Organizaciones sociales y productivas agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo y otros sectores, acuerdan reactivar el proceso PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA que lideró la movilización más grande en defensa de la educación pública en el 2023.
El pasado 06 de agosto más de 130 personas de 36 organizaciones diversas, acordaron convocar a MOVILIZACIÓN NACIONAL el próximo miércoles 28 de agosto del 2024, en el marco de la presentación del presupuesto nacional de la educación en la Asamblea Legislativa.
Más de 130 personas de diversas organizaciones sociales y productivas, como el AGRO, Universidades Públicas, Organizaciones de Sociedad Civil, Cooperativas Sindicatos y Movimiento Estudiantil, acordaron el pasado martes 06 de agosto en asamblea abierta, una MOVILIZACIÓN NACIONAL el próximo miércoles 28 de agosto, por la educación pública de calidad en Costa Rica.
Esta iniciativa multisectorial busca fortalecer la calidad de la educación en medio de la crisis educativa más dramática de los últimos 40 años. La expectativa de los diversos sectores es superar la movilización histórica del 2023, reactivar el proceso PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, demostrando nuevamente la capacidad de acción y cohesión de las organizaciones participantes.
Aunque la demanda principal es mejorar la calidad de la educación pública en todos sus niveles, también se acordó incorporar una agenda amplia que incluya diversas demandas territoriales y locales, de manera tal que se logre demostrar que la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo es la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL para atacar de raíz el principal problema de la actualidad: la desigualdad, así como el rechazo a los recortes presupuestarios irresponsables e irracionales que, especialmente, agravan el deterioro de la política social dirigida a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
Esta agenda amplia incluye el contexto nacional atravesado por la crisis en los servicios de salud, ejemplificada por las listas de espera, la apertura del modelo eléctrico nacional, la venta de activos del Estado como el BCR, el abandono estatal del sector agroalimentario, la crisis de abastecimiento de agua potable, la violencia e inseguridad ciudadana, la crisis ambiental, la corrupción, los recortes a programas sociales esenciales, la reducción de fondos para cultura y juventud, la censura a medios de comunicación y activistas sociales desde casa presidencial, que se refleja en la transgresión a los derechos humanos, sociales y laborales en todo el país.
La MOVILIZACIÓN NACIONAL está programada para el próximo miércoles 28 de agosto del 2024, coincidiendo con la presentación del presupuesto nacional de educación en la Asamblea Legislativa. Asimismo, se llevarán a cabo acciones regionales en todo el país el jueves 29 de agosto.
Las organizaciones y liderazgos, hacen un llamado a la unidad nacional para enfrentar de manera coherente la crisis educativa y del sistema de bienestar social en Costa Rica, afectando a miles de familias, estudiantes y personas trabajadoras, se requiere una respuesta solidaria y coordinada, capaz de generar un cambio significativo y duradero, con iniciativas concretas en los territorios y comunidades fuera de San José, a su vez acompañada de acciones de incidencia Legislativa, gubernamental, así como acciones en la vía judicial.
Exigimos un nuevo rumbo para Costa Rica, que la Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo accionen coordinadamente mediante el Pacto Nacional por la Educación para fortalecer la educación de calidad, el sistema de bienestar social costarricense y el respeto constitucional del 8% del PIB para la educación.
El 7 de agosto la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica organizó el foro titulado «Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica». En este foro se presentaron diferentes ángulos de este tema y se propusieron soluciones para reducir el impacto de los plaguicidas, los cuales afectan drásticamente los ecosistemas y la salud humana y animal.
Se adjunta el pronunciamiento que sobre este tema emitió la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias.
Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre el uso de plaguicidas en Costa Rica
Los plaguicidas son sustancias químicas que se utilizan para tratar de controlar organismos considerados plagas, los cuales afectan los sistemas productivos, con el consecuente impacto en la economía y la producción. Costa Rica es uno de los países a nivel mundial que aplica más plaguicidas por área agrícola (las estimaciones oscilan entre 10 y 35 kg/hectárea cultivada de acuerdo con diferentes fuentes). En la actualidad hay registrados en nuestro país más de 250 diferentes ingredientes activos con diversas acciones biocidas, de los cuales se usan activamente cerca de 200. Aproximadamente la mitad de los ingredientes activos usados en nuestro país en los últimos años se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) de acuerdo con criterios internacionales (FAO, OMS) y, por volumen de uso, se estima que alrededor de un 90% de los plaguicidas usados son PAPs. Al aplicarse en los campos agrícolas, los PAPs pueden causar graves problemas agudos y crónicos de salud y contaminar recursos valiosos como el agua y el suelo, además de perjudicar a organismos benéficos como los polinizadores. Otra consecuencia del uso intensivo de plaguicidas es el aumento en la presión de selección y la evolución de resistencia de las plagas a este tipo de sustancias, lo que año a año reduce la eficacia de varios productos.
Debido a su amplio uso, los plaguicidas a menudo se dispersan fuera de las fincas y han sido detectados en múltiples compartimentos ambientales en Costa Rica. Su presencia en suelos agrícolas es alta y en el aire tienen potencial de transportarse a largas distancias de las zonas de cultivo, detectándose incluso en zonas montañosas con ecosistemas prístinos. También se ha demostrado que se infiltran hacia las aguas subterráneas, como es el caso del fungicida clorotalonil y el herbicida bromacil, que fueron ampliamente utilizados en muchos cultivos hasta su prohibición en 2017 y 2023, respectivamente, y afectaron las fuentes de consumo humano; además, la escorrentía superficial los transporta hacia aguas superficiales como ríos y quebradas.
Específicamente, en las aguas superficiales han sido detectados 32 plaguicidas en concentraciones que exceden uno o más criterios de calidad ambiental internacional para la protección de la biodiversidad, lo que implica que pueden ser tóxicos sobre diversos organismos (plantas, invertebrados, peces) y afectar la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos. Asimismo, los estudios demuestran que incluso concentraciones bajas de plaguicidas pueden generar efectos bioquímicos, fisiológicos y/o en el comportamiento de los organismos vivos. En los casos más graves se ha asociado estas sustancias a múltiples eventos de mortandades masivas de fauna, tanto en ecosistemas acuáticos (peces) como terrestres (abejas).
El riesgo para los organismos vivos se incrementa ya que en las muestras ambientales típicamente se detectan varios plaguicidas simultáneamente. Algunos de los plaguicidas que han generado altos riesgos para los ecosistemas en la última década (su concentración en el ambiente es mayor que la que causa toxicidad aguda para algunos organismos) son los herbicidas ametrina, bromacil, diuron, hexazinona y terbutrina; los fungicidas azoxistrobina, clorotalonil, epoxiconazol y los insecticidas carbofuran, clorpirifos, diazinon, etoprofos, fenamifos, fipronil y terbufos. Cabe destacar que algunos de estos ya fueron prohibidos en Costa Rica, por ejemplo, el carbofuran (en 2014), el bromacil (en 2017) y el clorotalonil (en 2023), y existen restricciones de uso para el clorpirifos; sin embargo, estas sustancias continúan detectándose en muestras ambientales tomadas en los años 2022 y 2023.
En el ámbito de la salud humana, un informe de análisis de verduras frescas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mostró que, en el 2020, un 20% de las muestras nacionales de vegetales frescos presentaron residuos de plaguicidas por encima de los límites máximos aceptados, y que las personas que viven o trabajan en la cercanía de plantaciones agrícolas se exponen a niveles elevados de múltiples plaguicidas. Por otra parte, estudios realizados en Costa Rica por la Universidad Nacional, en colaboración con universidades de Suecia y Estados Unidos, demostraron que los niveles de contaminación por fungicidas aplicados por vía aérea (pirimetanil, clorotalonil, mancozeb) y el insecticida clorpirifos son más altos en muestras biológicas obtenidas de personas residentes en la cercanía de fincas agrícolas. Un análisis de riesgo para la exposición al fungicida mancozeb en mujeres embarazadas estimó que un 72% de las participantes en el estudio sobrepasaba los niveles de referencia considerados seguros. El riesgo para la salud de la exposición de plaguicidas depende del grado de toxicidad inherente a la sustancia y del grado de exposición a la misma por parte de las personas que los utilizan.
