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Autor: María José Ferlini Cartín

Comunicado de las cooperativas agrícolas de Costa Rica

Familias de las cooperativas agrícolas y acuícolas de nuestro país, desde la Mesa Nacional del Dialogo Social y Productivo les enviamos un cordial saludo.

Señores gobernantes nosotros somos una economía mixta todos tenemos cabida. Nuestra responsabilidad es mantener la paz social.

Nuestro único propósito es defender la producción de alimentos a nivel nacional. Convirtamos al agro en un activo estratégico de Costa Rica

Las amenazas están ahí ya las conocemos. Empezaron a ejecutarse, con la ruta del Arroz. Vienen todos los demás rubros.

Esta situación es más grave que una pandemia. Es más grave que una crisis pasajera.

Las cooperativas estamos en todos los rubros de producción agropecuaria y pesquera y en todo el territorio nacional de nuestro país y tenemos presencia en mercados internacionales

LO QUE NOSOTROS DEFENDEMOS:

I.- Está en riego estructural la existencia de nuestro Estado Social de Derecho, la democratización de la propiedad de la tierra, y nuestro derecho a producir los alimentos que el país necesita y que todos consumimos

1.1.-Señores del Poder Ejecutivo. Señores de la Asamblea Legislativa. Construyamos juntos una auténtica política agroalimentaria y pesquera con todos los actores calificados.

Este es el principal punto de partida que defendemos. No queremos decir al Ejecutivo como dijeron los gladiadores al emperador Claudio “Ave Caesar, morituri te salutant”

II.- El segundo punto tiene que ver con los mercados. Dos situaciones muy graves provocadas por la falta de políticas claras:

Nosotros “SEMBRAMOS COMIDA”, pero priorizando la importación y el contrabando de alimentos nos quitan el derecho a producirlos en nuestras tierras y en nuestros mares.

Pero además han permitido la monopolización y el control abusivo de los mercados nacionales. Estos monopolios a nosotros nos pagan una miseria en el campo y los consumidores en las ciudades, pagan precios de usura por la comida que nosotros producimos.

2.1.- Tenemos alternativas: Fortalezcamos los controles en nuestras fronteras para impedir el contrabando, con la colaboración de aduanas y la policía económica lo podemos lograr; rescatemos la red de frío y el Cenada aquí también hay un gran monopolio Es el cementerio de los productores nacionales.

Establezcan una auditoria forense al monopolio de los mercados dirigida por el MAG con la colaboración de la COOPROCOM, la FAO el IICA y a la cadena de formación de precios bajo la dirección del MEIC y el PIMA.

Si no hacemos esto a corto plazo, seremos cómplices de la destrucción de la agricultura y la acuicultura nacional.

III.- Con todo respeto preguntamos al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa:

  • ¿Se puede desarrollar el agro (ustedes que dicen ser economistas) destinando menos de 4% de crédito público a financiar la producción de comida Y COMPITIENDO CON ECONOMIAS SUBSIDIADAS?
  • ¿Podemos mantener los mercados internacionales que hemos construido a lo largo de estos años si nuestros contenedores salen cargados de drogas desde Costa Rica?

Por todo estos amigas y amigos, familias cooperativas nos unimos al llamado de la Mesa Nacional de Dialogo Social y Productivo convocados por el sector agropecuario costarricense en defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad de nuestro sector.

Unamos nuestra presencia a nivel NACIONAL en San José y a nivel regional en los puntos indicados.

USEMOS NUESTRO DERECHO A LA MANIFESTACION PACIFICA Y DEMOCRATICA, COMO HEMOS SIDO EJEMPLO, CUANDO NOS MOVILIZAMOS.

Foro de las Cooperativas Agrícolas

Costa Rica 25 de octubre de 2023

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo insta al gobierno a proteger Estado Social de Derecho y señala áreas críticas

COMUNICADO

  • Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo insta al Poder Ejecutivo de Costa Rica a priorizar la protección de las conquistas del Estado Social de Derecho

  • Proponen establecer un diálogo entre los tres poderes de la República y la sociedad civil para encontrar soluciones concretar y garantizar el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política.

Las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, así como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y firmantes, se dirigieron a Casa Presidencial con una profunda preocupación por la creciente destrucción de los fundamentos del Estado Social de Derecho en nuestro país, y por las consecuencias que esto trae en la supervivencia de distintos sectores de la sociedad costarricense.

El compromiso con los principios fundamentales de la Constitución Política de Costa Rica busca el mayor bienestar para todas y todos los ciudadanos, fortaleciendo el sector productivo nacional y promoviendo una equitativa distribución de la riqueza.

Además, el movimiento aboga por garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el reconocimiento de los derechos humanos, como parte esencial para la convivencia democrática y el progreso de la nación.

