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La brecha digital y su impacto en la educación, una de las revelaciones de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Educación.

German Masís M.

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia varios problemas sociales y económicos, como la vulnerabilidad de las pymes, el crecimiento del empleo informal y la importancia de la brecha digital, que aunque han estado presentes en el desarrollo del país de los últimos años, la crisis económica asociada a la emergencia sanitaria ha revelado sus verdaderas dimensiones.

Los efectos generados en el país por motivo del COVID-19, han tenido severas repercusiones en el sector económico, turístico, social y educativo, en este último caso, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se ha visto forzado a establecer planes y estrategias de emergencia que le permita mantener el contacto con el 1,2 millón de estudiantes incorporados al sistema educativo público.

Para continuar con el vínculo entre docente-estudiante, el MEP habilitó una cuenta de correo electrónico a un total de 1.154.227 alumnos matriculados en el curso lectivo 2020, con la idea que aquellos que cuenten con dispositivos tecnológicos y conectividad a internet lograran continuar su proceso educativo por medio de la plataforma de Microsoft Teams.

Sin embargo, muy pronto los registros oficiales del MEP indicaron que de ese total de cuentas habilitadas, únicamente 147.705 usuarios se reportaban como activos en la plataforma.

El principal objetivo de las autoridades educativas en este momento era no perder el rastro de los estudiantes desde niveles de preescolar hasta incluso educación abierta, pese a estar luchando contra un fuerte enemigo: la brecha digital. (CR.Hoy,4-5-2020)

Un año después en esta semana, el MEP logró identificar a los 425 mil estudiantes sin conectividad a Internet, a partir del Censo Inicial del curso lectivo 2021, realizado entre febrero y marzo, que incluyó la variable conectividad.

El resultado de un primer diagnóstico, en mayo de 2020, había arrojado que 535 mil estudiantes del país no tenían conectividad en sus hogares. Esos resultados preliminares evidenciaron la necesidad de depurar la información y planificar estrategias de atención individualizada para los estudiantes.

El dato recolectado por el MEP era incluso inferior a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en su Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de los años 2019 y 2020, que ubicaban a casi 500 mil estudiantes que no tienen acceso a internet en sus hogares o solo lo pueden hacer mediante dispositivos móviles, como teléfonos celulares de sus padres o tutores.

Durante el 2020, el MEP recurrió a la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, con componentes virtuales y materiales, que dejó al descubierto la brecha digital en la educación pública.

En agosto del año anterior, el MEP remitió al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el informe con el dato actualizado (324 mil) de los estudiantes que no contaban con internet en sus hogares. De ellos, 215.936 se ubican en los estratos de bajos ingresos que son los definidos por el MICITT para ser incluidos en los proyectos financiados con cargo a FONATEL. De hecho, 70% de esos estudiantes están en los niveles más bajos de pobreza.

El MEP solicitó atender a estos 215 mil estudiantes, para que fueran los nuevos beneficiarios del Programa Hogares Conectados y de esa manera los 147 mil hogares donde residen esos estudiantes fueran contactados por las operadoras de telecomunicaciones que aceptaran la invitación de SUTEL a formar parte del Programa.(Mep.go.cr,24-5-2021)

En consecuencia, los 535 mil estudiantes identificados sin acceso a internet hace un año, los 425 mil sin conectividad identificados en la actualidad y a 215.936 ubicados como beneficiarios del programa Hogares conectados, son los sujetos concretos de la brecha digital, que han visto afectada su vinculación al sistema educativo el curso lectivo anterior y actual.

Son en su gran mayoría estudiantes de escuelas y colegios públicos, originarios de centros educativos de las zonas rurales, de barrios populares y urbanos marginales, que en nueve de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50% de la conexión a Internet, es la otra Costa Rica con acceso limitado a la educación virtual que restringe el derecho a la educación a un sector importante de la población en diferentes regiones del país.

“La falta de conectividad en los hogares ha impedido una educación a distancia equitativa, y se ha convertido en uno de los obstáculos relevantes para llevar la modalidad virtual a todas personas estudiantes en tiempo de pandemia”, dijo la Ministra de Educación, Guiselle Cruz. (Cr-Hoy,24-5-2021)

Es una realidad, que a pesar de los esfuerzos para atender vía digital a estudiantes, muchos de ellos se han quedado al descubierto, sin acceso real y eficiente al proceso educativo.  De una población escolar de alrededor de 1 millón, se estima que solo cerca del 43% ha tenido acceso a la plataforma educativa señalada por el MEP, mientras el otro 57% ha tenido que seguir su proceso por WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos. Asimismo, entre el 30% y 40% de estudiantes no ha tenido acceso a equipo electrónico y conectividad a Internet, situación mucho más común en las poblaciones más vulnerables y rurales.

Como agravante, muchas de estas niñas y niños viven en condiciones de pobreza extrema, afectados por la falta o la pérdida de empleo por parte de sus padres, madres o cuidadores, padecen distintos tipos de violencia y quedan expuestos a serios problemas sociales.  El MEP ha informado que se ha perdido el rastro a cerca de 91,000 niñas y niños desde que inició la pandemia, lo cual implica un serio riesgo de exclusión del sistema educativo durante este año

Este momento difícil, debe ser una oportunidad para innovar y seguir avanzando en las acciones que el país ha emprendido para acabar con la exclusión escolar. Debe ser un momento clave para tomar decisiones enfocadas en acabar con las desigualdades educativas, fortalecer los nuevos modelos de educación presencial y también virtual. Estamos claros que la pandemia ha acelerado muchos procesos y cambiará la educación para siempre. Esto puede ser una gran oportunidad para mejorar aún más la calidad y disminuir la inequidad en el acceso a la educación. (Delfino.cr,12-10-2020)

Una de las soluciones al problema de conectividad de los estudiantes, es el proyecto de alfabetización digital que pretende utilizar recursos del Fonatel para proveer de equipo y conexión a internet a hogares de las zonas rurales, sin embargo algunos especialistas consideran que este proyecto no resolvería la brecha digital existente en el acceso a las tecnologías de comunicación y a la educación de los sectores de escasos recursos.

Según la CEPAL, “los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión”.

“La diferencia entre los estratos económicos más altos y más bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza las desigualdades socioeconómicas. Para garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo educativo, se debe aumentar no solo la conectividad y la infraestructura digital sino también las habilidades digitales de maestros y profesores, así como la adecuación de los contenidos educativos al ámbito digital”, subrayó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.  (CEPAL, Informe especial covid-19, # 7,2020)

La brecha digital en la educación, es una de las mayores expresiones de la desigualdad social y económica vigente y uno de los mayores desafíos de equidad del desarrollo nacional, el cual se ha agudizado durante la pandemia y demanda una solución integral e impostergable.

 

Imagen: Semanario Universidad.

Colombia, ¿Va por el Petróleo Venezolano?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

25-mayo-2021

Colombia, desde hace décadas continua con la escalada de guerra sucia contra la guerrilla, para “supuestamente proteger” sus reservas de Petróleo. E igualmente, EEUU, está apoyando con su fachada de búsqueda de “narco-terroristas”, pero su intención es establecer condiciones de seguridad en las regiones potencialmente ricas en petróleo, para las posibilidades futuras de las compañías privadas y de las compañías estatales del petróleo.

De allí el interés de EEUU en la región de Putumayo-Colombia, (Región remota, ubicada al suroeste del país, en la región Amazónica, limitando al norte con Cauca y Caquetá, al este con Amazonas, al sur con Perú y Ecuador, y al oeste con Nariño, y que se encuentra en el centro de la zona con mayores recursos de petróleo sin explotar.