Resultados de estudios epidemiológicos realizados en Costa Rica han demostrado que el contacto con ciertos plaguicidas puede afectar la salud humana de formas diversas. Algunos ejemplos son:
El contacto con el fungicida mancozeb, y su metabolito etilentiourea, se ha asociado con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) en mujeres embarazadas, cambios en la circunferencia cefálica de recién nacidos, desarrollo socioemocional inferior en niñas de un año, incremento en infecciones del tracto respiratorio inferior en infantes durante el primer año de vida e inferior aprendizaje verbal medido en niñas y niños de edad escolar.
La exposición al fungicida pirimetanil se ha asociado tanto con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) como con una menor capacidad lingüística en niñas de un año.
El contacto con el insecticida clorpirifos se ha asociado con un menor peso al nacer, un menor perímetro cefálico y un inferior neurodesarrollo de niñas y niños.
El contacto prenatal con el herbicida 2,4-D se asoció con un menor peso, un menor perímetro cefálico, y una menor longitud corporal al nacer, así como con un desarrollo inferior del lenguaje y la motricidad infantil.
En trabajadores agrícolas, el contacto con clorpirifos y piretroides se ha asociado con una reducción de la activación cortical cerebral prefrontal durante la realización de tareas de memoria de trabajo.
Estas evidencias muestran que los riesgos de los plaguicidas en los ecosistemas y en la salud humana son preocupantes. El tema es complejo y demanda un abordaje multifactorial que tome en cuenta diversos aspectos, considerando el peligro y la toxicidad de las sustancias y el grado de exposición a las mismas. Sin embargo, las medidas de protección y prevención implementadas hasta ahora no han logrado cumplir con su propósito de salvaguarda ambiental y de la salud humana. A manera de ejemplo, la normativa nacional de distancias de no-aplicación de plaguicidas es una de las más laxas en América Latina.
Es necesario que exista un monitoreo sistemático y científicamente sólido de plaguicidas en el país. Asimismo, es indispensable instar a las autoridades y a la sociedad civil a considerar:
La re-evaluación de riesgo ambiental (ERA) para los plaguicidas cuyo registro no incorporó métodos de ERA actuales, tales como los registrados antes del año 2004.
La aplicación inmediata de medidas de reducción del uso de agroquímicos en la producción agrícola.
La prohibición al uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) en caso de existir otras opciones viables, y la restricción y sustitución paulatina de PAPs en los casos en que, en la actualidad, no existan alternativas.
El desarrollo de plaguicidas que tengan menor toxicidad en las personas y el ambiente, tanto en el ámbito de los productos de origen natural (biológicos, extractos de plantas, microorganismos o animales) como en la propia industria agroquímica, mediante el desarrollo de nuevas moléculas con mejores perfiles toxicológicos y ecotoxicológicos.
La promoción del uso de buenas prácticas agrícolas para evitar exposiciones innecesarias y peligrosas, la incorporación de nuevas tecnologías de aplicación y de monitoreo de plagas para reducir las cantidades aplicadas y, lo más importante, la generación de prácticas de manejo de cultivos que reduzcan la necesidad de intervenir con aplicaciones de insumos.
El aumento de las distancias de no-aplicación de plaguicidas y el fortalecimiento de la implementación de las legislaciones ya existentes.
La posibilidad de otorgar un pago por servicios ambientales a los terrenos con agricultura ecológica, como una medida de protección de la biodiversidad, conservación de suelo y motivación para la disminución gradual del área cultivada con prácticas de agricultura convencional.
Instar a los diferentes sectores de la sociedad a dar preferencia y promover una mayor oferta de productos provenientes de prácticas agroecológicas o que empleen bajas cantidades de plaguicidas.
