Pocas noticias serán tan trascendentales este año, como el resultado del referéndum que dio el sí a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el “Brexit” por su acrónimo en inglés. Dicha decisión conlleva importantes implicancias en diversos ámbitos, aunque ciertamente los más visibles son los políticos y económicos, repasamos algunos de los segundos.
Los primeros efectos de la decisión sobre la economía británica no se han hecho esperar, tal y como pronosticaron diversos analistas, el valor de la moneda del Reino, la libra esterlina, llegó a su nivel más bajo en cerca de tres décadas, acompañada con una fuerte caída en la bolsa de Londres (que además salpicó a otras plazas financieras, incluidas algunas asiáticas). La previsión de los inversionistas, es que los negocios de las empresas con operaciones en el Reino Unido y países relacionados, se van a ver afectados por posibles restricciones al comercio de bienes y servicios, así como al movimiento de factores productivos como el trabajo y el capital.
Según previsiones del propio gobierno del Reino, la salida de la UE elegida por el pueblo británico conllevará a una “recesión por fabricación propia” que en el escenario más “cauto” implicaría una caída en la producción cercana al 3.6%, además de episodios de inflación y caídas en el precio de las viviendas.
Empresas consultoras vaticinan además traslados masivos de empleos del Reino Unido hacia países de la Unión Europea, sobre todo en el sector de servicios financieros y globales.
Pero no sólo los habitantes de las islas se verán afectados, la Unión Europea también sufrirá un golpe pues pierde un miembro importante, porque muchas de sus empresas tienen operaciones en el Reino que se verán afectadas, y porque la incertidumbre causada por las nebulosas acerca de los términos de la salida así como del proceso, generarán una caída en la inversión y el consumo en ambas regiones.
En el caso de Costa Rica el impacto probablemente sea marginal para la mayoría de la población, en el corto plazo, la depreciación de la libra abaratará los productos ingleses, pero la recesión comentada nos deparará menos exportaciones de bienes, menos turistas, y menor inversión inglesas, que no tendrán un gran impacto. Lo mismo aplica para nuestra relación con la Unión Europea, a quien tanto le ha costado salir de la Gran Recesión y que sin duda experimentará otro escollo para recuperar su endeble crecimiento.
Por otra parte, si analizamos con detalle el voto en el referéndum, notamos que el apoyo a la salida de la Unión Europea provino de zonas rurales y empleos poco calificados, mientras que Londres, Escocia e Irlanda se manifestaron claramente a favor de la permanencia en la Unión. Esto conlleva la amenaza de que Escocia e Irlanda soliciten un referendo independentista, que las separe del Reino Unido y las mantenga en la Unión Europea. Ya algunos grupos políticos y sociales de ambos países están planteando este escenario.
Adicionalmente, el voto del sí a la salida representa un triunfo de la retórica antiinmigración, y evidencia el fracaso de las políticas económicas que la Unión promovió para un amplio sector de la población británica. Uno de los principales argumentos utilizados por los líderes políticos que promovieron la salida, fue culpar a la inmigración de los problemas económicos de los desempleados y empleos de bajo ingreso. Nada más alejado de la realidad, la tecnología es hoy en día el principal factor que explica la caída en los ingresos de los trabajadores de baja calificación.
Asimismo, el hecho de que millones creyeran este discurso xenófobo y populista, a pesar del progreso del Reino Unido en los últimos años en sus indicadores macroeconómicos, muestra que existen amplios sectores de la población que no están tan convencidos de la integración económica, pues no son capaces de dilucidar los beneficios de la misma, o porque no los han tenido. En el fondo, esto plantea el problema de que el proyecto europeo no ha sabido, o no ha podido, atender el asunto de la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos, y de generar oportunidades para los sectores afectados por las políticas de apertura y liberalización.
En tiempos de globalización, resulta paradójico que la tierra que vio nacer al padre de las teorías del comercio internacional, el economista David Ricardo, haya decidido salirse de un mercado de 500 millones de consumidores de alto ingreso, en donde no sólo las mercancías fluyen libremente, también las personas y el capital.
***Más información: http://bit.ly/29beme8 o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3066).
(*)Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de Internet.
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación de la UNA.
Foto extraída de artículo de prensa sobre la inauguración de la Asamblea General de la OEA en República Dominicana en junio del 2016.
Durante la sesión de inauguración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos realizada el pasado Lunes 13 de junio del 2016, en Santo Domingo, el Presidente Danilo Medina de República Dominicana sorprendió a algunos en su discurso de bienvenida (ver texto del discurso en boletín de la Presidencia de República Dominicana). Leemos en efecto que el Presidente señaló, entro otras cosas, que: «En nombre del pueblo dominicano y en el mío propio, les propongo a todos ustedes que durante este período ordinario de sesiones, se apruebe una resolución de desagravio a la República Dominicana por el rol desempeñado por la OEA durante la Revolución de Abril de 1965” /…/ “Tengo el convencimiento de que este es el mejor momento y el más apropiado lugar para llevar a cabo este acto de justicia, verdad y reconciliación”.
La OEA y las intervenciones en Estados Miembros
Como se recordará, la OEA ha jugado un papel bastante cuestionable en el pasado ante intervenciones en uno de sus Estados Miembros. En este análisis de la profesora Sonia Alda Mejías (IUGM), se lee que «la organización no se manifestó ante la intervención norteamericana en Guatemala, en 1954, ni respecto a la invasión de Playa Girón en 1961 y sin embargo respaldó el bloqueo económico y las sanciones diplomáticas a Cuba (de acuerdo al art. 6 del TIAR) y aprobó en 1965 la constitución de las Fuerzas Interamericanas de Paz en República Dominicana de acuerdo a las directrices norteamericanas». Sobre estas últimas, y el envío de 42.000 efectivos militares norteamericanos a República Dominicana, referimos al lector a este estudio en inglés (en particular páginas 41 y subsiguientes) realizado por dos oficiales norteamericanos, Major Jack K. Ringler (USMC) y Henry I. Shaw (Jr): en las conclusiones, ambos autores indican, entre varias lecciones futuras operaciones militares norteamericanas (página 54) que:
«The second lesson is the fact that this was not primarily a military combat action in the traditional sense, but a political-military operation, with certain restrictions being placed upon the military commanders, putting them at a tactical disadvantage. U.S forces had the clearly identifiable mission during the initial days of the crisis of protecting and evacuating U S and foreign nationals. This was to change later as political considerations created by U.S. and OAS policies clouded their mission. Military commanders, both on the scene and those in high positions in Washington, had to be prepared to exercise judgment in both military and political fields. It became apparent that military commanders, in addition to being competent in their own military fields, have to be prepared to take on the trappings of a diplomat».
En el mes de abril del 2015, con ocasión de la puesta a disposición al público por parte del National Security Archive (NSA) de conversaciones telefónicas del Presidente de Estados Unidos de aquella época, se leyó que: “President Lyndon Johnson regretted sending U.S. troops into the Dominican Republic in 1965, telling aides less than a month later, «I don’t want to be an intervenor,» according to new transcripts of White House tapes published today (along with the tapes themselves) for the first time by the National Security Archive at George Washington University” (ver nota de NSA del 28/04/2015 con diversas grabaciones de gran interés para historiadores y para las actuales autoridades de República Dominicana).
Una inédita solicitud
Es probablemente la primera vez en la historia que un Jefe de Estado exigió públicamente a la OEA en un discurso de bienvenida reconocer sus errores por avalar intervenciones pasadas en abierta violación al principio de no intervención en asuntos internos proclamado por… la misma Carta de la OEA de 1948. Tratándose, en este caso, del Estado que hospedó a la reunión anual de tres días de los demás Estados Miembros de la OEA, la solicitud difícilmente pudo ser eludida por estos últimos. Cabe recordar que en agosto del 2015, el actual Secretario General de la OEA, se había manifestado en ese sentido (ver nota de prensa). En esta otra nota de prensa se lee que para el máximo representante de la OEA:
«Es imprescindible que la OEA cumpla con los postulados fundamentales y asumir posiciones históricas y postular para que hechos del pasado no ocurran nunca más y asumir la verdad, no para reparar el pasado sino como legado de las generaciones venideras. Es por eso que como secretario general deploro los actos de la organización que validaron en 1965 la invasión en la República Dominicana y la intervención en este país».
