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La primera semana del segundo gobierno Trump

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rodrigo Cabezas Moya

Rodrigo Cabezas Moya.

La gente está alarmada por todos sus decretos y la manera como ha ejercido su poder. Pero él lo explicó con lujo de detalles lo que pensaba hacer y es exactamente lo que está haciendo.

Retiró a su país de la Organización Mundial de Salud, del Acuerdo Climático de París, perdonó a cientos de convictos que asaltaron el Capitolio y así se perdonó a si mismo pues actuaron siguiendo su consejo. Perdonó a un narcotraficante que utilizaba internet para el negocio después que su familia prometiera dinero y votos para su campaña. Recibió el apoyo de un billonario a quien le gusta el saludo sugestivo del nazi y hoy promueve un partido de extrema derecha en Alemania.

Amenazó con comprar Groenlandia y días antes de iniciar su gobierno, su hijo visitó ese territorio “como turista” en el avión de su padre con su nombre prominentemente escrito. Envió la fuerza militar a la frontera sur para preparar la deportación de miles de inmigrantes y ya dos aviones militares transportaron los primeros cientos a Guatemala.

Las amenazas a Canadá, Panamá y China siguen vigentes.

Nombró a su gabinete para probar hasta donde podía provocar al Senado que debe ratificarlos. El primer ministro de Justicia que propuso era investigado por ese organismo por participar en sexo pagado inclusive con una menor de edad y tuvo que retirarlo. El ministro de Defensa que propuso tiene problemas con el alcohol, no tiene experiencia dirigiendo una entidad de ese tamaño y las dos pequeñas entidades que dirigió quebraron. La votación en el Senado fue de 50 a favor y 50 en contra, empate que fue resuelto con el voto del vicepresidente y así fue confirmado. En el pasado, no pagar cargas sociales a una empleada doméstica descalificaba a un ministro propuesto.

Debemos recordar que el nuevo presidente nunca ha sido parte de ningún puesto de elección, sus empresas son patrimonio familiar, no rinde cuentas a ningún inversionista y en seis ocasiones han llegado a la bancarrota. Era conocido en Nueva York, pero no en el resto del país. Se dio a conocer con su programa de televisión El Principiante.

En el gobierno anterior nombró a funcionarios que no mostraron la lealtad que él exigía y despidió a muchos. Para este se preparó durante los últimos cuatro años y ahora exige lealtad a él antes que a la Constitución.

El panorama no es nada positivo.

Ante gobierno de Trump nuestras organizaciones sociales y económicas deben fortalecerse

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Óscar Ávila.

Por Marlin Oscar Ávila

Ver a Trump y su esposa en la primera banca de una capilla donde una obispa le solicita que sea menos fuerte contra los migrantes a quienes va a expulsar desde el primer momento de ejercer, por segunda vez, como presidente de la nación más poderosa militarmente del mundo, fue interesante. Cualquiera se pregunta si él piensa y acepta ser menos poderoso que un ser supremo en el universo, aunque no dudamos que lo sienta así.

Sabemos que considera a los más altos tecnócratas del mundo, superiores a los mismos miembros de su propio gabinete de gobierno.

El segundo gobierno de Donald Trump, ideológicamente, es un movimiento hacia la derecha de los gobernantes de EUA de las últimas décadas. Ya derogó la mayor parte de los decretos ejecutivos de su antecesor Joe Biden y se manifiesta dispuesto a construir una nueva “América para los americanos”. Ahora mismo está expulsando a los migrantes que él considera delincuentes o criminales. Aun cuando él es descendiente de padre alemán y madre escocesa, se muestra como alguien que no tiene descendencia extranjera, algo así como un descendiente de indígenas estadounidenses que cruzaron el estrecho de Bering hace miles de años.

Como ha sucedido en el pasado con todo gobernante de los EUA, su estilo, mecanismos e ideología para gobernar, influye en nuestra Iberoamérica y nuestros gobiernos. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una científica, ha establecido pautas de lo que puede ser una relación de mutuo respeto. Así nuestros gobernantes tienen la pauta para darse a respetar en su dignidad y hacer respetar la autonomía de nuestras naciones. Después de estos ejemplos dados por México, sería una vergüenza que apareciera algún gobernante en nuestra región, sometiéndose a los dictados de Trump.

Tenemos una diversidad amplia de gobiernos en los cuales debería existir unión e integridad para hacer de Iberoamérica una región próspera, aprovechando sus múltiples recursos naturales, en particular los países que tienen en su suelo las tierras llamadas raras.

Todavía no hemos visto el sometimiento de los gobernantes centroamericanos a los decretos y dictados del magnate Donald Trump, tampoco nuestros pueblos verían en sus dictados el beneficio que les puede traer lo que él pregona, excepto a algunos grandes empresarios inversionistas en exportaciones hacia los EUA. No obstante, la demanda estadounidense está en decaída por la creciente depresión económica de esa economía.

La esperanza está puesta en el mercado oriental, principalmente China. No debemos sorprendernos si el gobierno de Trump venga a concretar la caída de la economía estadounidense. Desde luego, esa caída puede afectar toda Iberoamérica, dependiendo de nuestra preparación y resistencia. La preparación implica una ampliación en nuestro comercio y diversificación en las relaciones económicas, políticas y sociales. Por esta razón el fortalecimiento de nuestras organizaciones sociales y económicas debe ser una prioridad del desarrollo.

De la emergencia migratoria a las respuestas efectivas (III y final)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Caryl Alonso Jiménez

Dirigir en tiempos de crisis retrata el liderazgo y posiciona confianza…

Caryl Alonso Jiménez

¿Cómo construir una primera línea de respuestas institucionales y marcos de acción de política con implicaciones institucionales, territoriales e impactos sociales para el corto, mediano y largo plazo?

Lo primero es ordenar las ideas en línea a procesos institucionales. Es entender las causas del fenómeno migratorio, las contingencias, las demandas de atención y servicios actuales (nacionales e internacionales) y revisar las fallas con sentido crítico de atención, incluyendo las franjas grises que aún persisten.

