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Autor: María José Ferlini Cartín

Los fascistas ya no usan uniformes

José A. Amesty Rivera

Durante décadas, cuando se habla de fascismo, la imagen era bastante clara, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, uniformes militares, propaganda del Estado abierta, censura directa y persecución sistemática de quienes se oponían.

Sin embargo, en el debate político actual ha surgido una pregunta cada vez más común en sectores críticos de la academia y la comunicación, ¿y si las formas de autoritarismo del siglo XXI ya no necesitan ese rostro clásico? ¿Y si hoy funcionan de maneras más difíciles de ver, más integradas en la vida cotidiana y, por eso mismo, más complicadas de identificar? ¿Y si su principal herramienta ya no es el ejército, sino la comunicación global?

No se trata de afirmar que exista un nuevo fascismo completamente definido o planificado, sino de una hipótesis de análisis, los sistemas de poder cambian de forma, pero no desaparecen.

En las últimas dos décadas se ha consolidado un fenómeno sin precedentes, la concentración de la comunicación global en manos de un pequeño grupo de empresas tecnológicas; plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, entre otras menos conocidas, se han convertido en la principal forma de acceso a la información para miles de millones de personas.

Desde una mirada crítica latinoamericana, esto no es solo un cambio tecnológico, sino una nueva etapa del capitalismo, conocida como capitalismo de plataformas o capitalismo de la atención. Su idea central es simple, la atención humana se convierte en un recurso económico, y este recurso se obtiene mejor a través de emociones intensas que mediante información compleja o reflexión profunda.

El resultado es que los contenidos que más se difunden no son necesariamente los más verdaderos o importantes, sino los que provocan más reacción. El miedo se expande, la indignación circula, la rabia se multiplica y la polarización crece; así, la esfera pública deja de ser un espacio de debate democrático y se transforma en un mercado de emociones. Veamos algunos autores que ya planteaban el problema en cuestión.

Antonio Gramsci explicó que el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino por la construcción del consenso cultural, a lo que llamó hegemonía. Desde esta perspectiva, los medios de comunicación y hoy también las plataformas digitales no son neutrales, son espacios donde se disputa el sentido común de la sociedad.

Actualmente, esta disputa está atravesada por la concentración económica; no se trata solo de quién produce información, sino de quién controla los canales por los que circula.

Hannah Arendt, política y filosofa, judeo-alemana, advirtió que los regímenes autoritarios se fortalecen cuando se destruye la idea de una realidad compartida; la propaganda no solo busca imponer mentiras, sino debilitar la noción misma de verdad común.

En el mundo digital, este fraccionamiento es aún más profundo. Distintos grupos pueden vivir en universos informativos separados, donde los mismos hechos se interpretan de maneras completamente opuestas. Esto debilita la base mínima para el diálogo democrático.

Noam Chomsky y Edward Herman, con su modelo de propaganda, mostraron que los medios tienden a reproducir los intereses de las estructuras económicas que los sostienen.

Desde una mirada latinoamericana, esto es clave, la concentración mediática no es un accidente, sino una expresión del poder económico sobre la producción de ideas.

No hace falta un control directo, basta con la dependencia de la publicidad, la propiedad cruzada de medios y la lógica de la rentabilidad, el resultado es una agenda pública donde algunas voces se amplifican y otras quedan al margen.

Umberto Eco propuso la idea de un “fascismo eterno”, entendido como un conjunto de rasgos que pueden reaparecer en distintos momentos históricos, como el miedo a lo diferente, el culto a la tradición, el rechazo al pensamiento crítico, la obsesión con conspiraciones y creación constante de enemigos internos.

Desde esta idea, el fascismo no es solo un fenómeno del pasado, sino una posibilidad que puede reaparecer en distintos contextos sociales y tecnológicos.

Jason Stanley, filósofo estadounidense, sostiene que las democracias no suelen caer de golpe, sino de forma gradual, ante debilitamiento de la prensa, pérdida de legitimidad de la oposición, normalización del discurso de odio y creación de enemigos internos.

En América Latina, este proceso puede entenderse en continuidad con formas históricas de exclusión social, donde muchos sectores han sido incluidos formalmente en la democracia, pero excluidos en la práctica.

Boaventura de Sousa Santos señala algo similar, muchas democracias son formales, pero limitadas en lo social, es decir, la ciudadanía existe en teoría, pero el poder real está concentrado.

Una diferencia importante con el siglo XX es el papel de las grandes empresas tecnológicas. Estas corporaciones concentran poder económico, tecnológico y comunicacional al mismo tiempo, esto les permite influir en la política, la cultura y las elecciones a nivel global.

Desde una mirada crítica, esto representa una nueva fase de concentración del capital, ahora también sobre la información y la forma en que percibimos el mundo.

Además de Gramsci, Arendt, Chomsky o Eco, en América Latina contamos con pensadores que han ayudado a comprender cómo opera el poder en nuestras sociedades.

Paulo Freire, advertía que toda educación puede convertirse en una herramienta de liberación o de dominación, dependiendo de quién controla el conocimiento y para qué fines. Hoy esa reflexión cobra nueva vigencia cuando buena parte de la información que consumimos, llega filtrada por cifras que deciden qué vemos, qué ignoramos y hasta qué temas terminamos discutiendo.

Por su parte, el argentino Ernesto Laclau analizó cómo se construyen los discursos políticos capaces de articular demandas sociales diversas, mientras que el peruano Aníbal Quijano explicó cómo muchas formas de dominación nacidas durante la colonia, continúan presentes bajo nuevas apariencias. Desde esta mirada, la concentración mediática y tecnológica, no puede separarse de las relaciones históricas de dependencia que han marcado a América Latina durante siglos.

También el venezolano Ludovico Silva insistía en que la dominación ideológica no funciona únicamente mediante la fuerza, sino a través de mecanismos culturales que llevan a los pueblos a aceptar como naturales situaciones que en realidad responden a intereses de grupos de poder. Hoy, en la era digital, esta reflexión adquiere una actualidad sorprendente.