La solicitud del Presidente Danilo Medina esta vez se dirigía a los 34 delegados de los Estados Miembros de la OEA, entre los cuales se contabilizaban 27 Ministros (ver listado detallado de los jefes de delegaciones presentes en Santo Domingo esta semana).
La propuesta oficial de República Dominicana a la Asamblea General de la OEA
El 14 de junio, una propuesta de resolución fue circulada por la delegación de la Republica Dominicana a los demás delegados presentes en la cita anual de la OEA. Se trataba de un texto muy breve y bastante preciso en cuanto a su objeto, que se leía como sigue:
«RECONOCIENDO que en el proceso histórico de la segunda mitad del siglo XX la República Dominicana fue objeto de acciones llevadas a cabo durante la Revolución de Abril de 1965, y específicamente aquellas que en ese marco ejecutó la Organización de Estados Americanos (OEA), que produjeron perturbación y luto y una indignación todavía presente en la población;
ADMITIENDO la responsabilidad histórica de haber dado su respaldo a procedimientos y acciones bélicas en pugna con los principios de No Intervención y de Respeto a la Soberanía establecidos estutariamente en la Carta de la OEA;
RESUELVE
Expresar al pueblo dominicano su pesar por haber respaldado, en 1965, la invasión de su territorio y el atropello de su soberanía, solicitar su comprensión, pedir disculpas por el error histórico cometido y a la vez condolerse por las víctimas ocasionadas, asumiendo el compromiso de trabajar en procura de que acciones semejantes no se repitan en el futuro».
La versión en inglés de la misma propuesta dominicana de resolución se leía de la siguiente manera:
RECOGNIZING that in the historical process of the second half of the 20th century, the Dominican Republic was the object of actions carried out during the Revolution of April 1965, and specifically of those carried out by the Organization of American States (OAS) in that context, which produced disruptions and mourning and an indignation that is still felt among the population;
ADMITTING its historical responsibility in backing belligerent procedures and actions in contravention of the statutory principles of nonintervention and respect for sovereignty enshrined in the Charter of the OAS,
RESOLVES:
To express to the people of the Dominican Republic its regret at having backed, in 1965, the invasion of its territory and the violation of its sovereignty; to request their understanding; to apologize for the historical error committed; and, at the same time, to express its condolences toward the victims and to assume the commitment of working to ensure that similar actions are not repeated in the future».
Por parte de la Presidencia de República Dominicana, se indicó en un comunicado de prensa sobre esta propuesta que: «La declaración propuesta por la delegación dominicana y de la que se aspira cuente con el firme apoyo de las delegaciones de los 34 países miembros del organismo multilateral, es cónsona con el pedido que hiciera el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, durante el acto inaugural de la reunión plenaria de la OEA en el Teatro Nacional, en presencia del secretario general del organismo, Luis Almagro».
La respuesta oficial de la Asamblea General de la OEA a República Dominicana
Pese a las aspiraciones presidenciales, el texto adoptado sufrió sustantivas modificaciones con relación al inicialmente propuesto por sus autores. El 15 de junio, es decir 24 horas después de circular su texto la diplomacia dominicana, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución (ver texto completo al final de esta misma nota en ambos idiomas) en la que hace referencias a los «acontecimientos» de 1965, sin mayor precisión. En su parte resolutiva se indica que la Asamblea General:
«DECLARA:
Lamentar la pérdida de vidas humanas y expresar al pueblo dominicano las condolencias de la Organización.
Desagraviar al pueblo dominicano por las acciones de abril de 1965 que interrumpieron el proceso de restablecimiento del orden constitucional en la República Dominicana.
Reafirmar los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA.»
Nótese la inversión realizada entre considerandos / parte resolutiva con respecto a la propuesta inicial de República Dominicana. De igual manera, es de señalar la ausencia de toda referencia a la «invasión» o a la «intervención», así como al aval dado a esta por la misma OEA en 1965. Como previsible, el texto adoptado por la OEA dista mucho de las palabras pronunciadas por parte del Presidente dominicano en su alocución inaugural (cuyos extractos a continuación reproducimos) y de la propuesta inicial de sus diplomáticos.
Conclusión
A diferencia de lo que dejaron entender algunos titulares recientemente leídos ( como por ejemplo, entre muchos otros, “La OEA emite declaración de desagravio por la invasión de abril de 1965” – ver nota de Diariolibre– o bien “OEA aprueba desagravio por invasión de EE.UU. en R. Dominicana” – ver nota de TelesurTV- ), el texto de la resolución adoptada por la Asamblea General de la OEA es bastante omiso. Una búsqueda rápida colocando « desagravio, OEA, República Dominicana, invasión » ilustra la cantidad de titulares de prensa que asociaron estas cinco palabras sin revisar en detalle el texto aprobado. Se lee en el matutino Le Monde de Francia (ver nota del 17/06/2016 ) por ejemplo, entre muchos otros rotativos poco o mal informados, que:
“Enfin, à la demande du pays hôte, l’assemblée générale a approuvé à l’unanimité une déclaration d’excuses au peuple dominicain pour l’appui apporté par l’OEA à l’intervention militaire des Etats-Unis en faveur des putschistes lors de la guerre civile de 1965 ».
El contenido de esta frase no encuentra mayor asidero si uno se toma el tiempo de leer la resolución (bastante corta) aprobada por la Asamblea General de la OEA.
Sobre este preciso punto, llama poderosamente la atención el hecho que analistas, editorialistas y medios de prensa, así como corresponsales de prensa, no se hayan interesado mayormente por comparar la resolución al texto inicial presentado por la diplomacia dominicana. A diferencia de los titulares de prensa que circularon a penas adoptada, la resolución no reconoce responsabilidad alguna de la OEA por avalar la “intervención” o “invasión” de 1965, términos convenientemente eliminados y sustituidos por “acontecimientos” pero retomados en todos los titulares de prensa.
Esta resolución de la OEA puede evidenciar la dificultad para República Dominicana de contar con apoyos certeros a su solicitud, que hubieran podido ser de gran ayuda para lograr un texto mucho más cercano a su iniciativa original. Es también posible que la presentación tardía de su propuesta de resolución haya influido en ello. Este ejercicio diplomático también pone en evidencia el extremo cuido con el que algunas delegaciones en la OEA pusieron a trabajar a sus diplomáticos en aras de lograr revisar una y otra vez el contenido original del texto de República Dominicana. Ello con el objetivo de omitir algunos términos, responder de forma muy diplomática a la solicitud dominicana sin reconocer responsabilidad alguna de la OEA, y garantizar una adopción por consenso entre las 34 delegaciones presentes durante la Asamblea General.
Desde el punto de vista diplomático, la habilidad de la maniobra merece ser señalada; desde el punto de vista mediático, el detalle pasó desapercibido o casi, confirmando la habilidad antes referida.
¿Cuáles fueron las delegaciones más incomodadas por el texto inicial propuesto por República Dominicana, pero no menos influyentes a la hora de revisarlo con los demás 34 delegados? ¿Cuáles fueron las que segundaron sin mayor objeción la eliminación de ciertos términos, y las que la aceptaron con algún tipo de reserva? ¿Cuál habrá sido la posición de República Dominicana durante ese intenso ir y venir de versiones del texto? No se dejó registro alguno de estas negociaciones, nada se dejó entrever, y sería muy oportuno que la diplomacia dominicana los recuperara.
