Durante la época colonial, Limón era considerado un lugar inhóspito habitado por indígenas y negros salvajes, una percepción que perduró hasta mediados del siglo XX.
En la Segunda República, el principal desafío para los gobernantes fue controlar la provincia y la ciudad de Limón. Se establecieron divisiones territoriales para los diferentes grupos étnicos: a los indígenas se les asignaron tierras mediante tratados internacionales convertidos en ley, mientras que la población no indígena recibió territorios de acuerdo con el derecho consuetudinario. Esto condujo a la creación de áreas como las «tierras de los negros» desde Barra del Colorado hasta Gandoca y Sixaola, donde vendieron parcelas de sus tierras a amigos inmigrantes para compartir su paraíso y poder subsistir.
Sin embargo, el rápido ascenso de los negros desde la pobreza extrema hasta adquirir propiedades en zonas exclusivas de la capital, como Plaza Víquez y Paso Ancho en la década de 1950, sin ayuda gubernamental, alertó a los gobernantes sobre el fracaso de su estrategia.
En las últimas tres décadas del siglo pasado, se observó una notable inmigración de europeos a Limón, especialmente al Distrito de Cahuita. Estos nuevos residentes se integraron rápidamente a la cultura local en lugar de imponer la suya, lo que desconcertó a los líderes del país.
Desde el cambio de siglo, se ha observado una política gubernamental que intenta revertir las leyes y derechos consuetudinarios que anteriormente llevaron al éxito a los habitantes del Caribe. Además, se ha evidenciado complicidad con bandas organizadas que invaden fincas para luego venderlas a quienes financiaron la invasión, poniendo fin al desarrollo económico autónomo del Caribe Costarricense.
Con el objetivo de luchar porque el nuevo Hospital Monseñor Sanabria reúna las condiciones necesarias para brindar el servicio y atención que los puntarenenses necesitan y por lo cual fue construido el nuevo centro hospitalario, se realizó una reunión con fuerzas vivas y organizaciones para crear el Frente Sindical y Social Pro Hospital Monseñor Sanabria.
UNDECA, en coordinación con grupos organizados de la provincia de Puntarenas discutieron, analizaron y definieron estrategias para un plan de lucha para que a este centro hospitalario se le dote de las 818 plazas que se aprobaron por la DGAP y entre a funcionar a un 100% con las nuevas especialidades y que son urgentes para el pueblo puntarenense.
Entre los servicios urgentes para la comunidad están, Nefrología, Ginecología Oncología, Hemodinamia, Hematología, Banco de Leche, Oncología Médica y Anestesiología Pediátrica.
UNDECA siempre a la vanguardia en la lucha por la defensa de la salud pública, al lado de las comunidades.
Un buen amigo me narra en detalles su rutinaria vida en la ciudad de San Pedro Sula. Para ir caminando a la cafetería más cercana sale de su residencial y camina 5 minutos sobre la acera que va al filo de una avenida de cuatro carriles, construida por el anterior alcalde, donde pasan, sin límite de velocidad, ni retenes en el suelo o rótulos que sugieran reducir velocidad, un promedio de 60 vehículos por minuto (uno por segundo). Un desliz y usted se convierte en noticia en páginas amarillas. No obstante, dos casas vecinas que están al frente de esa avenida, estacionan en esas aceras sus autos, aunque tienen cocheras con portones suficientemente anchos para ingresar sus vehículos. Cada peatón que pasa se arriesga a ser arrollado por un auto. En una ocasión, mi amigo le pidió a la joven que deja su auto afuera, sobre la acera. que por favor lo introduzca a su garaje, pero la reacción de la joven, fue decir que “la dueña de la casa le renta con el derecho de usar la acera para estacionamiento” desde luego, eso es una aberración completa. Las aceras son públicas y exclusivas para peatones.
Es bien conocido que, en las grandes ciudades de Centroamérica, la urbanización no ha sido producto de planificación con anticipación de sus municipalidades. Correcto es pensar que hay autoridades municipales que se han esmerado por el orden de sus ciudades. Desde que un terremoto destruyó la ciudad de Managua en Nicaragua en 1972, en toda el área centroamericana, se inició a poner orden con el crecimiento de las ciudades, aunque todavía se encuentran viviendas construidas de bajareque (varillas y barro), es raro ver una nueva construcción de bajareque, aunque si encontramos construcciones nuevas de adobe mezclado con un poco de cemento, con alto riesgo de ser destruidas por las inclemencias del clima.