Si observamos nuestra región, encontramos ejemplos que ayudan a entender estas dinámicas. En Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela, los debates políticos aparecen cada vez más atravesados por campañas digitales, noticias falsas, operaciones mediáticas y una creciente polarización que dificulta el diálogo. Cada país tiene sus particularidades, por supuesto, pero existe un fenómeno común, la lucha por controlar el relato público. Por ejemplo…

En Brasil, las redes sociales jugaron un papel determinante en la expansión de discursos radicalizados durante los últimos años. En Argentina, la confrontación mediática se ha convertido en parte cotidiana de la vida política. En México, el debate sobre el papel de los grandes medios y las plataformas digitales continúa siendo un tema central. En Colombia, las redes han sido escenario de fuertes disputas narrativas sobre la paz, la seguridad y los movimientos sociales. Mientras tanto, en Chile, Perú y Ecuador se observa una creciente fragmentación informativa donde amplios sectores de la población reciben versiones completamente distintas de una misma realidad.

En Venezuela, esta situación adquiere características particulares debido al peso simultáneo de las sanciones económicas, la confrontación política interna, la presión mediática internacional y la intensa batalla comunicacional que se desarrolla dentro y fuera de las plataformas digitales. Allí puede observarse con claridad cómo la información se ha convertido en un terreno estratégico de disputa política.

Como diría cualquier persona de nuestro pueblo, ya no se trata solamente de quién tiene el micrófono, sino de quién controla el escenario completo, las luces, el sonido y hasta la entrada al lugar. Esa es quizás una de las transformaciones más profundas de nuestro tiempo.

El sociólogo brasileño Emir Sader ha señalado reiteradamente que las disputas contemporáneas no ocurren únicamente en el terreno económico, sino también en el campo de las ideas. Del mismo modo, el argentino Atilio Borón ha advertido sobre la enorme capacidad de los poderes económicos para moldear percepciones colectivas, a través de sistemas de comunicación altamente concentrados.

Por eso la discusión de fondo no es tecnológica, el problema no son las redes sociales en sí mismas; la cuestión es quién las controla, bajo qué intereses operan y qué consecuencias tienen para la democracia, que una parte tan importante de la conversación pública mundial dependa de corporaciones privadas que no rinden cuentas ante los ciudadanos/as.

Dicho en palabras sencillas, cuando unas pocas empresas pueden influir sobre lo que millones de personas ven, piensan, temen o desean, estamos frente a una concentración de poder que merece ser debatida con la misma seriedad, con la que antes se discutía el poder financiero, militar o industrial.

Tal vez por eso la pregunta sigue siendo tan vigente como incómoda, ¿estamos frente a nuevas formas de autoritarismo adaptadas al siglo XXI o simplemente ante viejos mecanismos de dominación vestidos con ropajes tecnológicos? La respuesta todavía está en construcción, pero lo que parece claro es que los pueblos de América Latina, no pueden darse el lujo de mirar para otro lado mientras esta transformación ocurre delante de sus propios ojos.

Asi mismo, un elemento común en muchos discursos políticos actuales es la construcción de “enemigos”, como los migrantes, feminismos, pueblos indígenas, movimientos sociales, intelectuales críticos, minorías sexuales o políticas, entre otros.

No importa tanto el grupo específico, sino la función, canalizar el malestar social hacia un “culpable externo”; el miedo cumple aquí un papel central, organiza apoyos, simplifica problemas complejos y debilita el análisis de las causas reales. Veamos estas ideas en otros paises y regiones concretas hoy:

En EEUU, diversos análisis han mostrado una fuerte polarización mediática y política, donde parte de los medios contribuye a una narrativa de confrontación constante, esto refuerza la idea de que la política es una batalla permanente más que un espacio de acuerdos.

En Europa, casos como Hungría muestran procesos de concentración mediática y cambios institucionales que varios organismos han descrito como retrocesos democráticos, aunque manteniendo elecciones formales.

En países como Francia y Alemania, el crecimiento de la extrema derecha ha ido acompañado por un aumento del enfoque en inmigración y seguridad, dejando en segundo plano temas como desigualdad o redistribución.

En América Latina, la concentración de medios ha sido históricamente una barrera importante para una democracia más profunda. Grandes grupos empresariales han tenido un rol clave en la formación de opiniones públicas y agendas políticas.

Hoy, además, las sociedades dependen cada vez más de plataformas digitales controladas por empresas globales. Esto crea una nueva forma de dependencia, no solo económica, sino también informativa y conocedora. La disputa por el poder ya no es solo territorial o productiva, sino también sobre la infraestructura de la comunicación.

No es necesario pensar en conspiraciones para entender este escenario, basta observar cómo coinciden ciertos intereses, como, plataformas que ganan dinero con la atención, actores políticos que se benefician de la polarización y estructuras económicas que se reproducen en contextos de desigualdad. El resultado no siempre es planificado, pero sí coherente en sus efectos.

Finalmente, tal vez estemos ante una nueva etapa de la crisis del capitalismo, donde la tecnología amplifica viejas formas de dominación, o tal vez estemos viendo el surgimiento de nuevas formas de autoritarismo que aún no sabemos nombrar.

En cualquier caso, la pregunta sigue abierta, ¿qué tipo de gobernanza es posible cuando la información, la atención y hasta la forma en que percibimos la realidad están mediadas por estructuras muy concentradas de poder económico y tecnológico?

Porque quizá el cambio más profundo no es que alguien nos obligue a pensar de cierta manera, sino algo más sutil, que las condiciones mismas de lo que creemos pensar libremente están siendo moldeadas, día a día, por fuerzas que operan más allá del control de nuestros gobiernos.

Convocan a acompañar procesos judiciales vinculados a la defensa de Palestina y al derecho a la protesta

La Red de Solidaridad con Palestina – Costa Rica hizo un llamado a organizaciones sociales, colectivos, estudiantes, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general para acompañar y observar diversos procesos judiciales relacionados con personas que enfrentan causas derivadas de manifestaciones en solidaridad con Palestina y de protestas contra el abuso policial.

La convocatoria enfatiza que la protesta social no constituye un delito y plantea la importancia de la presencia ciudadana en las audiencias como una forma de respaldar la libertad de expresión, el derecho a la protesta, los derechos humanos y las garantías democráticas.

Según la información divulgada, las actividades de acompañamiento se realizarán en el Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea, frente al Parque de Goicoechea, donde se desarrollarán varias audiencias y juicios durante junio.

La primera actividad corresponde a la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes realizado en el Estadio Nacional, luego de mostrar la bandera palestina. La convocatoria señala que este proceso se relaciona con acciones de solidaridad con el pueblo palestino.

Asimismo, para el martes 9 de junio está prevista la continuación del juicio de una persona detenida durante el mismo contexto, por manifestarse en favor de Palestina en las afueras del estadio.

Posteriormente, los días 24 y 25 de junio se realizará el juicio de personas detenidas durante una manifestación contra el abuso policial ocurrida en 2023.

