Desde el viernes anterior el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, nos está dando una lección de lo que pueden ser capaces los gobernantes elegidos por el voto popular en un Estado Democrático formal.
El sábado declaró que “Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un estado de derecho, y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez, en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”, dijo el mandatario. El viernes anterior el Presidente guatemalteco visitó al Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. En su visita oficial algunas fuentes aseguran que se hizo una queja contra el comisionado Iván Velásquez (PL, 28/08/17), además de entregarle una nota formal donde «se planteó la necesidad de que la Cicig se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional de la República de Guatemala«.
Es conocido por toda la ciudadanía que el presidente Jimmy Morales, actúa en reacción a las acciones ejecutadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) quienes presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales Cabrera por el supuesto financiamiento electoral ilícito de Q6.7 millones que no fueron reportados por FCN (partido del Presidente) al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Es un principio general manejado por todo occidente que un presidente que es elegido por el voto popular debe actuar en beneficio de sus electores y no del suyo propio. No obstante, está actuando para sus propios intereses, utilizando su embestidura de gobernante para cubrir su delito, el cual fue contra los electores y el sistema político nacional.
Lo interesante es que en estos momentos su gabinete de gobierno se está despedazando y el pueblo guatemalteco esta en las calles protestando contra estos actos que riñen con la honestidad, la transparencia y el manejo limpio de lo público en un Estado Democrático. Sucede muy a menudo que nuestros gobernantes se «empoderan tanto de su cargo» que llegan a creer que los pueblos son ellos y aseguran que la «patria soy yo» así, cualquiera que le critica y le reclama, está actuando contra ese pueblo y esa «su patria». Para defenderla debe utilizar todo su poder y las leyes para castigar a quienes se oponen a su forma de gobernar. Es a todas luces la usurpación de la Democracia en beneficio privado, lo cual no pareciera entrar en conflicto con los principios del neo liberalismo.
Foto extraída de artículo publicado en Amelia Rueda.
Nicolas Boeglin (*)
Este 29 de agosto se dio por concluida la etapa escrita de alegatos presentados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el monto indemnizatorio que Costa Rica exijió que la CIJ ordenara a Nicaragua pagar (en razón de los daños ocasionados en el sector denominado Isla Portillos en octubre del 2010 por la tala de árboles y la construcción de un caño artificial, así como la excavación de dos nuevos caños detectada en setiembre del 2013).
Valoración del daño ambiental y jurisprudencia de la CIJ
Es de notar que no existe jurisprudencia de la CIJ en materia de compensación por daño ambiental, pese a dos casos sometidos por Estados de América Latina en años recientes que hubiesen podido sentar precedentes:
La demanda que Ecuador había interpuesto contra Colombia en el 2008 por aspersiones químicas aéreas en zonas fronterizas – y que dió lugar a una primera fase escrita (véase documentos disponibles aquí) – fue retirada por Ecuador en setiembre del 2013 a cambio, entre otras cosas, del pago de 15 millones de US$ por parte de Colombia (véase punto 9 del acuerdo bilateral suscrito el 9 de setiembre del 2013).
Con relación a la demanda interpuesta por Argentina contra Uruguay en el 2006 por contaminación del río Uruguay (asunto de las plantas de celulosa o pasteras), luego de una árdua batalla procesal (véase enlace a alegatos escritos y orales), la CIJ rechazó las pretensiones argentinas relativas a las obligaciones sustantivas de Uruguay en una discutible (y discutida) decisión del 2010.
Para completar el panorama actual, la demanda interpuesta por Chile contra Bolivia en el 2016 ante la CIJ por el uso de las aguas del Silala contiene algunos argumentos relativos a reglas en materia ambiental (véase texto de la demanda -once páginas – que viene acompañada de un voluminoso juego de anexos – 30 en total – en francés y en inglés). Según la ordenanza de la CIJ fijando los plazos (véase texto), la memoria chilena fue entregada en julio del 2017, y la contra memoria boliviana lo será en julio del 2018.
Con relación a la doctrina jurídica especializada, entre muchos artículos sobre el tema, remitimos al análisis titulado “La responsabilidad internacional de los Estados por daños ambientales transfronterizos en la jurisprudencia de los tribunales internacionales”, Sección 4. Sobre el daño ambiental transfronterizo en derecho internacional público, su conceptualización a partir de la práctica internacional y de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de Naciones Unidas, se puede citar este esfuerzo de sistematización de una jurista china, actualmente jueza en la CIJ, titulado, «Transboundary damage in international law«, publicado en el 2003.
Breve recapitulativo
En su fallo de diciembre del 2015 entre Costa Rica y Nicaragua, la CIJ fijó entre muchas otras cosas (véase nuestro breve análisis), un plazo de doce meses para que ambos Estados acordaran un monto indemnizatorio, sugiriendo expresamente entablar negociaciones bilaterales al respecto (párrafo 142).
En junio del 2016, Costa Rica anunció de forma unilateral un monto superior a los 6 millones de US$, sin previas consultas con Nicaragua (véase nuestra breve nota con al final el texto del comunicado de prensa del 7 de junio del 2016 circulado por Costa Rica). En este último documento oficial no se detallan los diversos rubros, dando a entender que hay un rubro principal y otros accesorios al señalar que:
«El monto total de lo reclamado supera los seis millones de dólares, en donde se contempla la valoración monetaria del daño ambiental ocasionado por Nicaragua, así como una serie de gastos adicionales en los que Estado costarricense debió incurrir en relación con las acciones de Nicaragua, incluyendo su presencia militar en Isla Portillos, así como los daños por la excavación de caños y la tala de bosque en un humedal internacionalmente protegido bajo la Convención de Ramsar sobre Humedales«.
Como era de esperar, este monto fue rechazado por Nicaragua unos meses después de su anuncio. En enero del 2017, Costa Rica solicitó formalmente a la CIJ determinar este monto, al haberse vencido el plazo de doce meses para que ambos Estados lo acordaran de forma conjunta.
Es de notar que en el caso de la demanda de Guinea contra República Democrática del Congo que incluía una indemnización por el daño a Ahmadou Sadio Diallo, el juez internacional en el 2012 fijó el monto en 95.000 US$: Guinea exigía el pago de más de 12 millones de US$, mientras que la República Democrática del Congo ofertaba una compensación por un monto de 30.000 US$ (Nota 1).
Cuantificar el daño ambiental sin acordar alguna metodología…
En la decisión de la CIJ que fija el calendario de esta nueva etapa procesal entre ambos ribereños del río San Juan, se lee que los aspectos metodólogicos son los que ahora motivan la discusión:
«…, by a letter dated 20 June 2017, Costa Rica stated that, in its Counter-Memorial, Nicaragua introduced evidence, and raised a number of arguments, in particular in respect of Costa Rica’s expert evidence, which Costa Rica “ha[d] not yet had the opportunity to address”; whereas, in the same letter Costa Rica, inter alia, contested the methodology used by Nicaragua for the assessment of environmental harm; whereas Costa Rica thus requested the Court to be given an opportunity to respond by way of a short reply; Whereas, by a letter dated 23 June 2017, Nicaragua objected to Costa Rica’s request and asked the Court “to proceed and assess the relevant material damage and the amount of compensation based on the evidence that the Parties have provided in their Memorial and CounterMemorial
/
«…, par une lettre en date du 20 juin 2017, le Costa Rica a indiqué que, dans son contre-mémoire, le Nicaragua avait présenté des éléments de preuve ainsi qu’un certain nombre d’arguments, en particulier en ce qui concerne les preuves produites par les experts du Costa Rica, sur lesquels le Costa Rica «n’a[vait] pas encore eu l’occasion de s’exprimer» ; que, dans cette même lettre, le Costa Rica a, entre autres, contesté la méthodologie utilisée par le Nicaragua pour évaluer le dommage environnemental ; que le Costa Rica a dès lors demandé à la Cour de lui permettre de répondre dans une courte réplique ; Considérant que, par une lettre en date du 23 juin 2017, le Nicaragua s’est opposé à la demande du Costa Rica et a prié la Cour de «passer à l’évaluation des dommages matériels pertinents et à la détermination du montant de l’indemnisation due sur la base des éléments de preuve soumis respectivement par les Parties dans leur mémoire et leur contre-mémoire”.
… lleva a pedir un plazo adicional para discutir aspectos metodológicos
El pasado 18 de julio del 2017, la CIJ adoptó una ordenanza abriendo una nueva ronda de alegatos con relación a la metodología usada. En su ordenanza (véase texto) se lee que:
«Whereas the Court notes that the Parties hold different views as to the methodology for the assessment of environmental harm and finds it necessary for them to address this issue in a brief second round of written pleadings, Authorizes the submission of a Reply by Costa Rica and a Rejoinder by Nicaragua on the sole question of the methodology adopted in the expert reports presented by the Parties in the Memorial and Counter-Memorial, respectively, on the question of compensation due in the present case; Fixes the following time-limits for the filing of those pleadings: 8 August 2017 for the Reply of the Republic of Costa Rica; 29 August 2017 for the Rejoinder of the Republic of Nicaragua;»
/
«Considérant que la Cour note que les vues des Parties divergent quant à la méthodologie d’évaluation du dommage environnemental et qu’elle estime nécessaire que les Parties examinent cette question dans le cadre d’un bref second tour de pièces écrites, Autorise la présentation d’une réplique du Costa Rica et d’une duplique du Nicaragua portant sur la seule question de la méthodologie retenue dans les rapports d’experts présentés par les Parties dans le mémoire et le contre-mémoire, respectivement, sur la question de l’indemnisation due en l’espèce ; Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure : Pour la réplique de la République du Costa Rica, le 8 août 2017 ; Pour la duplique de la République du Nicaragua, le 29 août 2017»
Al haber Nicaragua entregado su dúplica a la CIJ, queda concluida esta etapa escrita. Los jueces de la CIJ deberán ahora evaluar los alegatos de ambos Estados y decidir cuál metodología aplica en el caso concreto para fijar el monto compensatorio de Nicaragua por los daños causados.
