Cuando pensamos en el cambio climático, la mayoría imagina temperaturas más altas, huracanes más intensos o sequías más largas. Sin embargo, existe otro fenómeno igualmente preocupante que avanza de manera silenciosa en nuestros océanos: la acidificación marina. Este proceso está ocurriendo a nivel mundial y tiene consecuencias directas para la vida en el mar, la pesca y, en el caso de Costa Rica, para las comunidades que dependen de sus costas.
¿Qué es la acidificación del mar?
Para explicarlo de forma sencilla: cuando quemamos carbón, petróleo o gas natural, liberamos dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera. Una parte importante de ese CO₂ no se queda arriba, sino que es absorbido por los océanos. El mar actúa como una “esponja” de carbono. Hasta ahora, ha absorbido aproximadamente un tercio de todo el CO₂ que hemos emitido desde la Revolución Industrial, aunque, ese fenómeno se ha dado, principalmente, de los años 80.
El problema es que, al disolverse en el agua, ese CO₂ reacciona formando ácido carbónico, que reduce el pH del agua marina, volviéndola más ácida. Aunque la variación parece pequeña, en términos químicos es enorme: el océano superficial ya ha perdido cerca de un 30 % de su alcalinidad en los últimos 200 años. Y esto afecta directamente a los organismos marinos que dependen de minerales como el carbonato de calcio para formar sus conchas o esqueletos: corales, moluscos, crustáceos y hasta parte del plancton.
De acuerdo con datos del Marine – Copernicus el agua de mar se está acidificando 10 veces más rápido que en cualquier momento de los últimos 300 millones de años.
¿Por qué es un problema global?
La acidificación debilita a los corales, que dejan de crecer y de cementar sus arrecifes. Esto pone en riesgo ecosistemas enteros, pues los arrecifes de coral son como las “ciudades submarinas”: refugio, guardería y despensa de miles de especies. Es el segundo ecosistema más biodiverso del mundo, después de los bosques tropicales.
Si los corales no pueden crecer al mismo ritmo que se erosionan, los arrecifes comienzan a desmoronarse. A largo plazo, esto significa menos peces, menos biodiversidad y menos protección natural para las costas. La pesca mundial también se ve comprometida, porque muchos moluscos y crustáceos de importancia comercial sufren directamente la pérdida de carbonato. A eso se suma el riesgo en la acuicultura, que ya reporta problemas en países como Estados Unidos y Chile debido a aguas más ácidas que matan larvas en viveros.
¿Y qué pasa en Costa Rica?
Aunque se habla poco, la acidificación ya es una realidad en nuestras costas. En el Pacífico Norte, especialmente en la Bahía Culebra y la zona de Papagayo, los vientos intensos de Papagayo empujan aguas profundas hacia la superficie en un fenómeno llamado surgencia. Estas aguas que suben son naturalmente más frías, pobres en oxígeno y ricas en CO₂. Cuando llegan a la superficie, combinan sus características naturales con la tendencia global de mayor acidificación, creando episodios en que el pH del agua baja mucho más de lo normal.
Se han medido allí valores de pH cercanos a 7,8, cuando lo normal en el océano abierto es de alrededor de 8,1. Esa diferencia representa un gran estrés para los organismos marinos. Durante estos eventos, los corales, moluscos y peces jóvenes enfrentan condiciones críticas que pueden afectar su supervivencia.
En el Pacífico Central y el Golfo de Nicoya, el problema se agrava porque se combina la surgencia con la descarga de aguas residuales y sedimentos de origen humano, que provienen del Valle Central (transportados por el Río Tárcoles) y la misma zona urbana de Puntarenas – El Roble.
En el Caribe de Costa Rica, por su parte, aunque el efecto directo de la acidificación ha sido menor hasta ahora, los arrecifes enfrentan simultáneamente el estrés por calentamiento, contaminación y pérdida de cobertura coralina.
Las causas que debemos entender
Hay dos niveles de causas que en Costa Rica se debe tener claro: 1. La causa global: la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón mineral) sigue siendo el motor principal. Mientras la humanidad no ralentice y reduzca las emisiones de CO₂, los océanos seguirán absorbiendo más y más, aumentando la acidificación. 2. Las causas locales: en Costa Rica, la contaminación costera, la sobrepesca y la falta de protección efectiva de ecosistemas arrecifales y manglares reducen la capacidad natural de resiliencia.
Perspectivas y riesgos para el futuro
Si las emisiones globales no se reducen drásticamente, los modelos científicos proyectan que para la segunda mitad de este siglo los episodios de acidificación en el Océano Pacífico Norte podrían pasar de ser eventos temporales a condiciones casi permanentes. Esto significaría arrecifes más frágiles, menos biodiversidad y una caída en la productividad pesquera.
Para un país como Costa Rica, cuya identidad y economía dependen tanto del mar —turismo, pesca, cultura costera—, el impacto puede ser altamente significativo.
¿Qué podemos hacer?
– Reducir emisiones: seguir apostando por energías renovables y presionar para que los grandes emisores reduzcan su huella de carbono, o en su defecto, que se desarrollen e implementen acciones estratégicas de ralentización de las emisiones (aplanamiento de la curva) como las que se han sugerido a nivel global. – Cuidar lo local: reducir la contaminación costera, tratar las aguas residuales, proteger los manglares y regular la pesca. – Monitorear y educar: necesitamos estaciones permanentes de monitoreo de pH y oxígeno en zonas críticas como Papagayo y Nicoya, y debemos educar a la población sobre lo que significa este fenómeno.
Conclusión
La acidificación marina es una amenaza silenciosa que avanza en paralelo al calentamiento global. En Costa Rica ya estamos viendo sus señales en nuestras costas. Comprender sus causas y consecuencias es esencial para proteger nuestras comunidades costeras, nuestra biodiversidad y nuestro futuro.
Si ignoramos este problema, los mares que hoy nos alimentan podrían volverse hostiles en pocas décadas. Pero si actuamos con visión y decisión, Costa Rica puede ser ejemplo en la defensa de los océanos, igual que lo ha sido en la defensa de la naturaleza.
La instrumentalización de la resistencia para justificar el genocidio en Gaza
Por Juan Carlos Cruz
Fuente: BBC
Desde el 7 de octubre de 2023, la narrativa dominante ha girado en torno al ataque de HAMAS como detonante de una supuesta “respuesta legítima” por parte de Israel. Sin embargo, diversas investigaciones y testimonios revelan que el operativo insurgente fue precedido por señales claras que fueron ignoradas por los servicios de inteligencia israelíes. Esto ha llevado a analistas, juristas y comunicadores críticos a preguntarse si el ataque no ha sido más bien utilizado como pretexto para acelerar un proceso de limpieza étnica que lleva décadas en curso.