La Red de Solidaridad con Palestina sostiene que el acompañamiento ciudadano y la observación pública constituyen herramientas importantes para la defensa de los derechos fundamentales y para garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con respeto a los principios democráticos y los derechos humanos.

Las personas organizadoras invitan a participar de manera pacífica y solidaria en las distintas jornadas programadas.

Cronograma de actividades

El sábado 30 de mayo se realizó la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes dentro del Estadio Nacional por mostrar la bandera de Palestina.

Martes 9 de junio – 7:30 p.m.
Continuación del juicio de una persona detenida durante el traspaso de poderes por manifestarse en favor de Palestina fuera del estadio.

24 y 25 de junio
Juicio de personas detenidas en la manifestación contra el abuso policial de 2023.

Lugar: Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea (frente al Parque de Goicoechea).

Unidades de la UCR rechazan la estigmatización territorial del Caribe Sur y piden revisar el lenguaje sobre crimen organizado

La Cátedra de Estudios de África y el Caribe, el Observatorio para la Acción Contra el Racismo (OBCRA) y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el uso de la denominación “Cartel del Caribe Sur” para referirse a una estructura criminal investigada por narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de armas.

Las unidades académicas consideran que esta forma de nombrar establece una asociación directa entre una región habitada y una organización delictiva, generando procesos de estigmatización territorial que afectan a comunidades enteras que no son responsables de las actividades criminales que ocurren en sus territorios.

Según el pronunciamiento, el Caribe Sur constituye un territorio diverso y plural, habitado por familias, personas trabajadoras, pueblos y organizaciones comunitarias que, en muchos casos, son precisamente quienes padecen las consecuencias de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Por ello, advierten que equiparar un territorio con una estructura criminal empobrece la comprensión pública del problema y contribuye a reforzar dinámicas de racialización, segregación simbólica y sospecha generalizada sobre las poblaciones que viven en la región.

Desde una perspectiva de derechos humanos, las entidades firmantes sostienen que trasladar simbólicamente la responsabilidad penal desde las personas involucradas hacia comunidades completas resulta especialmente preocupante. Señalan que las comunidades no son equivalentes al delito que las afecta y que, por el contrario, conviven con estas problemáticas, resisten su presencia y sufren sus impactos.

El documento enfatiza que las denominaciones utilizadas por instituciones públicas y medios de difusión no son neutrales, ya que influyen en la construcción de imaginarios sociales, pueden legitimar prejuicios y orientar políticas públicas. Asimismo, advierte que las narrativas estigmatizantes pueden restringir la participación y debilitar la voz pública de las comunidades afectadas.

Las tres instancias universitarias subrayan que este problema no se limita al Caribe Sur y sostienen que ninguna comunidad, barrio, cantón o región del país debe convertirse discursivamente en sinónimo de la violencia o del delito que ocurre en su territorio.

Por ello, hacen un llamado al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a los juzgados y tribunales penales, a la Sala Constitucional, a las oficinas de comunicación institucional y a los medios de difusión para que revisen sus prácticas discursivas y adopten terminología precisa, ética y no estigmatizante al abordar temas relacionados con seguridad, narcotráfico y crimen organizado.

Entre sus solicitudes concretas, plantean evitar denominaciones que identifiquen agrupaciones criminales con territorios o poblaciones específicas y promover lineamientos de comunicación institucional que diferencien claramente a las estructuras delictivas de las comunidades afectadas por su accionar. También llaman a prevenir la reproducción de discursos que fomenten el racismo, la segregación territorial, la criminalización de comunidades o el daño reputacional sobre poblaciones enteras.

Las organizaciones concluyen reiterando su solidaridad con las comunidades del Caribe Sur y con todas las poblaciones del país que enfrentan los impactos de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

ADI Cabagra y comités de implementación PAFT realizan mejoras a caminos en Alto de Brazo de Oro

Uriel Rojas

Desde el pasado lunes 01 de junio de 2026, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra junto a los Comités de Implementación de los Programas de Planes Ambientales, Forestales y Territoriales (PAFT), iniciaron una serie de trabajos en los caminos que comunican a los poblados de “Tubölwak” y Barrio “Los Figueroa” en el Alto de Brazo de Oro de Cabagra.

Estas mejoras comprenden un trayecto de aproximadamente 1659 metros, así como la colocación de material estabilizador en tres cuestas de muy difícil acceso, para facilitar el rodamiento y soporte al peso de los vehículos.

Estos trabajos comunitarios se concretan gracias a los fondos derivados del CREF, lo cual permitirá la ejecución exitosa del proyecto de alumbrado público que lleva a cabo el Instituto Costarricense de Electricidad en Cabagra, pues las pésimas condiciones del camino impedían el acceso de equipo y maquinaria para la instalación de postes y cableado.

Estos proyectos de mejoramiento a la red vial territorial beneficiarán de manera directa a más de 28 familias indígenas de ambos poblados.

FECTSALUD advierte que nuevas medidas fiscales afectarán a personas trabajadoras y pensionadas

El secretario de Prensa de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), Juan Carlos Durán Castro, cuestionó la política económica impulsada por el Gobierno y advirtió sobre la posibilidad de que se promuevan nuevas medidas fiscales que afectarían a personas trabajadoras y pensionadas.

Según manifestó, durante los últimos años se presentó la gestión económica de la actual administración como un modelo exitoso; sin embargo, considera que las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) evidencian una realidad distinta para amplios sectores de la población.

Durán afirmó que entre las medidas que podrían plantearse se encuentran cambios en las condiciones de los regímenes de pensiones, la aplicación de nuevos cobros a personas pensionadas, modificaciones relacionadas con la canasta básica y decisiones que, a su juicio, trasladarían mayores cargas económicas a la población trabajadora.

El dirigente sindical sostuvo que estas eventuales medidas tendrían repercusiones tanto para el sector público como para el sector privado y cuestionó a quienes respaldaron la continuidad de la política económica gubernamental.

Asimismo, planteó interrogantes sobre la capacidad política del Gobierno para impulsar nuevas cargas tributarias o medidas de ajuste fiscal, señalando que la población podría exigir explicaciones ante posibles afectaciones económicas adicionales.

Durán concluyó que las recomendaciones recientes vinculadas a la situación fiscal y económica del país ponen en discusión la narrativa oficial sobre los resultados de la gestión económica y obligan a un debate público sobre quiénes asumirán el costo de las futuras decisiones fiscales.