El incumplimiento de las responsabilidades constitucionales y sociales de este Gobierno se centra en 12 áreas críticas entre las que se destacan:

  • Protección de la democracia y las autonomías
  • Respeto de los derechos
  • Reforzamiento de la educación pública.
  • Mejoras en los sistemas de la salud pública y la seguridad
  • Soberanía y seguridad
  • Creación de empleo y
  • Justicia económica y
  • Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
  • Facilidad de acceso a la
  • Reducción de la pobreza y pobreza
  • Preservación del medio ambiente y la promoción de energías
  • Fortalecimiento de la cultura y el
  • Más y mejores oportunidades de

Por todo lo anterior, los sectores que representan este movimiento hacemos un llamado enérgico al Gobierno de la República y a todos los actores políticos para establecer un diálogo social de alto nivel, que involucre a la sociedad civil organizada y a los tres Poderes de la República, con el objetivo de encontrar soluciones concretas a los desafíos que enfrenta el país.

Esto garantizaría el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política, que establece el derecho a un ambiente sano y la obligación del Estado de garantizarlo, el cual ha sido desatendido hasta el momento.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo entiende que la solución integral de los problemas del país requiere la participación y el compromiso de todas y todos, incluidos los poderes de la República, sin olvidar que, el artículo 9 de la Constitución Política reconoce que el gobierno también lo ejerce el pueblo.

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

Clase trabajadora del SINART se desliga de los malos manejos dentro de la institución

El personal trabajador se manifestó dentro de la instalaciones institucionales en contra de la grave situación en la que se encuentra el SINART y además se desligan de cualquier tipo de acción irregular o cuestionada, ya que ninguno tiene la potestad de tomar decisiones. 

La clase trabajadora del SINART solicita mantener un manejo transparente, que se corrijan las irregularidades y se sancionen a quienes las cometieron. 

Puede ver la información completa en el siguiente video: 

Afecto y Autoritarismo: Expresiones psicosociales de la política brasileña

Letra Selvagen publicó el libro “Afecto y Autoritarismo: Expresiones psicosociales de la política brasileña”. La lectura se compone de 3 capítulos, los cuales son: epistemología de la extrema derecha, expresiones callejeras y resistencia por la democracia. 

El primer capítulo se centra en los argumentos sobre subjetividad fascista y afectos; fue realizado por Ignacio Dobles y Helga Arroyo Araya y se encarga de entender por medio de una indagación teórica, el surgimiento y fortalecimiento de opciones relacionados con las subjetividades fascistas; se realiza una caracterización histórica de las situaciones donde se ha promovido ideas o posiciones contrarias a otros grupos. 

El capítulo propone realizar un análisis de la relación que podemos encontrar entre el capitalismo y todo lo que esto envuelve en conjunto de las subjetividades fascistas, ya que este último parece alimentarse de las estructuras e ideas capitalistas. De esta manera. se centran en la discusión, donde se entiende que estas subjetividades fascistas son producto de una crisis sistémica.

El origen de los festivales culturales en Yímba Cájc

Por Uriel Rojas

Rey Curré/Yímba organizó su Primer Festival Cultural Indígena un 12 de octubre de 1992 en el marco de los 500 años de la aparición de Cristóbal Colón a tierras de América. Fue una actividad organizada por la escuela de la comunidad quienes realizaron de manera sencilla, una breve exposición de algunos elementos que han caracterizado a la cultura indígena local.

El evento buscaba mostrar las características de la herencia de sus antepasados, así como las costumbres practicadas a mediados de siglo XX y los presentes.

Desde este momento, el objetivo era concientizar a la comunidad tanto estudiantil como general, el verdadero significado de lo que la sociedad nacional celebraba cada 12 de octubre, desde la percepción indígena.

Por seis años consecutivos la escuela, en conjunto con la Asociación de Desarrollo local lleva adelante esta actividad celebrándose los 12 octubre.

Sin embargo, en el contexto del sexto Festival Cultural a realizarse en 1998, se une el Museo Nacional de Costa Rica a esta iniciativa.

Esto trajo consigo el cambio de fecha en acuerdo conjunto entre todos los organizadores.

En este contexto, los vecinos de Curré con el apoyo del MNCR había recuperado un monolito o pilar de piedra, lo que representaba un logro importante en los procesos de luchas sociales en defensa de los derechos culturales.

Este pilar de piedra o monolito lo van a ubicar en los alrededores de la escuela local y se acuerda fijar de aquí en adelante, el final de mes de octubre como fecha oficial de los Festivales Culturales.

Para el año 2000, la comunidad tuvo que enfrentar el riesgo de ser reubicado tras el interés de construir una represa cuyo sitio de presa se ubicaba dentro de su territorio.

Sin duda, este espacio generado por los festivales sirvió de escenario propicio para exponer el descontento social de la comunidad ante los promotores de dicha hidroeléctrica.

Con el paso del tiempo, la comunidad en general logró apropiarse de estos festivales, a tal punto que lo ha incluido como inversión obligatoria dentro del presupuesto anual que destina la ADI en beneficio de la cultura y la imagen comunal.

Para el 2019, este festival no se pudo realizar debido a que la pandemia de la COVID 19 se encontraba en su mayor propagación.

Para este 27 y 28 de octubre de 2023 se llevará a cabo el XXX Festival Cultural que se ha convertido en una fiesta del pueblo y, junto al Juego de los Diablitos que celebran a principio de febrero representan dos espacios en donde ponen de manifiesto la identidad cultural de Rey Curré/Yímba, un pueblo indígena de origen boruca.