Según datos no confirmados, al parecer las oficinas de migración tienen contemplado deportar 253,411 migrantes guatemaltecos. El número requiere un contexto de análisis para entender las capacidades de respuesta institucional nacional y municipal…

Justo aquí comienza la verdadera plataforma política con efectividad real de atención al ciudadano. Ya no se trata de extensas reuniones de trabajo, sino planes con miradas altamente centradas en tres etapas: emergencia, reinserción y regularización comunitaria. Es complejo por las causas de la migración. En Guatemala según datos estadísticos se crean alrededor de setenta y cinco mil empleos anuales y egresan anualmente de la educación más de doscientos mil jóvenes al mercado laboral, lo que explica estructuralmente la migración y al parecer tiene más de 40 años.

Una ola de retornados que sobrepase capacidades creará escenarios que pueden generar alteraciones que pueden ser prevenidas con apoyo institucional.

Por el espacio solo se aborda una aproximación resumida en tres escenarios: El primero de corto plazo, crear condiciones para un Plan de Emergencia de atención masivo que involucra entidades nacionales. Una sola entidad no podrá generar condiciones del retorno digno. Por ello la creación del Consejo Interinstitucional para atención de la emergencia, con participación multisectorial (Agricultura, Salud, Educación, Gobernación, Desarrollo, Defensa, INFOM y ANAM) debiendo incorporar al sector económico, para actuar en sola línea.

Asegurar la reinserción bajo un Plan territorial con el liderazgo de SEGEPLAN en coordinación con ANAM, crearía condiciones para generar un acuerdo con los gobiernos municipales, Consejos de Desarrollo y Consejos Comunitarios, que podrán ejecutar proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversiones Públicas con mayor agilidad hacia proyectos que generen empleo. Los CODEDES tienen suficientes recursos para respuestas inmediatas, más de doce mil millones para el 2025.

La gran operación es la reinserción. Que estaría dispuesta a partir de los Programas de Inversión de los gobiernos municipales e inversiones sectoriales. Para el 2025 los ministerios cuentan con porcentajes de inversión presupuestal mayores. Un acuerdo político entre gobierno y Organismo Legislativo de recursos creará confianza ciudadana.

Una medida es la coordinación con la entidad de Control Gubernamental podría promover inversiones por administración y no construir por contratos. La obra pública municipal ampliaría la capacidad de contratación de empleo municipal que tendrá mejor reparto y acumulación a nivel local. No olvidar, ¡El problema del migrante es empleo…!

En los 340 municipios contemplar líneas de apoyo a familias que reciben remesas con asistencia y asesoría en gestión financiera. Crear asesorías para orientar la creación de emprendimientos empresariales locales. Las facultades de economía de las universidades pública y privada jugarían roles históricos.

Otro escenario urgente, es el migrante en USA. Aunque ya se hace en los consulados, crear el marco de atención con planes que, sin colisionar con las leyes puedan actuar. Crear programas de orientación para actuar en caso de asistencia legal por deportación y cómo actuar. Documentar sin poner barreras o limitaciones. Es urgente proceder a documentar a todos los guatemaltecos en la calidad que se encuentren sin mayor burocracia. Quienes ya cuentan con ciudadanía buscar asegurar su estabilidad y asistencia legal. Para aquellos que se encuentren en situación irregular, crear sistemas de protección mediante servicios legales.

Una de las virtudes del migrante en USA es su unidad con organizaciones solidarias, allí habrá respuestas de apoyo. Sin embargo, los migrantes seguirían enviando remesas… en 45 años llegaron US$ 2 billones y más de US$ 10 mil millones en remesas en especie en encomiendas anuales que apoyan a siete millones de guatemaltecos, ¿devolveremos su apoyo a la estabilidad económica de Guatemala…?

¡Hoy es el momento del liderazgo Estatal que posiciona esperanza y confianza ciudadana…! Por extraño que parezca, las instituciones públicas ya tienen los planes y los recursos, así lo aseguran… Entonces, ¡esta vez tienen que ser verdad…!

Otros gazapos gubernamentales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Introducción

Escribí en el artículo anterior en torno a lo que consideré han sido algunos de los principales gazapos gubernamentales en la educación.

Hoy escribiré sobre otros gazapos de acuerdo con mi investigación realizada principalmente en periódicos nacionales. El recuento de los yerros del gobierno comprende fundamentalmente el año 2024 y lo que llevamos del 2025. Algunos de los problemas detectados en este gobierno, pueden tener raíces que se extienden a los años 2022 y 2023. No me he propuesto ser exhaustivo en el señalamiento de los errores, sino que he entresacado algunos de los más álgidos problemas.

Otros gazapos encontrados principalmente en tema social, institucional, en infraestructura, seguridad y pensiones.

En el tema de las pensiones del régimen no contributivo (RNC), que atiende a adultos mayores en situación de pobreza, he hallado una situación espeluznante: de acuerdo con la información periodística, son preocupantes dos problemas relevantes atinentes ambos a la negligencia gubernamental para cubrir el fondo de pensiones del RNC. El titular de la noticia que vamos a comentar dice: “Fondo de pensiones para pobres registra la mayor pérdida en última década”

1.La primera tiene que ver con el déficit acumulado hasta octubre del 2024, por un monto de 43.165 millones de colones. Situación que se pudo haber traducido en un problema social pues atenta contra una población altamente vulnerable desde el punto de vista social y económico. El déficit del 2024 es casi tres veces mayor que la pérdida de 14. 951 millones registrada en plena pandemia en el año 2021. ¿Cuál es la responsabilidad gubernamental? Obedece a que los ingresos financiados en su totalidad por el gobierno no fueron suficientes para cubrir los gastos del régimen. El gerente de pensiones del régimen declaró a la prensa el 10 de diciembre del 2024 que, a los poco más de 150.000 pensionados no se les retrasó el pago, gracias a la provisión previa cubierta por el fondo (no por el gobierno); en 2022 y 2023, el gerente del RNC declaró que tuvieron que echar mano de recursos excepcionales para cubrir el fondo no financiado por el Gobierno, pero que sí es de su resorte. Imaginemos lo que habría ocurrido si esas provisiones del fondo no hubiesen existido por parte del RNC. (Cfr. O. Rodríguez A. La Nación. 10.12.2024).

