La Benemérita Biblioteca Nacional y el Museo Histórico Juan Santamaría, se complace en invitarle a la conferencia Imágenes y narrativas de la heroína costarricense Francisca Carrasco Jiménez 1948-2021 por Adrián Chaves Marín.
La Benemérita Biblioteca Nacional, la Asociación Costarricense de Artistas Visuales, Museo del Viento y la Universidad Estatal a Distancia, se complacen en invitarle a la actividad Melodías de la tierra: tonadas campesinas del Valle Central recopiladas por Emilia Prieto Tugores, por Tania Vicente León que ha realizado la investigación, transcripción y elaboración de partituras y con la participación de Juan Carlos Soto, guitarra y Ave Asán, voz. y Recorrido por la obra gráfica de Emilia Prieto por Carolina Córdoba Zamora.
Esta actividad se realiza en conmemoración del Día Mundial del Arte y como clausura de la exposición Emilia Prieto y su legado.
La Benemérita Biblioteca Nacional, se complace en invitarle a la conferencia Lecturas para católicos: la Iglesia y el control de los medios impresos en Costa Rica (1880-1965) por el Dr. Eugenio Quesada Rivera.
La Benemérita Biblioteca Nacional y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, se complacen en invitarle a la conferencia En vísperas de la Batalla de Rivas por el historiador Vladimir de la Cruz.
Esta actividad es parte del ciclo «Recuperando nuestro pasado«.
Determinar cuál es el seguimiento a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social que ofrece a las personas que han presentado una crisis de salud mental y que, por tal circunstancia, requirieron de internamiento en los hospitales Nacional de Salud Mental, el Calderón Guardia, el Chacón Paut y/o Tony Facio, hizo que la Defensoría de los Habitantes iniciara una investigación de oficio.
Se trata de personas que ya han presentado una crisis en su salud mental que puede implicar la persistencia de los ataques de ansiedad o pánico, las autolesiones o intentos de suicidio.
Durante el periodo de internamiento, estas personas reciben una atención constante, tanto por psiquiatras, como psicólogos o trabajadores sociales, según corresponda. No obstante, una vez egresadas de los servicios hospitalarios, deben esperar determinado plazo de tiempo para contar con una atención médica y psicológica adecuada, que podría implicar entre seis meses o más. En ocasiones, la alternativa que tienen es regresar a las salas de emergencias y volver a ser internadas o recibir en emergencia, la atención psiquiátrica que requieren.
Preocupa a la Defensoría que las personas con enfermedades de salud mental deben lidiar con una sociedad que los estigmatiza y discrimina, por lo que estas situaciones les impacta la vida familiar y su actividad productiva.
Es por esta situación que la Defensoría giró una serie de consultas al Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre las que destacan, si existe o no un programa de apoyo profesional para las familias de pacientes egresados y un programa de visitas al hogar. Además, si hay protocolos que definan el proceso de seguimiento de un paciente egresado hasta su resolución, si la entidad tiene estrategias de referencia a otros centros de salud como Ebais o clínicas para el respectivo seguimiento y cuál es el procedimiento, criterio y profesional que define el reingreso o rechazo de un paciente egresado.
A esta Defensoría también le interesa conocer si hay estrategias de seguimiento a los lugares de trabajo de quienes egresan y en caso de ser menores de edad y estudiantes, si hay o no contacto con los centros educativos.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Miguel Ángel Gómez, pescador de isla Caballo, sostiene la lámpara donde se ubican las semillas de ostras para su respectivo cultivo.
Por: Johnny Núñez Z. O.C-UNA
El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, en el marco de esta efeméride, el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec), ubicado en el Campus Liberia de la Universidad Nacional, ejecuta el proyecto Fortalecimiento de la maricultura en el Golfo de Nicoya. El propósito de esta iniciativa es contribuir con el desarrollo de la maricultura, especialmente cultivo ostrícola y de camarón, bajo una línea de cooperación e interés para potencializar esa actividad, a través de un aporte científico e innovador.
Las zonas de estudio, ubicadas cerca del restaurante flotante, en isla Venado, y en Palito de isla Chira, fueron seleccionadas por tener diferentes grados de exposición a contaminantes orgánicos e inorgánicos. Al respecto, se desarrolla un monitoreo de parámetros ambientales en agua y sedimento de la mano, observaciones de parámetros oceanográficos y modelaje numérico, para una mejor comprensión de los mecanismos físicos que influyen en el desarrollo de granjas ostrícolas y otros cultivos.
Además, se tiene previsto un prototipo de aplicación informática que alerte de forma temprana sobre los eventos de marea roja, lo que influirá en la seguridad alimentaria e inocuidad del producto final, para beneficio de las zonas costeras del golfo. Asimismo, se busca fortalecer la ostricultura con metodologías participativas de los ostricultores y actores estratégicos del fomento de la maricultura.
Aporte científico
Anny Guillén, coordinadora del laboratorio de Microbiología Ambiental de Hidrocec, quien está a cargo del proyecto, indicó que los constantes cambios climáticos—producto de las actividades antropogénicas—han reducido la actividad pesquera con el pasar de los años, principalmente en el Golfo de Nicoya. “esto genera nuevas oportunidades para renovarnos y buscar opciones más sostenibles para las comunidades costeras, cuyos recursos son limitados. Además, sufren la explotación de los recursos pesqueros, que sobrepasan su capacidad de recuperación y dejan vulnerables a quienes subsisten de esta actividad”, agregó Guillén.