Más allá del impacto inmediato, lo que está en juego es la legitimidad de la resistencia palestina y la forma en que ha sido sistemáticamente criminalizada para justificar el despojo territorial, el exterminio y la impunidad internacional. Este artículo propone una lectura crítica desde el derecho internacional, la historia de la resistencia y el análisis comunicacional, desmontando el relato hegemónico que reduce el conflicto a una reacción defensiva frente al “terrorismo”.
Fallos de inteligencia y advertencias ignoradas
Advertencias previas: Según investigaciones del Wall Street Journal y The Jerusalem Post, Israel recibió señales claras del operativo de HAMAS, incluyendo activación de tarjetas SIM israelíes y movimientos de tropas el 6 de octubre.
Interpretación errónea: Los altos mandos pensaron que HAMAS realizaba ejercicios defensivos o preparaba incursiones menores. Se descartaron documentos que apuntaban a un ataque coordinado.
Exceso de confianza: Tras años de contención exitosa, Israel asumió que HAMAS estaba disuadido y debilitado. Esta lectura errónea permitió que el ataque tomara por sorpresa a las fuerzas israelíes.
¿Venganza o estrategia de exterminio?
Masacre posterior: Desde el 7 de octubre, Israel ha asesinado a más de 70 mil personas en Gaza, según cifras de medios palestinos y ONG. La mayoría son civiles, incluyendo miles de niños.
Destrucción sistemática: Hospitales, universidades, archivos históricos y barrios enteros han sido arrasados. Se impide el ingreso de ayuda humanitaria y se bloquea el acceso a agua, electricidad y alimentos.
Desplazamiento forzado: Se ha intentado forzar a la población gazatí hacia el sur, hacia Egipto, lo que ha sido denunciado como una estrategia de limpieza étnica.
Impunidad internacional: A pesar de las denuncias de genocidio, ni EE.UU. ni la UE han exigido un alto al fuego ni han sancionado a Israel. Esto refuerza la hipótesis de que el ataque del 7 de octubre se usa como pretexto para culminar el despojo territorial.
Lectura crítica desde la comunicación y el derecho internacional
Narrativa dominante: Los medios hegemónicos han centrado la cobertura en el ataque de HAMAS, invisibilizando el contexto de ocupación, apartheid y resistencia.
Derecho internacional: La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe el castigo colectivo, el desplazamiento forzado y los ataques a civiles. Israel ha violado sistemáticamente estas normas.
Comunicación crítica: Espacios como La BaseLatam, Al Jazeera, Canal Red y medios alternativos han denunciado el uso del lenguaje como arma de guerra: se criminaliza la resistencia y se legitima el exterminio.
La resistencia no comenzó con HAMAS
La resistencia palestina ha sido instrumentalizada por el ente colonial y sus aliados, para justificar el genocidio y el despojo territorial, desde antes de la implantación del estado sionista.
Desde el inicio del proyecto colonial británico que facilitó la creación del Estado de Israel —sin consultar ni reconocer los derechos del pueblo árabe palestino— se ha desplegado una resistencia constante frente al despojo, la ocupación y la violencia estructural. Esta resistencia, en sus múltiples formas, ha sido sistemáticamente etiquetada como terrorismo por los poderes hegemónicos, invisibilizando su carácter legítimo como respuesta a la opresión. La larga lista de acontecimientos violentos no puede entenderse sin reconocer que la resistencia palestina es expresión de un derecho universal: el de los pueblos a defender su tierra, su vida y su dignidad frente a la colonización y la limpieza étnica.
Matriz comparativa: Resistencia palestina vs. represión israelí
Vinculación con resoluciones internacionales
Resolución 194 (1948): Reconoce el derecho al retorno de los refugiados palestinos.
Resolución 242 (1967): Exige la retirada israelí de territorios ocupados tras la guerra de los Seis Días.
Resolución 2334 (2016):Condena los asentamientos israelíes en territorio palestino como ilegales.
Estatuto de Roma (CPI): Permite investigar crímenes de guerra, incluyendo limpieza étnica y castigo colectivo.
HAMAS como contrapeso a la OLP y el cambio de rol estratégico:
Desde su fundación en 1987 como escisión de los Hermanos Musulmanes, HAMAS ha sido objeto de una compleja relación con el ente colonial sionista. En sus primeros años, Israel toleró —e incluso facilitó indirectamente— su crecimiento, en parte porque su emergencia fragmentaba el liderazgo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y debilitaba la unidad nacional frente a la ocupación. Sin embargo, con el fracaso de los Acuerdos de Oslo y el ascenso electoral de HAMAS en Gaza, el movimiento pasó a ocupar el lugar simbólico y estratégico que por décadas tuvo la OLP: el de enemigo útil, funcional a la narrativa de “defensa” israelí.
En los años 80 y 90, Israel vio con buenos ojos el surgimiento de HAMAS porque debilitaba a la OLP, que había logrado reconocimiento internacional como representante legítima del pueblo palestino. Esta división interna fue instrumentalizada para fragmentar la resistencia.
Ascenso electoral y legitimidad popular. En 2006, HAMAS ganó las elecciones legislativas palestinas con amplio apoyo en Gaza. Su victoria fue desconocida por Israel, EE.UU. y la UE, que impusieron sanciones y bloquearon el gobierno. Desde entonces, HAMAS fue aislado y demonizado como “grupo terrorista”, a pesar de su legitimidad electoral.
A partir de entonces, HAMAS pasó a ocupar el papel de enemigo absoluto. Cada acción de resistencia —desde el lanzamiento de cohetes hasta la defensa armada— ha sido utilizada como pretexto para justificar bombardeos masivos, invasiones terrestres y bloqueos prolongados.
La victimización del ente colonial sionista
Narrativa de autodefensa. Israel ha construido una doctrina comunicacional basada en el “derecho a defenderse”, que se activa cada vez que HAMAS responde a la ocupación. Esta narrativa invisibiliza el contexto de apartheid, colonización y violencia estructural.
Instrumentalización del ataque del 7 de octubre de 2023. El operativo conjunto de HAMAS y otras fuerzas insurgentes fue inmediatamente presentado como una agresión sin contexto. Desde entonces, Israel ha asesinado a más de 70 mil personas en Gaza, destruyendo hospitales, universidades y barrios enteros, bajo el pretexto de eliminar a HAMAS.
La resistencia como derecho, no como amenaza
La existencia de HAMAS —como antes la de la OLP, las intifadas o el movimiento BDS— ha sido utilizada por Israel y sus aliados para justificar una política sistemática de exterminio, desplazamiento forzado y colonización. Pero la resistencia palestina no es la causa del genocidio: es su excusa. Invisibilizar su legitimidad equivale a negar el derecho de los pueblos a defenderse frente a la ocupación, el apartheid y la violencia estructural.