2.El mismo gerente de pensiones advierte en el artículo citado que en el 2025, el problema luce más grave todavía, porque no se cuenta con las provisiones a las que se echó mano anteriormente. O sea, ese “colchón” con el que se contó, no existe para el 2025, debiendo enfrentarse un faltante de 18.618 millones de colones. De no presupuestarse por parte de Hacienda esos recursos faltantes, la pensión de estos jubilados de muy escasos recursos disminuirían ostensiblemente. (Ibidem). Además, no se podría entregar recursos a 5.000 nuevas personas que estarían ingresando al Régimen. (“Estimaciones de transferencias del Gobierno Central a la CCSS para el período 2025, según Dirección Actuarial de la institución.). El matutino consultó a Nogui Acosta si el Poder Ejecutivo aportaría los recursos adicionales, pero a esa fecha no se había recibido respuesta.

Otros gazapos.

Aparte de lo anterior, debe saberse que la Contraloría General de la República señaló que, se ha convertido en una práctica reiterada de parte del gobierno, no presupuestar los recursos indispensables; por ello la presupuestación enviada a la Asamblea Legislativa es más baja que los seguros sociales administrados por la CCSS. (Ibid).

Diez días después, La Nación publica un editorial en el cual señala que, “El Gobierno abandona el diálogo sobre pensiones”. Se trata de una mesa de diálogo convocada por la Superintendencia de Pensiones (Supén), destinada a enfrentar la crisis del sistema de pensiones IVM (el mayor régimen de pensiones del país). Desde el mes de octubre, afirma el editorial, el presidente de la República había dejado entrever que se abandonaría la mesa de diálogo, ya que se negó a presentar alguna iniciativa conducente a reformar el régimen de Invalidez Vejez y Muerte. Es decir, renunció a “comprarse la bronca” de un problema muy serio que, se agigantará con el paso de los años. Todo ello ha ocurrido a pesar de que, como se sabe existen más de 200.000 costarricenses que no cuentan con ningún ingreso. Son por ende dependientes de sus familias, la mayoría en estado de pobreza o inclusive en pobreza extrema. Muchos deben emprender trabajos adicionales después de la edad de retiro, para lograr subsistir.

La lógica del gobierno parece ser la de beneficiar en cambio a grupos privilegiados.

El 15 de noviembre del 2024, aparece una crónica en el diario La Nación titulada así: “Vicepresidente Brunner admite que negoció con INS póliza para gabinete”. (Cfr. R. Bolaños V. La Nación, 15.11.2024.) La póliza que se contrataría tiene un costo de 248.391.706 colones. Cubriría a 65 jerarcas, entre ellos al presidente, los vicepresidentes, ministros del gobierno y otros jerarcas que, quedarían cubiertos por “…gastos de indemnización, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas. Incluso, el seguro cubre sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.” (Ibidem).

La Contraloría General de la República aclaró en CRHoy.com que, el artículo 13 de la ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos ordena que “todo encargado de recaudar, de custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantías con cargo a su propio peculio”. (Ibid.) Quedó claro que es el patrimonio personal del funcionario el que debe responder ante obligaciones de tipo pecuniario.

Es evidente que la lógica de los altos funcionarios de esta administración es retorcida, endeble cuando se trata de atender las perentorias necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad, como quedó explicado supra; en cambio, actúan con “manga ancha” y pretendiendo “servirse con cuchara grande”, para favorecer los intereses de grupos privilegiados de la sociedad, como es este caso. En particular este gazapo, causó mucha desazón y asombro en amplios sectores de nuestra sociedad.

Populismo demagógico del presidente Chaves con damnificados.

Algo de lo más cruel de parte del presidente de los costarricenses, es pretender jugar con la ingenuidad de personas damnificadas por las lluvias torrenciales que cayeron sobre nuestro país en octubre, y sobre todo en noviembre y hasta en diciembre del año recién pasado.

Un titular del diario La Nación, del 10 de noviembre del 2024 dice: “Chaves mintió a damnificados para desprestigiar a diputados”. El presidente, reza un subtítulo, les dijo a las personas a las que les entregaba comida: “los legisladores se oponen a la entrega de comida”. Esto fue calificado por los diputados como un “discurso cruel y falto de vergüenza”; al presidente lo calificaron como “el más mentiroso” (Cfr. Oviedo, E. y Sequeira, A. La Nación. 10.11.2024. p.8).

El artículo de los periodistas también reseña que el presidente en un video propagandístico le dijo a un damnificado: “¿A usted le gustaría que nosotros botáramos esto al río?”, a lo que el hombre le respondió: “Por nada en la vida”. Y luego el mandatario continuó en el spot publicitario: “Usted sabe que hay diputados de la República de Costa Rica diciendo: No le dé a la gente de Coto estas cosas porque…, diay, ¿imagínese el tipo de ocurrencias?”. El presidente continuó con otras falsedades por el estilo. Diputados de diversas fracciones se expresaron con vehemencia diciendo que Chaves en realidad había pretendido jugar con el dolor de gente menesterosa de nuestro país haciendo politiquería. A continuación, relatan los periodistas que, los diputados exigieron al mandatario que dirigiese la atención de la emergencia, respetando la dignidad humana sin hacer politiquería. (Idem).

Este es un ejemplo que deja pasmado a más de uno, pues en Costa Rica, aunque los políticos han hecho demagogia muchas veces para acceder a la presidencia de la República, una vez que ascienden al solio presidencial es infrecuente encontrar a un presidente haciendo gala de una demagogia tan mentirosa para pretender glorificarse. Más grave aún cuando es patente que el mandatario no acudió a las zonas del desastre hasta 10 días después de que habían ocurrido los desastres, como también lo señalan los periodistas Sequeira y Oviedo. Triste para nuestro país tener un presidente que merced a sus actuaciones y decires, se haya granjeado el apelativo de mentiroso.

Vean los reiterados yerros del gobierno.