Nota cultural J.E.Ch.

Los Asesinos de la Luna  206 m / 2023 / USA

Director Martin Scorsese

Una metáfora de un pérfido engaño

Por Daniel Lara

Asistí con buenos amigos a ver esta última obra del gran Martin Scorsese. En compañía, ya sea cercana o anónima, el buen cine debe ser disfrutado en una sala de cine, el cine como espacio público, el cine hecho para la gran pantalla. El cine que antaño reunía comunidades, vecinos, a pocas cuadras, tiempos en donde cada barrio tenía su sala de cine. Disfrutado como quien va a misa, sin interrupciones, sin celular, ladridos de perro ni otras distracciones. Streaming, teletrabajo, ubereats, farmacia en moto y cuanta maña para tenernos atrapados en casa, sin compartir, sin vernos las caras, perdiendo de a poco lo gregario que nos permitió llegar a ser humanos. El mismo Scorsese, adalid y defensor del arte cinematográfico, le agradecerá a usted el respeto por su trabajo, hecho con maestría técnica para cine y no para su aparato de TV.  No es lo mismo, ni técnicamente desde el aspecto de la imagen y del formato, ni del recato y concentración necesarias para lograr imbuirse en la historia, en el cuento, en la narrativa audiovisual.

Tal vez sea uno de sus últimos trabajos dada la avanzada edad (82) de este creador neoyorquino hijo y fruto de la migración italiana. Ojalá qué no, pero tal vez cierre el telón como Kurosawa con sus Sueños. No todos los maestros inician bien y terminan bien. Scorsese hace cine, arte, no vulgar entretenimiento pueril para pasar el rato. Su propuesta es para sentir, pensar y empatar con la suerte de otros. Estamos ante una joya cinematográfica, una adaptación virtuosa del texto homónimo ideado por David Grann, un mamotreto de 975 páginas.

La historia da cuenta del oprobio sufrido por el pueblo Osage, personas originarias de Norteamérica radicadas en Oklahoma y trasladadas por la presencia del conquistador y colonizador blanco. Habitaron Kansas, Arkansas y Misuri. Hoy están reducidos al condado Osage en Oklahoma. Como si no bastara su desdicha, su nuevo lugar de residencia vomita petróleo y como es común a otros pueblos del mundo, la fuente de energía fósil redunda en mayor desgracia. La Virgencita de los Ángeles nos proteja de mantenernos lejos del infortunio de la fortuna negra que siembra destrucción no solo medioambiental sino también humana gracias a la avidez de los beneficiados.

Basada en hechos reales acontecidos hace exactamente un siglo, en los glamorosos veintes, glamorosos para unos y trágicos para otros, como siempre, a cien años de distancia la suerte es la misma.

Tres horas y media le lleva al director desenvolver el guion escrito por Eric Roth, un metraje que usted pensará que lo llevará a dormirse, pero no, la maestría del realizador, las magníficas actuaciones del veterano Robert De Niro, de un maduro Leonardo DiCaprio, la sorprendente Lily Gladstone – actúa con sus ojos, su mirada nos habla – y la virtuosidad del montaje y del manejo de cámara logran que el tiempo vuele. Combinación de planos cenitales, generales, de suelo y primerísimos planos con virtuosidad nos regalan un acercamiento palpitante al lugar de los acontecimientos. Por eso es solo posible en el espacio mágico y sagrado de la sala de cine. Para eso trabaja Scorsese, para hacer cine, para atraparnos, como cautiva la mirada de la persona amada que vemos.

Los nativos Osage nadan en petróleo y su riqueza es atractiva para todo tipo de estafadores, desde el banquero. El fotógrafo, el médico, el sepulturero, hasta las petroleras, pasando por toda una suerte de aventureros y asesinos dispuestos a esquilmar a sus legítimos dueños. Los Osage tienen fortuna, pero su administración por ley blanca no les pertenece y los blancos cobran el peaje. Pedían permiso, no siempre concedido, para gastar su propio dinero. Tienen, pero no tienen.

Scorsese no sigue a pie juntillas el relato de David Grann en cuanto a la centralidad de un thriller policiaco que investiga una serie de crímenes y muertes misteriosas por enfermedades también muy sospechosas de los afortunados/infortunados indígenas osage.  Estamos en el momento de la inauguración de Edgar Hoover como director del FBI, antes del macartismo y la cacería de brujas que llegó hasta el mismo Hollywood. Para David Grann el centro está en Tom White – Jesse Plemons – como investigador en jefe destacado en la reserva Osage para esclarecer los terribles asesinatos. El maestro octogenario que hace cine desde chico prefiere que observemos la historia desde las relaciones de una pareja – DiCaprio y Gladstone – mediada por la perfidia de Robert De Niro.