A la luz del derecho internacional, de la memoria histórica y de los testimonios que emergen desde Gaza, lo que se vive no es una guerra, sino una masacre planificada. Y lo que se necesita no es más cobertura mediática del horror, sino una ruptura ética con la narrativa colonial que convierte a las víctimas en culpables y a la resistencia en terrorismo.
La pregunta no es si HAMAS justifica la respuesta israelí. La pregunta es por qué el mundo sigue permitiendo que se utilice la resistencia como pretexto para el exterminio.
Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma de un mal profundo: un sector del país que confunde el matonismo con valentía y la franqueza con el insulto y la descalificación. Su discurso se nutre de antivalores arraigados en nuestra cultura: la desconfianza hacia el otro, el choteo y la burla como mecanismos de deslegitimación, las medias verdades, las mentiras completas, la envidia y la sospecha permanente.
Sobre esa base, el presidente construye una narrativa tan simplista como peligrosa: que un grupo corrupto, encabezado por el PLN, engañó y estafó a los costarricenses durante más de siete décadas.
Según ese relato, el pueblo costarricense habría sido básico, ingenuo y manipulable hasta que él, el tecnócrata del Banco Mundial —con un historial de acoso—, llegó para revelar la “verdad oculta” y redimir a la nación.
Esa caricatura histórica no se sostiene. Sí, la corrupción ha estado presente en la administración pública, como en cualquier sistema político, pero la historia de Costa Rica es mucho más compleja. Gracias a la contribución de socialdemócratas, socialcristianos, la Iglesia católica, la izquierda y los movimientos sociales progresistas el país edificó un sistema institucional sólido que, durante décadas, fue referente en América Latina.
Cierto es que el modelo tuvo defectos y un “pecado original”: anuló la participación crítica de amplios sectores sociales, consolidó el clientelismo y persiguió —primero con cárcel, muerte, exilio e ilegalización, y luego con la deslegitimación ideológica y cultural— a la izquierda y a los movimientos progresistas. Pero reducir toda esa historia a un largo engaño es una estrategia perversa: permite deslegitimar los avances alcanzados para justificar su desmantelamiento.
El presidente del “cambio” no vino a rescatar al país; vino a continuar la tarea que iniciaron los herederos de los reformadores sociales del siglo XX, quienes durante sus gobiernos (Figueres Olsen y Calderón Fournier) debilitaron los pilares del Estado social y promovieron privatizaciones que beneficiaron a intereses particulares sobre el bien común. Oscar Arias también prefirió la ruta de favorecer intereses de los grupos privilegiados.
La política debería ser el arte de construir consensos y alianzas para mejorar la vida de las personas, en especial de quienes más lo necesitan. Chaves, en cambio, la ha convertido en un espectáculo diario, un escenario para sembrar prejuicios, propagar rumores y alimentar la confrontación.
Costa Rica se sigue gobernando para quienes no dependen del Estado porque ya controlan el sistema financiero, reciben atención preferencial de las instituciones, tienen seguros privados, universidades propias y monopolios de importación. Son los mismos sectores que antes financiaban a los partidos tradicionales y que ahora se cobijan bajo la bandera del supuesto “pueblo soberano”.
El pueblo costarricense merece más. Trabajadores y empresarios merecen más: justicia, inclusión, educación, salud, seguridad, respeto y bienestar. La política no debe ser una guerra, sino un acuerdo social: un nuevo pacto de concordia que permita ampliar derechos y generar mayores oportunidades para la mayoría.
El Partido Vanguardia Popular condena enérgicamente las maniobras agresivas e ilegales del imperialismo estadounidense en el Caribe, que constituyen una amenaza directa a la paz latinoamericana y un atentado contra la soberanía del pueblo venezolano.
La acumulación extraordinaria de medios militares de EE.UU. en el sur del Caribe, las incursiones ilegales de sus aviones de combate en espacios aéreos controlados por Venezuela, la destrucción de embarcaciones civiles y el asesinato de sus tripulantes, así como la pretensión de extender estas acciones a zonas terrestres, forman parte de un plan cuidadosamente diseñado para fabricar un pretexto de agresión militar. Esta política belicista viola de forma flagrante la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
El imperialismo estadounidense, en su desesperación por recuperar control político y económico sobre los recursos venezolanos, busca imponer por la fuerza lo que no ha podido lograr con bloqueos, sanciones y campañas mediáticas. Se trata de una ofensiva peligrosa que podría desatar un conflicto armado con consecuencias incalculables para toda América Latina y el Caribe.
El PVP reafirma su solidaridad inquebrantable con el pueblo venezolano, su Gobierno Bolivariano y su unidad cívico-militar, que han resistido dignamente décadas de agresiones imperialistas. Defender la soberanía de Venezuela es defender la soberanía de todos los pueblos de la región.
Llamamos a las fuerzas progresistas, a los movimientos sociales y a los gobiernos comprometidos con la paz a cerrar filas contra esta amenaza y a movilizarse para impedir que una nueva agresión imperialista siembre muerte y destrucción en nuestra América.
Desde ayer entró en vigor el mandato constitucional que trasfiere todas las funciones policiales relacionadas con el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones.
Con la paz que hemos tenido durante tantos años, posiblemente muchos ciudadanos no valoran la necesidad o magnitud de este proceso.
Nací en 1938, recuerdo con toda claridad la Campaña Política de 1944, antecedente de la Guerra Civil de 1948. Fue una campaña violenta en donde el gobierno de turno usó la policía para reprimir plazas públicas del partido de oposición. En ese entonces vivía a 125 metros de la Plaza Iglesias, en Alajuela en donde el candidato Otilio Ulate celebró una manifestación donde vi a policías montados a caballo golpear con macanas a manifestantes pacíficos; de hecho, un amigo de mi familia fue golpeado en la cabeza y sangraba profusamente. En el mismo sitio, un miembro civil del gobierno sacó un revolver para intimidar a quienes lo reconocieron. Estos hechos violentos que describo fueron al final de 1947 en el Gobierno Picado.
Para la generación actual esta acción parecería simbólica, pero es de suma importancia se respeten las opiniones de todos.
En el debate contemporáneo sobre desarrollo, los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad ocupan un lugar central. Aunque a menudo son utilizados como sinónimos, existen matices semánticos y enfoques teóricos que permiten establecer distinciones relevantes entre ambos términos. Esta propuesta parte de la premisa de que, si bien dichos conceptos pueden ser diferenciados en su énfasis y alcance, deben ser entendidos como complementarios y no excluyentes, especialmente al momento de formular estrategias de desarrollo inclusivas, duraderas y contextualizadas. A esta distinción se suma una tercera dimensión esencial: la participación ciudadana como eje transversal y articulador del desarrollo.