En efecto, es posible que asistamos a un ejercicio muy similar: esta vez con 33 delegaciones oficiales que se harán presentes en el marco de la próxima cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe) a realizarse en el 2017 en República Dominicana.
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Documento 1
Extractos del discurso (ver texto completo) del Presidente de República Dominicana:
«Para que esta organización pueda jugar este papel tan vital en nuestro futuro, es necesario también que volvamos la vista con actitud reflexiva y autocrítica hacia el pasado de la propia OEA. Por eso, en nombre del pueblo dominicano y en el mío propio, les propongo a todos ustedes que durante este período ordinario de sesiones, se apruebe una resolución de desagravio a la República Dominicana por el rol desempeñado por la OEA durante la Revolución de Abril de 1965.
Como ustedes recordarán, mi país sufrió una invasión que en aquel momento fue legitimada por uno de los mecanismos de la OEA. Esta invasión abortó el proceso democrático que se había iniciado con la elección como Presidente de nuestro admirado lider, el profesor Juan Bosch, impidiendo así el retorno al orden constitucional, legítimamente establecido en el 1963.
Volver a caminar por esta senda constitucional nos costaría a los dominicanos mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos sufrimientos. Esta nefasta violación de la soberanía legítima de los dominicanos, producida en 1965 causó muerte, dolor e indignación en nuestro pueblo. Es una herida aún abierta para muchos y que solo podrá sanar mediante el reconocimiento de lo sucedido por parte de la OEA y la petición de perdón que merece nuestra ciudadanía.
Nuestra Patria y nuestra democracia merecen este acto de dignidad, respeto y es mi obligación, como Jefe de Estado, solicitar a esta asamblea saldar la deuda histórica con el pueblo dominicano
Conocemos bien el contexto histórico en el que se dio la invasión. Eran los años de enfrentamiento entre bloques. Eran los años en los que las relaciones entre EEUU y Cuba eran prácticamente de guerra. Eran los años en los que el conflicto interno de Colombia apenas comenzaba.
Esa es una triste página de la historia que hoy, todos juntos, estamos cerca de pasar porque con diálogo, con paciencia y con la verdad por delante estamos cerrando viejas heridas de nuestro continente.
Eso es, precisamente, lo que queremos los dominicanos. Curar, cerrar ciertas heridas, dar paz al doloroso recuerdo de nuestros mayores, abrir nuevos caminos de esperanza a las nuevas generaciones. Tengo el convencimiento de que este es el mejor momento, el más apropiado lugar para llevar a cabo este acto de justicia, verdad y reconciliación.
Estamos seguros que la Organización de Estados Americanos esta en las mejores condiciones para asumir esa responsabilidad».
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Documento 2
TEXTO DE DECLARACIÓN SOBRE REPÚBLICA DOMINICANA
(Acordado por la Comisión General el 15 de junio de 2016 y se eleva para la consideración de la Plenaria)
RECONOCIENDO que los acontecimientos de abril de 1965, que produjeron perturbación y luto, además de indignación, son todavía una fuente de desasosiego para el pueblo dominicano; y
REAFIRMANDO los principios de no intervención y del respeto a la soberanía consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
DECLARA:
Lamentar la pérdida de vidas humanas y expresar al pueblo dominicano las condolencias de la Organización.
Desagraviar al pueblo dominicano por las acciones de abril de 1965 que interrumpieron el proceso de restablecimiento del orden constitucional en la República Dominicana.
Reafirmar los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA.
Versión en inglés
TEXT OF DECLARATION ON THE DOMINICAN REPUBLIC
(Agreed by the General Committee on 15, 2016 and submitted to the Plenary)
THE GENERAL ASSEMBLY,
RECOGNIZING that the events of April 1965, which caused disruption and grief, as well as indignation, remain a source of consternation for the Dominican people;
REAFFIRMING the principles of non-intervention and respect for sovereignty enshrined in the Charter of the OAS,
DECLARES THAT IT:
Laments the loss of human lives and to express the Organization’s condolences to the Dominican people.
Expresses regret to the Dominican people for the actions of April 1965, which disrupted the process of restoration of the constitutional order in the Dominican Republic.
Reaffirms the principles of international law, the Charter of the United Nations, and the OAS Charter.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
*Foto extraída de artículo de prensa sobre la inauguración de la Asamblea General de la OEA en República Dominicana en junio del 2016.
La Educación es el proceso mediante el cual se forman seres humanos analíticos, críticos, creativos, humanitaristas, ecologistas y, como es obvio, configura todas las dimensiones que integran la persona como por ejemplo la física, la biológica, la psíquica, la social y la espiritual, a la vez que la va dotando de conocimientos fundamentales que se convierten en especializados, cuando este ser humano decide asumirse como profesional en una o varias carreras universitarias o, como practicante de uno o varios oficios. Profesiones y oficios que, los escogerá, se preparará y los ejecutará como trabajador, el ser humano libremente y cuando el o ella, se sienta integralmente preparado para hacerlo.
Indudablemente estas tesis chocan frontalmente con las definiciones que, en materia educativa, se han impuesto en las últimas décadas en nuestra Patria, en especial mi planteamiento referido al énfasis que pongo en darle toda la libertad al educando para que decida sus profesiones y oficios y, el momento de prepararse para ellos y de ponerlos en práctica. Particularmente en las últimas décadas en las cuales, en nuestras esferas políticas, económicas, sociales y culturales, se ha implantado el sistema capitalista neoliberal, a la educación la han ido convirtiendo en un método cada vez más frío y deshumanizado, para fabricar mano de obra cada vez más sumisa, domesticada y mecanizada a fin de realizar labores muy específicas en los campos de la producción en que aún la automatización no ha podido sustituir el trabajo humano. La gran mayoría de la clase trabajadora mundial es convertida así en un conjunto de títeres manejados por reducidas minorías que le dictan, muy verticalmente y casi siempre en Inglés, cual reducida operación debe realizar en la línea de producción de una gran transnacional.
Esta concepción de la élite capitalista neoliberal imperante, define al resto de los mortales solamente como simples fuentes de producción de riquezas desde la cuna a la tumba, sin capacidad ni derecho para analizar, comprender, rebelarse ni, mucho menos, oponerse o arrebatarle su hegemonía. Para lograr ese propósito, a su poder económico y político agregan el ideológico, destacando como instrumentos fundamentales en ese campo, la Educación formal e informal, que se recibe fuera de las instituciones educativas tradicionales y los medios de comunicación. En Costa Rica, a estos últimos los manejan a su antojo, con lo que se adjuntan una gran hegemonía en la educación no formal. Respecto a la formal y, gracias a la actitud vigilante y combativa de las y los educadores más conscientes y organizados, la manipulación ha sido contenida pero, como lo demuestra este proyecto nefasto de la «educación» dual, la aristocrática argolla no cesa en sus intentos por instrumentalizarla por completo y, convertirla en un recurso más de su proceso de sometimiento y esclavización del Pueblo honesto y trabajador.
El proceso para someter a sus disciplinas a las nuevas generaciones y de paso explotar más a sus padres, lo empiezan casi desde el momento mismo en que estas se independizan del seno materno pues, de una u otra forma, obligan a sus progenitores a meterlos en cursos de todo tipo como deportes, diversos instrumentos musicales, idiomas, pintura, escultura, ballet, teatro, preparatorios para la escuela, manualidades, etc, etc. Todo esto aparte de las cada vez más sofisticadas «chupetas electrónicas» como la televisión y la infinita gama de juegos y demás artilugios electrónicos. Cuando ingresan a la educación formal, muchas de las actividades «informales» que traían de su infancia se les siguen recetando por las tardes e, incluso, noches y en sus vacaciones y así, la antes maravillosa infancia en la que, con creciente libertad explorábamos el mudo y, a prueba y error, aprendíamos a comprenderlo, enfrentarlo y manejarlo bajo la protectora pero permisiva vigilancia de nuestros padres y madres, es violentamente sustituido por las sutiles -y no tan sutiles- indicaciones y órdenes de todo tipo de instructores, que han convertido nuestra natural rebeldía en sumisa disciplina.
