A la redacción de SURCOS llegó una propuesta para reactivar los comités patrióticos. El documento, suscrito por Pablo Hernández Arias en calidad de secretario ejecutivo del Partido Obrero Socialista, señala lo siguiente:
En vista de la amenaza a los derechos democráticos y a las libertades que representa la posibilidad que el Fundamentalismo Religioso se haga del Gobierno en la Segunda Ronda electoral con la candidatura de Fabricio Alvarado, hacemos un llamado a la reactivación de los Comités Patrióticos que en la lucha contra el TLC surgieron para enfrentar al Fundamentalismo Neoliberal. Ya la Juventud está organizando una Coalición Juvenil por Costa Rica y toca a las personas que no somos jóvenes sumarnos desde nuestro lugar y reformular o refundar las estructuras que horizontalmente surgieron en la lucha contra el TLC para continuar la lucha ahora por impedir que este movimiento reaccionario enemigo de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión , del carácter laico de la vida pública y enemigo de la educación científica y de los derechos humanos y sociales, gane esta segunda ronda. No se trata de apoyar al PAC ni a Carlos Alvarado. Se trata de la unidad del pueblo por una Costa Rica democrática y diversa y respetuosa de los derechos democráticos. Se trata de votar contra una variante neofascistoide con el NO PASARÁN. No llamar a votar por Carlos Alvarado sino votar por él para que no gane el oscurantismo, la barbarie y el fundamentalismo religioso.
El Partido Obrero Socialista POS se coloca al servicio de esta reorganización y cuenten con nuestra modesta pero sincera y consecuente disposición de luchar por esta causa.
Este breve artículo desnuda los verdaderos intereses ocultos de Fabricio Alvarado y Restauración Nacional.
Por Javier Calderón Castillo
La participación pública de pastores y seguidores de iglesias evangélicas o neopentecostales en los procesos electorales viene creciendo y haciendo sinergia en la ofensiva conservadora vivida en la región. Se han vuelto una parte activa, con diversos niveles de protagonismo, de las facciones de derechas en sus respectivos países. Participan en elecciones –con candidaturas propias o pautadas– utilizando su poder simbólico y retórico para vincular las creencias de la fe a la elección de ofertas políticas, canalizando la desesperanza social de la población/feligreses (en su mayoría pobre) y su enojo con los partidos políticos (que no les articulan, ni les dan respuestas) de tal manera que combinan el poder de convicción de la predestinación religiosa de la salvación pos-existencial al discurso político de un porvenir moralizador y bíblico como redención terrenal.
Según informes periodísticos, existen más de 19 mil iglesias neopentecostales en el continente, que organizan a más de cien millones de creyentes, es decir, una quinta parte de sus habitantes[1]. Estas cifras indican un desplazamiento de la Iglesia Católica, con sus distintas congregaciones, como estructuras mediadoras del poder simbólico de la fe de los latinoamericanos[2]. La estructura de la iglesia católica parece haber perdido el monopolio de la fe y poco a poco va dejando de ser el bastión de legitimación -de evasión o consulta- de las creencias y ofertas políticas[3] para la mayor parte de la población.
Los neopentecostales, sin embargo, no son los primeros grupos religiosos en participar abiertamente en política. En la segunda mitad del siglo pasado –desde 1947– se organizaron partidos políticos afiliados a la doctrina europea de la democracia cristiana, con muy diversas posturas políticas nacionales, llegando a ganar la presidencia en algunos países (Chile, República Dominicana, Colombia, Venezuela, entre otros) y teniendo ministros, senadores y diputados en todo el continente[4]. Aunque se trata de un proyecto en decadencia que en la actualidad no moviliza la fuerza política lograda en el siglo XX, este precedente establece –con algunas diferencias– un antecedente del “fenómeno” evangélico o neopentecostal.
Los rasgos distintivos de la participación política de los neopentecostales, pastores y sus iglesias, se pueden sintetizar en cuatro:
Posturas ultra-conservadoras en relación con la familia y restrictivas de las libertades sociales.
Abiertos defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo.
Gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses.
Despliegue mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales.
Antes de analizar esos rasgos de participación, veamos el mapeo de los partidos políticos evangelistas, sus alianzas y el porcentaje de adhesión de feligreses:
Partidos políticos evangélicos-neopentecostales
I
Los pastores neopentecostales se caracterizan por su capacidad de oratoria y el carisma sobre las multitudes. Se basan en las enseñanzas de las iglesias pentecostales norteamericanas fundadas a comienzos del siglo XX, de las cuales toman su doctrina religiosa centrada en la difusión y estudio del evangelio, en búsqueda del “avivamiento y encuentro con el espíritu santo como experiencia vital del pentecostal”[20]. Eso hace que los feligreses tengan una identidad y fuerte adhesión a su Iglesia de base, más que a una estructura lejana como el Vaticano. Critican a la Iglesia católica por tener como referente al Papa (al que llaman un falso profeta) y recurren a la polémica luterana sobre la popularización masiva de la lectura y el estudio de la Biblia[21]. Se puede decir que su desarrollo y expansión en Latinoamérica no es casual por la focalización en grupos indígenas y sectores excluidos, lo cual puede calificarse como una acción de inserción neocolonial.
En Brasil, donde reunen a cerca de 22 millones de militantes pentecostales, se han convertido en un partido político con influencia decisiva sobre los destinos de la nación[22]. Antes del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, Eduardo Cuhna lideró la bancada evangelista para impedir la concreción de normas a favor de derechos reproductivos de las mujeres y fue el líder del impeachment –juicio parlamentario- que terminó expulsando a la presidenta electa por voto popular[23].
Interpretan las escrituras biblícas como argumentos políticos en contra de procesos políticos progresistas. En Colombia jugaron un papel central en contra de ratificar el Acuerdo de Paz de La Habana en el plebiscito en 2016. Se han aliado con el senador y ex presidente Álvaro Uribe, quien tiene en sus listas al Congreso a pastores de la Iglesia del Avivamiento, Ríos de Vida, la Adventista y otras[24]. Los más de 10 millones de feligreses de 266 iglesias neopentecostales fueron convocados a votar por el NO, en contra del Acuerdo de Paz, porque supuestamente atentaba contra el concepto de familia. Una interpretación hecha a conveniencia y contraria al enfoque de género incluido en el acuerdo como transversal, que se refiere a la inclusión de las mujeres en la construcción de la paz, bastante alejado a cualquier otra consideración de orden moral o de estructuración de la organización familiar (cualquiera que sea)[25].
La agenda política de los grupos/partidos evangélicos en todo el continente parece ser similar al movimiento de “Tradición, Familia y Propiedad” surgido en los años 60 en el Cono Sur y vinculado a acciones a favor de las dictaduras[26]. Aunque este grupo fuera contrario al protestantismo, coinciden en su oposición conservadora a cualquier alteración del orden patriarcal de los roles de mujer y hombre, de cualquier aspecto sexual distinto a la reproducción y niegan cualquier idea liberal o progresista de la familia o las reformas para ampliar derechos y la democratización de la sociedad.
II
En general, la política a la que adhieren o promueven los pastores y las iglesias pentecostales es coincidente con el neoliberalismo, como lo expresan las iglesias evangelistas colombianas y centroamericanas, quienes fomentan la “ética protestante” ligada al libre comercio, al trabajador exitoso, ahorrador, constante y abnegado, donde “el éxito material aparece como una prueba de elección por Dios. Si un individuo gana mejor en su vida, estará tentado a asociar ese progreso a su Iglesia, y a involucrarse aún más”[27]. Otros pastores optan por posturas pragmáticas de derechas, como el actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, del Partido Republicano Brasileño y pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, quien acompañó al PT siendo Lula presidente y él senador -aunque retornó a su causa en contra de Dilma Rousseff y en la actualidad está apoyando al gobierno de Temer y sosteniendo posiciones neoliberales en la gestión de la alcaldía carioca[28]-.
También existen algunos grupos evangelistas que apoyan a gobiernos progresistas como en Nicaragua y en menor medida en El Salvador, manejando un discurso pragmático de funcionalidad con el gobierno o, como ocurrió en el proceso de formación y desarrollo de la democracia cristiana, sectores de la iglesia interpretan la función social de la iglesia de formas distintas a la neoliberal[29]. En general, por sus adhesiones o apoyos a partidos ultra conservadores como se observa en la Tabla 1, se puede afirmar que los evangelistas están más cerca del neoliberalismo que de la justicia social.
III
Sólo en Brasil, las autoridades fiscales reportan que las iglesias evangelistas movilizaron, en 2015, 25 mil millones de reales (7 mil millones de dólares), una astronómica cifra que le ha permitido un crecimiento exponencial a las iglesias, que manejan franquisias y sus propios templos en cualquier pueblo, ciudad o país del mundo. Las iglesias evengelicas o neopentecostales están expandiéndose de Brasil a todo el mundo, en especial a los países de Latinoamérica y África[30].
En Colombia tienen reportados activos por 5 mil millones de dólares[31]. En los demás países no se conocen los montos que manejan los miles de pastores y sus iglesias, aunque se especula que es un “gran negocio de la fe”, una relación económica que no está regulada en algunos países, donde no pagan impuestos, ni los pastores están auditados por entidades del Estado que certifiquen ingresos y egresos, tipo de gastos y destinación de las ganancias[32]. También cada feligres ayuda como predicador de la iglesia al desarrollar las campañas políticas, sin mediaciones clientelares y autofinanciados.
De acuerdo a lo reportado en Brasil y Colombia, los ingresos económicos de las iglesias evangelistas en los demás países de Latinoamérica son altos, y al no ser auditados pueden destinarse a apoyar partidos políticos, o las propias candidaturas de los pastores. Una ventaja singular en la política latinoamericana, donde las campañas electorales son cada vez más profesionales y más costosas[33]. Podríamos estar ante un escándalo de la misma magnitud que el de Odebrecht.
IV
Las iglesias evangelistas también tienen una enorme red de emisoras de radio y canales de televisión. Algunos pastores justifican estas inversiones porque es la manera de llegar al creciente número de feligreses, “ya no pueden atender a tantos de forma presencial”[34], lo cual acrecienta el poder simbólico a desplegar por dichas organizaciones basadas en la fe. Al tiempo que son la forma de exposición mediática/política que genera una ventaja sobre los demás candidatos.
En Brasil, estas iglesias están apoyadas por la cadena Rede Records, de propiedad del Pastor Eder Mecedo, un potentado y multimillonario evangelista quien dice haber vendido más de 10 millones de copias de 34 libros, escritos sobre distintas temáticas, ayudado por sus feligreses que están repartidos en 147 países del mundo en la Iglesia Universal del Reino de Dios[35], la misma del actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Cravella. Un sistema copiado por todas las iglesias evangélicas del continente y con una capacidad de generar mensajes culturales muy fuertes, construyendo no sólo una ética pentecostal económica y moral, sino una estética ligada a la fe, la política y la predicación del evangelio.
Estos rasgos distintivos de las iglesias evangélicas son tan sólo la puerta de entrada para conocer un fenómeno que congrega multitudes en búsqueda de redención moral y la refrendación del mito de la predestinación, que está haciendo tránsito de forma creciente a la política, buscando integrar en el Estado los preceptos y verdades bíblicas que se pensaban superadas por la conquista del laicismo estatal. Son actores políticos emergentes, con una fuerza de cohesión sobre sus feligreses/votantes, que logran desequilibrar elecciones y son apetecidos por todas las formaciones políticas que coinciden con sus postulados religiosos y conservadores.
Como madre y Pediatra leí las 70 páginas del “Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral Educación Diversificada” del MEP, y me di a la tarea de hacer un resumen/análisis de los puntos relevantes en el documento, el cual les presento a continuación. Es importante aclarar, que la guía es un documento para el docente, de manera que NO es lo que le llegará al estudiante sino un manual de los temas y las actividades a desarrollar en clase. De hecho, las primeras 30 páginas hablan de antecedentes y aspectos meramente pedagógicos.
Sí contienen:
– El amor como parte fundamental de las relaciones afectivas (sexuales y no). El respeto por las creencias personales y de los otros. Énfasis en que las RsSx implican responsabilidad personal y mutua y que tienen el fin de generar placer y bienestar para ambas partes. Derecho a decir que no y que sea respetado (pág 32).
– Equidad entre hombres y mujeres en materia de derechos generales (pág 39) Igualdad de derechos para personas con discapacidad o LGTBI (pág 41).
– Identificación de relaciones abusivas o violentas (no solo sentimentales). Reconocimiento del daño emocional que genera el abuso sexual en todas sus formas (pág 44).
– Identificación de los procedimientos de denuncia y protección ante abuso sexual en todas sus formas, dentro y fuera del colegio.
– Conocimiento en derechos: sexuales y reproductivos, educación sexual, acceso a información científica, anticoncepción, igualdad, autonomía, a una vida libre de violencia, libertad de opinión, etc (pág 47).
– Identificación de las responsabilidades del Estado en sus diferentes Poderes, Ministerios e Instituciones en cumplimiento de derechos sexuales y reproductivos (pág 48).
– Historia y mecanismos para el cumplimiento y ejercicio pleno de derechos ciudadanos sexuales y reproductivos, y derechos humanos en general. Respeto y defensa de los derechos ajenos (pág 52).
– Productos finales que puedan ser compartidos con el resto de la comunidad estudiantil del colegio, en materia de prevención de violencia y respeto de derechos.
– Bibliografía nacional, con documentos elaborados por diferentes Instituciones y Ministerios. Bibliografía extranjera de organismos internacionales (OPS, UNESCO) e investigadores sobre el tema.
– Nombre y calidades de los profesionales involucrados en la elaboración del documento.
– En el glosario se incluyen entre otras cosas las definiciones de: autoerotismo y masturbación (pág 59), diversidad sexual (pág 63), erotismo (pág 64), expresiones de género (pág 64), género (64), heteronormatividad (65), identidad de género (65), orientación sexual (65), prácticas o comportamientos sexuales (66).
Constaté que NO incluye:
– No hay planes, actividades o productos que involucren estudiantes de primaria. El contenido y los proyectos son exclusivamente para alumnos de 10mo año.
– Ninguna mención a que derecho sexual y reproductivo sea sinónimo de homosexualidad, enfoque exclusivo en métodos anticonceptivos o libertinaje sexual.
– Ningún tema incluye actividades específicas relacionadas con tipos y uso de métodos anticonceptivos, ni en la teoría ni en la práctica. Responsabiliza a la CCSS en esta materia, como ente prestador de servicios de salud. Aquí un comentario: en realidad esto sí está así contemplado en el Programa de Atención Integral al Adolescente de la CCSS. (documento también público).
– Ningún tipo de material gráfico o audiovisual de contenido sexual explícito, ni hetero ni homosexual. En realidad no incluye materiales de ningún tipo para el uso del estudiante. Algunas actividades requieren el uso de materiales elaborados por el docente o los alumnos, pero no son de contenido sexual gráfico.
– Ningún tipo de actividad que fomente o requiera de masturbación o autoerotismo, ni tampoco de tocamientos a otros.
– Ninguna referencia al aborto. De hecho la palabra “aborto” no aparece ni una sola vez en el documento (verificado con la herramienta de búsqueda).