2. Valor semántico de los conceptos
Las palabras no son neutras: encierran significados que orientan las políticas, definen prioridades y reflejan visiones del mundo. En este sentido, es útil revisar el valor semántico de sostenibilidad y sustentabilidad como parte de un análisis crítico del discurso sobre el desarrollo.
• El término sostenibilidad proviene del verbo sostener, asociado con la capacidad de mantener un equilibrio en el tiempo. En el contexto del desarrollo, se refiere comúnmente a la capacidad de una sociedad para crecer y evolucionar sin comprometer los recursos y derechos de futuras generaciones.
• Por otro lado, sustentabilidad, derivado de sustentar, connota apoyo, base o fundamento. Su uso en América Latina ha adquirido una connotación particular que enfatiza no solo la continuidad temporal del desarrollo, sino también la equidad social, la inclusión de los sectores históricamente marginados y la preservación del entorno local.
3. Marco teórico de la sostenibilidad
El concepto de desarrollo sostenible fue popularizado por el Informe Brundtland (ONU, 1987), que lo definió como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. Desde entonces, ha sido adoptado por organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial.
Este enfoque se articula en torno a tres pilares fundamentales:
1. Crecimiento económico: generación de riqueza y empleo.
2. Equidad social: mejora de la calidad de vida y reducción de desigualdades.
3. Protección ambiental: uso racional de los recursos naturales.
La sostenibilidad, desde esta óptica, es una estrategia de equilibrio estructural, que busca garantizar la estabilidad sistémica a largo plazo.
4. Enfoque crítico de la sustentabilidad
En América Latina y otros contextos del Sur Global, ha emergido una lectura crítica del desarrollo, que ha resignificado el término sustentabilidad.
Autores como Arturo Escobar, Enrique Leff y Boaventura de Sousa Santos han planteado que la sustentabilidad no puede limitarse a mantener un modelo económico viable, sino que debe implicar una transformación estructural basada en:
• Justicia ecológica y social.
• Respeto a la diversidad cultural y territorial.
• Participación ciudadana de comunidades locales.
• Autonomía en la gestión de recursos.
La sustentabilidad incorpora una ética del cuidado y un compromiso con la equidad intergeneracional e intrageneracional, particularmente en contextos históricamente afectados por la desigualdad, el extractivismo y la marginalización.
4 bis. La participación ciudadana como eje articulador del desarrollo sostenible y sustentable
Tanto la sostenibilidad como la sustentabilidad, en sus distintas aproximaciones, requieren de un componente esencial para su realización práctica: la participación de la ciudadanía en forma activa. Sin esta, cualquier modelo de desarrollo corre el riesgo de volverse tecnocrático, excluyente o desconectado de las realidades territoriales.
Participación y sostenibilidad
Desde el enfoque institucional, la sostenibilidad requiere mecanismos de gobernanza participativa para que las decisiones de largo plazo respondan a las necesidades reales de la población. La Agenda 2030, por ejemplo, destaca que los ODS deben ser alcanzados con la implicación de todos los actores: gobiernos, sector privado, academia y, fundamentalmente, la ciudadanía enfatizando en este caso en los sectores populares tradicionalmente excluidos. Han de buscarse con denuedo mecanismos de organización y capacitación para involucrarlos en las tareas del desarrollo.
Participación y sustentabilidad
En el enfoque más crítico y transformador de la sustentabilidad, la participación adquiere un carácter aún más central. Se entiende no solo como consulta o validación, sino como cogestión, empoderamiento y ejercicio de poder colectivo. La sustentabilidad implica que las comunidades tengan capacidad real para decidir sobre el uso de sus recursos, sus territorios y su futuro.
Tipos y niveles de participación
Es importante distinguir entre participación simbólica o consultiva y participación sustantiva, en la cual los actores sociales inciden efectivamente en el diseño, implementación y evaluación de políticas. Esta última requiere:
• Transparencia en la gestión pública.
• Acceso equitativo a la información.
• Espacios institucionalizados de diálogo y deliberación.
• Mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas.
Implicaciones en el contexto latinoamericano
En América Latina, la participación ciudadana ha sido clave para impulsar agendas ambientales y sociales alternativas, desde asambleas territoriales hasta presupuestos participativos. En países como Costa Rica, donde existe un cierto grado de organización civil y ambientalismo activo, profundizar la participación es esencial para garantizar que las estrategias de desarrollo no solo sean técnicamente viables, sino también socialmente legítimas y ecológicamente justas.
5. Implicaciones prácticas en América Latina
En la región latinoamericana, los términos se han aplicado de forma diferenciada según contextos institucionales y culturales:
• Sostenible es más usado en el ámbito internacional y tecnocrático, en planes nacionales y en la adopción de los ODS.
• Sustentable aparece con mayor frecuencia en el discurso académico, comunitario y ambientalista, con un enfoque más crítico y territorial.
Lejos de ser términos contrapuestos, pueden entenderse como dos niveles complementarios:
• Lo sostenible como estructura de largo plazo que garantiza viabilidad.
• Lo sustentable como proceso transformador que garantiza equidad y arraigo social/ecológico.
• Y la participación ciudadana como el vínculo que articula ambos enfoques y permite su legitimidad democrática.
6. Aplicación sugerida al caso costarricense
Costa Rica había conseguido importantes avances en la incorporación de ambos enfoques:
• A nivel institucional, había adoptado formalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y había empezado a establecer mecanismos de gobernanza para su implementación. Sin embargo, en estos últimos tres años y medio, merced al populismo y autoritarismo del gobierno, tales iniciativas se detuvieron y se vieron reemplazadas por decretos verticales, mediante los que se buscó manipular a sectores populares con poses demagógicas y gritos estentóreos.
• A nivel local y comunitario, diversas iniciativas se habían impulsado por medio de prácticas sustentables, como la agroecología, la conservación comunitaria, el turismo rural y la gestión participativa de los recursos naturales.
• A través de programas como la Red Cantones Promotores de los ODS y el Pacto Nacional por los ODS, el país ha de generar experiencias de gobernanza compartida, que, a partir de lo que se había logrado, deben ser ampliadas y profundizadas mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Esta dualidad puede ser aprovechada para diseñar nuevas políticas públicas que integren lo estructural con lo local, lo económico con lo ecológico, y lo técnico con lo ético.
7. Conclusión
Distinguir entre sostenibilidad y sustentabilidad no implica contraponer modelos, sino enriquecer el análisis del desarrollo desde múltiples dimensiones. Mientras la sostenibilidad se enfoca en la viabilidad estructural y temporal de los sistemas sociales y ecológicos, la sustentabilidad aporta una mirada ética, inclusiva y transformadora, orientada por la justicia ambiental y social.