El señor de los anillos quiere ganar la guerra

Gilberto Lopes
San José, 3 de junio 2026

Los ingenieros de élite de Silicon Valley tienen la obligación de participar en la defensa de nuestra nación, de nuestros valores. De preservar la ligera ventaja que los Estados Unidos y sus aliados occidentales todavía tienen sobre sus adversarios.

Así comienzan Alexander C. Karp, cofundador y CEO de Palantir, y Nicholas W. Zamiska, encargado de asuntos corporativos y consejero legal en la oficina de Karp, La República Tecnológica (*), un libro de 220 páginas, publicado en febrero del año pasado.

Este libro –dicen– pretende promover la discusión sobre el papel que Silicon Valley puede jugar en la reinvención del proyecto nacional; su base es un firme compromiso con el liberalismo y sus valores.

Palantir

¿Qué es Palantir? Es el nombre de la piedra de obsidiana con la que Sauron vigila a sus subordinados en la obra “El señor de los anillos”, de J.R.R. Tolkien. Es el nombre elegido para esta firma, una empresa de software de Silicon Valley, nacida en 2003 con una inversión de In-Q-Tel, el fondo de capital de riesgo de la CIA, que presta servicios a los sectores de defensa, seguridad e inteligencia, no solo de los Estados Unidos, sino de otros diversos países.

Peter Thiel, multimillonario fundador de Palantir y de Paypal, entre otras empresas, se ha instalado en la Argentina de Javier Milei, con quien comparte los principios del anarcocapitalismo.

Se estima que Palantir vale hoy cerca de 400 mil millones de dólares, más de 80 veces su ingreso anual, gracias a sus contratos con los órganos de defensa y de seguridad, con departamentos de policía, sin que se sepa bien la extensión de sus negocios, entre cuyos clientes se incluye el ministerio de Defensa británico, las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas armadas de Ucrania.

Inspirados en su visión liberal de la sociedad –Karp hizo un doctorado en filosofía en la Universidad Goethe de Frankfurt y estudió brevemente con el recientemente fallecido filósofo alemán, Jürgen Habermas, que cita en su libro– aseguran que “la capacidad de las sociedades libres y democráticas para imponerse exige algo más que un llamado moral. Exige hard power, y el hard power de este siglo se basará en el software”.

Silicon Valley

La República Tecnológica comienza con una crítica a lo que califican como una pérdida de rumbo de las tecnológicas de Silicon Valley. Habiendo sido abandonada el alma del país en nombre de la inclusividad, reivindican la necesidad de apoyar un “proyecto político más ambicioso”, hacer algo que “realmente valga la pena”. No ahorran críticas a personajes como el ya fallecido CEO de Apple, Steve Jobs, ni a su empresa, dedicada a satisfacer la demanda de un público ávido de Iphones o de computadores portátiles, pero poco comprometidas con un proyecto nacional.

No se trata solo, para Palantir, de un compromiso con el capitalismo y los derechos del individuo, que estiman insuficientes “para sostener el alma humana”. Reivindican “una noción sustantiva de una vida buena o virtuosa”, una definición que “excluye algunas ideas y defiende otras”.

“Hoy en los Estados Unidos, los principales temas que comparte la sociedad no son cívicos o políticos. Son, más bien, entretenimiento, deportes, celebridades y moda. Los viejos temas que conformaban una nación, un sistema educacional, el servicio militar obligatorio, la religión, el lenguaje común, una prensa próspera y libre, han sido desmantelados”.

Será a esa República Tecnológica que corresponderá recuperar la identidad perdida, los objetivos compartidos, los rituales cívicos capaces de mantener la sociedad unida.

¿Cuáles son? No quedan definidos claramente en la propuesta de Karp y Zamiska.

La defensa de la Nación

Palantir encontró, en la guerra de Afganistán, a principios del siglo, un escenario particularmente importante para las aspiraciones de la empresa.

“Había información suficiente para trabajar, pero estaba repartida en docenas, o centenares, de departamentos, que no la compartían. La tarea de unirla, de hacerla útil para decidir qué poblado atacar, qué prisioneros interrogar, qué preguntas hacer, era una tarea imposible”. Para hacerla posible el software de Palantir jugó un papel esencial, unificando la información y poniéndola a disposición de los militares, “que necesitaban navegar rápidamente en una base de datos que les permitiera ver el contexto en el que iban a desarrollar su misión”.

Los vientos estaban cambiando. Era esencial dirigir nuestra atención hacia la construcción de una nueva generación de armas con Inteligencia Artificial. En marzo del 2019, “Palantir ganó un contrato para construir nuevas plataformas de inteligencia para el Pentágono. “Según el Washington Post, por primera vez el gobierno tocaba la puerta de una compañía de software de Silicon Valley, en vez de los contratistas militares habituales”.

El secretario de Defensa (o de Guerra, como prefiere el gobierno actual), Pete Heghset, definió los nuevos objetivos en dos discursos, en octubre y noviembre del año pasado.

El 7 de noviembre, en el National War College de Washington, Hegseth habló ante generales y representantes de la industria de defensa. Les dijo que “el sistema de contratación pública de defensa, tal y como lo conocen, ha dejado de existir. Ahora es un sistema para la guerra”.

Para Hegseth la revisión de esos criterios “es un paso decisivo en la reconstrucción de la nación que en su día lideró el mundo, transformando las ideas en poderío bélico, los pensamientos en letalidad”. Queremos que las empresas “aporten soluciones innovadoras a nuestros combatientes para que podamos tener una ventaja abrumadora en las guerras futuras”.

¿Ventajas abrumadoras en guerras futuras? ¿En cuáles estará pensando Hegseth? ¿En qué ventajas?

Paslantir encaja bien, en todo caso, en el nuevo escenario. El sector tecnológico –dicen Karp y Zamiska– “se había alejado de los militares, desinteresado de pelear con una creciente burocracia y con una opinión negativa del público”.

Palantir tomó otra decisión, “quizás por algún gusto por el conflicto o la obstinada persecución de algo, de algo que funcionara”. Creen que fue “la voluntad de responder al mundo tal como es, no como nosotros desearíamos que fuera, la principal razón por la que la última generación de gigantes de Silicon Valley ha llegado tan lejos como ha llegado”.

EL MANIFIESTO DE PALANTIR

El 18 de abril pasado, Palantir publicó, en su cuenta de X, un manifiesto de 22 puntos donde resumía lo esencial de La República Tecnológica. En solo dos días tenía ya más de 30 millones de visualizaciones.