La deuda del gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social asciende a cuatro billones de colones. ¿Podrá alguno de ustedes imaginar siquiera ese monto? El 83% de ese monto (3.3 billones de colones) corresponden a las obligaciones del gobierno con el seguro de salud, y maternidad; el 17% restante (689.000 millones), son los que tienen que ver con el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). ¿Saben ustedes a qué corresponde el mayor rubro de la deuda del Estado con la CCSS? Nada más y nada menos que al impago de las cuotas del Estado en favor de los asalariados, así como los aportes complementarios para el seguro voluntario, trabajadores independientes, población de centros penales y trabajadores en convenios especiales: esta información de puede encontrar en: (Cfr. Sequeira, Aarón. “Deuda del Gobierno con la CCSS sube a 4 billones de colones”. La Nación, 15.11,2024. P.5)

Son demasiados errores y gazapos para ser casualidad. Cabe pensar que tantos gazapos son el producto de un gobierno que no tiene rumbo, no quiere asumir las responsabilidades que le competen al Gobierno central, hace demagogia con el pueblo menesteroso tratando de manipularlo con falsedades y engaños, pero beneficia a grupos privilegiados, como ha quedado demostrado en este artículo, en los anteriores y lo evidenciaremos en el siguiente.

Compartido con SURCOS por el autor.

El proyecto de ley presentado por el gobierno para regular las “pensiones de lujo” no las detiene

Escrito en . Publicado en Análisis.

Francisco Esquivel V.
Economista

Lo peor que le puede pasar a un proyecto de ley es que se formule sin una evaluación de impacto. Eso le pasó al proyecto presentado el 22 de enero por el gobierno en torno a las pensiones de los regímenes con cargo al Presupuesto (Expediente legislativo número 24.786). Aquí me referiré a la parte relativa al régimen de reparto del Magisterio Nacional (RTR). La propuesta que contiene el proyecto sobre el RTR no logra el objetivo planteado que es reducir a un mínimo las pensiones llamadas de lujo. Por el contrario, con este proyecto las pensiones altas, superiores a 4 millones de colones, seguirán siendo altas. Tamaño problema: se presenta un proyecto para bajar las “pensiones de lujo” y termina reproduciéndolas. Improvisación y desconocimiento de la forma de funcionamiento de los regímenes con cargo al Presupuesto.

El proyecto se basa en un supuesto estudio actuarial. Sin embargo, un estudio actuarial es un cálculo de ingresos vs costos de un sistema de pensiones. Eso no se puede hacer en el RTR. Por una sencilla razón: el Estado nunca cumplió su obligación de patrono y de Estado aportando las cuotas al RTR. Desde 1958 el Estado no le ha aportado nada al RTR. Los únicos que cotizaron en los primeros años fueron los docentes. Y los recursos que se acumularon en ese período fueron captados por el Gobierno Central y destinados a otras cosas, incumpliendo lo establecido en el artículo 73 de la Constitución de la República. Hoy el Gobierno Central paga las pensiones del RTR con recursos de la caja única y un aporte que dan los jubilados. Pero, como es de esperar, el déficit se produce por la falta de recursos ante el incumplimiento del Estado de pagar sus obligaciones durante más de 60 años. En tales condiciones un estudio actuarial es imposible de realizar: no hay ingresos históricos, ni ingresos futuros. Lo único que se puede realizar es una simulación de gastos de unas tres o cuatro décadas, que es lo que durará el RTR hasta que muera el último pensionado, porque el régimen está cerrado desde hace más de 30 años. Así que se puede hacer cualquier simulación y llamarlo estudio actuarial, pero no es un estudio actuarial.

Cuando decimos que el proyecto se formuló sin un estudio de impacto es en relación con la falta de cálculo de lo que pasaría con los diferentes niveles de pensión ante la aplicación del proyecto de ley. Por eso, a continuación, presentamos ese estudio de impacto, realizado con un modelo de simulación que hemos desarrollado en los últimos cinco años, ante los ataques sistemáticos que ha recibido el RTR. Usamos la versión CalculoPensionNeta_V9_50_2025. El modelo tiene un 100% de precisión, probado con la aplicación que han hecho una cantidad importante de jubilados del RTR. Tal simulación calcula las deducciones que se le aplican a cualquier pensión del RTR y con base en eso determina la pensión neta que le llega a cada jubilado. Las deducciones son el pago del impuesto sobre la renta y los aportes que se hacen al régimen con base en los artículos 70 y 71 de la ley 7531 que regula la materia. Además, el jubilado debe pagar el seguro de salud de la CCSS, un cargo administrativo a JUPEMA y una póliza de vida. Por ejemplo, una pensión bruta (es decir, sin deducciones) de 4 millones de colones paga 1,8 millones por deducciones; es decir, el 45% de la pensión bruta. Por lo tanto, al jubilado le queda una pensión neta de 2,2 millones.

La inconsistencia del tope del proyecto de ley

Los componentes del proyecto de ley mencionado son los siguientes:

  • Se aplicará un tope a todas las pensiones del RTR equivalente al tope de las pensiones del IVM de la CCSS. Hoy dicho tope equivale a 1.765.859 colones. Existe la posibilidad de aumentar moderadamente tal tope si el jubilado postergó el momento de su retiro.
  • El tope se aplicará a la pensión neta, es decir a la pensión bruta menos las deducciones mencionadas antes. A esto se le puede llamar pensión neta sin tope IVM.
  • La aplicación del tope está sujeta al cumplimiento de una excepción: la pensión neta con el tope IVM no puede ser menor al 40% de la pensión bruta. Es decir, si al aplicar el tope del IVM a la pensión neta ésta queda en un monto inferior a ese 40%, no se aplica el tope del IVM para que al jubilado siempre le llegue al menos un 40% de su pensión bruta. Esto es una interpretación particular del convenio 102 de la OIT, suscrito por el país. No es claro si tal parámetro se deriva del convenio 102. Actualmente, por disposiciones de la Sala IV, se aplica otro parámetro que limita las deducciones que debe pagar el jubilado al 50% de la pensión bruta. Para definir ese parámetro, la Sala IV también invocó el convenio 102, lo que tampoco es claro si es posible a partir del convenio. Se asume que lo definido por el proyecto de ley mantiene este último parámetro establecido por la Sala IV. Pero, si el proyecto de ley aplica ambos parámetros, supuestamente derivados del convenio 102, estaríamos ante un ornitorrinco jurídico de proporciones mayúsculas, que podría provocar un caos de interpretación legal. El modelo de simulación asume que se aplica dicho ornitorrinco porque se interpreta que el proyecto de ley lo dispone así.