La participación ciudadana, en este marco, constituye el puente necesario para que ambos enfoques se traduzcan en procesos reales, democráticos y enraizados en los territorios, garantizando legitimidad, corresponsabilidad y capacidad de transformación.
En una reciente exposición en video, el historiador y analista doctor Óscar Aguilar Bulgarelli compartió sus reflexiones sobre la situación actual del país, haciendo un recorrido histórico y señalando los principales desafíos que enfrenta la sociedad costarricense.
Aguilar inició destacando la importancia de la memoria histórica para comprender los procesos sociales y políticos que han marcado a Costa Rica en las últimas décadas. Subrayó que la democracia costarricense, si bien ha sido reconocida como estable, atraviesa un periodo de desgaste y descontento ciudadano.
En su análisis, se refirió a la crisis de confianza hacia los partidos políticos, la pérdida de credibilidad de las instituciones y la creciente brecha social y económica. Aseguró que estos elementos constituyen factores de riesgo para la cohesión social y para la vigencia del modelo democrático costarricense.
El historiador recordó que Costa Rica ha enfrentado en el pasado situaciones críticas —como los conflictos sociales de los años 80 y la polarización frente a proyectos económicos como el TLC— y que de esas experiencias se deben extraer lecciones para el presente. Hizo un llamado a no repetir errores, especialmente aquellos que profundizan la desigualdad o debilitan la institucionalidad.
Otro de los ejes de su exposición fue el impacto del modelo económico. Aguilar cuestionó la excesiva dependencia del país hacia las exportaciones de zona franca y la concentración de la riqueza en pocos sectores. Planteó la necesidad de rescatar y fortalecer la producción nacional, en especial la agrícola, como base de la seguridad alimentaria y del bienestar social.
Finalmente, Aguilar advirtió sobre los riesgos de la polarización y el populismo, instando a la ciudadanía a ejercer un voto informado y crítico en los procesos electorales. Subrayó que el futuro democrático depende de la capacidad de construir consensos y de orientar la política hacia el bien común.
De acuerdo con documentación enviada a SURCOS por Confraternidad Guanacasteca, el gerente general del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Osvaldo Quirós Arias, fue condenado nuevamente por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por ocultar información pública relacionada con el proyecto PAACUME (Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras).
Se trata del proyecto de inversión más grande de Costa Rica, con un costo estimado de ₡500.000 millones de colones, ampliamente cuestionado por destinar agua a grandes monocultivos como los de Ingenio Taboga, Hacienda El Pelón y Azucarera El Viejo. Según incluso la exministra de Planificación, Laura Fernández Delgado, PAACUME «no es financieramente rentable» y los costos de su ejecución no serían trasladados a los usuarios, sino asumidos por el Estado, es decir, por toda la ciudadanía.
Una condena reiterada
El gerente de SENARA ya había sido condenado por la Sala IV el 2 de mayo de 2025 (voto 2025-012988), cuando se le ordenó suministrar información solicitada en marzo de ese mismo año. Ahora, mediante sentencia Nº 2025-031104 del 26 de setiembre de 2025, se reitera la condena y se le exige entregar la documentación pedida por la Asociación Confraternidad Guanacasteca.
El fallo establece que Quirós Arias deberá entregar la información solicitada en un plazo de un mes, bajo advertencia de que su incumplimiento podría acarrear prisión de tres meses a dos años o una multa de 20 a 60 días, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, se condena al SENARA al pago de costas, daños y perjuicios.
Fondos públicos, obligación de transparencia
La Sala Constitucional subrayó que los recursos provenientes del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinados a PAACUME, son fondos públicos y, por lo tanto, están sometidos a los principios de transparencia y publicidad.
En su resolución, la Sala fue clara: el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de control ciudadano sobre la gestión pública, y las autoridades no pueden retrasar ni ocultar datos que son de interés nacional.
PAACUME bajo la sombra de la opacidad
El caso revela el hermético manejo de la información sobre PAACUME, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su sostenibilidad financiera, sus impactos socioambientales y la conveniencia de destinar recursos públicos a favorecer grandes monocultivos en Guanacaste, mientras amplios sectores del país enfrentan crisis hídricas.
Con esta nueva condena, queda en evidencia la necesidad de vigilancia ciudadana y de una rendición de cuentas efectiva sobre el megaproyecto hídrico más costoso de Costa Rica.
Estudiante de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (UCR), Pablo García Monge, presenta ante la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR una propuesta para organizar una “Feria de Posgrado Internacional en la Universidad de Costa Rica”. Este evento tiene como objetivo principal robustecer la proyección académica de la UCR y también incrementar las oportunidades de capacitación superior para estudiantes y docentes.
La feria está pensada para desarrollarse durante cuatro días, en los cuales estudiantes y docentes pueden acceder a espacios físicos informativos de universidades extranjeras que actualmente cuentan con convenios con la UCR. Además, existiría la posibilidad de asistir a charlas educativas con invitados académicos. Esta propuesta busca la valoración de las autoridades universitarias pertinentes para poder desarrollar conexiones académicas globales y movilidad estudiantil. Además, se solicita que en caso de existir una negativa a la propuesta, se expliquen las razones que impidan desarrollar la propuesta.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR): contacto: nboeglin(a)gmail.com
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Collaborate or leave: Israel´s cruel ultimatum to humanitarian groups in Gaza», Magazine+972, edición del 24 de septiembre del 2024). Su lectura completa es altamente recomendada.
El pasado 29 de septiembre, desde la Casa Blanca, el Presidente de Estados Unidos y el Primer Ministro de Israel anunciaron al mundo un denominado «Plan de Paz» finiquitado entre ambos, en 20 puntos, para resolver el drama indecible que se vive en Gaza (véase nota de la BBC).
Las fotografías del evento y de las discusiones previas evidencian que el texto se negoció únicamente entre el equipo del Presidente de Estados Unidos y el del Primer Ministro de Israel (véase galeria de fotos).
Se debe desde ya notar el gran impacto mediático, sumamente sostenido, en las diversas latitudes, que ha provocado este anuncio. Así como la multitud de opiniones, artículos, «expertos» y analistas haciendo énfasis en el valor de esta propuesta.
Costa Rica, mediante un comunicado de prensa (véase texto), celebró este denominado «Plan de Paz» (Nota 1): salvo error de nuestra parte, es el único Estado en América Latina cuyo aparato diplomático se apresuró en saludarlo casi al momento de ser anunciado en Washington. En caso de existir otro comunicado similar colgado en un sitio oficial de otro Estado en América Latina, no dudar en hacernos llegar el enlace enviándolo a: cursodicr(a)gmail.com. Un Estado que en los últimos años se ha alineado con las posiciones de Israel y de Estados Unidos en Naciones Unidas como Argentina, no emitió comunicado alguno (véase enlace al sitio oficial de su diplomacia).
