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Un 20 de julio sitiado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

La tradicional conmemoración del grito de independencia de Colombia, el 20 de julio de 1.810, en Santafé de Bogotá, llega en momentos de convulsión social, estallido político y económico del movimiento popular, en espiral de ascendencia a un escenario de guerra civil. Al así plantearlo, resalta el estadio de fragilidad por el que transita la unidad de la nación colombiana. No se trata de la ubicación de la problemática contradictoria de un desgobierno, desgastado y en franca caída de legitimidad; como del salto cualitativo que las ansiadas reformas políticas, económicas y sociales prevalecen en el actual momento e imponen el derrotero inaplazable de un gobierno de transición nacional.

Pareciere que los tiempos de la salida alternativa política, civilizada, consensuada, en la base de la negociación, el dialogo y la conveniencia ciudadana, fue echada por la borda y la actitud y posición de las fuerzas retardatorias, militarista y pro imperio, se impongan en una constante de saber que deben cambiar, pero se resisten a ello; que deben permitir la apertura democrática en la validación de la expresiones de democracia directa reclamadas, en ciudades, barrios y veredas, haciendo caso omiso a ese llamado; que el escenario fatuo, basado en la mentira y el engaño de la conducción del país, fundado en intocables privilegios( de castas y de repugnantes estratos)) redunda en la contradicción de intereses de clase, ahondando más la brecha del conflicto económico y social. Ratifica que no existen parámetros de permanencia y estabilidad política en el desempeño y función del Estado- Nación, cuando las reclamaciones de una masa popular alzada e insubordinada es tratada con el apelativo mezquino de la sindicación, la estigma, la estereotipia del odio, lo negativo y confusión.

Del tratamiento contra insurgente a la protesta social

La conducción gubernamental se soporta en una política de hegemonía oligárquica contra insurgente. Debido a una lectura errada de la realidad del conflicto armado interno en el país, por no decir a su desconocimiento oficial, puesto que pesan factores internos y externos, que no admiten esa negativa posibilidad; vale afirmar que a un diagnostico errado de la realidad, corresponde un tratamiento errado y de no solución. El bloque oligárquico predominante, de un borrón de codo, invisibilizó el desarme de una fuerza guerrillera cincuentenaria y lo que ello en política ha significado. Como no se debió a un triunfo militar del establecimiento castrense, optaron por la falsaria del montaje de la no implementación de lo Acordado en la Habana y el Teatro Colón; haciendo trizas el papel, congelando el cumulo de privilegios en el ejercicio de un poder expectante por la atención prioritaria de la opinión nacional e internacional. No hablemos del engaño, en consecuencia, a los ex alzados en armas, que han mantenido su fe en una construcción “de paz”, merecedores de ilimitada solidaridad y lucha por el respeto y conservación de sus vidas y el ejercicio de sus aspiraciones políticas, como sin lugar a dudas, debe ser.

El bloque oligárquico predominante, que borró una tendencia de “centro” en Colombia, al obtener la conservación de poder, así haya sido ilegítimamente, aplicaron la prerrogativa de la continuidad de la guerra y en este momento el panorama insurgente en Colombia es de unas antiguas FARC, que operan con tres siglas diferentes: Segunda Marquetalia, Las Disidencias, las Nuevas FARC; en una tendencia de reciclaje histórico inevitable o imparable, no desde el punto de vista de integrante organizativo material, como en el juego de la estrategia por acoyuntar en lo puntual de acciones de envergadura, contra el aparato institucional, sumido en la corrupción y el desgaste. A las fuerzas guerrilleras del ELN y el EPL, de caracterización insurgente en el país, a tono con los atributos peculiares o propios, consagrados en la caracterización de la normativa internacional, de confluir en fuerzas beligerantes, con un mando propio unificado, programa político a alcanzar en reemplazo a lo Establecido y presencia de permanencia territorial, se une la “tres en uno” de las actuales FARC-EP, producto de la obtusa y equivoca posición del predominio hegemónico oligárquico contra insurgente, que desplaza la salida política al conflicto armado interno colombiano.

De esa manera, el ejercicio político también se circunscribe al predomino en el círculo de influencia del derrotero hegemónico contra insurgente, con el efecto de no existencia de un centro, sino de ubicación concreta de la situación colombiana, en una confrontación de derecha y/o de izquierda. En ese orden de ideas, no existen tendencias: predomina una fuerza de control de derecha enfrentada a una de escala en la confrontación con la izquierda. Aquella de marcado sesgo militarista, buscando sembrar discordia entre la elección capitalista o comunista; lo cual no es elemento de la contradicción principal y esta última, de visión de salida alternativa al modelo económico neoliberal y el actual estado de iniquidad en Colombia. Bajo esa premisa de lo definitorio de bloques, es gráfica y en la práctica identificable, en la cercanía o no a la política de hegemonía oligárquica predominante.

Un sencillo ejercicio surge contemplando el equivalente de fuerza en una de las ramas del poder público: el legislativo. A la derecha del panorama nacional y al circunscribirlos en el congreso de la república, sientan los adeptos a la política contra insurgente gubernativa: Partidos, liberal, conservador, centro democrático, de la U, verdes, dignidad, de la esperanza y otras conocidas denominaciones y en el ala izquierda: los sectores progresistas, reformistas, socialdemócrata, bajo denominación como la Colombia Humana, los decentes, comunes y otras conocidas expresiones.

En lo puntual del ejercicio de democracia representativa imperante, han desplazado a la mínima expresión, la consagración de espacios de participación de democracia directa, contempladas constitucionalmente. Sin lugar a equívocos, es así como en lo referente al ejercicio de los partidos políticos, los han elevado al recurso único de la participación en el debate electoral y desplazado las múltiples formas de participación partidaria en el ejercicio democrático. Convirtieron los partidos en maquinarias electoreras, esterilizando el vínculo de lo partidario político con los alcances programáticos máximos y mínimos del movimiento popular en ascenso. Esto abarca en el análisis del estallido político (que no “social”) de los últimos meses en Colombia, y a la no participación de los partidos de oposición en el salto cualitativo a lo político, del Paro Nacional.

Es por lo anteriormente expuesto, que en el escenario de la protesta popular, desenvueltamente en la llamada “democracia de la calle”, el régimen imperante habilitó el desconocimiento de fuerza política de la contra parte en el Paro Nacional, dándole a la protesta social y política un tratamiento de contra insurgente. Por ello le declaró la guerra a la protesta e impidió que se fortaleciera y vigorizara el papel de la organización e influencia política en el seno del movimiento popular y de masas en ascenso. A ello contribuyeron las actitudes “blandas” de las tendencias “afines” a la izquierda. Resultado de lo anterior es que a la hegemonía de derecha, no corresponde una contra fuerza de hegemonía de izquierda.

Complementa el cuadro anterior del tratamiento dado a la protesta popular durante el Paro Nacional, la reseña, para no incidir en un balance, del juego paraestatal, cumplido por los mandatarios locales y regionales, también elegidos por el voto popular. Las medidas centralistas de control del ejecutivo expresado en el decreto de simulada declaración de conmoción interior y de “colaboración militar”; de notorio espíritu de mano dura dictatorial, desplazaron el poder de los mandatarios locales como responsables del orden público. Esperándose el ahondamiento de una crisis política institucional en el ejercicio del poder, está no paso de roces con alcaldías emblemáticas como la de Bogotá, o confusamente protagónicas como la de Cali; pero a la larga, todas plegadas a la política de bloque oligárquico predominante contra insurgente; lo cual impidió lo caracterizador de un salto político en la toma de decisiones y conducción política de la protesta unificada a nivelo nacional y ante la carencia de una asunción directa del gobierno nacional de sentarse a conversar con los promotores del Paro Nacional, y las innumerables expresiones nacionales, regionales y locales de exigencias y espera de soluciones. Es así como se consolidó un viraje a la derecha y en alineamiento a la política de contra insurgencia aplicada. Predominó lo del ataque de vándalos, la jerga del terrorismo y la supuesta amenaza de los de la primera línea. En una palabra: protesta=terrorismo.

El conflicto político no finaliza

Se espera el recorrido de mucho trecho de inestabilidad política y confrontación tanto en el plano político como en el social. Además de las demandas expuestas muchas subyacen en el olvido y desidia gubernamentales. El gobierno de turno no contempla posibilidades de cambios radicales y profundas ante lo expuesto. Las asume sobre las ramas y les da un tratamiento de resane cosmético, de maquillajes formales en lo ya no inusual, inusitado, ni extraño comportamiento. Por el contrario, ratifica el papel de sub presidente, que no alude solo al prefijo “bajo” “debajo de”, para indicar lo de un presidente de inferioridad, de reacciones tardías, de salidas secundarias y supeditadas a un interés superior, contrario al bienestar popular.