¿Cómo lo harán y con base en qué criterios? Es un punto que deberá dilucidarse al no existir precedente jurisprudencial alguno por parte de la CIJ. El procedimiento contradictorio pareciera haber llegado a su término, salvo que ambas partes soliciten al juez una etapa oral adicional para presentar alegatos si así lo estimasen necesario. En el precitado procedimiento entre dos Estados africanos para fijar el monto de una indemnización, no se abrió ninguna etapa oral concluida la fase escrita (a diferencia del procedimiento contencioso usual de la CIJ): el fallo de la CIJ se dictaminó 4 meses después de depositada la contramemoria.
Figura del Caño «Google» o «Caño Pastora» (trazo azul), un caño artificial realizado por Nicaragua en Isla Portillos en octubre del 2010, a partir de un mapa erróneo de Google Map usado por Eden Pastora (figura realizada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Escuela de Geología, UCR) y toma aérea del mismo caño.
Dos Estados renuentes a dialogar
La ausencia de negociaciones bilaterales para determinar el monto indemnizatorio entre Costa Rica y Nicaragua desde la decisión de diciembre del 2015 de la CIJ puede explicar el tiempo transcurrido entre ambos Estados (véase al respecto nuestro artículo titulado «Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes«, publicado en el OPALC y disponible aquí). Era bastante previsible que el tema de la compensación económica fuera objeto de divergencias profundas, al no haberse establecido un método de común acuerdo. Tampoco ha trascendido que Costa Rica hubiese intentado algún acercamiento con Nicaragua previo a anunciar el monto en junio del 2016 de manera unilateral.
En el precitado artículo se puede leer que:
«Es de recordar que, en una materia como la ambiental, la cuantificación del daño depende básicamente de la metodología escogida. En Centroamérica, no existe una metodología regional aceptada por los Estados en materia de cuantificación del daño ambiental, por lo que es posible que ambos Estados cuenten con herramientas técnicas distintas«.
La metodología escogida y sus consecuencias
¿Hay manera de conocer la metodología usada por Costa Rica para valorar en más de 6 millones de US$ los daños ocasionados por Nicaragua en el 2010 y luego en el 2013? No por el momento.
Notemos que no ha sido dado a conocer el monto que Nicaragua ha presentado a los integrantes de la CIJ a título de compensación a Costa Rica, recurriendo a otra metodología. Hasta tanto no se de lectura del fallo, no se harán públicos los alegatos escritos de las partes, de conformidad con las reglas procesales que imperan en la CIJ (y que buscan evitar agravar las tensiones con base en alegatos o pretensiones claramente abusivas).
Será de cierto interés para el sector ecologista de ambos Estados conocer la metodología defendida por sus Estados, en la medida en que, por ejemplo, en Costa Rica el Estado adolece de una metodología oficial para cuantificar el daño ambiental. Este vacío se evidenció en el caso del proyecto minero ubicado en Las Crucitas: el daño ambiental (tala de árboles ocurrida en el 2008) fue objeto de diversos peritajes cuya cuantificación está aún pendiente ante los tribunales de justicia (Nota 2).
Con relación al daño causado por productores de piña en el 2007 en la región de Siquirres, en el 2014 se leyó por parte de un especialista costarricense en un artículo de opinión titulado «Valoración económica de daños ambientales» que:
«concuerdo plenamente en que es una vergüenza que procesos tan importantes se vean varados por algo técnica y prácticamente tan sencillo como diseñar e implementar un ejercicio de valoración económica«.
Concluyendo su artículo de la siguiente manera:
«Mientras la culpa sea del otro, 6.000 personas en tres comunidades ven su bienestar diezmado (¿En cuánto? Fácil de medir) y el AyA lleva gastados por lo menos ¢430 millones en llevar agua en cisternas, un pobre substituto para el agua del grifo. Si sumamos los costos en salud y similares, ya vamos avanzando con la valoración. ¿Le entramos?»
Diez años después de iniciarse la tragedia en Siquirres, la piña amenaza con replicar una nueva en la Zona Norte de Costa Rica (véase artículo del Semanario Universidad de mayo del 2017 que refiere a la crítica situación del humedal de Caño Negro, entre otros aspectos). Otra tragedia anunciada, que cumplirá 10 años el próximo mes, como la del colapso de la mina de Miramar (Puntarenas) en octubre del 2007, de igual manera, adolece de una valoración económica del daño ambiental por parte de las autoridades costarricenses. Pareciera que dentro de Costa Rica, el principio «quien contamina, paga» aplica sin encontrar cómo implementarse de forma efectiva, mientras que sí aplica (y Costa Rica busca la forma de implementarlo) en el caso de los daños acaecidos en Isla Portillos. Esta disonancia del aparato estatal costarricense merece, como mínimo, ser mencionada.
El hecho que Isla Portillos se sitúe en un humedal de importancia internacional declarado como tal (Humedal Ramsar) deberá ser tomado en consideración por parte del sector ecologista al existir otros humedales internacionales que sufren algún tipo de daño en Costa Rica. En el ámbito estrictamente interno, es de notar que el proceso penal en Costa Rica contra quienes participaron en la malversación de fondos públicos durante la construcción de la denominada «trocha fronteriza» de 160 kilómetros a partir del 2011 está paralizado ante la falta de cuantificación del daño social solicitado a la Procuraduría General de la República / PGR (véase a este respecto nota de Radio Monumental de mayo del 2017).
A modo de conclusión
La devastación que han sufrido los ecosistemas de la Zona Norte de Costa Rica debido a una expansión piñera sin precedentes no ha aún dado lugar a una indemnización o compensación por parte de la Cámara de Productores de Piña (CANAPEP), precisamente debido a la ausencia de una valoración económica del daño ambiental por parte de las autoridades costarricenses. De igual manera un sinnúmero de denuncias ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) no concluyen en ninguna condena o se archivan debido a la falta de valoración del daño ambiental causado.
Más allá de estos y otros preocupantes vacíos, y volviendo a la esfera internacional, será ahora el juez internacional el llamado a aplicar, con base en lo presentado por ambos Estados, una metodología que permita cuantificar el daño ambiental y fijar el monto indemnizatorio que Nicaragua debe reconocerle a Costa Rica. Posiblemente esta decisión final de la CIJ se lea en el transcurso del año 2018.
Se trata de un nuevo episodio procesal entre ambos Estados debido a su renuencia para retomar la vía del diálogo con posterioridad al fallo de la CIJ del 2015 en aras de normalizar sus deterioradas relaciones.
A diferencia de la práctica seguida por Estados que litigan en La Haya, quiénes celebran una reunión entre sus máximas autoridades políticas después de la lectura de un fallo de la CIJ, en aras de reencausar sus relaciones, no ha existido ningún acercamiento desde diciembre del 2015 entre las autoridades políticas de ambos Estados.
Nota 1: En el caso de la demanda de Guinea contra República Democrática del Congo interpuesta en 1998, la CIJ sentenció en su fallo del 30 de setiembre del 2010 que ambas partes debían acordar un monto para indemnizar a Ahmadou Sadio Diallo. En su sentencia sobre monto compensatorio del 19 de junio del 2012 (véase texto), el juez internacional fijó el monto en 95.000 US$. Es de notar que Guinea exigía el pago de más de 12 millones de US$ (11.590.148 US$ a los que había que sumar 500.000 US$ por gastos incurridos ante la CIJ, según se lee en el punto 10 de la sentencia), mientras que la República Democrática del Congo ofertaba una compensación por un monto de 30.000 US$.
Nota 2: El monto fijado en Costa Rica en noviembre del 2015 por la jueza a cargo de la ejecución de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del año 2010 fue de 6,4 millones de US$(véase nota de CRHoy del 2014). Esta sentencia fue apelada por lo que no se tiene certeza que el monto se mantenga. El tiempo tomado por la jueza de ejecución para considerar estas apelaciones puede indicar que es probable que variará. Un peritaje inicial fijó este monto en unos 4,6 millones de US$, mientras que otro equipo de peritos, que sí realizaron una visita in situ (a diferencia del anterior, basado en imágenes satelitales) fijó el monto por el daño ambiental en 10,6 millones de US$ (ver nota de La Nación).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
A la luz del derecho internacional existe una situación de anormalidad generalizada del orden público en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela; mas no abarca el espectro de un conflicto (armado) interno.
El carácter insurgente de la oposición venezolana no califica como tal. La oposición venezolana asume un papel de rebelión contra el cauce institucional; pero en modo alguno, los actores de oposición, individualmente considerados, podrían calificarse de rebeldes.