No obstante, la realidad petrolífera en los actuales momentos, según los analistas Lee Sustar y Ángel Ramón Núñez Hernández, Ingeniero de Petróleo, Jubilado de Pdvsa y cuya fuente de información es la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH), es que Colombia, producto del saqueo de EEUU, viene reflejando números en descenso en su producción anual, por el agotamiento de sus reservas, tanto de petróleo como de gas, así como por la poca incorporación de tales productos a la reserva.

Mencionando además, que durante los últimos años Colombia está buscando aventurarse en la práctica nefasta del fracking o fractura hidráulica, que es una técnica utilizada para sacar gas y petróleo de rocas profundas (hidrocarburos no convencionales), para lo cual se utiliza agua con químicos en alta presión hasta fracturar la roca. Práctica que inutiliza los suelos, malgasta el agua y utiliza mucha cantidad de la misma.

Por ejemplo, ya desde 2015 hasta el 2020, la producción de petróleo colombiano viene cayendo: 2015: 1.006 barriles diarios; 2016: 886; 2017: 854; 2018: 865; 2019: 886; 2020: 780. Significando que si comparamos el año 2015 con el 2020, cayo la producción en un-22,5%.

En este mismo periodo (2015-2019) las reservas colombianas probadas eran de: 2015: 2002, millones de barriles de petróleo; 2016: 1665; 2017: 1782; 2018: 1958; 2019: 2041. De acuerdo al consumo de estas reservas para el año 2019, el país neogranadino tenía reservas probadas de petróleo para 6,3 años.

Para que tengamos una idea, de lo dramático de la situación de Colombia en materia petrolera, para el 31 de diciembre del 2011, en Colombia se perforaron 125 pozos exploratorios, de los 35 que fueron productores, 54 estaban en pruebas y 36 fueron secos. Sin embargo, para el año 2019, Ecopetrol perforó 20 pozos exploratorios de hidrocarburos con una tasa de éxito de 40% (8 pozos exitosos).

Hasta noviembre de 2020, se habían perforado 16 pozos exploratorios, de los cuales, cuatro se realizaron en noviembre. Es importante destacar que la meta para el año 2020, era perforar 55 pozos exploratorios.

Colombia, para lograr mantener el ritmo de consumo actual, requiere perforar entre 80 a 100 pozos exploratorios por año y mantener una tasa de éxito superior al 25% (Tasa de éxito promedio a nivel mundial).

Datos más recientes y específicos, revelan que según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la producción de petróleo en el mes de noviembre de 2020, fue de 760.940 barriles promedio día, que representan una disminución del 13,5% frente a noviembre de 2019.

Así mismo, la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), recalca que la producción de petróleo de Colombia en noviembre de 2020 fue de 759.000 barriles promedio día (bpd), lo que significó una caída del 13,8% en comparación con el mismo mes del 2019 cuando fue de 880.000 bpd.

En relación a los Taladros en operación, el número de taladros petroleros activos en Colombia en noviembre de 2020, se ubicó en los 100 equipos (22 de perforación), ocho taladros más que los registrados en noviembre cuando fueron 92. Sin embargo, la cifra es inferior a la registrada en noviembre de 2019, cuando había 140 taladros petroleros activos.

En cuanto a la función de los taladros, de los 258 equipos en existencia consolidados para noviembre de 2020, 114 fueron de labores de perforación, de los cuales 36 se reportaron como contratados y 22 como activos. Es importante resaltar que, de los 22 equipos activos, dos estuvieron en movilización y 20 en operación.

Finalmente, deseamos hacernos eco de los comentarios del analista Luis Prieto en su artículo “Un Momento con la Historia”, donde enfatizamos que, ante el panorama antes descrito, la escasez de reservas petroleras colombianas, el país neogranadino busca en Venezuela, alguna alternativa de solución.

Prieto nos recuerda que el polaco estadounidense Zbigniew Brzezinski, criminal de Guerra y reconocido fascista, elaboro una doctrina destinada a provocar conflictos intestinos en el mundo árabe y aprovechar dicha conflictividad, con el objeto de hacerse de vastas porciones de territorio y colocarlas como fuente proveedora de energía (Petróleo y Gas) para los EEUU.

Agregaríamos que también lo hicieron en Bosnia, en Irak, en Libia, lo intentaron en Bolivia, en Yemen, y por supuesto en el 2021, lo siguen intentando en Venezuela. Y por ende en Colombia.

Luis Prieto afirma que estamos convencidos de que los ataques criminales cometidos por los paramilitares, (supuestos miembros de las ex-FARC EP) colombianos, el 21 de marzo de 2021, en la población de la Victoria, Estado Apure, es una réplica de la Doctrina de Brzezinski.

Son los mismos esquemas usados por los Salafistas, El Estado Islámico y Al Qaeda, los Yi hadistas (por nombrar algunas) creados por la CIA y El Mossad.

Recordemos que la frontera entre Colombia y Venezuela, Estado Apure venezolano y el Arauca Colombiano, ha sido un escenario en el cual se han sucedido una serie de «enfrentamientos» entre irregulares colombianos (narcotraficantes, contrabandistas, bachaqueros, paramilitares), el ejército regular del narco Estado colombiano, la CIA Y el Mossad; y el Estado venezolano.

No es casual entonces, que la región del Estado Apure en Venezuela, rica en petróleo, sea un territorio apecetible para Colombia, buscando apropiarse de ella y solventar su crisis de reservas.

De allí que uno de los motivos reales de los enfrentamientos armados, tiene un fuerte olor a Petróleo.

Entonces, el trasfondo del enfrentamiento armado, es la apropiación de la reserva de petróleo existente en la zona del lado venezolano.

Ante lo anterior, nos preguntamos: ¿Se dan cuenta de la insistencia de Iván Duque en atacar al Gobierno Revolucionario de Venezuela?

Esta es la región venezolana, que nos hablara el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, este territorio está constituido por los Estados Táchira Apure, Mérida Trujillo Zulia y Falcón de Venezuela, constituyéndose en la llamada media luna.

En resumen general, en Colombia hay una deficiencia de reservas de hidrocarburos, una industria que representa más de la mitad de las exportaciones nacionales. “Las reservas probadas de petróleo y gas del país son muy limitadas. Desde hace 40 años, no se encuentra un nuevo yacimiento convencional importante”, dijo a la AP, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. “A mediano plazo Colombia tiene dos opciones: encontrar un gran yacimiento en tierra firme o desarrollar sus yacimientos no convencionales a través de la técnica del fracking”.

Nosotros agregamos: o aventurarse a tomar por la fuerza territorios venezolanos ricos en petróleo, posibilidad-sugerencia que expusimos arriba.

Los tufos y perfumes de las encuestas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El ambiente electoral tienden a caldearlo, un poco, con las diferentes encuestas que se vienen publicando que retratan partidos políticos, y a sus principales dirigentes, especialmente a aquellos que han venido sonando como posibles precandidatos presidenciales, como reconocidos dirigentes de sus partidos o de la vida nacional. También retratan a los funcionarios del Poder Ejecutivo, al Presidente y sus Ministros, como a veces a otros funcionarios de las Instituciones públicas y Poderes del Estado.

Las encuestas técnicamente son un rico instrumento de medición de comportamientos individuales, en un momento determinado, del momento o día cuando se hacen las encuestas, las que a veces se llevan a cabo en días diferentes y también en días distanciados unos de otros. Tan solo son eso, un retrato de un momento, como son las fotografías.

Las encuestas son perversas en la manipulación que se puede hacer de ellas, por el tipo de pregunta que se hace al entrevistado o encuestado. Así por ejemplo, si existen 10 partidos y solo se pregunta sobre cuatro de ellos o, si hay 20 precandidatos y solo se pregunta sobre unos cuantos.