Usando el modelo de simulación mencionado antes, calculamos el impacto en diversos niveles de pensión bruta del RTR. El siguiente gráfico y la tabla muestran los resultados de la simulación.

El gráfico presenta la pensión neta sin tope IVM para diferentes niveles de pensión bruta que van desde 2 millones hasta 15 millones. Se traza mediante una línea negra. Como mencionamos, esta pensión es el resultado de restarle a la pensión bruta todas las deducciones citadas.

Si le aplicamos el tope del IVM a la pensión neta aparece la pensión neta con tope IVM, que se dibuja mediante una línea roja.

Se observa en el gráfico que, en el rango de pensiones que va de 2 a 4 millones de colones, efectivamente el tope limita el monto de la pensión neta. La línea negra está encima de la línea roja. Es decir, el jubilado recibirá una pensión neta más baja comparándola con el monto que recibiría sin el tope IVM. Sin embargo, después de 4 millones el tope pierde efectividad. La regla de mantener el 40% de la pensión bruta protege a las pensiones más altas. La línea roja sigue debajo de la línea negra, pero sin freno. Es decir, el tope deja de funcionar, por lo que la pensión neta aumenta sin control. Es cierto, que la pensión neta con tope IVM baja un poco en relación con la pensión neta sin dicho tope; pero, los niveles que provocaría el proyecto de ley son muy altos. No hay control de las “pensiones de lujo” que siguen aumentando a niveles desproporcionados. Por ejemplo, si una pensión bruta de 7 millones se limita por el tope IVM, que es de 1,7 millones, quedaría abajo del mínimo del 40% respecto a la pensión bruta, que sería de 2,8 millones. Por lo tanto, el tope IVM no se aplica y obtiene 2,8 millones, lo que es sustancialmente diferente al tope de 1,7 millones del IVM. Conforme el monto de la pensión bruta aumente, la línea roja seguirá creciendo sin límite, lo que indica que el mínimo del 40% permite a los jubilados con pensiones altas disponer de una pensión neta final bastante alta. En términos del populismo usado para analizar este tema, resulta que el proyecto ley no frena las “pensiones de lujo”, cuando se supone que busca lo contrario. Un jubilado con 10 millones de pensión bruta va a recibir 4 millones de pensión neta, debido a la protección del mínimo del 40% de la pensión bruta. Otro jubilado con 15 millones de pensión bruta recibirá 6 millones de colones como pensión neta final, por la misma razón.

En pocas palabras, el tope del proyecto de ley no sirve para detener las “pensiones de lujo”, por el contrario, las fortalece. Por eso, el gráfico traza la línea roja de la pensión neta con tope IVM como una línea discontinua, a partir de 4 millones de pensión bruta, ya que, en la práctica, no funcionará.

Además, el gráfico revela que se trata de un proyecto de ley regresivo. Reduce la pensión neta de las pensiones brutas menores de 4 millones. Pero aumenta considerablemente la pensión neta de las pensiones brutas más altas. El proyecto les quita pensión a las pensiones bajas y les da más pensión a las altas.

Además, debe quedar claro que las cláusulas como la de la Sala IV (límite del 50% a las deducciones respecto a la pensión bruta) y la de este proyecto (protección del 40% de la pensión bruta) protegen a las pensiones más altas y dejan sin defensa a las pensiones bajas, menores a 4 millones de colones. Son cláusulas regresivas: cuando se presentan proyectos de ley para limitar las pensiones el efecto queda reducido a las pensiones bajas, mientras las pensiones mayores a 4 millones mantienen un nivel muy alto. En el caso del proyecto de ley del gobierno nada tiene que ver, por ejemplo, una pensión neta de 6 millones de una pensión bruta de 15 millones comparada con el supuesto tope de 1,7 millones.

Conclusión

Este es el lamentable resultado de formular un proyecto de ley sin evaluación de impacto. La comisión legislativa que analice este proyecto debe observar con cuidado estos resultados. Insistir en aplicar el tope IVM, junto a las cláusulas de excepción, no tiene ninguna utilidad. Debe darse una reflexión nacional sobre lo que debe ser un tope razonable, que no puede ser 1,7 millones. Ese parámetro existe en la CCSS por el desequilibrio financiero, pero no tiene nada que ver con las necesidades de un adulto mayor que supera los 65 ó 70 años. Una discusión seria debe generar criterios razonables que establezcan lo que es un mínimo justo para el jubilado, adulto mayor.

Lo expuesto en este artículo es un análisis económico. El proyecto de ley tiene aspectos inconstitucionales graves que deben analizarse desde la perspectiva jurídica, lo que no se ha abordado aquí.

El miedo toca a la puerta

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Una reciente publicación del diario mexicano La Jornada sobre la inminencia de las primeras acciones en materia migratoria desde la nueva administración Trump, señalaba que una de las formas en que serían aplicadas utilizaría el miedo como política.

Al cabo de algunas horas luego de su juramentación, Trump empezó a cumplir las promesas de campaña que lo llevaron al poder: firmó órdenes ejecutivas para blindar militarmente la frontera con México, ir en búsqueda de migrantes en situación irregular y clausurar programas de citas para la solicitud del estatuto de refugio.

Bajo el título “Alistan espectáculos mediáticos para ahuyentar a indocumentados” la publicación del diario mexicano consignaba declaraciones del designado Zar Fronterizo (antiguo agente de la patrulla fronteriza) Tom Homan sobre la aplicación de esas medidas anunciadas: “Los indocumentados deben auto deportarse… deben sentir miedo”.

En las primeras horas del mandato Trump, se han anunciado redadas en escuelas, colegios, iglesias y centros de asistencia social. Ante la población más vulnerable, la consigna es infundirle temor y poder como forma de disuadirles, sacarles del país que han ayudado a forjar con su trabajo.

Algunos estados mexicanos ya empezaron a recibir a sus primeros deportados: tres autobuses repletos fueron recibidos el día 21 de enero en el Estadio de Tamaulipas.

Pronto tocará el turno para los países centroamericanos con los que el presidente estadounidense ha prometido usar mano dura en una muestra de racismo y nacionalismo exacerbado.