La capital de Honduras: Tegucigalpa más su ciudad gemela: Comayagüela, con 1.3 millones de habitantes, a una altura media sobre el nivel del mar de 1,280 metros, es una de las ciudades más complejas de administrar, por su topografía tan irregular (oscila entre 787 y 2,304 MSNM). Está sobre una montaña donde se extraían minerales en tiempo de la colonia y post colonia.
La tercera ciudad es San Pedro Sula, ubicada en la zona norte del país, sobre el Valle de Sula, 7,251.1 Km2, a media hora del mar Atlántico, es la cabecera del departamento de Cortés, con 1.3 millones de habitantes, considerada la capital industrial del país.
Se considera la ciudad con la mejor nomenclatura del país. Es popularmente conocida la división que tiene entre el área más comercial y moderna con la más popular y menos comercial e industrial, a “partir de la antigua línea del ferrocarril” hacia arriba, es la parte más moderna y, hacia abajo, la parte más deprimida y pobre.
Con la llegada de la industria maquiladora, se llega a romper un poco ese mito, porque se ubican tanto arriba como debajo de la línea del ferrocarril, abriendo nuevas ciudadelas de obreros en el entorno de las fábricas maquiladoras.
Fueron estas fábricas las que, después de las fincas bananeras, a inicios del siglo 20, constituyeron un atractivo nacional de fuerza laboral un siglo después.
Las nuevas generaciones de obreros vienen a ser los hijos de los “campeños” de las fincas bananeras, aun cuando la zona norte en el Valle de Sula recibió bastante población campesina de las zonas interiores (de tierra adentro) de Honduras.
Aun cuando sigue habitando bastantes comerciantes que dominan los grandes negocios, con una ascendencia predominantemente palestina, puesto que los árabes y sefarditas que inmigraron a Honduras (1492-1497), se instalaron en el Valle de Sula y algunos en Santa Bárbara.
Fue así como el proceso de urbanización se establece inicialmente con trabajadores de las fincas bananeras, el centro de consumo y mercado principal de la zona se estableció entre la Lima, ciudad promovida con población empleada profesional y ejecutiva de las fincas bananeras, y San Pedro Sula, ciudad cercana a la Lima, con mayor auge comercial del país.
La élite política estaba en Tegucigalpa, a varias horas de viaje terrestre hasta la ciudad de San Pedro Sula y la masa trabajadora asalariada donde. se acumulaba mayor capital era el Valle de Sula con 18 municipios, en 7,251 km2.
Es así como en el Valle de Sula se instala la generalidad de instituciones o subsedes de los hospitales, universidades, y demás instituciones públicas como privadas, incluyendo un aeropuerto, el cual hasta recientemente dejó de ser internacional.
El estilo de vida que tiene la población de San Pedro Sula (o sampedrana) es una mezcla entre lo urbano y lo rural. Sus autoridades y los conductores de vehículos se sienten orgullosos por tener casi 10 kms de autopista en Avenida Mackey, sin límite de velocidad (como un freeway gringo), aunque tanto camiones como turismos, pasan por medio de poblados urbanos sobre esta avenida, que además es usada para cortar distancia por los viajeros que van desde Villanueva, el centro de San Pedro Sula hasta puerto Cortés.
Lo importante es “sentirse moderno”, más urbanizado, no importan los peatones, mascotas u otro animal silvestre que trate de cruzar esos cuatro carriles de la muerte.
Si bien la Agenda 2030 y sus ODS brindan la orientación adecuada para el diseño, formulación e implementación de iniciativas con la finalidad de reducir las múltiples desigualdades, mitigar los efectos negativos que enfrenta el país y aumentar así, el desarrollo humano para “no dejar a nadie atrás”, para la Defensoría de los Habitantes, mientras se carezca de una política nacional para la atención de la pobreza, Costa Rica se encuentra largo de la Ruta para una atención real, sostenida y estructural de la misma.
Así lo señalan las primeras conclusiones a las que llega un estudio preliminar que elabora la Defensoría de los Habitantes donde se analizan las consecuencias de la aplicación de la regla fiscal en las principales instituciones del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, como son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
De los resultados preliminares preocupa a la Defensoría que, durante los últimos años, al amparo de la aplicación de la Regla Fiscal, Costa Rica vive una reducción constante en materia de inversión pública en educación, salud y programas de combate a la pobreza, que compromete los tímidos avances en relación con la pobreza y la desigualdad.