El personaje encarnado por el actorazo que dió vida a Taxi Driver y El Irlandés – Robert de Niro – William Hale, es el tío rico y ruin de Ernest Burkhart – Leonardo Dicaprio, el chiquillo enamorado que se ahogó en el Titanic. Tío y sobrino convienen en engañar a Mollie Burkhart – Lily Gladstone – una india osage podrida en plata.  Ernest tiene hijos con Mollie y bien sabe que muriendo Mollie y sus hijos el heredero de la fortuna pasará a sus manos y a las de su hipócrita tío. El tío King Hale –De Niro– simula ser amigo y benefactor de los osage pero en el fondo es un maldito depredador de sus riquezas, miente, engaña y asesina. En la comunidad sobran los matrimonios de interés y rapiña de blancos con indias con tal de quedarse con sus fortunas. Los indios varones corren igual suerte gracias al alcohol que le dispensan los vampiros blancos. No escatima Scorsese en dejar santo sin cabeza en su crítica del latrocinio contra los osage, católicos, masones, judíos y probos jueces y médicos son parte de la orquesta de depredadores de los osage. Lo que prima además del petróleo es la hipocresía, es la ruindad de los blancos que alguna vez llegaron desde Europa para con los dueños originarios de esas tierras.

Martin Scorsese a lo largo de su filmografía nos ha deparado toda una suerte de personajes antihéroes norteamericanos: gansters, depravados, mentirosos, asesinos. Gans of New York, El Irlandés, El lobo de Wall Street y ahora prosigue con Los Asesinos de la luna nos desnudan la genealogía oculta del ADN del sueño americano, de sus valores/antivalores. La rapiña, la avidez, el despojo por parte de particulares, empresas y gobiernos. Por algo los grandes estudios no lo han querido y buena parte de sus obras han sido un fiasco de taquilla, más ahora que despotrica contra las cochinadas de Marvel y el cine prostituido de entretenimiento banal.

El matrimonio forzado, falso y perverso que propone Ernest a la bella y rica Mollie no es más que el ardid para despojarla de sus bienes.  Scorsese logra dibujar una inteligente metáfora con la suerte que corrieron los osage y el falso amor de la pareja estelar protagonizada por Gladstone y DiCaprio.  La suerte de los nativos de todas esas tierras del norte del continente, ayer asesinados por el General Custer, en la historia de marras por William Hale y su sobrino y, aun hoy en los reclusorios reservas penetrados por droga y alcohol nos recuerda cómo se construyen algunos de los grandes y poderosos países del mundo. Una metáfora construida entre la historia privada de una pareja y la historia pública del despojo del pueblo Osage. Una suerte maldita y una metáfora triste como la que sufren los palestinos en Gaza y Cisjordania, con sus tierras arrebatadas y sus vidas segadas. En el mundo sobran los asesinos de muchas lunas, lunas eclipsadas por la ignominia y la sed de quienes se sitúan como superiores por algo que llaman raza, religión y cuanto pretexto vil con tal de perpetuarse sobre la vida de los otros.

Al final los miserables del tío y su sobrino llegan a los estrados judiciales y son condenados pero su prisión duró poco y terminaron sus días en libertad. El castigo no alcanzó a desmontar el sistema que permitió reducir las tierras de los osage y en la actualidad no alcanzan los 5 mil individuos. El cierre no lo cuento aquí, pero Scorsese hace acopio de la ironía más fina e inesperada para decirnos de la mofa y espectáculo que significó la reprimenda oficial contra los abusadores de los osage.

Cine para reflexionar, para desarrollar empatía por los otros, para crecer, para abonar algo mejor a esta humanidad, con textos, con sonido, con imágenes, con amor de un artista como Martin Scorsese, de unos buenos actores, técnicos y gracias a una Sala de cine como las de ayer. Para un cinéfilo el Cine Magaly es un templo.

Por Nuestra Juventud

Álvaro Vega

Prepárense los jóvenes con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria. Omar Dengo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los homicidios de jóvenes, según el OIJ, casi se triplicaron este año 2023 con relación al anterior. Mientras en el 2022 al mes de agosto fueron 8 los asesinatos de personas entre los 12 y 17 años, a esta misma fecha la cifra alcanza los 21 fallecidos).

El escenario no podría ser más catastrófico. Sin embargo, posiblemente lo será si a corto plazo no se invierte lo requerido para contener la ola creciente de criminalidad y si no se redefinen las políticas públicas para evitar seguir reproduciendo las condiciones que son caldo de cultivo de la violencia en sus diferentes manifestaciones, factor que viene desfigurando aceleradamente el rostro de una Costa Rica más pacífica y democrática que heredamos de los forjadores de la Segunda República, con la reforma social y la modernización del Estado de Derecho, que contribuyeron a crear una vigorosa institucionalidad social de carácter público. Institucionalidad que facilitó la movilidad social de la juventud perteneciente a los sectores populares, tanto rurales como urbanos.

Urge retomar ese derrotero, ahora para impulsar una política pública centrada en la atención prioritaria a la juventud. Salir al rescate de una generación que se nos escapa de las manos porque la estamos entregando al crimen organizado, a la drogadicción y, por ende, a una muerte temprana. Postergar las acciones es auto suicidarnos como sociedad. Pienso que esta política pública hay que orientarla, al menos, en tres direcciones.