Nos encontramos ante una oposición que reclama la legitimidad del poder legislativo, mientras se declara en desacato ante el desempeño armonioso de los otros poderes constitucionales, conforme al ejercicio del juego de poderes en el establecimiento de un estado de derecho. Se da una protesta de sectores identificados de la ciudadanía en áreas de ciudades capitales de estados constitutivos. Es una oposición que está dentro del estado al conformar parte de poderes representativos e institucionales; aboga por ellos y su mantenimiento; pero con la particularidad conspirativa de asalto del poder gubernamental ensañada contra la figura representativa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela: Nicolás Maduro Moros. Ahora, bien, ese “asalto” al poder presidencial lo hace bajo la modalidad de la protesta callejera y el uso de la alteración del orden público constitucional; bajo una clara violación del código penal venezolano. De manera que no tipifica una situación de estado de excepción y por ende no han sido declaradas restringidas las garantías constitucionales imperantes.
Casos emblemáticos, como los de Leopoldo López, bajo la observación de un debido proceso penal, nos han llevado a calificar su situación como la de un político que violó la normativa penal, cuando el grado de su comportamiento punitivo le imponía la exigibilidad de otra conducta-acorde con su calidad de dirigente político – y por ello no califica como un preso político, sino como un político preso. Resume un caso típico de un político que actuó inferior a sus expectativas.
De manera que serían sujetos de carácter delincuencial político, quienes, alzados contra el orden público, exciten a la guerra civil, organizados o alzados en armas, intimiden a la población, en aplicación a las disposiciones del Código Penal Venezolano vigente. No se pretende sentar cátedra alguna, como sí ilustrar a los lectores, que las situaciones de hecho que consagra la norma constitucional y legal en Venezuela son diferentes a la tradicional glosa de las conductas colombianas, en cuanto hace referencia al llamado delito político. Por algo rige en Venezuela una Constitución basada en la democracia participativa y no en la democracia indirecta y representativa del régimen colombiano, causante de tantas desgracias y tragedias.
La situación de venezolanos en Colombia
Independientemente del despliegue mediático sobre la situación política en la República Bolivariana de Venezuela, no solo en la extensa franja fronteriza con Colombia, sino también en ciudades intermedias y capitales de departamentos, incluido el Distrito Capital, la población migrante de ciudadanos procedentes desde Venezuela aumenta.
La dictadura mediática ha impuesto explicaciones desviadas de la realidad y a raíz de consideraciones de un conflicto económico agudo, sobre el presupuesto de una guerra económica intervencionista y de factor interno desequilibrante, enfocamos el siguiente análisis. Con prioridad a la provisión por la defensa de los derechos humanos, durante el prolongado enfrentamiento con manifestantes opositores, la guerra mediática trata de imponer directrices acusatorias, que riñen plenamente con respuestas oficiales sobre puntuales denuncias y que reflejan una actuación de oficiosidad desplegada por el establecimiento gubernamental en atención a esclarecer situaciones anómalas. Obviamente, en tratándose de la preservación de los derechos fundamentales a la población venezolana, ello no es suficiente y continua el imperativo moral de no descartar cualquier desafuero que riña con el ejercicio y aplicación de la observación de los Derechos Humanos en Venezuela. Tema de por si no agotado.
Cómo calificar a la población migrante que llega in crescendo desde Venezuela
Corresponde en primer lugar analizar si ha de calificárseles como población migrante desplazada por consideraciones económicas; incluidos dentro de la generalidad de desplazados laborales o bien si enmarcan dentro de la calificación de refugiados. Ambas situaciones revisten consideraciones especiales y de carácter humanitario; pero el efecto de la responsabilidad de Colombia como garante y subscritor de los Convenios de Ginebra, aplica a una línea de comportamiento y de procedimientos diferentes. Como Estado signatario en la Organización de las Naciones Unidas incumbe a Colombia la observación de los Acuerdos y Protocolos de Ginebra en materia de Refugio.
Comencemos por la definición de Refugio. El artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1951, enmendado por el Protocolo de 1967, nos acerca a una definición y entiende por refugiado a: «Una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a éste«.
Destacan los siguientes elementos objetivos en tal definición: Que la persona sea perseguida por razón de: 1. Raza. 2. Religión. 3. Nacionalidad. 4. Ser minoría de un grupo social o de opinión política en particular.4. Estar en el país del que huye por no ser el de su nacimiento. 5. No contar con nacionalidad o ser paria. Ello unido al elemento subjetivo de temor o miedo fundado a la preservación de su vida; por no existir garantías en el país del que huye.
En cuanto al país receptor, así llamado el país que recibe, abundan consideraciones de carácter humanitario en la comprensión, de cada caso en particular, para aceptar la calidad de inmigrante del solicitante de refugio, en consideración a que ha salido de su país o ese país de procedencia, por inminente peligro contra su integridad, debido al peligro que corría, por causas raciales, políticas o religiosas, guerra civil o conflicto interno armado o hacer parte de un grupo social potencialmente en exterminio, genocidio o afectado por desastres naturales en el manejo amplio de una interpretación de sensibilidad humanitaria.
Ahora corresponde en segundo lugar, resaltar la distinción ente el carácter del Refugio y el del Asilo. En nuestro entender el Asilo connota una situación genérica del perseguido que ha entrado a un recinto para protegerse de inminente peligro contra su vida e integridad personales. Del asilo se predica, bajo la connotación de protección a quien en la antigüedad se refugiaba en un templo o iglesia. Hoy aplica sobre el entendido de quien llega a un país sobre las características de persecución y peligro inminente a su vida e integridad personal, no puede ser remitido por el país receptor al país del que huye. Pero de condición sine qua non, es que al elemento subjetivo se agreguen los elementos objetivos paras la caracterización del refugio. Aquí corresponde observar que la figura del Asilo no corresponde a concepto preceptivo referente a la normatividad contenida en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Económicos Sociales y Culturales (1966). Por ello se predica que el ejercicio efectivo del Asilo incumbe a una determinación del gobierno respectivo de un Estado. No a un acto de soberanía estatal o de un Estado miembro, como de autonomía definitoria del ejercicio del poder ejecutivo en particular de ese país y como tal sometido al régimen interno, de ese país, en cuanto respecta los principios de legalidad y de validez o no, de los actos administrativos.
Valga la explicación anterior para centrarnos en la diferencia especifica que la calidad de Refugiado es de vocación supranacional. El derecho de los Refugiados, que trata sobre su protección compete a la observación de la normativa y rama del Derecho Internacional. Esa legislación internacional es la que observa el país receptor, como por destacar, que la integridad del refugiado queda bajo la protección y egida del país receptor y a este incumbe el principio de confidencialidad e inviolabilidad sobre los hechos, llamémoslos para nuestro entender popular, como victimizantes. Conviene precisar, en consecuencia, que los derechos de protección de los refugiados o Derecho de los refugiados, alude al Derecho Internacional. Tema diferente al de las ramas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que abarcan una comprensión de los derechos humanos en general y en particular sobre el estudio del comportamiento humano en desarrollo de los conflictos bélicos y/o conducción de la guerra en particular.
A manera de ejemplo, la condición del golpista venezolano Pedro Carmona en Colombia es la de Asilado. Por así disponerlo el gobierno de turno, mediante acto administrativo gubernamental interno que no fue objeto de ejercicio contencioso alguno. La condición de otorgamiento de refugio en Colombia obedece a exigibilidad supranacional, de conformidad con el Derecho Internacional y por ende la legislación migratoria sobre el tema de refugios supeditase al mandato constitucional del 91, en su artículo 93, in si tu: “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno”.
La ACNUR es la Agencia de la ONU para los refugiados.
Sobre el caso de la ex fiscal venezolana
Los recuentos periodísticos expresan que la señora Luisa Ortega Díaz fue desplazada de su cargo de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela por decisión soberana del constituyente primario en ejercicio facultativo. De previo presentaba investigaciones disciplinarias por el ejercicio de su cargo. Bajo apreciación subjetiva de la señalada, decidió abandonar su país de origen y entrar (legal o ilegalmente) a territorio colombiano. No se conoce públicamente petición alguna de su parte, de asilo o de refugio. La mediática conduccionista colombiana difunde que es una perseguida política del gobierno bolivariano de Venezuela. Ella se califica como opositora política al régimen imperante. Cumpliría con mi función didáctica si con los elementos conocidos ha exhibido pruebas, al menos sumarias, de inminente peligro sobre su integridad y sobre su vida en el país vecino. De otro lado, es sabido que ingresó subrepticiamente a Colombia en compañía de su esposo, German Ferrer, el Diputado de la Asamblea Nacional, por el PSUV, quien califica con una situación sub judice, en su país de origen y permanencia bajo residencia vigilada, mientras transcurría el proceso de su allanamiento por inmunidad parlamentaria. Indiscutiblemente sopesan investigaciones penales en su contra en Venezuela. German Ferrer ratifica que su esposa (la ex fiscal general) enfrentó institucionalmente las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De otro lado el actual Fiscal General, Lic. Tarek William Saab señaló que existen evidencias que demuestran complicidad de German Ferrer en investigaciones penales sobre la creación de una fundación y una compañía anónima en el exterior, como vehículo de lavado de activos y desvío de recursos oficiales, señalando complicidad entre el citado Ferrer y Pedro Lupera, quien funge como Fiscal 55 nacional, activo en el cargo; quienes junto con Gioconda González, exjefa del despacho del Ministerio Público, todos soportan órdenes de captura.