Las encuestas también se pagan, en lo que puede interesar a quienes contratan a las casas encuestadoras para realizarlas. Quien paga tiene derecho a establecer las preguntas y a conocer sus resultados. Dependiendo como se haga una pregunta así puede haber un resultado. Esto vale hasta para asuntos judiciales.

En este caso, el de las encuestas, solo el que paga conoce el resultado de lo preguntado. Así las casas encuestadoras hacen un tren, un conjunto de vagones, con diferentes temas cada uno a preguntar, y de la misma manera se “venden”. De este modo, en el caso de partidos políticos pequeños y de precandidatos, o ya candidatos, con menos recursos menos acceso tienen a toda la encuesta.

Hay partidos y candidatos, que por sus capacidades económicas tienen a su servicio exclusivo una casa encuestadora permanente, y llevan el pulso, técnicamente al día, del movimiento partidario, del candidato y de los temas sensibles de la población como de la agenda nacional, para saber como opinar o para dirigir mensajes. Los gobiernos generalmente tienen este seguimiento diario desde una Oficina que les realiza este trabajo, evaluando al Presidente, sus Ministros, los dirigentes de las instituciones públicas y de los poderes de Estado, así como a dirigentes de la oposición política, comentaristas, analistas y críticos de la situación del país, llevándole el pulso a esas críticas que se hacen a la gestión gubernativa, a las políticas públicas y a los pronunciamientos de los funcionarios públicos, y al impacto que tienen en la población, o en los sectores que se quieren evaluar y conocer.

Una encuesta mata a otra encuesta, dice el refrán técnico. En la guerra de encuestas, cuando los partidos políticos tienen sus propias casas encuestadoras, porque las contratan de manera exclusiva, se desata una guerra de desinformación de resultados, de manera que si se favorece en una encuesta a un candidato otra encuesta opuesta lo puede desfavorecer. Las encuestas son también armas y así se pueden usar en campañas electorales, sobre todo cuando los candidatos y partidos políticos “se venden” como “productos” de consumo y de alto consumo. Desde 1958, en Estados Unidos, desarrollaron las encuestas políticas, de candidatos y de campañas electorales, al estilo de venta de productos en una sociedad de consumo. Un libro en esa época, “Cómo se vende un Presidente”, hecho por uno de los asesores de Richard Nixon, es muy ilustrativo de la nueva época que se iniciaba en ese sentido, como hoy pueden ser las armas de las nuevas perspectivas electrónicas, como los tweets muy desarrollados por Trump, y otros candidatos presidenciales, y Presidentes en ejercicio, para la comunicación de sus mensajes.

En las campañas políticas, cuando se han abierto los bancos nacionales y privados para facilitar créditos a los partidos, para financiar sus campañas electorales, estas instituciones se guían justamente por las encuestas que se orientan a proyectar posibles resultados electorales, con lo cual, de esa manera, solo “prestan” dinero, “dan” créditos o “adquieren” bonos de la deuda electoral, que emiten los partidos, a los que puntean en esas encuestas y por ello aseguran que con su posible resultado puedan recuperar los dineros girados a los partidos políticos.

El financiamiento público para los partidos políticos, en sus campañas electorales, es igualmente manejado, de manera perversa para solo asegurar a aquellos partidos que sacan más de un 4% de votos, o que eligen un diputado. Así ha funcionado siempre, con lo cual solo se favorece a menos del 10% de los partidos que participan, y estableciendo mecanismos para asegurar, en una época al bipartidismo dominante, y desde 1998 hasta hoy a un poco más de esos partidos del bipartidismo, siempre y cuando cumplan con esos resultados. Cada ciudadano que vota no vale igual para el Tribunal Supremo de Elecciones, respecto al costo por voto de lo que vale cada ciudadano.

Uno de los elementos que se atiza constantemente hoy, o en estos tiempos, es valorar el porcentaje de las personas que no tienen partido político, que no están definidas respecto a candidatos, con referencia también a la actitud que tienen frente a la Política, los Partidos Políticos, los candidatos presidenciales, o las elecciones mismas. En esta época, en estos meses, cuando aún no se ha definido en todos los partidos políticos los candidatos oficiales, que entrarán a la contienda es natural que haya altos índices de indiferencia electoral y a las opciones electorales, como partidos y como candidatos. El desánimo de las encuestas que puede rondar el 70% en promedio es técnicamente igual al mismo porcentaje de hace cuatro años o de hace ocho años, o de otros períodos electorales similares. Lo que se mide hoy no es lo que va a resultar cuando ya estén todos los partidos y candidatos jugando. Allí empezará de nuevo a jugar la rueda de la fortuna de las encuestas.

Si consideramos que el abstencionismo nacional, en promedio, desde 1953 hasta el 2018 ha sido de un 24%, y que desde el 2002 hasta el 2018 ha girado entre el 31% y el 34%, bajando en la segunda ronda del 2018 al 31%, ese es el abstencionismo histórico, que puede moverse muy poco hacia arriba, como ha sucedido. Los que se asustan, desaniman o sorprenden, con las encuestas que se están publicando deben tener esta referencia del abstencionismo histórico, no el momentáneo actual ante un panorama que todavía no muestra todos los partidos ni a todos los candidatos. Aún hay partidos en procedo de inscripción. Aún no se han desconfigurado las posibilidades de coaliciones, ni de candidatas femeninas, que podrían hacer algo de bulla.

Tengo la sensación, sin embargo, que en la próxima campaña puede reducirse ese abstencionismo por los candidatos que hoy suenan como principales en la disputa, y por el esfuerzo que harán todos los partidos por sacar del Gobierno, y evitar un tercer gobierno continuo del Partido Acción Ciudadana. Igualmente, tengo la sensación, de que en la próxima Asamblea Legislativa habrá fracciones de partidos más fuertes y con más diputados de los que ahora tienen, sin perjuicio de que partidos pequeños sigan representados.

Así los tufos de las actuales encuestas ahorita empiezan a aromarse, a perfumarse. Es tan solo un problema de esperar algunas semanas para ver partidos y candidatos debidamente perfumados en las encuestas y en los índices de opinión, hasta con la nota olfativa oriental de Pachuli, que como aceite tiene bondades medicinales aptas para cualquier campaña política, es antiséptico, desinfectante, antiinflamatorio, cicatrizante, regenerador celular, diurético, afrodisíaco, antidepresivo, sedante para el sistema nervioso… todo lo que necesitan los candidatos y también muchos electores por la forma como se va a llevar esta campaña que viene.

Biden y el retorno de la Doctrina Kennan

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Germán Gorraiz López – Analista

Con Joe Biden podríamos asistir al retorno de la tesis geopolítica de George Kennan, diplomático y consejero de EEUU en la década de los 40 e ideólogo de la denominada política de contención de la URSS, quién afirmó que “decir que el derrocamiento de los regímenes hostiles a EEUU es el objetivo principal de los servicios de inteligencia de EEUU, es un secreto a voces”, doctrina que podría tener su plasmación en la previsible defenestración de Al Asad y Erdogan.

