Una publicación de un querido amigo guatemalteco hacía la comparación del comportamiento del entorno en las finales de fútbol tanto en su país como en Costa Rica. Se refería a las celebraciones que sin violencia se desarrollaron en el estadio Mario Camposeco, sede del equipo Xelajú, flamante campeón con su sétima copa obtenida.
Mientras tanto, colocaba una imagen de los bochornosos actos ocurridos a gran escala en la final del fútbol costarricense recientemente desarrollada.
En respuesta a su post, algunos comentarios se apresuraron a recordar cuánto sentimiento de superioridad hemos mostrado los costarricenses a lo largo de la historia, tal vez por el desarrollo institucional que fuera fortaleza durante décadas, tal vez por la ausencia de ejército, tal vez por la construcción idílica y fantasiosa del eje democracia-paz-estabilidad.
Quisiera detenerme en el segundo de los enunciados.
Hasta hace poco, la narrativa de paz como emblema se sostenía. Y era sostenida e impulsada por los grupos hegemónicos a quienes les interesaba diseminar esa noción fantasiosa de la horizontalidad en las relaciones sociales, la ausencia de conflictos bélicos a la usanza centroamericana, la posibilidad de los pactos sociales y las transiciones políticas sin mucho desorden y con un alto control social.
Esta narrativa era diseminada sin problemas por los diferentes estratos y grupos sociales. Había un proyecto en el que La paz narrativa y La Paz en la práctica eran valores universales en una sociedad como la costarricense.
Esto ha cambiado porque las reglas del juego sociopolítico han cambiado. A los grupos hegemónicos no les interesa ya sostener esa premisa tan identitaria de un proyecto que fue asumido por el colectivo de una forma pasivo-agresiva.
Los intereses de esos grupos no están en el país. Y sus interlocutores ya no son los voceros de los partidos políticos.
Más de 112 grupos criminales operan en Costa Rica y son ellos los que controlan los territorios, las agencias individuales, las microeconomías familiares de quienes han sido excluidos por un sistema económico y político que por más de 40 años ha avasallado al ser humano y su esencia.
Las reglas del juego democrático son otras. Otra la interfaz que dibuja un escenario quebrantado, vulnerable, a punto de tocar fondo si no es que ya.
Quiero hacer aquí una precisión y una disculpa conceptual. Durante muchos años en mi ejercicio sociológico utilicé la expresión “Costa Rica se está centroamericanizando” para hacer referencia al aumento de la violencia y la desigualdad, dos ideas precursoras con las que alguna vez se construyó eso que llamábamos los académicos “la excepcionalidad costarricense”.
Es decir, en ausencia de violencia y siendo uno de los países con menos desigualdad a nivel regional, podríamos ver por encima de los hombros a nuestros vecinos. Y si, con tono de superioridad, racismo y burla.
Qué daño nos hizo la idea de la excepcionalidad. Porque si para afuera lo éramos, hacia adentro el germen de la violencia y la ruptura de la convivencia y la igualdad imaginada, empezaba a cristalizar un nuevo proyecto social basado en la competencia, el individualismo y la construcción de un enemigo social interno, que ha erosionado nuestras formas más básicas de coexistencia comunitaria.
Acabamos de pasar una semana de terror en esta materia. El bochorno sin comparación vivido en el Estadio Alejandro Morera Soto debe ser leído en una clave más amplia. Si la base material está quebrada, la dimensión sociocultural está aniquilada. Ya no sabemos cómo divertirnos ni a nivel subjetivo ni colectivo. No sabemos respetarnos. No sabemos convivir.
Si para pasarla bien debemos acudir a la violencia contra el otro; si para divertirnos debemos asistir a la muerte de dos caballos en un desfile de caballistas, es porque inexorablemente hemos tocado fondo.
Trato de encontrar una fecha significativa en la cual podamos colocar un diálogo nacional para revertir esto.
Se me ocurre 2025: el primer cuarto de siglo de una época absolutamente disruptiva. Aprovechar este momento porque del fondo no salimos si no apalabramos en la enfermedad social, económica y cultural en la que nos hemos convertido.
Soy uno de los cientos de miles de costarricenses que cada vez en mayor número, nos manifestamos en contra del gobierno de Rodrigo Chaves por su incapacidad para enfrentar los problemas nacionales y por sus enormes vacíos y abandono en salud, educación, seguridad y otros servicios fundamentales para la población. Y encima de esto el engaño que está haciendo al pueblo, llenándolo de odio y trasladando la culpa de su ineficiencia a otros actores.
Es por eso por lo que nos ha parecido de gran importancia la utilización de los Chinaokes de Teletica, para denunciar estas enormes falencias del gobierno en servicios, como el funcionamiento de acueductos, Ebais, deficiencia en seguridad y contención del narcotráfico, bajonazo en los programas de lucha contra la pobreza, inequidad social y otros.
Los ciudadanos hace rato venimos haciendo denuncias sobre estos temas. Pero la visibilización masiva de los Chinaokes, utilizando una emisora de alto rating como Teletica Canal 7, es determinante porque la incidencia de las manifestaciones de los ciudadanos a nivel individual es muy pequeña con respecto al impacto masivo que puede tener un medio de la magnitud de Teletica sobre la teleaudiencia.
No en vano, es que este medio es tan frontalmente adversado por el aprendiz de autócrata que ocupa la silla presidencial en Zapote. Él sabe que debe tener a la gente lejos de Teletica y La Nación. Es por eso por lo que las estigmatiza como “prensa canalla” promoviendo entre los miembros de su capilla que no se expongan a la información de los medios.
La “gran prensa” Teletica, La Nación, Extra, Universidad, entre otros, a los que sumamos varios periódicos electrónicos, tienen la capacidad de confrontar sus voces con el ejecutivo convirtiéndose en un cuarto poder político.
Esa es la razón por la que consideramos a la prensa, como una poderosa y necesaria herramienta y esa es la razón, por la que defendemos la libertad de prensa.
No obstante, pese a que somos defensores de los medios y de la libertad de expresión y de prensa, no se nos olvida que Teletica y La Nación, utilizando ese enorme poder, han sido tantas veces en el pasado, herramienta de los sectores más conservadores y retrógrados del país, actuando muchas veces en contra de los intereses de los trabajadores.
Siempre a favor de los empresarios, siempre a favor de las transnacionales, tantas veces en detrimento de las entidades estatales de servicio público, látigo de opinión que ha servido para fustigar los intereses y las luchas de los trabajadores.
Hoy coinciden con nosotros, los ciudadanos sin poder, y lo celebramos, sinceramente. En esta coyuntura histórica es necesario enfrentar democráticamente al tiranuelo de Zapote, que sueña con vulnerar la Constitución y convertirse en un nuevo Bukele. En este momento tenemos que estar juntos y ojalá pudiéramos estar juntos por mucho tiempo, construyendo un país más democrático igualitario y armonioso.
Pero que sepan los grandes medios que no olvidamos cuál ha sido su papel en el pasado y hacemos un llamado a los trabajadores y a los sectores populares, a no olvidar.
Por lo pronto, sigamos desenmascarando y denunciando el doble discurso del gobierno Chaves Robles, donde se achacan las culpas a otros, pero se desatienden permanentemente los servicios sociales en seguridad, lucha contra el narcotráfico, fortalecimiento de la CCSS, y otros servicios, afectando con ello a los sectores más necesitados y vulnerables del país.
Perder los estribos es un dicho de sabiduría popular que hace alusión al montador de caballo quien, por exceso de confianza o descuido, en una estampida de la bestia pierde los estribos al no tener bien puestos y afianzados los pies dentro de los mismos. Por lo general, al perder el estribo, el montador se cae del caballo. El golpe puede ser mortal dependiendo de la velocidad y la altura de la bestia; un caballo pura sangre, del que ostentan sus dueños, por lo general, reúne ambas condiciones.
Don Ernesto era un hacendado con porte de gamonal, y sí que lo era. De tez blanca, casi rojiza, de robusta caballera, de mirada altiva y palabra cortante. Su hacienda parecía no tener límites. Cuando salía de su hacienda montaba un caballo blanco que lucía unos aperos finos y sofisticados. La montura de color café con incrustaciones metálicas doradas, trabajadas artesanalmente, hacían resaltar las pecheras de color cobrizo, adornadas con medallones de cuero con muy finos trazos de talabartería. Luciendo una camisa blanca y un sombrero negro de lona, era motivo de admiración y hasta de envidia para los otros gamonales del pueblo. No daba muestras de simpatía alguna. Cero saludos para los transeúntes. Erguido, sobre los lomos de aquel animal pura sangre, no alcanzaba sino a auscultar con su mirada interior el fuego de la pasión de saberse dueño de tanta grandeza; una estela de narcisismo, casi enfermizo, le poseía y le conducía, inevitablemente, por los caminos de una arrogancia sin límites. Las calles se hacían pequeñas. Y el pueblo era insuficiente para dar cabida a tan distinguida presencia. Todo parecía opacarse cuando aquel hombre en su caballo aparecía en escena. Sin duda, había fuerza y vitalidad en aquella gallarda personalidad, que se incrementaba en cada paso que daba el caballo. Parecía como si ambos, el hombre y la bestia, se fusionaban para mostrar que la grandeza no es solo propiedad de los dioses y, mucho menos, de las diosas.
Tiempo después, don Ernesto, montando un modesto caballo, llegaba hasta el comisariato de uno de sus viejos empleados de la hacienda a pedirle que le vendiera la comida. Se acabó la hacienda, el ganado y los caballos pura sangre. Ahora, se limitaba a comprar algunos cerdos para llevarlos a vender a La Villa. Don Ernesto perdió los estribos, y el golpe, aunque no fue mortal sí lo condujo a vivir modesta y hasta precariamente.