– Ninguna actividad es específica para desarrollar en clase el tema de diversidad de género. Tampoco para el desarrollo del tema de «prácticas y comportamientos sexuales».
– Ninguna referencia sobre matrimonio (hetero ni homosexual). Tampoco se menciona la palabra “matrimonio” en todo el documento.
– No incluye datos nacionales sobre la edad de inicio de las RsSx, embarazo adolescente, ETS y VIH en población adolescente. Este punto, para mí, es una carencia sensible, porque ubica al lector y al usuario en la realidad nacional y los riesgos que la población está enfrentando.
– En mi búsqueda en internet no encontré noticias o documentos, fidedignos o no, que relacionen al Dr. Douglas Kirby con algún caso de pedofilia. De toda la bibliografía (35 documentos) únicamente dos son de autoría de este doctor, quien, por lo que pude encontrar, fue un investigador internacional reconocido en temas de salud sexual y reproductiva. Esto lo hice porque en un comentario en Facebook alguien cuestionó el uso de documentos del Dr. Kirby como material de referencia.
De todo lo anterior ya saqué mis propias conclusiones y mi decisión. Bienvenido quien quiera aportar las suyas
Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminará sus fallos este 2 de febrero del 2018 resolviendo todas las controversias sometidas a su conocimiento existentes entre Costa Rica y Nicaragua
Corte Internacional de Justicia. Fotografía: Semanario Universidad.
Este viernes 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer su fallo sobre la última demanda presentada por Costa Rica contra Nicaragua, relacionada con una carpa militar de Nicaragua ubicada en la playa adyacente a la Laguna de Isla Portillos (véase comunicado en francés y en inglés ). Se trata de un asunto denominado oficialmente por la CIJ «Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua)».
Adicionalmente, este mismo 2 de febrero se dictará sentencia en el caso de:
la fijación del monto compensatorio a Costa Rica por el daño ambiental causado en el 2010 por Nicaragua en Isla Portillos, solicitado por Costa Rica en el 2016 (véase comunicado en francés y en inglés). El caso de la ocupación de Isla Portillos fue oficialmente denominado por la CIJ «Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)»;
la delimitación marítima en ambos océanos, en respuesta a una demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua en febrero del 2014 (véase comunicado en francés y en inglés). Este caso se denomina oficialmente por parte de la CIJ: «Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua)».
En el caso de la primera controversia, se trata de una demanda presentada por Costa Rica el 16 de enero del 2017, solicitando al juez internacional ordenarle a Nicaragua el retiro de una carpa plástica de militares que apareció en la playa ubicada frente a la Laguna de Portillos (véase texto de la demanda interpuesta en La Hayacomo tal, en pp.12-13 con fotos satelitales).
En relación con esta demanda por la carpa militar de Nicaragua, en una ordenanza del 2 de febrero del 2017, la CIJ fijó los plazos de presentación de escritos extremadamente breves de un mes para Costa Rica y de un mes y medio para Nicaragua (véase texto de la ordenanza). El juez internacional accedió además, a solicitud de Costa Rica, a unir esta inusual demanda con aquella en materia de delimitación marítima, interpuesta en febrero del 2014 por Costa Rica.
I. Algunas consideraciones previas
Antes de entrar a analizar en las líneas que siguen los alcances de estas demandas, procederemos a recapitular la secuencia de demandas entre ambos Estados en los últimos años con algunas breves explicaciones. Ello con el fin de familiarizar un poco a nuestro estimable lector con el clima que se vive dentro del aparato estatal de ambos Estados, en el que pareciera que conceptos como «consulta»,»diálogo», «mediación», «negociación», «racionalidad» o «sensatez», se desvanecen cuando se trata del Estado vecino:
La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2010
En noviembre del 2010, Costa Rica demandó a Nicaragua (véase texto de la demanda) por la ocupación ilegal de su territorio en el sector conocido como «Isla Portillos» y por los daños causados por el dragado del Río San Juan emprendido por Nicaragua. Cabe precisar al lector poco familiarizado con la geografía de la zona fronteriza de Costa Rica que «Isla Portillos» corresponde al extremo Norte de una masa terrestre denominada «Isla Calero», de unos 159 Km2. El sector conocido como «Isla Portillos» representa en superficie alrededor de 1,7 Km2. Es de notar que pese al uso de la palabra «isla» en ambos casos, ninguna de estas dos regiones califica como tal, al situarse dentro del territorio correspondiente a la costa costarricense en el Caribe.
Mapa de la zona conocida como «Isla Calero», correspondiente al delta del río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. En el círculo rojo dibujado por el autor se muestra la zona conocida como «Isla Portillos». (Figura facilitada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Profesor de la Escuela Centroamericana de Geología, UCR).
Como lo puede apreciar visualmente nuestro lector, declarar que «Nicaragua ocupa Isla Portillos ilegalmente» no es igual a declarar que «Nicaragua ocupa Isla Calero ilegalmente», dada la diferencia de superficie entre ambos. El uso de las palabras «invasión» o «agresión» en vez de «ocupación ilegal» o «incursión» (de carácter estrictamente semántico para algunos, y como tal de relevancia relativa), tampoco es anodino. En agosto del 2013, un funcionario-consultor de la cancillería de Costa Rica reconoció, en una de las primeras preguntas realizadas por la periodista Natalia Rodríguez Mata, conductora del programa Sobre la Mesa de Canal 15 UCR, la diferencia existente entre estos diversos términos: admitió públicamente que, desde el punto de vista jurídico, “agresión “e “invasión “no aplicaban a la situación acaecida en Isla Portillos (Nota 1).
Este y otros sutiles juegos del lenguaje llevaron en el 2016 a académicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) a analizar cómo el discurso de las autoridades de Costa Rica en el período 2010-2014 tendió a sobredimensionar la controversia con Nicaragua (véase nota oficial del portal de la UCR titulada «Analizan política exterior con Nicaragua desde la perspectiva legal y social. Especialistas cuestionan sobredimensión de conflicto limítrofe»).
Como bien se recordará, la ubicación del encargado del dragado del Río San Juan en Nicaragua, Edén Pastora, se debió a un error de la empresa Google Earth, puesto que los mapas cartográficos oficiales de Costa Rica y de Nicaragua coincidían (al menos hasta el 2011) en ubicar «Isla Portillos» bajo la jurisdicción de Costa Rica. En esta nota de La Nación del 4.11.2010 se puede leer “Vea la foto satelital de Google y ahí se ve la frontera. En los últimos 3.000 metros las dos márgenes son de Nicaragua”.
Toma satelital.
Recurrir a mapas equivocados de Google, teniendo a disposición mapas cartográficos oficiales coincidentes, constituye un hecho inusitado, y el «Comandante 0» (nombre de guerra de Edén Pastora en los años 80) es, sin lugar a dudas, partidario de lo inusual.
Mapa del último sector de la frontera terrestre entre Costa Rica y Nicaragua de Google Earth, usado por Edén Pastora para ubicarse en Isla Portillos en octubre del 2010. A la izquierda, mapa usado que contiene un error; a la derecha, el mapa rectificado por Google Earth a inicios de noviembre del 2010 (ver nota de La Nación titulada «Google reconoce error en mapa que traza límites en sector de isla Calero»). La imagen es extraída del artículo de prensa titulado «Google se desmarca del conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica».
Pese a los esfuerzos de los asesores legales internacionales, contratados por Nicaragua ante la CIJ entre el 2010 y el 2015, la ocurrencia de Edén Pastora no surtió efectos. En su fallo del 16 de diciembre del 2015, la CIJ ordenó a Nicaragua retirarse del sector conocido como «Isla Portillos», al ser declarado por los jueces territorio costarricense (véase texto de la sentencia, párrafos 92-93).
La demanda de Nicaragua contra Costa Rica del 2011
En diciembre del 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» por parte de Costa Rica, iniciada a mediados del mismo año (véase texto de la demanda). Se trata de una ruta de unos 154 kilometros que bordea la frontera fluvial y parte de la frontera terrestre, sin que se entienda muy bien hasta la fecha qué relación puede guardar con el lugar en el que incursionó de forma ilegal Nicaragua en «Isla Portillos». Además, el punto de inicio de esta ruta en Puesto Delta dista de unos 25 kilómetros del sector de «Isla Portillos». Construir una ruta paralela a la frontera de más 150 kilómetros entre Los Chiles y Puesto Delta so pretexto que permite a Costa Rica «defenderse» y vigilar lo que ocurre en Isla Portillos se mantiene como una idea profundamente original. Bautizarla oficialmente como «Ruta 1856 Juan Rafael Mora Fernández» para enfatizar la importancia que le otorga Costa Rica en la defensa de su soberanía no resuelve mayormente el problema de su originalidad.
Tal y como lo indicamos en un medio de prensa en Costa Rica en diciembre del 2015 (véase artículo publicado en La Extra), la transitabilidad de un trazado de 154 kilómetros en una zona tropical presenta desafíos que no se dieron en el caso de otras fronteras en el mundo, acordonadas con una ruta paralela a la línea divisoria (entre otras, las fronteras de Israel y un segmento de la frontera entre Estados Unidos y México):
«esta ruta se ubica en el trópico húmedo, lo cual requiere un ejercicio mayor en cuanto a su construcción y mantenimiento, sin que quede muy claro cuál es la “contención” a la que se quiere proceder por parte de Costa Rica. Algunos de sus promotores han afirmado que permite “defender” a Costa Rica, sin que se tenga tampoco claridad de cómo una ruta paralela a un río (que además se desborda en ciertas épocas del año) permita cumplir con este objetivo. Finalmente, de optar por mantener esta idea, esta ruta debería garantizarle continuidad a sus usuarios, con puentes sobre el Río Sarapiquí, el Río San Carlos, el Río Frío, que conllevan un esfuerzo ingenieril debido a las características muy propias de estos ríos en cuanto a caudal (similares al Río Parrita en la vertiente Pacífico) sin contar innumerables quebradas, humedales y muchos otros cuerpos de agua que desembocan en el San Juan«.
Lo más notorio es que, a la fecha en que se redactan estas líneas (enero del 2018), la «trocha fronteriza» persiste como una verdadera criatura sin padre:
– en enero del 2013, en un artículo de opinión, el entonces Ministro de Seguridad, José María Tijerino Picado, rechazó haber sugerido la construcción de la “trocha” (véase texto);
A finales del 2015, tuvimos la oportunidad de preguntar ante cámaras a un ex alto funcionario de la administración 2010-2014 quién fue, dentro del gabinete, el que sugirió la «trocha». En su respuesta, Carlos Roverssi Rojas (en un primer momento designado como Vice Canciller en el período mayo 2010-junio 2013 y a partir de junio del 2013, Ministro de Comunicación) indicó simple y llanamente que: «los responsables de la trocha somos todos y Costa Rica en general» (sic.) (Nota 2).
En mayo del 2016, un interesante artículo de CRHoy se tituló con una pregunta cuya vigencia, pese a la sencillez de la respuesta dada por Carlos Roverssi, persiste a la fecha: «Caso de la trocha: ¿y los responsables?».
Pese a los esfuerzos de los asesores legales internacionales contratados por Costa Rica ante la CIJ entre el 2011 y el 2015, la ocurrente idea de alguien en alguna oficina gubernamental en Costa Rica no convenció mayormente a los jueces en La Haya. El fallo de la CIJ de diciembre del 2015 contiene un párrafo en el que la CIJ desdice a Costa Rica sobre la pretendida «situación de emergencia» para justificar la construcción, en condiciones tan peculiares, de la denominada «trocha».
En efecto, en el párrafo 158 de su sentencia (véase texto) del 16 de diciembre del 2015, se lee que para la CIJ:
“… la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le Costa Rica n’a pas démontré l’existence d’une urgence justifiant de construire la route sans entreprendre d’évaluation de l’impact sur l’environnement. En effet, l’exécution des travaux était prévue dès le départ pour durer plusieurs années, ce qui s’est confirmé par la suite. De plus, lorsque le Costa Rica a entrepris la construction de la route, la situation dont le territoire litigieux était le théâtre avait déjà été portée devant la Cour, laquelle a, peu de temps après, indiqué des mesures conservatoires».
Mapa de la denominada «trocha fronteriza» y de las rutas de acceso al río San Juan habilitadas por Costa Rica en respuesta a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua, calificada como una «agresión» e «invasión» por parte de las autoridades de Costa Rica en el 2010. Documento oficial presentado en Casa Presidencial en Costa Rica.
En caso de alguna duda de nuestros estimables lectores, reproducimos la versión en inglés del mismo extracto del párrafo 158 de la sentencia de la CIJ:
«the Court considers that, in the circumstances of this case, Costa Rica has not shown the existence of an emergency that justified constructing the road without undertaking an environmental impact assessment. In fact, completion of the project was going to take, and is indeed taking, several years. In addition, when Costa Rica embarked upon the construction of the road, the situation in the disputed territory was before the Court, which shortly thereafter issued provisional measures».
La condena a Costa Rica por no haber realizado los estudios sobre el impacto ambiental al construir la ruta paralela fue unánime y ninguno de los jueces se mostró receptivo a algunos de los alegatos de Costa Rica relacionados con la supuesta «emergencia» (véase párrafo 229 del Por tanto de la decisión, inciso 6).
La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2014
En febrero del 2014, Costa Rica demandó a Nicaragua por el tema de la delimitación marítima, pidiendo al juez internacional determinar la frontera marítima en ambos océanos (véase texto de la demanda, la cual viene sin mapas que pudiesen ilustrar las pretensiones exactas de Costa Rica). Esta demanda se presentó de forma sorpresiva, al no haber mayor tensión con Nicaragua registrada en febrero del 2014 en este ámbito preciso. Además, es de notar que fue presentada pocas semanas después de celebrarse la primera vuelta electoral en Costa Rica.
En mayo del 2016, ante las coordenadas muy distantes dadas por cada uno de los dos Estados en relación con el inicio de la frontera terrestre en Punta Castilla, en el Caribe, el cual fue fijado en 1897, la CIJ ordenó un peritaje, y dos expertos nombrados por la CIJ realizaron varias visitas in situ en aras de ofrecerle mayor claridad a la CIJ a la hora de ubicar este punto. Ambos rindieron su informe en abril del 2017 (véase texto en francés y en inglés en el que, en la página 45, figuran los puntos propuestos por cada Estado). En junio del 2017, ambos expertos contestaron a algunas dudas que tenía Costa Rica sobre sus conclusiones (véase texto de su respuesta a Costa Rica).
La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2017
En enero del 2017 Costa Rica demandó a Nicaragua por el campamento militar localizado en la playa frente a la Laguna de Portillos, que detallaremos a continuación.
II. Una carpa militar sola frente al mar
Un lector acostumbrado a revisar el tipo de asuntos que terminan en La Haya podría mostrarse un tanto perplejo ante una demanda presentada por un Estado contra otro en razón de la colocación de una carpa militar ubicada en una playa. Observando el carácter rudimentario de la carpa plástica colocada, la perplejidad puede ser mayor y esperamos que las líneas anteriores lo ayuden a mantenerla a niveles aceptables. Para que el lector pueda conocer el breve cruce de notas entre ambos Estados acaecido a finales del 2016, lo remitimos a nuestra nota publicada en Pressenza, titulada «Campamento militar en la playa: Costa Rica presenta nueva demanda contra Nicaragua ante la CIJ«, que incluye algunas tomas aéreas y fotos satelitales.