Me permito resaltar sucesos de particular relevancia de la gestión presidencial: 1. La caída de ministros, consejeros, proyectos de ley por manifiesta ingobernabilidad. 2.Desplome de acreditación y prestigio en la encuesta de aceptabilidad de opinión a la gestión presidencial. 3.No logra convencer sobre el no calificado caso de la supuesta autoría de ataque a bala de fusil al helicóptero presidencial en que viajaba. 4. Su confrontación con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su alusión a como si se tratare de la Corte Interamericana, que tienen la misma sigla (CIDH). 5. La presentación de auto entrevistas presidenciales, en un desmesurado desespero por mantener una imagen de aceptabilidad ante la opinión pública. 6. La generalizada aceptación de ser un títere y subordinado al poder, tras el trono, del expresidente innombrable. 7. La desviada, por no decir arrodillada política exterior y manejo abyecto al legitimo gobierno constitucional y de Estado de Derecho de la República Bolivariana de Venezuela. Y la degradante abstención ante el unánime rechazo mundial al genocida bloqueo norteamericano a la valerosa autodeterminación del pueblo cubano y su revolución avante. 8. El falsario discurso de cumplimiento e implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con las antiguas Farc-ep, ante la falta de fidelidad a lo pactado. Sus intervenciones de fondo no obedecen a ejecutorias presidencial, sino a proyectos, a prontuarios, a algo que no está en firme, cual la escena de una campaña presidencial y como si estuviere en otro país. Escucharlo, da la sensación que se está partiendo de cero. 9. El quebranto a la vigencia de los Tratados internacionales, de soberano cumplimiento a Cuba-como país garante- para el retorno salvos y sanos, de los plenipotenciarios delegados del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N), cuya salida legal y constitucional ha bloqueado de manera torticera. 10. La obtusa posición de no dar la cara; de no negociar directamente con los sectores en conflicto; de notoria torpeza y errada actitud de no condenar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el marco de la confrontación política, en el significado de la protesta popular; ante hechos de inocultable criminalidad y de por si de avalados, probados y ratificados por múltiples medios de presión nacional e internacional. 11. La directa responsabilidad sobre sus hombros de los daños y perjuicios causados con ocasión del prolongado Paro Nacional, como único culpable. 12. Cual síndrome de carencia de personalidad de jefe de gobierno, delegar en subalternos ojos y oídos, cual un “presidente ausente”, en el ámbito del poder legislativo y en el escenario de las luchas populares. Podrán ser seguramente más las falencias de personalidad aciaga como gobernante del sub presidente Duque, en la afirmación de incapacidad para la conservación y manutención del mando, así sea este ilegítimamente delegado, por obra y gracia de un sistema electoral corrupto y encriptado.

El sinsabor que deja el transcurso de un 20 de julio bajo estado de sitio dictatorial, en el embrollo que deja la mentira y el montaje de un presagio de fatalidad terrorista en el desarrollo de las manifestaciones a darse, con el fin de obstruir el libre ejercicio de la protesta y la movilización ciudadana; concluye, en este día, como las circunstancias objetivas lo habían de prever: un circo de auto elogios y sórdidos aplausos, a una acción parlamentaria de respaldo gubernamental, mayoritariamente asentada en un legislativo de predominio narco paramilitar. El no desfile tradicional de las fuerzas armadas, Made in USA, en un imparable efecto de desprestigio y de sindicación criminales, tanto nacional como internacional. La respuesta masiva y movilizaciones en las principales ciudades capitales del país y al caer la tarde, el estruendoso rugir de la lucha callejera, la brutalidad policial aplicada, la arremetida salvaje contra la juventud protestante, el accionar impune de los defensores de la “gente de bien” disparando de civil y a mansalva. Prueba irrefutable de la permanencia de los múltiples conflictos que asolan la nación colombiana.

La República Federal, ¿qué? ¿Acaso no cuenta?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

A propósito de algunas preguntas que me han hecho. La historia de Costa Rica, en términos generales, la podemos dividir en etapas. Así por ejemplo, la Historia Antigua, o antes de la llegada de los españoles, que también podemos denominar precolombina, la Historia de la Conquista y de la Colonia, que es el gran período de presencia de los españoles, dominando el territorio nacional y sometiendo a las culturas indígenas, la Historia de la Independencia, que es un capítulo especial, que se ha abierto de modo particular y con profundidad, sin que se agote, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Declaración de Independencia de España, hecha en 1821 para el caso de Centroamérica y Costa Rica.

Este es un período coyuntural, que se puede retrotraer a 1808, o un poco más atrás, hasta 1821, y prolongar un poco más, según se vea, hasta la constitución de la República Federal de Centroamérica. Aun así, podrían considerarse otras fechas según se tomen en cuenta, por parte de los investigadores o historiadores, para precisar situaciones respecto al momento que se quiera definir como el de inicio de la Independencia.

Por proclamada la Independencia se abre el Gran Período de la vida independiente, que a su vez puede dividirse en subperíodos.

En el caso costarricense fue muy frecuente ver el siglo XIX y el siglo XX casi de modo separados, como dos grandes unidades, o de un modo continuo, según abordaran los historiadores o narradores históricos el hilo histórico que se iba tejiendo, o por la forma cómo fue desenvolviéndose la estructuración del Estado y la institucionalidad administrativa. Capítulos especiales y destacados han ocupado, la Anexión del Partido de Nicoya, y hoy más lo tiene todo lo relacionado con la Campaña Nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, por los estudios que se ha venido estimulando y por la Asociaciones Académicas y sociales surgidas a su alrededor.

Aún así, se distinguían dos períodos importantes, el de los Jefes de Estado y el de los Presidentes, habida cuenta que no se distinguía en ese análisis el período del Estado y el período de la República, con sus especificidades. Esto correspondió más a un enfoque que hacía descansar el desenvolvimiento histórico desde la perspectiva de las Administraciones de Gobiernos, lo que puede seguir siendo válido, para algunos, desde un enfoque eminentemente político institucional.

Los estudios históricos que se han desarrollado, especialmente, desde 1970 producen otros enfoques y abordajes de la Historia Nacional, historias agrarias, historias de los movimientos y luchas sociales, historia constitucional, historias de la vida cotidiana, historias religiosas, historias de la cultura en general, de la numismática, historia de la economía nacional, en sus diversas facetas, historias del sufragio, de partidos políticos, de las luchas femeninas, historias de los grupos sociales nacionales, negros e indígenas, y otras nacionalidades o sus presencias migratorias, de los grupos juveniles y sus luchas, de los campesinos, de instituciones públicas y privadas, estudios de carácter biográfico, de corporaciones, gremios y sindicatos, historia de la literatura nacional etc. El abanico aquí es amplio y puede ensancharse cada vez más como se irá haciendo. Los estudios históricos abordan grandes y cortos períodos de análisis, generalidades y particularidades.

En el campo político institucional tenemos para la cotidianidad actual que vivimos el período de la Segunda República, así declarada el 8 de mayo de 1948, cuando se instaló, como Gobierno de Facto, el grupo militar victorioso en la Guerra Civil, de marzo y abril de ese año, impidiendo el acceso inmediato al Gobierno a Otilio Ulate Blanco, presidente electo en las elecciones de 1948, que las anularon y dieron por resultado el levantamiento, que en su nombre se hiciera y en la defensa de ese resultado electoral.

La declaratoria de la Segunda República estaba en función de dos eventos, uno histórico y otro de la situación inmediata.

Desde la perspectiva histórica por cuanto el 31 de agosto de 1948 se celebraría el centenario de la Declaración de la República, por el último Jefe de Estado y Presidente, Dr. José María Castro Madriz, cuando en 1848, en esa fecha así lo hizo. Y por los sucesos de la inmediatez política, por cuanto José Figueres Ferrer y su grupo, entre los que se contaba la gente del Centro de Estudios Para los Problemas Nacionales, consideraba que los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y de Teodoro Picado, habían traicionado el espíritu y los principios que se habían forjado en la República, que se vivía desde 1848, forjada al calor de los grandes liberales, o del movimiento liberal que había sido dominante, desde 1870 prácticamente hasta 1940, aun cuando desde la Primera Guerra Mundial empezaba a cuestionarse este modelo político y surgían otras fuerzas políticas, reformistas, socialistas, comunistas, y las mismas socialcristianas y socialdemócratas de inicios de la década de 1940.