Al ingresar a la educación secundaria la situación empeora pues, además de que la disciplina de las instituciones formales se hace -bajo el pretexto de contener la natural energía adolescente- más férrea y, en las no formales, se endurece más buscando sonados triunfos aparece, ahora si descaradamente, la «casta» hegemónica y sus secuaces especialistas en el tema, desplegando un variadísimomenú de planteamientos y proyectos para aprisionar cada día más a las nuevas generaciones pues, además de presionarles creciente y sistemáticamente para que destaquen, y obtengan premios y altos rendimientos en las especialidades que han tenido que desarrollar extraclases, antes de la primaria y en ella -artes, deportes, etc.- ahora les empiezan a coaccionar cada vez más enérgicamentepara que se integren al mundo laboral, con sólo obtener un título básico en tareas de oficina o en alguna tecnología, desanimándolos incluso para que cursen estudios universitarios. Por cierto que en este proceso incorporador de mano de obra barata al mercado laboral se inscribe hoy, reiteramos, el tristemente célebre programa de Educación Dual.
Esta antinatural y precoz conversión en dócil mano de obra de nuestros adolescente, la excusan las argollas dominantes con el falso argumento de que, las grandes crisis económicas de los últimos cincuenta años, han empobrecido tanto a la humanidad, que no le queda más a las nuevas generaciones que incorporarse lo antes posible al sector laboral que, por la misma e ineludible austeridad general, debe aceptar el salario y las pensiones mínimas, la movilidad laboral, renunciar a las convenciones colectivas y reducir a su más elemental expresión la legislación laboral y las garantías sociales que le protegieron. En fin, vivir resignadamente en medio de la austeridad, al borde o en la pobreza extrema mientras, las élites que esto predican y sus descendientes, se dan la gran vida satisfaciendo toda clase de caprichos y ostentando sus excesos orgiástica e impúdicamente.
Este argumento que está a la base de tanta injusticia, desigualdad y del empobrecimiento creciente de las grandes mayorías populares es, como advertíamos, totalmente falso por al menos un par de contundentes razones, primero, durante las crisis, los ricos se han hecho más ricos a tal punto que, en 2015 «el 1% de la población mundial posee tanto dinero líquido o invertido como el 99% restante de la población mundial» (1) y, segundo, en estas mismas etapas esos grandes ricos tienen tanto dinero que ni siquiera lo invierten pues, simplemente, lo envían a bancos de paraísos fiscales a ganar intereses y dejar que crezcan con el cobro de las patentes que poseen, como lo afirma el siguiente artículo que les recomiendo leer en una publicación particularmente autorizada: «Compañías estadounidenses almacenan sus ganancias en el extranjero por 2.1 billones de dólares» (2).
Así las cosas queda claro que existe suficiente dinero acumulado en el mundo como para que vuelvan a permitirle a las niñas, niños y adolescentes disfrutar tranquila y plenamente de esas etapas, dejándoles hacer lo que les pida su imaginación, siempre y cuando no sea en contra de la Humanidad ni de la Naturaleza y, cuando las superen, permitirles LIBREMENTE que escojan las profesiones y oficios que les salga de su libre albedrío, pues ambos son necesarios para el bienestar humano en inteligente convivencia con su ambiente. Los únicos cuatro requisitos que debemos cumplir como Pueblo trabajador, honesto y, como real productor, dueño legítimo de todas esas riquezas que hoy disfruta la argolla son: despertar, unirnos, movilizarnos y obligarlos a devolvérnoslas, tanto a nivel mundial como nacional, guiados por las dos infalibles premisas que nos indican que «somos mucho más, más fuertes e indispensables» y que «el Pueblo unido jamás será vencido».
(1) Alfredo Serrano Mancilla, Doctor en Economía y Director CELAG, en «La ineficiencia neoliberal», Rebelión, 23/06/ 2016.
(2) Pedro Goncalvez en MundoOffshore.net 10/03/2015.
Confraternidad Guanacasteca comparte mediante SURCOS la siguiente reflexión:
Nos inundan- no con agua- sólo con publicidad.
“Vamos a traer agua para todo Guanacaste”
En televisión, periódicos, radio y bla…bla.
El discurso es “la prioridad es agua para uso humano”.
¡¡MENTIRA!!
La mayoría del agua se le regala a unos pocos, grandes finqueros.
Según Decreto N* 32.868-MINAE “el uso de agua para riego… pagará 12 centavos de colón por metros cúbico si es de fuente superficial y 16 centavos por colón por m3 si es de pozo.”
El riego usa el 60% del agua y sólo el 5% es para consumo humano.
¡Por eso falta el agua en Guanacaste!!!
Esto, ¡¡PUEDE Y DEBE CAMBIAR!!
Bastaría un Decreto del señor Presidente.
¿USTED qué opina?
¿Podrá Luis Guillermo cambiar eso?
Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.
Conocer de las noticias de los medios alternativos de lo está sucediendo en México da una mezcla de sentimientos entre profunda tristeza e ira, los maestros de Oaxaca protestan por la reforma educativa que impulsa el Gobierno de Peña Nieto, a diferencia de algunos países democráticos donde la manifestación promueve el dialogo, la usual respuesta del Gobierno Federal es el garrote, gas y las balas.
Según sabemos al día de ayer ya son 22 desaparecidos 9 muertos, 100 heridos y 25 detenidos por la acción policial y hay indicios de que intervendrá nuevamente el ejército, una rápida actuación que no se compara con la que tiene contra el narcotráfico, por alguna “extraña” es fuerte la represión contra los humildes y desarmados maestros y terriblemente débil contra los delincuentes organizados, especialmente si se trata de narcotraficantes.
Con la desaparición de 42 normalistas (educadores también) ser maestro o profesor en México se volvió más peligroso que ser terrorista. Una reforma educativa impuesta según el gobierno para “elevar la calidad de la educación” que más bien lo que pretende en la realidad concreta es ser una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Su objetivo es que el Estado arranque al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la conducción de la educación pública, y que los maestros pierdan un derecho adquirido: la estabilidad en el empleo. La “reforma” educativa pone el acento en los mecanismos de control sobre el magisterio, no en los de su participación en la definición del proyecto educativo ni en su capacitación.
De manera vergonzante, sin hacerlo explícito, sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma forma en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Siguiendo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, advierte que los maestros deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiarlos a ellos y a las escuelas con estímulos económicos, si los resultados son buenos, o castigarlos con el despido, si son malos. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho.
El “Pacto por México” asegura que la autonomía de gestión facilitará que los recursos públicos lleguen a las escuelas y sean eficazmente utilizados contando con autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Eso tiene un nombre: privatización. (Navarro, 2013)
Por lo que podemos apreciar de las protestas en México el gobierno quizás al único maestro que quiere es al profesor “Jirafales” personaje que formó parte del elenco cómico del Chavo del 8, porque a los demás ni los respeta más bien llega hasta extremos de desaparecerlos, asesinarlos en la sombra o en las marchas, demuestra una vez más la falta de compromisos con un proyecto realista para la educación de su propio pueblo.
*Secretario General, Central General de Trabajadores, Costa Rica.
El anuncio y luego la ceremoniosa firma del Acuerdo del Cese Bilateral de Hostilidades y Definitivo, en La Habana, por parte del Comandante máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo y el Presidente de la República de Colombia, colmó de alegría y exultante satisfacción a muchos colombianos. A quienes convencidos del trascendental paso dado, asientan en considerar los retos que a futuro corresponde afrontar; en contraposición a quienes se enfrentan a la realidad palpable que un conflicto interno armado como el colombiano, llegue a su fin, optando por el simple rechazo a todo lo nuevo.