Adicionalmente a la reducción presupuestaria y aplicación de la Regla Fiscal, el estudio preliminar destaca la necesidad de revisar el diseño de los programas sociales selectivos para garantizar su idoneidad y que sean complementarios, mejorar la coordinación interinstitucional, perfeccionar y uniformar los mecanismos de selección de beneficiarios para garantizar que lleguen a quienes realmente lo necesitan, además de completar la cobertura de los programas sociales, especialmente en las áreas más alejadas del país, y para dar énfasis a la calidad de los servicios de educación y salud y ajustarlos a las necesidades y condiciones de las poblaciones
Se detalla en el informe preliminar de la Defensoría, la necesidad de incorporar prácticas de evaluación de servicios y programas que incorporen metodologías de costeo claras que determinen cuál es el monto adecuado que se debe otorgar a las familias o personas beneficiadas para que puedan subsistir o continuar con sus estudios.
Además, se observa que casi todos los programas sociales analizados carecen de indicadores de impacto y efecto, lo que impide medir si realmente están generando una incidencia positiva en la sociedad. Tampoco se puede determinar si es necesario implementar mejoras para beneficiar de manera más efectiva a la población.
Otro aspecto que se detalla es la falta de consideración de factores importantes como la región de planificación donde vive la persona beneficiada, si tiene alguna discapacidad o enfermedad crónica. Estas variables no se toman realmente en cuenta al establecer los montos de las ayudas. Asimismo, es fundamental realizar evaluaciones de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Evaluación para Intervenciones Públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Aunque algunos de los programas mencionados anteriormente han llevado a cabo evaluaciones de diseño, son muy pocos los casos en que se han realizado evaluaciones de procesos y resultados. En algunos programas que llevan más de 20 años en implementación, nunca se ha realizado una evaluación de resultados, lo que implica que no se sabe si actualmente están generando efectos positivos en la población beneficiada.
La Defensoría subraya la importancia de crear una política pública formal que coordine y articule de manera efectiva las distintas estrategias y programas dirigidos a la reducción de la pobreza y la inclusión social.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Durante su intervención en el Congreso Mundial Antifascista, Delcy Rodríguez señaló que recientemente en América han aparecido 17 y en Europa 21 movimientos fascistas o protofascistas. Nada extraño: el fascismo surge de las crisis capitalistas, y las agrava.
Con Franz von Neumann, pensamos que el fascismo es el capital actuando en la más absoluta complicidad con el Estado. Recordemos la denuncia de Foxham según la cual sólo un 1% de la población posee casi el 50% de la propiedad global, y sólo un 10% acapara más del 80% de toda la propiedad del planeta. Las crisis económicas de 2008 y de 2019, esta última camouflada por las extremas medidas contra la pandemia, aceleraron exponencialmente esta hiperconcentración.
El fascismo no es más que uno de los disfraces del capital ante las situaciones socioeconómicas difíciles que podrían posibilitan la Revolución. Mientras ésta no triunfe, seguirá el capital reconcentrándose, hasta que una docena de megaempresas acaparen la casi totalidad de la propiedad mundial.
Hoy en día vemos una cuasi acumulación titánica del poder económico privado tanto entre los bloques del mundo unipolar como en los del multipolar: el Mercosur, el BRICS, el ASEAN, los No Alineados. En la medida en que el capitalismo avance en la tarea de eliminar a sus adversarios, bajo las más diversas máscaras y disfraces tendremos un cada vez más unitario bloque fascista de hiperconcentración política y económica golpeando con todas las tácticas y estrategias imaginables a la humanidad.
El fascismo es o intenta ser imperialista. Desde los comienzos de la Época Moderna este monstruo ha sobrevivido mediante el control planetario de los recursos naturales y humanos que posibilitan el modo de producción industrial. Pero el informe sobre los Límites del Desarrollo del Club de Roma ya en 1972 advirtió que los recursos naturales son limitados, y que no es posible una expansión industrial y demográfica infinitas en un planeta con recursos finitos.
En el último siglo la rebatiña se concentra sobre la energía fósil. Según la Agencia Internacional de Energía, British Petroleum, la OPEP y otros organismos competentes en la materia, las reservas de hidrocarburos al ritmo de consumo actual podrían durar sólo cuatro o cinco décadas más. El combustible fósil suple más del 80% del consumo energético global: su control es la clave del dominio planetario durante el venidero medio siglo.
Históricamente, los movimientos fascistas o protofascistas han adoptado una ideología elitista, racista y xenófoba: la propia clase, “raza”, nación, religión o cultura han sido elegidas por Dios, la selección natural o la competencia económica para dominar, explotar y exterminar a las restantes. La misma ciencia que permitió el desarrollo industrial avanzado proporciona ahora los medios para fabricar elites objetivamente superiores.