Durante décadas, los costarricenses celebramos y hasta ostentamos de un país que lucía logros importantes en progreso social, paz y democracia que lo distinguía y diferenciaba de las naciones hermanas de Centroamérica, y hasta de algunas de las más avanzadas del continente. Era justo reconocer y destacar esos avances y logros, pero no sobreestimarlos y exhibirlos con ostentación y narcisismo. Sin embargo, algunos con porte de gamonal y otros haciendo barra desde la gradería, parecían rondar los límites del éxtasis, al celebrar con efusión y algarabía la excepcionalidad del país. Y para cerrar con broche de oro, más tarde los analistas internacionales nos asignaban los primeros lugares en el índice de los países más felice del mundo.
Hoy, la bestia desbocada, ofuscada y a rienda suelta no alcanza a encontrar la ruta. Los caballistas que se mostraban como maestros de la equitación, no han dado la talla. Han venido cayendo en picada, en cada intento. Algunas de sus acciones y políticas, especialmente las que han contribuido a profundizar la desigualdad y precariedad social, la polarización, la violencia y la inseguridad, han dado al traste con su liderazgo, así como con las instancias político-partidistas que los han llevado al poder. Es más que evidente este comportamiento creciente y acumulativo, con cada nuevo proyecto político la situación empeora. El país, al igual que don Ernesto, perdió los estribos.
Efectivamente, al perder los estribos, da tumbos y sin ruta continúa sufriendo males endémicos para los cuales solo se ensayan medicinas paliativas. Lo peor de todo, es que se continúa celebrando, y hasta con arrogancia, que somos un país pujante en lo económico, sin deparar en que se trata de un crecimiento económico concentrado y excluyente. Y como no hay peor ciego que el que no quiere ver, testarudamente marchamos hacia el precipicio, pensando que se va hacia la cima del mundo. Perdimos la ruta que nos marcaron los forjadores de la Gran Reforma Social de los años 1940 y de la Segunda República de los años 1950, ambas resultado de una convergencia entre movimiento popular por la justicia social y lideres políticos con visión de Estado Social de Derecho, desde diversos frentes ideológico-políticos. Además, con muy buena disposición para el diálogo y la concertación democrática.
Sí, las evidencias son abundantes de que perdimos los estribos, tanto en aspectos fundamentales como educación, salud, seguridad, derechos laborales, ambientales, ecológicos y culturales, como en una gestión democrática dialogal y participativa. Hay que abocarse con urgencia a recuperarlos, socar las riendas y volver a la ruta adecuada: la de la Costa Rica que supo apostar con sabiduría por educación y salud universales de calidad, derechos laborales para el trabajo digno y decente y una economía socialmente solidaria, equitativa y ambiental y ecológicamente sostenible.
Las propuestas para retomar los estribos y conducir al país por una ruta segura hacia la prosperidad social y económica en democracia tienen que superar el discurso político populista, que se ha dedicado a ofrecer paraísos y buscar chivos expiatorios, creando falsos enemigos del pueblo y propiciando la polarización y la violencia social.
Reiteramos en la necesidad de un acuerdo pluripartidista para encausar una próxima contienda electoral que sea ejemplo de la buena política, es decir, la que da prioridad al análisis y debate sobre las propuestas concretas, dejando de lado los ataques personales y las descalificaciones. De continuar con la politiquería barata del populismo no vamos a recuperar los estribos y la caída puede ser mortal.
Tendemos a postular la justificación de nuestros apetitos y exigimos la contención de los ajenos. A ese impulso obedece el hecho de que siempre, desde hace miles de años, los detentadores del poder hayan querido controlar la justicia, ya sea administrándola en persona (como el legendario rey francés, bajo la encina), o delegándola en vasallos sumisos, a fin de que esa justicia justificara el poder, pero nunca se volviera contra él. Y la historia nos muestra que los detentadores del poder han conseguido con creces perpetuar su dominio y control sobre la justicia, al punto de que bien se puede afirmar que las garantías culturales e institucionales de una justicia independiente e imparcial son en realidad un fenómeno muy reciente; y rigen, con limitaciones y contratiempos, en un grupo aún limitado de países.
Esto último ha sido así porque, en lo que atañe a la justicia, tampoco marcharon bien las cosas en la Europa ilustrada, después de la Revolución Francesa: se adoptó el deficiente modelo napoleónico de subalternidad de la justicia dentro del gobierno; y en el siglo XX este modelo condujo fácilmente a la infame anti-justicia que se implementará hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en todo el territorio de la Europa ocupada por el nazi-fascismo y dictaduras afines (España y Portugal).
Derrotado el fascismo, se impuso entre los intelectuales demócratas una reflexión acerca de la naturaleza de la función jurisdiccional y las condiciones de su ejercicio que tomó fuerza sobre todo en la doctrina europea, y llevó a un grupo de juristas a la convicción de que era necesario e impostergable:
a) confiar institucionalmente a los jueces, más allá de su rol tradicional de conocer de los procesos civiles, penales y comerciales de los ciudadanos, un cometido transversal esencial: proteger los derechos fundamentales de las personas y someter el ejercicio de los poderes (político o fáctico) a los principios del Derecho de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos;
b) crear un órgano administrador autónomo que asegure la garantía institucional de la independencia interna y externa de cada juez; y
c) incrementar una cultura humanista y un hábito de independencia en los jueces: sin eso no era posible satisfacer aquella exigencia esencial. Porque la independencia del juez requiere que su garantía institucional sea sostenida desde dentro, es decir, desde la conciencia, mediante una actitud personal celosamente honesta e independiente por parte de cada juez.
Pero esto no se implementó en América Latina, la cual continuó anclada a una mala versión del modelo napoleónico: durante más de un siglo, aquí veníamos contentándonos a medias con una administración de justicia que era y sigue siendo, en el mejor de los casos, la administración de un orden funcional a los intereses de las oligarquías; porque éstas controlaban y aún controlan las cúpulas judiciales por la vía del nombramiento politiquero de los jueces superiores. Aunque los constituyentes latinoamericanos, eufemistas incorregibles, suelen salir del paso redactando artículos como, por ejemplo, nuestro 154 Constitucional, que declara falazmente que en Costa Rica el Poder Judicial es independiente de todo otro Poder, y sólo está sometido a la Constitución y a las Leyes.
Lo cierto es que nuestras oligarquías, expertas en usar su poder político y económico para defender sus intereses y sus privilegios, subordinando para ello a cualesquiera de los llamados Poderes del Estado, han empleado al respecto diferentes instrumentos, tales como la hegemonía político-cultural, las mayorías parlamentarias, la presión financiera, el soborno, la represión policial, la prevaricación judicial y fiscal, el golpe de Estado, etc.
En los últimos decenios hemos visto con alarma el crecimiento de los casos de manipulación sistemática de las funciones judiciales en nuestra América, al servicio de la persecución y el acoso de los adversarios políticos. A esto se le ha dado el nombre de lawfare: la guerra jurídica. Pero este nombre tiene su historia.
2.- El Lawfare, según la doctrina norteamericana
Creo que el término lawfare lo inventó el general estadunidense Charles Dunlap Jr. en el año 2001 (Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts; Washington, 2001; del mismo autor:Lawfare; en ‘National Security Law; Durham, 2015; e Introducción a la guerra jurídica. Manual básico; Revista Militar; Washington, agosto de 2017), pero con un significado muy diferente al que le hemos dado en Latinoamérica. Para él, el lawfare es la invocación del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional Bélico (es decir, de los Convenios de Ginebra y otros) por parte de los enemigos, para criticar, descalificar e incluso enervar las acciones militares de los Estados Unidos.
En el mundo anglosajón, el tema desencadenó una avalancha de escritos para tratar de precisar el sentido exacto del neologismo, entre los cuales destaco el artículo de la profesora Susan Tiefenbrun, de la Facultad de Derecho de San Diego, California, titulado Semiotic definition of ‘Lawfare’ (Journal of International Law; 2011).
Según la profesora Tiefenbrun, lawfare “…es un arma destinada a destruir al enemigo, usando, desaplicando y abusando del sistema legal y de los medios de comunicación, para producir el clamor del público contra ese enemigo…” («Lawfare» is a weapon designed to destroy the enemy by using, misusing, and abusing the legal system and the media in order to raise a public outcry against that enemy).
Como podemos apreciar de la definición transcrita (pero eso queda aún más claro en la Conclusión del artículo, que recomiendo leer), a través de su investigación, la profesora Tiefenbrun confirma el significado del término fijado originalmente por el general Dunlap, de modo que el arma (weapon) a que ella se refiere consiste en la invocación, por uno de los contendientes, de los textos legales que tutelan los derechos violados con las operaciones militares del otro contendiente (que, de hecho, han sido casi siempre los Estados Unidos), a fin de poner a la opinión pública en su contra . Nos queda claro, en el contexto, que tanto el general Dunlap como la profesora Tiefenbrun están pensando en términos de defensa de la imagen internacional de su país, frecuente agresor, y en la manera de conservar la eficacia de sus operaciones militares.
Resumiendo,
i) el contexto dentro del cual se sitúa el ejercicio del lawfare es la guerra convencional, con ejércitos, bombardeos, etc.
ii) uno de los beligerantes comete lawfare, es decir, recurre a la guerra jurídica cuando usa o abusa de la invocación de instrumentos jurídicos para denunciar supuestas violaciones cometidas en el transcurso de la guerra por el otro beligerante, a fin de influenciar la opinión mundial en contra de este último.