Es de notar que el banco de arena que se forma naturalmente frente a la Laguna de Portillos (y que la protege del mar) en la que se ubicó la carpa militar colocada por Nicaragua es considerado en todos los mapas oficiales de Costa Rica (al menos hasta diciembre del 2015) como perteneciente a … Nicaragua. En efecto, en su último segmento, la línea fronteriza sigue el contorno del borde de la Laguna de Portillos, tal y como se observa en los mapas del mismo Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Costa Rica, iniciando en Punta Castilla.
Mapa cartográfico publicado por el Instituto Geográfico Nacional o IGN (Costa Rica) en el que se detalla cómo la frontera bordea la Laguna de Portillos (Mapa “Punta Castilla” 3448-II, 1:50.000).
Al haber ordenado la CIJ a Nicaragua retirarse del sector conocido como Isla Portillos en su decisión de diciembre del 2015, aquella resolución no ahondó sobre la pertenencia de este playón (que protege la Laguna de Portillos de la erosión marina) a uno u otro Estado. En una de sus ordenanzas, la CIJ pareciera haber incluido la playa en la expresión «territorio en disputa», al menos esto es lo que interpreta Costa Rica en su demanda del 2017. El alegar que el fallo de diciembre del 2015 modificó la situación anterior y le adjudicó esta playa a Costa Rica es la tarea a la que se abocaron los asesores internacionales contratados por Costa Rica ante el juez internacional. Este 2 de febrero, se podrá apreciar cuán convincentes fueron y cuán sólidos fueron sus argumentos.
III. La última controversia de dos fallos aún pendientes de resolución entre ambos Estados
Este mismo 2 de febrero del 2018, la CIJ determinará también, en un fallo distinto para cada asunto, dos cuestiones pendientes de resolución entre ambos Estados:
– A.) La compensación por daño ambiental. El juez internacional deberá fijar el monto exacto de la compensación por el daño ambiental ocasionado por Nicaragua en el sector de Isla Portillos a partir de octubre del 2010 y luego en setiembre del 2013 con la apertura de dos nuevos «caños» (véase nota sobre anuncio de la CIJ). Se trata de un aspecto irresuelto entre ambos Estados, en el que destaca la peculiar manera de «negociar» un monto indemnizatorio. Anunciar públicamente un monto, sin previa consulta, constituye sin lugar a dudas una verdadera novedad para los entendidos en técnicas de negociación internacional. Sobre el particular y otros detalles de interés, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro artículo publicado en el OPALC (Sciences-Po, Paris), titulado: «Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes«).
Nótese que al anunciar el monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016, Costa Rica reconoció que la metodología usada para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos no proviene de una entidad del Estado, sino de una entidad privada costarricense.
El monto que asigne la CIJ dependerá de la metodología usada por cada uno de los dos Estados para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos, al materializar una cifra a partir de un desglose del daño ocasionado y valores asignados, por ejemplo, a la tala de árboles, entre muchos otros rubros. Desde este punto de vista, y sin tal vez proponérselo, la escogencia oficial de una metodología que hayan hecho Costa Rica por su parte y Nicaragua por su lado en sus respectivos alegatos escritos, puede resultar de interés para efectos internos, y en particular para los sectores ecologistas de ambos Estados (Nota 3).
– B.) La frontera marítima entre Costa Rica y Nicaragua. En otra sentencia, el juez internacional determinará la frontera marítima entre los dos Estados en ambas costas, en respuesta a la solicitud que interpuso Costa Rica en febrero del 2014 (véase nota nuestra al respecto). Este último procedimiento contencioso fue unido por la CIJ con el de la carpa militar del 2017.
En relación con los plazos para la presentación de escritos, en su ordenanza de abril del 2014 (véase texto), la CIJ fijó este plazo a 10 meses (Costa Rica habiendo solicitado un plazo de 6 meses y Nicaragua uno de 12 meses).
Las audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua en relación con la delimitación marítima tuvieron lugar en julio del 2017 en La Haya, durante las cuales cada Estado presentó a los jueces las líneas que pretende (véase breve nota nuestra al respecto).
Concluidas las audiencias orales en La Haya, se abrió la etapa del «délibéré» de la CIJ: en este caso, las deliberaciones internas entre los jueces duraron 6 meses. Tratándose de dos costas a delimitar, este plazo resulta inusualmente corto, en particular si lo comparamos con los 13 meses que debieron de esperar pacientemente Perú y Chile en el 2014 para escuchar la lectura del fallo de la CIJ sobre su frontera marítima (véase breve nota nuestra al respecto en la que se intentan dar algunas razones que puedan explicar plazos tan largos del debate colegial interno a la CIJ).
Al recordar la discusión originada entre Perú y Chile en el 2015 cuando no se coincidió en el inicio de la frontera marítima con el punto terminal de la frontera terrestre en la sentencia de la CIJ (véase foto satelital y triangulación objetada por Chile en esta nota de Elpais.cr), sería al respecto deseable que, en la decisión que rinda el juez internacional, el punto de inicio de la frontera marítima en el Caribe coincidiera con el punto terminal de la frontera en la playa entre Costa Rica y Nicaragua.
Otro punto de discordia potencial que sería (también) deseable que la CIJ resolviera en el texto de su sentencia, es la pertenencia de Isla Bolaños a Costa Rica, en el Océano Pacífico: se trata de una isla (esta sí es una isla que califica como tal, rodeada de agua salada) ubicada en una bahía común a ambos Estados, la bahía de Salinas. El tratado de límites de 1858, siempre vigente, establece que ambos Estados ejercen de forma conjunta su soberanía en esta bahía (así como en la Bahía de San Juan del Norte en el Caribe). ¿Cuál es el régimen de esta isla? Se trata de un tema que tensó a la opinión pública en Costa Rica en julio del 2016 al publicarse en la prensa de Costa Rica una de las pretensiones de Nicaragua, contenida en sus alegatos escritos sobre esta isla (remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota al respecto). No es la primera vez que se filtran a la prensa costarricense documentos que, en apego a las estrictas reglas de confidencialidad de la CIJ, no debieran de circular más que entre el juez y las partes (Nota 4).
La controversia sobre la Isla Bolaños y la coincidencia antes referida del punto inicial de la frontera marítima son algunos aspectos que ojalá se resuelvan en el texto de la sentencia, a ser leída este 2 de febrero. Para ello, ambos Estados debieron de haberlo solicitado en sus conclusiones finales a los jueces. De no haberlo hecho, darían pie para nuevas discusiones entre dos Estados que parecieran tener como única agenda bilateral, el de remitir sus controversias al juez en La Haya.
En relación con el monto por compensación en materia ambiental, Costa Rica anunció unilateralmente un monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016 (véase nota de prensa), y a la fecha se desconoce cuál fue el monto ofertado por Nicaragua que se haya plasmado en un documento oficial. El conocerlo permitiría estimar la distancia existente entre ambos montos. Es muy probable que la CIJ en su decisión busque un término medio entre el monto solicitado por Costa Rica y el monto ofertado por Nicaragua (el cual deberá aparecer en alguna parte de la sentencia a leerse): se trata de un recurso al que recurre a menudo el juez internacional en aras de permitir a ambos Estados salir bien librados ante sus respectivas opiniones públicas, algo así como «partir el ayote por la mitad», concepto familiar en Costa Rica para quiénes son llamados a impartir justicia y que, agradecemos desde ya a nuestros atentos lectores indicarnos si la misma expresión es también usada en Nicaragua.
Este 2 de febrero: un día inédito para la justicia internacional
Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia que la CIJ convoca a dos Estados para leerles su decisión en tres asuntos distintos, intentando enviar tal vez con esta larga jornada en perspectiva, un mensaje a ambos ribereños del río San Juan.
Al tratarse de tres asuntos distintos, el poner en relieve los asuntos en los que la otra parte quedó desfavorecida y en el que se salió favorecido debería permitir a ambos Estados salir airosos ante la opinión pública nacional e internacional este 2 de febrero.
En el preciso caso de Costa Rica y de Nicaragua, tanto en el caso del fallo de julio del 2009 (sobre derechos de navegación) como en el de diciembre del 2015 sobre Isla Portillos y la denominada «trocha fronteriza» (dos casos unidos en un solo procedimiento contencioso a solicitud de Nicaragua), mañaneros cantos de sirena se dejaron oir de ambos lados del río San Juan.
Es de notar que, en el caso de la sentencia de julio del 2009 de la CIJ, Nicaragua obtuvo de la CIJ un reconocimiento a su potestad para reglamentar la navegación y Costa Rica una prohibición absoluta hecha a sus fuerzas policiales de navegar: véase párrafo 156, en particular incisos 1)h y 1)i adoptados ambos por unanimidad de la decisión del 2009). El hecho de que, siendo titular de una competencia en materia de vigilancia fluvial reconocida en un tratado vigente desde 1858, un Estado presente una demanda y regrese de La Haya con una sentencia negándole ejercerla es poco casual y, como mínimo, merece mención. Un año después de leída la sentencia, Costa Rica enfrentaría, en el 2010, enormes dificultades para vigilar lo que ocurría en el último segmento de su frontera fluvial con funcionarios de Nicaragua utilizando mapas erróneos de Google Earth para ubicarse.
IV. La última demanda presentada en el 2017: una nueva marca para la CIJ en medio de una nebulosa
Al haber sido presentada por Costa Rica en enero del 2017, esta demanda por la presencia de una carpa militar de Nicaragua en esta playa del Caribe constituye el primer caso contencioso resuelto en un solo año por la CIJ en toda su historia: en efecto, por cada demanda contenciosa, los Estados deben prepararse a por lo menos cuatro años de procedimiento como mínimo, y a sufragar los gastos que supone su defensa, los cuales oscilan de 5 a 9 millones de US$ para cada Estado y para cada demanda.
Los gastos que implica una demanda en La Haya constituyen un ámbito sobre el que los Estados se muestran usualmente discretos, y la prensa, poco curiosa (salvo muy contadas excepciones).
Entre datos recientes hechos públicos en América Latina, Chile se vió forzado a reconocer públicamente que, para enfrentar la demanda peruana ante la CIJ, gastó más de 20 millones de US$.
En Costa Rica, en junio del 2015, se leyó en la prensa que: “ A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales” (véase nota de CRHoy): un dato verdaderamente curioso que despierta algunas interrogantes y que nos ha parecido oportuno mencionar (y que habría tal vez que dar a conocer – discretamente – a los que velan por la buena salud de la hacienda pública chilena).
Pese a algunos montos dados a conocer en Costa Rica y en Nicaragua de manera un tanto esporádica sobre el costo asumido por cada Estado en su defensa, no ha circulado ningún documento oficial en el que se incluyan los diversos rubros (que van más allá de los únicos honorarios devengados por los asesores internacionales contratados por cada Estado). Los honorarios de abogados internacionales representan una parte, más no la totalidad de los gastos de una demanda en La Haya: estos incluyen otros rubros tales como viajes, viáticos, estudios técnicos, honorarios de peritos, historiadores, cartógrafos, imágenes satelitales, viáticos en La Haya, sueldos de funcionarios nacionales dedicados a tiempo completo o casi durante largos años, sueldos de consultores nacionales, reuniones de trabajo en el exterior, elaboración, revisión y traducción de documentos, entre muchos otros.
Como se indicó anteriormente, cada demanda contenciosa supone para los Estados cuatro años como mínimo de procedimientos en La Haya, con excepción de la «demanda por la carpa» a la que aludimos, y que constituirá la demanda objeto de la resolución más expedita en toda la historia de la CIJ.
Sobre algunos datos arrojados en Costa Rica y en Nicaragua, así como en otros Estados (en los que la prensa se muestra mucho más interesada por el costo económico del litigio en La Haya), remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota publicada en CIARglobal titulada «Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ» (véase en particular la sección «El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura»).
V. A modo de conclusión
No cabe duda de que en los últimos años, Costa Rica y Nicaragua han protagonizado un espectáculo raramente visto en el ámbito internacional. La respuesta del juez internacional a la demanda por la carpa militar edificada en la playa que protege la Laguna de Portillos del mar vendrá a concluir una secuencia ininterrumpida de demandas entre ambos Estados desde el mes de noviembre del 2010. El observar que en seis años y dos meses, dos Estados puedan llegar a presentar cuatro demandas entre ambos (de las cuales tres planteadas por Costa Rica) constituye un hecho insólito en los anales de la justicia internacional de La Haya.
Las comunidades fronterizas en ambos Estados – que comparten la misma pobreza y falta de oportunidades, como muchas de las comunidades fronterizas en América Latina – son las más afectadas por estas repetitivas, recurrentes y largas justas en sede judicial internacional, así como la comunidad nicaragüense en Costa Rica y la comunidad costarricense en Nicaragua: estas, y muchas familias con miembros pertenecientes a ambos Estados, esperan ansiosas desde hace muchos años que sus respectivas capitales inviertan su tiempo y sus recursos (que se dice son escasos), en iniciativas conjuntas que permitan mejorar sustancialmente las relaciones entre ambos Estados, y por ende, relanzar la agenda binacional y la cooperación entre sus necesitadas regiones fronterizas.
Esperemos que una vez leída la sentencia en el caso de la carpa militar y en los dos asuntos que también se dilucidarán este 2 de febrero, ambos Estados mantengan la mesura y la prudencia en sus respectivas declaraciones oficiales, en aras de reencausar paulatinamente sus deterioradas relaciones hacia aguas menos tormentosas: su cargada y compleja agenda bilateral suspendida por más de 12 años así lo requiere.
El autor del texto, Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, UCR. Anel Kenjekeeva.
Notas
Nota 1: Véase el video disponible en You Tube del programa Sobre la Mesa de agosto 2013, Canal 15 UCR. El consultor-funcionario justificó no obstante ante las cámaras del canal universitario el uso de la palabra «invasión», según sus propios términos «para que la gente entienda» (Minuto 7:23).
Nota 2: Véase Programa RTNoticias, video disponible en YouTube, emisión del 15/12/2015 (Minuto 24:18).
Nota 3: A la fecha, en ausencia de una metodología oficializada por parte del Estado costarricense para cuantificar el daño ambiental, está pendiente de una decisión de la justicia costarricense la fijación exacta del monto por el daño ambiental ocasionado por la empresa minera canadiense Infinito Gold en octubre del 2008 en Las Crucitas. Con relación a otro escándalo ambiental, que ordenó esta vez el mismo Estado costarricense en abierta violación a su legislación ambiental, no se ha dado a conocer (aún) la cuantificación del daño ambiental causado por la construcción de la denominada «trocha fronteriza». De igual manera un sinfín de acciones contra piñeras, proyectos hoteleros en zonas costeras, entre muchos otros expedientes, están archivadas por el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) desde muchos años en ausencia de una cuantificación del daño ambiental por parte del Estado costarricense.