Así, las técnicas de edición de genes facultan a quienes puedan costearlas para predeterminar el grado de salud, longevidad, inmunidad contra infecciones y quizá hasta la inteligencia potencial de sus descendencias. A la oligarquía del capital o de la formación académica se podría superponer una oligarquía eugenésica que, como las anteriores, utilizaría sus capacidades para explotar y exterminar a quienes no formen parte de ella.
Pues al igual que el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, el fascismo se alimenta del saqueo de la naturaleza y de la fuerza de trabajo. O quizá los sobrepasa. Esclavo es quien no obtiene excedente económico, porque su remuneración se limita al mínimo que garantiza la subsistencia. La negación del excedente lleva consigo todas los demás.
El capitalismo y el fascismo avanzan un paso más, al empujar a la fuerza de trabajo por debajo del límite de la subsistencia. Ejemplo de ello, los campos de trabajo forzado en los cuales Albert Speer internó a tres millones de trabajadores para prolongar el esfuerzo armamentista del Tercer Reich, los regidos por otros imperialistas en su fase colonialista.
Quizá es esclava la inmensa mayoría de la humanidad cuyos salarios no igualan o apenas cubren el costo de la canasta básica. Con mayor razón, la condenada a tal situación por deudas contraídas, no por ellos ni sus padres, sino por sus Estados, deudas que en conjunto suman actualmente el 333% del Producto Interno Global Anual.
Por debajo de la subsistencia o del hambre no hay derechos culturales, sociales ni políticos. Ni los deseos ni la opinión ni el voto del pobre son considerados legítimos por los poseedores, quienes sólo tienen para los explotados un destino: el exterminio.
Pues se estima que la Inteligencia Artificial está por desplazar más del 40% de los puestos de trabajo humanos. Ello convierte a una considerable masa, asimismo privada de propiedad, en inútil para la acumulación de dividendos, objetivo final del capitalismo y del fascismo.
Bajo la lógica contable, unos 4.000.000.000 de personas resultarían sobrantes en el reparto de la energía, los alimentos y los recursos naturales bajo la dictadura del interés capitalista. Situación para la cual siempre Capitalismo y Fascismo tienen pronta una Solución Final.
Imposible parecería que se perpetrara semejante cúmulo de horrores. Sin embargo, tanto el capitalismo como su etapa superior, el fascismo, llevan tiempo ejecutándolos, bajo los más diversos disfraces: colonialismo “civilizador”, inversiones “modernizadoras”, privatizaciones “productivas”, entrega de recursos naturales a transnacionales “desarrollistas”, sistemas fiscales que exoneran de impuestos al capital y los gravan sobre el trabajador, abolición de todas las conquistas laborales, sociales y sindicales por regímenes “especiales”.
Todo se ha hecho, se hace y se hará en nombre de los más nobles y atractivos pretextos: libertad, progreso, democracia. El sistema comunicacional capitalista y fascista presenta sistemáticamente cada cosa como su contrario: monopolio como prosperidad, egoísmo como solidaridad, desprotección como oportunidad, miseria como abundancia, saqueo como progreso. Mecanismos de espionaje cibernético detectan, incrementan y anulan la disidencia. La falsificación mediática de la realidad presentaría como redención el exterminio.
El fascismo que describo podría venir, pero sólo si lo consentimos. No más de una décima parte de la humanidad mueve su espantable maquinaria. Los párrafos anteriores no describen una pesadilla, sino un alerta. Arrancar la máscara al fascismo es arrebatarle su fuerza.
El MAG ha llevado a cabo la desintegración del Departamento de Producción Orgánica sin criterio técnico, sin consulta pública y desobedeciendo la normativa nacional.
Desde inicios de septiembre de 2024, no hay una persona encargada de la inspección, el apoyo, la asesoría o el seguimiento a las personas productoras orgánicas.
MAOCO. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, sin importar el color político del gobierno de turno, siempre ha otorgado un lugar marginal a la agricultura orgánica. No se recuerda, en tiempos recientes, una administración que haya apostado por la aplicación real de la Ley 8591 (Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica), pero el gobierno de Rodrigo Chaves ha radicalizado esta inacción. El ministro Víctor Carvajal Porras ha acelerado el cierre de los pocos espacios dedicados a la producción orgánica. En lo que va del año, Carvajal ha cerrado tanto la Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica como el Departamento de Producción Orgánica.