Primero, y es algo en lo que se ha venido insistiendo, hay que ampliar la cobertura del sistema educativo, con un particular énfasis en la capacitación de técnicos y científicos de alto nivel, pero con visión humanista y no meramente tecnocrática.  Asimismo, acompañada de una política de desarrollo en ciencia y tecnología endógena (José María Gutiérrez), para no convertir a nuestros profesionales en “maquiladores de punta”. Para ello, se requiere redoblar el apoyo a los colegios científico-tecnológicos, instituciones como el INA y el Instituto Tecnológico y a esfuerzos de cooperación interinstitucional como el que ha venido emprendiendo la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Carlos. Además, hay que apostar nuevamente y con mayor esfuerzo por la regionalización educativa de nivel superior.

La segunda dimensión corresponde al fortalecimiento de una política de cultura que permita a la juventud acceder al cultivo de las diferentes manifestaciones del quehacer artístico, para enriquecer su acervo cultural, así como elevar el sentido y espíritu de la identidad pluricultural y multiétnica de nuestro país, tal y como lo consigna la Constitución. El arte y la cultura, que elevan el espíritu y enriquecen y dignifican la corporalidad como seres vivientes, constituyen el fundamento del verdadero desarrollo en humanidad de las sociedades. Estamos sobrados de talento artístico y de iniciativas comunales que con grandes sacrificios sostienen a grupos de teatro, danza, música, baile, etc., pero el apoyo estatal y privado es mezquino y raquítico.

Ante esta precaria situación, como bien señala José Luis Amador, “se está imponiendo la cultura del cartel y la muerte. Hay que hacer algo para promover la cultura de la paz. Hay que decir no a la muerte. Y esto pasa por la cultura, por los valores, por la poesía, por la belleza. Un joven con un revolver no puede ser mejor que un o una joven con una guitarra, con un arado o un estetoscopio”.

Y, la tercera dimensión toca al deporte. Al igual que el arte el deporte, por tratarse de un quehacer que exige dedicación y disciplina, se convierte en escuela para la preparación de personas creativas, diligentes y resilientes.  Son varios los esfuerzos de gobiernos locales por dotar de instalaciones deportivas a sus comunidades. Se requiere generalizarlas a todo el país. Hay que apostar por alcanzar niveles altos de competitividad en las diversas modalidades deportivas. Ya es hora de ir más allá del fútbol-centrismo de nuestra cultura deportiva.

Una juventud con opciones a cultivar alguna de las expresiones artísticas, un deporte y alcanzar la debida preparación para desempeñar una profesión u oficio, ha de ser la aspiración fundamental de un pueblo que sabe actuar con la sabiduría que permita contener, revertir y prevenir la creciente violencia que está conduciendo a nuestra juventud al despeñadero y, con ella, al país entero. Esta empresa de rescate de nuestra juventud tenemos que convertirla en consigna que amalgame a todos los sectores sociales. Unámonos por nuestra juventud, como dice el maestro Omar Dengo, “con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria”.

Avancemos hacia CA-5

Vladimir de la Cruz

Antes de 1821 la región de Centroamérica era una unidad política, fragmentada en provincias, que se extendía desde la provincia de Costa Rica hasta la Provincia de Chiapas, al sur de México. La cabecera central estaba en Guatemala; y se denominó, en distintos momentos, Capitanía General o Reino de Guatemala, como parte de la gran división del Virreinato de México o Nueva España.

Los sucesos de la Independencia desde Chiapas, a finales de agosto y principios de setiembre de 1821, hasta Costa Rica, el 29 de octubre de ese año, fragmentaron toda la región, provocando las independencias de las provincias, que intentaron reunirse de nuevo, a partir de 1823 en lo que se llegó a llamar Provincias Unidas de Centro América, a partir de 1823, y República Federal de Centro América, en 1824, unidad política en la que desde el principio Chiapas no estuvo presente por haberse agregado al Imperio mexicano de Agustín de Iturbide, como también lo habían manifestado sectores en las restantes provincias sin que eso se materializara.

Así, ese proceso de reunificación se dio desde ese final de 1823 hasta 1838 cuando de la República Federal se retiraron Nicaragua, Honduras y Costa Rica. En 1839 Guatemala declaró su separación federal. En 1841 lo hizo El Salvador.

En aquellos años el territorio actual de Belice se consideraba parte de Guatemala, aunque bajo control de Gran Bretaña, situación proyectada hasta adentrado el siglo XX, cuando se logró la Independencia de Belice. México disputó a Guatemala esta región hasta ese momento.

El proyecto centroamericano fue ambicioso en diversos aspectos sin que lograra materializarse. Las luchas internas en cada una de las provincias debilitó el proyecto unionista. Independentistas, imperialistas, en los días inmediatos a la Independencia de 1821, criollos, liberales, conservadores, federalistas, anexionistas, unionistas, y otras denominaciones fueron la expresión de estas contradicciones.

El esfuerzo final que desde Costa Rica quiso hacer Francisco Morazán en 1842 ahogó esa esperanza unionista de ese primer período centroamericanista.

A mediados del siglo XIX fueron los intereses imperialistas, de Inglaterra y Estados Unidos, principalmente, los que se movieron sobre Centroamérica, interesados en el control de la posible ruta canalera que podría haberse hecho utilizando el Río San Juan, el Gran Lago de Nicaragua y el Estrecho de Rivas, fracasado el proyecto canalero francés en Panamá.