En Colombia no se ha firmado “la paz”; ni un “acuerdo de paz” se ha firmado un Acuerdo del Cese al Fuego Bilateral de Hostilidades y Definitivo, entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y la fuerza beligerante e insurgente, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo. Ese Acuerdo se logró, gracias al esfuerzo denodado de representantes plenipotenciarios de ambas partes, quedando plasmado en un documento de generación y valía a la luz del Derecho Internacional, con pleno carácter vinculante, para las Altas partes signatarias. Tras la plasmada firma y rúbrica del Acuerdo, en verdadero efecto de coadyuvancia al contenido de lo mismo, lo hicieron los representantes de sendos países, con presencia de varios de sus presidentes y delegados oficiales participantes como países garantes, incluido el país anfitrión y soberano de la República Socialista de Cuba. La ausencia de la OEA, por andar en los trajines conspirativos del Secretario Alamagro contra la República Bolivariana de Venezuela, fue suplida con creces con la presencia y firma, en el mismo, del Presidente General de Las Naciones Unidas. Todo ello redunda en la legitimidad internacional de ese valioso documento, ratificando lo valioso del acto. Se ha logrado la efectividad de la consigna: “cese bilateral al Fuego. Ya!”
Tras la firma histórica de ese Acuerdo, no repicaron las campanas al aire. No se paralizaron las calles y carreteras al son de pitos y sirenas. Tampoco era necesario. Ha primado lo riguroso de la solemnidad del acto. Fue una noticia que cubrió- como pocas- todo el ámbito de conocimiento de la opinión pública nacional. Pareciere que un país acostumbrado durante décadas a padecer los rigores de la guerra, no despertara. Asume una actitud colectiva de expectativa, ante la explicación y posterior desarrollo de sus efectos. En resumen, el acumulado de los efectos políticos aún no se manifiesta. Se circunscribe a toda una carga de responsabilidad por parte de la fuerza insurgente. Alude a un simple ejercicio de contraprestación, por la contraparte estatal. Cómo si la contraparte estatal también fuere un espectador que va a observar la inmensa fila de combatientes farianos, atravesando selvas y montañas para llegar a los 23 sitios veredales de concentración en el país y a los 8 campamentos especiales de mandos insurgentes y que así cumplida esa etapa de concentración de fuerzas, sobreviniere la otra fase de dejación de las armas, de conteo y de arrume de las mismas en contenedores para luego- siempre bajo la supervisión de Naciones Unidas- fundirlas y erigir tres monumentos: uno en Nueva York, sede de las Naciones Unidas, otro en Cuba y un tercero en Colombia.
De la lectura del texto del Acuerdo del Cese Bilateral de Hostilidades, no se decanta un universo de efectos políticos del mismo.
Entendemos que un cese de fuego, implica el silencio de los fusiles para ambas partes contendientes. Un cese de hostilidades bilateral, aplica a toda acción directa y de efecto inmediato. El elemento tiempo es determinable en ese sentido. Por ejemplo, a la hora tal, del día tal, del año tal, comience el cese de fuego. También expresamente el cese de hostilidades, que no es un numerus apertus, sino atinente a conductas tipificadas que quedan proscritas, precisamente, desde ese momento, tiempo lugar y ámbito de aplicación.
Por técnica de redacción, afortunadamente en el texto del Acuerdo no se consignó que a la firma del presente…cesa el fuego y las hostilidades… pero tampoco se dice, cuándo?. Cómo comenzar a contabilizar los 180 días que fija el Acuerdo. Ello es esencial. Nos devanamos los sesos para entender el que las zonas de ubicación de las tropas guerrilleras sean para la verificación del cese bilateral del fuego. Pero mientras y durante la concentración de esas fuerzas insurgentes ¿cómo opera esa verificación?. Y si el establecimiento estatal se cuida tanto que la población civil campesina no se contamine con los alzados en armas, será que solo de noche y a luz de las sombras lo harán o será en helicópteros Hércules y con fuerzas aerotransportadas del Estado colombiano, para garantizarles su llegada?. Porque de ser así, sobra tanto celo de la dirigencia fariana en que hubo “una lectura precipitada” de las zonas veredales de ubicación y sus coordenadas.
La dejación de las armas constituye el contenido político de lo acordado. Pero pesa en la atmosfera de información y comprensión si también se concibe una fase mecánica lo de la dejación de las armas y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, para la seguridad de los combatientes y de la población civil durante los desplazamientos de la guerrilleada a sus sitios o zonas veredales escogidas.
Valga resaltar la expresión de tantas inquietudes sin menoscabar lo trascendental histórico de la inminencia de la terminación del conflicto armado interno en Colombia con un sector de la insurgencia armada. Comprender que no hay terminación del conflicto armado, sino parcialmente, en tanto no se agreguen a ese esfuerzo nacional las insurgencias del ELN en todo el territorio nacional y del EPL en sus ubicaciones tópicas. También alentar que no se siga engañando a la opinión pública con lo de la consecución de la paz, cuando apenas estamos logrando es la terminación de un aspecto, el militar, del conflicto colombiano; siendo que el conflicto social, económico, político, ecológico, continúa latentes en este país de tragedias.
La Paz no es una paloma, ni puede ser herida. La Paz es la más noble bandera del pueblo colombiano!
La violencia generada y en crescendo desde el golpe de Estado perpetrado por la oligarquía aliada con fuerzas de ultraderecha internacional, terminó convirtiéndose en un negocio lucrativo para algunos sectores del mercado nacional e internacional, razón por la cual, éste es un obstáculo más para lograr reducirla a los estándares mundiales en un país donde no hay guerra declarada.
Terror
En un país donde el periodismo de investigación científica es casi inexistente y la información del Estado es prohibida, lo que se logra son aproximaciones a la realidad con alto grado de error.
Se ha provocado un miedo permanente en la ciudadanía, en la que los medios hacen apología a la violencia generalizada deliberadamente, induciendo el terror en la población mediante la reproducción de imágenes dirigidas a crear pánico la ciudadanía motivada a comprar cualquier medio de protección familiar, contratando los servicios de seguridad privados, evitar a toda costa utilizar los servicios públicos de transporte, creando al fin un ambiente de terror generalizado, que evita cualquier manifestación crítica, puesto que en el imaginario social el Estado está involucrado con este ambiente de inseguridad y terror.
Si contamos a casi cien mil muertes violentas en siete años, estimando a cinco miembros por familia, estamos hablando de medio millón de personas afectadas en su economía, en su vida social y en su estado emocional. Es decir, casi un 6% de la población ha sufrido actos de violencia criminal. Un grupo de psicólogos nos decía que el 35% de la población (2.8 millones) sufre de trastornos o irregularidades mentales. Seguro que los efectos directos e indirectos de la violencia provocada por el crimen, organizado o no, tiene que ver con esto.
Negocio
Hemos visto cómo se han cerrado bastantes negocios de la pequeña y mediana empresa, pero no vemos que cierren una funeraria, una venta de ataúdes; una empresa de seguros de vida; las empresas de seguridad privada, las tiendas de venta de armas; de alarmas y cámaras de seguridad, una cárcel o un cementerio privado. Al contrario, estos negocios crecen como algas en aguas estancadas. En las proximidades de las morgues y de los hospitales públicos, se cierran otros negocios para instalar farmacias, funerarias y venta de ataúdes.
Si contabilizáramos a 25 mil lempiras por servicio funeral, incluyendo el ataúd, dado que la gran mayoría de homicidios es contra familias pobres, entre el 2014 y 2015, se tuvieron cerca de once mil víctimas, lo cual implicaría una inversión al menos de 275 millones de lempiras, poco más de 12 millones de dólares. Si estimáramos estas mismas cifras para los dos años anteriores, estamos hablando de 24 millones de dólares.