Así tenemos, entonces, el período de la República, a partir de 1848 hasta 1948, y el de la Segunda República, desde 1948 hasta nuestros días. Pero, ¿se podría considerar a la República proclamada por José María Castro Madriz como la Primer República? En los textos históricos no se le da ese nombre, ni se adjetiva como Primera República, lo que podría ser irrelevante si se quiere.

Sin embargo, si nos devolvemos a los días de la Independencia, desde 1821 hasta 1823, que quedamos “sueltos” de la Capitanía General de Guatemala, que se había desintegrado con la proclamación de Independencia de Guatemala el 15 de setiembre de 1821, y que al calor de esa Proclama se convocó, a un Congreso, a los pueblos que antes de 1821 estaban unidos para considerar de manera unitaria qué hacer, en el caso costarricense integramos Juntas de Legados y Juntas Superiores Gubernativas, que por sí mismas no declararon la constitución de una “República”, hasta que aceptamos integrarnos, bajo la forma de Provincia y de Estado, a las Provincias Unidas del Centro de América y luego a la República Federal de Centroamérica, desde 1824, formalmente hasta 1848, aunque en la práctica esta República Federal desde finales de la década de 1830 venía desapareciendo o debilitándose notablemente. Ni con el esfuerzo de Francisco Morazán, desde Costa Rica en 1842, adquirió vida.

Dentro de esta República Federal nos integramos como un Estado independiente, con Constitución Política propia, que tuvimos varias en ese período, con gobierno local propio, nombrado internamente, con institucionalidad estatal propia, como al igual lo hacían los otros Estados centroamericanos que habían sido parte del andamiaje colonial español en Centroamérica.

A partir de aquí tenemos, entonces, la historia del Estado de Costa Rica, desde 1824 hasta 1848, aspecto que no se le da gran relevancia dentro de los estudios históricos desde esta categoría. Pero, tampoco se le da la relevancia correspondiente, al período de la República Federal, que aunque se menciona como parte de nuestra Historia, no se le estudia como se debe, ni se estudian sus Presidentes y estructuras políticas, ni la Historia centroamericana de esos años con sus crisis y contradicciones, como la nuestra. Sus Presidentes ni siquiera se consideran autoridades superiores de Costa Rica. Pocos estudios precisos hay sobre esta situación.

Si consideráramos la República Federal de Centroamérica como parte institucional de la Historia de Costa Rica, ¿esta sería la Primer República de nuestro desarrollo institucional? ¿La Segunda República sería la proclamada por Castro Madriz? Y, consecuentemente con esto, la proclamada por la Junta de Gobierno en 1948, ¿sería la Tercera?

Dentro de la República Federal existimos como Estado, no bajo la forma de una República. La condición de Estado nos daba una independencia interior, pero no para asuntos exteriores. El carácter Federal hacía que las funciones propias de la representación formal, internacional y diplomática de la región, incluidos todos los Estados que constituían la República Federal, la tuviera la República Federal, y no cada Estado que formaba parte de ella, como sucede hoy con las Repúblicas federales existentes como son la República Federal de los Estados Unidos de América, la República Federal de México o la República Federal de Brasil, donde los Estados que forman parte de esas Repúblicas federales por sí no existen. Son los Gobiernos federales de esos países los que representan a todos sus Estados.

Hasta 1850 internacionalmente las referencias a Centroamérica se referían a la República Federal, no a cada uno de sus países miembros. Por eso, también, es que a partir de ese final del Gobierno de José María Castro Madriz y del inicio de los Gobiernos de Juan Rafael Mora Porras, es cuando empezamos a tener reconocimientos diplomáticos propios y a ser valorados como país Independiente plenamente.

La Independencia de los países centroamericanos hasta la desintegración de la República Federal la tuvo en su representación formal internacional la República Federal de Centroamérica.

A los efectos institucionales y actuales vivimos la Segunda República, en Costa Rica, pero no deja de ser un tema más para la discusión y reflexión sobre el Bicentenario de la Independencia.

Cuba sale triunfante y dicta cátedras estratégicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

21 Julio 2021

Sin duda alguna, los acontecimientos del 11 de julio en Cuba, lo que ocasionaron fue que Cuba Socialista saliera triunfante y dictándonos una catedra de estrategias y tácticas para enfrentar la arremetida con claros matices de imperial.

Y es que el objetivo era claro para los mercenarios y contrarrevolucionarios: son una serie de pasos muy bien estudiados y perfeccionados, a partir de la experiencia de su aplicación previa en disímiles países de Europa del Este, Oriente Medio y África: Yugoslavia, Hungría, Ucrania, Libia, Egipto, Iraq; lo intentaron en Siria, Venezuela y Bielorrusia, a saber:

*Generar una situación de caos e ingobernabilidad.

*Entrada de una “intervención humanitaria” en forma de una fuerza militar foránea.

*Conducción del país invadido hacia una forma de Gobierno entreguista y dócil, que permita a la élite financiera y monopolios extranjeros, saquear sus riquezas en detrimento de las clases sociales más desfavorecidas.

Una de las lecciones que nos da Cuba, es saber detectar noticias falsas, antes las múltiples mentiras que publicaron y siguen publicando sobre el hecho de las marchas, y nos sugiere lo siguiente:

  1. Leer la información completa y no dejarse llevar por un título demasiado llamativo, es imprescindible para no dejarse engañar.
  2. Verificar las fuentes.
  3. Detenerse a mirar quién firma la noticia y, ante la duda, investigar sobre esta persona, averiguar qué otras noticias tiene publicadas bajo su nombre o seudónimo.
  4. En ocasiones las noticias de este tipo se encuentran en páginas no oficiales.
  5. Se recomienda buscar más fuentes que tengan esta misma información, este paso ayudará a verificar qué tan cierta es.
  6. El chequeo de las imágenes que se utilizan debe ser otra premisa, así como utilizar las herramientas de Google para determinar si están manipuladas.
  7. Revisar el Dominio o URL, así como los comentarios de la publicación también ayudarán durante la verificación.

Inmediatamente a la intentona golpista, el presidente Diaz-Canel, dando una lección de liderazgo y temple de acero, comisiona al mismo pueblo a defender su revolución, estando consciente que el pueblo cubano, va a defender su revolución a costa de lo que sea.

Un hecho significativo de lo anterior, se refleja en la expresión de un señor, que culminada una marcha multitudinaria revolucionaria consciente, expresa y brota lo que le ardía dentro de sí: “¡Aquí, precisamente, frente al águila destronada!”. Su vista veía la multitud desde donde un pueblo en Revolución como derribaba el símbolo imperial.

No olvidemos que, el artículo 3 de la Constitución cubana, regula que la soberanía reside en el pueblo: “del cual dimana todo el poder del Estado”. Ese texto (aprobado por 86% de votos) obliga a respetar la soberanía popular y los derechos fundamentales.

El derecho de resistencia se regula contra “cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”, e incluye todas las vías. Por ser un recurso extremo, requiere el empleo previo de otros recursos.

Y es que los contrarrevolucionarios apostaron a, gente inexperta o con poca preparación, propensas a ser fácilmente manipulables, para hacerles creer que todas las calamidades que enfrentaban eran culpa de la ineptitud del Gobierno, y no producto de las acciones externas que se habían emprendido desde un año y medio antes, unidas a otros factores fortuitos.

Lo seguido fue y es, enfrentar y contraatacar las matrices digitales de opinión, develando las mentirosas imágenes y videos falsos, que buscaban atizar las mentes inescrupulosas y exacerbar los ánimos contrarrevolucionarios, así como hacerse eco en los medios occidentales.

Recordemos que, la televisora estadounidense, FoxNews, opacó unos carteles de apoyo a la Revolución Cubana, durante una entrevista con el congresista Ted Cruz, uno de los mayores defensores de la política de línea dura de Washington contra la Isla.

La cadena usó las imágenes para mostrar una supuesta manifestación contra el gobierno cubano, cuando realmente las pancartas eran usadas en una demostración de apoyo al presidente Díaz-Canel con el siguiente mensaje: Las calles son de los revolucionarios.

Un elemento sumamente publicitado fue el “supuesto” fracaso del Socialismo en Cuba, ante tan “estrepitosa” expresión del “cansado” pueblo.

