presidente, gobernadores, diputados, senadores y alcaldes (presidentes) municipales, es la mejor opción para contar con una “justicia pronta y cumplida” de la mejor forma posible. La oposición y toda la comentocracia han inventado una y mil descalificaciones para el futuro ensayo democrático en la elección de autoridades judiciales.
Sin duda, toda la derecha política mexicana está horrorizada con la posibilidad de que el pueblo concurra a la elección de las autoridades judiciales en 2025, porque en general, la derecha en todo el mundo le tiene pánico a la democracia, donde el pueblo sea quien ejerza el poder mediante sus propios representantes y no, como ha sido hasta la fecha, una simulación de democracia donde la oligarquía es siempre la que impone a los líderes políticos o los doblega una vez electos para que sirvan a sus intereses.
La pregunta es válida sobre la nueva realidad judicial. México será un laboratorio cuyos resultados tendrán sin duda una clara influencia a nivel mundial sobre el novedoso sistema de conformación de las autoridades judiciales mediante voto popular. Pero una cosa es absolutamente cierta e incontrastable: el actual sistema judicial mexicano está absolutamente podrido y no se le pueden hacer reformas parciales porque todo el sistema ha demostrado ser ineficiente y absolutamente corrupto, al servicio de los grupos de poder (poderes fácticos como empresarios, oligarcas, políticos, medios de prensa, grupos de presión, etc.) y no atiende las demandas de justicia del pueblo llano, sino solamente de los que tienen dinero suficiente para pagar costosos procesos judiciales, para sobornar jueces, magistrados y ministros y torcer la ley mediante la venalidad del sistema (corrupto, inmoral, deshonesto).
Cuando AMLO presenta el 5 de febrero su “paquete de 18 leyes o iniciativas” al Congreso, incluye de forma estelar la reforma judicial y al proponer el Plan C, AMLO insiste en pedirle al pueblo en la elección del 2 de mayo una mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales necesarias para ese paquete de 18 leyes.
Claudia Sheinbaum por su parte, durante toda su campaña electoral, insistió una y otra vez en la necesidad del Plan C para aprobar las reformas constitucionales y otras presentadas por AMLO el 5 de febrero, como una forma clara de continuidad del “proyecto de transformación de la vida pública de México”, la llamada CUATRA TRANSFORMACIÓN. Y el pueblo le respondió generosamente dándole un 60% de votación el 2 de junio para 35,9 millones de votos, superando de forma impensable la gigantesca votación que había obtenido AMLO en 2018 de 30,15 millones de votos.
En el gráfico siguiente podemos visualizar el abismo de diferencia entre las elecciones de Felipe Calderón, Enrique Peña N. y AMLO y Claudia. Hemos agregado el dato de AMLO para el año 2006, anotando que en esa elección se ha demostrado que se cometió fraude electoral contra AMLO, por medio de la intervención del presidente Vicente Fox (2000-2006), coludido con la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Federal Electoral (IFE), así como los medios de comunicación comandados por Televisa, poderosa televisora que entonces se daba el lujo de poner presidentes a su antojo.
En general, se considera con datos duros bien conocidos y documentados, que las elecciones federales en México siempre fueron fraudulentas, a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta el año 1994, y luego el fraude contra AMLO en 2006 y 2012. La elección del 2018 se acepta que fue legítima, sin fraude, así como la de 2024, dado que en ambos casos la votación mayoritaria a favor de MORENA y sus aliados fue tan abrumadora que no había posibilidad de fraude y el INE tuvo que certificar así los triunfos de AMLO y Claudia.
México después de la reforma judicial
Sin duda se abre un panorama apasionante para el futuro de México. La reforma judicial traerá también la necesaria reforma del sistema de procuración de justicia, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, que son parte intrínseca de la corrupción que caracteriza al Poder Judicial.
Será a partir de 2025 que estos cambios fundamentales se irán instrumentando en la realidad política y judicial mexicana y que se podrá empezar a evaluar su impacto positivo o negativo en la vida de los mexicanos.
Lo cierto es que el gobierno de Claudia Sheinbaum será la “continuidad con cambio de estilo” de la CUARTA TRANSFORMACIÓN de la vida pública de México, así lo ha declarado ella insistentemente y se ha dicho que es orgullosa heredera del poderoso movimiento fundado por AMLO (y por ella) en 2011 y que hoy gobierna en casi todo México, que cuenta con una estructura federal con 31 gobiernos estatales y el de la Ciudad de México que cuenta con su jefa de gobierno y un congreso propio, para 32 entidades federativas en total, de las cuales el oficialismo gobierna 24.
MORENA ha pasado de gobernar 4 estados en el 2018 -cuando ganó en CDMX, Veracruz, Tabasco y Chiapas- a ser gobierno en 24 entidades, luego de las elecciones del 2 de junio, logrando en menos de diez años desde su creación tener gobiernos estatales en más de dos tercios del país, incluyendo estados que solo habían sido priistas, como el Estado de México que ganó el año pasado.
Del Palacio Nacional a Palenque
Un hecho que pone locos a los comentócratas y políticos de la oposición en México es que AMLO se ha declarado a sí mismo como “maderista: sufragio efectivo no reelección” (el lema de Francisco I. Madero que ayudó a tumbar la dictadura de Porfirio Díaz: el “porfiriato” abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911). De modo que al finalizar su periodo presidencial el 30 de setiembre de 2024 se jubila y se retira a su rancho en Palenque, Chiapas, donde asegura que no recibirá visitas y se dedicará a escribir su próximo libro sobre el periodo prehispánico de México.
Y es que la oposición reclamó durante casi 6 años que AMLO pretendía reelegirse, perpetuarse en el poder. Y además, tanto políticos como comentócratas han venido diciendo, en actos de machismo puro, que AMLO seguirá gobernando por medio de Claudia Sheinbaum, quien será algo menos que un títere que hará todo lo que AMLO le ordene. Nada más alejado de la realidad, pero ese ha sido el camino de los discursos opositores: primero que se iba a reelegir y ahora, que su delfina es una marioneta.
Ya la prensa tuvo el primer aviso de que Claudia será una presidenta con su autonomía, su carácter y firmeza: ella fue la que ordenó que se invitara al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, a los actos de traspaso de poder el 1 de octubre, y no al rey de España, como ha sido la costumbre. Y Pedro Sánchez en un acto de machismo puro, alegó que fue AMLO quien ordenó que no invitaran al rey, algo que ya fue aclarado por el mismo presidente quien dijo tajantemente que fue Claudia la que tomó esa decisión que él apoya 100%.
Nuevos tiempos, muy interesantes, se ciernen sobre México con la primera mujer presidenta de su historia: la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien se dice orgullosa heredera del proyecto de transformación liderado por AMLO.
Habib Succar Guzmán
29.9.24