Para reducir el impacto del uso de plaguicidas en Costa Rica debe darse una combinación estratégica de todos estos elementos. Con este abordaje integral y multifactorial podríamos aspirar a una disminución sustancial en el volumen aplicado de plaguicidas en Costa Rica en un plazo relativamente corto.
La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica hace un vehemente llamado de atención a la población, a las autoridades de gobierno y locales, al sector académico, a las organizaciones comunitarias, a las empresas del sector agrícola, y a las agricultoras y los agricultores, para que se tomen decisiones claras, sobre una base científica sólida, y se implementen acciones inmediatas que reduzcan significativamente los impactos negativos en la salud humana y los ecosistemas derivados del uso de plaguicidas.
Documento preparado por la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias, con los aportes de Fernando Ramírez, Silvia Echeverría, Berna van Wendel de Joode y Luis Felipe Arauz.
*Los datos presentados en este pronunciamiento provienen de publicaciones en revistas científicas y en documentos diversos, y las referencias bibliográficas correspondientes se pueden consultar en la página web de la Academia Nacional de Ciencias (www.anc.cr).
(resumen de una intervención en la revista “En voz propia”)
Puede ver la primera parte de esta serie en este enlace.
El segundo asunto de las elecciones venezolanas es el de las actas. La oposición y todos los enemigos de Venezuela saltaron pidieron a gritos esos documentos. No dicen y no dijeron que el Consejo Nacional Electoral tiene por ley un plazo de 30 días para presentarlos. Es lo más lógico. Ese proceso de cotejo lleva tiempo en todos los países del mundo. En México todavía no se ha terminado el conteo de los votos en que ganó Claudia Scheinbaum.
El presidente Maduro trasladó entonces el asunto al Poder Judicial, que tiene una sala electoral (cosa que en nuestro país no existe). Comparecieron el viernes todos los partidos, excepto González Urrutia o algún representante suyo. Como todos sabemos esa Sala del Poder Judicial dio tiempo al CNE de presentar esas actas hasta el día lunes, y el organismo electoral cumplió con esa demanda.
Pero hay un detalle y es que esa sala electoral del Poder Judicial tiene poder penal, y si se presentan documentos fraudulentos los responsables pueden ser acusados de un delito electoral. Por eso, entre otras cosas, es que la oposición no asoma las narices.
Aquí se repite la historia. A Maduro y al CNE se le exigen los documentos, las actas, que prueben su veredicto, pero nadie le pide lo mismo a la oposición, que dice contar con el 80% de las actas o más. ¿Quién va a revisar estas actas de la oposición? Ellos no las presentan ante el CNE porque dicen que ese organismo es chavista; no las van a presentar al Poder Judicial porque dicen que está dominado por los chavistas; muchísimo menos pueden darle esa confianza al Poder Legislativo por la misma razón. Entonces, ¿quién es aquí el juez? Pues simplemente los Estados Unidos.
Las autoridades de Estados Unidos y otros gobiernos, incluido el nuestro, han corrido a reconocer el triunfo de González Urrutia y lo han ungido como presidente. ¿Y con base en qué? Con base en nada. Estados Unidos le ha dicho a González Urrutia: “No, chico, déjate de boberías, no hace falta que presentes ningún documento ni ninguna prueba. Tú eres el presidente legítimo. Chévere.” Y sanseacabó.
La oposición venezolana y sus aliados externos han cerrado todas las puertas del diálogo, de la verificación imparcial de la que tanto hablan, del respeto a la democracia, y han dejado abierto solo el camino de la confrontación, de la violencia, de la agresión tanto interna como extranjera.
¿Hay solución a este problema? Sí, sí la hay, pero de eso deseo hablar en un tercer y último artículo mañana.
.La panelista invitada Karina Hernández Espinoza, quien es metereológa del departamento de Desarrollo del Instituto Meteorológico Nacional, coordinadora de la Unidad de Climatología, de Pronóstico Estacional y de boletines agroclimáticos va a estar como invitada del programa Alternativas el 09 de agosto del 2024 a las 6:00 p.m, para abordar el tema: “Pronóstico de riesgos climáticos para Costa Rica: Segundo semestre 2024”.