La inversión en 2,300 cámaras para seguridad en las calles del Valle de Sula y Tegucigalpa, se puede redondear en L.13, 344,000 (US$600 mil dólares), sin incluir la instalación, mantenimiento, reparación y el costo de monitoreo que exige su buen funcionamiento. Esto lo pagamos con el “Tazón”.
En guardias privados se invierte alrededor de mil cuatrocientos millones de lempiras solamente en sus armas (L.1, 400 millones). A esto hay que sumarle mil quinientos millones de lempiras (L.1, 500 millones) mensuales que debemos pagar por 79 mil guardias que tenemos cuidando los negocios y las personas que circulan en el comercio. A los guardias apenas les pagan el salario mínimo aun cuando trabajan más de las ocho horas diarias. Es decir, las empresas de seguridad tienen una utilidad de 2,400 millones anuales, suponiendo que invierten los restantes 26 millones en nuevo armamento, equipamiento y administración. Este es un negocio dominado por ex oficiales militares y policiales. Es decir, que invertimos un promedio de L.2, 900 millones en mantener a 700 empresas de seguridad privada. Lo que equivale a USA$ 128, 482,807. Este negocio debe seguir creciendo para ubicar a los nuevos oficiales de policía y ejército que se van retirando. La vinculación entre estas empresas de seguridad privada y las instituciones de seguridad y defensa debe ser una de las constantes, lógicamente. Si esto lo proyectamos a los años 2012 al 2014, sumando los estimados del 2015, estamos invirtiendo US$513, 931,228 en los últimos cuatro años.
Además, para mantener el sistema de seguridad (y “defensa”), pagamos 1% de las transacciones que se hacen en el sistema financiero nacional a lo que llamamos el “Tazón”. Hasta octubre del año anterior último se estimaba haber invertido en este rubro L. 8,126.99 Millones. Si anualmente se recaudan más de L. 1,900 millones, a estas alturas de pueden haberse invertido aproximadamente L.9, 200 millones (USA$ 407, 600,630.98) desde el 2012. Es decir, noventa millones y medio de dólares promedio por año. Recordemos que el Ejército obtiene del Tazón el 37%, la Secretaría de Seguridad el 32%, la DNII el 18%, el 6% va a proyectos de prevención y el 2% a la Corte Suprema de Justicia.
Solamente en enterrar nuestros familiares; en pagar seguridad privada, y en pagar el programa de seguridad del gobierno, hemos invertido del 2012 al 2015, un aproximado de US$945, 531, 858.98. Muy cercanos a los mil millones de dólares estadounidenses, lo cual es un movimiento financiero significativo para un país pequeño y pobre.
Esta cantidad excluye otras inversiones en seguridad por no tener las aproximaciones, como son los vehículos blindados; los sistemas electrónicos de seguridad privados; la infraestructura de “barrios seguros”; los gastos de los hospitales privados y públicos en atender heridos; el remplazo de vehículos destruidos en las empresas y de individuos; los sobornos y pago de rescates; la quiebra de micro y mediana empresa; incluso, el desmantelamiento de negocios y empresas por inseguridad. También se excluye la inversión en forma de donación, por capacitaciones, asesoría o dotación de equipos de países amigos. Solamente de los Estados Unidos se han recibido al menos US$200 millones para fortalecer las fuerzas armadas y policías en los últimos 6 años.
Además de lo anterior, el gobierno ha aumentado en Defensa para los últimos seis años su presupuesto en 150%. Lo cual nos dice que la institución que mejor aprovecha de las raquíticas finanzas nacionales, por la situación grave de inseguridad son las Gloriosas.
Balance
Si hacemos un balance de los gastos en seguridad versus los resultados obtenidos, confirmaremos que estas inversiones no se equiparan a la leve reducción de la inseguridad, en los últimos siete años. Las bajas en homicidios se deben en mucho a la intervención de países amigos que han tenido un significativo impacto en el desmantelamiento de algunos carteles de la droga que afectan su propia seguridad.
Los gastos en medios represivos no se detienen, puesto que la política del Estado va dirigida a la persecución, el castigo y la represión de quienes violentan el estatus quo. Lo que menos se hace es labor de prevención. Los programas como “Actívate” y otras pequeñas actividades urbanas deportivas y de distracción momentánea, pagadas con el 6% del Tazón, son insignificantes ante la gravedad. La prevención exige otras inversiones consistentes en capacitación y fortalecimiento a los pocos y raquíticos sistemas de medicina forense, investigación científica del crimen, inclusive equipamiento y montaje de laboratorios forenses; ampliación de la educación superior y el acceso laboral digno a la juventud.
Lo que se hace es lo que incrementa el negocio de empresarios metidos en el comercio de armas, de sistemas de seguridad, cárceles, vehículos blindados, equipos de asalto y antimotines. El mismo sistema de justicia carece de juristas suficientes y bien calificados, y la mayoría de fiscales están “aprendiendo haciendo”, es decir, son novatos que no han recibido la necesaria preparación para enfrentar los casos de manera profesionalmente sólida. A los mejores profesionales del derecho se les aísla y reduce su cobertura, si no es que se les expulsa, muchas veces por ser críticos al sistema impune. Mientras se mantiene debilitado el sistema de justicia, se fortalecen los medios de represión contra la oposición al sistema político predominante.
Giro a Prevención
Girar un programa represivo y confrontativo de seguridad hacia una estrategia enfocada a la prevención, tendría como opositores fuertes a algunos sectores comerciales y de negocios que se lucran diariamente por el terror establecido, lo que hace que diputados y líderes sociales aprueben de primera instancia y “de buena voluntad” leyes y medidas represivas. Los gobernantes y quienes hacen las políticas de Estado, deben evitar hacer crecer esta tendencia de combate a los efectos e irse a las causas, antes que los obstáculos sean mayores y casi imposibles de revertir. La democracia real no descansa sobre bases de miedo y terror, pero sobre tolerancia al contrario, libertad de expresión, movilización y autocrítica.
El Sacrificio que hizo nuestro país para nacionalizar la banca fue enorme. Todos tuvimos que pagar el costo de esa nacionalización al tener que indemnizar a los pocos bancos privados que se fueron y que solo servían a los ricos. Los bancos del estado cumplieron un papel muy importante en el bienestar de los costarricenses. Los obreros y campesinos tuvieron acceso a préstamos para poder desarrollar sus actividades y buscaron una superación en sus aspiraciones. Pero como siempre, llegó el Partido Liberación Nacional y hecho todo a perder. Rompió el monopolio bancario y nuevamente regresaron los bancos privados, pero esta vez protegidos por superintendencias y entidades gubernamentales que obligaron a nuestra Banca Nacionalizada a convertirse en vulgares bancos privados con planilla estatal.
Recientemente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) publicó una licitación para colocar en algún banco 243 mil millones de colones (450 millones de dólares) provenientes de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de desarrollo (BID) para que el Ministerio lo utilizara en la ejecución de obras viales y portuarias. La entidad bancaria escogida administrará esos dineros y realizará inspecciones, supervisiones, gestión de riesgo organizativo, administración de bienes, entre otros.
Inexplicablemente un banco privado (Scotiabanck) resultó electo para depositarle esa cantidad enorme de fondos públicos.
Surgen varias interrogantes con esta situación que deben ser aclaradas por las autoridades del Gobierno: ¿Por qué cuatro bancos del estado, que suponemos deben haber participado en la licitación, no resultaron electos? Hay que tomar en cuenta que dichos bancos tienen el respaldo del Estado y eso tiene que pesar a su favor en cualquier licitación.
¿Por qué teniendo la oportunidad de beneficiar económicamente las finanzas públicas si se hubieran colocados los dineros de ese préstamo en cualquier banco estatal, el MOPT decide colocarlos en un banco privado?
¿Por qué ese Ministerio se atreve a correr riesgos con fondos públicos, pudiendo haber garantizado su manejo y destino al tenerlos en la misma estructura estatal?