El manifiesto inicia con un llamado a “rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones”. “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso”, afirman. Luego se refieren a la forma como piensan cumplir esa misión: “La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación positiva de participar en la defensa de la nación”.

Su visión sobre el papel de los Estados Unidos no es distinta a la de prácticamente todos sus dirigentes políticos. Ningún otro país en la historia del mundo –afirman-, “ha impulsado más los valores progresistas que este”. Agregan que el poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada.

Las dos afirmaciones merecen alguna reflexión. Sobre el papel de los Estados Unidos, surgido del desarrollo del capitalismo hace ya más de dos siglos, libre de las trabas que, en Europa, significaba el viejo orden feudal, no solo les permitió una rápida expansión geográfica, ocupando territorios indígenas y avanzando sobre territorios de naciones vecinas, sino que extendió sus intereses económicos, hasta imponer un sistema prácticamente universal.

Sistema en el que se percibe hoy formas de decadencia que Palantir pretende enfrentar. No se trata solo del orden económico, sino también del político, como la democracia liberal sometida a nuevas formas, tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo.

Su visón de que “el poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada” se refiere, naturalmente, al territorio norteamericano. El resto del mundo vivió una guerra permanente, llevada a cabo por Estados Unidos a los más diversos rincones del mundo, en la misma medida en que iba extendiendo su influencia económica e imponiendo su orden político.

La propuesta de Palantir no es otra cosa que mantener viva esa condición, amenazada por otros modelos de organización económica y política con fuerzas que, paulatinamente, se han ido equiparando y, en algunos casos, superando a las de los Estrados Unidos.

Palantir y la encrucijada

Palantir sugiere que la era de disuasión atómica ha llegado a su fin. Una nueva generación de armas basada en la Inteligencia Artificial sustituirá a las nucleares como nuevo instrumento de disuasión. Es ahí donde Silicon Valley puede desempeñar un papel decisivo, muy distinto al que ha venido desempeñando, orientado a la defensa de la nación, como Karp y Zamiska proponen en su libro.

Estiman que hemos llegado a una nueva encrucijada, similar a la que enfrentaron los inventores de la bomba atómica: el software y las capacidades de la inteligencia artificial que Palantir y otras compañías están desarrollando facilitan el despliegue de nuevas armas letales. Un sistema de armas con una Inteligencia Artificial cada vez más autónoma que tiene sus riesgos, contra los que el Papa advirtió recientemente, como veremos.

Karp ve la aplicación de la inteligencia artificial al desarrollo de armas modernas como un instrumento del equilibrio de poder. Desde su punto de vista, la nueva tecnología tiene el potencial de condicionar la política internacional en este siglo y en el próximo, del mismo modo que las armas nucleares lo hicieron en el siglo pasado.

Los ingenieros de Silicon Valley se ven entonces –como los del Proyecto Manhattan, con el que Estados Unidos construyó la primera bomba atómica– enfrentados a una nueva encrucijada, ética y política. Un dilema resuelto, como sabemos, con la decisión de avanzar en la construcción de las nuevas armas, como se hizo entonces y como hacen hoy empresas como Palantir.

La crítica

John Ganz, escritor y columnista de The Nation, no ahorró críticas al libro de Karp y Zamiska.

Para Ganz es un libro “terrible”. Es, literalmente, un llamado a las armas. Anuncia un futuro oscuro y deprimente. Es pésimo tanto en forma como en contenido. Mal escrito, aburrido, lleno de ideas malas –cuando logramos entresacarlas de los clichés y las repeticiones­– que van desde lo simplemente dudoso hasta lo execrable e inquietante.

Los autores defienden la democracia como uno de los valores occidentales, pero parece que tienen algo más en mente. Miran con envidia a nuestros rivales autoritarios, dice Ganz. De hecho, la visión que plantea el libro es profundamente antidemocrática y elitista. En su opinión, el libro y el manifiesto son poco más que una estrategia de ventas.

Naturalmente, no es el único crítico. Gideon Lewis-Kraus, columnista del The New Yorker, se le adelantó unos días. En un artículo con el título de “La guía de Palantir para salvar el alma de Estados Unidos”, dice que el argumento central del libro es que la supervivencia de los Estados Unidos depende de la revitalización del complejo militar-industrial.

Con la posible excepción de “De cero a uno” (libro de Peter Thiel, que Lewis-Kraus califica como uno de los ejemplos más sólidos de un género que combina negocios y autoayuda), “la mayoría de los libros de los expertos en tecnología resultan decepcionantes. Karp parece el tipo de persona que podría haber incrementado la lista”.

Las aspiraciones de algunos ingenieros de Silicon Valley, de restaurar la grandeza de un Estados Unidos que visualizan en decadencia, no es nueva. Karp piensa que restaurando el complejo militar-industrial puede “hacer nuestro país grande nuevamente”.

El mismo Lewis-Kraus cita, al inicio de su artículo, publicado el 19 de febrero del año pasado, que en la primavera del 2014, un ingeniero transnarquista de Google demandó a la Casa Blanca “parar la decadencia nacional”. Su plan era sencillo: pensionar a todos los empleados gubernamentales; transferir la autoridad administrativa a la industria tecnológica; nombrar a Eric Schmidt CEO de los Estados Unidos. Schmidt –nos recuerda– era CEO de Google y un “avatar del liberalismo tecnocrático”.

El exministro de economía griego, Yanis Varoufakis, fue otro, entre muchos, de los que salieron al paso de la propuesta, en el artículo “Palantir y el nuevo orden”.

Surge una nueva forma de capital, un capital en la nube, máquinas algorítmicas que aseguran a sus propietarios el notable poder de cambiar nuestro comportamiento, afirmó.

La República Tecnológica sería un intento de definir la ideología que lo justifica. Varoufakis la llama “techlordism”. Los “señores de la tecnología”, cuya tarea sería proveer la cobertura ideológica para colonizar todo: el comportamiento humano, las instituciones públicas y el mismo Wall Street, lo público y lo privado, además de los individuos.

Desarmar la IA

El Papa León XIV también ha sumado su voz al debate. El uso de la inteligencia artificial para fines militares fue analizado en la reciente encíclica “Magnifica Humanitas”, de cerca de 42 mil palabras, de gran repercusión, más allá de sectores religiosos.