Bajo el supuesto de un proceso de “reestructuración” institucional, se han eliminado los espacios de apoyo técnico a las personas productoras orgánicas y la participación política de las organizaciones dentro del Ministerio. Todo esto ha ocurrido al margen de la legalidad, contraviniendo los principios más básicos de la administración pública y la participación social en materia de política alimentaria.
En mayo de 2022, al inicio de este gobierno, el Departamento de Producción Orgánica contaba con cuatro personas, quienes han sido reubicadas en otras labores, tanto dentro como fuera del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El Movimiento por la Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) denuncia que, a septiembre de 2024, no hay un solo funcionario encargado de velar por el cumplimiento de las inspecciones en fincas orgánicas, dar seguimiento a los procesos de transición, o apoyar a las asociaciones de productores orgánicos y a los Grupos de Personas Productoras Orgánicas (GPO). En síntesis, no hay nadie trabajando en la promoción de la agricultura orgánica, desobedeciendo el artículo 10 de la ley, que indica que por medio de una oficina especializada el MAG destinará los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir los fines de la ley.
Desde MAOCO consideramos que el ministro Carvajal ha abandonado sus funciones, tal y como lo establece la Ley 8591 (Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica). Las órdenes ministeriales dispusieron la reubicación de las personas encargadas de las funciones de apoyo al sector orgánico, así como de la inspección y el cumplimiento del artículo 8 del Decreto N.º 35242-MAG-H-MEIC, “Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica.
El desmantelamiento del Departamento de Producción Orgánica, la salida del personal a cargo, y la reestructuración que está ocurriendo dentro del MAG se están llevando a cabo sin ningún sustento técnico, legal ni participación de organizaciones, agencias certificadoras o personas productoras afectadas.
Desde MAOCO, además, denunciamos que, al parecer, las altas esferas del MAG están trabajando en una nueva versión del Decreto 29782, «Reglamento de Agricultura Orgánica», sin compartir ni invitar al sector orgánico a participar.
En el Diario Oficial La Gaceta, del 10 de este mes de la Patria, se publicó el nuevo Reglamento para la elección y nombramiento de los representantes del sector laboral y patronal de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este decreto deroga totalmente el anterior y rige a partir de su publicación.
UNDECA denuncia que este reglamento fue promulgado de manera unilateral por el Gobierno de la República, fiel a la despótica hoja de ruta de esa Administración y violentando las disposiciones de la normativa nacional, específicamente, el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública.
Dicho decreto se lo sacó el Gobierno, de forma sorpresiva, del sombrero de un mago, quebrantando los principios democráticos de diálogo social, transparencia, consulta y el principio de legalidad de la actuación de la Administración Pública.
“UNDECA advierte que el gobierno emitió el decreto a su total arbitrio, omitiendo cualquier consulta y participación de los sectores interesados -ni siquiera la Junta Directiva de la CCSS fue consultada o informada- previo a la publicación de este espurio decretazo del Gobierno”, señaló Luis Chavarría, secretario general de la organización sindical.
El artículo 361 de la Ley General de Administración Pública establece un procedimiento especial que obliga al Poder Ejecutivo a conceder audiencia previa a las entidades descentralizadas y entidades representativas de carácter general, corporativas, sindicales y afectados por la correspondiente disposición.
El Poder Ejecutivo infringió esta norma legal, porque dictó, de forma unilateral, ese Reglamento, prescindiendo el trámite de consulta previa, cuya omisión causa su invalidez absoluta.
UNDECA denuncia, vehemente, que un día sí y el siguiente también, este Gobierno se vuelve cada vez más contra nuestro ordenamiento, manteniendo una conducta desenfrenada que refleja un absoluto desprecio de las normas que regulan la convivencia ciudadana, y que busca eliminar la participación democrática de las organizaciones gremiales.
Este mes, que celebramos un año más de independencia, es oportuno recordar el pensamiento de Cicerón, que en esta deriva política autoritaria nos viene como anillo al dedo: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes.”
La conducta ilegítima que denunciamos reitera que al Gobierno le incomoda y estorba el Estado de Derecho y la democracia costarricense.
A lo largo de muchas décadas, Costa Rica ha sido reconocida como un país que prioriza la educación, con una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina (98.04%), así lo respaldan organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, que señalan a Costa Rica como un ejemplo a seguir; sin embargo, en los últimos años ha surgido una preocupación no menor, y es que, cada vez hay una mayor incertidumbre que amenaza la educación.