Cabe recordar que el pasado 18 de septiembre, una proyecto de resolución de cese al fuego y obligando a Israel a dejar entrar la ayuda humanitaria urgente que espera la población palestina en Gaza, fue objeto de un enésimo veto norteamericano frente a 14 votos a favor en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: un veto injustificable, que tuvimos la ocasión de analizar en detalle y que posiblemente explique la necesidad para Estados Unidos de buscar urgentemente la manera de presentarse al mundo con una mejor cara (Nota 2).
Breve detalles sobre el «timing»
La escogencia de las fechas no siendo casi nunca fruto del azar en las relaciones internacionales, se puede observar que este anuncio oficial hecho el pasado 29 de septiembre desde la Casa Blanca se da:
– pocos días antes de conmemorarse dos años desde el 7 de octubre del 2023, así como;
– pocos días después de la verdadera humillación que sufrió el Primer Ministro de Israel en persona, al observar en el recinto de Naciones Unidas una salida masiva de casi todas las delegaciones al momento de tomar la palabra para dirigirse a la Asamblea General: por cierto, nuestros estimables lectores costarricenses deben saber que una de las pocas delegaciones que permaneció en su lugar fue la de Costa Rica (véase nota de Delfino.cr). Es probablemente la primera vez en la historia que se observó a un dirigente de un Estado leer su discurso desde el majestuoso púlpito de la Asamblea General, teniendo vigente en su contra una orden de captura por crímenes de guerra, la cual fue emitida desde finales del 2024 por la justicia penal internacional de La Haya. Sobre el itinerario de la aeronave para aterrizar a Nueva York, es de notar que los pilotos del Primer Ministro de Israel evitaron prudentemente cruzar los espacios aéreos de España y de Francia (véase nota de prensa de ElMundo / España).
En la misma fecha en la que se dio este anuncio, la Casa Blanca reiteró su plena garantía y su total protección a Qatar (véase comunicado oficial colgado en el sitio de la misma Casa Blanca). No está de más recodar que Qatar sufrió un injustificable ataque por parte de Israel a su capital Doha, con el fin de eliminar fisicamente a los integrantes del equipo negociador del Hamás. Se trata de un episodio que tuvimos la ocasión de analizar desde la perspectiva jurídica, hace unas pocas semanas (Nota 3).
Cabe también señalar que el pasado 25 de septiembre, se informó desde Israel – pero casi no se divulgó mayormente en el mundo – que una gran compañía norteamericana prohibió a Israel usar sus servicios de nubes electrónicas para almacenar datos de palestinos obtenidos mediante la intercepción de llamadas desde sus celulares por parte de una unidad especializada del ejército israelí (véase artículo publicado por Magazine+972, titulado «Microsoft revokes cloud service from Israel’s Únit 8200, following +972 exposé«).
De igual manera fue ignorado por muchos medios de prensa internacionales un comunicado oficial de Naciones Unidas (véase texto) del 24 de septiembre condenando los ataques reiterados con drones sufridos por embarcaciones humanitarias que se dirigen hacia Gaza en el Mar Mediterráneo y que estaban a pocas millas náuticas de Gaza este 30 de septiembre.
Como se puede apreciar, ante una presión máxima sobre Israel en estos últimos días del mes de septiembre del 2025, sus autoridades buscaron una manera de desviar la atención sobre el genocidio en curso en Gaza: y al parecer, encontraron en la Casa Blanca a un hacendoso socio para materializarla.
De algunos detalles pasados por alto
«Plan de Paz» es el calificativo usado para este anuncio dado a conocer en conferencia de prensa por el Presidente de Estados Unidos y el Primer Ministro de Israel: lo cual, como lo veremos a continuación, no se adecúa en lo más mínimo a lo que, al menos históricamente, se ha entendido cuando se ha usado esta expresión.
La primera seria limitación a este denominado «Plan de Paz» es que sería el primero que se negocia en toda la historia en ausencia de uno de los dos contrincantes: el Hamás no fue consultado y lo que se acordó y se negoció, lo fue entre Estados Unidos e Israel. Tampoco participó a estas negociaciones la Autoridad Palestina desde Ramallah, con lo cual, el punto de vista palestino fue totalmente obviado. Tratándose de un plan que ambiciona pacificar de manera duradera las relaciones de Israel con Palestina a futuro, la precitada limitación constituye una innovación total en la historia de las relaciones internacionales, digna de ser mencionada como tal. No está de más precisar sobre estos dos Estados, que el principal suplidor de armas a Israel es Estados Unidos.
La segunda limitación es que este denominado » Plan de Paz» pide ni más ni menos que la capitulación total del Hamás, y su desaparición como movimiento político en la gobernanza futura de la Franja de Gaza (punto 9 del plan tal como reproducido en esta nota de la BBC). Ello puede explicar en gran parte la razón por la que el Hamás no fue llamado a participar en su elaboración. Elaborar un texto a espaldas del Hamás, que luego será objetado por el Hamás, constituye sin lugar a dudas, una maniobra bastante evidente y resulta extraño que algunos analistas y «expertos» invitados a comentar su contenido, omitan este pequeño detalle.
La tercera limitación tiene que ver con la generalidad de los puntos que plantea, sin mayor detalles de ningún tipo. El punto 16 sobre el retiro de Israel de Gaza no da mayores detalles del cronograma y de los mecanismos previstos en caso de que no lo haga. Los puntos 7-8 sobre la llegada masiva de la ayuda humanitaria que tanta falta le hace a la población civil palestina de Gaza desde varios largos meses, supone precisar las responsabilidades, los mecanismos de verificación, el cronograma, los puntos de entrada, etc… Se trata de una operación sumamente compleja que llevaba a cabo la UNRWA de Naciones Unidas hasta que Israel decidiera sustituir esta entidad por una denominada «Fundación Humanitaria«: la cual ha resultado ser un absoluto fracaso para materializar la entrega de manera segura a una población civil palestina famélica y desesperada.
Es de notar que el pasado 25 de septiembre, Brasil difundió este comunicado oficial desde su aparato diplomático reafirmando su pleno apoyo a la UNRWA, e invitando a los demás Estados a hacerlo de igual forma.