Hacia la balcanización de Siria

Zbigniew Brzezinski, ex-asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca bajo la presidencia de Jimmy Carter, advirtió sobre los peligros de una intervención en Siria y sobre el riesgo de una supuesta victoria de los rebeldes tras aseverar que “temo que la situación en Siria se dirija hacia una intervención estadounidense que carezca de eficacia» y expresar su perplejidad “tras la decisión de la CIA de desestabilizar Siria y derrocar a su Gobierno cuando los rebeldes son más hostiles para nosotros que Al Assad”. Con Joe Biden continuaría la estrategia diseñada por el general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU con el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército de Defensa de Israel, Benny Gantz y que contaría con Jordania, Arabia Saudí, Turquía y Qatar como colaboradores necesarios para romper el Eje Teherán-Damasco-Beirut y obligar a Irán a renunciar a sus aspiraciones de la energía nuclear. Asimismo, según informa el diario israelí Haaretz, “Irán intentará aumentar considerablemente su presencia en Siria estableciendo una base aérea y otra naval”, lo que podría convertir a Siria en el portaviones continental de Irán y su grupo aliado Hezbolá, algo inadmisible para Israel que se vería obligado a dormir con sus más acérrimos enemigos.

Asimismo, el acuerdo de cooperación energética firmado en el 2011 entre Irak, Irán y Siria para la construcción del gasoducto de South Pars a Homms conectaría Irán con el Mar Mediterráneo y relativizaría la importancia estratégica del Proyecto del Gasoducto Trans-Adriático (TAP), (sustituto del fallido gasoducto Nabucco proyectado por EEUU para transportar el gas azerí a Europa a través de Turquía), así como el papel relevante de las monarquías árabes del Golfo como suministradores de crudo a Occidente, todo lo cual explicaría el afán de Qatar, Arabia Saudí y Turquía por defenestrar a Al-Asad, dentro del rol que se les ha asignado como peones de la partida geoestratégica que podremos contemplar en el próximo quinquenio.

En consecuencia, Al Asad podría convertirse en un obstáculo insalvable para el diseño de la nueva cartografía del Oriente Próximo, por lo que Putin y Biden podrían llegar a un acuerdo secreto en la Cumbre a celebrar en Junio entre ambos mandatarios para sacrificarlo en aras de lograr la pacificación del avispero sirio (previo desalojo de las tropas del ISIS que extenderán sus tentáculos hacia Libia y el Magreb) a cambio del cese de las sanciones económicas contra Rusia y la implementación de un nuevo status quo en Ucrania que supondrá la división de Ucrania en dos mitades casi simétricas (Sur y Este del país, incluida Crimea, bajo la órbita rusa) mientras el Centro y Oeste de la actual Ucrania navegarán tras la estela de la UE. Posteriormente, asistiremos a la partición de Siria en tres partes. Así tendremos la Siria alawita, protectorado ruso que abarcaría desde la costa mediterránea hasta Alepo, el Kurdistán sirio tutelado por EEUU y la zona sunita del sur sirio que se englobaría en el nuevo Sunistán sirio-iraquí, lo que unido a la división de Irak consagraría el triunfo de los esfuerzos de Israel para la balcanización de Siria e Irak, quedando tan solo el régimen teocrático chíita del Líder Supremo Ayatolah Jamenei como futuro objetivo de la estrategia balcanizadora de Brzezinski.

El delirio de Erdogan

Erdogan se negó a participar en las sanciones occidentales contra Moscú y compró a China misiles de defensa antiaérea HQ-9 y manifestó su deseo de integrarse en la Nueva Ruta de la Seda permitiendo inversiones del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por lo que Erdogan sería un obstáculo para el diseño de la nueva doctrina de EEUU. En efecto, la nueva doctrina geopolítica de Erdogan pretende dejar de gravitar en la órbita occidental y convertirse en potencia regional, lo que implica que la lealtad a los intereses anglo-judíos en Oriente Próximo estaría en entredicho debido al fervoroso apoyo de Erdogan a la facción palestina Hamas y al consiguiente enfrentamiento con Israel así como la guerra sin cuartel declarada contra el PPK kurdo y su aliado sirio el PYD que chocaría con la nueva estrategia geopolítica de EEU. Así, la obsesión de Erdogan sería impedir el surgimiento de una autonomía kurda en Siria que sirva de plataforma al PKK por lo que el Congreso turco habría aprobado una ley que permite al Ejército turco (TSK) entrar en Siria e Irak para combatir a “grupos terroristas”, eufemismo bajo el que se englobarían no tanto el ISIS como el PKK y el PYD kurdo-sirio, aliado y hermano del PKK.

La frontera turco-siria sería el paso natural de los grupos yihadistas para abastecerse de armamento y sufragar el mantenimiento de sus operaciones militares mediante la venta de petróleo a precios irrisorios, términos reconocidos por el general Wesley Clark quien según la televisión libanesa de Hezbolá (Almanar) reconoció que “Turquía apoya al autodenominado Estado Islámico (EI) aunque nunca lo reconocerá” pero los bombarderos rusos sobre los tanques petrolíferos del ISIS supondrían un misil en la línea de flotación de los pingües beneficios obtenidos por Turquía mediante la reventa del crudo exportado por los yihadistas por lo que la miopía política de Erdogan le habría llevado a planificar el derribo del caza ruso SU-24.

Asimismo, la intervención turca en Libia para instalar una base militar que le facilite el control de las rutas gasísticas del Mediterráneo y así torpedear la construcción del gasoducto submarino EastMed, (iniciativa conjunta de Grecia, Chipre e Israel para transportar el gas de los yacimientos del Mediterráneo Sud-oriental a Europa) y convertirse junto con Rusia en los abastecedores únicos de gas a la Unión Europea. En este contexto, invocando el Derecho Internacional, Turquía exigió a Grecia y a Chipre una Zona económica exclusiva (ZEE), para explotar las importantes reservas de gas de la zona, tentativa que chocó con la frontal oposición de Francia que envió naves militares a la zona, con lo que Erdogan se habría granjeado la enemistad de Macron, Israel y del resto de la Unión Europea. Todo ello aunado con el hundimiento de la lira turca respecto al Dólar USD (14 % en el presente ejercicio) y el descontento popular ante la recesión económica que se avecina, podría provocar que el ejército turco (TSK) protagonice un nuevo golpe “virtual” o “posmoderno” que acabaría con el mandato de Erdogan, (rememorando el ‘golpe blando’ de 1997, cuando los generales kemalistas arrebataron el poder al Gobierno del presidente Necmettin Erbakanpor, quien lideraba una coalición islamista). Dicho golpe contaría con las bendiciones de Washington y Moscú al dejar Erdogan de ser un peón útil en el marco del nuevo escenario geopolítico mundial surgido tras el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU y Rusia, quedando Siria y Turquía como portaaviones continentales de Rusia y EEUU respectivamente.

Democracia digital: Imprescindible pero ausente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Muchas de las tantas cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia, es que el país se situaba lejos, muy lejos de estar en lo mínimo preparado para la participación e inclusión social, a partir del acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para la inmensa mayoría de sus habitantes.

Todos debemos de coincidir que en el presente un componente clave para el desarrollo económico y social, es el acceso lo más democráticamente posible a Internet. Pero la pandemia y el limitado desarrollo del Costa Rica en este campo nos muestran un país con significativos desfases, sino abismos, entre regiones, sectores –sociales y poblacionales—y personas.

De esta manera una democracia que de por si es deficitaria en el campo económico, social y político, se hace más agudamente deficitaria en el ámbito digital.

Hoy día, la atención a la salud sería mucho mejor, si más personas tuvieran acceso a una Internet de calidad, a dispositivos adecuados y con suficiente memoria, y si estuvieran mejor capacitadas en el uso de aplicaciones, para desarrollar citas virtuales en todos los servicios médicos, que puedan ser resueltos de esta manera. Pero eso no es así: solo un porcentaje limitado cumple con estas condiciones de inclusión digital efectiva.