¿Fracasó el Socialismo entonces?, depende del criterio con el que se lo aborde. Sin dudas, en la Isla no hay “shopping centers” repletos de mercaderías, no hay hiperconsumo de artículos fabricados con obsolescencia programada y la población no se mide por el vehículo o el reloj que posee, por la ropa de marca que viste o por el tope de su tarjeta de crédito.

Ahora bien: como el capitalismo se basa en la explotación, hace lo imposible para que los explotados no reaccionen. ¡Eso es la lucha de clases! Y en esa lucha, lo ideológico cobra un papel preponderante. De ahí que los pocos espacios socialistas existentes son mostrados por la derecha como «fracasos» estrepitosos.

A su vez, el pueblo cubano ha reiterado y es un momento crucial para continuar denunciando el cruel bloqueo del imperio norteamericano, recalcando en insistiendo que, durante seis décadas, de acuerdo con datos oficiales, ha representado para su población un perjuicio equivalente a 147.853 millones de dólares.

Solo durante la pandemia los daños alcanzaron 9.157 millones de dólares, una cantidad comparable con el préstamo de “servicio ampliado” que en 2019 acordó Ecuador con el FMI (y otras entidades financieras) por 10 mil millones de dólares.

Se agrega que, un estudio del PNUD, refuerza el problema del impacto Covid-19 en la economía y la sociedad cubanas. Bajo las consideraciones históricas evidentes, es imposible dejar de coincidir con las NNUU, de manera que se impone la demanda universal por acabar con el bloqueo.

Pero lo que jamás imaginaban, las fuerzas oscuras del imperio, fue y es el poderío de los pueblos de América Latina y del mundo consciente, en manifestaciones y apoyos a la Revolución Cubana, que es cada día mayor en número y simpatía.

En cualquier caso, esta osadía gringa pasará a la Historia como esa otra ocasión (otra más del montón), en que los “geniales” gringos se volvieron a equivocar por enésima vez de una esquina a la otra con Cuba, como siempre les ha ocurrido en los últimos 62 años.

Sonaron otra vez las campanas por “el fin” del Socialismo en Cuba. Salivaron seguro algunas bocas desde los balcones del imperio (y más allá o acá del mar que separa esta isla del resto del mundo), y también desde algunas alcantarillas, pero no pudieron ni podrán contra este pueblo aguerrido, que se afinca en la resistencia, de más de sesenta años de agresiones y con una mística revolucionaria en contra de todo.

Finalmente, el presidente Diaz-Canel, para seguir apoyando al pueblo cubano, el 14 de julio 2021, anuncia varias medidas económicas y sobre la importación de alimentos y medicamentos.

Durante una comparecencia televisiva el presidente Díaz-Canel, el primer ministro y el titular de Economía, también abordaron el tema de las afectaciones de la generación eléctrica, así como cambios relacionados con la empresa estatal y las micro, pequeñas y medianas empresas.

¡Adelante Cuba Socialista!

Recordemos que las “tropas de choque” del imperio contra los procesos revolucionarios, son ahora en Nuestra América las marras que arrasaron los barrios de Managua; los guarimberos de Caracas, que asesinaron y quemaron a simpatizantes de la Revolución Bolivariana; los grupos de tarea fascista que azuzaron el Golpe de Estado en Bolivia, que extorsionaron, arrasaron residencias, secuestraron y apalearon a indígenas, mujeres y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS). Del mismo pedigrí son los “protestantes” del día 11-12 en Cuba.

De mal en peor

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y profesor catedrático UCR

            Cada proceso de nombramientos en la Asamblea Legislativa, pone al desnudo un sistema colmado de vicios y falencias. Al país le urge un rediseño integral que asegure un mínimo de objetividad y credibilidad en la escogencia de magistraturas y otras jerarquías, competencia del parlamento. Hay que emitir un reglamento único y estable que fije con alguna seguridad las reglas del juego; encontrar un mecanismo de pre-selección para que la Asamblea tenga por obligación que escoger entre los mejores aspirantes, calificados con estricto criterio técnico por parte de expertos en la materia; hay que hacer públicos los procesos para saber con toda transparencia las razones por las cuales se escoge a una persona y no a otra; exigir la fundamentación de las decisiones; potenciar los criterios objetivos y reducir a su mínima expresión, ojalá eliminar por completo, las variables arbitrarias. Los diputados (as) no tienen, en la mayoría de los casos, la formación especializada para saber quién puede ser un buen juez. Es imprescindible erradicar la “información informal” –por no llamarla incultura del chisme- acerca de las eventuales ventajas o desventajas de un candidato o candidata. No podemos seguir sometiendo a las personas a procesos complejísimos plagados de requisitos, para al final nombrar al último de la nómina o sacarse un conejo del sombrero que ni siquiera ha participado en el certamen. Tampoco es admisible la burla de reservarse un alto porcentaje para una entrevista, con calificación totalmente subjetiva, que sólo ha servido para promover a los mediocres y castigar a los mejores que, sin embargo, no gozan de la “confianza” o el “ambiente” políticos.

            El último capítulo de este desdichado tema ha sido la confesión del diputado Fonseca del PLN afirmando que no nombran en la magistratura a la Dra. Patricia Vargas González porque es conocida o tiene cercanía con el autor de estas líneas. El daño que se le hace a la persona mejor calificada, y con ello al sistema de nombramientos, al Poder Judicial y al país, es de tales dimensiones, que no puedo menos que intentar analizar esta injusticia apartando, en lo posible, todo ingrediente personal.

            La candidata Vargas González no sólo ha obtenido un 96 en la calificación general del concurso. Es también una mujer sobresaliente por su inteligencia, preparación académica –con doctorado en España y con el sacrificio que eso significa, en esta sociedad, para una mujer con familia- y exhibe, además, un desempeño profesional excepcional. Como si todo eso no fuera suficiente, Patricia es una persona de gran calidad humana. Puede que todas esas virtudes les resulten a algunos, imposibles de soportar. De manera que atar su carrera a la relación laboral que tuviera conmigo cuando me correspondió ser magistrado integrante y Presidente de la Sala Tercera es no sólo una repugnante injusticia sino un acto de machismo incalificable. Resulta también inaudito que la trayectoria impecable, los atestados, méritos y logros de una profesional, se tiren al caño frente a un hecho más bien anecdótico y circunstancial, como la cercanía con otra persona.

            Por lo demás, en lo que a mí respecta, – y si ese es otro pretexto implícito en este despropósito-, decidí integrar el Grupo de Garantes de la gestión del Presidente Alvarado, –ad honorem y sin ningún interés personal-, después de analizar, como ciudadano fuera ya de la función pública, el riesgo inminente que existió en el 2018, de que figuras autoritarias o fanáticas religiosas, llegaran a conducir los destinos de esta maltrecha democracia. Esta decisión personalísima no tiene tampoco por qué alcanzar a personas que trabajaron conmigo.

            Por eso creo que la (sin) razón que están alegando la mayoría de parlamentarios es un mero pretexto. A lo que le tienen fobia es a la excelencia y a la independencia de criterio. Peor si se trata de la excelencia y autonomía de una mujer.

            La comunidad nacional tiene que saber que estos “inexplicables” asuntos son réplicas de la crisis que sufrió la Corte a mediados de 2017, cuando tráficos indebidos entre diputados y magistrados nos estallaron en la cara. Quienes tuvieron que salir por la puerta trasera con sanciones disciplinarias, o se quedaron con obstinación digna de mejor causa, siguen manejando los hilos del destino de este Poder Judicial. Dejaron colocados en las listas de elegibles a actuales propietarios y suplentes, y siguen manejando por debajo, entre González Lahman y Cuesta de Moras, quién si y quién no accede a las magistraturas.

            Todo este turbio fenómeno no es nada nuevo. Ya van generaciones enteras de juristas destacados a los que se les cierra la puerta con todo tipo de artimañas y con justa razón renuncian a someterse a estos procedimientos espurios. Una democracia no puede soportar por mucho tiempo esta sangría de talento, sólo porque no existe una clase política que sepa valorar responsablemente el poder que se le ha concedido.

            En medio de tantísima ignorancia, los políticos en ejercicio creen asegurarse eventuales tropiezos en sus intereses y trayectorias poniendo a jueces de su confianza y coincidencia ideológica. Se equivocan estrepitosamente. Primero, porque los siervos de hoy pueden convertirse, con facilidad, en los verdugos de mañana, cuando las mayorías partidarias cambien; y segundo, porque la mediocridad y la falta de preparación resultan una amenaza y un peligro para todos los habitantes de la República, incluidos los políticos, cuando tengan que buscar el amparo del debido proceso, la tutela de las garantías y derechos fundamentales y la sabiduría profunda de jueces y juezas que además, no le deban el puesto a nadie.