Es importante recordar que el 04 de agosto se conmemora en Costa Rica, la memoria de muchos líderes y lideresas sindicales, que gracias a sus esfuerzos y luchas, consiguieron muchas de las garantías sociales que gozamos hoy en día.
Estas personas luchadoras son los trabajadores y trabajadoras de las bananeras. Todos los trabajadores del sector bananero son contribuyentes del Estado de Derecho en el que hoy vivimos. La lucha que se llevó a cabo el 04 de agosto de 1934 en la comunidad de “26 Millas”, en donde el congreso de Trabajadores del Atlántico aprobó un documento que contenía peticiones y la decisión de iniciar una huelga por parte de los trabajadores de las bananeras, es un antecedente primordial en la historia de las garantías sociales del país.
Este hito se marcó cuando se entregaron las peticiones al administrador de la United Fruit Company y Carlos Luis Fallas (CALUFA) dio inicio a la huelga.
El pasado 04 de agosto, pasaron 90 años desde que se hizo la gran huelga del sector bananero, en la cuál acudieron 10 mil trabajadores y trabajadoras. Este día conmemora la lucha por la exigencia de mejores condiciones laborales, las cuales en la época eran: suero antiofídico en las bananeras, el pago quincenal y en efectivo de las horas laboradas, un pago que cumpliera el salario mínimo y dispensadores médicos entre otros.
Por otro lado, también es importante brindar homenaje a quienes lucharon por nuestros derechos como: la Columna Liniers 1943, en donde trabajadores de las bananeras marcharon a la capital para apoyar a Manuel Mora Valverde en el congreso de diputados, para apoyar la promulgación de las Garantías Sociales.
Así mismo, se hace una mención a Los Mártires del Codo del Diablo, asesinados por la Junta de Gobierno de José Figueres Ferrer.
Finalmente, le invitamos a descargar el PDF para leer la nota completa publicada por SITRAP y ANEP.
Gran Marcha en solidaridad con las personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia.
Organizan:
#MePongoEnLaLucha
Feuna
Voces Nuestras
MUSADE
Alternativa
Detrás del Arcoíris
UNA
A Base de Fé
GuanDefensoras
Sanas Seguras y Sabias
FNL (Frente Nacional de Lucha)
Asociación de Estudiantes de Derecho UNA (ASODET)
Las Guetas
Trabajo Social (Asociación de Estudiantes UCR)
Integra
FEUCR (Federación de Estudiantes)
ASIDEHU (Asociación Internacional para los Derechos Humanos)
Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe
Frente Feminista
GEMA (Gobernanza Económica y Poder)
Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Costa Rica
Fecha y Hora: Viernes, 9 de agosto 9:00 am
Recorrido: La marcha saldrá del Parque Central de San José, hacia la Plaza de la Democracia. Para ampliar información, le invitamos a leer el pronunciamiento conjunto de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Movimiento de Valientes de Latinoamérica.
El doctor Riyad Mansour, quien es representante del Estado de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Embajador del Estado de Palestina en Costa Rica, estará participando en un conversatorio que se llevará a cabo este jueves 08 de agosto.
Este evento se realizará en la sala de Audiovisuales del 1er piso de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, a las 2:00 pm.
Dicho conversatorio será impartido en inglés con una traducción al español.
Imagen extraida de artículo de prensa (Israel), titulado «‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza», Magazine+972 (Israel), edición del 3 de abril del 2024, disponible aquí, de lectura recomendada.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El 6 de agosto del 2024, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México remitieron a la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sus observaciones con relación al anuncio hecho por parte del Fiscal a la CPI el pasado 20 de mayo, solicitando la emisión de una orden de arresto contra tres dirigentes del Hamás y contra dos dirigentes en Israel: su Primer Ministro y su Ministro de Defensa.
Se trata de una solicitud del Fiscal de la CPI a los jueces de la CPI que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 1).