La importancia de medir sólidos, temperatura, salinidad, presencia de metales pesados, cargas microbianas, nutrientes, entre otros, es que brinda la información necesaria a comunidades costeras del golfo de Nicoya para implementar acciones sustentables que contribuyan con la producción y la calidad del producto final.
Estudios previos de Hidrocec-UNA identificaron que el río Tempisque transporta al mar cargas significativas de sólidos suspendidos y microorganismos que revelan el deterioro de la calidad del agua. Estos sólidos y microorganismos se depositan en las partes bajas de esta cuenca y en la desembocadura en las franjas costeras del golfo.
La propuesta incorpora académicos de las sedes Omar Dengo, Sede Regional Chorotega, con el Hidrocec-UNA, la carrera de ingeniería en sistemas de información, el instituto de investigación y servicios Forestales (Inisefor), la estación de biología Marina (EBM) y el Departamento de Física, entre otros
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La capacitación, como habilitación para una actividad, requiere, además de una adecuada instrucción sobre el objeto con el cual se quiere capacitar, de una práctica directa con dicho objeto.
En el primer momento de instrucción la persona o el grupo entran en relación con un instructor o con un manual, donde se informan sobre la naturaleza del objeto en cuyo manejo quieren capacitarse, esto es un paso necesario, pero no suficiente. Para habilitarse en el manejo del objeto debe practicar con él de ahí surge el conocimiento sobre su operación y funcionamiento y se desarrollan habilidades y destrezas en su manejo.
Como se puede observar en los procesos de capacitación en el manejo de vehículos. La primera fase de instrucción la realiza el sujeto que se quiere capacitar con un instructor. Se establece así una relación entre dos sujetos. En la segunda fase, cuando sujeto se monta al vehículo, el instructor pasa a un segundo plano solo para evitar una emergencia, mientras que el sujeto entra en relación directa con el vehículo. Al accionar sobre éste y arrancar su motor, el sujeto recibe información del objeto, sobre su fuerza y dinámica y cómo se articulan en la práctica los diversos componentes del sistema. En este proceso va reconociendo sus calidades operativas y desarrollando destrezas para el manejo, en el mundo real donde transitan personas y otros vehículos. El instructor debe respetar la autonomía del sujeto, para que el proceso de conocimiento y desarrollo de destrezas pueda fluir sin alteraciones, limitándose a intervenir solo en caso de emergencia. Un instructor que limite la autonomía del sujeto pretenda dirigir cada paso en el manejo del vehículo, rompe el clima necesario para que el proceso de capacitación, impidiéndolo o alargándolo innecesariamente.
Así como la capacitación en el manejo de un vehículo requiere de autonomía, la capacitación en organización de los grupos y empresas requiere, más allá de los procesos básicos de instrucción, de una efectiva autonomía en su funcionamiento. Esto es un requisito para que quienes se están capacitando perciban el movimiento de las partes, adquieran conocimientos y desarrollen destrezas sobre el sistema en operación.
Si bien en la vida cotidiana se reconoce la importancia de la autonomía en los procesos de capacitación técnica, esto no opera en la práctica de la misma manera en la capacitación en organización. A pesar de ser los mismos principios cognitivos los que rigen el aprendizaje y la capacitación de los individuos y los grupos. Diversas razones, tales de tipo ideológico y de posición social, como el temor sobre las repercusiones económicas, de prestigio o por control político interfieren y alteran el proceso de capacitación. En el fondo porque no o se sabe capacitar, ni se cree en las capacidades de los sujetos miembros de la organización. La intervención indebida en estos casos, impide que se produzca el proceso de habilitación para el desempeño y que se genere, a contrapelo de los procesos de conocimiento, una especie de ornitorrinco pasivo dependiente, “participulado” por las instancias de poder, poco eficiente o desastroso y frecuentemente corrupto en su operación.
Capacitar en organización no es lo mismo que entrenar
Capacitar a un grupo humano para una actividad autónoma, no es lo mismo que entrenar para el ejército o para el desempeño en una fábrica donde las órdenes y la planificación se definen en instancias superiores.
Para gestar una organización capaz de autoorganizarse, tal como las diversas formas de cooperativas y autogestión creadas para la producción o para resolver servicios comunales de salud o básicos, debe partirse del carácter gremial de la especie humana y la complejidad de intereses personales y grupales intervinientes. Se trata de poner en marcha un proceso de capacitación con autonomía que articule orgánicamente los intereses individuales o de grupos, alrededor del propósito común que los integra como organización y esto no se puede lograr con la visión estrechamente individualista. Es un arte que requiere la visión del poder gremial transformado en una unidad de voluntades con reglas preestablecidas.
La naturaleza de las organizaciones de autogestión requiere de capacitadores, que se hayan formado en organizaciones, de preferencia en los Laboratorios de Centro de la Metodología de Capacitación Masiva desarrollado por Clodomir Santos de Morais, donde se aprende a capacitar en condiciones de autonomía, rompiendo los ciclos de dependencia y desarrollando el potencial de los participantes.
Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Bilan du Hamas: 5000 morts dont 2055 enfants, dans la bande de Gaza», Le Journal de Québec, edición del 23/10/2023.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com
Este 5 de abril la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha informado que Colombia ha presentado una solicitud de intervención en la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por el drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre.