Estos ilustres filibusteros, el general y la profesora, deploran que se invoque el Derecho Internacional humanitario para denunciar acciones bélicas violatorias cometidas por los Estados Unidos (warfare). A ese acto de invocar la protección del derecho lo han llamado lawfare: guerra jurídica.
3.– Lawfare según la doctrina latinoamericana
Todos aquí sabemos que, en los últimos años, el término lawfare se ha comenzado a usar en Latinoamérica para describir un tipo de acción que combina la manipulación de las actuaciones fiscales y judiciales en el proceso penal, —principalmente en supuestas causas de corrupción—, coordinadas con noticias y mensajes en los medios de comunicación y redes sociales, todo orientado a desprestigiar a los opositores para descalificarlos en el terreno político.
Como podemos ver, se trata de un escenario radicalmente diferente del que describen los citados escritores de Estados Unidos. En realidad, lo que los estudiosos latinoamericanos han definido con el nombre de lawfare es, de acuerdo con autorizadas opiniones:
“… el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país. La palabra combina los términos law(‘ley’, ‘derecho’) y warfare (‘guerra’, ‘conflicto’), y se traduce del inglés como ‘guerra jurídica’. Consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, contrarios a la separación y la independencia de poderes y de las provisiones del Estado de derecho. En definitiva, es el arma política de tratar esas mismas cuestiones por vía judicial…”
(Patricia Moreno, de EOM de Madrid: ¿Qué es el lawfare?, Madrid, 2023)
“… el uso político del sistema judicial para lograr la muerte política y jurídica de lxs políticxs progresistas en la región. Con la muerte política se busca erosionar el poder de lxs enemigxs políticxs, deslegitimarlxs y convertirlxs en los causantes de todos los males, desacreditarlxs, manchar su imagen política, arruinar sus carreras. En fin, convertirlxs en muertxs políticos. Al mismo tiempo se busca su muerte jurídica, es decir, inhabilitarlxs legalmente para participar en política (…) La pregunta obligada es entonces ¿quiénes son los verdugos de estas muertes políticas y jurídicas? Los verdugos son cuatro viejos poderes: el judicial, el mediático, el corporativo y el internacional…” (Valeria Vegh Weis: Página/12, setiembre 2023)
Entonces tenemos que,
a) el contexto dentro del cual se sitúa el ejercicio de este otro lawfare es el Estado en cuyo territorio interactúan ambos adversarios políticos.
b) Uno de los adversarios realizaría lawfare cuando consigue utilizar el sistema judicial para lograr, por virtud de la condena de parte del juez coludido y una adecuada campaña de prensa, la eliminación o la postergación política del otro adversario.
4.- La Prevaricación política
En realidad, se trata de la versión moderna de un viejo fenómeno, de uso inveterado y de alcance mundial, pero ciertamente presente en Latinoamérica: la prevaricación del juez con fines políticos. Si consultamos en cada país, encontraremos que hace cincuenta, cien años o más, ya se daban casos judiciales en que los jueces, confabulados con los políticos, han prodigado condenas contra los opositores, con el objetivo de neutralizarlos o destruirlos políticamente, con o sin acompañamiento de prensa.
Por ejemplo, el primer candidato presidencial de izquierda que hubo en Costa Rica, el abogado y académico Félix Arcadio Montero, después de las elecciones de 1884 en las que se reveló su fuerza electoral, al año siguiente fue acusado falsamente de complicidad en un atentado contra el Presidente de la República, y fue condenado sin pruebas a la pena de destierro, a fin de alejarlo de la palestra política. Y el asunto no terminó allí, sino que, poco tiempo después, don Félix Arcadio fue envenenado en el barco en el que regresaba a Costa Rica, y su cuerpo fue arrojado al mar.
Otro ejemplo: en 1949 el gobierno del dictador golpista peruano Manuel Odría promovió acusaciones penales contra el líder Víctor Raúl Haya de la Torre atribuyéndole varios delitos comunes, con el fin de oponerse al asilo diplomático otorgado a Haya de la Torre el año anterior, por parte del gobierno de Colombia, y forzar su entrega al Perú.
Como podemos apreciar, nada de esto es propiamente una “guerra judicial” (lawfare): lo que hay en estos casos es más bien una modalidad de prevaricación judicial con fines políticos que, en la actualidad, viene acompañado por una campaña mediática. Creo por eso que un nombre más adecuado para llamar al fenómeno en estudio es precisamente el de prevaricación política, que usaré de aquí en adelante, sin perjuicio de que después hallemos otro mejor. Entonces la diferencia que podemos notar entre aquellos ejemplos de siglos pasados y la actual prevaricación política es que ésta conforma una operación más compleja, diseñada expresamente, la cual suele involucrar a nuevos personajes, además de los gobernantes y los jueces, tales como los servicios secretos de alguna potencia, las transnacionales, la oligarquía criolla, más los políticos y la prensa a su servicio.
En lo que atañe a la historia de Latinoamérica, la modalidad de prevaricación política llamada lawfare que hemos venido sufriendo con mayor frecuencia ha sido una operación prevalecientemente dirigida, financiada o asesorada por los aparatos de inteligencia de USA y ejecutada por los gobiernos oligárquicos, que usan a los jueces y a la prensa para descalificar a los políticos de izquierda y así detener la difusión y el avance del socialismo. Pero obviamente, también un gobierno de izquierda puede usar a jueces y medios de prensa dóciles, para impedir a sus oponentes ganar elecciones, utilizando también sentencias antijurídicas y campañas de prensa maliciosas.
En todo caso, algo hemos progresado, porque recordemos que, con aquel mismo propósito antidemocrático e imperialista, en la segunda mitad del siglo pasado los Estados Unidos propiciaron y prodigaron sangrientos golpes de Estado en Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina; y remataron con el patrocinio de la llamada ‘Operación Cóndor’, a fin de coronar su obra civilizadora.
Pero los pueblos son obstinados: después de aquellos horrores, las izquierdas volvieron a ganar elecciones en muchos países; y ya no era políticamente correcto repetir los cuartelazos, las dictaduras, las desapariciones, los asesinatos, etc. Entonces aparecieron los ‘golpes blandos’ a través de operaciones no cruentas (o no tan cruentas), por aquello de los derechos humanos y del “qué dirán” internacional. Y específicamente se ha venido recurriendo a un proceso jurisdiccional espurio combinado con una campaña de prensa, para conseguir condenas y descalificaciones, y a esto se le ha aplicado el nombre de lawfare, como quedó dicho arriba.
Todos conocemos la lista de las víctimas de este nefasto mecanismo, encabezada por el actual Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, pero que incluye muchos otros personajes de la política latinoamericana: Cristina Fernández, de Argentina, Rafael Correa, Jorge Glas y sus colaboradores, de Ecuador, Dilma Rousseff de Brasil, Manuel Zelaya de Honduras, Bernardo Arévalo y otros dirigentes guatemaltecos, Mauricio Funes de El Salvador, etc.
En suma, se urdió la combinación entre dos piezas: un proceso judicial delictuoso, pero formalmente correcto (pieza básica) y una campaña publicitaria mendaz (pieza complementaria) cuya credibilidad se apoya precisamente en el prestigio del que tradicionalmente ha gozado, y pese a todo aún goza el proceso judicial.
5.- El análisis jurídico
Así las cosas, el análisis nos muestra en primer lugar un juez que, en el ejercicio de sus funciones, dicta una resolución contraria a derecho, integrando precisamente una variedad del tipo penal del delito de prevaricato. Porque éste, como figura general, consiste en la resolución de un funcionario público deliberadamente contraria a derecho, dirigida a causar un beneficio o un daño indebidos.:
El artículo 357 del Código Penal de Costa Rica describe ese delito del siguiente modo:
ARTÍCULO 357.- Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos.
Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión.
Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su caso, a los árbitros y arbitradores.
Ahora bien, el ilícito que aquí interesa es el que, típicamente, comete el juez penal, cuando tramita un proceso y dicta una sentencia condenatoria contra un dirigente político, con plena conciencia de que es violatoria del orden normativo (tipo o figura que hemos llamado prevaricación política, no específicamente descrita en nuestro Código Penal); proceso y condena acompañados de una campaña de prensa, con el propósito principal de obstaculizar o destruir la carrera política de aquél, así como la marcha ascendente de su partido al poder.
Un análisis de lege ferenda, de los otros elementos de la especie fáctica descrita sería, poco más o menos:
Los sujetos activos, que suelen ser: una potencia injerencista, empresas nacionales y/o transnacionales (instigadores, cooperadores), el gobernante o la cúpula política (autores mediatos); el juez (autor material) y el periodista (coautor accesorio).
Los sujetos pasivos son: el dirigente político condenado, el partido político al que pertenece, y la comunidad ciudadana.
Los bienes jurídicos tutelados: se trata de un delito pluriofensivo, puesto que viola simultáneamente la administración de la justicia, los derechos civiles y políticos del dirigente objeto de la persecución judicial, y de su partido; y el derecho de la comunidad ciudadana a vivir en democracia.
6.- ¿Qué hacer?
Esa prevaricación políticaque llamamos lawfare es, en la actualidad, un peligroso obstáculo para la democracia y una gran desgracia para nuestros pueblos, pero ¿cómo combatirla?
Para empezar, no creo que exista un remedio a corto plazo, dadas las dimensiones macro-político-económicas del fenómeno mismo y de algunos de sus protagonistas: ¿cuándo destruiríamos las transnacionales? ¿cómo derrotaríamos a los Estados Unidos? Eso llevará tiempo.