De manera que nos encontramos con dos indeseados visitantes en territorio colombiano, que alegan persecución política y peligro inminente de sus vidas, sin ser ello de soporte probatorio. El uno prófugo de la justicia venezolana, la otra fantasiosa en el delirio de persecución.
Tenga presente la opinión pública colombiana que una cosa es el fuero soberano estatal en el otorgamiento o no de una petición de refugio y otra cosa la facultad gubernamental- que no acto soberano- del ejecutivo en cabeza del presidente de la Republica en conceder un asilo, sobre el que no prima el Derecho internacional sino el principio de legalidad vernáculo con todos sus efectos.
Está demostrado que la oposición retrograda venezolana y sus conmilones de apoyo militarista colombianos, vienen perdiendo todas las batallas jurídicas y en el caso analizado, todo indica que no será esta la excepción.
En economía la liquidez tiene que ver con la disponibilidad de dinero en efectivo que tiene una persona, familia, empresa, institución o Estado, para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Como bien es sabido, Costa Rica enfrenta problemas estructurales en sus finanzas públicas, donde lo que ingresa por concepto de impuestos (recaudación fiscal) es insuficiente para hacer frente a los gastos y, por tanto, se debe recurrir al endeudamiento (emisión de títulos de deuda interna o externa) para suplir ese faltante; esto es lo que se llama déficit fiscal. En el 2016 el déficit del Gobierno Central llegó al 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y se espera que para el cierre de 2017 alcance el 6,1% (Revisión del Programa Macroeconómico, BCCR). En otras palabras, cada vez el problema se hace más grande y por ende la deuda del Gobierno Central crece: en el 2016 alcanzó el 45,09% del PIB; ocho años antes (en el 2008) fue del 24,12% del PIB.
Ahora bien, no es lo mismo enfrentar problemas de liquidez que una “crisis de liquidez”. Si bien el Gobierno Central, particularmente el Ministerio de Hacienda, ha tenido dificultad para obtener recursos de muy corto plazo, no es correcto señalar que exista una “crisis de liquidez”, tal como lo anunció el Presidente Luis Guillermo Solís en Cadena Nacional el pasado primero de agosto. Por lo general se habla de “crisis” cuando durante varios meses o períodos consecutivos se presenta una situación difícil sin que por sí solo se pueda salir de ella. Es decir, si hubiese una “crisis de liquidez”, sería porque se han agotado los instrumentos que tiene el Gobierno a su disposición para obtener los recursos que le permitan hacer frente a sus obligaciones de corto plazo; no obstante, esto no ha sucedido.
El problema de flujo de caja que enfrenta el Ministerio de Hacienda está más relacionado con el poco atractivo que están teniendo los títulos/bonos, que con una “crisis de liquidez”. Este poco atractivo se explica por varios acontecimientos recientes, entre ellos:
a) Expectativas: los inversionistas están prefiriendo mantener sus recursos en inversiones de muy corto plazo a la espera de mejores rendimientos, y el anuncio de la “crisis de liquidez” podría incentivar aún más a los inversionistas a invertir más a corto plazo, esperando mayores rendimientos a futuro, y además a invertir otros títulos no emitidos por el gobierno.
b) Fuerte incremento de la Tasa de Política Monetaria: en enero estaba en 1,75% y a partir de junio subió a 4,5% (tasa de interés que cobra el BCCR en sus operaciones activas/préstamos a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez). Esta decisión complicó el financiamiento del Ministerio de Hacienda ya que si este no sube las tasas de interés le costará más colocar los bonos. Esto es lo que podría haber provocado en mayor medida el problema de liquidez.
c) Entorno internacional: el periodo de “dinero fácil” se acabó, en el mercado internacional han empezado a subir las tasas de interés y por ello la disponibildad de recursos en el mercado interno también se ve afectada.
d) Intervenciones del BCCR en el mercado para estabilizar tipo de cambio: cuando el BCCR sale a vender dólares, recoge colones y por tanto se reduce la disponibilidad de dinero en la economía.
Adicionalmente, es preciso diferenciar el problema que enfrenta el país en sus finanzas públicas (problema estructural) del “problema de liquidez”. Si bien ambos hechos se relacionan, deben entenderse y analizarse de manera separada. A continuación se mencionan algunas medidas que podrían resolver el problema de liquidez pero no el de las finanzas del Estado, así como sus posibles efectos “colaterales”.
¿Cómo hacer frente al problema de liquidez? Y ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?
a) Aumento en tasas de interés de los títulos ofrecidos por Hacienda: esto haría más atractivos los títulos del Gobierno pero presionaría hacia arriba las tasas de interés en el mercado interno y por ende terminaría afectando a los deudores y posiblemente la inversión, el crecimiento económico y el empleo. ¡Seguir pateando la bola hacia adelante!
b) Endeudamiento externo: requiere aprobación de la Asamblea Legislativa y en caso de lograrse, podría generar presiones para que el tipo de cambio baje (apreciación del colón por aumento de la oferta de dólares en el mercado interno) afectando al sector exportador y el dinamismo económico.
c) Más canje de deuda: continuar intercambiando los títulos actuales por otros de más largo plazo. ¡El problema no se corrige, sólo se traslada en el tiempo!
d) Contención del gasto público. Sus efectos dependerán de las áreas en las cuales se realicen estos recortes y podría tener efectos recesivos en la economía.
e) Letras del Tesoro: según la Ley Orgánica del BCCR, esta entidad podrá, mediante aprobación de al menos cinco de sus miembros de Junta Directiva, comprar letras del tesoro, a una tasa de interés superior a la tasa básica pasiva. Esta medida podría impactar la inflación.
f) Reducción del Encaje Mínimo Legal (EML): una reducción del EML podría aumentar la disponibilidad de recursos en la economía. “Artículo 63… La Junta Directiva del Banco Central fijará los encajes mínimos legales con respecto al saldo de los depósitos y las captaciones, con un límite máximo de un 15%” (Ley Orgánica, BCCR); sin embargo, de igual manera, es una medida con impacto en la inflación.
Finalmente, es preciso señalar que Costa Rica enfrenta una dura realidad, y es que si no se toman decisiones pronto para resolver el problema fiscal de manera estructural, el ajuste que se tenga que hacer cada vez será más doloroso y con mayores impactos sobre la economía y la sociedad en su conjunto. El problema de liquidez que ha enfrentado el Gobierno podría agudizarse si no se llega a acuerdos en materia fiscal pronto.
(*) Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.elescribaenpie.com
Texto del rector de la UCR en relación con la negociación anual del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la UCR
El Dr Henning Jensen especificó que «no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad» (foto archivo ODI; UCR).
El compromiso de la UCR con la sociedad costarricense se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas – y de las más importantes – es la regionalización universitaria, en la cual es pionera, y constituye la vía regia de democratización de la educación superior. Mediante su presencia en prácticamente todo el país, no solo con sus sedes y recintos, sino también con cientos de proyectos de acción social e investigación, alcanza la UCR a muchas comunidades. Este legado, iniciado hace medio siglo, tiene el propósito de favorecer el bienestar y progreso de la colectividad.
La UCR ha tenido siempre detractores que han pretendido rebajarla, dando a entender que en ella prevalecen el elitismo, la corrupción y el despilfarro. Aunque tenemos problemas, y muchos muy serios, ellos no pervierten lo que podríamos llamar la sustancia de la institución. El buen nombre nos ha acarreado un especial aprecio por parte de la comunidad nacional, lo cual se debe a que nuestra universidad está totalmente inserta en el engranaje de la sociedad costarricense.
La educación superior se traduce en progreso de personas, familias y comunidades. Los resultados de la inversión en talento no son instantáneos, pues deben cultivarse a lo largo del tiempo, pero la cosecha, si se hace con esmero, tiende a ser fructífera. En una sociedad con desiguales oportunidades, la promoción de la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo deben ser siempre una prioridad, aun en tiempos de crisis, puesto que precisamente las personas más vulnerables son las que mayor apoyo requieren del estado. Es a ellas a quienes, nunca, debemos darles la espalda.
Nuestro país enfrenta hoy serias situaciones económicas. Recientemente el gobierno calificó de «crisis de liquidez» la reducción del dinero disponible para honrar los compromisos existentes. En vista de la creciente desigualdad en nuestra población y la exigua reducción de la pobreza, esta «iliquidez» no puede menos que provocar una enorme preocupación.
La debilidad de las finanzas estatales no es un tema por tomar a la ligera. Más bien debe convocarnos, como ciudadanía responsable, a informarnos y tomar decisiones con sabiduría y rigurosidad. En el marco de las políticas económicas que este y los próximos gobiernos deberán revisar, implementar y fomentar, será indispensable considerar acciones para asegurar que el estado cuente con los recursos para salir adelante, y hacer frente a los compromisos adquiridos y a los problemas acuciantes, alejándonos de los círculos viciosos de deudas con malas inversiones y acercándonos a los círculos virtuosos de recursos bien empleados. Esto implica conocer muy bien la situación del estado, y con ello visualizar sus necesidades de transformación, así como tener visión de futuro y evaluar resultados.