Si bien el procedimiento contencioso ante la CIJ refiere a dos Estados (en este caso Sudáfrica contra Israel), las reglas procesales permiten que un Estado tercero solicite intervenir en cualquier momento en una disputa entre dos otros Estados. Dos son los artículos del Estatuto de la CIJ que así lo disponen;
«Artículo 62l. Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir. 2. La Corte decidirá con respecto a dicha petición.
Artículo 63 1. Cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio, el secretario notificará inmediatamente a todos los Estados interesados. 2. Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso; pero si ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente obligatoria para él«.
Con relación a la solicitud de Colombia de intervenir en la demanda que opone Sudáfrica a Israel, el comunicado de la CIJ está disponible en francés y en inglés.
Cabe recordar que, con relación a Israel y a la prolongada ocupación ilegal del territorio ocupado palestino, Colombia presentó recientemente en La Haya, en el marco de un procedimiento consultivo esta vez, su opinión jurídica a los jueces de la CIJ (véase comunicado oficial del 21 de febrero del 2024 y documento remitido a la CIJ en julio del 2023 en francés y en inglés).
La solicitud de intervención de Colombia en breve
Colombia solicita intervenir con base en el Artículo 63 del Estatuto de la CIJ citado con anterioridad. En su extensa solicitud (véase texto completo), con fecha del 5 de abril del 2024, Colombia señala diversos puntos. Es así como se lee por ejemplo en la parte inicial que:
«23. As recognized by Article 63 of the Statute, by virtue of Colombia’s status as a Party to the Genocide Convention, the legal interest of Colombia as a declarant State in the construction of the Convention is presumed to exist.
24. To clarify, Colombia is not seeking to become a party in the proceedings brought by South Africa against Israel. Colombia’s intervention is aimed at assisting the Court in construing the provisions of the Convention that are in question in this case. Colombia recognises that once its Declaration of Intervention under Article 63 of the Statute is admitted, the construction of the Genocide Convention to be rendered in the Court’s judgment will be equally binding upon it«.
Mucho más adelante, se indica por parte de Colombia que la intención de cometer un genocidio debe entenderse de la manera más integral posible al abarcar a todos sus posibles responsables, al señalar que:
«145. In the present case, as disclosed by the facts set out in South Africa’s Application, individual Israeli officials who did not themselves commit or personally direct the commission of acts of genocide, may nonetheless be guilty of incitement to commit genocide.
For its part, Article III (d) includes “attempt to commit genocide” as another action punishable under the Convention. The offence of attempt to commit genocide appeared in the earliest draft of the Convention and was adopted by the Sixth Committee without debate.
The Rome Statute of the ICC, to which Colombia and Palestine are Parties, provides in Article 25 (3) (f) certain clarity as to the threshold to demonstrate attempt to commit genocide, when it states that an attempt occurs when the offender “commences its execution by means of a substantial step”. Colombia endorses this definition».
Leemos en las conclusiones de la solicitud que hace Colombia de intervenir en la disputa entre Sudáfrica e Israel, que:
«185. On the basis of the information set out above, Colombia avails itself of the right conferred upon it by Article 63, paragraph 2, of the Statute to intervene in the proceedings in the case concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel). The present Declaration meets the requirements set out in Article 63 of the Statute and Article 82 of the Rules and is, thus, admissible
186. The Government of Colombia submits the present Declaration of Intervention in the genuine belief that the States parties to the Genocide Convention should do everything in their power to contribute to ensure the prevention, suppression and punishment of genocide and therefore, to assist the Court in finding the responsibility of any State Party to the Convention, for its failure to comply with the obligations contained therein, especially in the context of such a dramatic situation as that unfolding in the Gaza Strip«.
Una América Latina mucho más activa que las demás regiones para frenar la insensatez israelí en Gaza
Cabe recordar que ante la CIJ de La Haya, primeramente se registró una solicitud de intervención presentada el 22 de enero del 2024 por Nicaragua en la demanda de Sudáfrica contra Israel (véase texto en francés y en inglés). Desde el punto de vista jurídico, y en particular de la estrategia legal seguida, nótese que, a diferencia de Colombia, Nicaragua optó por solicitar una intervención sobre la base del Artículo 62 del Estatuto de la CIJ, en la que deberá demostrar a los jueces tener un «interés de orden jurídico que pueda ser afectado por la decisión» futura de la CIJ.
También se registró una demanda interpuesta por Nicaragua contra Alemania por complicidad de genocidio, presentada el primero de marzo del 2024 ante la CIJ (véase texto de la demanda en francés y en inglés), acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales). Tuvimos la oportunidad de analizar la fijación de audiencias que tendrán lugar los días 8 y 9 de abril del 2024 en La Haya entre Nicaragua y Alemania (Nota 1).
Además de la CIJ, pensemos también en otra jurisdicción internacional situada en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI).
A la remisión de carácter urgente presentada, primero por Bangladés, Bolivia, Comoras, Maldivas y Sudáfrica en noviembre del 2023 (véase texto), se añade la presentada luego por Chile y México en enero del 2024 que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 2): véase comunicado oficial de Chile al respecto
Es de señalar que el silencio ensordecedor de la Fiscalía de la CPI desde principios de 2024 está minando su credibilidad ante los ojos de un buen número de Estados, los cuales tienen aún muy presente la extrema celeridad con la que la CPI emitió una orden de detención internacional contra el Presidente de Rusia por el traslado de niños ucranianos a territorio ruso (véase el comunicado de prensa de la CPI de 17 de marzo de 2023).