Pero en cambio me parece que para el mediano y largo plazo (que podría ser decenios), tenemos un diagnóstico y un remedio que recaen en otros protagonistas que sí podemos llegar a controlar: el juez y el periodista.
Porque el corazón de la operación en que consiste esa “prevaricación política” está en las actuaciones delictuosas del juez, que constituyen una modalidad del delito de prevaricato regulado en el Código Penal.
Para esos efectos, el diagnóstico se centra en el modelo de Poder Judicial vigente en Latinoamérica: porque uno de los problemas más graves de nuestro Sub-Continente es la precaria independencia de sus jueces, y frecuentemente de sus fiscales y de sus jueces superiores: los mismos que revisan los fallos de sus inferiores en grado, y cuyas sentencias suelen recaer en asuntos de vital importancia para el pueblo, y son inapelables.
Si los jueces superiores, para asegurarse la permanencia en sus cargos, o por ambición, entablan relaciones secretas de colaboración con personajes de la gran empresa o altos dignatarios políticos, se convierten en potenciales perpetradores de tantas prevaricaciones. Recordemos al fiscal brasileño Sergio Moro, verdugo implacable de Lula da Silva, premiado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia.
Entonces, si resulta evidente que el corazón de todo el entero mecanismo del llamado lawfare es la prevaricación del juez, en el mediano y el largo plazo es posible desmontar eficazmente ese mecanismo, eliminando la precariedad y la inestabilidad de los jueces, rodeándolos de garantías institucionales seguras y consistentes y dotándolos de una cultura adecuada a la naturaleza y a la altura de sus augustas funciones. La clave es, entonces, institucionalidad y cultura judicial:
i) la institucionalidad consiste en el buen funcionamiento de un Consejo Superior de la Magistratura de base democrática, realmente separado e independiente de los poderes políticos y fácticos;
ii) una cultura humanista que sustente la dignidad del cargo y estimule el sentido de independencia puede ser suministrada por las Escuelas Superiores de la Magistratura que, por ejemplo, en el caso del Brasil, ya están operando.
Y un discurso parecido se puede hacer en relación con el periodista, hoy enajenado las más de las veces dentro de estructuras que no domina (y que generalmente son funcionales a los intereses de la oligarquía) pero que está llamado por naturaleza y vocación a reivindicar su libertad y su lucha por los derechos humanos.
No tengo varita mágica, sólo las anteriores, modestas observaciones. Pero, a pesar de las ominosas señales del presente, sabemos que otro mundo es posible.
Libros de referencia:
María Inmaculada Ramos Tapia: El delito de prevaricación judicial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
Elisa M. Gûidi Clas:La prevaricación judicial en España y en el derecho comparado, Bosch, Barcelona, 2006.
Miguel Díaz y García Conlledo: Autoría y participación. Revista de Estudios de la Justicia –Madrid, 2008
Charlotte Back: Derecho Penal del enemigo (político). En C. Proner, G. Cittadino, G. Ricobom y J. Dornelles (Comps.), Comentarios a una sentencia anunciada. El proceso de Lula. Clacso, 2018
Atilio Borón; Tirado, A.; Lajtman, T.; García Fernández, A. y Romano, S. (2019). EEUU. y la asistencia jurídica para América Latina y el Caribe. Celag.org. https://www.celag.org/eeuu-y-la-asistencia-juridica-para- america-latina/
Charles Dunlap: Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts; Washington, 2001;
Id :Lawfare; en ‘National Security Law; Durham, 2015;
Id : Introducción a la guerra jurídica. Manual básico; Revista Militar; Washington, agosto de 2017
Andrei Josan, C. (2015). Hybrid wars in the age of asymmetric conflicts. Review of Air Force Academy, 1.
Tullio Padovani: Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio. Giurisprudenza Penale, Milán, 2020
Silvina Romano: Lawfare y neoliberalismo en AméricaLatina (Revista Sudamérica, diciembre de 2020)
Bartolomeo Romano: Il “nuovo” abuso di ufficio. Pacini, Pisa, 2021
Susan W. Tiefenbrun: Semiotic definition of ‘Lawfare’ (Journal of International Law; 2011).
DomenicoPulitanò: Il giudice e la legge penale ; Questione Giustizia, Milán, 2017
Raúl Zaffaroni, Cristina Caamaño, Valeria Vegh: Bienvenidos al lawfare: manual de pasos básicos para demoler el derecho penal(Capital Intelectual, Buenos Aires, 2020).
Giovanni Fiandaca – Enzo Musco: Derecho penal. Parte general. Temis, Bogotá, 2021.
Las narraciones bíblicas y los estudios de los expertos nos confirman, como en Lucas 2; Juan 3:16; Juan 10:10b, que el viaje de 130 kilómetros, por caminos de piedra y tierra, para asnos y otras bestias, y estando muy cercana a dar a luz, fue particularmente peligroso y agotador para la jovencita adolescente Virgen María. Travesía en la que seguramente habría estado a punto de perder el sentido, por el hambre, la sed, la debilidad, pero que no podía detenerse, pues, movidos María y José, por el cumplimiento de una orden imperial, para ellos era, más que todo, una cuestión de fe.
Seguramente, en algunos momentos, tendrían que haberse detenido y caminado, para descansar de la muy incómoda posición que llevaba en la albarda del burrito que, también requería, agua, alimento y descanso. La imagen que imaginamos es la de José, descendiente del rey David, siempre caminando adelante, dirigiendo los pasos y la mirada en busca del pueblito de Belén de Judea, allá lejos, a 775 metros sobre el nivel del mar.
El alimento, como sucede para infinidad de migrantes actuales, era muy escaso. El agua casi ausente. El clima implacable, y los días y noches en que durara el viaje, los pasaban a la intemperie. Fue más de una semana de caminar lento, y especialmente doloroso para la jovencita María, hasta que eventualmente llegaron a Belén, tierra natal de José, donde sus penalidades, con María a punto de dar a luz, más bien se multiplicarían, para ellos, y el Hijo de Dios que estaba por nacer.
Allí, todas las puertas se les cerraron, pues los ocupantes jamás se imaginaban que se trataba del nacimiento del esperado Mesías, que venía a este mundo, designado a sufrir un martirio inimaginable, voluntario, sangriento, pero pleno de amor para abrir las puertas celestiales a la humanidad.
Lo paradójico es que, sin nacer el Hijo de Dios, esa misma humanidad, ya ejecutaba su persecución y sentencia injusta, pues desde entonces, desde hace más de dos mil años, los pueblos ya sufrían una particular ceguera.
Después de nacido el Divino Niño, en un pesebre en que comen los animales domésticos, narra la historia bíblica, que dormía José, cuando fuese despertado por un Ángel, quien le advierte de la persecución que ejecutará el gobernante criminal.
El evangelista describe cómo «Después que ellos partieron, un Ángel del Señor apareció en sueños a José, diciéndole: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise; pues Herodes ha de buscar al niño para matarle. Levantándose José, tomó al niño y a su madre, de noche, y se retiró a Egipto”. (Mt 2, 13-14).
Cabe resaltar que Egipto era el país clásico de refugio político por ser provincia romana. Allí había muchos judíos, colonias florecientes en barrios habitados por ellos, que prestaban socorro a sus conciudadanos.
Y, al igual que sucede con los migrantes de hoy, la Sagrada Familia inició un viaje que no sabían tenían que realizar. Un viaje a Egipto, sin duda, doloroso, al extranjero, sin conocer el sendero, ni las costumbres, ni la cultura, ni el idioma, sin saber lo que les esperaba para sobrevivir y proteger al hijo recién nacido.
Parte así la familia migrante, y al amanecer, se muestra la imagen muy conmovedora, solitaria, de un pequeñito recién nacido, abrigado en los brazos de su madre, una Adolescente Virgen, en el lomo de un burro, siguiendo el rumbo que le marca el padre que camina sin descanso por delante. Sin mirar atrás, y con paso apresurado para que los soldados del sátrapa gobernante, no les alcancen; migrantes con destino incierto… como los de hoy.
En la emigración de la Sagrada Familia hacia Egipto, «Mateo ve detrás de la desgracia de la persecución del Niño y la muerte de los inocentes el cumplimiento del designio de Dios en la formación del nuevo pueblo a través de Jesús«.
Este 24 de diciembre del 2024, con gran dolor en el alma, vemos como, debido al genocidio que padece el pueblo palestino, otra vez no se pudo celebrar la Noche Buena en el pueblito de Belén. Donde debería de predominar la paz, se escuchan, por doquier, los llantos y lamentos de los niños, de los ancianos, de todos los inocentes, masacrados indiscriminadamente, para quienes no hay “Feliz Navidad” que valga.
Dos conductores acaban de tener un percance con sus vehículos. Los dos se bajan al mismo tiempo a observar los daños. Es una tarde de un tránsito pesado en la ciudad capital. El de adelante increpa al otro por haberle golpeado el carro. El de atrás se exalta pues afirma que el otro frenó de frente. Hasta allí todo más o menos bien. Hasta que el enojo y la ira toman el escenario de la violencia física. El de adelante, exaltado e iracundo saca de su vehículo un bate de béisbol (pero de los que no dicen Tony Armas) y se dirige directamente hacia el otro conductor para descargar contra él la furia y la ira del momento. El segundo huye entre los vehículos estacionados en una gran presa vespertina. El iracundo al ver que su persecución no fructifica, la emprende contra el vehículo de su perseguido hasta dejarlo irreconocible.
Esta escena no ocurrió recientemente pero sí ha pasado en las carreteras costarricenses. Es ya una escena común.