Las alianzas son quizá una de las alternativas vitales para que un país como el nuestro logre prosperar, a pesar de la grave situación de las finanzas públicas, que el Estado de la Nación ha calificado de ‘insostenible’. Juntos, tanto el gobierno como la academia, los sectores sociales y la empresa privada, somos palanca y polea que realizaríamos un trabajo mucho mejor que muchas manos dispersas. Es ahí en donde el valor del trabajo en conjunto, la cooperación y la visión común de desarrollo juegan un papel esencial para acelerar soluciones y promover el talento, la innovación y la generación de empleos.
La UCR comparte esta visión desde su propia trinchera: la reducción de la desigualdad, el empuje a las fuerzas vivas de la sociedad, a los pequeños y medianos productores, y la promoción de la educación superior como medio de movilidad social, son los recursos con los que cada día demostramos el provecho que puede obtenerse de la ciencia, la tecnología, la innovación y el estudio de la sociedad. Somos una universidad que piensa y actúa en tres dimensiones: la docencia, la investigación y la acción social, y sobre estos ejes hemos constituido un quehacer integral que no solo prepara a las y los futuros profesionales que llevarán las riendas del país, sino que además podemos incidir desde ahora en situaciones actuales y urgentes.
Contamos con una población permanente de unos 40.000 estudiantes, distribuidos en todo el país; tenemos siete sedes y cinco recintos universitarios; ofrecemos 240 opciones académicas con diversos grados de titulación; publicamos más de 50 revistas académicas especializadas que han surgido con la generación de conocimientos; realizamos más de 1800 actividades de investigación; y aportamos prácticamente un millón de horas anuales a la comunidad nacional mediante la acción social.
Para preservar estos logros, los cuales reflejan historias de éxito y superación, en los últimos años hemos debido tomar medidas enfocadas en la reducción de gastos, así como la orientación de nuestros recursos hacia el fortalecimiento de nuestras actividades sustantivas. Esto es algo que, sin importar la crisis, nunca dejaremos de apoyar. Y hemos de tener en mente que la UCR, a pesar de las medidas de contención del gasto aplicadas durante los últimos cinco años, experimenta un gran florecimiento académico y goza de una reputación internacional inigualada en el pasado.
Creemos en la consolidación de condiciones propicias para que cada estudiante, cada investigador o investigadora, cada funcionario o colaborador de la UCR sienta la seguridad de encontrarse en una institución sólida, de renombre, que no mancillará sus derechos y será inclusiva y solidaria. Esto implica mantener nuestro sistema de becas; no escatimar en los recursos necesarios para el equipamiento de laboratorios e institutos de investigación; apoyar la construcción y remodelación de la infraestructura requerida para un estudio y trabajo dignos y de punta; respaldar aquellos acercamientos con las comunidades que permitan el progreso mutuo, y seguir estableciendo vínculos con prestigiosas universidades y centros de investigación de todo el mundo.
A pesar de que es prácticamente imposible el cumplimiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación el próximo año y, por lo tanto, tampoco será viable arribar al 1,5% para el FEES, hay que aclarar que este fondo tiene rango constitucional, y no será reducido en su monto. Sin embargo, tampoco está exento de sufrir las consecuencias de la situación fiscal que atraviesa el país.
En el caso hipotético de que el gobierno cumpliera con esa meta, en las condiciones actuales se produciría un crecimiento nulo en todas las demás áreas de atención social del Estado. Esto, desde todo punto de vista, iría contra los postulados humanistas de la UCR: nunca podríamos aceptar recortar programas sociales esenciales para las poblaciones vulnerables, a cambio de gozar de un FEES mucho mayor.
No olvidamos que existe una enorme evasión fiscal, a todas luces ilegal y antipatriótica que ofende a toda la ciudadanía. Tampoco ignoramos que deben mejorarse los mecanismos de recaudación tributaria. No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados. La primera medida, y que debemos tener muy presente, es recordar que no somos una institución aislada, sino plenamente inserta en el tejido social del país. Así, no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad. No se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, sino de compromiso social y solidaridad.
Es cierto que los atrasos en las transferencias del FEES han requerido nuestra observancia, pero, por el momento, no es una situación grave. Sin embargo, esas transferencias son un ingreso esencial para el trabajo de nuestra institución que, de no recibirse oportunamente, podría comprometer los aportes que brinda al país.
En síntesis, esperamos llegar a un escenario que efectivamente cumpla con el mandato constitucional, y que a su vez nos permita seguir ofreciendo calidad en la formación profesional y en los aportes técnicos y de conocimientos, siempre y cuando este crecimiento no sea presupuestaria ni económicamente ofensivo para los sectores desfavorecidos de la población costarricense, ni suceda a costa de su bienestar. Si no avanzamos juntos, debemos unirnos para que sea una realidad: hoy, más que nunca, debemos estrechar nuestras manos con quienes ven en las universidades públicas una esperanza.
Por otro lado, no cabe duda de que, en momentos difíciles, es una virtud volver la mirada hacia adentro. Las universidades estatales debemos practicar una autocrítica sistemática, incluso descarnada, pero razonable y basada en realidades, no en distorsiones, mitos ni rumores.
Nos satisface saber que, pese a las adversidades, somos una institución cuyo renombre surca cielos y mares. Una institución de aportes, resultados y progreso.
GOL MACABRO, BAJO, INDECENTE ejecutado en la ASAMBLEA LEGISLATIVA. Presentado cual si fuere un »inocente» proyecto que buscaba desafectar »un terreno municipal» para construir en él un »Centro Tecnológico», el Plenario Legislativo aprobó LA PROFANACIÓN MASIVA que Johnny Araya quiere ordenar en el CEMENTERIO CALVO. Creyendo que era un »proyecto chayote» (porque el título incluido en la lista, escondía el nombre de »Cementerio Calvo») buena parte de los diputados no se percataron del GOL que les estaban metiendo. ¡Así de grande es el cinismo que permea la sede legislativa!
Se están, entre otros, saltándose lo dispuesto en el PLAN DIRECTOR URBANO DE SAN JOSÉ, en cuyos planos y gráficos aparece muy bien delimitado el CEMENTERIO CALVO. Para modificarlo existe un único procedimiento, que incluye la aprobación pública en Cabildo del cantón, convocada al efecto. Algo que por supuesto NO se hizo.
ASIMISMO, tampoco existen sendos estudios de dos departamentos del MINISTERIO DE SALUD, aprobando los CIENTOS DE EXHUMACIONES que habrían de ejecutarse. Eso en términos de las formalidades. En cuanto a la moral y el respeto a los difuntos allí enterrados, sobran argumentos, entre ellos la carta del señor Arzobispo y la edición del semanario ECO CATÓLICO donde se denuncia el sacrilegio, la profanación masiva.
Y este martes 21 de agosto, ya enterados de lo que se trataba, aprobaron en 2° debate el proyecto suscrito por Antonio Álvarez (conversado con Johnny Araya) en votación 31 a 9…
La poderosa influencia que tuvieron los medios culturales de Viena y París, durante la segunda mitad del siglo XIX, y a lo largo de los primeros años del siglo XX, repercutió directamente sobre una serie de personajes claves en la coyuntura, política y social, de los años inmediatamente posteriores a la primera guerra mundial, a la que se conoce también, por parte de algunos historiadores, como el período de entreguerras: tal fue el caso, entre muchos otros, del revolucionario ruso y líder bolchevique, Lev Davidovich Bronstein Trotsky (1879-1940), quien durante su largo exilio europeo, tras el aplastamiento de la revolución rusa de 1905, en la que había encabezado el Soviet de San Petersburgo o Petrogrado, se radicó en Viena desplazándose continuamente hacia París, donde conoció a su segunda esposa Natalia Sedova, quien tuvo mucha influencia sobre él en esa dimensión, habiendo frecuentado así las dos urbes de mayor irradiación en las artes y la cultura de la Europa de entonces, siendo permeado así, de muchas maneras, por la atmósfera cultural de esa época tan intensa, en un período comprendido entre 1907 y 1914, que finaliza cuando se produce el estallido bélico, que cambió el mapa político europeo, de una manera sumamente violenta, en especial por la derrota militar de los llamados imperios centrales: Alemana, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano, además de dar inicio al período revolucionario europeo, que comenzó a manifestarse, y culminó sin éxito, durante los años posteriores a la segunda revolución rusa de 1917, o revolución bolchevique de octubre, según el viejo calendario juliano que era observado aún en la vieja Rusa Zarista, que corresponde para nosotros al 7 de noviembre, en el calendario gregoriano que aún se observa, en casi todo el mundo contemporáneo. La derrota de los últimos intentos revolucionarios del proletariado, en la Alemania de Weimar, hacia 1923, marcó el fin de ese ciclo revolucionario en Europa, y el inicio de la institucionalización del régimen, a que había dado lugar la revolución rusa, además del ascenso de los fascismos, como una respuesta del antiguo régimen a la oleada revolucionaria que se puso de manifiesto, al concluir el conflicto bélico, que había dado inicio el 4 de agosto de 1914, era la respuesta violenta y temerosa a la vez, de las viejas clases dirigentes que se sintieron amenazadas por el ascenso popular y la oleada revolucionaria, lanzada por los obreros y los campesinos principalmente, hartos de las miserables condiciones en que vivían,principalmente estos últimos.