¿A quién quieren beneficiar o se trata de un “rescate bancario” solapado por parte del BID? Porque nadie en su sano juicio permitiría arriesgar dineros en manos privadas teniendo la oportunidad de garantizar su destino con el respaldo de un Estado.
Los bancos del Estado tienen que explicar por qué no ganaron esa licitación. Deben decir qué fue lo que le dio oportunidad al MOPT para darle esos dineros a la banca privada. El MOPT debe aclarar las interrogantes lanzadas y aclarar por qué no tomó en cuenta el respaldo del Estado.
También el Gobierno es responsable de toda esta situación al solicitar estos dineros y no darles seguimiento de la forma en que se administran y donde se colocan. Es una situación de descuido parecido al de la trocha. Dios quiera que no, pero si en este momento ese banco se declara en quiebra o se va del país: ¿quién va a recuperar esos dineros? Y lo peor es que se trata de un préstamo que tendremos que pagar todos los costarricenses.
Cualquier corporación que tenga dentro de sus empresas un banco, jamás le daría a otro banco su dinero. Eso sería una estupidez administrativa. Lo lógico es colocar sus dineros en sus propias entidades financieras para beneficiarse con los intereses de su propio dinero. Hoy los costarricenses nuevamente estamos beneficiando a los ricos con los dineros del Pueblo. Grandioso cambio nos recetó este Gobierno inútil e irresponsable.
Por la víspera se ve el día. El movimiento de masas en Colombia copa los espacios que por años le han sido vedados. La exclusión política que impuso el llamado frente nacional liberal-conservador, que perdura hasta nuestros días, anestesió el impulso del movimiento popular en sus contenidos de organización, liderazgo, propuestas, no ya de reivindicaciones por justos reclamos de cotidianidad de diferentes sectores de la población; como de superación de programas mínimos y máximos de expresión, para lograr alcances de verdaderas proclamas de conquistas económicas y sociales, atinentes a esculcar el fondo de las causales de una brecha social abismal entre poseedores y desposeídos, entre los que tienen y quienes nada tienen; entre los usufructuarios perennes del andamiaje estatal al servicio de sus intereses de clase y económicos y los que invocan la atención a tantas necesidades insatisfechas.
Indiscutiblemente estamos transitando por el desenvolvimiento dialectico entre lo que significa la influyente etapa de conversaciones en La Habana, entre una parte de la Insurgencia colombiana y el Estado representativo de la tradicional casta politiquera empotrada en el poder y manejo estatal. El paro Agrario Nacional, sumado el paro de ciento cincuenta mil camioneros, se explican por el desborde de tanta injusticia social plasmada. Es tan solo una muestra del potencial a expresarse y manifestarse ante las múltiples esclusas de expresión y manifestación popular que avizora la terminación del conflicto armado interno en Colombia.
La insurgencia y el paro nacional
Sin mayor escitación, en el convulsionado escenario de expresiones de lucha de clases por el que transita la nación colombiana; resalta, no la atipicidad en lo comparativo con el escenario de las luchas populares en Latinoamérica, por no reseñar en el mundo; cómo quiera que en Colombia haya convivido la expresión de la lucha popular armada (ejércitos del pueblo), junto con la lucha popular reivindicativa aupada de inspiración ideológica y políticamente revolucionaria. Esto en el escenario de la protesta popular, en un país en Estado de Sitio permanente (hasta la Constitución de 1991), corolario de la negación de un estado de derecho y violatorio de los derechos humanos. Más ese marco de convivencia política que hubiera de aplicar la excluyente Constitución de 1991 (no solo en su conformación, sino también en su inspiración antipopular), no cumplió la misma expectativa funcional, al permitir, en sus múltiples “adecuaciones” la aplicación de un método de contrainsurgencia armada expresada en la atroz convivencia del experimento paramilitar; la aplicación de un Plan doblemente contrainsurgente como lo ha sido el Plan Colombia; la reformitis de la imposición de la reelección presidencial; la imposición de los TLC´s; la denigrante instalación de siete base militares del Imperio en la tierra de los padres comuneros!. Todo ello avalado por una cortesana judicial, que permite el mentís de la presentación- ante nacionales y el mundo- de una Constitución Política impolume, y “soberana”, que tras veinticinco años de vigencia la presentan como una virgen santísima “sin romperse ni mancharse”.
Por eso ante el furor mediático y esquizofrénico de ver en toda forma de manifestación y de protesta de masas la mano interventora de la insurgencia; no decantará la vocinglería oficial y la “inteligencia” del estamento armado estatal en aceptar, todo cuanto ya es de asimilación de la sabiduría popular: que en Colombia la protesta popular, como expresión de hecho de democracia directa popular, desplaza el uso de las armas en esa protesta. Al alzarse la voz popular, callan los fusiles insurgentes. Al expresarse la soberanía popular en las calles y campos colombianos, con el grito de la protesta, el escenario de la confrontación armada es suplido por el potencial creativo de los espacios que le han sido vedados al movimiento social. Aplican presupuestos- por ejemplo- que ante la ineficacia de las bombas y metrallas para evitar la fuga del oro negro nacional por las venas de las redes de oleoductos, la decisión soberana de dos mil manifestantes y obreros petroleros en cerrar las válvulas del precioso recurso natural, garantizaran el cambio de las políticas anti soberanas.
El manido discurso de la infiltración de las guerrillas; ya no solo en las protestas ciudadanas y populares, sino en la colectividades que representan la movilización de indígenas, campesinos, camioneros, explican la judicialización de la protesta social en Colombia y la criminalización de las mismas. Al no asimilar la institucionalidad o establecimiento colombiano está realidad, continuarán de espaldas ante lo imperativo de las reformas de fondo que se requieren en Colombia. Una cosa es afirmar que el fin del conflicto armado interno en Colombia, se logre sin afectar el modelo económico y la doctrina militar vigentes en Colombia, conforme a un Acuerdo de Agenda pactada y seguramente de garantizada aplicabilidad e implementación sobre tópicos discutidos; y otro los logros que en periodos subsiguientes a ese conflicto armado, conquiste y arrebate, a las clases dominantes y usufructuarias internacionales del Estado colombiano, el movimiento subversivo popular al actual estado de cosas imperante. Sí. Porque la realidad política nacional e internacional impone que toda expresión de lucha armada insurgente cese en Colombia. Pero de allí a imponer y fragmentar las aspiraciones, alcances y banderas de lucha del movimiento popular colombiano, circunscribiéndoles a que cualquier manifestación de protesta afecta los derechos (en abstracto) de la gente que no protesta, confluye en desconocer la deuda histórica social por la imposición de la maquinaria de guerra estatal contra el sentir de la protesta popular. No es que con la terminación del conflicto armado interno surjan ahora “nuevos espacios” para el movimiento social. La experiencia histórica enseña lo contrario: es la vigencia de los estadios alcanzados la que va permitiendo la cualificación del movimiento popular a tono con una representatividad propia y de suficiente legalidad representativa. El sofisma de distracción y desconocimiento que son las minorías las que protestan y que las grandes mayorías domesticadas, son la prioridad para atascar la dialéctica del desarrollo revolucionario de las masas, carece de asidero. El principio universal que el derecho mío va hasta dónde va el derecho del otro, si bien vigente, no aplica en el escenario de la lucha política por las profundas transformaciones en Colombia. Puesto que esas luchas superan el aspecto de la cotidianidad. También modifican los paradigmas de las reivindicaciones particularizadas y de contenido gremialista, por espectros de alcances nacionales. Tampoco se podrán circunscribir a las tesis de la “seguridad democrática” impuestas a sangre, fuego, motosierra, durante el lapso genocida de los dos periodos presidenciales de Uribe.