Reconocimiento a la mujer costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Vargas

Hoy la Asamblea Legislativa otorgó el Honor de designar a 4 grandes mujeres costarricenses con el más alto Título que se entrega en Costa Rica: El Benemeritazgo. Las homenajeadas fueron:

Benemérita de la Patria
LUISA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
Maestra de maestras, comunista, compañera inseparable de Carmen Lyra y de sus luchas contra los Tinoco; la democratización de la educación y su modernización, con una visión siempre presente de privilegiar a la niñez más vulnerable y las reivindicaciones de la mujer. Co fundadora con Lyra, del Kinder Maternal Montessoriano.

Benemérita de la Patria
ANA GABRIELA ROSS GONZALEZ
Médico, científica, luchadora y defensora por la Salud Pública y el Medio Ambiente. Luchadora contra el cáncer y por los derechos de las mujeres que luchan contra esa enfermedad. Liguista de corazón.

Benemérita de la Patria
EMILIA PRIETO TUGORES

Una mujer que abrió espacios que habían sido reservados para los hombres, y que además dio significativos aportes a la cultura y el arte costarricense. Emilia Prieto fue una mujer multifacética: artista y grabadora, escritora y pensadora, comunista, luchadora social, investigadora de la cultura popular costarricense, cantautora y la más reconocida folklorista de Costa Rica. En realidad, fue mucho más que eso, fue una verdadera estudiosa de las expresiones populares, recopiladora e intérprete de las canciones tradicionales del Valle Central y pionera en el rescate de las tradiciones y la cultura vernácula del país. Se distinguió además por ser una persona ejemplar, por su entereza, estatura moral intachable y extraordinario altruismo.

BENEMÉRITA DE LAS ARTES PATRIAS
VIRGINIA GRUTTER JIMENEZ
Ciudadana de ejemplar trayectoria en el campo político, literario y de la promoción de la cultura, lo cual es reconocido ampliamente en distintos sectores nacionales e internacionales. Comunista. Su obra poética y narrativa, su contribución al desarrollo del teatro, su aporte al desarrollo de instituciones nacionales y su participación en luchas sociales de relevancia para la democracia, son parte del patrimonio.

Las 4 hacen honor a nuestras mujeres, pues representan lo mejor de ellas, de su lucha social, por los derechos de las mayorías y por aportar a la construcción de una Patria mejor. Bien merecen que hoy toda la Patria brincara.

21/07/2021

 

Imagen de Luisa González Gutiérrez.

¿Investigará el Ministerio Público el desvío de fondos de los seguros sociales? ¿Reintegrarán al IVM los fondos desviados o sus asegurados pagarán los platos rotos? (Parte 7)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

MSc. Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

A pocos días de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tome acuerdos sobre el futuro del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) nos preguntamos si el Ministerio Público (MP) será diligente investigando si los fondos y las reservas de los seguros sociales se están utilizando para el fin que dispone el artículo 73 de la Constitución Política de la República, donde en lo que interesa dice: “La Administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales” y el artículo 1 de la Ley del seguro social N° 17 donde en lo que interesa dice: “… Los fondos y las reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente”. El Código de Ética del Servidor de la CCSS en su artículo 10 establece lo siguiente. “El servidor de la Caja debe desempeñar sus funciones con prudencia, integridad, honestidad, seriedad, moralidad, ecuanimidad, y rectitud. El trabajador de la Caja debe actuar con honradez tanto en ejercicio de su cargo como en el uso de los recursos institucionales que le son confiados por razón de su función. Debe repudiar, combatir y denunciar toda forma de corrupción.” La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento en su artículo 3 en lo que interesa dice lo siguiente: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. Asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” El artículo 4 de la misma ley en lo que interesa dice lo siguiente: “Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.” (Destacados míos). O si por el contrario se están desviando para otros fines no autorizados, produciendo la quiebra del IVM o un castigo injusto a sus asegurados. El artículo 2 de la “Ley Orgánica del Ministerio Público” establece:

“El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública. (…)” (Destacados míos).

El MP dispone de amplias facultades y herramientas legales para cumplir sus funciones, como la Ley N° 8422 “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública” del 6/10/2004. Dicha ley dispone en su artículo 5 lo siguiente: “Fraude de ley. La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir.” (Destacados míos)

La Contraloría General de la República (CGR) y las auditorías internas de las instituciones públicas, que deben hacer cumplir la Ley General de Control Interno Nº 8292 del 31/7/2002 y otra normativa, constituyen otra herramienta de apoyo para el MP. Algunos artículos de dicha ley dicen lo siguiente:

“Artículo 3º-Facultad de promulgar normativa técnica sobre control interno. La Contraloría General de la República dictará la normativa técnica de control interno, necesaria para el funcionamiento efectivo del sistema de control interno de los entes y de los órganos sujetos a esta Ley. Dicha normativa será de acatamiento obligatorio y su incumplimiento será causal de responsabilidad administrativa. (…)” (Destacados míos)

“Artículo 7º-Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley.” (Destacados míos)

“Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:

  1. Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
  2. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
  3. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
  4. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.” (Destacados míos)

“Artículo 9º-Órganos del sistema de control interno. La administración activa y la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta Ley, serán los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.” (Destacados míos)

“Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.” (Destacados míos)

Los incisos b) y c) del artículo 12 de dicha ley son particularmente importantes, pues de nada sirve que se gasten o despilfarren recursos públicos pagando salarios y demás gastos a las auditorías internas, si los jerarcas las ven como simples adornos, aprovechándose del dicho que dice “el que paga la música, manda el baile”. Los altos jerarcas de la CGR y las Auditorías Internas también deben cumplir con el deber de probidad; sin embargo, la ciudadanía ya está cansada de que estos órganos, disponiendo de recursos monetarios y legales suficientes, se dediquen a matar pulgas, mientras huyen de los elefantes. Dicho artículo dice así, en lo que interesa:

“Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…)

  1. b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.
  2. c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. (…)” (Destacados míos)

Para cazar elefantes el auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna tienen amplias potestades conferidas por el artículo 33 de la misma Ley. Además, “los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones” indica el artículo 35.

Sobre el desvío de fondos de los seguros sociales por omisión de cobro al Estado y otros motivos, la Auditoría Interna de la CCSS ha emitido una serie de informes con sus respectivas recomendaciones; aunque en mi opinión ha tenido miedo de cazar al elefante o ha disfrutado la suave melodía que le tocan. Entre ellos el ASF-084-2014 del 27-06-2014 y ASF-112-2017 del 06-10-2017 sobre los asegurados por cuenta del Estado (Artículos 1 y 2 de Ley 5349 y otras leyes). En cuanto al seguro de los trabajadores independientes existen al menos los informes ASF-009-2014 del 13-02-2014 y el ASAAI-210-2013 del 25-11-2013. Sobre el seguro de los pensionados (Ley 5905) existen los informes ASF-019-2012 del 06-02-2012 y el ASF-151-2013 del 13-09-2013. Ver al final los links de estos informes.

En el dictamen jurídico D.J. 3519-08 del 7/5/2008, suscrito por el Lic. Andrey Quesada Azucena, Abogado Área de Asesoría y la Licda. Mariana Ovares Aguilar, ambos de la Dirección Jurídica de la CCSS, se concluye lo siguiente, en respuesta a una solicitud que yo realicé en el año 2004, cuando ocupaba la Jefatura del Departamento Actuarial de la CCSS (ver páginas 28 a 31 de [2]):

“Por último es necesario acotar que es imposible trasladar fondos del régimen de seguro obligatorio a otros regímenes, ya sea el régimen de asegurados a cargo del estado – financiado según ley 5662 – u otros regímenes que se financien con destinos específicos. Lo anterior por disposición expresa del artículo 73 de la Constitución Política, del cual dispone que los fondos de la Seguridad Social, sean “fondos atados” a la imposibilidad de ser transferidos o empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación.”

“Los fondos de los regímenes que no se encuentren contemplados dentro del Seguro Obligatorio, como la Protección de la Salud de asegurados a cargo del estado u otros regímenes de protección creados por Ley especial que se financien con destinos específicos, no pueden recibir fondos de la seguridad social por disposición expresa del artículo 73 constitucional, por lo que no es jurídicamente posible que se efectúen traslados de fondos.” (Destacados míos).