Igualmente, el acceso a la educación en esta época aciaga de la pandemia, se ha visto severamente limitado, ya que más de 400 mil hogares carecen de conectividad y demás requerimientos. Esto hace que casi medio millón de estudiantes de primaria y secundaria de la educación pública, no tengan otro horizonte que la educación presencial. Este hecho genera una grave situación relacionada con la calidad formativa ante tal desventaja y que éste sea un contribuyente más en la ampliación de la brecha entre educación pública y privada, en la cual todos los educandos si cuenta con acceso a Internet.

El otro tema es el teletrabajo. Ésta modalidad productiva creció rápidamente en los últimos meses, al compás de las restricciones y de la aplicación de otras medidas de seguridad sanitaria. Sin embargo, más allá que no todas las actividades laborales son sujetas a adecuarse a esta alternativa productiva, lo real es que la precondición de acceso a Internet, está lejos de estar democráticamente extendida para la gran mayoría de trabajadores.

Se combinan varias causas y factores para que la democracia digital en Costa Rica, sea mucho más quimera que realidad. Pasemos revista:

Lo primero que tenemos que destacar es la calidad y alcance en el acceso a Internet. La oferta general de servicios de Internet es de limitada calidad y eso se hace más grave, dependiendo de si el servicio es de zona urbana o rural, o remota.

Le segundo es el costo, la asequibilidad del servicio. Para contar con un servicio de buena o excelente calidad, se deben pagar cifras que son imposibles de cubrir para la mayoría de las familias.

Lo tercero está relacionado con los dispositivos, sean teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Igualmente, la mayoría de los hogares y personas no cuentan con recursos, para comprar dispositivos con programas, aplicaciones y suficiente capacidad de almacenaje, que permitan un uso adecuado de Internet.

El cuarto elemento tiene que ver con la alfabetización digital. Es imprescindible que las personas potencialmente usuarias (ya cumplidos los requisitos precedentes), se capaciten de manera práctica, en el uso de Internet, para sacarle el mayor provecho y para que sean participantes de la era digital, que con la pandemia, inevitablemente, se ha tenido que acelerar.

Cabe aquí hacer una mención específica relacionada con las personas con discapacidad y el acceso a Internet y dispositivos, y programas adecuados. Se requerirán ajustes razonables según el tipo de discapacidad, pero antes que nada hará falta que cuenten con esos aparatos y acceso a Internet, y eso no se da en la mayoría de las personas con tal condición.

De esta manera, el grave aislamiento que afectaba a las personas con discapacidad antes de la pandemia, se ha hecho más grave aún en el presente, por no tener acceso a Internet en una época en que para conectarse en casi todas las esferas de la actividad social, es imprescindible contar con este servicio. Así las cosas, todo hace prever que el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, se afianzará para la desdicha de miles de personas con discapacidad esparcidas a lo largo de nuestra geografía. Eso porque el acceso a la salud y la rehabilitación, a la educación y formación técnica, y al empleo y la actividad productiva, en general, se ha hecho sumamente complicado y lejano para este sector poblacional. Lo que debería ser una oportunidad de inclusión social para las personas con discapacidad mediante el teletrabajo, se torna en lo contrario por la falta de acceso a Internet, como una causa fundamental.

El que exista tan enorme brecha entre personas con acceso o falta de acceso a Internet, lo explica en primer término la pobreza y la exclusión social. Esa es la primer causa y barrera estructural a derribar.

Sin embargo, hay otra razón que se suma y que es de carácter coyuntural. Es la incapacidad que ha tenido esta administración de atender este tema mediante una política de Estado, seria y robusta, que habría de impulsar antes de la pandemia y ya una vez con ella instalada como tenaz acompañante, acelerar procesos para avanzar rápidamente con acciones de emergencia.

Y aquí alguien podría decir que lo que planteo no es objetivo ya que a raíz de la pandemia, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios, para echar adelante una política de inclusión digital, como la situación exige en forma imperiosa. Pero si los hay. Están en FONATEL. Veamos que se indica al respecto: “Es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y es el instrumento de administración de los recursos para financiar el régimen de garantías fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N° 8642…“.

Entonces, nos debemos preguntar: ¿Por qué el país no ha avanzado como debe ser en este tema, de acuciante prioridad? La respuesta urgente la deben ofrecer las autoridades competentes, que con seguridad, si cuentan con servicios de Internet de alta calidad; no como la inmensa mayoría de los costarricenses que miran desde muy lejos, la democracia digital.

(24 de mayo, 2021)

El Acuerdo de Escazú, en la encrucijada costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Acuerdo de Escazú lleva su nombre por haberse acordado en la ciudad, homónima y capital de su Cantón, Escazú, de Costa Rica, el cual entró en vigencia el pasado 22 de abril, Día de la Tierra, sin la firma aún de dos países, Chile y Costa Rica, que lo impulsaron, por lo que en el caso costarricense aún no es parte de este instrumento jurídico regional.

Tampoco lo han firmado Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

El Poder Ejecutivo, quien tiene la iniciativa de la ley desde noviembre del 2020 hasta julio del 2021, ante la Asamblea Legislativa, no ha considerado oportuno enviar este Acuerdo a su debida ratificación, paradójicamente, habiendo sido Costa Rica uno de sus gestores y patrocinadores, desde el Gobierno anterior, y del mismo partido político que sigue gobernante, así como de haber sede de su firma.

La presión de ciertos sectores, que se sienten afectados así lo han impedido, ante un gobierno que se ha mostrado débil, y en mucho complaciente, con sectores empresariales en muchos aspectos de su gestión.

El Acuerdo de Escazú, es Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue firmado por 24 países el 4 de marzo del 2018. Se le considera como el primer gran Tratado medioambiental de la región.

La crítica principal de sus opositores costarricenses es que mucha de la letra que contiene el Tratado ya está aprobada por otros acuerdos internacionales y leyes costarricenses, lo que hace innecesaria su ratificación, y que en caso extremo lo que no se reconoce por estas legislaciones se agregue a lo ya existente.

Irresponsablemente el Gobierno no lo gestionó para el trámite de ratificación parlamentaria, con la prontitud que el caso merecía, y la situación de los efectos impactantes de la Pandemia, del COVID 19, alteró y propició el ambiente para brindarle los apoyos nacionales de su ratificación.

El sector más recalcitrante opositor es la Unión de Cámaras Empresariales, señalando que el Acuerdo no dinamizará la producción. Lo mismo hizo uno de los partidos políticos, que ha sido gobernante, la Unidad Social Cristiana, que mantiene una posición política muy conservadora en muchos aspectos, y en esto considera que el Tratado no promueve la reactivación económica y lesiona al sector productivo costarricense.

En el campo político electoral el Partido Liberación Nacional, que ha gobernado 9 veces, de 17 gobiernos que ha habido desde 1953, y tal vez el que tiene mayores posibilidades de volver a gobernar en el 2022, después de haber sido desplazado de Gobierno hace ocho años, mantiene una posición débil, silenciosa, aun cuando su principal candidato presidencial es hoy muy favorable a las políticas medioambientales, de energías limpias y de defensa de la naturaleza.

El Acuerdo de Escazú tuvo una primera aprobación legislativa, que fue cuestionada ante la Sala Constitucional, lo que ha obstaculizado su segunda aprobación para su firmeza, bajo la presión de los grupos empresariales.

El tratado propone otorgar protección especial a los defensores del ambiente, impulsa el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, para garantizar y hacer efectivos la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso de justicia en asuntos ambientales. En un país, como Costa Rica, donde líderes ambientales están siendo asesinados con cierta frecuencia, y sin persecución real y efectiva, de sus asesinos, por parte de las autoridades públicas, como lo es igualmente la violación y usurpación que se hace de las tierras de las comunidades indígenas, con asesinato igual de sus dirigentes, este Tratado es más urgente de aprobar y ratificar por parte de Costa Rica.