En un escrito de mi autoría, al analizar las protestas en El Catatumbo durante el año de 2013, expresaba la conveniencia de asimilar el contenido de expresiones como insurgencia y subversión. La una como de tipificación penal por la rebelión contra el Estado constituido y la otra como practica no penalizada de subvertir, cambiar un estado actual de cosas. Expresaba: lo subversivo como pensar.
Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.
Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista) en su interior. Es decir, se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.
Lo subversivo como práctica
Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva.
En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo.
Pero ese accionar dialéctico, no queda allí. El acto subversivo creador de dinámica social colectiva puede ser violento, pacifico, dialógico. Depende del análisis concreto, de la situación concreta (…); como también de la respuesta de los detentadores del poder (…).
Del camino emprendido por la insurgencia Elena
Si bien hace tres años, al inicio de las Conversaciones en La Habana, las condiciones objetivas internacionales de cambios alternativos al modelo del capitalismo salvaje neoliberal eran otras, a las actuales y ad portas de la fase pública de negociaciones con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ello no ha sido óbice para que se haya acordado una temática a tratarse entre los plenipotenciarios de ambas partes contrincantes: la insurgencia del ELN y el Estado colombiano. Pero plaga de expectativas el que no se haya pasado a la fase pública de esas conversaciones. Digamos que existan recriminaciones mutuas entre las Altas partes contratantes. El tema del secuestro o retención de civiles parece ser el nudo gordiano. En lo académico-político se ha ventilado lo del secuestro, como violación a una norma penal interna, que no califica en la doctrina del derecho internacional humanitario (DIH) como delito atroz y/o de lesa humanidad. Así es, por más aberrante que sea tal delito y las mismas contrapartes lo asimilen y acepten. Pese a los acumulados de distinción existentes, entre comparaciones chocantes, del uso de la cárcel para recluir presos políticos y del destino de los secuestrados o retenidos en la facultad de locomoción; esa es una realidad de la crudeza de la guerra. Como premisa elemental en abordar la solución de un conflicto, lo improcedente es la postura unilateral al respecto.
Modestamente veo la solución a ese impasse en el Acuerdo por el cese bilateral y definitivo de las acciones militares por las partes en Conversación. No es concebible en el panorama nacional que el ingente esfuerzo de la representación armada del Estado colombiano- con generales de alta calificación sobre el tema- y de quienes conforman la parte insurgente fariana en La Habana, se torne iluso al no apropiarse del momento histórico en que la definición del cese bilateral y definitivo de acciones armadas, abarque- en un solo acto- tanto a la insurgencia de las Farc-ep como a la del ELN. Las implicaciones políticas de ello saltan a la vista: 1. El cese de secuestros por motivos económicos y de retenciones por móviles políticos. 2. La inmediatez de efecto para que el Ejército Popular de Liberación (EPL) declare un cese unilateral de acciones armadas en zonas de su influencia y en especial en el Sur del Cesar, la Provincia de Ocaña y El Catatumbo. 3. También la carencia de motivación mediática de la extrema derecha uribeña en el descabellado llamado de una “resistencia civil” para oponerse al fin del conflicto armado interno y en obtusa contravía al mandato constitucional de búsqueda de la paz; lo cual los coloca en clara disidencia (no oposición), dentro del núcleo de poder imperante, oligárquico y antipopular, en Colombia.
ALAI AMLATINA, 09/06/2016.- EEUU es un país con 300 millones de habitantes, con la economía más grande del mundo, moviliza las fuerzas armadas más poderosas sobre la tierra y tiene la ‘máquina’ propagandística-cultural más rica en la historia de la humanidad. Para manejar este enorme poderío ha tejido a lo largo de décadas, más de dos siglos, un aparato político capaz de enfrentar retos y movilizar millones de personas. El sofisticado engranaje es la llamada democracia.
El núcleo central de este complejo sistema lo controla un conjunto de instituciones e individuos que en EEUU es identificado como el “establishment”. Son los guardianes del orden establecido y son los responsables de mantener la hegemonía sobre los diferentes sectores del país de tal manera que los cambios no perjudiquen los intereses creados. Cada cuatro años convocan elecciones para elegir líderes políticos, incluyendo al presidente de EEUU.
El proceso es supervisado por el establishment para garantizar que no se produzcan sorpresas y no sean elegidos candidatos que se salgan de las normas aceptadas.
Entre las normas, la más importante es garantizar la reproducción del sistema que protege los resortes económicos de propiedad y represión (violencia). Para lograr este fin, el establishment cuenta con dos partidos políticos: uno más conservador (Republicano) y el otro más liberal (Demócrata).
En la campaña electoral de 2016 salió a relucir dentro del Partido Republicano una masa electoral que respaldó al candidato menos comprometido con el orden tradicional: Donald J. Trump. Su mensaje se dirige a una población electoral de hombres ‘blancos’ frustrados sin empleo, sin vivienda propia y sin seguridad social. Esa masa sorprendió a los ‘expertos’ y arrasó en las primarias. Le dio a Trump los delegados que lo van a coronar candidato Republicano.
Los ‘conservadores’ que planteaban políticas de austeridad fiscal, así como servicios de salud y educación privados fueron desplazados por Trump. El candidato multimillonario de Nueva York no le hizo caso a los postulados del segmento conservador del Partido Republicano. Incluso, durante las primarias, fue ambiguo en muchos puntos sacrosantos para las iglesias evangélicas (aliadas estratégicas del Partido Republicano). En cambio, Trump arremetió contra los migrantes mexicanos, los afronorteamericanos, las mujeres y los musulmanes. Prometió acabar con los tratados de libre comercio, destruir militarmente al ‘Estado Islámico’ y “rescatar nuevamente la grandeza de EEUU”.
Trump parece entender que las capas medias norteamericanas que constituían la base de los partidos políticos de EEUU, durante la segunda mitad del siglo XX, en la práctica han desaparecido. Logró conectar con el votante medio norteamericano que quiere rescatar un imaginario del pasado que pareciera mejor. Este sector del electorado cree que los migrantes, las mujeres y los musulmanes son sus enemigos.
El mensaje de Trump logró despertar este sector de la derecha política que no tenía un abanderado. Rechazan, igual que Trump, a los empresarios que exportaron sus empleos a otros países. Durante las primarias Trump desplazó el centro tradicional de la derecha norteamericana a posiciones más radicales. La estrategia de Trump será, a partir de junio, atraer a los jóvenes frustrados del Partido Demócrata que apoyan al senador Bernie Sanders. Cree que éstos no apoyarán a la candidata demócrata Hilary Clinton, que consideran demasiada comprometida con el status quo.
Si Trump gana las elecciones, cuenta con el apoyo estratégico de un relativamente pequeño pero poderoso sector del establishment que ha sido marginado del poder desde los tiempos de Nixon. Se trata de los antiguos capitanes de la industria norteamericana desplazados por el sector financiero ‘globalizado’. En política exterior, Trump es ‘alumno’ de Henry Kissinger quien promueve un acercamiento a Rusia, contrario a la posición prevaleciente en los círculos dominantes de EEUU.
Trump quiere convertir a Rusia en un aliado “subordinado” igual que las otras antiguas potencias europeas. Incluso, visualiza a la OTAN moviendo sus tropas del centro de Europa hasta las fronteras de China. Es la política de ‘contención’ tan acariciada por Kissinger en sus buenos tiempos.
Ideológicamente, Trump es un populista de derecha, que movilizará a los norteamericanos contra los partidos políticos como una táctica para las elecciones, pero no creará un movimiento político capaz de retar el establishment. En este sentido, Trump no tiene una agenda política fascista, aunque su discurso lo aparenta.
Si llega a la Presidencia, Trump dice que sus proyectos serán pagados por trabajadores extranjeros. Sin embargo, serán los trabajadores norteamericanos que llevarán la mayor parte de la carga (incremento de impuestos y pérdida de más empleos) para financiar sus proyectos de expansión y ‘grandeza’ que promete en sus arengas.
Panamá, 9 de junio de 2016.
*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