No está de más señalar que este mismo 5 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó en Ginebra su ya tradicional resolución sobre el derecho a la libre autodeterminación del pueblo palestino, momento en el que se evidenció nuevamente el aislamiento total de Estados Unidos (cuyo único voto en contra fue acompañado esta vez por el de Paraguay). El tablero de votación es reproducido a continuación:
Las últimas cifras sobre la insensatez israelí en Gaza
Más allá de la continuidad de la política norteamericana tendiente a favorecer a toda costa a Israel en detrimento de los legítimos derechos del pueblo palestino, desde el 7 de octubre, es América Latina la región del mundo que ha optado por alzar la voz de manera tempranera ante la forma desproporcional e indiscriminada de bombardear a la población civil que ha adoptado Israel: tuvimos al respecto la oportunidad de analizar las acciones diplomáticas de diversa índole que se generaron en América Latina semanas después del 7 de octubre, mediante las cuales algunos Estados manifestaron su profundo repudio ante el accionar de Israel en Gaza (Nota 3).
Resulta oportuno señalar que el último informe de las Naciones Unidas sobre la situación en la Franja de Gaza (véase el informe a 3 de abril de 2024) indica un saldo de 32.975 palestinos muertos y 75.557 heridos. Al estar casi totalmente destruida la infraestructura hospitalaria y los servicios de atención médicos de Gaza, al faltar de agua potable, medicamentos, y al instalarse una hambruna generalizada en Gaza, es muy probable que una parte de los más de 75.500 heridos sucumban en las próximas semanas.
El pasado 3 de abril de 2024, un artículo publicado en Israel sobre «Lavender«, un programa de inteligencia artificial utilizado por el ejército israelí desde el 7 de octubre para llevar a cabo los llamados ataques supuestamente «selectivos» contra Gaza, alertó a la opinión israelí (e internacional) sobre la deriva insensata del alto mando militar israelí. La ONG gala AURDIP tuvo la generosa idea de proceder a una traducción del inglés al francés (véase enlace al mismo artículo traducido al francés con fecha del 4 de abril), mientras el mundo hispanoparlante encuentra la manera de dar a conocer el contenido de este reportaje israelí en castellano.
A modo de conclusión
Con esta nueva iniciativa de Colombia ante la CIJ, América Latina se ve confirmada como una región capaz de sustraerse de presiones diversas (en particular israelíes y norteamericanas), y de activar los diversos mecanismos jurisdiccionales existentes a disposición de todos los Estados, en aras de frenar los ímpetus destructores del aparato militar israelí en Gaza (y de algunos de sus aliados, en particular los que suplen de armas y componentes electrónicos con fines militares a Israel).
Se hubiese esperado de otras regiones del mundo (y Estados) mucha mayor consistencia, al mostrarse sumamente céleres para activar mecanismos jurisdiccionales e invocar el respeto al derecho internacional público luego de la agresión militar iniciada por Rusia en el territorio de Ucrania el 24 de febrero del 2022; regiones (y Estados) que, a diferencia de Bolivia, Colombia, Chile, Honduras, México y Nicaragua, así como Belice (que suspendió sus relaciones diplomáticas con Israel), se muestran desde el 7 de octubre, impedidos e inhibidos de invocar este mismo derecho (en particular las reglas del derecho internacional humanitario) ante el drama inhumano al que Israel somete la población civil de Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) fija audiencias en demanda de Nicaragua contra Alemania», 15 de marzo del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio de remisión conjunta de México y de Chile a la Corte Penal Internacional (CPI)«, editada el 18 de enero del 2024, y disponible aquí.
Nota 3; Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes con relación al anuncio por parte de Bolivia de romper sus relaciones diplomáticas con Israel y al llamado a consultas de embajadores por parte de Chile, de Colombia y de Honduras», editada el 31 de octubre del 2023.Texto disponible aquí.
Dedicado con respeto y honor merecido a quienes aún están con nosotros, como para aquellos que ya partieron. A ellos en estos 54 años de ALCOA, enseñándonos aciertos y también errores cometidos. Gracias por tanta dignidad para con nuestro pueblo.
Lic. Rafael A. Ugalde Q.*
a). Elites con larga vida: Sin querer distinguirse “política” de “politiquería”, a solo dos años de las elecciones presidenciales en 2026, no faltan quienes reducen con espantosa simpleza los graves problemas de los trabajadores nacionales a una cuestión de “bipartidismo”,” izquierdas democráticas” o a un “cambio de gobierno” de turno como táctica electoralista de “quítate porque sigo yo”. Este cruel relato ofende el coeficiente normal de todos los trabajadores, no importa la preferencia partidaria, porque mete bajo la alfombra la destrucción sostenida de los más elementales valores morales y éticos que alimentaron el tejido social para llegar a la sociedad reseñada en algún momento por Juan Rafael Mora, Manuel Mora, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, Pepe Figueres, Rodrigo Facio, Juan Guillermo Ortiz Guier, entre una larga lista de patriotas promotores de los más nobles ideales.