La Compañía del Tránsito, que operaba desde la costa este hasta la costa oeste de los Estados Unidos, aprovechaba esa ruta, debido a que no se había construido el ferrocarril de costa a costa de los Estados Unidos. Dicha compañía, en 1865, fijó “idealmente” la extensión del territorio de los Estados Unidos en el proyecto imperialista colonizador de William Walker, que quiso apropiarse de las cinco repúblicas, lo que produjo la Guerra Nacional de Centroamérica contra él, su falange, sus intereses esclavistas y anexionistas a los estados sureños de los Estados Unidos. Derrotado Walker el 1 de mayo de 1857 y fusilado en setiembre de 1860, en Honduras, cuando de nuevo intentó regresar a Centroamérica con igual propósito, la idea de la centroamericanización unitaria no había desaparecido. Inglaterra se había establecido con un protectorado en la costa caribeña de Honduras y Nicaragua prácticamente hasta finales del siglo XIX, en la llamada Mosquitia.

Internacionalmente la región se conoció como República Federal de Centroamérica. A finales de la década de 1840 e inicios de la década de 1850, los países, o Estados centroamericanos, empezaron a ser reconocidos de manera independiente cada uno de ellos, bajo la forma de Repúblicas. Aun así, a finales de la década de 1840 el General Rafael Carrera de Guatemala intentaba mantener la Federación.

El sentimiento unionista se mantuvo en diversos sectores de la sociedad centroamericana, en cada una de sus Repúblicas. Así, por ejemplo, en junio de 1895 se produjo el Pacto de Amapala, con motivo de las reformas liberales de El Salvador, Honduras y Nicaragua, con el cual intentaron reunirse nuevamente, sin éxito al no estar Costa Rica ni Guatemala. Esta República de Centroamérica se trató de reconstituir en 1898 bajo el nombre de Estados Unidos de Centroamérica, proyecto también abortado.

La Independencia de Panamá de Colombia, en 1903, colocó a Panamá desde el punto de vista geopolítico en la región de Centroamérica, en la que se le sigue considerando. Panamá es partidaria de una integración a todo nivel.

Se avanzó en otros niveles, cuando en 1907 fue creada la Corte de Justicia Centroamericana, con sede en Costa Rica, proyecto que se suspendió en 1917 cuando Nicaragua se retira y la Corte fue disuelta en 1918. El proyecto político unitario no avanzó.

El unionismo centroamericano se mantuvo e hizo surgir el partido político del unionismo, más como una aspiración de sectores, que como una realidad concreta. En Guatemala estuvo el Partido Unionista activo en la caída del dictador Estrada Cabrera, y en Costa Rica el escritor y ensayista Vicente Saénz fue uno de esos líderes unionistas, a partir de la década de 1920. En 1922 El Salvador, Guatemala y Honduras intentaron de nuevo constituir la República Federal de Centroamérica.

Los siguientes proyectos unionistas fueron impulsados más al calor de los intereses imperialistas y hegemonistas de los Estados Unidos en la región. Así se dieron entre otros intentos, después de la II Guerra Mundial, bajo un nuevo esquema mundial de alianzas estratégicas, en el marco de la Guerra Fría, el 14 de octubre de 1951, la creación de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, que fue un impulso para la integración centroamericana, al mismo tiempo que en Europa se daban los primeros pasos de la Unión Europea. El Salvador celebra el 14 de octubre como el Día de la Integración Centroamericana, junto con la SICA.

Con la ODECA se avanzó en proyectos comunes centroamericanos, como la unificación de las señales de tránsito, de procesos aduanales, de políticas culturales, de programas educativos y de libros de textos, cubiertos con el sello de ODECA.-ROCAP, más al calor de la Unión Centroamericana de la década de 1960, textos que fueron combatidos por la Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica. La ODECA también impulsó el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, firmado en 1958, que fueron los antecedentes directos del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua, el 13 de diciembre de 1960, donde surgió el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Todo esto reforzado con la Carta de San Salvador de 1962.

La ODECA se superó con el surgimiento del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que estableció un nuevo marco jurídico y político de relaciones entre los Estados centroamericanos, marco que se ha proyectado en múltiples niveles, y en otras instancias que se han creado, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE.

Las guerras en Centroamérica, en el período 1970-1990, provocaron cambios importantes en la región. El Mercado Común Centroamericano, de la década de 1960, se debilitó. En plena guerra, a principios de la década de 1980, el gobierno de Estados Unidos impulsó el Plan de la Cuenca del Caribe, bajo el Gobierno de Ronald Reagan, con el fin de establecer tratados bilaterales y abiertos con cada una de las repúblicas centroamericanas. El ascenso de gobiernos revolucionarios en Nicaragua, y del auge de la guerrilla en El Salvador y Guatemala, especialmente, impulsaron el Plan de Paz de Oscar Arias Sánchez y los acuerdos de Esquipulas I y Esquipulas II, creando las bases de la reconstrucción democrática de las repúblicas centroamericana, tan gobernadas por dictadores, satrapías, militares, tiranos, gobiernos golpistas y antidemocráticos, estableciendo un procedimiento firme para establecer la paz y la democracia en Centroamérica, que ha funcionado con algunas debilidades.