No obstante que el dictamen anterior es de fecha 7/5/2008 y muy claro y contundente, en el oficio GF-23.472-14 del 20/11/2014, para atender una observación de la Auditoría Interna sobre un asunto afín, el Gerente Financiero, Sr. Gustavo Picado Chacón solicitó criterio a la Dirección Jurídica, “en relación con las recomendaciones de la Auditoría Interna de la Caja, relativas a que para cada una de las modalidades de aseguramiento, entre ellas la relativa al grupo de pensionados, la administración determine, registre y cobre al Estado, las diferencias entre ingresos por contribución y gastos o costos, así como los intereses respectivos (en caso de que los ingresos sean inferiores a dichos gastos-costos), se encuentra o no, a la legalidad y a los principios básicos que rigen el Seguro de Salud.” Un criterio similar solicitó el Director Actuarial Sr. Luis Guillermo López Vargas con el oficio DAE-864-16 del 18/11/2016. En respuesta se produjeron los oficios D.J. 1820-2015 y D.J. 0431-2017, suscritos por el Lic. Guillermo Mata Campos, Abogado Encargado de Estudio y Redacción y la Licda. Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i., Área de Gestión Técnica y Asesoría Jurídica (el primero) y la Licda. Ileana Badilla Chaves, Jefe a.i., Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica (el segundo), de la Dirección Jurídica de la CCSS, en los cuales se informa lo siguiente (Ver páginas 35 y 37 de [2]):

“Con fundamento en lo anterior, se considera que las recomendaciones que externa la Auditoría en principio implican una afectación del Principio de Solidaridad y de la forma en que se encuentra regulado, por parte de la Junta Directiva de la Caja, la forma en que cada sector contribuirá al financiamiento de los Regímenes de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte, por lo que para su aplicación se requiere una modificación de dichas disposiciones reglamentarias, que debe estar sustentando en estudios técnico financieros actuariales, que no se observa que se adjunten a la consulta planteada” (D.J. 1820-2015; destacados míos)

“Los regímenes de protección que administra la Caja son únicamente el Régimen de Salud o Reparto, y el de Pensiones o Capitalización Colectiva. La modalidad de aseguramiento de asalariados, trabajadores independientes, asegurados voluntarios, pensionados, asegurados por cuenta del Estado, entre otros no se pueden conceptualizar como regímenes, sino que es la forma en que la Institución ha determinado conceptualizar a los que son beneficiarios de las protecciones y servicios que brinda ya sea el Régimen de Salud o de Invalidez y Muerte” (D.J. 0431-2017; destacados míos)

El Gerente financiero de la CCSS, ignorando el dictamen D.J. 3519-08 del 7/5/2008, utilizó los dos criterios anteriores para dar respuesta a la Auditoría Interna, según consta en el informe SASF-13-151 -5- 2017 del 10 de marzo de 2017, donde dice (Ver página 8 de [7]):

No obstante, lo anterior, en el informe ASF-112-2017 de fecha 06-10-2017, que es de fecha posterior a la fecha del informe SASF-13-151-5-2017 del 10 de marzo de 2017, el Lic. Guillermo Mata Campos, firmante de los oficios D.J. 1820-2015 y D.J.0431-2017 -que eran a todas luces contrarios al dictamen D.J. 3519-08 del 7/5/2008- aclaró la aparente contradicción de la siguiente manera (ver páginas 40 a 44 de [2]):

“El Seguro por Cuenta del Estado, se maneja institucionalmente como una modalidad de aseguramiento del Seguro de Salud, porque brindamos una protección a la población indigente, no una venta de servicios médicos. Pero el hecho de que sea una protección no implica que no deba cobrarse de acuerdo con los costos que determinen estudios actuariales. La Solidaridad no se puede ver separada del principio de Sostenibilidad Financiera”.

Resulta sumamente extraño que el Sr. Gilberth Alfaro Morales, siendo el Director de la Dirección Jurídica de la CCSS, por lo que conoce los oficios que se emiten en la oficina a su cargo, haya formado un trío similar a aquel que llevó a la quiebra al seguro de salud en el año 2011. En efecto, en el oficio DAE-270-17 / DJ 1961-2017 / GF-1043-20 17 del 28/3/2017, suscrito por el trío Sr. Gilberth Alfaro Morales, el Sr. Gustavo Picado Chacón y el Sr. Luis Guillermo López Vargas, dirigido a la Presidenta Ejecutiva de la CCSS Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, le informan lo siguiente, en relación a una solicitud de información realizada por el suscrito (Ver páginas 6 y 8 de [8]):

En resumen, léase que continuarán desviando fondos de los seguros sociales de los trabajadores asalariados en lugar de facturarle al Estado lo que ordenan diversas leyes (Leyes 5349, 5905, 7374, 7983, etc.). Esta vez ya no será el seguro de salud el que será llevado a la quiebra, ahora le tocará el turno al seguro de pensiones y que los asegurados paguen los platos rotos. ¡El MP tiene la palabra!

[1] https://drive.google.com/file/d/1UZD0W-ugunE_LBamDcD_fYbLERn1Wi0A/view?usp=sharing

[2] https://drive.google.com/file/d/1Sy9RLJLxidrGDB0iCReoVAeWUDViyHKW/view?usp=sharing

[3] https://drive.google.com/file/d/16yGr14KMCCo_x9kZ7coejaUjKpq1C7yf/view?usp=sharing

[4] https://drive.google.com/file/d/1AkBEfkx-k6YBUgG-Df4jnqWeB-nqhYgV/view?usp=sharing

[5] https://drive.google.com/file/d/1Ebf38AXQT9hyOrnTVi7VWQshPXWHQbFe/view?usp=sharing

[6] https://drive.google.com/file/d/1S4PXo3ra6LAgMC4TCK_VfjyKomUdns5Z/view?usp=sharing

[7] https://drive.google.com/file/d/1qNsF2l9NVIiitOyca2pGJBzUjWKq6iWk/view?usp=sharing

[8] https://drive.google.com/file/d/1OSCXb1BgzVorLlk4qe1zzB8BX2v6y0pC/view?usp=sharing

El proyecto Ley Marco de Empleo Público violenta la opinión consultiva de la CORTEIDH OC-27/21

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Trabajo.

Manuel Hernández

A finales de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicitó a la Corte Interamericana (CORTEIDH), una opinión consultiva acerca del alcance de las obligaciones de los Estados, en el sistema interamericano, sobre las garantías de libertad sindical, su relación con otros derechos y su aplicación desde una perspectiva de género.

La CORTEIDH admitió la solicitud, la audiencia se realizó en julio del año pasado y la cuestión se deliberó a finales de abril de este año.

1.- La Opinión Consultiva OC-27/21 en materia de negociación colectiva en la función pública

La Opinión de la CORTEIDH aborda ampliamente los asuntos que fueron debatidos, haciendo un examen acerca de las obligaciones que tienen los Estados en materia de Libertad Sindical, comprendiendo el derecho de asociación sindical, negociación colectiva, huelga, su relación con los derechos de libertad de expresión, reunión y el derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, además, con una perspectiva de género.

Tendremos tiempo de realizar un profundo análisis de este importante pronunciamiento, pero, por ahora, sólo por una cuestión de oportunidad y sentido de urgencia, de frente al trámite del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, me interesa comentar, de manera muy breve, las observaciones de la CORTEIDH, sobre el derecho de negociación colectiva, particularmente en la Administración Pública.

La Opinión recuerda que el derecho de negociación colectiva está contemplado en los Convenios N° 98 y 154 OIT, destacando que está reconocido “de forma específica a favor de las organizaciones de trabajadores y la administración pública en el Convenio 151 de la OIT.”

Después de un repaso de estos instrumentos internacionales, que forman parte del corpus iuris del derecho internacional del trabajo, la Corte comenta “que el derecho a la negociación colectiva constituye un componente esencial de la libertad sindical, en tanto comprende los medios necesarios para que los trabajadores y trabajadoras se encuentren en condiciones de defender y promover sus intereses”.

El Tribunal acotó que “la intervención del Estado para limitar la negociación colectiva violenta el derecho de las organizaciones de organizar sus actividades y formular su programa.”

Particularmente, en lo concerniente al derecho de negociación colectiva en la Administración Pública, la CORTEIDH determinó “que el Estado debe dar prioridad a la negociación colectiva como medio para solucionar conflictos respecto de la determinación de condiciones de empleo en la administración pública”, destacando que las organizaciones de los y las trabajadoras deben participar “plenamente y de manera significativa en la determinación de las negociaciones.”