Es de notar que el 26 de junio del 204, la prensa israelí se hizo eco de una información sobre la posibilidad de que estas órdenes de arresto se materializaran en cuestión de semanas (véase nota del Times of Israel). 24 horas después, el mismo medio israelí informó de una gestión ante la CPI por parte del Reino Unido para aplazar la emisión de estas órdenes de arresto (véase nota).
El drama indecible que se vive en Gaza
En el último estado de la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 5 de agosto del 2024, véase enlace), se indica que:
«Between the afternoons of 1 and 5 August, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 143 Palestinians were killed and 341 were injured. Between 7 October 2023 and 5 August 2024, at least 39,623 Palestinians were killed and 91,469 were injured, according to MoH in Gaza. Moreover, according to the Gaza Government Media Office (GMO) and Palestinian Civil Defense (PCD), there are some 10,000 people reportedly missing or under rubble in Gaza. The MoH documents the full identification details of casualties and has recently published the breakdown of 28,185 out of 37,900 fatalities as of 30 June for whom full details have been documented by MoH (also available on the Health Cluster’s Unified Dashboard here); according to MoH, these reportedly include 9,351 children, 5,320 women, 2,414 elderly, and 11,100 men. The documentation process is ongoing by the MoH. Fatalities include 885 health workers, MoH further reported«.
Un interesante artículo publicado en Israel detalla la estrategia de desinformación desplegada por Israel para que se minimicen e ignoren las consecuencias de su accionar militar en Gaza en el mundo de la información y de la comunicación (véase reportaje publicado el 24 de julio titulado «How Israel plans to whitewash its war crimes in Gaza«, de lectura recomendada).
Por su parte, la reconocida ONG israelí B’Tselem publicó muy recientemente un informe sobre los centros de detención en Israel y la tortura a la que son sometidos las personas oriundas de Gaza en estos centros de detención (véase enlace a informe titulado «Welcome to hell: the israeli prison system as a network of torture camps» cuya lectura completa se recomienda).
Las observaciones remitidas a la CPI por Estados de América Latina en breve
Mientras que Brasil así como Colombia presentaron sus observaciones en un documento proveniente cada uno de sus respectivos aparatos diplomáticos, Chile y México optaron por acordar ambos una comunicación escrita de manera conjunta, (lo cual denota un trabajo coordinado de sus respectivos aparatos diplomáticos).
En cuanto a Bolivia, optó por suscribir un texto conjuntamente con Bengladesh, Comoras, Djibutí y Sudáfrica: se trata de un grupo de Estados que tempranamente remitió una solicitud urgente («referral«) a la CPI con fecha del 17 de noviembre del 2023 (véase texto).
El documento presentado por Brasil está disponible en este enlacey se recomienda su lectura.
En el documento presentado por Colombia este 6 de agosto en La Haya (véase texto completo), Colombia (como Brasil) hace ver que la jurisdicción de la CPI debe aplicarse a todos los territorios palestinos ocupados, incluida Gaza, y que de ninguna manera se puede aceptar la idea que los acuerdos de Oslo de 1993 limitan o condicionan la aplicación plena de la jurisdicción de la CPI para examinar, investigar y sancionar a responsables de actos particularmente graves que califiquen como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas militares de Israel.
En el párrafo 21 de su comunicación, Colombia precisa que:
«21.Without a doubt, international norms governing accountability for war crimes, crimes against humanity and genocide, embody peremptory norms of international law accepted as such by the international community as a whole. Because of this high normative statute, States cannot be dispensed from the obligation to comply with these norms based on a bilateral agreement«.
Haciendo eco a lo dictaminado recientemente por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su opinión consultiva del pasado 19 de julio, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 2), Colombia señala además que:
«23. The International Court of Justice also referred to the Oslo Accords in its Advisory Opinion concerning ïhe Legal Consequences arisingfrom the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, rendered on l9 July 2024.The Court stated that «…the Oslo Accords cannot be understood to detract from Israel’s obligations under the pertinent rules of international law applicable in the Occupied Palestinian Territory«.