El «crecimiento del complejo militar-industrial se ha convertido en una característica propia del panorama político actual», con el “resurgimiento de la guerra como instrumento de la política internacional», dijo el Papa, que ya en un discurso ante los cardenales, el año pasado, había advertido que la IA era una amenaza potencial para la «dignidad humana, la justicia y el trabajo».

“No se debe confiar decisiones letales o irreversibles a sistemas artificiales”, dijo el Papa, en lo que parece ser una velada referencia a lo ocurrido en la guerra contra Irán, cuando misiles norteamericanos, basados en mapas antiguos, utilizados por el software de Palantir para definir objetivos, destruyeron una escuela primaria femenina en la localidad de Minab, causando la muerte de más de cien niñas.

Antonio Spadaro, un jesuita italiano que fue cercano al Papa Francisco comentó la encíclica de León XIV en una entrevista concedida a Gilles Gressani, director de la página Le Grand Continent.

“La encíclica es más política, más geopolítica, más conflictiva”. Las novedades doctrinales más relevantes son al menos cinco, afirmó, entre ellas la introducción del concepto de desarmar la IA, sustrayéndola de la lógica de la competencia armada. La posibilidad de delegar en una máquina la decisión de matar es un fenómeno sin precedentes. “La decisión letal no puede delegarse a procesos automatizados, debe permanecer bajo un control humano efectivo”, afirma el documento.

La encíclica no menciona a Trump, pero la referencia es evidente en varios pasajes, dice Spadaro, como cuando critica la normalización de la guerra, el rearme como respuesta a toda crisis o cuando desmonta la lógica del “yo primero”.

Spadaro destaca el significado de la presencia de Christopher Olah, un millonario cofundador de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial, en la mesa con el Papa, cuando se anunció la Magnifica Humanitas. Trump canceló contratos con Anthropic en febrero pasado, después de que la empresa se negara a permitir el uso de su software en vigilancia interna o en armas totalmente autónomas.

Una mirada al mundo

Nos parece que aquí hace falta una pausa, para ver más allá de Silicon Valley y hacer una mirada hacia el mundo. Al de entonces y al de ahora. Karp afirma que la supremacía del poder militar norteamericano en el siglo pasado ayudó a mantener la actual frágil paz en el mundo. Para mantenerla hoy propone un nuevo tipo de Proyecto Manhattan, manteniendo “el control exclusivo de las formas más sofisticas de Inteligencia Artificial en el campo de batalla”.

Pero eso ya no parece posible. El análisis obvia –por un lado– la naturaleza de una guerra donde la capacidad destructiva de las armas es cada vez mayor, sin descartar, ciertamente, las nucleares. Por otro, la decadencia de los Estados Unidos, enfrentado al surgimiento de China como una nueva potencia mundial.

La ausencia de esa consideración política mina el argumento de Karp, concentrado siempre en la preocupación de mantener una ventaja tecnológica que él mismo reconoce precaria. Probablemente cada vez más precaria y, en algunos aspectos, ya sobrepasada por sus adversarios.

Es muy distinto enfrentar a un enemigo mucho más débil, aunque fuera también una potencia nuclear (como La Unión Soviética, durante la Guerra Fría; o Rusia, después), que enfrentar a una potencia emergente que lo supera ya en diversos aspectos, inclusive militares, como China. Y que, además, no es el único rival. Hay que sumar Rusia y potencias nucleares como Corea del Norte, un escenario mucho más complejo que el de hace tan solo unos 45 años.

Es evidente –y el mismo Karp lo sabe– que en una confrontación de la naturaleza que él se imagina no habrá ganadores. Sería simplemente el fin de la humanidad. Sin embargo, sueña con una República Tecnológica capaz de ganar esa guerra. No se le escapa del todo la idea de la decadencia de las sociedades que llama “libres” y “democráticas”. Lo hace cuando reconoce que necesitan hoy más que un atractivo moral para atraer aliados. “Eso sirvió durante algunas décadas”, después de la Guerra Fría. Hoy hace falta, más claramente que entonces, poder militar.

Es una república muy parecida a la que Hegseth propone cuando delinea las nuevas orientaciones del Pentágono, cuando afirma que “no nos conformamos con construir un ejército más fuerte. Estamos sentando las bases para un dominio continuo durante las próximas décadas”. “Si es necesario, entraremos en guerra con el ejército y el equipo que tenemos, y ganaremos”. “Tendremos el arsenal necesario para defender la libertad y seremos sus guardianes”, agrega.

A Karp, como a Hegseth, les falta la visión de que, más que la bomba, fue el desarrollo de la economía norteamericana el fundamento de la preponderancia de los Estados Unidos. Como he sugerido en otro trabajo (y no me voy a extender sobre eso aquí), Estados Unidos llegó a la cumbre de su poder con la victoria en la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Desde entonces vive su lenta decadencia, algunas de cuyas expresiones más acabadas son la enorme concentración de la riqueza (de la que Palantir es un ejemplo) y el crecimiento insostenible de su deuda fiscal.

Quisiera sugerir que esa decadencia es no solo el fundamento de un rezago que no puede remontar, sino también la causa fundamental del desorden político que vive hoy la democracia liberal.

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(*) The Technological Republic

Hard power, soft believe and the future of the West

Alexander C. Karp and Nicholas W. Zamiska

Crown Currency, New York

Feb, 2025

Impulsan adhesiones a pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño

Diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos impulsan una declaración internacional de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califican como un agravamiento de la violencia estructural, la represión y la intimidación contra distintos sectores sociales del país.

La iniciativa es promovida por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como personas defensoras de derechos humanos de distintos países. El pronunciamiento se suma a las recientes expresiones de preocupación internacional sobre la situación hondureña, entre ellas las denuncias formuladas por organizaciones de derechos humanos sobre masacres ocurridas en diversas comunidades y los llamados de organizaciones magisteriales centroamericanas a respetar la libertad sindical y el diálogo social.

Según las organizaciones convocantes, la situación afecta particularmente a comunidades campesinas, al movimiento estudiantil y al magisterio hondureño, sectores que enfrentan crecientes mecanismos de presión, represión e intimidación.

La declaración plantea la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos, así como de visibilizar las denuncias sobre violencia y vulneración de derechos que afectan a diversos sectores de la sociedad hondureña.

Las organizaciones impulsoras invitan a colectivos, organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos a adherirse al pronunciamiento internacional durante la presente semana, antes del lunes 8 de junio.

Formulario de adhesión:

https://forms.gle/D9EdmGs9F1PAHRPp7

El llamado se acompaña de las consignas:

¡Justicia para Karla López y cada víctima de la represión en Honduras!