Eran previsibles todas estas cosas viniendo de quien vienen, pero también eran previsibles en la continuación de un mainstream migratorio cuya política en los últimos años de la administración Biden-Harris fue agresiva e impune contra las personas migrantes centroamericanas.

En el tema doméstico, Costa Rica está a las puertas de un proceso de elecciones cuya jornada preelectoral ya ha iniciado.

El peligro de una opción populista que tome para sí el tema migratorio y lo vuelva su caballo de batalla es real. No solo porque es real la posibilidad de que este tema sea instrumentalizado para intereses politiqueros, sino porque podría ocurrir algo que ya está pasando en el caso estadounidense: la solicitud de Trump a la población civil para que salga a “cazar” migrantes indocumentados y se los entregue a las autoridades migratorias.

Este 2025 debería llevarnos por caminos de esperanza. No podemos dejarnos abatir por el miedo y la desazón. Pero sí nos obliga a estar atentos y despiertos para reaccionar frente a estas energías del mal que intentan adueñarse del planeta.

Gazapos gubernamentales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Introducción.

Un gazapo en la segunda acepción de la Real Academia de la Lengua Española es una mentira o un yerro que inadvertidamente deja escapar quien escribe o habla.

Haciendo una adaptación aquí nos vamos a referir a los gazapos gubernamentales, pero no se trata de cualquier gazapo, es decir de un error pasajero, circunstancial. Exaltaremos algunos de los grandes yerros o gazapos de este gobierno, incluyendo desde luego, las mentiras del presidente, de sus ministros y diputados o diputadas que le son leales. Hoy nos centraremos en el tema de la educación.

En el artículo del viernes pasado, hicimos un análisis de la situación nacional, en lo económico, en lo político-social y en lo cultural. Además, me permití externar mi estado de ánimo con relación a algunos de los más graves problemas de nuestro país. Pienso que ese estado de ánimo de aflicción y dolor no es solo mío; es común a una cantidad importante de conciudadanos que lo experimentan también, tras haber advertido que, por encima de los discursos del presidente y su equipo, en las conferencias de prensa o fuera de ellas, hay mucho con demasiado de verborrea vacua o superficial y una jerigonza extraña y vergonzosa. En cambio, hay muy poco, más bien nada de realidad.

Los Gazapos en la Educación.

Si algo debiese tener prioridad en Costa Rica hoy, es la educación. En los círculos entendidos en esta materia ya está claro cuánto ha descendido la calidad de la educación pública en todos sus niveles en la actual administración de la República.

No estamos para juegos como el que inició el presente gobierno, hablando de “la ruta de la educación”, que pudo haber entusiasmado a mucha gente, y luego muy temprano se convirtió en “humo de pajas”. ¡Qué daño más grande se le ha propinado a nuestra niñez y juventud! ¡Gran afectación también a la credibilidad en la política, para la ciudadanía que de verdad esperaba algo serio!

El primer problema en este gobierno consiste en la ausencia de planificación a todos los niveles. Veamos un ejemplo del que ha dado cuenta la prensa desde el año anterior. El plan presupuesto del gobierno se elaboró y hacia el final del 2024 se puso en evidencia un grave desorden en el plan de gastos, como lo hicieron ver diputados de varias de las fracciones opositoras, ya que los recursos presupuestados en materia de salarios, sueldos y aguinaldos a docentes no alcanzaban. La Asamblea Legislativa debió aprobar recursos extraordinarios del orden de 74.000 millones de colones para completar el pago. Obviamente no es una bicoca.

El problema no acabó ahí, de acuerdo con la información periodística el desorden en el plan presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP), se extenderá a lo largo de este año 2025. Quizás la mayor pesadumbre consiste, como lo informó en un artículo de La Nación la periodista Lucía Astorga, en que el aviso acerca de la falta de recursos para pagar la planilla del 2024, ni siquiera provino del MEP y su equipo de planificación. La alerta fue dada por la Contraloría General de La República y por el mismo Ministerio de Hacienda. No solo eso, en el plan de gastos del 2025, aparece un faltante de 100.000 millones de colones. Otro gazapo colosal. (Cfr. L. Astorga, La Nación, 19 de nov.2024. p.19).

Tan grave como lo anterior, es que la Sala Constitucional le ordenó al MEP, mediante dos sentencias, usar fondos para -nada más y nada menos- asignar asistentes del Servicio de Educación Especial, a fin de poder atender estudiantes con discapacidad. Falta grave por parte del MEP, por tratarse de recursos para atender a una población especial. Dicha asignación presupuestaria, obviamente abrió otro hueco en los recursos del ministerio que debió ser cubierto de manera extraordinaria también por parte de la Asamblea Legislativa. Algo más, debe saberse que la jerarca del MEP propuso para cubrir el faltante, recortar los fondos que debían destinarse al pago de las cotizaciones de las pensiones administradas por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. La ocurrencia anterior fue detenida por la Asamblea Legislativa. De haberse aprobado hubiese significado, como se dice coloquialmente, “desvestir un santo para vestir otro”, No nos acostumbramos a los yerros enormes de este gobierno.

La misma Lucía Astorga, periodista acuciosa, informa que el MEP apuesta por la digitalización para aliviar la carga laboral de los docentes. Pero, ocurren dos cosas: la primera es que la tendencia a obtener incapacidades ha ido en aumento en los últimos tres años. Un 65% de la planilla se acoge cada año a las licencias remuneradas. El pago para sustituir dichas licencias aumentó entre el 2021 y el 2024 un 53.72%. Se trata de la mayor presión presupuestaria que enfrenta la institución para cubrir las sustituciones del personal. En segundo lugar, el viceministro de planificación acepta, no obstante, que no existe un plan específico para frenar el incremento de las incapacidades. (Cfr. Ibidem, 06.01.2025. págs. 4 y 5). Aviados estamos, ya que la situación es harto difícil.

En el campo de la docencia propiamente dicha, comienzo por señalar que, lo anterior tiene una alta incidencia en el bajo rendimiento de muchos de los estudiantes, pues el constante cambio de maestros y profesores repercute negativamente en los niños y jóvenes, ya que cada maestra o profesor tiene su propia metodología y pedagogía y deviene harto difícil para el educando acostumbrarse a una nueva modalidad de aprendizaje.