Si la belle París era para muchos intelectuales y artistas, músicos, poetas y pintores por lo general hablantes de lenguas romances, y también de la lengua inglesa una especie de Meca, o suelo de un ambiente propicio para el cultivo y el despliegue de sus acciones, sueños e inquietudes más profundas; la ciudad de Viena, lo había sido durante mucho tiempo, para los cultivadores de las bellas artes de habla alemana, y de otras muchas lenguas, sobre todo las de aquellos pueblos que formaban parte del heterogéneo, y para entonces ya muy debilitado, Imperio Austrohúngaro, un verdadero ornitorrinco político, que dominaba la mayor parte de las tierras y pueblos de la Europa Central y Oriental.
Afirma el escritor austríaco Stefan Sweig(1881-1942), en su bella, evocadora y elaborada obra póstuma “EL MUNDO DE AYER Memorias de un europeo”, que la capital austrohúngara era el ámbito por excelencia de los amantes del ocio creador, de los cafés literarios, los conciertos y de la poesía, todo ello con gran escándalo para sus vecinos, también hablantes del alemán, que poblaban el Imperio Alemán de los Hohenzollern, aquella Alemania Guillermina o Segundo Reich, unificada por los prusianos, a partir de 1871, con sus Kaiser Guillermo I y Guillermo II, que duró hasta finalizar la Primera Guerra Mundial, al dar inicio a la Revolución Alemana, de 1918, aguardada con tanta ansiedad por personajes de la revolución rusa como Lenin y Trotsky, quienes veían a la suya como el inicio que desencadenaría la revolución en toda Europa. Contrastaban tanto los dos imperios que, mientras Alemania simbolizaba el poderío militar y la expansión económica crecientes durante la Belle Époque, Austria-Hungría representaba la decadencia no sólo en esos dos órdenes, sino también en el interés decreciente, entre los medios de la nobleza y de la vieja corte imperial, por las manifestaciones de la cultura, tan propias del espíritu vienés, habiendo sido un ejemplo de ello el propio emperador Francisco José, el último de esa dinastía quien gobernó entre 1848 y 1916, cuando falleció en plena guerra, con sus ejércitos ya en desbandada, y el imperio en una franca e imparable descomposición. Afirma Stefan Sweig, en el texto de la ya mencionada obra, que en el caso de Francisco José, se trataba de un personaje inculto e ignorante, en sumo grado, y desinteresado por la lectura hasta extremos inimaginables. Para entonces, ya habían pasado al olvido los tiempos de la corte de la emperatriz María Teresa y la del emperador José, ambos apasionados por la cultura, la primera ellas caracterizada por educar musicalmente a sus hijas, y el segundo, por sus grandes conocimientos musicales, además de sus constantes conversaciones y discusiones con Wolfgang Amadeo Mozart, y otros compositores de su tiempo, de los que se hizo rodear. A lo largo del siglo XIX, la pasión y el interés por la cultura floreció entre una emergente burguesía judía, de la que formaban parte sus padres según Sweig, mientras el imperio decaía los militares y los políticos podían escandalizar un poco, con sus frecuentes actos de corrupción, el verdadero interés y la pasión de los vieneses estaba centrado en el teatro, la producción literaria y la ópera. Era objeto del mayor escándalo que una soprano se equivocara al dar una nota, o que un violinista fallara en la ejecución de algunos compases, que cualquier novedad que viniera del ámbito político o militar, es en esa Viena tan particular, donde el revolucionario ruso Bronstein Trotsky, fugado por segunda vez de una deportación a Siberia, afinará sus cualidades literarias, las que se habían puesto de manifiesto, durante su primer y largo destierro a esa región, pero sobre todo a partir de su colaboración estrecha con Lenin, y otros líderes del hasta Partido Obrero Social demócrata de Rusia, que aún permanecía unido, al fugarsepor primera vez, y llegar hasta Londres, durante el año de 1902, razón por la que le dan el pseudónimo de Pluma en el seno de la organización revolucionaria.
Por todos estos factores, y su excepcional inteligencia que se puso de manifiesto, desde su edad más temprana, el joven Trotsky se convertirá en un notable escritor que había dado muestras, mientras llevaba a cabo estudios formales en el instituto de Odessa, de una gran disposición para el trabajo científico, del que se ve apartado por su precoz militancia revolucionaria, la que termina por convertir su vida en un torbellino en el que aquella se entremezcla con revolución misma, con un dinamismo y una vertiginosidad increíbles tales, que terminan por cambiar, en muchos sentidos, el horizonte de su existencia.
Desde sus numerosos escritos políticos, a lo largo de toda la primera década del siglo XX, hasta el último período de su época de residente en Viena, durante la que se convierte en un extraordinario corresponsal de guerra, durante el conflicto bélico de los Balcanes, que tiene lugar entre 1912 y 1913, Trotsky quien terminó por adoptar el pseudónimo de un policía muerto, del que se sirvió para escapar de Siberia, se fue convirtiendo en un extraordinario escritor que, lo mismo se destacaba por su reflexión teórica en el campo revolucionario, como por las cualidades excepcionales del extraordinario y lúcido narrador que llegó a ser, al cabo de su intensa existencia ,siempre dedicada a la acción y a la lucha revolucionaria.
Sus dos volúmenes sobre la HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA, donde se muestra una rica panorámica del período más agudo de la lucha revolucionaria, otorgándole el rango de una epopeya colectiva, u obras tan diversas como la autobiográfica MI VIDA o LA REVOLUCIÓN TRAICIONADA, un bosquejo del estalinismo, nos muestran al escritor maduro, capaz de combinar sus cualidades de hombre de acción en el campo político y militar, con las de quien sobre el terreno mismo reflexiona, llegando a elaborar tanto la memoria de sus actuaciones, como las de toda aquella generación revolucionaria, entregada a una ciclópea, interminable, y a ratos imposible tarea por abrirle paso a un mundo mejor, tratando de ganarle la batalla a las fuerzas retardatarias del antiguo régimen, las que hábilmente terminaron por disfrazarse de revolucionarias, en una especie de gatopardismo que buscaba aparentar que todo cambiaba para que, a fin de cuentas, todo siguiera igual.
Su interés por el estudio de los temas del psicoanálisis, expresado en la obra de Sigmund Freud, además de su acercamiento al pensamiento sistemático y a la observación IN SITU sobre los problemas de la vida cotidiana, unas dimensiones sobre las que reflexionó y escribió con detenimiento, como en aquel texto famoso NO SÓLO DE POLÍTICA VIVE EL HOMBRE, y otros sobre la naturaleza social del arte, la poesía y la literatura en general, durante los primeros años de la década del 1920, nos muestran al más polifacético de los líderes revolucionarios de aquella generación, quien más tarde se interesó, y se identificó también, a lo largo de la última década de su vida, con André Bretón y los postulados del surrealismo, aquel que alguna vez dijo “La belleza será convulsiva o no será”. No hay duda que su extraordinario talento, pero también las circunstancias dentro de las que se movió, durante el período más largo de su exilio europeo, acabaron de forjar al gran escritor, en el que se convirtió León Trotsky, quien jamás se separó de su otra dimensión: la del hombre de acción que iba reflexionando, en voz alta, sobre la marcha misma de los acontecimientos, una rara cualidad entre los seres humanos que, por lo general, se dejan llevar por el torbellino de la vida social, sin alcanzar a reflexionar mucho sobre las circunstancias históricas, dentro de las que se ven obligados a transitar, de ahí la cada vez más notoria escasez de obras importantes, en el género literario de las memorias políticas.
El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael podría ser archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido y corre el riesgo de que se anule su viabilidad ambiental y los permisos de uso de suelo otorgados por una funcionaria municipal de forma irregular. Mientras tanto, el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica presiona para que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan regulador del cantón.
El Estado costarricense parece apostar cada vez más por la apertura y liberalización de la generación de energía eléctrica. Esto ha propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos, tanto públicos como privados, sin la debida planificación y evaluación de sus impactos. Además, el otorgamiento de permisos y los procesos de consulta a las comunidades han detonado cuestionamientos y oposición por parte de diversos sectores sociales de todo el país.
El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, presentado por la empresa Grupo H Solís, obtuvo viabilidad ambiental el 27 de octubre del 2016. Este proyecto pretende represar el Río San Rafael, que se ubica en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica. En teoría, este permiso significa que es posible desarrollar el proyecto sin generar un costo social y ambiental mayor a los beneficios que produciría en la comunidad.
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es el ente que otorga las viabilidades ambientales, tomando en cuenta “supuestos” criterios técnicos. No obstante, ha sido cuestionada en muchísimas ocasiones por sectores académicos y ambientalistas, que han denunciado que actúa movida por influencias políticas y económicas, más que por criterios técnicos.
En el caso del PH San Rafael, los cuestionamientos a la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA no se hicieron esperar. El trámite del expediente de este proyecto fluyó con inusitada rapidez: el estudio sociológico se realizó en menos de un mes y la viabilidad ambiental fue otorgada al día siguiente de haberse presentado dicho estudio. Esto levantó sospechas entre vecinas y vecinos de la zona, ya que este tipo de estudios demoran varios meses e incluso años para ser aprobados para proyectos similares.