¡No a las masacres y asesinatos selectivos en Honduras!

¡La defensa y promoción de los derechos humanos no tiene fronteras!

Municipalidad de Bagaces se suma al rechazo del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Municipalidad número 10 en contra del proyecto

La Municipalidad de Bagaces se convirtió en una de la Municipalidad más reciente del país en manifestar formalmente su oposición al expediente legislativo N.° 23.414, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional».

Mediante el acuerdo N.° 05-160-2024-2028, aprobado de forma unánime en la sesión ordinaria celebrada el 2 de junio de 2026, el Concejo Municipal de Bagaces acordó respaldar el acuerdo N.° 1114-2026 de la Municipalidad de Goicoechea, en el cual se reitera la oposición a dicha iniciativa legislativa.

La votación contó con el apoyo de la totalidad de los regidores presentes, quienes aprobaron el acuerdo con cinco votos a favor y ninguno en contra, otorgándole además carácter de acuerdo firme.

Con esta decisión, Bagaces se suma a otras municipalidades que han expresado públicamente su rechazo al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, entre ellas Goicoechea, Belén, Pérez Zeledón, Montes de Oca, León Cortés, Turrialba, San Rafael de Heredia y San Isidro de Heredia.

El pronunciamiento refleja la creciente preocupación de diversos gobiernos locales respecto a los posibles impactos que esta propuesta legislativa podría tener sobre el modelo eléctrico nacional y la gestión de un servicio considerado estratégico para el desarrollo del país.

La adhesión de Bagaces fortalece la posición de los gobiernos municipales que han solicitado a la Asamblea Legislativa reconsiderar el avance de este proyecto y abrir espacios de discusión más amplios sobre el futuro del sistema eléctrico costarricense.

Diversas organizaciones ecologistas y comunitarias han venido impulsando una campaña para que más gobiernos locales analicen y se pronuncien sobre el expediente legislativo N.° 23.414. La iniciativa busca que las comunidades se acerquen a sus municipalidades y promuevan acuerdos en base a la autonomía municipal, incentivando la participación ciudadana y el derecho de los gobiernos locales a ser escuchados en decisiones que podrían tener implicaciones para sus territorios.

Esta estrategia retoma experiencias exitosas desarrolladas en años anteriores, cuando decenas de municipalidades se declararon territorios libres de cultivos transgénicos y libres del uso de determinados herbicidas, logrando que más del 90% del territorio nacional adoptara este tipo de pronunciamientos en el caso del maíz transgénicos.

Bloque Verde
Bloque Azul
COECOCeiba-Amigos de la Tierra CR
Costa Rica por el Océano
Movimientos Ríos Vivos
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Eco Cipreses
Oilwatch Costa Rica
Red de Coordinación en Biodiversidad
Talamanca Siempre Verde
Red de Mujeres Costeras

El examen de incorporación y la pregunta que nadie quiere hacerse

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo Campos Hernández

La noticia de que únicamente trece personas lograron aprobar el examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica provocó una reacción inmediata. Mientras algunos cuestionan la validez del examen, otros responsabilizan a las universidades y no faltan quienes atribuyen el resultado a la falta de esfuerzo de los propios estudiantes. Sin embargo, desde el mismo momento en que la información comenzó a circular, tuve la impresión de que el debate corría el riesgo de instalarse en el lugar equivocado.

Durante los últimos años he tenido la oportunidad de cursar estudios de Derecho en distintas escuelas universitarias. Mi experiencia previa como docente universitario, especialista en planificación curricular y estudioso de los procesos educativos me obliga a reconocer algo incómodo: el problema es mucho más profundo que una prueba de incorporación profesional.

Lo que el examen ha puesto en evidencia no es solamente una posible controversia sobre un instrumento de evaluación. Ha dejado al descubierto preguntas que durante años hemos preferido evitar: ¿qué tipo de abogados estamos formando?, ¿qué significa realmente aprender Derecho?, ¿quién forma a quienes forman abogados?, y quizás la más importante de todas: ¿estamos confundiendo educación superior con simple certificación profesional?

La primera reacción de muchas personas ha sido cuestionar la validez del examen. Otras, por el contrario, han señalado la deficiente preparación de quienes aspiran a incorporarse a la profesión. Ambas posiciones contienen elementos de verdad, pero ninguna parece suficiente para explicar por sí sola un resultado tan extraordinario. Lo ocurrido obliga a mirar más allá de la coyuntura y preguntarnos qué está sucediendo con la enseñanza del Derecho en Costa Rica.

Durante décadas se ha asumido que formar abogados consiste fundamentalmente en transmitir conocimientos jurídicos. Sin embargo, el ejercicio profesional exige mucho más que el conocimiento de normas, plazos o procedimientos. Un jurista competente debe ser capaz de interpretar textos complejos, construir argumentos sólidos, resolver problemas, ponderar principios, analizar hechos y comunicar con claridad sus razonamientos. Estas capacidades no se desarrollan mediante la simple memorización de contenidos, sino a través de procesos formativos exigentes, lectura profunda, discusión crítica y práctica constante.

Existe una ironía que no deja de llamarme la atención. Durante años las universidades han incorporado a sus documentos términos como competencias, pensamiento crítico, resolución de problemas, aprendizaje significativo y formación integral. Sin embargo, basta ingresar a muchas aulas para descubrir que poco ha cambiado.

Las competencias aparecen en los programas de curso. Las bibliografías ocupan varias páginas. Los perfiles de salida prometen profesionales capaces de analizar, investigar y argumentar. Pero en la práctica cotidiana predominan las exposiciones magistrales, la memorización de contenidos y evaluaciones que premian la repetición antes que la comprensión.

Lo digo con preocupación y no con ánimo de descalificar a nadie. He observado este fenómeno en distintas instituciones y disciplinas. El problema no es la ausencia de discursos innovadores. El problema es la distancia creciente entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente ocurre en las aulas.

Lamentablemente, una parte importante de la educación jurídica continúa reproduciendo modelos pedagógicos tradicionales centrados en la transmisión de información. En numerosas aulas universitarias la exposición magistral sigue siendo la estrategia dominante, mientras que la participación estudiantil, la resolución de casos, la investigación y la argumentación ocupan un lugar secundario. A ello se suma una realidad pocas veces discutida: muchos docentes universitarios poseen una sólida formación disciplinaria, pero carecen de preparación específica en pedagogía, evaluación y diseño curricular.