Lo más significativo en este ámbito lo constituye el hecho de que en estos últimos 20 años se ha agigantado la brecha en cuanto a la calidad de la educación entre los estudiantes de hogares pudientes y los de las familias más pobres. Lo mismo es claramente visible entre los niños de preescolar, los escolares de primaria y los estudiantes del nivel medio de la educación, que estudian en instituciones de la gran área metropolitana, frente a los que lo hacen en zonas rurales de escuelas y colegios públicos. Los que pertenecen a estos últimos se han ido quedando rezagados en varios sentidos: con mucha frecuencia los estudiantes de zonas rurales pobres no acceden al currículo completo de materias; aunque las autoridades se justifican arguyendo que se trata de materias accesorias, como artes plásticas, educación musical o física, educación para el hogar, etcétera, esto no hace más que demostrar el atraso pedagógico de que adolecen las autoridades docentes que esgrimen este argumento; está más que demostrado que, estas materias de la malla curricular son de singular importancia para el desarrollo de una formación integral del individuo y de la personalidad social. En segundo término, los estudiantes pertenecientes a hogares de bajos recursos económicos se rezagan, porque con harta frecuencia desertan de la educación tempranamente convirtiéndose en “carne de cañón” del hampa, y hoy de las pandillas del narcotráfico, como lo hicimos ver en el artículo anterior. En tercer lugar, estos estudiantes no pueden competir en los mercados laborales con los de las clases medias o altas, por lo que están condenados a repetir el círculo de pobreza y miseria extrema del que provienen.

Los datos están a la vista, como cualquiera lo puede observar en el estudio del Estado de la Educación, dirigido con idoneidad por la académica Isabel Román: El 83% de los educandos que pertenecen a las instituciones de educación primaria pública, no logra acceder a la malla curricular completa. En números absolutos se trata de la astronómica cifra de 373.500 menores que se ven por ello marginados en el proceso educativo. En Costa Rica, hay 17 cantones en los que, la totalidad de los estudiantes se ven privados de llevar el currículo completo. (Cfr. estadonacion.or.cr. Noveno Informe del Estado de la Educación, 2023. www.larepublica.net y www.nación.com).

Algo inexplicable: la directora del Estado de la Educación (EE); Isabel Román hizo una petición al MEP, que esta institución se dio “el lujo” de rechazar. Al MEP se le solicitó que compartiera los datos del resultado de las Pruebas Nacionales Estandarizadas aplicadas por este ministerio desde el 2023. Es la primera vez en 20 años que el ministerio de Educación se arroga la potestad de rechazar una petición del Estado de la Educación. Como lo señala la periodista Fernanda Matarrita, la directora del EE explicó que “La información que el MEP debe suministrarles se utilizará para hacer una investigación académica a partir de la cual se realizarán análisis y recomendaciones al Ministerio para mejorar las pruebas nacionales estandarizadas.” (Cfr. F. Matarrita. La Nación. 28.12.2024. p. 6). A todas luces se trata de una investigación que terminaría favoreciendo al propio MEP, como ocurre desde hace 20 años con las investigaciones de la EE para pruebas del MEP.

La Sala Constitucional declaró con lugar dos recursos de amparo solicitados por el Estado de la Educación, obligando por ende al MEP, a entregar los datos que le fueron solicitados. Por fin, se podrán analizar los “instrumentos de evaluación” con los que se están llevando a cabo las Pruebas Nacionales Estandarizadas.

Finalmente, a pesar de que la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto de la Educación Superior tal como lo solicitaron los rectores, valga decir, tomando en cuenta como también lo manda la Constitución, el aumento de los recursos del FEES ajustado a la inflación, el ministro de Hacienda Nogui Acosta se pronuncia ahora reservándose el derecho de girar tales recursos. Un nuevo Yerro, esta vez del ministro de Hacienda del gobierno de Rodrigo Chaves.

En la historia de la Costa Rica moderna, o sea desde 1949, no se tiene noticia de un gobierno que de manera alevosa haya intentado violar la Constitución, arremeter contra los otros poderes del Estado, contra la Contraloría General, e incumplir sus propias promesas, formuladas a la ciudadanía desde la campaña electoral. Juzguen ustedes sobre el estado de la política nacional.

¿Dónde está escondido el Tribunal Supremo de Elecciones?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Es público y notorio, como dicen los abogados, que desde el mismo día que terminó la campaña política del 2022, Rodrigo Chaves Robles empezó, sin prisa y sin pausa, la de 2026. Muchos, obnubilados por su retórica populista y vulgar, le siguieron el juego sin darse cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Hoy a tres años de aquel mal paso dado por nuestra democracia, muchos están cayendo en cuenta de su equivocación; pero algunos siguen con la vista nublada y apoyan a Chaves, quien ahora se quita la careta y a mandíbula o quijada batiente, anuncia que “piensa” en la posibilidad de renunciar a la Presidencia de la República y lanzar su candidatura a diputado, para lo que pide a sus súbditos que voten los suficientes por su partido taxi (¿?) para sacar 40 legisladores.

No cabe duda, es una estrategia muy bien planeada con mente diabólica, por sus asesores de la misma calaña. Primero, eso de renunciar a la Presidencia, está por verse; pues dice el artículo 121, inciso 8, de nuestra Constitución Política que corresponde a la Asamblea Legislativa recibir el juramento y “conocer de las renuncies de los miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno, resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República y declarar si debe llamarse al ejercicio del poder a quien deba sustituirlo…” , pero también de acuerdo a los incisos 9 y 10 de la CP, le corresponde a la Asamblea admitir las acusaciones que haya contra esos funcionarios y resolverlas con votación calificada de 38 votos.

Entonces, Chaves tendrá que declararse loco, esquizofrénico, bipolar o padecer de trastornos de comportamiento disruptivo y disocial, de los que ya ha dado muestras o síntomas evidentes durante estos tres años transcurridos. Sin embargo, es importante tener en cuenta opiniones como la del jurista don Manrique Jiménez que considera que basta que el presidente comunique su renuncia a la Asamblea Legislativa, como un acto de formalidad, para que tenga validez y eficacia la renuncia y que no tiene necesidad de aprobación. Bueno, son opiniones contrastantes y, por lo visto, será un tema que desatará la controversia.