Escena 2
Una pareja de personas adultas mayores se dispone a cruzar una calle y se devuelven. De un vehículo, un conductor los increpa por su indecisión. Minutos después la pareja se encuentra con el conductor en una acera y el señor adulto mayor le consulta por su indisposición. Sin mediar palabra el conductor tumba de un golpe al señor y lo vapulea en el suelo. Esta escena al contrario de la primera pasó en vía pública. Pasó en Orotina, cantón ubicado cerca de la zona del Pacífico costarricense. Lamentablemente el señor vapuleado, falleció.
Escena 3
Recientemente, Al finalizar un juego de la primera división costarricense, se formó una verdadera batalla campal. Golpes, gritos, ofensas iban y venían entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos. Pero lo que realmente sobresalió de esa trifulca fue una llave de artes marciales que un jugador aplicó sobre el cuello de un miembro del cuerpo técnico contrario. Se la aplicó una primera vez y cuando todo parecía haber sido controlado, salió en franca carrera a buscar de nuevo a su presa para aplicarle una segunda llave. El asunto no pasó a más. Pero pudo haber sido peor. Quedó grabado no solo en la transmisión televisiva, sino en la memoria reciente como uno de los más bochornosos actos de violencia deportiva vistos en la Costa Rica contemporánea.
El eje común de las tres escenas comentadas dibuja masculinidades iracundas y desenfrenadas, una incapacidad oral y material para dirimir conflictos y una ausencia total de control de las emociones. En la segunda escena el escaso manejo del enojo produjo un lamentable fallecimiento.
Si hay algo urgente que debe hacerse ya es declarar este flagelo como un problema de salud pública que deberá ser abordado desde una política de contención de las frustraciones, regresar a la oralidad como práctica y la conversación como herramienta.
A mediados del siglo XX la sociedad costarricense, luego de atravesar una sangrienta guerra civil (1948), resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional, misma que permitió la erección de un Estado Social de Derecho con la legislación social más avanzada de Centroamérica y, por qué no, del continente americano.
No todos estuvieron de acuerdo con aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones –previa abolición del ejército– de los años cincuenta y sesenta en salud, seguridad social, educación, vivienda, banca para el desarrollo, soberanía alimentaria, electricidad y telecomunicaciones, etc., que posicionaron al país en la vanguardia latinoamericana y consiguieron sustraerlo de la vorágine centroamericana con sus largas y cruentas guerras civiles; más bien nuestro estado colaboró en la pacificación de la región.
La democracia costarricense, entonces, se fortaleció con una institucionalidad maciza expandida por todo el territorio nacional, lo cual permitió un desarrollo sin parangón en nuestra historia, pero, sobre todo, una relativa paz social y un mejoramiento y ascenso de los sectores populares que, por vez primera, tenían acceso a buenos servicios en cuanto a salud, educación en sus tres niveles, vivienda, banca, agricultura, comercio e infraestructura pública, entre otros. De tal manera se conformó una gruesa clase media, se erradicó la pobreza extrema y se redujo la brecha social.
Claro que esa “revolución” democrática tuvo desviaciones, excesos y visos de corrupción por depredadores que se fueron enriqueciendo a la sombra del naciente estado blindados por un sistema electoral bipartidista. Lo anterior se agudizó con el inicio de la contrarreforma neoliberal de los años ochenta, en específico durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) y sus tristemente célebres planes de ajuste estructural (PAES) impuestos por el FMI y la banca internacional. Cuando se les agotó el bipartidismo –previo asalto de los partidos socialdemócrata y socialcristiano para tornarlos en maquinarias electoreras de insignia neoliberal con el objetivo de esquilmar el erario público y desmantelar –léase privatizar– el Estado Social de Derecho–, fundaron otro partido y, finalmente, como resultado de sus rencillas internas –lucha entre mafias para hacerse con el mayor trozo del pastel privatizador– acabaron trayendo a un desempleado para que les hiciera –con el descaro y el cinismo del perfecto desconocido que nunca vivió en el país– la tarea sucia de dar la estocada final a sesenta años de democracia social, pervertida, dicho está, por la avaricia de los de siempre enquistados en el aparato estatal y los nuevos ricos dispuestos a todo.
Hoy el país se debate ante la disyuntiva de salvar y fortalecer lo que resta del Estado Social de Derecho o permitir el ingreso de un autoritarismo tipo Bukele, Milei o Trump, representado por los agentes de una nueva forma de entender la política: mentir, confundir e intimidar, mientras se aplica la vieja consigna del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), cuyo objetivo es desmantelar las instituciones estratégicas –salud, educación, banca, telecomunicaciones, recursos ecológicos, infraestructura, etc.– para, finalmente, privatizarlas, mejor dicho, venderlas al mejor postor (¿ellos mismos?). Lo peor es que, con el bombardeo de la “prensa canalla” por más de cuarenta años, el empobrecimiento de la educación, la precarización laboral y el aumento galopante del desempleo y la pobreza debido a la ausencia del estado (en especial en las regiones periféricas –costas y fronteras– donde pululan el narcotráfico y ciertas formas asociadas a la legitimación de capitales) miles de costarricenses empobrecidos, agobiados y cansados de las falsas promesas y de la corrupción estatal, apoyan y aplauden la segunda opción. He allí la bomba de tiempo que nos mantiene en vilo.
Las preguntas obligadas son las siguientes: ¿tendrá nuestro país aún las reservas políticas, morales y espirituales para enfrentar la contrarreforma neoliberal liderada hoy por populistas de derecha sin escrúpulos y sin patria? ¿Podrá constituirse una verdadera alternativa a la propuesta neoliberal de acabar con un Estado Social de Derecho, exitoso –a pesar de la sangría causada por las cúpulas del bipartidismos empresarial– mismo que costó sangre, sudor y lágrimas, además del esfuerzo individual y mancomunado de cientos de compatriotas? Escuchemos las respuestas.
Los abogados (pues no son equipo jurídico oficial) del señor presidente Gustavo Petro U, acudieron ante el sistema interamericano, que representa la Corte Interamericana y radicaron una solicitud buscando que la Corte IDH dictara órdenes urgentes ante la vulneración del «fuero integral» presidencial. La petición pretendía que la Corte IDH adoptara acciones “para salvaguardar los derechos a la protección y garantías judiciales y derechos políticos” del presidente. Todo por el accionar de una investigación administrativa en el Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) por la presunta vulneración al régimen de financiación de la campaña electoral presidencial.
Al analizar el desarrollo y suerte de la petición, al parecer resultó inconsistente en el maremágnum de los hechos expuestos. No se fue claro, expreso e incisivo en donde está el yerro del CNE. Este, sin lugar a discusión, siendo competente para investigar, a fondo, los resultados de la campaña presidencial, que llevó al triunfo al presidente progresista-liberal, en el Proyecto de Resolución de Investigación, comete el error de involucrar en esa investigación administrativa al ciudadano, Gustavo Petro Urrego, con nombre de pila y cedula de identidad colombiana; siendo presidente de la República de Colombia. Al ser el candidato-presidente ganador, El CNE estaba en el requisito de adelantar Acusación ante su Juez natural, que lo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante y hasta la fecha no lo ha hecho. ¿Por qué no lo hace?, por estar en contravía al Estado de Derecho y elucubrar malabarismos jurídicos que contienen el uso del Lawfare. Por ende, fue mal concebida la acción de petición ante el sistema interamericano.
No se sustentó, en la citada petición, que para el CNE los actores electorales, siendo uno de ellos “el candidato, quien, por Ley, es solidariamente responsable por la oportuna presentación de los informes de ingresos y gastos y por el debido cumplimiento de la normativa electoral”. Aquí está el nudo georgiano o quid del asunto; generando una situación, en tan álgido aspecto, que conllevó a una situación, de no solución y distrayendo la atención de los magistrados, quienes de manera genial resuelve en forma inhibitoria, por así mencionarlo, y que impide la participación como juez en esa causa.
Trabada la litis el Consejo de Estado de Colombia y CNE pidieron rechazar la petición de los abogados del señor presidente G. Petro U, aduciendo que se ajustaron al respeto al fuero. Sustentaron que “no hay vulneración alguna del artículo 23 de la Convención Americana», dado que las sanciones que ellos imponen “no restringen los derechos políticos de los funcionarios de elección popular o de sus electores”. Lo cual es procedente, a todas luces, puesto que se está es en una etapa de investigación administrativa del acto electoral. El yerro radica en que la adelantaron contra la persona del señor presidente, es decir, sin el accionar paralelo ante su juez natural. De esto resulta la materialización del delito de prevaricato, obviamente; pero no es, esto, de la competencia y jurisdicción del sistema interamericano. Le corresponde es la Fiscalía General de Colombia actuar desde ya. Por ello se explica que la CIDH no acate el argumento de los actores de «La sanción de pérdida del cargo estará sometida a las conclusiones de la investigación adelantada por el CNE, limitando así implícitamente la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.
Pero en el actual momento no se trata de sanciones sino de investigación…Analizando los argumentos de todas las partes, el pleno de la Corte IDH decidió, el pasado 28 de noviembre, declarar improcedente la petición que elevó el señor presidente a través de sus apoderados. O sea, una mala jugada en el aspecto de los tiempos procesales. Sustentó la CIDH «De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente». Esto indicó la Corte. Y como los abogados citaron en mala argumentación el fallo del caso “monseñor” Ordoñez. El malvado y cavernario ex procurador general de Colombia; «La Corte considera que la referida solicitud no tiene relación con el objeto del caso ni con la implementación de alguna de las tres garantías de no repetición de adecuación normativa ordenadas en el Fallo, con lo cual resulta improcedente», Que tal como lo expresó la Corporación, sea una enseñanza para lo que sobreviniere. Esto no requiere mayor explicación: La alta Corte resaltó que “debe darse la oportunidad al Estado de resolver la controversia de acuerdo con su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional”.