Este aspecto merece una reflexión particular. Saber Derecho no implica necesariamente saber enseñarlo. Del mismo modo que un excelente abogado no se convierte automáticamente en un buen juez, tampoco un buen litigante se transforma por sí mismo en un educador eficaz. La enseñanza universitaria requiere competencias específicas que rara vez forman parte de la preparación profesional de quienes imparten los cursos. Como consecuencia, se reproduce frecuentemente la forma en que cada docente fue enseñado, perpetuando prácticas que privilegian la repetición antes que la comprensión.

La situación resulta aún más paradójica cuando observamos que muchas carreras declaran adoptar enfoques formativos basados en competencias. Tuve la oportunidad de especializarme en esta área bajo el enfoque socioformativo impulsado por Sergio Tobón, inspirado en el pensamiento complejo. Desde esa perspectiva, las competencias no constituyen una simple lista de habilidades laborales, sino la capacidad de movilizar conocimientos, procedimientos, actitudes y valores para enfrentar problemas reales en contextos concretos.

Sin embargo, en numerosos programas universitarios las competencias terminan convertidas en un requisito administrativo. Se redactan, se incluyen en los documentos oficiales y se presentan ante las agencias acreditadoras, pero rara vez orientan de manera efectiva la enseñanza o la evaluación. En la práctica, el contenido continúa ocupando el centro del proceso educativo.

Este problema también interpela a las instancias responsables de garantizar la calidad de la educación superior. La acreditación constituye una herramienta valiosa, pero debe ir acompañada de mecanismos que permitan verificar los resultados efectivos de los procesos formativos. La existencia de programas, reglamentos y estructuras institucionales resulta importante, pero la pregunta decisiva sigue siendo otra: ¿qué son capaces de hacer los egresados al finalizar su formación?

La discusión también obliga a examinar el papel de las propias escuelas de Derecho. Costa Rica posee una cantidad considerable de programas de formación jurídica para un país de poco más de cinco millones de habitantes. La expansión de la oferta educativa ha ampliado oportunidades de acceso, pero también plantea preguntas sobre la planificación de necesidades profesionales, los estándares de calidad y la capacidad real de supervisión académica.

No se trata de responsabilizar exclusivamente a las universidades. Tampoco al Colegio de Abogados y Abogadas. El problema es sistémico y, por tanto, exige una comprensión sistémica. Como advertía Edgar Morin, los problemas complejos no admiten soluciones simples.

Por otra parte, este debate se desarrolla en medio de profundas transformaciones tecnológicas. La irrupción de la inteligencia artificial está modificando aceleradamente la manera en que se accede, organiza y utiliza la información jurídica. En un entorno donde una herramienta tecnológica puede localizar en segundos normas, jurisprudencia y doctrina, la formación profesional ya no puede descansar exclusivamente en la capacidad de recordar datos. El valor diferencial del abogado del siglo XXI radicará cada vez más en su capacidad para interpretar, argumentar, contextualizar y tomar decisiones prudentes frente a problemas complejos.

Quizás por ello ha llegado el momento de repensar también los mecanismos de incorporación profesional. Esto no implica eliminar los controles de calidad ni debilitar las exigencias académicas. Por el contrario, supone fortalecerlas mediante procesos más integrales que combinen conocimientos, análisis de casos, práctica supervisada, portafolios profesionales y evaluación de competencias efectivamente demostradas en contextos reales.

Del mismo modo, sería deseable fortalecer la articulación entre el Colegio de Abogados y Abogadas, las facultades de Derecho, las agencias acreditadoras y las autoridades educativas. La formación permanente del profesorado universitario, la revisión periódica de los programas de estudio, el seguimiento de resultados académicos y la promoción de experiencias prácticas significativas podrían formar parte de una estrategia de mejora continua.

Tal vez el verdadero valor de esta polémica no resida en determinar quién tiene la razón. Quizá su importancia radique en obligarnos a mirar un problema que lleva años desarrollándose silenciosamente.

Costa Rica necesita discutir seriamente la formación de sus profesionales. Necesita revisar sus mecanismos de acreditación, fortalecer la preparación pedagógica de quienes enseñan, replantear las formas de evaluación y preguntarse qué competencias exige realmente el ejercicio profesional en una época marcada por la inteligencia artificial y la transformación acelerada del conocimiento.

La solución no vendrá de una única institución ni de una única reforma. Como advertía Edgar Morin, los problemas complejos requieren respuestas complejas. El examen de incorporación es apenas la parte visible de una red mucho más amplia de desafíos educativos, institucionales y culturales.

Por eso, más que preguntarnos cuántas personas aprobaron o reprobaron una prueba, quizás deberíamos atrevernos a formular una pregunta más difícil y más urgente:

¿Estamos formando los juristas que la democracia costarricense necesitará en las próximas décadas?

Desastrosa gestión hacendaria

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Estados Unidos anuncia un aumento del impuesto a los productos ticos hacia ese importante mercado, sin que importe lo determinado en el TLC vigente entre nuestros países. Imposición trascendental pues vemos que el año pasado el 47 % de todas las exportaciones de bienes nacionales, fue dirigido hacia ese mercado, por un total de US$10.797 millones.

El nuevo impuesto será del 12,5 %, en sustitución del 10 % anterior, por lo cual los exportadores nacionales en particular, y las finanzas nacionales en general (ahora en profunda crisis por, entre otros, una disminución en la recaudación de impuestos), sufrirán efectos inmediatos.

Además, producto de esa inamistosa medida, no se descarta el traslado de industrias estadounidenses que gozan de nuestro régimen de zona franca, hacia suelo norteamericano, algo que desde Washington se ha anunciado como objetivo final.

En fin, el déficit fiscal aumenta, en medio del destructivo alto valor del colón generador de desempleo y salida de empresas del mercado, la devastadora deuda de ¢4 billones del Ministerio de Hacienda con la Caja, el encarecimiento de servicios públicos, el creciente número de pensionados, el abandono que sufren estudiantes de primaria y secundaria, quienes, si no desertan se gradúan con inmensas deficiencias por lo cual se esfuman sus expectativas por incorporarse a una fuerza laboral al menos medianamente calificada.

Y es que el descalabro de la tal «economía jaguar» es deprimente, mientras Costa Rica retrocede en casi todos los campos, con excepción del narcotráfico y los asesinatos por encargo, mientras los habitantes esperamos con ansias que los nuevos gobernantes empiecen a tomar en serio su deber de gobernar.