En la actualidad, las Universidades Públicas están a la espera de una decisión que se está definiendo en la Asamblea Legislativa, debido a que el Poder Ejecutivo no logró llegar a un acuerdo viable con las U Públicas, a fin de fortalecer la educación. Este es un hecho histórico nunca antes vivido en el país, desde que se creó el Artículo 85 en la Constitución Política de la República, el cual brinda patrimonio propio a las instituciones de educación superior estatales del país, pues es la primera vez que las negociaciones acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pasa a resolverse a la Asamblea Legislativa.
Históricamente, las Universidades Públicas de Costa Rica han sido y son vehículos de transformación y movilidad social, a lo largo de las décadas han brindado oportunidades reales a poblaciones de diversos estratos socioeconómicos, permitiendo que muchas personas puedan tener acceso a una educación de calidad. Esto, ha ayudado a reducir las brechas de desigualdad social, más sin embrago, hoy la educación se ve envuelta en una encrucijada ante la poca voluntad de los tomadores de decisiones.
Ante este escenario, surgen varias interrogantes: ¿Cuál es el futuro que le espera a Costa Rica ante los hechos más recientes?, ¿La posición del Gobierno fue la correcta?, Ante la falta de presupuesto ¿Cuál es el destino de las U Públicas?, ¿Costa Rica seguirá siendo un referente mundial de la educación? Y finalmente, respecto a la alta tasa de alfabetización que nos destaca en el ámbito mundial, ¿Podrá Costa Rica seguir acortando más esa brecha o tendrá un retroceso debido a la falta de voluntades políticas que afectan el presupuesto de la educación?, esta última pregunta es importante plantearla porque muchas de las personas profesionales que educan a nuestros hijos e hijas se han graduado en Universidades Públicas y han hecho grandes aportes en la educación del país.
Si el Fondo Especial para la Educación Superior se ve afectado, esto tendrá repercusiones importantes en temas de educación de calidad, en procesos de investigación, desarrollo e infraestructura e incluso, en becas para estudiantes, quienes dependen de ellas para continuar con su formación profesional. Sin recursos suficientes, las Universidades Públicas ven comprometida su capacidad de responder a las necesidades del país.
Es por ello que, la educación superior pública debe ser vista como una inversión a largo plazo y no como un gasto, ya que cada colón invertido genera réditos para Costa Rica, con profesionales altamente capacitados, con instalaciones educativas óptimas para desarrollar investigación y generar innovación, con espacios para promover el arte, el deporte, la recreación y la cultura, así como la movilidad educativa de la población estudiantil, sin olvidar las acciones de extensión universitaria que buscan promover el desarrollo del país, acompañándoles en cada propuesta, proyectos locales, emprendimientos y muchas otras alternativas educativas, a fin de seguir protegiendo el tesoro más valioso de Costa Rica, “La educación”.
Una voz ronca y masculina preguntó a los estudiantes en huelga, ¿quién se anima a subir hasta allá arriba, en lo alto del edificio de la rectoría de la Universidad Autónoma de México (UNAM), para colocar esta bandera contra los recortes presupuestarios y la privatización de la educación universitaria en México? Silencio sepulcral; hasta que una muchacha delgadita, modales delicados, vocecilla sonatina y 24 años cumplidos, asombró a todos sus colegas, cuando les dijo: “yo subo, nuestra causa es justa “y empezó a escalar, a escalar, y desde entonces, ni genuflexos ni bocas chanclas del régimen, pudieron detenerla.
Se trata de Claudia Sheinbaum Pardo, quizá hoy la mujer más empoderada del mundo, porque asumirá este 1 de octubre, el destino de más de 126 millones de mexicanos, la mayoría de ellos humillados y sin otra opción que no fueran cuatro décadas de inhumanos gobiernos que, hasta 2018, regalaron el país norteamericano a base de préstamos multimillonarios y prebendas de toda clase. Seguramente será la mujer más poderosa durante el próximo sexenio, porque su presidencia no es fruto de lobbies entre fabricantes de armas o de la industria farmacéutica, sino es por “decisión de mi pueblo”, aclaró recientemente a un grupo de periodistas.
Por cierto, corría 1987, y el presidente, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), junto a su partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Acción Nacional (PAN), inician la mayor estafa a los mexicanos, vendiéndoles las empresas estatales, dando en concesión a mineras la mitad del territorio de México, entregaron los bloques petroleros a conocidas transaccionales, mientras otros conglomerados hacían suyos la electricidad, el negocio de las telecomunicaciones, los seguros, la venta y distribución de medicinas, convertían en cascarones vacíos el seguro social, las soluciones habitacionales son ahora negocios florecientes, la protección de los menores letra muerta, se echaban en el bolsillos el dinero de las pensiones de los viejitos, etc.