La referencia a la reciente opinión consultiva de la CIJ reaparece en un gran número de opiniones enviadas a la CPI en este inicio del mes de agosto: sin lugar a dudas, se trata de uno de los primeros efectos de esta histórica opinión consultiva de la CIJ, llamada a inspirar no solamente a Estados y a los jueces de la CPI, sino a muchos jueces a nivel nacional a los que se les ha solicitado ordenar un cese de exportaciones de armas hacia Israel y de bienes y materiales que Israel utiliza para consolidar la ocupación ilegal del territorio palestino. Se trata de una opinión consultiva de la CIJ que desde ya está llamando a muchos juristas a exigir una revisión completa de las relaciones bilaterales de la Unión Europea (UE) con Israel (Nota 3) y que debería inspirar a muchos otros a exigir una revisión similar en otras latitudes del planeta.
Por su parte, en la opinión conjunta dada a conocer por Chile y México (véase documento), ambos Estados reafirman también la plena competencia de la CPI para examinar la situación en el territorio palestino, lamentando la maniobra del Reino Unido y su efecto dilatorio (véase párrafos 7-8) para la emisión de las órdenes de arresto antes mencionadas, solicitadas desde el 20 de mayo por el Fiscal de la CPI. Cabe recordar que en enero del 2024, Chile y México remitieron de manera conjunta un «referral» de carácter urgente a la CPI (véase comunicado oficial del 18 de enero del 2024 de Chile).
En el texto suscrito por Bolivia, así como por Bengladesh, Comoras, Djibutí y Sudáfrica (véase texto completo), se lee en la parte conclusiva que:
«32. The Court has duly defined the territorial scope of its jurisdiction in the Situation in Palestine. The matter is therefore res judicata. To the extent that renewed challenges to the Court’s jurisdiction are made, these must be undertaken in conformity with the Rome Statute.
The Court at present is only required to determine whether arrest warrants may be issued in terms of article 58, the requirements of which have been met. The Oslo Accords are not a bar to the Court exercising its jurisdiction. Any challenge to jurisdiction in individual cases may only be raised in accordance with article 19«.
La etapa procesal en breve
La comunicación remitida por Colombia a la CPI ha sido precedida por las de Irlanda (véase documento), así como de Noruega, presentada el 5 de agosto (véase documento completo) que van ambas en la misma dirección, así como por Palestina (véase documento).
El hecho que, desde la misma ciudad de Oslo, se precise a la CPI los alcances de los acuerdos de Oslo de 1993 con relación a su competencia, resulta bastante llamativo.
En la dirección contraria, alegando una supuesta limitación a la jurisdicción de la CPI, Israel ha podido contar únicamente con un documento emitido por Alemania (véase documento), Estados Unidos (véase documento), Hungría (véase documento) y la República Checa (véase documento); en el caso de Estados Unidos, los párrafos 16-26 de su escrito constituyen un intento – bastante burdo – para desacreditar la solicitud del Fiscal de la CPI con base en una interpretación de las disposiciones del Estatuto de Roma al que Estados Unidos… no es Estado Parte.
Israel también ha podido contar con las opiniones provenientes de diversos académicos y organizaciones que buscan limitar el ámbito de aplicación de la justicia penal internacional a los crímenes cometidos por Israel en el territorio palestino ocupado.
Entre las opiniones que emanan de académicos y de organizaciones en materia de derechos humanos, muchas refuerzan significativamente las posiciones sostenidas por Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México: véase en particular una de las primeras opiniones en llegar a La Haya de un reconocido académico norteamericano (véase documento), y la suscrita por dos de sus colegas con amplia trayectoria (véase documento); así como la opinión de una ONG basada en Ginebra (véase documento), la de dos ONG radicadas en Francia (véase documento), la remitida por dos entidades basadas en Londres (véase documento), y la enviada por dos organizaciones basadas en Egipto y en Ramallah en Palestina (véase documento), entre muchas más opiniones.