Nota 4: Los documentos escritos como la memoria y la contramemoria presentados por los Estados al juez internacional no son documentos públicos hasta tanto los jueces de la CIJ decidan darlos a conocer: esta decisión usualmente se toma al iniciar las audiencias orales en La Haya, fase correspondiente a la recta final del procedimiento contencioso. Ello obedece al hecho que no es sino hasta las audiencias orales que los Estados ultiman y seleccionan sus mejores argumentos legales. La primera fase escrita del contradictorio (memoria / contramemoria) seguida de una segunda ronda de alegatos escritos (réplica / dúplica) permite descartar pretensiones y argumentos claramente abusivos, usados inicialmente como parte de la batería jurídica adoptada. El 4 de febrero del 2013, un artículo de La Nación (Costa Rica) titulado «Managua formaliza en La Haya reclamo para usar Río Colorado» fue antecedido por la presentación unos días antes en la CIJ de un escrito de Nicaragua solicitando nuevos puntos a considerar (denominados «demandas reconvencionales»), incluyendo una pretensión sobre el Río Colorado (véase documento del 30 de enero del 2013). Esta pretensión de Nicaragua en aras de que se le concedieran derechos provisionales de navegación en el Colorado fue rechazada por la CIJ en su ordenanza del 18 de abril del 2013. Lo que nunca se logró saber es cómo esta información llegó en cuestión de pocos días a la redacción de La Nación.
Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
Lect.: Deuteronomio 18:15-20; I Corintios 7:32-35; Marcos 1:21-28
Tomar una decisión de voto para elegir a un presidente de la república y un congreso de diputados siempre es algo difícil. No es fácil liberarse de los bombardeos de las propagandas abiertas de los partidos y de las más o menos disimuladas que transmiten los medios de comunicación, –periódicos, radios y canales de TV—. En la actualidad unos y otros utilizando recursos técnicos más sofisticados. Pero esta vez la decisión, para muchos en Costa Rica, se torna más difícil porque en el escenario público se han mezclado argumentos religiosos con la política electoral. Ciertamente, en alguna medida esto se dio otras veces en el pasado, pero en esta ocasión ha sido un argumento más persistente y pegadizo, probablemente por tres razones: primero porque uno de los candidatos a la presidencia y varios de los que aspiran a curules de diputados, son pastores o predicadores de grupos cristianos neopentecostales; segundo, porque a estos se han asociado los obispos católicos y, en fin, porque la mezcla religión – política, ahora se relaciona con temas que causan mucha inseguridad y temor en gran parte de las personas: temas relacionados con la identidad sexual y con la estabilidad del matrimonio tradicional.
Una homilía o reflexión sobre las lecturas de la liturgia no son el lugar para hacer un análisis socio político de esta situación, pero sí para intentar, —a partir del mensaje que contienen los textos, es decir, desde un punto de vista bíblico -teológico—, clarificarnos sobre la validez del uso de argumentos religiosos para resolver temas como los electorales.
En la primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, el Dios del pueblo de Israel, al prometer que después de Moisés siempre suscitará profetas que transmitan sus palabras hace, al mismo tiempo, una severa advertencia: “si un profeta tiene la arrogancia de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir, (…) ese profeta morirá”. Más allá de la dramática amenaza, el texto interesa mucho porque constata, desde entonces, lo que muchos otros pasajes bíblicos posteriores narrarán, la existencia de “falsos profetas” o dicho menos radicalmente, la posibilidad que siempre existe de que quienes tenemos el encargo de predicar la palabra de Dios, caigamos en el error, —por ignorancia o por malicia— de presentar como “palabra divina” lo que no es más que expresión de nuestros intereses materiales, o de nuestros prejuicios ideológicos.
De manera positiva, en la tercera lectura Marcos nos presenta hoy un pasaje luminoso que marca, desde el inicio del evangelio, toda la actividad de Jesús de Nazaret. La curación de “un hombre poseído por un espíritu inmundo”, provoca que “todos los presentes en la sinagoga se queden pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva, expuesta con autoridad!” Quedan sorprendidos porque estaban acostumbrados a escuchar las enseñanzas de los escribas o maestros de la ley, que se limitaban a interpretar y comentar los libros y las tradiciones del pasado. Más de lo mismo. Jesús, en cambio, habla por autoridad propia, no la de documentos, con una autoridad que le sale de dentro, habla de algo nuevo, de su experiencia del reino de Dios en su propia vida. Lo que Jesús habla no son meramente palabras muy bonitas y piadosas, o discursos políticamente correctos; lo que él habla, viene de su propia vivencia y es, además, refrendado por su acción poderosa que nace de esa vivencia de lo trascendente, de lo divino. Erradicar el mal que hace daño a las personas, a los enfermos, a los pobres, a los excluidos es, entonces, lo que da a conocer a quienes lo escuchan y lo ven que el reinado de Dios en la vida humana ha llegado en él.
En la Buena Noticia, en el evangelio de Jesús, nunca encontraremos ni directa ni indirectamente, ningún argumento para votar por un candidato o candidatos pero no por otros. Porque, como dice san Pablo, “Después de todo el Reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera es agradable a Dios y goza de la aprobación de los hombres. Busquemos, por lo tanto, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación” (Rom 14: 17 – 19). Modernizando la expresión de Pablo, podemos decir, que el Reino de Dios no es política, ni economía, ni sexología,… sino la desinteresada construcción de la justicia, la fraternidad y la solidaridad en esos y en todos los ámbitos. El reino de Dios es una aspiración suprema, de plenitud humana, indescriptible, a la que Jesús nos invitaba a convertirnos, a sumergirnos en ella y a experimentarla, como él la experimentó, y desde ahí podemos empezar a vivir en la construcción de una nueva convivencia humana.
Nota:
Una destacada teóloga estadounidense, Kathryn M. Schifferdecker, Profesora Asociada de Antiguo Testamento, en Saint Paul, Minn., comentando el texto de la primera lectura de hoy, Deuteronomio 18:15-20, narra su experiencia enseñando en un Seminario en Addis Abeba. Uno de los estudiantes, pastor de mediana edad, con mucho sentido de sabiduría, le preguntó cómo distinguir los “verdaderos” de los “falsos profetas”. La pregunta representaba una inquietud urgente porque, decía, “hay mucha gente en las diversas iglesias etíopes que pretenden ser “profetas”, y quienes los escuchan necesitan criterios para saber si estos individuos son confiables o no. (Parecido a como se necesita en situaciones confusas como lo son las coyunturas político electorales). La Dra. Schifferdecker, comenta ¿Quién habla en nombre de Dios? Hay montones de gente que se presenta “hablando en nombre de Dios”: teólogos de la prosperidad, gurús de auto ayuda, predicadores de radio y televisión, blogueros religiosos de la abundancia, e incluso el predicador que proclama la palabra domingo tras domingo en un lugar y momento concretos”. Basada en muchos testimonios proféticos de la Sagrada Escritura, la profesora señala, al menos, cinco criterios para discernir quién es de verdad “profeta”, quién comunica la palabra de Dios. 1º El verdadero profeta no busca ser profeta. [Esto me recordó cuando hace poco una niña estudiante le preguntó al papa Francisco si él quería ser Papa. Francisco respondió que él no había querido ser Papa porque, a su juicio, si una persona quiere ser Papa es que no se quiere mucho”. Dios no la bendice]. 2º El verdadero profeta no busca ni la auto promoción, ni ganar bienes y riqueza; 3º El verdadero profeta busca discernir la palabra de Dios y no mezclarla con la suya propia; 4º El profeta habla nuevas palabras en situaciones nuevas. El Espíritu Santo lo mueve a lo nuevo, por caminos inesperados. Finalmente, tanto el verdadero como el falso profeta se dan a conocer por sus frutos. Puede verse: http://www.workingpreacher.org/preaching.aspx?commentary_id=2353
Cuando cualquier se atreve a hablar del tema de la homosexualidad, parece ser obligatorio primero decir que se es heterosexual, pues quienes leen de inmediato piensan que el redactor defiende una posición porque es gay o lesbiana, lo cual considero un atrevimiento, pues implica que si uno no es negro o no es mujer no puede defenderlos contra la discriminación social, que en algunos países llega en pleno siglo XXI a ser hasta esclavismo.
El segundo elemento, gústeme o no, es que el planteamiento que se argumenta generalmente con aspectos religiosos como fundamento para prohibir de manera legal cualquier cosa que se considere “pecado”, lo extraño es que, siendo humanos, según este mismo enfoque, cometeremos multiplicidad de pecados, de diferentes tamaños, colores y sabores. Para algunas fes religiosas unos serán imperdonables y otros se podrán perdonar, sin embargo, eso no quiere decir que en nuestros tiempos, todos los pecados están prohibidos por ley, eso solo suceden en países fundamentalistas, donde la unión entre Estado y religión no se da.
La resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que concluyó que a los homosexuales se les deben dar los mismos derechos que a los otros ciudadanos, haciendo referencia específica al matrimonio, ha causado tal revuelo en nuestro país, supongo que también en el resto del continente que están bajo la jurisdicción de ese organismo de la Organización de Estados Americanos, que ha sacado a la luz todas las opiniones cargadas de odio, desprecio y desde lujo prejuicio, igual que cuando muchos se opusieron décadas atrás al matrimonio interracial.
En todos los grupos virtuales, Facebook donde estoy de gentiles personas, incluso dulces “almas” inteligentes, las que empiezan diciendo algo como “yo no soy homofóbico, ni condeno ni juzgo, incluso tengo amigos gay pero…” han salido los sapos y culebras (aquella expresión del cuento infantil) así de la boca de familiares, compañeros de trabajo, dirigentes sindicales, excompañeros de escuela de colegio, “expertos” en derecho, todos condenando lo resuelto incluso cuestionando la validez legal de la resolución de la Corte Interamericana, incluso demandando respeto a la soberanía o a salirse del sistema interamericano de derechos humanos.
Hemos leído también una especie de advertencia apocalíptica que culminará primero con la destrucción de la familia y posteriormente la prohibición del ejercicio de la fe religiosa, incluso una internauta que advirtiendo que “correrá sangre”, hasta han dicho que nos van a “homosexualizar a todos, se acabará el mundo por falta de hijos.
Nos encontramos ante una discusión que mezcla los temas religiosos con los derechos civiles, quizás es así por tener una Estado Confesional cuya religión oficial es la católica, apostólica y romana, algo así como que el Estado costarricense fuera una persona real -no jurídica- con alma que puede profesar una religión, aunque respeta la libertad de culto.
En este tema puntualizo:
Todos tienen derecho a pensar y expresarse libremente, pero esto tiene límites pues hay opiniones xenofóbicas, racistas, homofóbicas, machistas, las cuales no se deben respetar.
Cada pareja tiene derecho a las prácticas sexuales consensuadas que desee y no puede ni debe ser condenado menos restringido.
Todos los ciudadanos tienen derecho a un trato igualitario, aunque eso sea considerado pecado por cualquiera de las religiones, pues la fe es una decisión privada no pública.
El país ha reconocido que existen todo tipo de familias, no solo la familia de mamá, papá e hijos.
La jurisdicción de la Corte Interamericana de derechos humanos es incuestionable, así lo ha dicho la Sala Constitucional aunque el país se saliera de esa convención, las sentencias previas seguirán siendo obligatorias, lo que procede al Gobierno de la República, es acatarlo de inmediato, de implementarlo a la mayor urgencia posible en lo que corresponda desde la Administración, el Registro Civil y el aparato consular, como desde la Institucionalidad pública, para asegurar el desarrollo de los Derechos que allí se han reconocido.
No podemos atar la vida democrática a las creencias de ninguna religión pues de ser así, el divorcio no se permitiría, estaría prohibido el matrimonio por segundas nupcias, la unión libre posiblemente sería delictiva, la educación estaría dirigida por una religión que pondría en duda los avances científicos que entren en contradicción con sus postulados y los cementerios, quizás serían todavía católicos y no podríamos enterrar a quienes no son de esa fe, etc.
Debemos aprender a incorporar los valores de la tolerancia y respeto por los demás, aunque eso le incomode a cualquiera, es imperativo superarlo para vivir en una sociedad democrática.
Pocas veces se ha evidenciado tanto, dentro de una determinada coyuntura histórica, lo que sucede en una sociedad o estado nacional, como cuando se hace evidente, de muchas maneras, el hecho de que la institucionalidad democrática ha quedado vaciada de sus contenidos esenciales: este, y no otro es el panorama que se presenta en toda la América Central, casi al concluir la segunda década del siglo XXI, una región en la que se habla más que nunca de la existencia de una presunta democracia, la que no resiste la menor contrastación con la realidad que muestra el acontecer político cotidiano, en unos escenarios donde la ausencia de prácticas y manifestaciones de un ejercicio ciudadano de los derechos democráticos es más que notoria, mientras lo que se nos sigue revelando, paso a paso, es la persistencia de una recurrente mascarada electoral, la que ha quedado reducida a un conjunto de rituales, carentes de asidero o correspondencia entre la vacía y monótona elaboración discursiva, por parte de los dirigentes de unos partidos políticos, que hace mucho tiempo dejaron de serlo, y las acciones u omisiones que estos llevan a cabo, una vez que se convierten en unos gobernantes insípidos y mediocres, siempre al servicio de unos poderes fácticos, los que no sólo no se ocupan o inquietan de mantener ocultas sus pretensiones hegemónicas ilegítimas sobre el conjunto de la sociedad, sino que proclaman en voz alta, a través del aparato mediático que controlan, con mano férrea, la intencionalidad de seguir asaltando la institucionalidad de cada una de las naciones centroamericanas. Es así como en países, tales como Costa Rica, Honduras o Guatemala se siguen realizando unos comicios o elecciones, dentro de una dinámica que responde a una cierta inercia paradojal, o cuando menos al lejano recuerdo de unos actos que alguna vez se asumieron como democráticos, aún en las épocas de las peores dictaduras de la primera, y la segunda mitad del siglo anterior.
Mientras en Honduras se lleva a cabo un descarado y gigantesco fraude electoral, a la vista de toda la población del país, y de la llamada opinión pública internacional o regional, en Costa Rica lo fraudulento es todo el espectáculo electoral, montado por unas elites del poder que se disputan entre sí el privilegio de cumplir las órdenes de los ya mencionados poderes fácticos: es decir, de la materialización de los más íntimos deseos o el inconfesable proyecto totalitario de los amos del país. Para ello, necesitan todavía seguir hablando, en medio de la puesta en escena de la campaña electoral, de que vivimos en una sociedad democrática ejemplar, aunque los hechos demuestren lo contrario. La casi totalidad de los candidatos presidenciales, y aspirantes a diputaciones en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, están dispuestos a ponerse el corset o cinturón de castidad neoliberal, proclamando a voz en cuello que no caerán en los pecados mortales del populismo, repartidor de riqueza entre los más desfavorecidos de la sociedad y causa de todos los males universales. Hacen gala o profesión de fe de su fe reduccionista del gasto público y aperturista de los servicios básicos, mostrándose dispuestos a regalárselos a los amos del país, para que hagan buenos negocios con los servicios de la electricidad, los teléfonos, el agua (convertida ahora en una mercancía),la salud y los fondos de pensiones de la población. Solo uno de los candidatos presidenciales, de filiación marxista trotskista, se atrevió a decir en un debate público junto otros aspirantes a la presidencia de la república, que su meta era seguir luchando al lado de los trabajadores de la empresa privada, para que estos puedan tener sus sindicatos, sus convenciones colectivas y ejercer sus derechos de petición para mejorar sus condiciones laborales, tal y como establece la legislación laboral vigente en el país, de la que la gran mayoría de los jueces han hecho caso omiso. De esta manera, el trabajador docente John Vega, del Partido de los Trabajadores (PT) dejó con la boca abierta a los otros(as) ciudadanos presidenciables, al emplear expresiones y plantearse metas que las elites políticas dejaron en el olvido, hace ya varias décadas: hablar de respeto a los salarios mínimos establecidos por ley, de combatir la gigantesca evasión tributaria de los más poderosos, de reactivar la economía en términos reales, incentivando la producción local entre otras cosas lo convirtió en una especie de convidado de piedra, dentro de ese foro. Gracias a sus denuncias también el país se enteró de que los trabajadores agrícolas de las empresas piñeras estaban en huelga, mientras eran objeto de una salvaje y descarada represión.