Con tensión y desasosiego por el conocimiento que como “Puro Abogado” tengo sobre estos temas escuchaba los análisis informativos oficiales al respecto y las subsecuentes excusas de manejo del medio oficial de información sobre lo sucedido al respecto. Y más grima causó la explicación de una vocera de la Coordinadora de Litigio Internacional de Cajar, expresando excusas a la opinión pública “por la mala interpretación de la sentencia de la CIDH”; siendo que desde que estaba en las bancas de la Facultad Nacional de Derecho de la UN, los egregios profesores enseñaban que las sentencias no se interpretan. Se aplican.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Este 19 de diciembre del 2024, con una amplia mayoría de 137 votos a favor y tan solo 12 en contra, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que solicita una segunda opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación, esta vez, a las obligaciones de Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas y su actuar en el territorio palestino ocupado.
Un Estado Miembro de Naciones Unidas que ¿bombardea deliberadamente instalaciones y funcionarios de Naciones Unidas y destruye infraestructura cuya construcción se logró gracias a la laboriosa coordinación de varias agencias de Naciones Unidas? Y que además, ¿dificulta significativamente la llegada de víveres urgentes por parte de Naciones Unidas para asistir a una población asediada desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 y desprovista de agua y alimentos para subsistir y de medicamentos? Y que finalmente ¿adopta una legislación para declarar ilegales las operaciones de la agencia de Naciones Unidas especializada en la atención a los refugiados palestinos desde 1947 (UNRWA)?
Solicitar a la misma justicia internacional de La Haya dar su parecer al respecto es el objetivo de esta solicitud votada este 19 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas a partir de un planteamiento pocamente analizado, salvo un artículo (Nota 1), dada la incapacidad del Consejo de Seguridad para adoptar las sanciones correspondientes (debido al veto automático del – o de la- representante de Estados Unidos).
Una iniciativa de Noruega
Resulta de sumo interés observar que de 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, haya sido Noruega la que haya gestado esta iniciativa de manera aislada en un primer momento, gestionándola con un éxito notable por parte de su aparato diplomático.
Cabe precisar que esta iniciativa fue oficialmente anunciada el 29 de octubre del 2024 en Oslo (véase comunicado oficial), y que su tramitación en Naciones Unidas pareciera evidenciar un gran apoyo a esta gestión. La fecha del 29 de octubre coïncide con la adopción de una ley en Israel para declarar ilegales las actividades de la UNRWA, lo cual desató una ola de repudio (véanse el comunicado oficialdel mismo Secretario General de Naciones Unidas, así como, entre muchos, el de Chile, de Francia, de Turquía, de Sudáfrica, o bien el de Amnistía Internacional, antecedidos unos días antes por el de Human Rights Watchy el de cuatro Estados nórdicos en un comunicado conjunto asi como por siete otros Estados entre los cuales Canadá, Francia, Japón y Reino Unido (véase comunicado conjunto).
«Adicionalmente, la legislación aprobada por la Knesset establece un precedente sumamente preocupante para el trabajo de las Naciones Unidas y todas las organizaciones del sistema multilateral y podría implicar un incumplimiento por parte de Israel de al menos una de las medidas provisionales impuestas por la Corte Internacional deJusticia (CIJ)«.
Es de recordar que las reiteradas acusaciones de Israel en contra funcionarios de la UNRWA (y contra la UNRWA en general) han dado lugar a un esfuerzo de la misma UNRWA para demostrar la total falta de pruebas para fundamentarlas que una y otra vez se observa por parte de Israel: este enlace de la UNRWA se titula precisamente «Claims vs. Facts«, y su lectura se recomienda, en particular para quienes, en Costa Rica (como en numerosas otras latitudes), se sienten casi siempre obligados a repetir lo que se lee en los comunicados oficiales de la Embajada de Israel en Costa Rica.
Las declaraciones dadas por el representante de Noruega en Naciones Unidas luego del voto (véase video disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas) revisten especial interés. Al presentar la iniciativa para someterla a la votación, el delegado de Noruega externó (véase texto completo de su intervención) que:
«Norway, a founding member of the United Nations, believes that we cannot remain passive witnesses to what may come to be seen as a frontal attack on the Organization of the United Nations and on the multilateral system itself, with immense humanitarian consequences.
Let us act, therefore, with dispatch and determination to uphold the principles of the Charter of the United Nations and to prevent further suffering in the region«.
La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ante la situación catastrófica que se vive en Gaza y las imágenes del drama indecible al que Israel somete a la población civil palestina desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 en abierta violación a las obligaciones que se imponen a todo Estado Miembro de Naciones Unidas …¿dónde es que estaban todos los demás miembros fundadores de Naciones Unidas?
Un ejercicio precedido por otro anterior dado a conocer en julio del 2024
Hay que recordar que el 19 de julio del 2024, la CIJ ya había dictaminado una opinión consultiva sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel, que tuvimos la ocasión de analizar en cuanto a sus alcances, así como en cuanto a las diversas reacciones oficiales de algunos Estados al conocer su contenido, mutismo de Estados Unidos y de Canadá incluidos (Nota 2).
Para nuestros estimables lectores costarricenses, cabe recordar que cuando la Asamblea General de Naciones Unidas acogió esta opinión consultiva en una votación realizada el 18 de septiembre del 2024 y optó por declarar ilegal dicha colonización (véase comunicado oficial de Naciones Unidas), Costa Rica optó por abstenerse sin dar explicaciones de su voto a las demás delegaciones presentes en Nueva York (como sí lo hizo por ejemplo Guatemala en Centroamérica o bien en Europa, la delegación de Alemania).
La justificación del voto en cambio apareció posteriormente en un comunicado oficial colgado por el aparato diplomático costarricense, invocando razones de índole comercial ¿Como así? Como se lee: véase al respecto una nota nuestra publicada en el acápite «Algunas breves acotaciones con respecto a la ‘justificación’ aportada oficialmente por la diplomacia costarricense» (Nota 3). De manera a no causar mayor sonrojo al provocado, evitaremos reproducir estas acotaciones.
Siempre para nuestros lectores costarricenses, debe también recordarse que la opinión consultiva que fue dada a conocer el 19 de julio del 2024 por la CIJ resultó de una votación acaecida en los últimos días del 2022 en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se registró a Costa Rica votando en contra, conjuntamente con Guatemala en América Latina (Nota 4). En aquella oportunidad, tampoco la delegación costarricense consideró oportuno explicar su voto ante las demás delegaciones presentes en Nueva York. Con lo cual el sonrojo de septiembre del 2024 puede ser relacionado al rubor de diciembre del 2022.
La técnica del mutismo de la delegación costarricense no es monopolio de sus diplomáticos en Nueva York: también se observó en abril del 2024 por parte de la delegación de Costa Rica en Ginebra, al abstenerse en una votación del Consejo de Derechos Humanos solicitando urgentemente un embargo sobre las armas a destinación de Israel (véase nota del 5 de abril del 2024 del medio digital Delfino.cr).
Como bien es sabido, sea en Ginebra o en Nueva York, todo delegado a la hora de votar a favor de un texto, o bien en contra (o bien abstenerse), tiene siempre la posibilidad de explicar a las demás delegaciones lo que motivó la posición del Estado que representa (lo que se denomina en la jerga diplomática «explicación de voto«).
No está de más indicar que al poco tiempo de cumplirse un año desde el 7 de octubre del 2023, Costa Rica anunció la reanudación de sus negociaciones con Israel de cara a la adopción de un tratado de libre comercio (véase nota de Amelia Rueda del 18 de octubre del 2024). En marzo del 2024, un reportaje de la televisión costarricense (véase nota) hizo ver que reservistas israelíes pasan de la paradisiaca playa de Santa Teresa en Cóbano a combatir en Gaza en cuestión de pocas horas, lo cual puede plantear algunas interrogantes muy válidas. Y de paso arrojar algunas pistas sobre lo que pudo motivar la sorprendente mención hecha de Costa Rica y de Irán por parte del Primer Ministro de Israel en uno de sus viajes a Estados Unidos en el 2017 (véase nota de La Nación): «hablamos de Costa Rica o de Irán» (sic.). A la fecha, no se conoce de algún tipo de explicación sobre tan extraña asociación, hecha en la mente del Primer ministro de Israel.
El voto en breve acaecido este 19 de diciembre
Más allá de las extrañezas que a veces se descubren leyendo la prensa sin que se sepa muy bien de donde provienen, lo cierto es que Israel y su incondicional aliado norteamericano no escatimaron en sus esfuerzos en aras de obtener un número significativo de votos en contra este 19 de diciembre del 2024 en Nueva York: sus efectos fueron bastante relativos, y la iniciativa de Noruega prosperó exitosamente, y ello sin mayor dificultad.
El registro del voto indica que este 19 de diciembre del 2024, el texto propuesto contó con una amplia mayoría de 137 votos a favor, 12 en contra, y 22 abstenciones. Con lo cual, las diversas presiones ejercidas por Israel y por Estados Unidos se limitaron a recoger 10 votos en contra únicamente, entre los cuales los de Argentina, Hungría, Paraguay, República Checa y algunos integrantes adicionales de la denominada «coalición» con la que siempre puede contar Israel en este tipo de contiendas diplomáticas. El término «coalición» resulta impropio y está deliberadamente colocado entre comillas, dadas las características muy propias de este pequeño grupo de Estados (en su mayoría Estados isleños del Pacífico) al que recurren con frecuencia Israel y Estados Unidos para disimular su aislamiento en Naciones Unidas (Nota 5).