Rescatándose el concepto general de “política”, como “oficio” o “acción” de participación directa de la colectividad en la profundización de la democracia y el resguardo de la “cosa pública”; y la “politiquería” como un despliegue propagandístico encaminado a defender, mantener o aumentar las prebendas o privilegios personales o de grupo, alcanzados alrededor del Estado, sus instituciones o el gobierno de turno, alejado de toda gobernanza “de”, “por” y “para” el pueblo, quedamos en uno o en otro bando.
Desde estas dos definiciones convencionales nuestro modelo de convivencia alcanzó en los últimos 40 años un innegable crecimiento macroeconómico, llegando incluso, a ser ya “Jaguar” en la región, según expresión dicha recientemente por el Jefe de Estado, Rodrigo Chaves, relegando, eso sí, relegando para otro momento, la justa distribución de riqueza entre los trabajadores.
Quiere decir lo anterior, por un lado, que desafiando todas las leyes de la economía son otros los creadores de riqueza y no los trabajadores, y por otra parte, mientras la concentración de la riqueza en pequeños grupos, con tentáculos profundos en todos lados, no tiene reversa. Así, sí perteneces aquellos con salarios de hambre y sin patrimonio familiar para pagar una intervención quirúrgica en un hospital privado, salado porque no supiste aprovechar las oportunidades dadas por esta democracia tan particular y economía en pleno auge.
Es innegable en el fondo de la contradicción apuntada que quienes están al frente de los poderes fácticos tienen sus propios relatos, cada cierto tiempo actualizados y modernizados por universidades como Oxford, Chicago o escribidores de oficio, para evadir las responsabilidades históricas en cuanto a la desaparición paulatina del “bien común”, la distribución de la riqueza entre los trabajadores y la imposición del “interés particular” como religión estatal.
La contradicción dicha está presente además en miles de expedientes judiciales esperando “justicia pronta y cumplida” – el fiscalismo impuesto por los organismos financieros y “bendecido” desde la Asamblea Legislativa en todas las últimas administraciones – tocó las bases del Poder Judicial y empuja cada vez más para que la gente tome la justicia en sus manos.
Así también la “seguridad ciudadana” pasó de ser un derecho de la ciudadanía a cargo del Estado, a un negocio privado para quienes tienen recursos. Vino después como obvia consecuencia el narcotráfico y el sicariato como empresas necesarias, metiéndonos como colectividad en una verdadera mafiacracia.
Asimismo el combate de la corrupción es cada vez más una especie de “saludo a la bandera”, ya que aprobadas los compendios de leyes para enfrentar este mal, nos encontramos una mayoría de ellas vigentes, brillantemente redactadas, pero sin colmillos y las molares con caríes, sin adecuado financiamiento para tener jueces, fiscales e investigadores especializados en el complejo fenómeno, que va más allá del lobby, la división de grupos empresariales para reportar cero renta, alcaldes que venden tierra en la milla marítima, camiones cargados de cajas de cigarrillos, licores, repuestos, electrodomésticos etc., sin pago de impuestos.
Lo cierto del caso es que mientras alguien le pone dientes a una nueva ley anticorrupción, contra el tráfico de influencia o el mismo nepotismo innegable en municipalidades y Asamblea Legislativa, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional siempre “descubren” gastos excesivos sobre los ingresos recibidos, repitiéndose un malévolo ciclo para que todos los trabajadores y empresarios privados honestos, pagadores de sus obligaciones como corresponde a una sociedad civilizada y solidaria, subsidien a los evasores, a los contrabandistas, a los “astutos” muchachos especialistas en desfalcos y entrega de concesiones etc.
La llamada crisis del agua – solo a manera de ejemplo -nos reventó en la cara por años de improvisaciones y negligencia de esta clase minoritaria a cargo de Acueductos y Alcantarillados, quizá pensando que sería un buen negocio dejar que la entidad se cayera en pedazos y, luego, vender la institución o justificar su tercerización de servicios.
La “burocracia dorada” instalada en lo más alto de AyA permitió en los últimos años (con la sagaz o sin mayor fiscalización de la Contraloría) elevados gastos de representación, salarios de lujo, y hasta viajes al extranjero en primera clase con novias, por aquello de sí el clima del país de llegada estaba muy frio y la chimenea muy distante para el burócrata, mientras las inversiones del Estado en acueductos y alcantarillado llegaban a cuentagotas o no habían del todo.
La chambonada de una empresa excavadora en uno de los Hatillos – rompió una tubería cuando modificaba una alameda- evidenció el estado miserable de la tubería que abastece de agua a los miles de trabajadores de esas populosas ciudadelas; mientras al otro lado de la ciudad las mansiones o los edificios de varias plantas se garantizan agua para sus enormes tanques o piscinas. ¿Quién autoriza la captación de enormes volúmenes de ese líquido para esas construcciones exclusivas, en detrimento de las mayorías? ¿O ya normalizamos esta locura?
Con base en la población que el INEC señala con servicio de alcantarillado sanitario (1.179.528 habitantes) se estimó que su caudal potencial de agua residual para tratamiento corresponde a 2.730 litros (l/s). De éstos, 414,60 l/s son captados y tratados (15,19%), el resto simplemente es recolectado en el sistema de alcantarillado sanitario y descargado en cuerpos de agua (84,81%). Este caudal captado mediante alcantarillado sanitario y tratado representa solo el 4,16% del total de aguas residuales y excretas a nivel nacional. Ver Plan de Inversión de AyA 2021-2025.