Conforme pasan las semanas, y cuando ya está a punto de concluir la mascarada electoral, la que habrá de culminar en unas elecciones generales, el domingo 4 de febrero, en la vecina República de Honduras las mayorías populares se han manifestado en las calles para repudiar el fraude electoral, siendo reprimidas por el ejército y la policía, con un saldo de 34 ciudadanos muertos, numerosos heridos y de detenidos, para imponer la reelección presidencial del dictador Juan Orlando Hernández (JOH), en un país donde la constitución vigente lo prohíbe de manera expresa. En ese país el acto de votar con la pretensión de cambiar la sociedad o mejorar las condiciones de vida de los habitantes no pasa de ser una vana ilusión, puesto que allí los poderes fácticos están dispuestos a emplear todos los medios posibles para arrebatarle su triunfo al presidente escogido por los hondureños, en los comicios del día domingo 26 de noviembre: el Ingeniero Salvador Nasralla, de la Coalición Alianza Opositora.
En Costa Rica, la campaña electoral ha asumido tonos delirantes por las acusaciones o satanizaciones mediáticas hacia determinado candidato electoral, un personaje que no figuraba entre los favoritos de las elites para gobernar, y que ha irrumpido con mucha fuerza, por lo que habrá que esperar para ver, con más claridad, ¿cuáles son los juegos de poder y los intereses en disputa detrás de este tipo de juegos pirotécnicos, donde los protagonistas se lanzan descalificaciones mutuas?. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para darle un tono surrealista a la mise en scène de esta campaña electoral ha sido el fallo favorable al matrimonio de los homosexuales, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene su sede en la capital costarricense, una acción que ha desatado la furia de los integristas religiosos por un lado y el júbilo de la llamada comunidad LGTBI, por el otro.
El ilusionismo prestidigitador de la campaña electoral en Costa Rica, no ha servido para sacar la gran mayoría de los potenciales electores de su indiferencia y frialdad manifiesta frente a unos partidos políticos que hace ya mucho tiempo llevan una existencia puramente nominal, mientras que en Honduras la sola pretensión de validar lo actuado en las urnas, por parte de una ciudadanía heroica y decidida, supone el enfrentarse a una disyuntiva de vida o muerte. La comedia o la tragedia deben continuar porque los espectadores ya pagaron sus boletos, aún y cuando la democracia siga sin dar señales de existencia, en medio del ruido ensordecer de unos pocos actores de mala calidad o la violencia homicida de los que buscan perpetrarse en el poder para mantener intacto el modelo capitalista neoliberal, triste destino el de nuestros pueblos centroamericanos en este cambio de siglo.
El tema ambiental ha solido estar ausente, a lo sumo, de relleno en las elecciones presidenciales y parlamentarias, en esta oportunidad se repite con creces la situación. Pero este tema no es el único que brilla por su ausencia. Si yo fuera una persona indígena o bien madre jefa de hogar, un obrero agrícola, una pequeña productora o pescadora artesanal, pensaría que no es conmigo la cosa, que se trata de unas elecciones pensadas únicamente para la gran área metropolitana y con temas concentrados en el “hombre meseteño promedio.” Además, talvez como nunca antes, estamos frente un proceso electoral que más bien es un proceso de descarte que haremos con base en el miedo y no por lo que soñamos o anhelamos para el futuro del país y del planeta.
En general los problemas ambientales, por lo menos los más estructurales, tienen su origen en las desigualdades sociales y eso parece omitirse en general en los planes de la mayoría de los partidos. En eso de la desigualdad nos hemos convertido en los últimos años en potencia latinoamericana mientras que la brecha entre el ingreso que reciben los hogares más ricos de Latinoamérica y los más pobres disminuyó, la desigualdad aumentó en Costa Rica, como lo confirman diversos informes y estudios publicados durante 2017.
Si no existe visión de orden estructural para hacer frente a la complejidad de los retos socioambientales incluyendo la destrucción del patrimonio natural en los costos de producción, estamos condenados a círculos de depredación, destrucción, desposesión, vulnerabilización, apropiación desigual de los bienes comunes, de manera que unos seguirán “sobreconsumiendo” los recursos de quienes dependemos todas las personas y el planeta entero para vivir en el presente y el futuro, mientras la gran mayoría permanece malviviendo de las migajas derramadas en medio de un crisis climática planetaria.
A pesar de su literal vital importancia, el tema de la gestión ambiental es invisible en el debate oficial del TSE en días pasados y lo sería del todo si no fuera por el esfuerzo de algunas organizaciones ambientales y comunidades que han hecho uso de la redes sociales en internet para provocar debate y discusión, como por ejemplo Debate Ambiental y Campaña ¿Quién podrá defendernos?.
En general, después de leer la mayoría de planes en áreas relacionadas a economía, reforma institucional, actividad agrícola, turismo, infraestructura o alguno que otro aspecto que hace alusión específica a lo “ambiental”, la sensación es que el abordaje es de relleno, simplismo, con muchas contradicciones y sobre todo grandes vacíos, donde la mayoría pone el énfasis en crear nuevas leyes obviando la falta de cumplimiento de las más de 7000 mil existentes.
Falta de “comos” es una constante, en ambiente lograr mayor institucionalidad para el control y gestión ambiental es indispensable, se necesitan recursos nuevos pues el presupuesto del 1% al 2% del total asignados al MINAE ya sabemos que alcanza para las escobas, palopisos y no llega al papel higiénico en parques nacionales.
En general, con un par de excepciones, poco se dice y mucho menos se delinea alguna estrategia de participación social, que quedó como apellido vacío de un partido que ya por lo menos no tuvo el descaro de estafar una segunda vez al sector ambiental con un “Pacto Ambiental” como lo hizo el PAC hace cuatro años dentro de su campaña electoral incumpliendo y contradiciendo lo pactado con representantes de la diversidad del movimiento ambientalista de Costa Rica.
Al pensar en la urgencia de cambios que nuestra sociedad necesita y las implicaciones que resultan de tomar decisiones desde las más extremas hasta las más sencillas en este país, no pensar en animar la participación ciudadana es apostar a las mismas fórmulas que nos tienen donde estamos, así que se perpetúa que las decisiones por ejemplo de transporte público, las tomen tecnócratas que andan en carro y que han dejado hace más de un cuarto de siglo de ser peatones y andar, al menos, en bus.
Sin tomarse en serio la participación ciudadana el partido más grande del país seguirá siendo el que se expresa no votando, apático al sistema cada día más necesitado de cambios y más lleno de mentirosos y corruptos. Si siguen con campañas políticas que no se las cree nadie, cada cuatro años tendremos un en vez de la “fiesta” un “velorio” en tanto el pueblo estará de duelo o bien un espectáculo más decadente que el anterior. Cuando la pulsión inmediata resulta en marginarse de este patético drama que apela a las emociones y no al análisis, ¿cómo le podemos reclamar a la gente que no vote?
Así, en una coyuntura electoral que más bien nos coloca ante la imposibilidad de elegir lo mejor, propongo guía ecologista para descartar lo peor. Esta lista iniciará con el partido más amenazante para el medio ambiente y terminará con los partidos que parecieran tener una propuesta más en armonía con la Naturaleza. Algo que podríamos llamar el “descartómetro ecologista”.
Empezamos, estos son los partidos descartables por sus posturas frente a la gestión de los bienes naturales del país.
El primero por descartar: Movimiento Libertario recicla sus cuatro anteriores programas con “más de lo mismo” y neoliberalismo puro y duro, es un “plan de negocios” de y para sus patrocinadores. Más aperturas y desnacionalización por doquier, privatización del subsuelo, regresiones ambientales e inconstitucionalidades, eliminación de la moratoria a la exploración de petróleo y gas.
Es una colección de todo lo que no debemos hacer con el territorio y el Estado: flexibilización y desregulación de instituciones como SENARA y SETENA para beneficio de negocios privados, privatización energética, proyectos como mega aeropuerto de Osa, Canal Seco y su mega puerto en Guanacaste, granjas marinas de peces y las marinas turísticas que han querido aprobar a como dé lugar, abrir los “monopolios” de comercialización de la caña y azúcar, eliminar el Consejo Nacional de Producción, modificar el reglamento de la ley de conservación de vida silvestre, todo tipo de privatización vía “titulación” de áreas públicas como fronteras, áreas forestales y de canales a nombre de JAPDEVA, islas hasta del subsuelo urbano?, desregular ampliar las Zona Marítima Terrestre (ZMT) para hacer hasta construcciones en riscos y titulación de propiedades dentro de áreas protegidas. Estas y otras propuestas como reconvertir en cárcel la Isla San Lucas o en sitio turístico, son propuestas que ya han intentado y fueron declarado inconstitucionales.
Proponen una serie de regresiones ambientales y de los incipientes derechos de naturaleza revisando y simplificar y acomodado toda la normativa ambiental como reglamentos, concesiones a intereses privado. Tal vez el punto más cuestionable que proponen es una “reforma constitucional para acotar los principios de “in dubio pro natura” y “no regresividad en materia ambiental” que es volver más o menos a las “cavernas” en materia ambiental y retroceder y sancionar varios acuerdos y convenios internacionales en sintonía con la tendencia conservadora y retrograda de la Sala Constitucional.
El segundo por descartar: Partido Unidad Social Cristiana por la extinción del campesinado o lo que es lo mismo en contra de la soberanía alimentaria, arrasar con el Mar Caribe y a favor del megaturismo y privatización de los territorios indígenas.
La agricultura lo reduce a la agenda del sector empresarial, desregulación, zonificaciones, eficiencia y crédito para profundizar lo que tiene que ver con en la extinción del campesinado. Lo más polémico pareciera ser priorizar por el ingreso de Costa Rica a la Alianza Pacífico con una promesa de negociar mantener las condiciones, que es una acción contraria al sector agrícola que ha denunciado que esto pone en riesgo a 500 mil empleos del sector e implica que los pequeños no sobreviran esta nueva apertura, ósea ¿los que sobrevivieron a 14 acuerdos de libre comercio que no sé preocupen?. Como si fuera poco ofrecen que seamos observador en otros tratados más neoliberales como APEC y TPP.
En cuanto al tema marino, lo mismo que viene prometiendo desde hace unas 4 o 5 campañas que es revisar la vergonzosa entrega de atún a la flota internacional, lo cual está muy bien y revisar INCOPESCA, ¡ver para creer!.También dice algo tan ambiguo de la pesca de arrastre, como la posición del actual gobierno, pero suma una propuesta de claro orden extractivista “prospección de especies pelágicas en el Caribe”, es decir investigación en el Caribe para hacer inventario de cantidades de especies comercializables, que considerando el contexto no tendrá intenciones de protección o uso sustentable, si no que activa la alertas de que ante la sobreexplotación de la pesca en Pacífico, viene la intención de arrasar el otro lado de nuestro territorio marino.
En turismo, habla de aeropuertos regionales, incluido el Sur sin especificar, sin duda se refiere al mega aeropuerto en Osa que implica Guanacastización y hacer un modelo de mega turismo en una zona muy vulnerable ambientalmente. También es visible el lobby hecho por sectores como la pesca turística, camaroneros y operadores de mega turismo para lograr meter su agenda de negocios. Parecido al plan de negocios del libertario, pero más maquillado.
Tienen propuestas que nada envidian al Partido Movimiento Libertario que afirma: “consideramos prioritario resolver en definitiva el derecho de los indígenas a acceder a la propiedad de las tierras en las reservas” hasta ahí suena bien pero de seguido indica: “nos comprometemos a luchar porque el derecho a la propiedad privada sea efectivo para los habitantes indígenas” esto en dos platos es permitir y legalizar la mayor forma de despojo y privatización de las pocos territorios que sobreviven al proceso acelerado de apropiación ilegal del territorio concebido desde la lógica de los pueblos indígenas y por tanto implica un desconocimiento de su cultura y autonomía, de manera que pasa por encima al proceso de consulta de pueblos indígenas con la pretensión de abrir camino al extractivismo.
En la parte ambiental refiere a la agenda 2030 al igual que el PIN y otros partidos, que da continuidad a algunas de las medidas para seguir dilapidando fondos y recursos, como por ejemplo apostando por un modelo de riego ineficiente, injusto e insostenible como el represamiento del Río Piedras en Guanacaste o igual que el PRSC aprovecha la legalización de la incineración para general electricidad, lo cual es peligroso porque implica gran contaminación y riesgos a la salud pública, igual está de acuerdo con una mayor apertura en la producción eléctrica privada que implica acabar con nuestros ríos libres para negocios particulares, incluyendo la geotermia a privados, y al igual que el PLN viene en su agenda para abrir la participación de empresas privadas para la exportación al Mercado Regional Centroamericano. ¿Cuál es el problema con esto? que estamos poniendo en el juego mercantilista lo que deberían ser servicios públicos y universales para beneficio privado afectando los ríos y el patrimonio natural.
El tercero por descartar: Partido Republicano Social Cristiano por la privatización de bienes comunes, a favor de la contaminación por incineración y por el crecimiento de los nocivos monocultivos reduciendo la soberanía alimentaria.
El plan de este partido está claramente bien permeado de sectores empresariales interesados. Habla de convertir ASADAS en cooperativas, osea apoyar una forma posible de privatización del agua (Diario Extra, 19-5-2015). En el plano agrícola apoya a la agroindustria tal y como está, para que siga generando riqueza para los grandes propietarios y transnacionales, pero sumándoles incentivos para la generación de biocombustibles con base en más monocultivos como caña y “200 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera”, que es casi la mitad de áreas de siembra actuales y muy cerca de las 283 mil hectáreas adicionales, que calculó en 2008 el Informe del Estado de la Nación, que necesitaríamos sembrar de maíz blanco y amarillo, frijol y arroz para dejar de importar esos productos básicos, es decir para apostar por nuestra soberanía alimentaria. Proponen aprovechar la legalización a la incineración decretada por el actual gobierno y además de subir el tope para aumentar la producción eléctrica privada y reactivar los estudios de proyectos hidroeléctricos polémicos como Savegre y Pacuare que están protegidos de este tipo de iniciativas por el decreto Nº 39199-MINAE.