Por eso, varios comités defensores de los ríos de las comunidades de Buenos Aires, Pérez Zeledón y Coto Brus, aglutinados en el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, han unido esfuerzos para detener el avance del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael.
Si bien la viabilidad ambiental de SETENA es uno de los requisitos más importantes para que este proyecto tenga luz verde e inicie las obras de construcción, hay otros permisos y trámites pendientes que, afortunadamente, han obstaculizado la construcción de esta hidroeléctrica.
Aún están pendientes de aprobar: la concesión de aguas de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); los permisos municipales que están en proceso de juicio por haberse otorgado de forma irregular; y la declaratoria de conveniencia nacional, que debe emitir el Poder Ejecutivo.
Además, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) debía dar la concesión para la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica; es decir, el permiso para que el proyecto pueda vender la energía que produzca. Afortunadamente, la ARESEP emitió un dictamen negativo en relación al proyecto el 1ero de agosto de 2017, debido precisamente a que el PH San Rafael no tiene, a la fecha, la concesión de aguas del MINAE aprobada.
Ahora la empresa deberá presentar una solicitud de prórroga del tiempo para la gestión de sus permisos, lo que dichosamente atrasará la aprobación de este proyecto. Si el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no renueva en octubre dicha solicitud de prórroga al proyecto, el PH San Rafael sería archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido.
Como parte de los esfuerzos para frenar el avance de este proyecto, la Comisión Defensora del Río San Rafael, que forma parte del Movimiento Ríos Vivos, presentó una nota al Poder Ejecutivo, dirigida directamente al presidente de la república Luis Guillermo Solís, donde se solicitó que no se otorgue la conveniencia nacional al proyecto.
Según Melvin Solís, representante de la Comisión Defensora del Río San Rafael, el presidente Solís: “se comprometió ante quienes entregaron la nota, que durante su mandato no iba a haber conveniencia nacional para este proyecto”. Sin embargo, estando en periodo pre electoral, esta decisión del ejecutivo sería incierta en el 2018. Para Melvin Solís “es una clara amenaza; hay partidos y hay candidatos a la presidencia que ya dijeron ‘vamos para adelante con este tipo de proyectos’. Por eso estamos corriendo para lograr acuerdos importantes con esta administración y que el proyecto quede enterrado antes de que llegue alguien más a dirigir el país”, dijo.
En la Dirección de Aguas del MINAE, el expediente de concesión de aguas del proyecto está en proceso de estudio. Un Informe Técnico emitido el 19 de julio del 2017 por el Ingeniero Francisco Vargas, de la Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur, fue favorable para otorgar la concesión, argumentando que las 950 oposiciones que interpusieron vecinos y vecinas de las comunidades afectadas, no tienen fundamento técnico. Este informe indica que las afectaciones ambientales y sociales del PH San Rafael ya fueron tomadas en cuenta por la SETENA al aprobar la tan cuestionada viabilidad ambiental (que recordemos que se aprobó tan sólo un día después de presentado el estudio sociológico). Ahora le corresponde al MINAE tomar la decisión de otorgar o no la concesión de aguas a este proyecto.
Con respecto a la Municipalidad del cantón de Pérez Zeledón, el 8 de enero del 2016 se presentó a la SETENA un acuerdo del Concejo Municipal, indicando que no se otorgarían permisos municipales, ni certificados de uso de suelo a ninguna construcción del PH San Rafael, en el deslizamiento Zapotal, Quebrada Mollejones y en toda la extensión del río San Rafael, por las condiciones de riesgo en el terreno. No obstante, la anterior alcaldesa de Pérez Zeledón, Vera Violeta Corrales, firmó los permisos de uso de suelo, sin criterio técnico y pasando por encima del acuerdo del concejo. Extrañamente, la misma Comisión Nacional de Emergencias (CNE) desmintió que hubiera riesgo en la zona.
Por eso, actualmente el Movimiento Ríos Vivos está solicitando a las y los regidores de las distintas fracciones, que retomen el acuerdo de no otorgación de permisos al PH San Rafael y que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan Regulador del cantón.
También se está exigiendo que se anulen los permisos de uso de suelo otorgados por la ex-alcaldesa de forma irregular, mediante un juicio que se desarrolla ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Si se logran anular estos permisos de uso de suelo, se anularía también la viabilidad ambiental del proyecto otorgada por SETENA.
Finalmente, Ríos Vivos ha gestionado reuniones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que se emita una declaratoria de las cuencas de la zona como fuentes prioritarias para consumo humano y así garantizar a futuro el derecho humano al agua de las comunidades del Sur de Costa Rica. Para Geovanny Arias, del Movimiento Ríos Vivos, “esto va para largo. Vamos a empezar a hacer cadenas y alianzas, y eso es lo que pretendemos. Esto apenas empieza y ahí estamos, humildemente en la lucha”, expresó.
Los grupos de poder de la institucionalidad costarricense, así como diversos grupos empresariales privados, han propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos como el PH San Rafael, amparados en la excusa de que existe un aumento de la demanda energética y de que es necesario producir más energía para reducir las tarifas y hacerlas más competitivas.
Ambos argumentos han sido refutados por sectores ambientalistas y académicos, ya que los datos demuestran que el país ya tiene cubierta la demanda energética. Por lo tanto, este tipo de generación de energía está estrechamente ligada al interés privado de ampliar la oferta exportable a partir de la venta de energía en el Mercado Eléctrico Regional en Centroamérica (MER).
Muchos ríos de Costa Rica hoy son sitios de sacrificio que están atravesados, no por uno, sino por varios proyectos hidroeléctricos. Esto ha reducido los caudales de forma tan significativa y abrupta que, en muchos casos, los daños ambientales son irreversibles. La zona norte de Costa Rica ha visto sus ríos desaparecer con el avance de las hidroeléctricas y piñeras, que hoy amenazan también a los ríos vivos del Sur.
Para el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, la defensa del Río San Rafael trasciende el nivel local y convoca a muchos sectores a nivel nacional e internacional, alrededor de la defensa la naturaleza, los ríos y del derecho humano al agua de todas y todos.
En mi linda aldea (Sico, Iriona, Colón), cuando yo estaba por cumplir mis 12 años (1952), muy alegre y sanamente nos encontrábamos bailando, sin perder una tan sola pieza al ritmo de una muy bien entonada marimba; tuve la invitación de un amigo (mayor de edad) y me tomé mi primer octavo de guaro (aguardiente nacional); inmediatamente después que él dijo ¡salud!, nos empinamos cada uno su pacha hasta dejarla completamente vacía. De inmediato sentí tremendo fuego en todo el cuerpo, de niño callado pasé a ser un jocoso y sorprendente platicador. Por esta vez todo fue alegría.
Meses después hubo una boda, celebrada con un enorme baile. Un amigo, trabajador de mi padre, hacía pocos días que me había dicho: “¡Mire patroncito, si usted no huele a tabaco, ni a guaro, ni ha tenido mujer, no es hombre!”; así que, antes de llegar a la gran fiesta local, con dos buenos amigos (mayores de edad), pasamos por el estanco, cada uno invitó una tanda hasta que completé mis tres octavos. Al retumbo de la marimba, la alegría de todos y una gran asistencia de las muchachas, entré, al tope de mi entusiasmo, en aquel bien adornado salón. La luz me traicionó: vi que las paredes se movían de un lado a otro, el piso subía y bajaba, y la bella joven (acompañada de su madre) que yo buscaba se me duplicaba por momentos, pero con toda decisión tomé dirección hasta la banca donde ella estaba sentada, justo cuando tronaba un apasionado bolero. De inmediato empecé a soplarle el oído con todo el semejante royo de amor que hacía muchos días respiraba hasta por los poros; ella me estuvo contestando con un “¡Nju!” hasta que terminó la pieza; entonces me di cuenta que me había agarrado de ella ya que para salir del salón tuve que hacerlo sosteniéndome en la pared, y fui a fondear debajo de un escenario. Dice la gente que yo gritaba, a mí me parecía que hablaba suavemente, me salía espuma por la boca y la nariz, y me llevaron a mi casa. Se había cumplido uno de los tres consejos del trabajador.
La cocinera se levantaba a la cuatro de la mañana, pero primero me visitó en mi cama y se cumplió el segundo consejo. En otra ocasión contaré el del tabaco.
Por vergüenza, a las seis de la mañana desaparecí de la casa y, regresé del monte, cuando anochecía, pero me fui a la calle donde estaban mis amigos. Me sentí muy mal, cuando todos se reían a carcajadas disonantes, pero luego, uno pudo decirme: “¡Ayayay que cuentiada le diste a la mamá de T…!” y con una voz tan fuerte que pudimos escucharte. ¡Quería que me tragara la tierra!
Desde entonces, las borracheras ocasionales continuaron y, al día siguiente, amanecía sin mayores malestares, por el contrario con mucho apetito. Además, podía decir no a los tragos que me ofrecían cuando yo no había pensado en tomarlos y parar de beberlos cuando creía que era suficiente o no quería más.
A los 4 años (por cumplir 16 de edad) de esta primera fase de mi alcoholismo, me di cuenta de un cambio muy significativo: cada vez que me tomaba un primer trago, de inmediato sentía el deseo vehemente de tomarme otro y así, consecutivamente, hasta que me ponía completamente borracho. Es decir, había perdido el control en mi forma y manera de beber.