“En esa época (37 años atrás) era muy aventada”, recordaba Claudia Sheinbaum Pardo, cuando un domingo de estos, durante una gira por los pueblos del sur de su país, con su máximo mentor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un periodista trajo a la mente de la primer mujer presidenta de México aquel osado acto de subir la hasta el edificio de la rectoría de la UNAM para colocar la bandera de los huelguistas.
No eran jóvenes revoltosos, opuestos a los cambios, como consignaban todos los principales medios de comunicación, controlados por siempre por una élite mexicana racista, autoritarista y mentirosa, según la cual, el pueblo era “tonto” y, por eso, precisamente, requería de gente “ilustrada” y “preparada” para que lo gobernaran, pobre además, por su “vagancia” y “amistad” empedernida con el tequila.
¡No! Comenzaba de desmoronarse un régimen oprobioso, donde las “puertas giratorias” daban honorabilidad, el despotismo estaba institucionalizado y el saqueo de los recursos financieros, entregados por la gente más humilde a los distintos gobiernos, hicieron multimillonarias a las familias dedicadas a la politiquería. Ello, hasta 2018, cuando por escasos votos, llega a la presidencia AMLO; no sin antes sufrir un intento de desafuero para tratar de sacarlo de la política, así como las burlas ampliamente promovidas por el PRI y el PAN por pretender ser gobernante de la república, repartiendo hojas sueltas en el Metro de la capital mexicana, las terminales autobuseras y visitar casa por casa a lo largo y ancho de todo su país.
La electa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Todo con el pueblo, nada sin el pueblo” (F. Tomada de Facebook).
b-. Fin del gobierno de togas y birretes. Sheinbaum Pardo, electa por la coalición de partidos de izquierda y el “verde”, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), llega a la presidencia de la república con un capital electoral de 36 millones de sufragantes a su favor, desafió de entrada a quienes defendieron la educación como privilegio, anunció la traída del extranjero, sí es el caso, de especialistas y médicos para instituir la atención médica familiar, abogó para que no haya un solo joven sin su beca de estudio, dijo que todos los abuelitos y abuelitas tendrán su pensión digna, prometió que su administración aprobará la jornada laboral de 40 horas, casa de habitación para los menos favorecidos, considerando el alquiler como abono a la compra de morada, entre otros.
No tenemos necesidad de endeudarnos sí el gobierno sigue siendo austero, no permitimos más los lujos y seguimos devolviendo al pueblo lo robado, sentenció.
Además, con la promesa hecha este fin de semana, de incorporar a la democracia participativa a los pueblos originarios y campesinado del sur de su país para que se beneficien de las actividades que traerá el llamado Tren Maya, Sheinbaum Pardo pareciera decidida no solo a cuidar el patrimonio electoral dejado por AMLO, se va con un 70% de apoyo popular, sino convertir el tren interoceánico y el Maya, en las máximas obras de la ingeniería en los últimos 50 años.
Los primeros 473 kilómetros del llamado tren Maya quedaron inaugurados el pasado 15 de diciembre por AMLO, luego de vencer las tácticas politiqueras del PRI y el PAN, así como los bloqueos constitucionales y legalistas dentro de la conservadora Corte del poder judicial, fiel a los viejos partidos, hasta sus últimos estertores.
Este ferrocarril recorrerá 1500 kilómetros, entre pueblos olvidados durante más de 100 años, sorteando montañas y exhibiendo la cultura de las civilizaciones ancestrales de México; todo ha estado a cargo de obreros y profesionales del país, dijo en aquella ocasión. Agregó que habían presupuestado para toda esta obra 28.500 millones de dólares, gracias a que hemos combatido la corrupción.
Sin embargo, Sheinbaum Pardo, ahora convertida en doctora en Física y su emblemático pelo largo arremangado por una cola, está obligada primero, a resolver una rebelión en la cúpula judicial, porque sus privilegios están en entredicho en una reforma judicial que ya es ley; luego corresponderá a su administración conocer sobre la elección secreta, directa y popular de ministros, magistrados y jueces de poder judicial, entre todos los profesionales en derecho que quieran participar y tengan cinco años de desempeñarse en la profesión, entre otros requisitos.
Es menester recordar que AMLO, en febrero de este año, propuso una serie de reformas llamado “ Plan B”, en búsqueda de transformar los reumáticos institutos de la transparencia, terminar con la vieja práctica de archivar expedientes a personajes influyentes, hacer que los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces estén obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía por su efectividad en sus trabajos, hacer realidad el principio de justicia expedita para todos los mexicanos, entre otros.