El cuarto por descartar es el PIN, Partido Integración Nacional de Juan Diego Castro, en general si las omisiones le dicen algo, tome en cuenta que dice muy poco y que eso nos sugiere muchas cosas. Está a favor de la explotación petrolera y del gas.
No incluyó ninguna propuesta concreta para el sector agrícola, hay una propuesta de Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) que podría tener injerencia en el tema de soberanía alimentaria, pero ni se menciona el tema específicamente. A pesar lo sugerente de la portada del plan con el mapa completo del territorio costarricense que incluye el mar patrimonial y el slogan de “país azul” no hay nada en la propuesta que lo retome. En temas ambientales tiene un programa tradicional, de lo que ya se viene haciendo y tiene al planeta en colapso, en específico se refiere a la Agenda 2030 fijada por Naciones Unidas que es una buena receta para atacar los síntomas y no las causas estructurales de la crisis ambiental global. En su ejercicio profesional se le conoce por su anti ambientalismo defendiendo a empresas acusadas por contaminar, desforestar y demandar ecologistas. Y bueno más allá de su profesión y su plan, el candidato presidencial llamó a quienes buscamos construir un mundo ambientalmente más justo, ecoterroristas, creo que sólo por podría pasar a tener el primer lugar de partidos para descartar.
El quinto por descarta Partido Liberación Nacional con la misma receta de privatización de nuestros recursos naturales y apertura de parques nacionales. El PLN vuelve a retomar la propuesta del uso de los recursos naturales dentro las Áreas Silvestres Protegidas, lo cual sería contrario a distintos tratados internacionales de conservación suscritos por el país y hasta el momento la Sala Constitucional rechazó todos los intentos. También propone mayor apertura de generación eléctrica privada que tanto impacto negativo tiene a las finanzas del ICE y en los ríos con decenas de proyectos que solo generan en invierno cuando sobran las posibilidades de generación nacional. La apertura eléctrica propuesta por el PLN va más allá al incluir la agenda de las empresas privadas de importar y exportar directamente al Mercado Regional Centroamericano pretensión que han buscado por décadas, lo que implicaría que empresas y operadores pueden importar y exportar en un mercado que produce más de 50% con petróleo su electricidad sucia a bajo precio.
Habría que revisar cuanto y a quienes están desembolsando estas compañías a la actual campaña electoral pues fueron grandes contribuyentes -220 millones de colones- de las elecciones que llevaron a la presidencia a Laura Chinchilla. La denuncia del 2012 el exdiputado Juan Carlos Mendoza señalo a las compañías Ingenio Taboga, Hidroeléctrica Río Lajas, la familia Esquivel Volio y las cogeneradoras Plantas Eólicas SRL e Ingenio Quebrada Azul S.A., donde participa el grupo Mesoamérica Investments de capital extranjero y promotora de la apertura en telecomunicaciones. Además de otros intereses más ligados a políticos y trasnacionales como el grupo de capital guatemalteco Campollo Codina, propietario de CATSA e ingenios de azúcar asociados, así como los accionistas de Corporación Jeromo y Azucarera el Viejo, a su vez accionistas del Ingenio Taboga. Todos, cogeneradores de electricidad ligados a políticos-empresarios conocidos y quienes han promovido como dogma la apertura eléctrica.
Ahora el PLN dice que está dispuesto a cumplir lo que en papel se puso hace décadas: que la rectoría del sector energético se haga desde MINAE y no a partir del manoseo político del gobierno de turno y desde los intereses del ICE y RECOPE, ¡ver para creer! También se insiste en este programa con megaproyectos de gran impacto ambiental como el Aeropuerto en Osa ahora con el nombre de Brunca(Kioscos Socioambientales UCR, 2012)
El sexto lugar por descartar es un empate entre el Partido Alianza Democrática Cristiana, Partido Accesibilidad Sin Exclusión y Partido Restauración Nacional.
Partido Alianza Democrática Cristiana, pura privatización de bienes comunes. Propone una agenda neoliberal como apertura del sector eléctrico, apertura de RECOPE, de manera específica al respecto del sector agrícola y ambiental no hay nada destacable, en transporte se suma al fetiche del tren eléctrico interurbano, fetiche en tanto se presenta como opción totalizante y que resuelve todo el problema de colapso vial.
Partido Accesibilidad Sin Exclusión viejos discursos, pero si hubiese que mencionar algo interesante es el concepto de “ciudades amigables” centrado en el peatón y la accesibilidad. Ofrece algo llamado “apoyo empresarial al sector agrícola” a través de las “marcas de origen” pero no desarrolla mucho la idea, parece como una nueva manera de hablar de las ventajas comparativas que nos dejaron sin granos básicos y exportando banano y piña. En cuanto a cambio climático propone mayor competencia de las municipalidades con nuevos cánones ambientales. En lo ambiental es un panfleto de viejos discursos de los noventas como desarrollo sostenible, las 4 erres más otra nueva de “regular” un énfasis en lo municipal.
Partido Restauración Nacional a favor de la minería. Tiene casi ninguna mención sobre la parte agricultura solo habla promover políticas de reconversión en el agro para seguir con la exportación de productos orgánicos. Hasta vergüenza ajena daba una entrevista sobre pesca donde demostró su nula comprensión y falta de estrategia. En la parte ambiental habla de promover un nuevo Código de Minería que “saldará la deuda pendiente que el país tiene para con sus recursos mineros y geológicos, como el caso del oro o la plata”. ¿Esto implicará derogar la ley de prohibición a la minería del oro y reactivar la minería de cielo abierto en el caso de la plata?
El sétimo lugar por descartar Partido Nueva Generación, más de lo mismo, queda debiendo lo nuevo de su generación excepto investigación en energía renovable. Para temas ambientales menciona las políticas en áreas marinas que le faltaron al PIN, cae en las mismas reducciones de la mayoría de los partidos: “ferrocarril urbano moderno”, más negocios con la naturaleza desde la “economía verde” concepto que no deja de ser un experimento fallido desde el capitalismo salvaje que ha arrasado con la naturaleza hasta el día de hoy y en la parte agrícola algo así como nuevas generaciones de agricultores mediante la misma fórmula que ya sabemos que no funciona. En vez de soberanía habla de seguridad alimentaria ósea preocupémonos por tener plata para comprar lo que comemos y desparezcamos la producción local de nuestros alimentos. ¿Está de acuerdo con explotar geotermia dentro de Parques Nacionales y pasarles el canal seco en medio?, según este comparativo: si! Lo destacable es que retoma y mejora propuesta ecologista para sector energético de crear un instituto que lidere la investigación de nuevas en energía renovables fusionando RECOPE y Grupo ICE.
Descartados los anteriores ¿quiénes nos quedan?¿los menos malos? La siguiente lista de tres partidos inicia con el partido más cercano a los descartables en materia ambiental y termina con el más potable por considerar.
Antes de seguir, detalle para poner atención, aunque no estamos frente al tradicional bipartidismo, seguirnos viendo semejanzas entre PUSC y PLN: Piza y Desanti quieren “reducir, flexibilizar y apearse” leyes ambientales. Estos dos candidatos hablan de desregular trámites, el primero apunta en su página web “eliminar o derogar el 50% de los requisitos establecidos por decretos o reglamentos administrativos” ¿se refiere a trámites como consulta a la gente, diálogo y participación social y requisitos ambientales? Si, en su plan de gobierno lo confirma. Lo mismo Desanti que centra “la pega” en SETENA (CRhoy, 8-1-18) que parece desconocer lo que implica un cambio de la Ley Orgánica del Ambiente sin la debida fundamentación y razonabilidad, lo cual sería además inconstitucional al ser una clara regresión ambiental. En la lógica tecnocrática y neoliberal que defienden estos candidatos la legislación y evaluación ambiental es un engorroso trámite que solo sirve para atrasar los proyectos, en vez de reconocer una valiosa información para planificar, ahorrar recursos, reducir costos a mediano y largo plazo, sacar mayor provecho al ambiente y finalmente maximizar y optimizar el uso de los bienes comunes, y se los digo en su “dialecto” de costos y ganancias.
Ahora sí, seguimos con la lista. Más “palangana” que menos malo, el Partido Acción Ciudadana hace más promesas vacías, más de lo que no hizo y su especialidad: contradicciones. También ofrece lo que dejó “a medio palo” como modernización de tramitología ósea digitalizar expedientes o profundizar el procesos de desregulación como lo hizo en SETENA, promete una ley de participación cuando no eliminó el veto sobre una ley aprobada por Asamblea Legislativa el ex diputado José Merino que garantizaba la participación vinculante en temas ambientales (El País, 11-12-2014). Ofrece muchos planes, programas, estrategia y reformulaciones que atestiguamos que duran hasta un año y medio negociando el financiamiento de cooperación externa (consultorías), un año o más elaborando (en pobres y apurados procesos de “disque” consulta), un año para aprobarlo y finalmente se acabó el gobierno y quedaron unos mamotretos que en el mejor de casos terminan sirviendo de servilletas en parques nacionales. ¿Biocombustibles dónde y cómo no amenazan la soberanía alimentaria? Ofrecen cosas como la “sectorización del transporte público”, lo cual está muy bien, sin embargo, en su única administración eliminaron a un viceministro que quiso hacer este trabajo ¿entonces? ¿cinismo de campaña electoral? y proponen un montón de cosas tan fáciles que se puede hacer mañana antes que termine la campaña política o el gobierno, como prohibir el estereofón y ¿por qué no lo han hecho con un simple decreto? Suena bien, pero si por la víspera se saca el día, resulta difícil volver a confiar. Alguna nueva promesa como “prohibición del fracking» que nadie sabe cómo se materializaría y que podemos equiparar con tantas promesas que no cumplieron como etiquetar transgénicos, moratoria a la piña o detener la pesca de arrastre entre otras.
El Partido de los Trabajadores es mucho “obrerismo” y poco ecologismo, es importante reconocer que sus militantes y simpatizantes tienen una gran sensibilidad, perseverancia y están presentes en muchas luchas socioambientales y feministas, pero parece traducirse en nutrir su ideología.
El PT propone reforma agraria y aumentar producción de alimentos, complementado con financiamiento, caminos y asistencia al campesinado. Se plantea la recuperación y la nacionalización de recursos y detener la privatización energética. Lo anterior suena “revolucionario” pero ha resultado en los gobiernos de izquierda suramericanos en mayor extractivismo, corrupción y contaminación para financiar programas sociales de clientelismo y propaganda que no atacan las causas estructurales de la desigualdad o sobreexplotación de los bienes comunes.
Fuera del proceso electoral están trabajando con sectores como trabajadores de la piñería donde han dado luchas ejemplares. Se reconoce su gran compromiso, su buena formación teórica y propuestas más de fondo que la mayoría de partidos, son bastante válidas, pero se podría pensar que más para el siglo pasado o antepasado. La intensidad de los cambios que proponen es bastante coincidente con la profundidad que necesita la sociedad si pretende sobrevivir a la crisis socio ambiental, pero parece que están planteados con categorías de análisis un poco desfasadas para la escala y la complejidad de los problemas del momento. Compartimos que el capitalismo no es sustentable y maquillarlo nos tiene con buena parte de los ciclos naturales irreversiblemente rotos.
Y finalmente, el Frente Amplio nos ofrece un gran menú en favor del ambiente, pero muchas dudas para su realización. Nutrido de muchas de las propuestas conjuntas con el sector ecologista y comunitario lo cual es un buen arranque, pero la duda surge ante la pregunta de ¿cómo lograr sus objetivos?, ¿necesitarán 57 diputados electos para prevenir que aunque algunos se salgan del canasto como ya les ha sucedido, aún puedan tener mayoría para aprobar lo que prometen?, además todo parece indicar que necesitarían un nuevo poder judicial, entre uno que otro cambio, para llevarlo adelante. Por ejemplo, destaca propuestas como “la creación de consejos de cuenca con participación de las comunidades y potestad de decidir sobre las prioridades en el uso del agua” pero no está claro si esto puede ser por decreto o solo por medio de una reforma de ley. Igual sucede con la buena propuesta de establecer un impuesto a las compañías generadoras de contaminación marina que subsidie a los pescadores artesanales y el proyecto de ley para garantizar la protección de la vida de activistas que luchan por la defensa del ambiente.
Tiene algunas de las propuestas más interesantes como “llevar la investigación científica y el desarrollo tecnológico a las y los ciudadanos, a sus comunidades, y hacer del conocimiento obtenido mediante la acción comunitaria apoyada con financiamiento estatal, un bien común, como medio de apropiación social de ese conocimiento” o revisar las normas constructivas para el uso de dispositivos que aprovechen la energía solar para generar electricidad y agua caliente.
En conclusión, es indispensable analizar antes de dejarse llevar por lo emocional, hace falta una lectura más profunda y en retrospectiva acerca del quehacer de estos partidos y candidatos en las últimas administraciones, pues el papel aguanta lo que le pongan. El sistema de representación política hace rato dejó de funcionar, si es que alguna vez funcionó, votamos para cambiar quienes dirigirán el poder ejecutivo en un sistema que necesita más reformas de fondo, no solo nuevas leyes o una refundación en el poder judicial, si no que ha quedado claro que sin participación de la ciudadanía y cambios más estructurales seguiremos profundizando esta crisis que se refleja en mayor deterioro ambiental y en las relaciones humanas a todo nivel.
La campaña destaca por su decadencia, parece a ratos un espectáculo de sucesos, una colección de ocurrencias y cinismos, a veces una pesadilla mediática de ejercicios vacíos y competencia de micro opiniones mal llamados debates donde vemos montajes que ya le gustaría a uno simplemente creerlos, el electorado tratando de ver en cuál caudillo patriarcal, porque para colmo sólo hay candidatos hombres(-1), deposita sus responsabilidades políticas para guardar su dedo los próximos años y a lo sumo sacar la lengua en redes sociales para quejarse o simplemente no hacer nada para que lo que exige de un gobierno sea una realidad, va compra un discurso y después se sienta esperar que todo por arte de magia sea como cada quien quiere.
Ante la falta de esperanza no es extraño que tengan que bajar a un Dios de furia y miedo, que se parece más imágenes dantescas de lo que llaman demonio o satanás, para ayudar a disuadir a los electores con temor y chantaje “divino” para que vote de tal o cual forma, tratando de hacer de la fe un activo electoral manipulable y por lo tanto descartable. Agotada la esperanza, dilapidada la fe para mucha gente no quedará nada o ¿fascismo?. Insisto, resulta un poco inútil “condenar” a una mayoría que se abstiene de votar.
Toca asumir de alguna manera más con las neuronas que con el hígado, que parece ser el órgano que más estamos activando en esta (des)elecciones nacionales, toca dejar a un lado las emociones y analizar, que esto aunque nos insistan en la figura de la “fiesta electoral” es de otro orden, lo que está en juego es el país entero.