Para los empresarios más poder en manos de las organizaciones no gubernamentales, y de los llamados Defensores de los Derechos Humanos, en asuntos ambientales es permitirles gozar de estatus y protección internacional, con posible alcance de dirimirse conflictos de esta naturaleza en Cortes o estrados jurídicos internacionales.

Los diputados de Gobierno, a favor de su ratificación, son una expresión muy pequeña de la Asamblea Legislativa, apenas un 10% de la totalidad de diputados.

El pasado 22 de abril la CEPAL festejó la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, al igual que lo celebró el Secretario General de la ONU, sin que eso haya tenido ningún impacto en el país.

La Facultad de Derecho y la Universidad de Costa Rica se han pronunciado fuertemente por la ratificación del Acuerdo de Escazú.

El debate se ha avivado, cierto. Pero, lo que se impone, desde su aprobación, en Escazú, en el 2018, es su inmediata ratificación ahora.

El Estado costarricense tiene la obligación y el imperativo moral de proteger y tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como está establecido en el Artículo 50 de la Constitución Política.

Fomentar el mejoramiento de la relación de los seres humanos con la Naturaleza, con el ambiente, con la conservación de los recursos naturales y ambientales y su uso sostenible es otro imperativo nacional.

Fortalecer la cultura en defensa del ambiente y su sostenibilidad es una tarea nacional que debe impulsarse desde el proceso educativo en su más tierna infancia.

El Acuerdo de Escazú por su naturaleza es un Convenio de Derechos Humanos que fortalece y desarrolla contenidos ambientales, íntimamente vinculados a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que fue aprobada en 1992.

Como país proponente que fuimos del Acuerdo de Escazú debemos ratificarlo. Es honrar así la tradición costarricense de Democracia Bicentenaria, de país sin Ejército, si pena de muerte, que ha suscrito todos los Tratados de Derechos de Humanos. ¿Por qué no, entonces, el Acuerdo de Escazú?

Esto debe hacerse por las futuras generaciones de costarricenses, en lo que no atañe. Pero, es también por el Planeta y por la Humanidad.

El Gobierno de Costa Rica debe ratificar el Tratado sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

“David responde el regaño de Goliat”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Marlin Oscar Ávila

El gobierno de El Salvador ha estado ocupando las primeras planas de la prensa internacional en las últimas semanas, más que todo porque el gobierno socio, de los Estados Unidos, entró en contradicciones con su presidente Nayib Armando Bukele, quien el 1ro de junio cumple dos años de mandato y el 24 del siguiente mes sus cuarenta años de edad. La experiencia relevante en la administración política la inicia como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012, por el partido de izquierda FMLN, cuando tenía 31 años y luego se vuelve a elegir alcalde, pero esta vez de la ciudad capital San Salvador en el 2015, es decir cuenta con apenas nueve años de experiencia directa en administración pública.[1]

Las críticas del gobierno de Joe Biden (Joseph Robinette Biden Jr.), tienen como eje la concentración de poder logrado por Bukele, a partir de haber iniciado su gobierno. Joe Biden cumplirá 79 años de edad el 20 de noviembre; lleva en su portafolio una larga experiencia política iniciada desde que fue elegido al consejo del condado de New Castle en 1970. Fue elegido como uno de los senadores más jóvenes en 1972, donde fue reelegido por 6 veces. Luego incursionó en la política bélica internacional de su país y desempeñó muchos cargos públicos, hasta llegar a la vicepresidencia con el gobierno de Obama.[2] Desde el 20 de enero, ocupa la primera magistratura del gobierno imperial de los Estados Unidos de América. Es decir, las diferencias personales entre los dos gobernantes, parecen ser abismales. Mientras Biden cuenta con 51 años de práctica en política, Bukele cuenta con nueve.

En cuanto a los dos países, son diametralmente diferentes en su historia, cultura y extensión territorial, sin mencionar capital, población y capacidad militar. Mientras los EUA tiene un territorio de 9.834 millones km², el Salvador tiene 21,041 km²; mientras que El Salvador cuenta con poco más de 6 millones (2019) de habitantes, los EUA tiene 331,42 millones de habitantes, lo que significa que El Salvador tiene 0.018% habitantes de lo que tiene EUA; mientras EUA tiene un PIB de 20.936.600M.$, El Salvador apenas cuenta con PIB de 27 mil millones de dólares.[3], es decir, un 0,0013% de los EUA. Si vamos a las relaciones políticas entre ambos países, EUA ha sido dominantemente quien ha dictado las pautas a seguir a El Salvador (como a otra veintena de países), desde su independencia en 1821, aun en el período de la guerra civil salvadoreña, que sufrió El Salvador entre 1979 y 1992, con un costo de 75 mil vidas, la influencia de los EUA fue determinante[4] quien desde sus bases en Honduras envió su fuerza aérea a bombardear la ciudad capital salvadoreña, lo que podría repetirse.

Este año, la escalada de tensiones entre ambos gobiernos se ha venido acelerando desde que el Congreso salvadoreño cambiara a los miembros de la Corte de Justicia Constitucional y al Fiscal General, aunque se sabe que a Washington no le gusta que se le contradiga y menos que “le jueguen con pelota adelantada”. El presidente Bukele inició su gobierno en agradables relaciones con Trump, quien estaba concluyendo su período. Como pese a que Trump ganó por votos las elecciones, no logró quedarse en la Casa Blanca, por lo que entraron los Demócratas a gobernar con Joe Biden. Inmediatamente Bukele buscó el agrado de éstos, pero no lo recibieron sin agenda formal. Luego llegó el enviado especial de Washington a tocarle la puerta, Ricardo Zúñiga, sin embargo, Bukele les devolvió la vergüenza, al no recibirlo. A inicios de mayo, la nueva Asamblea Legislativa se reunió por primera vez, donde decidió cambiar los miembros de la Corte Constitucional y al Fiscal General[5] El 3 de ese mes, Bukele reunió al cuerpo diplomático para explicarles que ese paso no solamente su gobierno lo había dado pero otros gobiernos denominados demócratas lo han hecho, por lo que la crítica, de estar destruyendo la separación de poderes no cabía en su opinión. Y así se ha ido tensando la relación con Washington.

Lo que sí parece colocar más agua a las nubes es cuando, a raíz de la primera medida de EUA, de trasladar el financiamiento de instituciones gubernamentales de USAID a organizaciones de sociedad civil (OSC), Bukele aceptara públicamente la oferta de China de 500 millones de dólares sin reembolso, para proyectos de desarrollo salvadoreño.[6] Pero, la probable caída de la nube, con presagio de tormenta, es cuando se confirme la anunciada visita oficial de los homólogos de Bukele, de China y Rusia a San Salvador el próximo mes de junio.[7]

Todos sabemos de lo que es y ha sido capaz el departamento de Estado de los EUA, cuando una de sus “colonias” se le subleva. No solamente tenemos los casos de Guatemala en la década de los 50s, de Chile en 1973, Panamá, 1989, Nicaragua (la contra de los 80s), Honduras en 2009, Bolivia en 2019, y su larga lucha por derrocar el gobierno de Venezuela, sin dejar de lado que ahora mismo hay revueltas sociales en Colombia, Ecuador, Brasil y donde la ciudadanía toma fuerza en contra de gobiernos apoyados por el Departamento de Estado estadounidense.

Es fácil sospechar que ese financiamiento que ira a las OSC de El Salvador, sea para levantar una plataforma de oposición más amplia contra el gobierno de Bukele y su partido “Nuevas Ideas”. Lo que no sabemos es, hasta adonde los gobiernos de China y Rusia querrían llegar en El Salvador. Acordémonos que los gobiernos de Nicolás Maduro y Nayib Bukele han roto sus relaciones porque el segundo sacó al cuerpo diplomático venezolano, desde un inicio de su mandato.[8] Eso le creó distanciamiento con los demás gobiernos progresistas del continente. Sumemos a esto, sus críticas en comunicaciones sobre la organización de las Naciones Unidas durante su primera comparecencia a su Asamblea.