Resultado de estos acuerdos se dio impulso al Parlamento Centroamericano, PARLACEN y a la Corte de Justicia Centroamericana, organismos de los cuales Costa Rica no es parte, ni los ha reconocido. Ambos organismos fueron creados desde 1990 y 1991, todo con la intención de restaurar la vieja unión política. Guatemala. República Dominicana y México están allí como observadores regionales. Panamá suscribió el PARLACEN en 1993 y hace varios años inició un proceso de separación del SICA.

En las Constituciones Políticas centroamericanas, excepto en la Costa Rica, hay un sentimiento unionista, centroamericanista. El Presidente Abel Pacheco, 2002-2006, fue claro al señalar que era muy difícil para Costa Rica abrazar este proyecto mientras existieran ejércitos en Centroamérica, que los expresidentes de las Repúblicas se convirtieran en diputados vitalicios del PARLACEM, y los integrantes de la Corte de Justicia Centroamericano obedecieran a los poderes ejecutivos de sus países y no fuera un órgano absolutamente independiente. Del mismo modo, consideraba que los diputados del PARLACEN debían ser representantes de los Congresos de cada país, sin los altos salarios que se les paga, y sin elección particular para elegirlos.

En la práctica Guatemala, Honduras y El Salvador, desde hace bastantes años, desde el 2000, han constituido lo que se llama o reconoce con el nombre de Triángulo Norte de Centroamérica. Son países que tienen condiciones similares en diferentes aspectos económicos, políticos y sociales, además de su cercanía y posición geográfica.

Este triángulo reconoce la región de esos tres países de manera que sus fronteras tienen un mismo punto de triangulación de sus capitales. Es una región que opera como un Tratado de Libre Comercio, de libre tránsito de sus ciudadanos y de unión aduanera, que permitan desarrollar ventajas competitivas en bloque. También como región firmaron un Tratado de Libre Comercio con México el 29 de junio del 2001, de similares condiciones. Este Tratado procura la integración de mercados financieros y de capitales.

El Triángulo Norte de Centroamérica no tiene a la vista problemas migratorios internos, más allá de los de ser paso obligado de quienes transitan todo el territorio centroamericano, desde el norte de Sudamérica, con la intención de trasladarse hacia los Estados Unidos. Casi no se producen problemas migratorios intra centroamericanos. El más relevante, quizá, es el de nicaragüenses hacia Costa Rica, que históricamente se produjo, en comparación con esos otros países, por la estabilidad económica nacional, por las condiciones de vida que el país siempre les ha ofrecido; y, sobre todo por la estabilidad y seguridad política que siempre les ha dado Costa Rica.

Los países del Triángulo Norte Centroamericano tienen tratados comerciales firmados con Colombia, Estados Unidos y México, con resistencia de algunos sectores sociales y económicos que sienten afectados por ellos.

La situación política de Nicaragua la ha tenido separada del Triángulo Norte. Sin embargo, para efectos de tránsito de ciudadanos y de actividades comerciales, Nicaragua se ha integrado, en lo que han llamado CA-4 (Centroamérica 4, por la incorporación de Nicaragua a los otros tres países). Costa Rica sigue al margen.

La situación particular de las relaciones de Costa Rica con Nicaragua no son las más deseables ni las mejores. Constantemente hay problemas de críticas por el régimen nicaragüense y la violación de derechos humanos en ese país. De parte de Nicaragua cuando artificialmente levantan el viejo conflicto de la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Ria, en 1824, o el derecho de libre navegación por el limítrofe río San Juan. Nicaragua tiene la llave que cierra la frontera con nosotros creando problemas graves del transporte de mercancías con nosotros y el resto de Centroamérica. Esto ha llevado a la necesidad de impulsar el ferry desde Puerto Caldera hasta El Salvador para solucionar este problema, con la ventaja que acelera el intercambio comercial en muchas horas, pero con la desventaja de que el Ferry no ha tenido el apoyo gubernativo que merece.

A esto se ha sumado, recientemente el problema, que ha creado el gobierno de Costa Rica, con los hondureños, de solicitarles visa a sus ciudadanos con una serie de requisitos, que dificulta la obtención de la misma. Por esta razón, y en reciprocidad el gobierno de Honduras ha procedido de igual manera, como era de esperar, y según se estila en las relaciones diplomáticas.

La razón principal que se ha esgrimido para la actuación del gobierno de Costa Rica es que estaban entrando hondureños, en carros de alto nivel de blindaje, dirigidos especialmente a la zona caribeña, a la región de Limón, con armas, con drogas, y con sumas altas de dinero, insinuando claramente que eran personajes ligados a los carteles mafiosos de ese país.

En lo que recuerdo de las noticias periodísticas no se ha dicho nada de capturas de este tipo de personajes o de este tipo de situaciones. Así como supuestamente han entrado, y los han seguido, seguramente los han dejado salir, o los han sacado, en silencio. Lo que hizo detonar la situación fue la reacción hondureña contra los costarricenses con iguales exigencias de visa. Que Honduras cuide sus mafiosos es un problema de Honduras. Pero, que Costa Rica cuide mafiosos y sus territorios es un problema nacional.