A modo de conclusión
Lo llamativo es que esta etapa procesal no contemplada se debió a una maniobra inicial del Reino Unido formalizada el 11 de junio del 2024, la cual llevó a la Sala de lo Preliminar de la CPI a adoptar una decisión el 27 de junio del 2024 otorgando un plazo para la presentación de escritos sobre lo alegado por el Reino Unido (véase decisión del 27 de junio).
Nótese que en el párrafo 7 se lee que:
«The United Kingdom requests that the Request be reclassified, because ‘[t]he sensitivity of the situation and the need for secrecy in certain aspects do not mean that this particular Request needs to be secret or confidential’ and asks permission to file its observations, if granted, publicly. The Chamber instructs the Registry to reclassify the Request as ‘public’. The Chamber further agrees that given the matter the United Kingdom wishes to address, its observations may be filed publicly«.
El 1ero de julio, el Reino Unido solicitó una prórroga adicional a la Sala de lo Preliminar de CPI para remitir su opinión jurídica (véase solicitud), la cual fue otorgada unos días después, el 4 de julio (véase decisión).
En la doctrina especializada, se ha criticado duramente estas decisiones de los tres jueces de la CPI, al abrir un compás de tiempo innecesario que no se ajusta en lo más mínimo a la práctica de la CPI, ni tampoco a la urgencia de la situación en Gaza (Nota 4). El hecho que, en el caso de Rusia, una Sala de lo Preliminar de la CPI emitiera sin mayor preludios órdenes de arresto contra dos altos dirigentes rusos (incluyendo a su Presidente) debido a la comisión de crímenes de guerra en el territorio de Ucrania, constituye un dato reciente (2023) de cierto interés.
Ahora bien, la gestión dilatoria inicial del Reino Unido sufrió un imprevisto para sus gestores y promotores: en efecto, a raiz del resultado de las elecciones en el Reino Unido del 4 de julio, las nuevas autoridades británicas no consideraron necesario continuar la gestión iniciada, optando simplemente por no presentar ningun alegato sobre la supuesta limitación a la competencia de la CPI que derivaría de los acuerdos de Oslo de 1993: véase al respecto esta nota de The Guardian del 26 de julio del 2024.
Es de notar que en el hemisferio americano, Israel no pudo esta vez contar con un Estado Parte al Estatuto de Roma de 1998 como Canadá, usualmente muy solícito a los requerimientos provenientes de Israel, ni tampoco con insumos provenientes de Guatemala. En cuanto a la opinión jurídica enviada a la CPI por parte de Estados Unidos, plantea algunas interrogantes muy válidas al provenir de un Estado que no es Estado Parte al Estatuto de Roma de 1998. ¿Un Estado no Parte explicando a los jueces de la CPI cómo deben interpretarse las disposiciones del Estatuto de Roma? ¿Cómo así? Como se lee.
En Europa, Israel solamente pudo contar con las gestiones de los aparatos diplomáticos de Alemania, Hungría y de República Checa, optando esta vez otros Estados europeos por no venir a apoyar las tesis jurídicas favorables a Israel: tesis que una Sala de lo Preliminar de la CPI ya descartó en una histórica decisión del 5 de febrero del 2021, que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 5).
No se registra en el sitio de la CPI ninguna opinión legal a favor de las tesis jurídicas de Israel proveniente de Estados de África, de Asia o del Pacífico, siendo está última región del mundo una en la que Israel siempre ha encontrado Estados isleños actuando como aliados indefectibles en defensa de sus intereses.
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad «, 20 de mayo del 2024. Texto disponible aquí
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase AL TAMIMI Y., «Implications of the ICJ Advisory Opinion for the EU-Israel Association Agreement«, EJIL-Talk, 30 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase por ejemplo VASILIEV S., «Friendly Feast during the Plague: Is the Pre-Trial Chamber Losing its Way on the Palestine Arrest Warrant Proceedings?«, EJIL-Talk, 1ero de agosto del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, 5 de febrero del 2021. Texto disponible aquí.
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