Llamamos a no votar por los neoliberales del PLN/PUSC/PIN/LIBERTARIO/REPUBLICANO ni por el fundamentalismo religioso
Comisión Nacional de Enlace
Comunicado Político Nº 58
En esta coyuntura electoral se hace necesario recordar que efectivamente, nuestro país ha sido gobernado treinta y dos años por el Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Son esos dos partidos los principales responsables de la crisis actual y sobre ellos cae toda la responsabilidad política de lo que ocurre en nuestro país.
Todas las políticas económicas que se aplicaron desde la administración Monge Álvarez hasta la administración Chinchilla Miranda fueron promovidas en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y ejecutadas por el conjunto de sus ministros de Economía, Hacienda, presidentes del Banco Central y los asesores económicos.
Cinco administraciones del PLN (Monge Alvarez, Figueres Olsen, Arias Sánchez y Chinchilla Miranda) y tres del PUSC (Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella), veinte años del PLN en las cuales se aprobaron el PAE-1, 2 y 3 y el TLC y doce años del PUSC nos dice cuáles son los partidos políticos responsables del desastre derivado de la imposición del modelo neoliberal.
Después de treinta dos años de neoliberalismo en nuestro país tenemos un país, con mayor concentración de la riqueza, con una pobreza estructural que nunca redujeron, mayor exclusión y desigualdad social, mayor informalidad y precariedad laboral. Además durante treinta y dos años esos partidos convirtieron a Costa Rica en un territorio de corrupción y saqueo.
En este proceso electoral, esos partidos PLN y PUSC, más otros neoliberales que hoy se presentan como salvadores de la Patria, el REPUBLICANO/LIBERTARIOS/PIN, nos vienen con la misma receta: privatización de la salud, la educación, del ICE, recortes presupuestarios a programas sociales, reducción del Estado, venta de instituciones, flexibilización laboral, reducción salarial y de las pensiones a los trabajadores, eliminación de complementos salariales, despido de trabajadores del sector público, aumento en la edad de retiro, entre otros.
Votar por los mismos PLN y PUSC y por los otros partidos igual citados, para que sigan haciendo lo mismo, sería un gravísimo error que cometería el pueblo costarricense, especialmente la clase trabajadora.
Pero además en este proceso electoral tenemos otros actores no menos peligrosos, los partidos fundamentalistas evangélicos, que gracias a la inoperancia del Tribunal Supremo de Elecciones, involucraron la religión como eje de campaña y la convirtieron con la complicidad de los partidos tradicionales PLN, PUSC en una de las más conservadoras e intolerantes de la historia.
En este proceso de exacerbación de la intolerancia han tenido como aliados a una buena parte de la iglesia católica que compite por ver quién es más fundamentalista. Este fundamentalismo religioso, además tiene una agenda neoliberal de empobrecimiento de las mayorías, doble razón para no votar por ellos.
Este 4 de febrero el desafío es detener electoralmente esta contraofensiva conservadora neoliberal y religiosa, con el fin de avanzar las condiciones para desmontar el modelo económico neoliberal en el país, tarea del momento de la clase trabajadora costarricense.
Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica
25 enero 2018
*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com
Este próximo 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer su fallo sobre la última demanda presentada por Costa Rica contra Nicaragua, relacionada a una carpa militar de Nicaragua ubicada en la playa adyacente a la Laguna de Isla Portillos (véase comunicado en francés y en inglés ). Se trata de una demanda que fue interpuesta por Costa Rica el 16 de enero del 2017, solicitando al juez internacional ordenar a Nicaragua el retiro de una carpa plástica de militares que apareció en la playa que se ubica frente a la Laguna de Portillos (véase texto de la demanda interpuesta en La Haya como tal con en pp.12-13 fotos satelitales).
Toma satelital extraída de esta nota de prensa de la BBC titulada «El destartalado y polémico campamento militar de Nicaragua del que dependen miles de kilómetros de mar territorial de Costa Rica».
En una ordenanza del 2 de febrero del 2017, la CIJ fijó los plazos de presentación de escritos extremadamente breves de un mes para Costa Rica y de un mes y medio para Nicaragua (véase texto de la ordenanza). El juez internacional accedió además, a solicitud de Costa Rica, a unir esta demanda con la demanda de Costa Rica en materia de delimitación marítima interpuesta en febrero del 2014.
Algunas consideraciones previas
Antes de entrar a analizar en las líneas que siguen los alcances de esta inusual demanda, procederemos a recapitular la secuencia de demandas entre ambos Estados en los últimos años con algunas breves explicaciones. Ello con el fin de familiarizar un poco a nuestro estimable lector con el clima que se vive dentro del aparato estatal de ambos Estados, en el que pareciera que conceptos como «consulta», «diálogo», «mediación», «negociación», «racionalidad», o «sensatez» se desvanecen cuando se trata del Estado vecino:
– A.) Demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2010. En noviembre el 2010, Costa Rica demandó a Nicaragua (véase texto de la demanda) por la ocupación ilegal de su territorio en el sector conocido como «Isla Portillos«: se trata del extremo Norte de una masa terrestre denominada «Isla Calero«, de unos 155 Km2. El sector conocido como «Isla Portillos» representa en superficie alrededor de 1,7 Km2. Es de notar que pese al uso de la palabra «isla» en ambos casos, ninguna de estas dos regiones califica como tal, al situarse dentro del territorio correspondiente a la costa costarricense en el Mar Caribe.
Mapa de la zona conocida como «Isla Calero» correspondiente al delta del río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. En el círculo rojo dibujado por el autor, la zona conocida como «Isla Portillos». Figura facilitada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Profesor, Escuela Centroamericana de Geología, UCR.
Como lo puede apreciar visualmente nuestro lector, declarar que «Nicaragua ocupa Isla Portillos ilegalmente» no es igual a declarar que «Nicaragua ocupa Isla Calero ilegalmente» dada la diferencia de superficie entre ambos. El uso de las palabras «invasión» o «agresión» en vez de «ocupación ilegal» o «incursión» (de carácter estrictamente semántico para algunos, y como tal de relevancia relativa), tampoco es anodino. En agosto del 2013, un funcionario-consultor de la cancillería de Costa Rica reconoció, en una de las primeras preguntas realizadas por la periodista Natalia Rodríguez Mata, conductora del programa Sobre la Mesa de Canal 15 UCR, la diferencia existente entre estos diversos términos: admitió que, desde el punto de vista jurídico, “agresión” e “invasión” no aplicaban a la situación acaecida en Isla Portillos (Nota 1).
Este y otros sutiles juegos del lenguaje llevaron en el 2016 a algunos académicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) a analizar cómo el discurso de las autoridades de Costa Rica en el período 2010-2014 tendió a sobredimensionar la controversia con Nicaragua (véase nota oficial del portal de la UCR titulada «Analizan política exterior con Nicaragua desde la perspectiva legal y social. Especialistas cuestionan sobredimensión de conflicto limítrofe«).
Como bien se recordará, la ubicación del encargado del dragado del Río San Juan en Nicaragua, Eden Pastora, se debió a un error de la empresa Google Earth, puesto que los mapas cartográficos oficiales de Costa Rica y de Nicaragua coincidían (al menos hasta el 2011) en ubicar «Isla Portillos» bajo la jurisdicción de Costa Rica. En esta nota de La Nación del 4.11.2010 se puede leer “Vea la foto satelital de Google y ahí se ve la frontera. En los últimos 3.000 metros las dos márgenes son de Nicaragua”.
Recurrir a mapas equivocados de Google teniendo a disposición mapas cartográficos oficiales coincidentes constituye un hecho inusitado, y el «Comandante 0» (nombre de guerra de Eden Pastora en los años 80) es, sin lugar a dudas, partidario de lo inusual.
Mapa del último sector de la frontera terrestre entre Costa Rica y Nicaragua de Google Earth usado por Eden Pastora para ubicarse en Isla Portillos en octubre del 2010. A la izquierda, mapa usado que contiene un error, a la derecha, el mapa rectificado por Google Earth a inicios de noviembre del 2010 (ver nota de La Nación titulada «Google reconoce error en mapa que traza límites en sector de isla Calero»). Imagen extraida de artículo de prensa titulada «Google se desmarca del conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica».
Pese a los esfuerzos de los asesores legales de Nicaragua ante la CIJ, la ocurrencia de Eden Pastora no surtió efectos. En su fallo del 16 de diciembre del 2015, la CIJ ordenó a Nicaragua retirarse del sector conocido como «Isla Portillos» al ser declarado por los jueces territorio costarricense (véase texto de la sentencia, párrafos 92-93).
– B.) Demanda de Nicaragua contra Costa Rica del 2011. En diciembre del 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» por parte de Costa Rica iniciada a mediados del mismo año (véase texto de la demanda). Se trata de una ruta de unos 154 kilometros que bordea la frontera fluvial y parte de la frontera terrestre, sin que se entienda muy bien -hasta la fecha – qué relación puede guardar con el lugar en el que incursionó de forma ilegal Nicaragua en «Isla Portillos«, y cuyo punto de inicio en puesto Delta dista de unos 25 kilómetros. Construir una ruta paralela a la frontera de más 150 kilómetros entre Los Chiles y Puesto Delta so pretexto que permite a Costa Rica «defenderse» y vigilar lo que ocurre en Isla Portillos se mantiene como una idea profundamente original. Bautizarla oficialmente como «Ruta 1856 Juan Rafael Mora Fernández» para enfatizar la importancia que le otorga Costa Rica en la defensa de su soberanía no resuelve mayormente el problema de su originalidad.
Mapa de la denominada «trocha fronteriza» y de las rutas de acceso al río San Juan habilitadas por Costa Rica en respuesta a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua calificada como una «agresión» e «invasión» por parte de las autoridades de Costa Rica en el 2010. Documento oficial presentado en Casa Presidencial en Costa Rica. Al extremo derecho, Isla Portillos (circulo en rojo realizado por el autor ya que no se distingue mayormente en razón de la escala usada).
Tal y como lo indicamos en un medio de prensa en Costa Rica en diciembre del 2015 (véase artículo publicado en La Extra), la transitabilidad de un trazado de 154 kilómetros en una zona tropical presenta desafíos que no se dieron en el caso de otras fronteras en el mundo acordonadas con una ruta paralela a la línea divisoria (entre otros, las fronteras de Israel y un segmento de la frontera entre Estados Unidos y México):
«esta ruta se ubica en el trópico húmedo, lo cual requiere un ejercicio mayor en cuanto a su construcción y mantenimiento, sin que quede muy claro cuál es la “contención” a la que se quiere proceder por parte de Costa Rica. Algunos de su promotores han afirmado que permite “defender” a Costa Rica, sin que se tenga tampoco claridad de cómo una ruta paralela a un río (que además se desborda en ciertas épocas del año) permita cumplir con este objetivo. Finalmente, de optar por mantener esta idea, esta ruta debería garantizarle continuidad a sus usuarios, con puentes sobre el Río Sarapiquí, el Río San Carlos, el Río Frío, que conllevan un esfuerzo ingenieril debido a las características muy propias de estos ríos en cuanto a caudal (similares al Río Parrita en la vertiente Pacífico) sin contar innumerables quebradas, humedales y muchos otros cuerpos de agua que desembocan en el San Juan«.
Lo más notorio es que, a la fecha en que se redactan estas líneas (enero del 2018), la «trocha fronteriza» persiste como una verdadera criatura sin padre:
– en el mes de agosto del 2012, un artículo en el Semanario Universidad se tituló “Se mantiene interrogante de quién ordenó construir trocha fronteriza”;
– en enero del 2013, en un artículo de opinión, el entonces Ministro de Seguridad, José María Tijerino Picado, rechazó haber sugerido la construcción de la “trocha” (veáse texto);
– en abril del 2013, un artículo publicado en el Semanario Universidad se tituló: “Todos alabaron la trocha, pero nadie asumió la paternidad”.
A finales del 2015 tuvimos la oportunidad de preguntar directamente ante cámaras quién fue, dentro del gabinete, el que sugirió la «trocha» a un ex alto funcionario de la administración 2010-2014, Carlos Roverssi Rojas (en un primer momento designado como Vice Canciller en el período mayo 2010-junio 2013 y a partir de junio del 2013, Ministro de Comunicación). Su respuesta fue: «los responsables de la trocha somos todos, y Costa Rica en general» (sic.) (Nota 2). En mayo del 2016, un interesante artículo de CRHoy se tituló con una pregunta cuya vigencia persiste a la fecha: «Caso de la trocha: ¿y los responsables?«.
Pese a los esfuerzos de los asesores legales de Costa Rica ante la CIJ, la ocurrente idea de alguien en alguna oficina gubernamental en Costa Rica no convenció mayormente a los jueces. El fallo de la CIJ de diciembre del 2015 contiene un párrafo en el que la CIJ desdice a Costa Rica sobre la pretendida «situación de emergencia» para construir en condiciones tan peculiares la denominada «trocha«.
En efecto, en el párrafo 158 de su sentencia (véase texto) del 16 de diciembre del 2015, se lee que para la CIJ:
“…la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le Costa Rica n’a pas démontré l’existence d’une urgence justifiant de construire la route sans entreprendre d’évaluation de l’impact sur l’environnement. En effet, l’exécution des travaux était prévue dès le départ pour durer plusieurs années, ce qui s’est confirmé par la suite. De plus, lorsque le Costa Rica a entrepris la construction de la route, la situation dont le territoire litigieux était le théâtre avait déjà été portée devant la Cour, laquelle a, peu de temps après, indiqué des mesures conservatoires«.
En caso de alguna duda de nuestros estimables lectores, reproducimos la versión en inglés del mismo extracto del párrafo 158 de la sentencia de la CIJ:
«the Court considers that, in the circumstances of this case, Costa Rica has not shown the existence of an emergency that justified constructing the road without undertaking an environmental impact assessment. In fact, completion of the project was going to take, and is indeed taking, several years. In addition, when Costa Rica embarked upon the construction of the road, the situation in the disputed territory was before the Court, which shortly thereafter issued provisional measures«.
– C.) Demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2014. En febrero el 2014, Costa Rica demandó a Nicaragua por el tema de la delimitación marítima, pidiendo al juez internacional determinar la frontera marítima en ambos océanos (véase texto de la demanda, la cual viene sin mapas que pudiesen ilustrar las pretensiones de Costa Rica). Esta demanda se presentó de forma sorpresiva, al no haber mayor tensión con Nicaragua registrada en febrero del 2014 en este ámbito preciso. A notar que fue presentada pocas semanas después de celebrarse la primera vuelta electoral en Costa Rica.
Ante las coordenadas muy distantes dadas por cada uno de los dos Estados con relación al inicio de la frontera terrestre en Punta Castilla, en el Caribe, el cual fue fijado en 1897, la CIJ ordenó un peritaje, y dos expertos nombrados por la CIJ realizaron varias visitas in situ en aras de tener mayor claridad antes de ubicar este punto. Ambos rindieron su informe en abril del 2017 (véase texto en francés y en inglés en el que, en la página 45, figuran los puntos propuestos por cada Estado). En junio del 2017, ambos expertos contestaron a algunas dudas que tenía Costa Rica sobre sus conclusiones (véase texto de su respuesta a Costa Rica).
– D.) Demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2017. En enero del 2017 Costa Rica demandó a Nicaragua por el campamento militar localizado en la playa frente a la Laguna de Portillos, que detallaremos a continuación.