El Plan B se trata, dijo el entonces diputado oficialista, Gerardo Fernández Noroña, de devolver a la gente la confianza en el poder judicial, acabar con privilegios en las altas esferas, pues no es posible que sí la Constitución ordena que ningún funcionario estatal ganará salarios arriba del que disfruta el presidente, haya magistrados violando la Carta Fundamental. Devengan dos y tres veces más que el ingreso del mandatario; queremos acabar con el nepotismo, con la sangre azul para ser magistrados y el linaje de juez en el poder judicial, añadió.
AMLO se despidió el pasado 15 de septiembre con el Zócalo a reventar y a gritos “no te vayas presidente” (F. Tomada de el periódico El Universal).
En ocasión de la discusión de este plan, trascendió que los altos jueces tenían un reconocimiento económico por usar la toga y el birrete, camionetas con choferes incluidos, combustible todo el que desearan, seguro social privado, casa de habitación con servicio doméstico y jardineros dentro del paquete, viajes al exterior, quince fideicomisos por casi mil millones de dólares, pensiones de lujo etc., todo pagado por el “soberano”.
Por datos revelados por el periódico El Economista, en su versión digital el miércoles 06 de Septiembre de 2023, se conoció que doce de estos fideicomisos controlaban 21 mil millones de pesos (19 pesos por divisa estadounidense), sin que formaran parte del presupuesto oficial asignado al poder judicial y seis de ellos destinados a “programas” que solo conocían las altas autoridades.
Como estos cambios constitucionales se rechazaron en las dos cámaras legislativas, donde los partidos tradicionales eran mayoría, AMLO presentó un llamado Plan C, para que los votantes en las elecciones del pasado 2 de junio y en ejercicio de la soberanía de todos los poderes en la democracia república, dijeran mediante el sufragio sí querían la limpieza en el poder judicial o se archivaban las reformas contempladas en el Plan B.
La respuesta fue aplastante. Alcanzó la mayoría en ambas cámaras, barrió con los viejos feudos del PRI y el PAN, ambos heridos profundamente quién sabe por cuántos meses más, quizá por años, ganó la mayoría de las gobernaciones en todo el país, Estados nunca imaginados fueron de MORENA. Hasta el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989 por una serie de personalidades entre quienes estuvo AMLO, salió rascando. Alguna vez esta organización partidaria pasó entre los votantes como de” izquierda”, pero el soberano lo enterró. Cobraron a este instituto político que, durante 37 años, se hizo pasar como de “izquierda”, de los dientes hacia afuera; mientras desde adentro carecía de acción junto a los obreros, campesinado, amas de casa, estudiantes etc., facilitando su manera sui generis de ver su Revolución”, el camino inhumano de 42 años de neoliberalismo.
“No hay nada que negociar; con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, dijo Sheinbaum Pardo a un arlequín enviado por la presidenta de la Corte, Norma Piña, tras aprobarse la madrugada del pasado jueves 12 de setiembre las reformas judiciales, con la misma vocecilla sonatina y tremenda alma demoledora. Sí, es aquella mujer que desafió a quienes titubearon para dar el paso adelante en plena huelga.
Por cierto, estos inerves, como fueron llamados estos huelguistas por algunos acomodados por el régimen, ganaron aquella batalla y siguen dando guerra.
Dara Arguello vicepresidenta de AMECUP y participante del programa economía social solidaria, nos cuenta que es de la comunidad Villa Hermosa que está ubicada en Upala y es parte de la “Asociación Mujeres Emprendedoras de las Comunidades de Upala” (AMECUP), la cual se dedica o trabaja en diversas áreas que tienen que ver con la mujer y la Universidad de Costa Rica forma parte del proyecto de economía social solidaria y nos cuenta cómo esta institución ha sido de gran ayuda desde que empezó esta Asociación, ya sea en la parte económica, estructural, producción, entre otros.
Por otro lado, Orfa Condega nos habla sobre el proyecto Mujeres Rurales: producción, procesamientos y comercialización de granos básicos, proyecto UCR, en donde el producto que más demanda tiene es el de arroz y los frijoles. En el video nos muestra distintos tipos de repostería creada en este emprendimiento. Cuenta sobre el gran apoyo que ha dado la UCR, como por ejemplo, la firma de dos convenios y el local, que les ha ayudado a construir sus sueños y fortalecer la producción.
Invitamos a ver el video de Dara y Orfa quienes nos cuentan cómo su relación con la UCR ha cambiado sus vidas y las de sus comunidades.
Imagen ilustrativa, UCR.
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