El detalle del voto también puede revisarse en este video de YouTube, en el que se observa un tiempo de dudas en algunas delegaciones antes de decidir su voto en los últimos segundos. Entre los 22 Estados que optaron por la abstención figuran únicamente por América Latina, Panamá y Uruguay, acompañados en el hemisferio americano por Canadá.
Costa Rica votó esta vez a favor, conjuntamente con 136 otros Estados, entre los cuales cabe destacar el voto afirmativo de China, Francia, Reino Unido y Rusia.
La pregunta formulada a la CIJ
En la propuesta de Noruega que circulaba desde varias semanas en Naciones Unidas (véase texto del proyecto A/79/L.28/Rev.1), se lee el punto 10 de la siguiente manera, con una inusitada expresión de «con carácter prioritario y con la máxima urgencia» que esperamos logre inspirar a los jueces de la CIJ en aras de tramitar de manera más expédita esta solicitud urgente:
«10.Decide, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el Artículo 65 del Estatuto de la Corte, con carácter prioritario y con la máxima urgencia, que emita una opinión consultiva sobre la cuestión que se indica a continuación, teniendo en cuenta las normas y principios del derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las prerrogativas e inmunidades aplicables en virtud del derecho internacional a las organizaciones internacionales y a los Estados, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, la opinión consultiva de la Corte de 9 de julio de 2004 y la opinión consultiva de la Corte de 19 de julio de 2024, en que la Corte reafirmó el deber de la Potencia ocupante de administrar el territorio ocupado en beneficio de la población local y afirmó que Israel no tiene derecho a la soberanía sobre ninguna parte del Territorio Palestino Ocupado ni puede ejercer poderes soberanos en él debido a su ocupación:
¿Cuáles son las obligaciones de Israel, como Potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas, en lo que respecta a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos y órganos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado y en relación con él, incluida la garantía y facilitación de la provisión sin trabas de los suministros que se necesitan con urgencia y son esenciales para la supervivencia de la población civil palestina, así como de servicios básicos y asistencia humanitaria y para el desarrollo, en beneficio de la población civil palestina y en apoyo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación?»
Tal y como se puede observar, la pregunta está formulada en términos sumamente ámplios de manera que pudiera ello reunir la mayor cantidad de votos a su favor. A la vez, permitirá a los jueces de la CIJ una gran libertad a la hora de redactar su respuesta.
El aislamiento de Israel en el seno de la comunidad internacional
Este nuevo fracaso de las diplomacias de Israel y de Estados Unidos se da en un contexto particularmente desfavorable para la imagen de Israel, para la diplomacia israelí y para los diversos círculos afines que gravitan en defensa de Israel.
Este informe de Human Rights Watch dado a conocer este mismo 19 de diciembre del 2024, detalla el uso del faltante de agua como arma de guerra en Gaza por parte de Israel, confirmando para los investigadores de esta reconocida ONG su intención genocida en Gaza.
Al respecto, el pasado 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de otra reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «, precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la muy escasa difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Adicionalmente a ello, las diversas acciones militares injustificadas tanto en el Líbano por parte de Israel desde mediados de septiembre, como en Siria desde hace dos semanas, parecieran responder a un intento bastante sutil para desviar la atención mediática internacional de lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania. El hecho que el ataque con la explosión de beepers en el Líbano fuera perpetrado por Israel el 17 de septiembre, días antes de iniciar el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas (24 de septiembre) es un buen indicador al respecto.
El último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Cisjordania (al 19 de diciembre) está disponible en este enlace. A su vez, con relación al drama indecible que se vive en Gaza, el último informe sobre la situación al 17 de diciembre realizado por Naciones Unidas (véase informe) detalla cómo el ritmo de muertos y de heridos y de destrucción por parte de Israel se ha mantenido ininterrumpido, con un ensañamiento en contra de la población civil palestina de Gaza raramente observado (y pasado por alto por buena parte de los medios de prensa internacional). Al dramático saldo de víctimas palestinas que supera ya las 45.000 personas, se puede leer además que:
«Israeli bombardment from the air, land and sea continues to be reported across the Gaza Strip, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction of civilian infrastructure. In the North Gaza governorate, the Israeli military has been carrying out a ground offensive since 6 October 2024, with fighting reported between Israeli forces and Palestinian armed groups. Israeli forces have continued to impose a tightened siege on Beit Lahiya, Beit Hanoun and parts of Jabalya and humanitarian assistance has been largely denied for more than 10 weeks (see data below). Rocket firing by Palestinian armed groups towards Israel was reported.
Between the afternoons of 10 and 17 December, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 273 Palestinians were killed and 853 were injured. Between 7 October 2023 and 17 December 2024, at least 45,059 Palestinians were killed and 107,041 were injured, according to MoH in Gaza.
Between the afternoons of 10 and 17 December, two Israeli soldiers were killed in Gaza, according to the Israeli military. Between 7 October 2023 and 17 December 2024, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, more than 1,586 Israelis and foreign nationals were killed, the majority on 7 October 2023 and its immediate aftermath. The figure includes 386 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,488 Israeli soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation. As of 17 December, it is estimated that 100 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including hostages who have been declared dead and whose bodies are withheld in Gaza.
Attacks on schools sheltering internally displaced people (IDPs) in Gaza continue to be reported, with nine such incidents documented so far in December 2024 by the UN Human Rights Office (OHCHR). According to the Education Cluster, between 6 October and 15 December 2024, 95 incidents involving attacks on school buildings, mostly serving as IDP shelters, were documented, including 61 incidents in North Gaza governorate. On 14 and 15 December alone, four schools were hit, as follows:
– On 14 December, two schools-turned shelters were reportedly hit in Gaza city, resulting in the killing of seven Palestinians, including three children, and the injury of tens of others, according to Palestinian Civil Defense (PCD).
– On 15 December, Israeli troops reportedly surrounded and raided Khalil Owaidah School sheltering IDPs in ‘Izbat Beit Hanun, in North Gaza, where it was reported that male IDPs were detained while women and children were forced to move southwards. Tens of people were reported killed, but the exact circumstances remain unclear. Citing IDP testimonies, PCD reported that fatalities included 10-15 people who were incinerated, and the school was destroyed.
– On 15 December, the third floor of an UNRWA school sheltering IDPs in Al Mawasi, in Khan Younis, was hit. Within minutes, the emergency department of the nearby Nasser Medical Complex was flooded with casualties, most of them women and children. Many were severely injured and died on site or en route to the hospital, reported international doctors from Medical Aid for Palestinians (MAP) operating in the facility as part of a joint Emergency Medical Team (EMT) with the International Rescue Committee. An internal medicine and emergency care consultant counted at least 18 people dying in the emergency department, including 12 children under the age of 12. The first patient arrived in the facility was “a three-year-old girl who had the left side of her forehead torn open by shrapnel fragments which had penetrated her skull,” and who, due to shortages of painkillers and anaesthetics, had to be treated “with very little access to medications,” added the consultant. A plastic surgeon also noted that his first patient was a 12 to 14-year-old boy whose face was entirely burnt, and who had open wounds on his chest and on both of his legs.
Other deadly incidents reported between 10 and 15 December include:
– On 10 December, at about 23:00, 22 Palestinians were reportedly killed and others injured when a three-story building was hit near Kamal Adwan Hospital in Beit Lahiya in North Gaza.
– On 12 December, at about 00:30, seven Palestinians including children and women were reportedly killed and others injured when two apartments in a residential tower were hit in northwestern Gaza city.
– On 12 December, on two occasions at about 00:01 and 00:55, 22 Palestinians were reportedly killed and others injured when people were hit in Khan Younis and Rafah. According to the Government Media Office (GMO), fatalities included 15 people tasked with securing the movement of aid trucks, raising the number of people killed while securing aid trucks to 720 so far.
– On 12 December, at about 02:00, 15 Palestinians including at least one woman and seven children were reportedly killed, and several others injured, when a house sheltering IDPs was hit in western An Nuseirat refugee camp in northern Deir al Balah.
– On 12 December, at about 20:30, at least 34 Palestinians were reportedly killed and 40 others injured, when two residential buildings were hit in central An Nuseirat refugee camp, in Deir al Balah, according to PCD. According to the UN Children’s Fund (UNICEF), at least eight children were among the fatalities (see below). Extensive damage of the residential block was also reported.
– On 14 December, at about 13:45, 12 Palestinians, including at least two girls, one woman and the mayor, were reportedly killed and others injured when Deir al Balah Municipality in central Deir al Balah was hit.
– On 15 December, at about 21:05, at least ten Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit in Ash Shuja’iyeh neighbourhood in eastern Gaza city.
– On 15 December, six people were reportedly killed and others injured when a PCD centre was hit in An Nuseirat refugee camp, in northern Deir al Balah. Fatalities reportedly included a cameraperson and four PCD staff and volunteers. The cameraman is among four journalists reported killed in Gaza between 11 and 15 December, according to the Committee to Protect Journalists (CPJ). As of 17 December, the Palestinian Journalists Syndicate reported that 188 journalists and media workers have been killed in Gaza».
Con relación a los 188 periodistas que han sido asesinados deliberadamente por Israel desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza (a un ritmo de más de 11 profesionales de la comunicación asesinados por mes), se esperaría que el Colegio de Periodistas de Costa Rica externe algún tipo de expresión de pesar o de condena al actuar de Israel: tuvimos hace poco (el 8 de diciembre pasado) la ocasión de externar este pedido públicamente, desde un medio radial costarricense, durante la emisión del Programa Interferencia de Radio UCR titulada «Gaza / Israel y el cerco de la justicia internacional que se cierra» (véase enlace).