Y luego puntualmente, refiriéndose a las remuneraciones de los funcionarios públicos, advirtió, que en contextos de estabilización económica, los Estados “deben (…) privilegiar la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de sus funcionarios, en lugar de promulgar unas leyes que limiten los salarios en el sector público.”

Así fuera de clara y contunde fue la Opinión de la Corte, la cual tiene una significativa importancia de cara a la suerte del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

2.- El Proyecto de empleo público violenta la Opinión Consultiva

Desde luego que este pronunciamiento viene como anillo al dedo, a propósito de las impresentables disposiciones del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, aprobado en primer debate y que fue a consultado a la Sala Constitucional.

Por contrario, a este pronunciamiento de la CORTEIDH, este proyecto de ley, en lugar de fomentar y privilegiar la negociación colectiva en la Administración Pública, como lo subrayó la Opinión Consultiva, por una parte, prohibió, de manera tácita, la negociación de un conjunto de componentes de la relación de empleo: el reclutamiento, la selección de personal, los concursos, la evaluación de desempeño; materias que quedan sustraídas del ámbito de la negociación colectiva y sometidas a la regulación totalitaria del emergente Leviatán: MIDEPLAN.

Por otra parte, el proyecto prohibió, de manera expresa, la negociación colectiva de las remuneraciones, incentivos, sobresueldos y cualquier gasto que comprometa los recursos de los Presupuestos del Estado o las instituciones públicas.

El proyecto de ley no solo limita las remuneraciones de los y las funcionarias públicas, cómo lo reprendió la Opinión Consultiva, sino que, además, contiene una política extrema de devaluación de las remuneraciones, que se mantendrán estancadas durante muchos años, en un horizonte temporal a largo plazo.

Este prolongando estancamiento de los salarios, se producirá a raíz de la potente y perversa combinación de dos herramientas normativas: por un lado, el salario único global, los transitorios XI y XII y la prohibición de la negociación colectiva, impuestos en el proyecto, y por otro lado, la aplicación de la regla fiscal extraordinaria, contemplada en el artículo 11.d) de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esta regulación heterónoma y autoritaria, deja en un encierro a los sindicatos y enerva el derecho de negociación colectiva en la función pública, a contrapelo de esta Opinión Consultiva de la CORTEIDH.

Los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional, no pueden dejar pasar inadvertida esta Opinión Consultiva del Tribunal del sistema interamericano de derechos humanos, que viene a configurar parte del bloque de juridicidad y convencionalidad aplicable, la cual precisa las obligaciones preceptivas que tienen los Estados en materia de Libertad Sindical, de cuyas obligaciones el Estado costarricense no se puede sustraer de su estricto cumplimiento.

20/07/2021

Lo que más les duele

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por José Luis Callaci

Lo que más les duele es que el pueblo cubano, a pesar de todas las continuas criminales agresiones, que le privan de muchas necesidades básicas, es un pueblo saludable, educado, solidario y estoico.

Lo de saludable y educado no lo inventamos, están en los informes de los organismos especializados de Naciones Unidas que sitúan a Cuba en los primeros lugares de América Latina.

Lo de solidario con otros pueblos sobran los ejemplos, y lo de estoico es esa increíble y admirable resistencia durante tantos años de constantes hostigamiento. Eso les duele, y mucho a los que, de manera abierta o encubierta, critican o atacan su sistema de gobierno, obviando, minimizando y hasta negando el bloqueo, el asedio, el embargo o como quiera llamársele.

Todos son actos de guerra y de lesa humanidad de un país poderoso contra uno pequeño. Con hablar una vez sí y otra también, en circunstancias tan adversas, sobre malos o equivocados manejos del país por parte de las autoridades de Gobierno, que si los hay y los seguirá habiendo como en cualquier otro país o realidades, lo único que logran es ofender la inteligencia de las personas bien informadas. No se atreven a publicar una foto de un niño cubano durmiendo en la calle o desnutrido, o gente viviendo en tugurios porque es fácil probar su falsedad.

Esto también les duele y mucho.

La sufrida, ocupada y neocolonial: Haití

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Lic. José A. Amesty R.

19-julio-2021

La República de Haití, en la parte occidental de una de las grandes islas del Caribe (su vecino oriental es la República Dominicana), es el tercer país más extenso de la subregión (27.750 km2), con una población que ya superó los 11 millones de habitantes (90% de origen africano) y entre la cual más del 80% vive en la absoluta pobreza.

Haití es el primer país latinoamericano que se liberó de la esclavitud. Su realidad económica, social y política, tanto como su historia, son normalmente desconocidas en la misma América Latina, lo que acentúa el aislamiento del que ha sido víctima el país desde la época de la colonia.

Haití es uno de los países menos desarrollados y más pobres del mundo. El 65% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La miseria económica, unida a la inestabilidad política, tiene una incidencia muy importante en la situación de los niños haitianos, sobre todo en ámbitos como la salud o la educación.

Haití es el primer país negro que tomó su independencia en la sangre de sus combatientes el 1er de enero 1804. Al momento de la independencia su populación era de 500.000 habitantes, su territorio había una cobertura forestal de 80 %. Hoy la populación sobrepasa 12 millones y los bosques originales están alrededor de 1%. Se puede entender que la situación del medio ambiente esta gravísima. Este país, madre de la libertad, cruza uno de los peores momentos de su historia.

Haití no es un país pobre. Haití ha sido empobrecido. Fue instalado, por las ideologías colonialistas, como un territorio habitado por subhumanos. Haití fue la primera nación moderna de América Latina en ser diseccionada del sentido global de humanidad.

Haití, como laboratorio del revanchismo colonial, sufrió la génesis de un proceso de des-reconocimiento de la vida. Haití es la génesis del capitalismo gore en Nuestramérica. Haití fue empujado a un olvido dirigido y coordinado por las potencias del mundo, heridas en su ego colonial.

En este sentido, ahora más que nunca Haití necesita de la solidaridad internacionalista y del rechazo a cualquier injerencia e intervención neo-colonizadora.

Veamos algunos datos de la sufrida Haití, los altos índices de inflación y pobreza, la escasez de alimentos y combustible y un desempleo galopante son la radiografía más precisa de la situación en este pequeño país del Caribe con cerca de 11 millones de habitantes.

Datos preliminares de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hablan de que la economía haitiana cayó al menos 3% en 2020, aunque ya venía en terreno negativo antes de la pandemia con una contracción del 1,7% en 2019.

Padece así mismo, de una alta inflación del 25% anual y se cree que seis de cada diez personas son pobres, o sea unos 6,3 millones, según un informe del Banco Mundial basado en la encuesta de salud y servicios humanos de 2012, la más reciente disponible. El umbral de pobreza, según Naciones Unidas, es de menos de dos dólares al día.

“El 22% de los niños sufre desnutrición crónica. El hambre en Haití va más allá: de los 2,1 millones de personas afectadas por el huracán Mathew en octubre de 2016, un millón sigue necesitando ayuda humanitaria”, de acuerdo con un informe reciente de la ONG Acción Contra el Hambre.

Por otro lado, hoy y desde hace más de cien años, la ocupación norteamericana en Haití gestiona la muerte, el revanchismo colonial, y por ende también el olvido.

El imperialismo quiere una nueva constitución en el país para permitir a las transnacionales comprar tierras legal y abiertamente en Haití para controlar los recursos naturales del país. Se trata de un proyecto de muerte para el campesinado, un proyecto de saqueo definido en el plan de economía verde.

Y si como dicen, el Estado haitiano es “fallido”, es porque así EEUU, Francia y Canadá, potencias colonizadoras e interventoras, lo quisieron. Esa tesis (hiede a racismo), se vuelve a esgrimir para justificar más tropas invasoras. No debemos olvidar que Haití posee litio, tierras raras y titanio.

Recientemente, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití, ocurrido el pasado 7 de julio (2021), nuevamente se une a los episodios de escándalo, entre miseria social e inestabilidad política, que caracteriza a una república sin paz ni desarrollo.

Ante estos hechos, obligada a dar una respuesta más fuerte ante la crisis en Haití, la Casa Blanca insistió en los últimos días que “Estados Unidos continúa atento y envuelto en consultas estrechas” con sus socios “para apoyar al pueblo haitiano después del asesinato del presidente”.

El gobierno también dijo que enviará personal del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional a Puerto Príncipe “tan pronto como sea posible para evaluar la situación”, según informó la secretaria de Prensa, Jen Psaki. “Fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad de Haití es una prioridad clave de Estados Unidos. Lo era antes del asesinato de hace unos días y continúa siéndolo”, dijo.