Pero la verdad, la tal renuncia es lo que menos le importa al tiranuelo de Chaves, es simplemente un distractor que le permite algo más importante para su proyecto político y el de su diabólico grupúsculo: tener participación político electoral activa y pedir votos para sus papeletas de diputados que viajan en su taxi político, conducido por Pilar Cisneros como chofer con sueldo millonario de diputada, pagado por todos los costarricenses.

Entonces cabe hacer la pregunta: ¿esa participación político electoral e ilegal de Chaves, se puede parar, evitar, frenar y ponerlo en orden?, ya sabemos que de mutuo propio no lo hará, pues su vocación violadora lo lleva a atentar contra la ley y no obedecerla. La respuesta es sí, y por eso me pregunto: ¿Dónde está, donde se escondido el TSE? Veamos.

En primer lugar, el Presidente de la República, al igual que los Vice Presidentes y Ministros, entre otros funcionarios, tienen prohibición de participación político electoral, según el artículo 146 del Código Electoral que entre otras formas de participación señala que no podrán asistir a reuniones de carácter político ni “utilizar la autoridad e influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos ni hacer ostentación partidaria de cualquier otro género”, y Rodrigo Chaves ha incumplido ese texto, palabra por palabra, cuando ha tenido en las oficinas de la Presidencia de la República a funcionarios a sueldo organizando partidos, su participación en la campaña por las municipalidades y para organizar acciones con miras al 2026, tal como lo han reconocido públicamente por medios de prensa, Chaves y sus funcionarios.

Pero además, el Presidente Chaves desde hace meses en reuniones públicas realizadas en Nicoya, Limón, Cartago, San Carlos y difundidas urbi et orbi por su prensa vasalla y todos los mércales en su show de noticias, habla claramente de sus deseos electorales, pide votos para elegir 40 diputados, alaba a los actuales y pide que se elijan 40 como ellos, según él…¿para qué?, para dominar el Poder Legislativo, pasar las leyes cargadas de inconstitucionalidades que ahora no ha podido, convocar una Asamblea Constituyente que él anuncia, desde ya, quiere presidir para hacer un régimen autoritario y antidemocrático al estilo Bukele, Maduro u Ortega, según sea su gusto del momento. Inclusive, en su show mediático del pasado miércoles 11 al dar respuesta a la negativa de los presidentes de los otros poderes a participar en su “show debate”, amén de su mofa y tono sarcástico, de nuevo se lanzó a la arena político electoral abiertamente; mientras el TSE sigue guardando silencio.

Todo lo anterior, tiene tres años de hacerlo abiertamente, reconozco que es en la único que Chaves no ha sido hipócrita y no ha mentido, también ante la mirada impávida del TSE. Si a los magistrados les ha dado temor de actuar de oficio, desde hace muchas semanas tienen en sus manos, varias denuncias presentadas por ciudadanos y por el presidente del PLN que, conforme a los artículos 266 y 267 del Código Electoral, llenan los requisitos de legitimación y procedimental para ser acogidos y tramitados. Porque el deber de los magistrados del TSE es, de acuerdo con el artículo 146 del Código Electoral “ordenar la destitución e imponer inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contempladas en este articulo”, más claro no canta un gallo.

Me dirán que conforme los señala el mismo Código hay procedimientos a seguir según el artículo 269; si en efecto los hay, pero el levantamiento de ese expediente no tiene plazo y por lo tanto, pueden los señores Magistrados poner términos perentorios por la gravedad de los hechos, por su urgencia y porque todo lo denunciado es público, está en mil lugares, en los medios de comunicación y en las propias computadoras del TSE, no es nada esotérico, pues hasta en sus celulares encuentran las imágenes de estos hechos; es decir si se trabaja de verdad y se tiene el valor necesario para tomar decisiones y no se esconden de sus obligaciones; el TSE debería estar poniendo orden, aunque fuera una “jaladita de orejas” a un Presidente acosador y abusador de nuestra democracia y nuestras libertades.

Pero no, parece que están escondidos, pidiendo que no les “hagan olas” pues todo hace pensar que no saben nadar en esos mares tormentosos.

La erosión de la verdad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Si hay algo que ha quedado claro en los últimos años en Costa Rica, es que nos enfrentamos a nuevas formas de comunicación cuyo sentido de arriba hacia abajo nunca habíamos visto.

He insistido en que las formas y sus lenguajes contribuyen a suspender los contenidos. Los gestos, la semiótica del insulto, la estructura en vez del fondo, han ganado espacios no solo en las estructuras de poder, sino en sus lecturas por parte de ciertas audiencias a las que se les ha llegado sin filtros y con estrategias que han surtido efecto.

Por alguna razón he vuelto a topar con un texto del gran poeta chiapaneco Jaime Sabines sobre el pueblo.

Dice el poeta que la palabra pueblo es útil para ser utilizada en banquetes oficiales y brindar a su salud: “brindo por el pueblo de México”, “brindo por el pueblo de Estados Unidos”.

Me pregunto cuántas veces se haría los mismo, por esa entidad abstracta y pluscuamperfecta, como la llama Sabines, en el caso del pueblo costarricense.

El peligro de una comunicación atolondrada, buscando convencer a esa entidad llamada pueblo costarricense, es que puede detonar reacciones inéditas.

Cuando a la verdad se la erosiona hasta el punto de construir una propia, el desenlace puede ser irreversible en sus resultados.

La aparición de vallas publicitarias pidiendo la renuncia a los presidentes de los supremos poderes de la República (menos el poder ejecutivo) demuestra lógicas comunicativas novedosas y riesgosas, por decir lo menos.

Ojalá que no veamos en el país otras formas de comunicación utilizadas por los poderes fácticos para construir sus propias verdades: cuerpos colgados de puentes, pintas amenazantes en paredes, gestos intimidatorios.

Es cierto. Costa Rica requiere una refundación profunda. Pero no es desde la violencia y la destrucción de su sentido institucional y democrático que debe reconstituirse. No es erosionando la verdad como se recompone una sociedad como la nuestra.

Por ahí no es.