Este plan de inversiones, conociendo cómo terminan estos negocios, ya debería ser tema de discusión seria por parte de amas de casa, líderes comunales, sindicatos etc., por encima de “comunicados de prensa” y apoyos morales y obtener, en cambio, proyectos alternativos a la “solución” neoliberal de la falta de agua, sobre la justa distribución del líquido, saneamiento de ríos aledaños a la ciudad y potabilización de sus aguas etc. De lo contrario, las justas demandas de miles de mujeres y varones amenazan sean desnaturalizadas por la tradicional politiquería que no quiere educación política entre el pueblo, a fin de cuidar su chamba cada cuatro años.
A la anterior crisis del agua en todo el país se suma la creciente tendencia de convertir el preciado líquido en dólares y euros, gracias a fincas de todo tamaño dedicadas a la producción y exportación de melones, sandía, naranjas, y cuanta mercancía aparezca y sea convertible en dinero contante y sonante. La deforestación es enorme para su cometido y en algún momento la naturaleza nos pasará la factura.
Además, el crecimiento de la demanda de agua entre la población no se detiene, aparejada con la entrega de importantes fuentes a grandes empresas embotelladoras. La contaminación de los principales ríos cercanos a importantes urbes hace aún más incierto el futuro del agua en nuestro país. Por lo menos mientras no encontremos la forma de convertir un billete de cualquier denominación en ese líquido, sin el cual no vivimos.
b.) Empezamos a asustarnos con la mortaja: Un acertado “diagnóstico país” de ayer, aunque parezca paradójico, tiene hoy gran repercusión y, fue, el llamado programa “Volvamos a la tierra” (Monge Álvarez 1982- 1986). Sin duda alguna sentó las bases, para bien o para mal, del denominado “desarrollo” del país que ha inspirado a todos los gobiernos hasta el 2022, a partir del cual el Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves, pareciera apostó definitivamente por el gobierno de las grandes corporaciones occidentales. Al estarse cayendo el viejo orden económico mundial, donde emergen los llamados BRICS para sacudirse de la dictadura del dólar y ejercer el comercio sin sanciones, un número considerable de oligarquías en la región cierran fila en tecnología, económica y el campo de las ciencias con la metrópoli a la que han pertenecido de corazón.
Las cifras que alcanzan los llamados países BRICS como bloque son astronómicas: en conjunto representan alrededor del 42% de la población mundial, son el 23% del PIB global, tienen el 30% del territorio del planeta y manejan el 18% del comercio internacional total.
De allí que las visitas a muchos de nuestros países de la generala del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, como del secretario de Estado, Antony Blinken, serán más seguidas, al mismo tiempo que los monaguillos de Milei en la zona comienzan a ganar notoriedad en parlamentos, la academia y la mediática.
De hecho, ya hay voceros en la zona que claman por “revoluciones de colores” en la región, especialmente en Brasil y Colombia, dada su importancia estratégica y vínculos con la OTAN, mientras aprietan más fuerte el cuello a Cuba, Nicaragua y Venezuela, en espera de alzamientos sociales, en vista que estos escribidores o vocerías tienen el poder de definir cuando una elección es democrática, ésta o aquella sociedad tiene derechos humanos e irradia libertad de prensa.
El programa “Volvamos a la Tierra” con suma claridad declaraba las intenciones de lo que debía hacerse en Costa Rica para los siguientes gobiernos, fueran éstos liberacionistas, socialcristianos o de Acción Ciudadana surgido después- unos más que otros adaptaron postulados de ese plan- pues cuatro años resultaban pocos para resolver los miles de kilómetros de vías en mal estado, los problemas de la producción, qué hacer con la banca, la educación, la sanidad, los salarios, cooperativas, las empresas como CODESA etc.
Estado de un tubo mediante el cual abastecen de agua a trabajadores y trabajadoras de Hatillo.
Los gobiernos posteriores a 1986 “ablandaron” la conciencia de sus electores para convencerlos sobre los supuestos beneficios para el pueblo de privatizar empresas públicas, leyes sobre empleo, movilizar “voluntariamente” a miles de empleados públicos para debilitar así el Estado y fortalecer los negocios del nuevo emprendedurismo, girando éste siempre parasitariamente alrededor de los pocos bienes estatales al margen de la embestida “modernizadora” o los pocos servicios aún conservados por una debilucha y enredada administración pública.
Así, en pocos años, emerge una burguesía ligada al libre comercio, ONGS, bancos, fundaciones, centros para inversiones foráneas, servicios profesionales etc., atrincherada en el bipartidarismo, libertarios, “izquierdas democráticas” o pentecostales, entre otros, encargados a lo largo de estos 40 años de disponer a su antojo de la “res pública” y moldear las instituciones existentes a sus intereses; mientras la oligarquía tradicional, ante estas contradicciones de intereses no quiere correr ningún riesgo frente al panorama geopolítico mundial. Apuesta por el llamado “gobierno gerencial” aliado incondicional de unas cuántas multinacionales recomendadas desde la metrópoli.