Lo que pareciera en la práctica, por lo que se ve y se percibe en la prensa, es que el gobierno de Costa Rica, y su Ministerio de Seguridad, lo que están haciendo es proteger territorios de mafiosos. No entran al país mafiosos hondureños a alterar o disputar los territorios costarricenses en manos de grupos similares. Esta es la película que se está exhibiendo. Creo no exagerarla. Pero, lo que aquí ocurre no se da sin la complacencia de autoridades nacionales, de todos los niveles institucionales involucrados en esta lucha.

Se denuncia el costo de los daños ocasionados a los escáneres de Limón, con 15 días de instalados y paralizados varios meses, sin que haya acciones punitivas ni resarcitorias, económicamente, contra los responsables, no solo los choferes, sino los dueños y empresarios involucrados en ese trasiego de droga que es regular en esa zona de Limón; los que empacan la droga en los contenedores; desde donde la empacan y quienes la transportan hasta los muelles; y en los propios muelles quienes la reciben y la trasladan a los barcos. Tampoco se habla de detenidos cuando el proceso de acarreo de esos contenedores es bien detallado en sus fases de almacenamiento, carga y transporte.

Finalmente, el visado de los ciudadanos en general es el tema. Pareciera que si en el Triángulo Norte, CA-3, Guatemala, Honduras y el Salvador, la liberación de los trámites migratorios de visas está superado, sin graves problemas a la vista, ni alborotos públicos, sin procesos migratorios complejos entre esos países; ni escándalos relacionados con transporte de drogas, y de armas, que es otro problema que debe atenderse, porque se mueven por mismas rutas de la droga, ¿o por otras?, ni crea problemas de libre tránsito, no interrumpe el flujo comercial, no obstaculiza el movimiento turístico, ¿por qué Costa Rica no libera a los centroamericanos de estos trámites de visa?

La verdad es que para pasar las fronteras se requiere siempre presentar el pasaporte, la cédula de identidad o de residencia, de los ciudadanos habitantes y residentes en esos países. Y, en esos puestos fronterizos están las máquinas migratorias que pueden corroborar los fichajes internacionales de interpol, de las policías locales y cualquier otro mecanismo de control que se tenga para ello.

Nicaragua, se me ha informado, forma parte de este engranaje centroamericano, que ellos llaman CA-4, Nicaragua más los otros tres países del Triángulo Norte, sin que oficialmente Nicaragua forme parte de ese Triangulo, situación que permite a nivel de ciudadanos y residentes un libre flujo migratorio en toda esa región.

¿Por qué no valorar nacionalmente, con serenidad, con visión política, el avanzar y liberar a todos los centroamericanos y los residentes en esos países de estos requisitos migratorios? ¿Por qué no propiciar el CA-5, con Costa Rica inmerso en ese proceso de unidad centroamericana, al menos en este terreno?

La lucha contra la droga, el narcotráfico nacional y regional, y el control de sus actores, se seguirá realizando de la misma forma que se hace hoy, comprometiendo más, en este sentido, a las autoridades centroamericanas en la lucha que desde Costa Rica se realiza.

Liberando, en este sentido, el flujo migratorio centroamericano no vamos a tener más problemas de migrantes centroamericanos o nicaragüenses de los que ya existen. El flujo turístico o de entrada de centroamericanos no es mucho, pero es superior al de muchos países europeos. Solo Hondureños son casi 15.000 mensuales, cifra nada despreciable. Mas que suizos, holandeses, austríacos, belgas e italianos.

Es necesario agilizar el tráfico de mercancías por vía terrestre, para fortalecer las cadenas de suministros y las relaciones intrarregionales. Los sectores empresariales de Centroamérica claman por esta solución, porque se han paralizado las cargas de toda la región, no solo de Honduras y Costa Rica. El problema no es solo de choferes y ciudadanos en general, es de la economía regional. Es también un problema de incremento en los costos que todo esto provoca. De Costa Rica están afectados, con esta situación provocada por el gobierno d de Rodrigo Chaves, los sectores de la industria alimentaria, de químicos y agroquímicos, de equipos y materias de construcción, de servicios logísticos y de los importadores de materias primas. Además, se afectan los plazos de entrega de mercaderías, y directa e indirectamente, se afecta el empleo relacionado con todo este engranaje.

Este problema ha adquirido la forma de una crisis migratoria. Ayer 24 de octubre llegó al país una delegación hondureña compuesta por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez; el vicecanciller, Gerardo Torres, y el director de Migración, Allan Alvarenga, para una reunión con sus homólogos costarricenses, en busca de soluciones a la actual crisis migratoria, de la que se espera salga humo blanco.

Hay que resolver urgentemente esta situación. Avancemos hacia el CA-5. Fortalezcamos el comercio y las exportaciones nacionales hacia Centroamérica. Atrevámonos a romper viejos esquemas que nos encasillan y amarran económicamente. Avancemos.

 

Enviado SURCOS por el autor.