Durante todo el período (5 años) de estudiante normalista (1956-60), estuve tamaleándome en una gradería ascendente de alcoholismo, tal que me gradué borracho y, para poder regresar a casa, mis padres me mandaron por dos veces los gastos del viaje, pero apenas me fueron suficientes para llegar a La Ceiba; con tanta suerte que allí me encontré un muy buen amigo y compañero de escuela, quien había progresado tanto que era un respetable ganadero; y, desde luego, celebramos el encuentro y me pagó todo hasta que llegamos a mi pueblo.
Mis padres organizaron una fiesta para celebrar mi graduación, correspondiendo a mi papá hacer el brindis y, por primera vez tomamos varios tragos con él y sus amigos. Me sentí liberado para actuar como cualquier ciudadano con un resultado que rebasó todos los límites de tolerancia alcohólica: a mi novia de hacía 4 años, el gobierno la becó para que estudiara en una escuela normal, pero ella alegaba que después de tanto tiempo de esperarme, no me abandonaría. El padre de ella fue a platicar conmigo para que la convenciera de no perder la oportunidad que se le presentaba; pero yo conociéndola, me estuve unas 24 horas solo pensando en una solución: al atardecer decidí escribirle una carta (un párrafo cortito) en la cual le afirmé “¡no te amo y nunca te he amado!”; desde luego, no me contestó, no amaneció al día siguiente y una amiga de ambos me informó “se fue”.
En las primeras horas de ese día, me sentí satisfecho, pero cuando llegó la noche y la hora en que siempre nos mirábamos, me sentí ruin, basura, angustiado, sin ganas de vivir, acongojado, decepcionado y sin saber qué hacer. Un amigo me entendió y me invitó a tomar unos tragos, una doña me dio cantina libre (un tarro de 3 canutos de chicha), otro me regaló un litro de cususa y, finalmente, terminé en la sala de mi casa, custodiado por mi padre y un amigo. Hice varios lanzamientos, me rompí la cara y no tuvieron más alternativa que atarme de manos y pies. Seguí tomando por aproximadamente 15 días; entonces viajé a Plaplaya, Gracias a Dios (La Moskitia), donde encontré a varios colegas, con quienes estuve bebiendo por cerca de una semana, hasta que una mañana, llegó apuradamente el Supervisor Auxiliar de Educación, antes que pudiera ingerir el primer trago de ese día, y me dio la orden de presentarme a la escuela para ocupar la plaza de un maestro que no pudo llegar. Tenía una goma (resaca) que me hacía sentir morir, pero yo necesitaba aquel trabajo y, con todas las limitaciones, atendí un quinto y sexto grados. Al mediodía salí de la escuela, no a buscar comida, sino un trago, pero todo se había agotado y me tuve que arriesgar tomándome un bote de aguaflorida. Desde entonces, no padezco de lombrices.
A los 4 años (1961-64) de trabajar en La Moskitia, viviendo una gran variedad de experiencias alcohólicas (me dispararon un rifle 7 y no me pegaron, me martillaron otro y no dio fuego, un hombre celoso me puso una pistola en el pecho y una señora lo desarmó, me agarró una tormenta en la laguna de Caratasca y logré llegar a tierra firme, etc.); sentí que ese lugar no era para mí por deprimente, con una cultura muy baja y que por esa razón bebía tanto, así una noche arreglé me maleta y al día siguiente me vine (fuga alcohólica) para Tegucigalpa.
En la capital (1965-74), bebía casi todos los fines de semana, en las fiestas (yo iba por beber, no por celebrar), en vacaciones eran de dos a tres semanas y, en París, fueron 18 meses (dos botellas diarias de vino).
Algo especial que sucedió en mi carrera alcohólica (1952-74), es que al principio era comedido en beber, luego aumentó mi tolerancia (un litro de guaro o cususa, una botella de wiski o unas 42 cervezas, solo para estar picado y, luego, seguir la parranda por lo menos unas 24 horas) y, finalmente, un octavo me bastaba para estar borracho, generalmente con mucha violencia contra todo mundo.
El 5 de enero de 1975, después de una pata de 17 días, alrededor de las 4 AM, me desperté con la tremenda goma, pero había dejado una botella de Flor de Caña casi a la mitad de su contenido; sin embargo, a diferencia de otras veces, no tenía valor de tomarme un trago: me lo servía y las contracciones en el estómago me lo impedían, le puse agua y tampoco, ensayé con coca-cola y nada, intenté bañarme y, como buen bolo, no soporté el agua, peor que estaba fría. Así me la pasé en cama hasta cerca de las cinco de la tarde, sin quitarme la goma (estoy en deuda porque aún no me la quito y no pienso hacerlo).
A partir de ese día, sobre todo del siguiente (Día de los Santos Reyes Magos), he tenido un constante despertar y renacer, gracias a un poder superior que en mi caso personal es Dios, cultivando una declaración que con el tiempo he venido mejorando: “La virtud entra por el conocimiento que, unido al dominio propio, nos proporciona paciencia, piedad, afecto y fraternidad, pero que no tendrían ningún sentido ni aplicación si no hubiera conocido y puesto en práctica lo bello que es el amor”. Agrego, “La esperanza es algo que puede suceder; la fe es la certeza de que sucederá; pero para que se cumpla la fe, es necesario que yo tome una decisión y la ejecute”.
Sencillamente, acepté que mi vida es ingobernable con alcohol y que puedo evitar la ingestión de la primera copa por plazos cortos de solo 24 horas. Entonces, este resultado positivo lo obtengo con el agradecimiento a Dios y la siguiente promesa diaria: “Prometo no tomarme una primera copa de alcohol en el transcurso de las siguientes 24 horas, cueste lo que cueste. Dios, concédeme la suficiente fortaleza para cumplirla”. Es así de sencillo como he logrado no tomar una tan sola copa de alcohol durante 42 años. Aunque no lo crean, hoy no soy rico pero sí inmensamente feliz.
Hay bastantes acusaciones sobre el involucramiento de los últimos cuatro gobiernos estadounidenses en la gestación, crecimiento y amamantamiento de la mayor bestia creada por la humanidad en la era actual, llamada en árabe DAESH, o en español Estado Islámico. Pese al crecimiento y al rechazo internacional de ese monstruo, los EUA, ahora encabezado por un peculiar presidente, le sigue apoyando, disque clandestinamente. No obstante, es públicamente sabido que la Coalición liderada por este gobierno, le sigue fortaleciendo en Siria, en Afganistán y en Irak. Se sabe que Israel, Arabia Saudita y Turquía le han brindado protección y armas a las bandas de Daesh.Pese al amplio conocimiento que hay sobre el involucramiento de la Coalición contra «el terrorismo», que integran algunas naciones europeas, éstas siguen adentro. Y crease o no, el gobierno de España está allí, activa también. Vergonzosamente, el gobierno de Panamá, único de América Latina tiene a sus jóvenes soldados en esa labor.
Después de lo acontecido en Barcelona, España, esta semana, y aprovechándose de algunas afinidades con esa cultura, el gobierno de Trump está solicitando a los gobiernos de latinoamérica involucrarse en la guerra «contra Daesh», haciéndonos creer que ignoramos sus verdaderas intenciones en la guerra que ellos provocaron en Medio Oriente. Sabemos bien que ha estado perdiendo su batalla contra el gobierno Sirio, por el apoyo obtenido por éste de parte del ejército y gobierno Ruso. Sabemos que las acciones militares de esa Coalición han ido contra poblados sirios y contra la población de Yemen, en solidaridad con Arabia Saudita, una dinastía que dista mucho de ser democrática.
Ahora EE.UU. urge a los países latinoamericanos que se sumen a la coalición internacional contra Daesh, ‘uno de los grandes peligros’ que enfrenta Washington. Pero los medios corporativos nos tratan de persuadir, pues dicen que el Monstruo está por actuar en nuestros territorios. No deja de ser cierto que ha habido amenazas anteriores de Daesh para actuar con su terror en México y Brasil, pero nosotros no dejamos de sospechar que es con el interés de lograr nuestro involucramiento en esta guerra estadounidense, con intereses de sus grandes corporaciones.
Al fracasar su vicepresidente Mike Pence en involucrarnos en una guerra contra Venezuela, como es su estilo, sacó su segunda carta, invitándonos a involucrarnos en su larga guerra de Medio Oriente. La inteligencia de las transnacionales petroleras no pierde oportunidad, ahora nos dicen que debemos solidarizarnos con Washington, porque entre las víctimas de Barcelona hay latinos. Y tienen algún grado de razón, puesto que muchos latinos somos muy emotivos, pero si nos tranquilizamos y vemos lo que hay detrás de todo esto, de ninguna manera queremos participar en una guerra suicida ajena que libran otros intereses y actores.
Por larga experiencia sabemos que algunos gobiernos aceptarán la «invitación», puesto que ese Tío Sam extorsiona a quien se le opone y busca doblegar con violencia a quienes se le cruzan en su camino. Mientras no se tiene dignidad y se defienden nuestros principios y soberanía, esto ocurrirá. Sería una pena ver a nuestra juventud, a nuestros vecinos y familiares entregando su sangre por causas extrañas.
Tampoco creemos que la administración de Trump ha desistido de encontrar como involucrarnos en la caída del actual gobierno venezolano. Pronto vendrá con otra propuesta.