Las distintas administraciones fortalecieron a los nuevos dueños de las concesiones de playas, normaron la entrega del agua con fines comerciales, dieron a sus amigos el espectro electromagnético, quebraron y compraron bancos, controlaron absolutamente el transporte remunerado de personas, descubrieron que el negocio del siglo era para unos, importar granos, mientras los otros empacaban el arroz y los frijoles, aunque ello significaba mandar al carajo la soberanía alimentaria y a los agricultores locales etc. Un número importantes de empresas del Estado estaba dentro de una enorme firma denominada Corporación de Desarrollo S.A. (CODESA) y sus filiales, que no resistieron el apetito de la nueva clase que se abría camino. (ver “Volvamos a la Tierra”; Págs. 48 “restructuración de CODESA” y 63, inciso ch “trabajadores propietarios”).
En las páginas 66 y 67 el programa se propone “modernizar” el Ministerio de Trabajo para acometer sus fines (no hablaba de aumentar el número de inspectores para que prevalecieran los derechos de los trabajadores ante la voracidad que asomaba), fomentaría, en cambio, el “sindicalismo democrático” que, años más tarde, muchos de sus líderes, propician y defienden los famosos encuentros y foros para el “diálogo social”, en búsqueda de “ajustar” y seguir abrazado al “desarrollo sostenible”. Otros, con un léxico más refinado proveniente de los socialistas europeos, planteaban un “capitalismo del bienestar” para destacar que, es posible “ajustar” los problemas en la democracia, “focalizando” los desajustes y llevando la oportuna “acción social” webberiana. Al final, propietarios de los medios de producción y vendedores de la fuerza de trabajo se ayudan mutuamente y todos somos contentera.
Ya para 2020, el gobierno de turno, abogaba por reducir la planilla del Estado en 7.000 funcionarios, recurriendo a la “movilidad laboral”, como parte de la “agenda de estabilidad financiera”, y así, a fin, de acceder a un préstamo por $ 1750 millones con el Fondo Monetario Internacional (Fuente: https://ameliarueda.com/nota/gobierno-movilidad-reducir-planilla-7000-funcionarios-noticias-costa-rica). Casi simultáneamente, se adiciona al Código Penal, el 2 de mayo de 2022, el artículo 256 bis, estableciendo: se impone pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes impidiere, destruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito o el movimiento de transeúntes.
A pesar de los profundos cambios legales, políticos y económicos habidos en las últimas décadas, seguimos sin ser el “primer país desarrollado de América Latina”, esperando ser la sociedad de “propietarios y no de proletarios” y sigue la duda de si somos, efectivamente, Jaguar o Tigrillo en la región y somos el país más feliz del mundo.
c) El gran duelo a machete
Cuando el periódico “La Teja”, el 4 de abril de 2022, nos contaba que Rodrigo Chaves Arguedas, un guardaespaldas del tres veces presidente, José Figueres Ferrer, fue el padre del gobernante Rodrigo Chaves Robles, las posibilidades de un futuro gobierno de riñón verdiblanco quedaba abierto; o por el contrario, entraría en confrontación directa con una parte de la burguesía local surgida gracias a los llamados PAEs e instalada en las esferas decisorias para cumplirle las exigencias de los organismos financieros internacionales.
El primer aviso ocurrió el 31 de mayo de 2023, cuando Chaves dijo que el convenio entre la Coalición Costarricense de Iniciativa de Desarrollo (CINDE), Comex y PROCOMER había llegado a su fin . La coalición privada, que recibía fondos públicos, estaba entre nosotros desde 1982, y por ella pasaron tecnócratas destacadísimos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristina.
Durante 41 años, según datos dados a conocer por CINDE, hubo 181 mil empleos directos, es decir un promedio de 4.414 anuales, y unos 74 mil empleos indirectos, algo así de 1804 por año.
Casos que sacudieron a la sociedad costarricense y dados a conocer por la prensa en los últimos 30 años durante los gobiernos que se alternaron el PLN-PUSC-PAC.
Asimismo, el 20 de abril de 2023 el ministerio de educación anunció el fin del convenio Marco Cooperación MEP-FOD a partir del 6 de mayo del 2023. El poner fin a este convenio degeneró en furibundos ataques contra la Administración Chaves por diputados liberacionistas y socialcristianos en la Asamblea Legislativa.
Francisco Antonio Pacheco, presidente de la Fundación Omar Dengo, defendió en todo momento lo que denominó el correcto uso de los fondos públicos por unos 235 mil millones de colones en los últimos años para el desarrollo del Programa Nacional de Informática Educativa en 4200 escuelas.
En este contexto, el “gobierno gerencial” de Chaves, no está contra la recolonización en que nos tienen el Banco Mundial y el Fondo Monetario, sino que, al priorizar definitivamente los intereses estadounidenses, en cuanto a la tecnología 5 G, ayudas en materia de seguridad cibernética, entre otras, impone como único patrón ideológico referencial a la sociedad y el gobierno norteamericano, en su marcha hacia la “singapurización “de Costa Rica.
La dimensión de este “pleito a machete”, producido por una burguesía que tuvo 40 años para blindar todos sus intereses con cientos de leyes, jurisprudencias, reformas y decretos, frente a la oligarquía alineada con el gobierno actual y el llamado “occidente colectivo”, que trata de salvar algo de sus 500 años de hegemonía absoluta, lo veremos en “directo” y a “todo color” cuando el Ejecutivo insista en su proyecto estrella de “Ciudad gobierno”, consistente en un complejo sistema de obras instaladas en terrenos del Estado y financiado a largo plazo por el Banco Centroamericano de Integración Económica para alojar ministerios y oficinas públicas, cuyos alquileres, según datos oficiales, dejan $600 millones (₡420.000.000.000) anuales a un reducido número de familiares dedicadas a este negocio y conectadas a la alta politiquería. No se conocen las familias beneficiadas con estos alquileres ni los partidos políticos a que están afiliados.