La Casa Blanca también adelantó que enviará cinco millones de dólares para “fortalecer la capacidad de la Policía Nacional Haitiana para trabajar con las comunidades para resistir a las pandillas”. El envío de tropas, en un momento en que Biden está más concentrado en retirar las que estuvieron en Afganistán por dos décadas, por ahora no está previsto.

Ante tantos agravios al pueblo haitiano, la campaña internacional Stop silence Haití (Basta de Silencio en Haití), exige entre otros los siguientes puntos:

1). Respetar la soberanía de los haitianos y haitianas y denunciar toda injerencia;

2). Escuchar a los actores de la sociedad civil haitiana, que se han pronunciado pública y repetidamente en contra de la celebración de un referéndum y de unas elecciones que, en las condiciones actuales, no serán ni libres ni democráticas, y sólo podrán ser una trágica farsa, con el riesgo de conducir a la restauración de la dictadura;

3). Denunciar la ilegitimidad del referéndum y del proceso electoral, así como la ausencia de condiciones para la celebración de elecciones libres y democráticas;

4). Apoyar un proceso de transición demandado e implementado por los haitianos y haitianas, basado en la Constitución de 1987”.

Es importante sumarse a la campaña Stop silence Haití, como una forma de solidaridad internacionalista con el pueblo haitiano y por el fin de la injerencia imperialista-neocolonial en dicha nación.

Los sectores de izquierda y revolucionarios de nuestra América y el mundo deben expresar su apoyo internacionalista para que la voluntad del pueblo haitiano se escuche y se respete, como el primer paso, para poner fin a la opresión mayor ejercida por el capitalismo-imperialista y a favor de la liberación real mediante la construcción del socialismo en Latinoamérica y el mundo.

Así mismo, hoy, el pueblo haitiano nuevamente está luchando por sus derechos y en contra de la pretensión de los presidentes títeres colocados por Estados Unidos, de prolongar ilegalmente el ejercicio del poder, sustentado en la fuerza y la represión que llevan a cabo las organizaciones paramilitares creadas para reprimir las insurrecciones rebeldes.

Finalmente, en Nuestra América, las voces de justicia para Haití, deben multiplicarse y extenderse, para el fin de tantos años de opresión y el surgimiento de una nueva realidad para la primera nación latinoamericana revalidada al calor del deseo de independencia y soberanía. La esperanza de Haití es la misma que tienen todos los pueblos en el mundo.

La justa protesta de los cubanos desenmascaró la arrogancia imperial

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Con la arrogancia acostumbrada, tan propia de los emperadores romanos de la antigüedad, el ocupante de la Casa Blanca se deja decir que “Cuba es un Estado fallido que reprime a sus ciudadanos” (Diario La Nación, San José de Costa Rica, viernes 16 de julio de 2021, pág.23), lo que da a lugar a que -exteriorizando nuestros pensamientos- le preguntemos ¿si la isla mayor de las Antillas es un estado fallido?, entonces ¿qué son países como Guatemala, Honduras, Colombia, Paraguay, Haití, la semicolonia de Puerto Rico (a la que Donald Trump quiso desahuciar hace un par de años) y otras islas caribeñas, en las que la vida resulta insufrible?, cuando bien sabemos que son unas naciones o estados-nación que son incapaces de resolver las necesidades más elementales de la gran mayoría de sus habitantes, además de acudir, de manera sostenida, a la represión más cruenta y despiadada de la protesta social, tal y como ha venido sucediendo en los casos de Colombia, Ecuador, Honduras, Chile y la Bolivia de Áñez, la pobrecita aprendiz de dictadora, en fin unos países donde hay cientos de detenidos, innumerables desaparecidos, además de centenares de víctimas mortales.

En una muestra de lo que es la brutalidad imperial, el emperador o presidente Joe Biden, declaró: “También dejó claro que no prevé permitir el flujo de remesas, que podría aliviar la presión económica que contribuyó a la ira generalizada” (ibidem) con lo que no oculta la descarada intencionalidad de hacer capitular por hambre al pueblo y a la nación cubana, un acto de confesa criminalidad que los latinoamericanos dignos no podemos aceptar jamás, a condición de aceptar ser vasallos de ese imperio despiadado, ese que acabó con la democracia guatemalteca en 1954, la que jamás regresó a esa desdichada nación.

En realidad sucede que aún en el caso de que quisiera variar su política hacia Cuba, este gobierno estadounidense no se atreve a retomar el camino de Obama en relación con la isla, por temor a la ultraderecha cubana en el senado, donde los demócratas tienen una precaria mayoría.

La protesta está bien y es un derecho irrenunciable del pueblo cubano, el actual gobierno y cualquier otro debe atender las demandas más sentidas de la población, lo que espero es que los cubanos de a pie eviten caer en la trampa que les ponen desde el otro lado del estrecho de la Florida, pues la ultraderecha cubana no es democrática y sólo espera, siempre obediente a los mandatos imperiales, caer sobre los bienes existentes en la isla, además de conculcar los derechos políticos, y sociales de las grandes mayorías cubanas para crear un remedo de democracia, uno donde no cabrían ni la izquierda en el poder, pero tampoco las disidencias socialistas que fueron perseguidas otrora por la propia revolución, el imperio estaría abriendo el campo al neofascismo, cuidado mis queridos isleños, hijos de José Martí. Es necesaria la unidad y el debate abierto entre las diversas fuerzas y sectores revolucionarios, además de un diálogo franco y valiente con los jóvenes, pues me atrevo a decir que las nuevas generaciones tendrán que decir lo suyo (nunca en la historia, ha sido de otra manera), asumirlo y luchar por esas metas, con esas sensibilidades que les son inherentes a los jóvenes. Éstas son sólo son unas reflexiones en voz alta, no pretendo imponer nada, es al pueblo de Cuba a quien le corresponde decidir sin imposiciones genocidas, sin ese puñal en la garganta con el que hace más de medio siglo el imperio amenaza a la nación cubana.

Para rematar esta puesta en la escena surrealista continental, la que ha resultado ser digna de los trabajos más exquisitos de Luis Buñuel y de André Breton, en el Perú milenario, gemelo del Alto Perú o Bolivia, la derecha totalitaria del fujimorismo, y otros sectores todavía más fascistas, ha venido poniendo en ejecución una especie de golpe de estado en cámara lenta, de tal manera que cuando faltan apenas unos pocos días para la fecha en la que debe ser juramentado el nuevo presidente de ese país, todavía el Jurado Nacional de elecciones no ha proclamado al ganador, el que indiscutiblemente es el profesor Pedro Castillo, un mestizo quechuahablante, originario de Cajamarca, en la sierra centro-sur, un hijo del Perú Profundo, del otro país, ese que ha sido relegado durante doscientos años. No hay día en que el fascismo no saque las garras en el Perú, tratando de sembrar el pánico en las calles, y ha estado asediando la casa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, como no ha dejado de hacerlo en Bolivia la muy racista derecha cruceña, siempre con sus amenazas, y en el vecino Chile, donde una convención constituyente se prepara para refundar ese país. Estemos atentos, porque esto de Cuba en cuanto a Washington no pasa de ser una jugada geopolítica en una región como la nuestra, en la que están perdiendo el control, ya sabemos que ellos no exportan la democracia, si es que todavía la profesan, aunque sea sólo de la boca para afuera, y prefieren recetarnos el neofascismo, a la manera de la Keiko Fujimori o la Yanine Áñez, sin ningún respeto para los derechos de las gentes.

De La Habana nos han llegado voces inquietas y llamados a la sensatez, para que en medio de todas las adversidades, y las justificadas protestas de la población, se entable el diálogo y la búsqueda de soluciones efectivas a los problemas del diario vivir, pero también a los que plantea la gestión política de la sociedad.

Una de esas voces, dentro de un texto muy extenso, nos dice que: “Hay que quitarle dramatismo al asunto. Hay que darle su justo lugar. El tiempo dirá si la Revolución se repone de estas protestas y las que vengan, aprende las lecciones o sucumbe ante ellas. Deseo con todo mi corazón que la Revolución no se venga abajo. Si esto ocurre, Cuba se convertirá en Haití en cuestión de semanas o meses. No en Miami, como promete la gusanera (la ultraderecha de Miami, diría yo). Y para mi tristeza personal, mi barrio de Santa Fé se convertirá en un lugar insufriblemente pobre y violento, como todas las periferias de las ciudades latinoamericanas hoy en día… «