La cuarta limitación lo constituye el punto 9 sobre la futura estructura internacional a cargo de administrar a Palestina: el principio de libre determinación de los pueblos obliga a considerar que es el pueblo palestino el llamado a escoger la manera de administrase, y no una administración internacional provisional presidida por … el actual Presidente de Estados Unidos. En esta entrevista de la cadena catarí AlJazeera a un académico norteamericano, se hace ver que este supuesto «Plan de Paz» coincide con una idea ya muy antigua defendida por Israel, que consiste en separar a Gaza del resto del territorio palestino ocupado.
La quinta limitación es que, si se compara la formulación de cada uno de los 20 puntos, los puntos que más interesan a Israel en este mes de septiembre (la recuperación de los rehenes israelíes en manos de Hamás, puntos 3-4-5-6) sí son objeto de un detallado cronograma, del que adolecen todos los demás puntos. Nada se dice por ejemplo sobre el cronograma al que se compromete Israel para retirar sus tropas de Gaza ni las modalidades de dicho retiro. Es de esperar, que este punto será el punto sobre el que el Hamás insistirá en sus objecciones y que ya han empezado a cuestionar sus voceros, y ello desde la tarde de este 1ero de octubre (véase notas de ElPais de España correspondiente a 1ero de octubre por la tarde/noche en España).
Con un total de 20 puntos, con unos muy pocos extremadamente detallados – que coïnciden con los que más interesan a Israel – y el resto sin ofrecer mayores detalles, el denominado «Plan de Paz» refleja una estrategia bastante sencilla que se deja entrever: una propuesta que será objetada en varias de sus partes por el Hamás, justificando así la continuación de las operaciones militares insensatas de Israel en Gaza. Este 2 de octubre se informó que la Liga de Estados Árabes considera también varios de los puntos de este supuesto «Plan de Paz» simple y llanamente «inaceptables» (véase nota de prensa de LaVanguardia).
Un poco de historia nunca viene mal
El análisis de la historia de los innumerables conflictos que han sacudido en el pasado (y siguen sacudiendo en la actualidad) una y otra vez a la sociedad internacional, indica que:
– en un primer momento, las dos partes en un conflicto negocian un cese al fuego: sea de manera bilateral directa, sea con la mediación de Estados terceros que puedan facilitar con su presencia que las partes alcancen un acuerdo de cese al fuego, y que;
– en un segundo momento ambas partes negocian un acuerdo de paz duradera detallado que resuelve las razones por las que se originó el conflicto.
Lo que Estados Unidos e Israel presentaron ante el mundo el pasado 29 de septiembre pareciera mucho más constituir una simple propuesta de cese al fuego de Israel avalada por Estados Unidos (incorporando las condiciones de Israel, y dejando por fuera las del Hamás), que un acuerdo que asegure la paz futura (que sugiere usualmente la expresión «Plan de Paz» entre dos beligerantes).
En cuanto a las víctimas palestinas, no aparece mención alguna en los 20 puntos de este documento. Como si de pronto, no hubiesen responsables directos en Israel de una multitud de exacciones en Gaza (con una cifra oficial de más de 66.000 personas fallecidas posiblemente muy por debajo de la realidad), que califican jurídicamente como genocidio y crímenes de guerra. Pese a que fueron convenientemente omitidas en este denominado «Plan de Paz«, estas exacciones se están tramitando como tal:
– ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso contencioso interpuesto por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza, y ello desde diciembre del 2023 (Nota 4), y;
– ante la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso de crímenes de guerra, con dos órdenes de captura emitidas por la CPI desde noviembre del 2024 contra dos altos dirigentes israelíes, uno de ellos siendo su actual Primer Ministro.
El último informe disponible (al 25 de septiembre) sobre la el drama indecible que se vive en Gaza detalla el nivel de insensatez al que han llegado las fuerzas militares israelíes (véase enlace).
Dicho sea de paso, en un acto paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, es precisamente lo que Colombia y Sudáfrica en un comunicado conjunto hicieron ver al resto de la comunidad internacional, el pasado 26 de septiembre del 2025: los Estados tienen la obligación jurídica de cumplir con lo solicitado por las dos jurisdicciones internacionales con sede en La Haya y de cooperar con ambas para prevenir este genocidio y evitar la comisión de más crímenes de guerra (véase texto).
Amnistía Internacional en su comunicado oficial (véase texto) enfatizó el pasado 30 de septiembre sobre el hecho que si no hay justicia para las víctimas palestinas, la paz es y será una simple ilusión. Esta justicia para las víctimas palestinas se extiende a la situación en Cisjordania, totalmente obviada en este denominado «Plan de Paz«: al respecto merece ser mencionada la opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio del 2024 (véase texto en francés y en inglés), la cual ordenó a Israel desmantelar los asentamientos ilegales en territorio palestino e indemnizar a las víctimas palestinas de esta ocupación ilegal (véanse en particular los párrafos 268-272).
Operación de comunicación y Hasbara
En estos últimos días del mes de septiembre del 2025, Israel necesitaba urgentemente de una operación de comunicación para intentar recuperar algo de credibilidad a nivel internacional. El gran impacto mediático observado en diversas latitudes, provocado por este anuncio, así como la multitud de opiniones, artículos, «expertos» y analistas haciendo énfasis en el valor de esta propuesta, parecieran responder a esta operación de comunicación.
No está de más recordar que en esta materia precisa (la imagen de Israel en el exterior), Israel dispone de un instrumento muy eficiente, con relevos en un sinnúmero de salas de redacción en diversas capitales en el mundo: la «Hasbara«. El término hebreo «Hasbara» ¿le resulta tal vez, estimable lector/a, totalmente desconocido? ¡Bienvenido/a al universo de los juegos semánticos aplicables cuando de informar sobre Israel se trata! (Nota 5).
Con relación a la generosa dotación de recursos asignados a la Hasbara, esta nota del medio israelí TimesofIsrael, del 29 de diciembre de 2024, indica que Israel programó para el 2025 un esfuerzo presupuestario bastante inusual, al detallar que:
«Under the new budget, the Foreign Ministry will receive $150 million, on top of what it gets for its existing activities, for what’s officially known as public diplomacy, or hasbara in Hebrew. That sum is more than 20 times what such efforts have typically been allotted in past years«.
Esta red muy activa fue objeto de un interesante análisis en un libro publicado recientemente por uno de los más renombrados expertos en asuntos internacionales en Francia, titulado de manera bastante oportuna «Permis de tuer. Gaza: génocide, négationnisme et Hasbara» (véase enlace y video del mismo autor presentando su libro): el autor explica en detalle cómo ha funcionado esta red de información a favor de Israel en el caso específico francés (véase capítulo integral sobre la Hasbara, pp.113-137), con hallazgos que deberían inspirar a investigadores y a comunicadores en otras latitudes para interesarse por el alcance de esta red de información en su respectivo país. Uno en particular, como lo es el número de viajes generosamente financiados por Israel a parlamentarios galos (p. 137).