El otro agarrón de pelo está a la vuelta de la esquina con el proyecto de venta del Banco de Costa Rica, cuyos sectores fortalecidos desde hace 40 años, no rechazan la privatización de este activo, con excelente salud financiera, sino que ellos quieren una porción importante del pastel y éste no sea entero para las empresas preferidas por la oligarquía.
Ojalá los trabajadores y trabajadoras, no importa el partido político por el cual han votado, comprendan que estos “pleitos” que a veces trascienden, son cara y escudo de una misma moneda. A ellos corresponde construir el tejido social con reflexión a fondo y movilización social desde las comunidades, con el fin claro que son ellos los dueños de la historia, en la medida, eso sí, entiendan la política como servicio a los demás; pero sí ella no se articula con otras comunidades y movimientos populares terminarán defendiendo feudos de todo tipo y en todas partes, corriendo el riesgo que la politiquería los reviente.
Lo que hace una década, parecía un buen proyecto, hoy, en las manos del gobierno de Chaves, se convirtió en una CHAMBONADA.
¡Veamos!
NO se podría construir en un terreno ajeno, en este caso, perteneciente al Liceo de Costa Rica, mas, sin embargo, ni siquiera buscan dialogar, para ver cuánto habría que pagar por expropiar la cuadra que alquilaba el MOPT al Liceo.
El ministro de Hacienda, confesó que el préstamo por US$450 millones, que otorgaría el BCIE, ¡solo alcanzaría para un tercio del proyecto Ciudad Gobierno! Que habría que buscar otras fuentes de financiamiento, sin precisar cuáles.
Por otro lado, los señores del BCIE informaron que ¡no tienen experiencia en este tipo de proyecto! Que están aprendiendo. Por lo que cabe la pregunta: ¿Y si sale mal?
Al tratar de obviar preceptos legales firmes, como la aprobación legislativa del crédito internacional, y la eventual ejecución mediante licitaciones formales, la tal «ciudad» para 11.000 funcionarios, y varios miles más de usuarios, se encuentra al garete.
Si pese a las chambonadas gubernamentales, se arreglaran ciertas cosas y se llegaran a construir los grandes edificios, en terrenos estatales, HOY todavía no hay seguridad, de que, después de pagar alquileres por 25 AÑOS al banco centroamericano (por el crédito ¡que, repetimos, no alcanza!) NO existe certeza de que el Estado pudiese recuperar la propiedad de toda esa infraestructura, pues proponen resolver algo tan delicado, al final del cuarto de siglo de estar pagando, los indefinidos montos de alquiler. Algo, obviamente inaceptable.
Hay indicios de que, ni los señores diputados ni los órganos de control, conocen lo que sería «el expediente oculto», que la administración Chaves está manejando cual secreto de Estado, y que se presume, estaría lleno de ciertas sorpresas.
Los constantes cambios de los jerarcas en los ministerios de Planificación, Vivienda y el MOPT, han hecho aumentar la incertidumbre, y las informaciones contradictorias, que surgen en las «conferencias de prensa» de Chaves, pues por largos períodos, el proyecto se ha quedado sin cabeza.
Otro asunto sumamente importante es que, a ciencia cierta, se desconoce cuánto se pagaría de alquiler al BCIE, por los 153.000 m² de construcción que el BCIE nos arrendaría, y cuán diferentes (mayores o menores) serían los montos que se pagarían, con respecto a los actuales, por los entes públicos que tendrían que mudarse a los nuevos edificios. Los actuales jerarcas de ministerios e instituciones autónomas que tendrían que mudarse, no tienen idea de cuáles serían las previsiones presupuestarias necesarias, que tendrían que atender extraordinariamente.
Finalmente, ¿seguirá siendo el «buen proyecto» que se valoró en el 2014? Pregunta pertinente, que demanda una respuesta formal, razonable, muy bien sustentada, pues ante ¡el desbarajuste que ha provocado el Poder Ejecutivo!, ha surgido, la idea que tal vez, en lugar de CONCENTRAR los servicios estatales, en ese lugar del sur de la ciudad de San José, sería más inteligente propiciar, una ordenada DESCONCENTRACIÓN, individualizada, por regiones, que no conlleve la creación de un monstruo, rígido y poco práctico, para atender eficientemente las necesidades de los habitantes de todo el país. Que, asimismo, sería mucho mejor, emular el proceso ya iniciado exitosamente, por la CCSS por medio de más de mil EBAIS, por el Poder Judicial con sus oficinas regionales, y por otros entes de servicio estatal. Ello con la finalidad de llevar hacia los habitantes, las instituciones que requieren, y no alejarlas, cada vez más, de sus vecindarios.
Objetivamente, los compatriotas residentes lejos de San José aplauden, más bien, la posibilidad de poder ser atendido cerca de sus domicilios, para no verse obligados, muchas veces sin recursos económicos y otras dificultades, a trasladarse a la muy incómoda ciudad capital, a realizar trámites que, evidentemente, podría cumplir mucho más ágilmente, en sus respectivas regiones.
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