¿Podrá vencer el “David” joven frente al “Goliat” gigante y anciano? Ningún lector lo creerá. Lo que sí es seguro es que seguiremos viendo correr sangre latina, además de la sangre de jóvenes que han estado bañando los suelos de Colombia, gracias al poder detrás del gobierno colombiano, el de “Goliat”.

23 de mayo de 2021

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#:~:text=Nayib%20Armando%20Bukele%20Ortez%20(San,cargo%20a%20Salvador%20S%C3%A1nchez%20Cer%C3%A9n.

[2] Biden fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión de la alianza de la OTAN en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas de la década de 1990. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak en 2002, pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en 2007. También se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de 1987 a 1995, ocupándose de temas relacionados con la política de drogas, la prevención del delito y las libertades civiles. Biden lideró los esfuerzos para aprobar la Ley sobre Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley y la Ley de Violencia contra las Mujeres, y supervisó las polémicas nominaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Robert Bork y Clarence Thomas. https://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_El_Salvador

[4] https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Como-influyo-la-intervencion-estadounidense-en-la-guerra-civil-de-El-Salvador–20190813-0424.html

[5] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56974280

[6] https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/19/el-salvador-estrecha-lazos-con-china-mientras-se-tensa-la-relacion-con-ee-uu/

[7] https://www.radiohrn.hn/presidentes-de-rusia-y-china-visitaran-a-el-salvador

[8] https://www.youtube.com/watch?v=FCAD7L5hEQc

La ola pandémica actual: ¿se pudo evitar?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

[…] el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos.
Papa Francisco, Fratelli Tutti.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El Dr. Tomás del Camino, biólogo matemático, ha documentado con datos estadísticos que la ola pandémica que hoy estamos padeciendo sí tuvo que ver, entre otros factores, con la apertura de las clases presenciales en escuelas y colegios, al intensificarse la movilidad de las personas. Y en una reciente entrevista ha señalado que “a finales de marzo el gobierno debió alertar y tomar medidas” ¿Por qué no lo hizo? Ensayemos algunas respuestas.

En primer lugar, para un gobierno de unidad neoliberal (PAC-PLN-PUSC-PRN-PNR) los grandes intereses económicos prevalecen sobre una economía y sociedad solidarias al servicio de una vida digna y saludable. Bien se hubiese dispuesto de reservas del sistema bancario estatal y aplicar un impuesto temporal a los grandes capitales, empresas y salarios, para subsidiar el pago de servicios de luz y electricidad de pequeñas y medianas empresas, y asistir a desempleados y subempleados con estos servicios y alimentación básica.

En segundo lugar, la Asamblea Legislativa, atendiendo instrucciones del Ejecutivo, como ha sido su costumbre en este período gubernamental, con mínimas excepciones, no tuvo la sensatez de llamar a cuentas al gobierno para acelerar procesos de vacunación, como lo hizo Chile contratando con varias casas farmacéuticas desde inicios de la pandemia. Los diputados se han entregado en cuerpo y alma, arriesgándose al contagio, como ha sucedido con varios de ellos, a la aprobación de la nueva Ley de Empleo Público; otro proyecto neoliberal impulsado por mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI) ¡Qué fácilmente entregamos nuestra soberanía por unos dólares más! ¡Vaya manera de celebrar el Bicentenario!

En tercer lugar, atendiendo a solo una visión e interpretación particular de datos, las autoridades del gobierno mantuvieron el argumento de que la proliferación de contagios no estaba asociada con la apertura de las clases, por los pocos casos que se presentaban en escuelas y colegios. Subestimaron el impacto de la movilidad y las interacciones que generó la medida. Lo mismo sucedió con la flexibilización de las medidas restrictivas de movilidad en Semana Santa. Un factor que también contribuyó en Chile para que tuviese que sufrir una ola más, con elevada cantidad de contagios y saturación hospitalaria, a pesar de ser el país con el más alto porcentaje de vacunación en América Latina.

Y, en cuarto lugar, relacionado con el aspecto anterior, faltó una iniciativa gubernamental para, desde el inicio de la pandemia, constituir un equipo interdisciplinario del más alto nivel científico que contribuyera a evaluar sus impactos, concertar medidas adecuadas para prevenir los contagios y la saturación hospitalaria, etc.

Si algo nos ha enseñado esta pandemia es a valorar el aporte de la ciencia, desde un enfoque interdisciplinario, tanto para tomar el pulso del comportamiento de la pandemia, como para prevenir los impactos biosociales, producir medicamentos y equipos para atender a los pacientes y vacunas para inmunizar a las poblaciones. La ciencia es una buena compañera de la política, aunque resulte incómoda para algunos políticos.

La ceguera neoliberal nos está conduciendo al despeñadero económico y social, al subestimar también los aportes de la ciencia y la cultura, cuando estas no se ajustan a sus mandatos.

 

Imagen: MEP

La propuesta de reforma al régimen de pensiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

La Junta Directiva de la CCSS se apresta a discutir una serie de reformas al régimen de pensiones y jubilaciones. Ha dado dos meses para someter las propuestas a consideración de la ciudadanía. Es impostergable que los movimientos sociales y políticos se pronuncien públicamente sobre el alcance o impacto de esas reformas.

La misma Caja considera que el nuevo cálculo de la pensión que se propone (calcularla sobre los salarios de los últimos 25 años y no de 20 años como es actualmente) producirá una disminución del monto de la pensión hasta de un 12%. En otras palabras, por solo ese hecho, la pensión se reducirá y en especial a los trabajadores con los salarios menores. A estos golpeará aún más.

De los 1,2 millones de cotizantes el 40% de ellos (trabajadores y trabajadoras) lo hacen con un salario menor a ¢474.000, por lo que se considera que, con la propuesta de la Caja, los trabajadores con salarios más bajos recibirán una pensión por debajo de la pensión mínima que es de ¢136.875. Esto debe rechazarse radicalmente porque es condenar a la miseria a los futuros pensionados.

En estos momentos el 75% de los pensionados reciben una pensión menor a ¢276.000 al mes según la Caja, lo cual es por sí muy bajo, pero con las reformas propuestas harán más miserable la vida de. Los futuros pensionados.

Las mujeres trabajadoras también salen perjudicadas con las propuestas de la Caja, ya que equiparan la edad de jubilación de hombres y mujeres a los 65, lo cual significa un retroceso en los derechos femeninos, en el reconocimiento de las diferencias que existen en el trabajo femenino y masculino. Representa un grave retroceso en los derechos humanos de las mujeres, lo cual es inaceptable para los que somos partidarios de la progresividad de los derechos.

En general, las propuestas de la Caja están orientadas a aumentar la edad de retiro, aumentar el número de cotizaciones para calcular la pensión, eliminar derechos de las mujeres, reducir el porcentaje de la cuantía de lo que debe pagarse al jubilado de un 52% a un 43% del salario promedio, en general se propone reducir los derechos de jubilación de los trabajadores y trabajadoras, lo que vuelve la propuesta inaceptable y debe rechazarse por ser perjudicial para los asalariados.

Entonces, ¿cuál es la solución a los problemas de sostenibilidad financiera del régimen? Porque el IVM no puede continuar como está, ¿habrá otras propuestas distintas que pueda sugerir el movimiento social y la izquierda?