De manera a poder ponderar la eficacia de la Hasbara, y la complacencia de agencias de noticias internacionales y salas de redacción, nuestros estimables lectores podrán verificar por sí mismos la casi nula difusión dada a este comunicado de prensa de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre las falencias y las lagunas de este pretendido «Plan de Paz«.
A modo de conclusión
Al parecer, el actual y ocurrente ocupante de la Casa Blanca desde el pasado 20 de enero, prestó su pleno apoyo a esta operación de comunicación urgente que requería Israel para recuperar algo con respecto a su desteñida imagen en el plano internacional: con un denominado «Plan de Paz» que, como lo hemos intentado explicar anteriormente, no lo es.
No sería la primera vez que Estados Unidos e Israel emplean sus respectivos y muy eficientes aparatos de comunicación para una operación mediática de cierta envergadura a escala planetaria: en septiembre del 2020, ambos dirigentes anunciaron al mundo la conclusión de los «Acuerdos de Abraham» y los presentaron como «los» acuerdos del siglo. Como se recordará, se trató de acuerdos de normalización de Israel con varios Estados árabes (Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán) (Nota 6) que ignoraban por completo el irresuelto problema de la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel así como las consecuencias en Gaza, Cisjsordania y Jerusalén Oriental para la población palestina.
El 7 de octubre del 2023 vinó a recordarle al mundo, de una manera dramática para numerosas familias en Israel, el yerro total de esta estrategia de supuesta «normalización» anunciada y saludada desde el 2020: la historia humana demuestra que no se resuelve un problema político ignorando su existencia.
No está de más indicar que pocas horas después de este anuncio del 29 de septiembre sobre este denominado «Plan de Paz«, el primer Ministro de Israel precisó en un video que de ninguna manera habrá en el futuro un Estado palestino (véase declaración en este video del Times y nota de prensa publicada en Francia). Sin proponérselo su autor, estas declaraciones delatan ante el mundo las verdaderas intenciones de Israel que esconde este «Plan de Paz«: una maniobra más, maquillada de «Plan de Paz«, que contraviene con el reconocimiento de Palestina como Estado realizado por casi todos los Estados del planeta (con excepción de Estados Unidos y de Panamá en lo que refiere al hemisferio americano) y con la solución de dos Estados: una solución que la comunidad internacional sostiene y ha defendido en innumerables resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convenientemente omitidas en este supuesto «Plan de Paz«.
– – Notas – –
Nota 1: El texto completo del comunicado oficial de Costa Rica emitido a pocos minutos de darse a conocer la noticia en la Casa Blanca, se lee así: «Política Exterior, Septiembre 30, 2025, 11:07 AM
Costa Rica reitera su compromiso con la paz y apoya el Plan de 20 puntos para Gaza y Medio Oriente
San José, 30 de setiembre de 2025. El Gobierno de Costa Rica reitera su apoyo a todos los esfuerzos multilaterales y diplomáticos que contribuyan a la resolución pacífica del conflicto en Gaza y Medio Oriente, respetando los derechos humanos y el derecho internacional.
El Plan de Paz de 20 puntos presentado por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza y Medio Oriente representa un paso importante hacia la paz, con un enfoque en el alto al fuego, la liberación de rehenes, desmilitarización, reconstrucción y la creación de un gobierno de transición supervisado internacionalmente, que excluye la violencia y busca un futuro de seguridad, justicia, convivencia pacífica y prosperidad.
Costa Rica expresa su apoyo al Plan de Paz de 20 puntos y reafirma su compromiso con la paz en Medio Oriente, objetivo compartido por la comunidad internacional.
Comunicación Institucional 329-2025 CR paz Gaza y Medio Oriente Martes 30 de setiembre de 2025»
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: desde una Costa Rica inaudible, apuntes sobre el reciente veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad«, 18 de septiembre del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: análisis del ataque de Israel a Qatar del 9 de septiembre, desde la perspectiva jurídica«, 11 de septiembre del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 4: Es de notar que Brasil presentó el pasado 19 de septiembre una solicitud de intervención a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza: véase comunicado de prensa de la CIJ y texto de la solicitud de intervención de 33 páginas, cuya lectura detallada es muy recomendada. La solicitud de Brasil es la cuarta registrada en lo que va del 2025, precedida por una solicitud similar presentada formalmente por Belice (31 de enero), Cuba (10 de enero), e Irlanda (5 de enero). Anterior a ello se registraron solicitudes de intervención presentadas en el año 2024 por parte de Bolivia (8 de octubre), Maldivas(1ero de octubre), Chile (12 de septiembre), Turquía (7 de agosto), España (28 de junio), Palestina (3 de junio), México (24 de mayo), Libia (10 de mayo), Colombia (5 de abril), y Nicaragua (8 de febrero del 2024). Como se puede notar, son un total de 7 Estados de América Latina, 8 con Belice, los que han presentado solicitudes de intervención en apoyo a Sudáfrica en su demanda contra Israel.
Nota 5: Para quienes descubran este término hebreo, la palabra Hasbara designa un conjunto de redes que, desde la diplomacia israelí, busca orientar a la opinión pública y descalificar la crítica contra Israel, todo ello en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de las acciones que lleva Israel Sobre la Hasbara, véase este artículo de prensa publicado en Francia en el periódico Libération al respecto así como este artículo en español publicado por una universidad en Colombia, y este análisis similar escrito en inglés. Para artículos de corte mucho más académico, remitimos a este muy detallado, que fue editado en el año 2016: AOURAGH M., «Hasbara 2.0 Israel´s Public Diplomacy in the Digital Era«, University of Westminster, 2016, 28 páginas. Texto integral disponible aquí; así como, más reciente (2020) JEDRZEJEWESKA. K., «Hasbara: public diplomacy with israeli´s characteristics«, Torun International Studies, Vol. 13, 2020, Num. 1, pp. 105-118. Texto integral disponible aquí. De manera realmente muy precisa, una publicación disponible en línea titulada «Israel´s Hasbara Toolkit« (75 páginas, editada en el Reino Unido) descargable en la red, detalla el abanico de juegos semánticos a aplicar: un especialista en derecho internacional reconocerá inmediatamente el juego semántico que se ha aplicado a su disciplina en innumerables artículos y columnas publicadas, por ejemplo en Costa Rica, así como en muchas otras partes del mundo, desde el 7 de octubre 2023 (pp. 56-58).
Nota 6: El contenido de cada uno de los cuatro acuerdos suscritos por Israel de manera bilateral con estos cuatro Estados en septiembre del 2020, está disponible al final de este enlace del Departamento de Estado de Estados Unidos.