Foto extraída de artículo de prensa del Tico Times titulada «Costa Rica sues Nicaragua over military camp near border». En el centro en azul, la carpa militar colocada por Nicaragua en el playón que se forma frente a la Laguna de Portillos.
Una carpa militar sola frente al mar
Un lector acostumbrado a revisar el tipo de asuntos que terminan en La Haya podría mostrarse un tanto perplejo ante una demanda presentada por un Estado contra otro en razón de la colocación de una carpa militar ubicada en una playa. Observando el carácter rudimentario de la carpa plástica colocada, la perplejidad puede ser mayor y esperamos que las líneas anteriores lo ayuden a mantenerla a niveles aceptables. De manera conocer el breve cruce de notas entre ambos Estados acaecido a finales del 2016, lo remitimos a nuestra nota publicada en Pressenza, titulada «Campamento militar en la playa: Costa Rica presenta nueva demanda contra Nicaragua ante la CIJ«, que incluye algunas tomas aéreas y fotos satelitales.
Gráfico extraído de esta nota de prensa de La Nación.
Es de notar que el banco de arena que se forma naturalmente frente a la Laguna de Portillos (y que la protege del mar) en la que se ubicó la carpa militar colocada por Nicaragua es considerado en todos los mapas oficiales de Costa Rica (al menos hasta diciembre del 2015) como perteneciente a… Nicaragua. En efecto, en su último segmento, la línea fronteriza sigue el contorno del borde de la Laguna de Portillos, tal y como se observa en los mapas del mismo Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Costa Rica, iniciando en Punta Castilla.
Mapa cartográfico publicado por el Instituto Geográfico Nacional o IGN (Costa Rica) en el que se detalla cómo la frontera bordea la Laguna de Portillos (Mapa “Punta Castilla” 3448-II, 1:50.000).
Al haber en su decisión de diciembre del 2015 la CIJ ordenado a Nicaragua retirarse del sector conocido como Isla Portillos, no ahondó sobre la pertenencia de este playón (que protege la Laguna de Portillos de la erosión marina) a uno u otro Estado. En una de sus ordenanzas, la CIJ pareciera haber incluido la playa en la expresión «territorio en disputa«, al menos esto es lo que interpreta Costa Rica en su demanda del 2017. El alegar que el fallo de diciembre del 2015 modificó la situación anterior y le adjudicó esta playa a Costa Rica es la tarea a la que se abocaron los asesores internacionales contratados por Costa Rica ante el juez internacional. Este próximo 2 de febrero, se podrá apreciar cuán convincentes fueron y cuán sólidos fueron sus argumentos.
La última controversia de varias aún pendientes de resolución entre ambos Estados
Este mismo 2 de febrero del 2018, la CIJ determinará también, en un fallo distinto para cada asunto, dos cuestiones pendientes de resolución entre ambos Estados:
– A.) La compensación por daño ambiental. El juez internacional deberá fijar el monto exacto de la compensación por el daño ambiental ocasionado por Nicaragua en el sector de Isla Portillos a partir de octubre del 2010 y luego en setiembre del 2013 con la apertura de dos nuevos «caños» (véase nota sobre anuncio de la CIJ). Se trata de un aspecto irresuelto entre ambos Estados, en el que destaca la peculiar manera de «negociar» un monto indemnizatorio. Anunciar públicamente, sin previa consulta, un monto constituye sin lugar a dudas una verdadera novedad para los entendidos en técnicas de negociación internacional. Sobre el particular y otros detalles de interés, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro artículo publicado en el OPALC (Sciences-Po, Paris) titulado: «Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes«).
Nótese que al anunciar el monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016, Costa Rica reconoció que la metodología usada para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos no proviene de una entidad del Estado, sino de una entidad privada costarricense.
El monto que asigne la CIJ dependerá de la metodología usada por cada uno de los dos Estados para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos, al materializar una cifra a partir de un desglose del daño ocasionado y valores asignados, por ejemplo, a la tala de árboles, entre muchos otros rubros. Desde este punto de vista, y sin tal vez proponérselo, la escogencia oficial que hayan hecho Costa Rica por su parte y Nicaragua por su lado en sus respectivos alegatos escritos, puede resultar de interés para efectos internos, y en particular para los sectores ecologistas de ambos Estados (Nota 3).
– B.) La frontera marítima entre Costa Rica y Nicaragua. En otra sentencia, el juez internacional determinará la frontera marítima entre los dos Estados en ambas costas, en respuesta a la solicitud que interpuso Costa Rica en febrero del 2014 (véase nota nuestra al respecto). Este último procedimiento contencioso fue unido por la CIJ con el de la carpa militar del 2017.
Con relación a los plazos para la presentación de escritos, en su ordenanza de abril del 2014 (véase texto), la CIJ fijó este plazo a 10 meses (Costa Rica habiendo solicitado un plazo de 6 meses y Nicaragua uno de 12 meses).
Las audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua con relación a la delimitación marítima tuvieron lugar en julio del 2017 en La Haya durante las cuales cada Estado presentó a los jueces las líneas que pretende (véase breve nota nuestra al respecto).
Concluidas las audiencias orales en La Haya, se abrió la etapa del «délibéré» de la CIJ: en este caso, las deliberaciones internas entre los jueces duraron 6 meses. Tratándose de dos costas a delimitar, este plazo resulta inusualmente corto, en particular si lo comparamos con los 13 meses que debieron de esperar pacientemente Perú y Chile en el 2014 para escuchar la lectura del fallo de la CIJ sobre su frontera marítima (véase breve nota nuestra al respecto en la que se intenta dar algunas razones que puedan explicar plazos tan largos del debate colegial interno a la CIJ).
Recordando la discusión originada entre Perú y Chile en el 2015 al no coincidir el inicio de la frontera marítima con el punto terminal de la frontera terrestre en la sentencia de la CIJ (véase foto satelital y triangulación objetada por Chile en esta nota de Elpais.cr) sería al respecto deseable que, en la decisión que rinda el juez internacional, el punto de inicio de la frontera marítima en el Caribe coincidiera con el punto terminal de la frontera en la playa entre Costa Rica y Nicaragua.
Otro punto de discordia potencial que sería (también) deseable que la CIJ resolviera en el texto de su sentencia, es la pertenencia de Isla Bolaños a Costa Rica, en el Océano Pacífico: se trata de una isla (esta sí es una isla que califica como tal, rodeada de agua salada…) ubicada en un bahía común a ambos Estados, la bahía de Salinas. El tratado de límites de 1858, siempre vigente, establece que ambos Estados ejercen de forma conjunta su soberanía en esta bahía (así como en la Bahía de San Juan del Norte en el Caribe). ¿Cuál es el régimen de esta isla? Se trata de un tema que tensó a la opinión pública en Costa Rica en julio del 2016 al publicarse en la prensa de Costa Rica una de las pretensiones de Nicaragua contenida en sus alegatos escritos sobre esta isla: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota al respecto. No es la primera vez que se filtra a la prensa costarricense documentos que, en apego a las estrictas reglas de confidencialidad de la CIJ, no debieran de circular más que entre el juez y las partes (Nota 4).
La controversia sobre la Isla Bolaños y la coincidencia antes referida del punto inicial de la frontera marítima son algunos aspectos que ojalá se resuelvan en el texto de la sentencia a ser leida este 2 de febrero. Para ello, ambos Estados debieron de haberlo solicitado en sus conclusiones finales a los jueces. De no haberlo hecho, darían pie para nuevas discusiones entre dos Estados que parecieran tener como única agenda bilateral, el de remitir sus controversias al juez en La Haya.
Con relación al monto por compensación en materia ambiental, Costa Rica anunció unilateralmente un monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016 (véase nota de prensa), y a la fecha se desconoce el monto ofertado por Nicaragua que se haya plasmado en un documento oficial. El conocerlo permitiría conocer la distancia existente entre ambos montos. Es muy probable que la CIJ en su decisión busque un término medio entre el monto solicitado por Costa Rica y el monto ofertado por Nicaragua (el cual deberá aparecer en alguna parte de la sentencia a leerse): se trata de un recurso al que recurre a menudo el juez internacional en aras de permitir a ambos Estados salir bien librados ante sus respectivas opiniones públicas. «Partir el ayote por la mitad» es un concepto familiar en Costa Rica para quiénes son llamados a impartir justicia y agradecemos desde ya a nuestros atentos lectores indicarnos si la misma expresión es también usada en Nicaragua.
Este próximo 2 de febrero: un inédito día para la justicia internacional
Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia que la CIJ convoca a dos Estados para leerles su decisión en tres asuntos distintos, intentando enviar tal vez con esta larga jornada en perspectiva, un mensaje a ambos ribereños del río San Juan.
Al tratarse de tres asuntos distintos, el poner en relieve los asuntos en los que la otra parte quedó desfavorecida y en el que se salió favorecido debería permitir a ambos Estados salir airosos ante la opinión pública nacional e internacional este próximo 2 de febrero.
En el preciso caso de Costa Rica y de Nicaragua, tanto en el caso del fallo de julio del 2009 (sobre derechos de navegación) como en el de diciembre del 2015 sobre Isla Portillos y la denominada «trocha fronteriza» (dos casos unidos en un solo procedimiento contencioso a solicitud de Nicaragua), mañaneros cantos de sirena se dejaron oír de ambos lados del río San Juan.
En el caso de la sentencia de julio del 2009 de la CIJ, Nicaragua obtuvo de la CIJ un reconocimiento a su potestad para reglamentar la navegación y Costa Rica una prohibición absoluta hecha a sus fuerzas policiales de navegar: véase párrafo 156, en particular incisos 1)h y 1)i) adoptados ambos por unanimidad de la decisión del 2009). El hecho que, siendo titular de una competencia en materia de vigilancia fluvial reconocida en un tratado vigente desde 1858, un Estado presente una demanda, y regrese de La Haya con una sentencia negándole ejercerla es poco casual y, como mínimo, merece mención. Un año después de leída la sentencia, Costa Rica enfrentaría, en el 2010, enormes dificultades para vigilar lo que ocurría en el último segmento de su frontera fluvial con funcionarios de Nicaragua utilizando mapas erróneos de Google Earth para ubicarse.
La última demanda presentada en el 2017: una nueva marca para la CIJ en medio de una nebulosa
Al haber sido presentada por Costa Rica en enero del 2017, esta demanda por la presencia de una carpa militar de Nicaragua en esta playa del Caribe constituye el caso contencioso resuelto de la forma más expédida (un año) por la CIJ en toda su historia: en efecto, por cada demanda contenciosa, los Estados deben prepararse a por lo menos cuatro años de procedimiento como mínimo, y a sufragar los gastos que supone su defensa, los cuales oscilan entre 5 a 9 millones de US$ para cada Estado y cada demanda. Chile se vió forzado a reconocer que para enfrentar la demanda peruana ante la CIJ, gastó más de 20 millones de US$.
Los gastos que significa una demanda en La Haya constituyen un ámbito sobre el que los Estados se muestran usualmente discretos, y la prensa, poco curiosa (salvo muy contadas excepciones).
En Costa Rica, en junio del 2015, se leyó en la prensa que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales” (véase nota de CRHoy): un dato verdaderamente curioso que despierta algunas interrogantes y que nos ha parecido oportuno mencionar (y que habría tal vez que dar a conocer – discretamente – a los que velan por la buena salud de la hacienda pública chilena).
Sobre algunos otros datos arrojados en Costa Rica y en Nicaragua así como en otros Estados en los que la prensa se muestra más interesada por este aspecto, remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota publicada en CIARglobal titulada «Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ» (véase en particular sección «El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura«).
A modo de conclusión
No cabe duda que en los últimos años, Costa Rica y Nicaragua han protagonizado un espectáculo raramente visto en el ámbito internacional. La respuesta del juez internacional a la demanda por la carpa militar edificada en el playón que protege la Laguna de Portillos del mar vendrá a concluir una secuencia ininterrumpida de demandas entre ambos Estados desde el mes de noviembre del 2010. El observar que en, seis años y dos meses, dos Estados puedan llegar a presentar cuatro demandas entre ambos (de las cuales tres planteadas por Costa Rica) constituye un hecho insólito en los anales de la justicia internacional de La Haya.
Esperemos que una vez leída la sentencia en el caso de la carpa militar y en los dos asuntos que también se dilucidarán este 2 de febrero, ambos Estados intentarán reencausar sus deterioradas relaciones hacia aguas menos tormentosas: su cargada y compleja agenda bilateral suspendida por más de 12 años así lo requiere.
Notas
Nota 1: Véase el video disponible en You Tube del programa Sobre la Mesa de agosto 2013, Canal 15 UCR. El consultor-funcionario justificó no obstante ante las cámaras del canal universitario el uso de la palabra «invasión«, según sus propios términos «para que la gente entienda» (Minuto 7:23).
Nota 2: Véase Programa RTNoticias, video disponible en YouTube, emisión del 15/12/2015 (Minuto 24:18).
Nota 3: A la fecha, en ausencia de una metodología oficializada por parte del Estado costarricense para cuantificar el daño ambiental, está pendiente de una decisión de la justicia costarricense la fijación exacta del monto por el daño ambiental ocasionado por la empresa minera canadiense Infinito Gold en octubre del 2008 en Las Crucitas. Con relación a otro escándalo ambiental, que ordenó esta vez el mismo Estado costarricense en abierta violación a su legislación ambiental, no se ha dado a conocer (aún) la cuantificación del daño ambiental causado por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» construida a partir del 2011 por las autoridades costarricenses a lo largo de buena parte de la frontera fluvial con Nicaragua. De igual manera un sinfín de acciones contra piñeras están archivadas por el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) desde muchos años en ausencia de una cuantificación del daño ambiental por parte del Estado costarricense.
Nota 4: Los documentos escritos como la memoria y la contramemoria presentados por los Estados al juez internacional no son documentos públicos hasta tanto los jueces de la CIJ decidan darlos a conocer: esta decisión usualmente se toma al iniciar las audiencias orales en La Haya, fase correspondiente a la recta final del procedimiento contencioso. Ello obedece al hecho que no es sino hasta las audiencias orales que los Estados ultiman y seleccionan sus mejores argumentos legales. La primera fase escrita del contradictorio (memoria / contramemoria) seguida de una segunda ronda de alegatos escritos (réplica / dúplica) permite descartar pretensiones y argumentos claramente abusivos, usados inicialmente como parte de la batería jurídica adoptada. El 4 de febrero del 2013, un artículo de La Nación (Costa Rica) titulado «Managua formaliza en La Haya reclamo para usar Río Colorado» fue antecedido por la presentación unos días antes en la CIJ de un escrito de Nicaragua solicitando nuevos puntos a considerar (denominados «demandas reconvencionales«), incluyendo una pretensión sobre el Río Colorado (véase documento del 30 de enero del 2013). Esta pretensión de Nicaragua en aras de que se le concedieran derechos provisionales de navegación en el Colorado fue rechazada por la CIJ en su ordenanza del 18 de abril del 2013. Lo que nunca se logró saber es cómo esta información llegó en cuestión de pocos días a la redacción de La Nación.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