Los regímenes de pensiones en todo el mundo están sometidos a grandes retos y las soluciones de privatización, de capitalización o de un régimen NO solidario como el propuesto en Chile, han mostrado su rotundo fracaso. El sistema de pensiones basado en la solidaridad es una gran conquista del Estado de Bienestar Social, sea la participación conjunta de patronos, trabajadores y el Estado. En consecuencia, su financiación debe provenir de sus propios componentes. Pero como los patronos no aceptarían un aumento de la cotización más allá de la ya pactada para los próximos seis años y los trabajadores están cada vez más pauperizados, le corresponderá al Estado asumir la carga principal de la sostenibilidad de un régimen de pensiones universal y digno, lo cual significa pensiones que permitan a los jubilados una vida digna.

La solución parte de lo siguiente: un cronograma de pago del más del billón de colones que el Estado le debe al IVM.

Como a partir del 1 de enero de 2029, los patronos pagarán al IVM un 5.75%, los trabajadores un 4.50% y el Estado un 1.91%, la propuesta es que a partir del 2030 se aumente en un 1% la cotización del Estado solo al IVM, excluyendo a los otros regímenes de pensiones.  Estamos partiendo de que, en 3 años, según lo que nos han dicho las autoridades de Hacienda, las finanzas ya habrán recuperado su fortaleza, pudiendo asumir esta obligación.

Hay que tener en cuenta que el Estado de Bienestar es el principal responsable de mantener en el tiempo un justo sistema de pensiones de carácter universal. Además, es el que tiene los mecanismos para aumentar los ingresos.

De esta manera se le podrá dar sostenibilidad al IVM más allá del año 2050, que es lo que se propone con las reformas que impulsa la Caja.

Dos vacunas contra la pandemia neoliberal

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Quienes nacieron en Costa Rica, al final de los años ochenta del siglo pasado, se han encontrado a un país y una sociedad sumergida dentro del totalizador proyecto económico, político e ideológico neoliberal.

Han visto asimismo (y la mayoría lo ha padecido), el progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, que emergió en los inicios de la década de los años cuarenta del siglo XX.

Esta progresiva erosión, con acciones de distinto alcance e intensidad, la han protagonizado e impulsado las élites políticas, que han liderado a los partidos tradicionales como el PLN y el PUSC, y también del PAC. Este partido que hoy está en el gobierno, ha sido protagonista de un gran engaño porque nació con una prédica antineoliberal y terminó muy pronto, asumiendo esta doctrina hasta el tuétano. Mientras tanto los evangélicos, que han irrumpido más recientemente en el escenario político, también la han convertido en el objeto de sus principales decisiones y proyectos.

Pero quiero detenerme un momento para recordar lo que se define como neoliberalismo. Se trata de una teoría económica y política que se orienta a reducir al máximo la intervención del Estado y cuyos pilares fundamentales incluyen la privatización de las entidades públicas y la desregulación financiera. Asimismo, forma parte de esta doctrina la reducción de impuestos a las personas más ricas, con el supuesto propósito de impulsar el desarrollo de la iniciativa privada y las empresas para la contratación de más trabajadores, a partir de la llamada filtración descendente, conocida también como «teoría del derrame». Es decir, si los muy pocos “de arriba” crecen económicamente pronto beneficiarán a los muchos “de abajo”. Este derrame en los hechos realmente no se da por el afán concentrador de la riqueza, que pareciera que no tiene límite y que funciona como una especie de agujero negro que se traga todo.

El neoliberalismo emerge inicialmente como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social (el Estado benefactor). Para el neoliberalismo el Estado debe cumplir un papel muy limitado como organismo regente en la organización de la sociedad; lo que incluye un rol marginal en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos a la producción industrial, al comercio y las finanzas. Es igualmente partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las grandes corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos.

¿Se les parece al modelo que domina la escena política del país desde los años ochenta? Pues claro, eso es lo que ha guiado a los sucesivos gobiernos desde esa década hasta el duro presente pandémico y a las mayorías parlamentarias, que paso a paso, han ido desmontando el Estado Social de Derecho, que singularizó al país y que tanto nos costó construir. Empero hoy la embestida de una élite plutocrática, que evade, elude, que exige la rebaja de impuestos y que los «Papeles de Panamá» la desnudaron en su voracidad mezquina y egoísta, quiere borrar de la historia lo que queda del Estado Social de Derecho.

Representan menos del 1 % de la población del país pero concentran la riqueza que han acumulado, más que con esfuerzos productivos, con nefastas triquiñuelas para nunca cumplir con sus obligaciones tributarias.

Empero lo más grave del neoliberalismo es que también es una ideología que ha penetrado en el cuerpo socio-cultural, en el diario vivir de la gente, en su cotidianidad; incluso en su lenguaje. Erosiona la genuina solidaridad social al compás de un «sálvese quien pueda», profundamente individualista y diluyente del tejido social. Desde que aparece el neoliberalismo, disolviendo doctrinas como la socialdemocracia y el humanismo cristiano, va creciendo, empieza a ganar terreno en la comunicación, en los más influyentes medios informativos, en el intercambio cotidiano de las y los ciudadanos. Lo empieza a dominar todo como una mancha oscura que se expande como un cáncer.

Lo paradójico es que cuando una pandemia tan devastadora para el país, como la que se refleja en las cifras del contagio y de fallecimientos, y en la grave saturación de los hospitales, que exigiría la solidaridad de todos los sectores del país, de manera insensible y soberbia, la élite plutocrática que controla el país, ha pisado el acelerador en su afán de borrar del mapa el Estado Social de Derecho. Hacen caso omiso al hecho incontrovertible de que lo que realmente puede luchar con acierto ante esta pandemia y otras que –con certeza– vendrán en el futuro, es el esfuerzo mancomunado del Estado, desde lo público, con el involucramiento solidario de todos los sectores del país. Jamás la medicina privada habría podido enfrentar como lo hace la pública, desde la Caja y el Ministerio de Salud, la embestida de esta pandemia; aún con errores incluidos.

Y por lo que se observa en el gobierno actual, en la Asamblea Legislativa y en las candidaturas dominantes de los partidos tradicionales de cara a las elecciones del 2022, nadie quiere ponerle el cascabel al gato del neoliberalismo plutocrático; nadie ofrece propuestas con valentía y dignidad que contradigan el proyecto insolidario.

Son personas y partidos que no se percatan (o no quieren percatarse) de lo que está sucediendo en otros países del continente, en donde los serios cuestionamientos al neoliberalismo, se han convertido en una fuerza política que gana elecciones y orienta a gobiernos y parlamentos, y constituyentes (como en Chile).

Tampoco quieren percatarse de que sólo 13 % de los costarricenses, mantienen algún vínculo con algún partido político mientras el 87 % no lo tienen, según se desprende del reciente estudio realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). No leen que la apatía, el rechazo, el hastío, la decepción y la ira, se están acumulando en una caldera de descontento social, que tarde o temprano, puede estallar.

Todavía están a tiempo de rectificar pero es muy probable que no lo hagan. Mientras tanto yo, como un número creciente de grupos y ciudadanos, trabajamos en un camino de participación política real y concreto, al tenor de lo que fija el artículo 9 de la Constitución, para que una Democracia viva, pueda emerger rompiendo las redes de una doctrina que es buena para el 1 % de la población y que la estamos sufriendo, de distinta forma y alcance, los demás costarricenses.

¿Adivinaron cuáles son esas vacunas para revertir esta doctrina y sus dañinas consecuencias para las mayorías, para nuestro sufrido pueblo? Pues, ni más ni menos, que la participación política y la solidaridad social son la cruz y la estaca con el que hay ponerle fin al vampiro del neoliberal.

(23 de mayo, 2021)