Los dos nuevos aliados indefectibles de Israel en América Latina
Más allá de la omisión de círculos usualmente muy atentos a las amenazas e intimidaciones o asesinatos que pueden sufrir profesionales de la comunicación en su labor informativa, esta votación acaecida el 19 de diciembre en Nueva York confirma el pronunciado aislamiento de Israel en el seno de la comunidad internacional: en América Latina, dos Estados en este 2024 logran no obstante maquillar levemente esta situación, a saber Argentina y Paraguay.
Con relación a América Latina, Argentina así como Paraguay están en este año 2024 sustituyendo a las pequeñas islas del Pacífico tradicionalmente muy atentas a las solicitudes de Israel (Islas Fidji, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea), conformando desde varios años en Naciones Unidas la única «coalición» para acompañar a Israel y a Estados Unidos en este tipo de ejercicios dentro de Naciones Unidas.
Con relación a Argentina, no está de más recordar un hecho bastante inusual observado en Naciones Unidas, cuando las actuales autoridades argentinas optaron el pasado 30 de octubre por destituir a su máxima autoridad diplomática, luego de que ésta instruyera a su delegación en Naciones Unidas a votar en favor de un proyecto de resolución (véase texto) solicitando levantar el embargo contra Cuba (véase nota de ElPais/España): en esta ocasión, únicamente Estados Unidos e Israel votaron en contra, al tiempo que 182 votaron a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). Esta misma soledad extrema de Estados Unidos e Israelse observó en noviembre del 2023, con en aquella oportunidad 187 votos a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
Es de notar que en el caso de otro Estado que se mostró sumamente cercano a Israel en años recientes (Brasil), sus servicios de inteligencia descubrieron la existencia de una nube electrónica que está albergada en un servidor en Israel con datos privados de más de 30.000 brasileños (véase esta nota de prensa de ElDiario /Argentina, del mes de enero del 2024): se trata muy probablemente de uno de los efectos de la denominada «asociación estratégica» con Israel anunciada en el 2018 por el entonces mandatario brasileño al iniciar su mandato (véase nota de France24).
A modo de conclusión
Este nuevo fracaso de las diplomacias de Israel y de Estados Unidos viene a confirmar el profundo aislamiento de ambos en el seno de la comunidad internacional, observado 48 horas antes en una votación abrumadora en la que frente a 172 votos a favor, Israel y Estados Unidos solamente lograron reunir a cinco votos, uno de ellos siendo el de Argentina (Nota 6).
Esta solicitud de opinión consultiva a la CIJ planteada por Noruega constituye una nueva tentativa en aras de aplicar a Israel las normas que rigen a los Estados en el ordenamiento jurídico internacional, que Israel viola de manera reiterada en el territorio palestino ocupado, manteniendo la calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas.
El uso reiterado del veto por parte de la delegación norteamericana para proteger a Israel en el seno del Consejo de Seguridad ha impedido que este órgano pueda tomar sanciones contra Israel.
Con relación a la justicia internacional y en particular a otra jurisdicción que también tiene su sede en La Haya, es de señalar que este 18 de diciembre, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) acordó un pequeño plazo para la presentación de escritos por parte del Fiscal de la CPI ante una tardía solicitud hecha por Israel (véase decisión de la CPI). Esta gestión de Israel intenta, de manera un tanto desesperada, restarle válidez a las órdenes de arresto contra dos de su máximas figuras, confirmadas el 21 de noviembre por la Sala de lo Preliminar de la CPI luego de 6 largos meses de examen cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento (Nota 7).
– – Notas – –
Nota 1: Véase BJORGE E., «The General Assembly Must Protect UNRWA by Requesting a Binding Advisory Opinion«, EJIL Talk, edición del 29 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza/Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Bolivia ante la CIJ«, edición del 9 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 4: Cabe recordar que la precitada opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio del 2024 resulta de un proceso iniciado a finales del 2022, durante el cual Costa Rica votó en contra con Guatemala, sin darse mayores explicaciones sobre tan insólita posición de la delegación de Costa Rica en Naciones Unidas: véase al respecto BOEGLIN N., «América Latina ante la solicitud de opinión consultiva a la justicia internacional sobre la situación en Palestina«, Portal de la UCR, edición del 13 de febrero del 2023, y en particular el acápite «El voto de los Estados de América Latina en este 2022: Guatemala y Costa Rica únicos en votar en contra«. Texto disponible aquí.
Nota 5: Como ya viene siendo costumbre en este tipo de contiendas en Naciones Unidas, un observador reconocerá, entre los votos en contra, el pequeño «núcleo duro» de Estados que se oponen sistemáticamente a cualquier texto a favor de Palestina, y que incluía usualmente antes del 7 de octubre del 2023, a Australia, Canadá, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y claso está, al incondicional aliado Estados Unidos. En general, este pequeño núcleo consigue atraer algunos votos ocasionales y circunstanciales (sea de Europa, de África y de América Central). Como ejemplo, entre otros muchos, cuando en noviembre de 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina como «Estado observador no miembro«, adoptando la resolución A/Res/67/19 (138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones), a esta extraña asociación de Estados se unieron Panamá y la República Checa (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). De idéntica forma (9 votos en contra), en una votación en el seno de la Asamblea General sobre la obligación de no trasladar embajadas a Jerusalén que tuvo lugar en diciembre de 2017, reuniendo 128 votos a favor y 35 abstenciones (véasenota de prensa oficial de Naciones Unidas), cabe precisar que se trató de un texto muy similar objeto de una votación previa en el seno del Consejo de Seguridad, en la que Estados Unidos votó en contra de manera solitaria (veto) frente a 14 votos a favor (véase nota nuestra al respecto). Esta curiosa «coalición«, según el término utilizado por el Washington Post en 2012 (véase artículo), también se expresó en el 2021, durante la votación de la resolución A/RES/76/225 (véase texto), con sus 7 votos en contra, frente a 156 votos a favor y 15 abstenciones (véase detalle de la votación). Lejos de ser una alianza circunstancial, los lazos que unen a sus miembros parecieran ser los de un frente real, duradero y bastante sólido. En el año 2022, estos vínculos reaparecieron durante la votación de la resolución titulada «Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina» A/77/L.26, adoptada el 30 de noviembre de 2022 por 153 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones (véase detalle de la votación durante la cual Hungría y Liberia se unieron a la mencionada «coalición«, habiéndose abstenido finalmente Australia). Este pequeño grupo puede, a veces, verse aún más reducido: una de las expresiones más modestas en número de votos de la llamada «coalición» (4 votos: Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Micronesia) es sin duda esta resolución votada en octubre de 2003 sobre la construcción del muro construido por Israel en territorio palestino, adoptada con 144 votos a favor y tan solo 4 en contra (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas).
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Asamblea General de Naciones Unidas adopta por abrumadora mayoría resolución sobre libre determinación del pueblo palestino«, texto disponible aquí.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las órdenes de arresto de la CPI contra el Primer Ministro y (ex) Ministro de Defensa de Israel y contra un dirigente del Hamás. Alcance y perspectivas«, 21 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí.
Cuando Trump ganó las últimas elecciones, el político español Pablo Iglesias dijo: “Hay que radicalizarse”. ¿Paradoja?
Él explica que fue “una expresión provocadora para llamar la atención” acerca de un fenómeno político sobre el que hay una enorme confusión, y que resume así: La actitud de los demócratas de EEUU, que profesan a menudo algunas fuerzas de izquierda en el mundo, de hacer cualquier cosa para detener a la ultraderecha, “es regalarle el terreno del juego ideológico a la derecha”. Cuando se dejan sus consignas “radicales” y se corren al centro, la derecha gana, porque ella está imponiendo a sus opositores y a la sociedad sus formas de pensamiento.
Es lo que él llama el “malmenorismo”, la política del mal menor. “Esa cosa de los liberales asustados buscando un centro para enfrentar a la ultraderecha, me parece de una enorme ingenuidad”, dice. Es la política de no asustar, de moderar lenguaje (y no solo lenguaje) cuando la lucha arrecia, de evitar todo, y aquí todo es todo, lo que se sospecha que pueda asustar. Frente a esto una cita más de Iglesias: “La táctica de no dar miedo al adversario puede dar réditos en el terreno corto, pero al final quien domina la ideología se lleva el gato al agua” (es decir, ganar la pelea).
Me gusta Pablo Iglesias, primero, porque es un político y un académico de enorme talento; pero sobre todo porque él ha probado eso que critica en carne propia. Él fue uno de los promotores de ese “malmenorismo” en la izquierda española, camino que lo llevó al fracaso. Ahora su partido, Podemos, se ha separado de la socialdemocracia y ha comenzado un camino en solitario, con avances lentos pero seguros. Para dar solo un ejemplo, él dirige una red de comunicación alternativa con varios canales. El de Youtube, llamado La Base, tiene entre 200 mil y 300 mil reproducciones diarias.
El tema de la ideología es una constante en el pensamiento de Iglesias. Él afirma que la derecha tiene muy claro que el gran escenario de combate político es la ideología, lo que ellos llaman “guerra cultural”. Por el contrario, las fuerzas de izquierda dan relativa poca importancia al tema, acentuando su acción más en la reivindicación económica y la denuncia puntual, de la corrupción por ejemplo, en detrimento de acciones tendientes a ganar la conciencia de las masas, de dar esa guerra cultural. Un ejemplo de ello es cuánta gente tiene la izquierda dedicada a la labor ideológica respecto a la destacada en otras labores. Mi experiencia me dice que siempre fue y que sigue siendo muy poca. Lo mismo podemos decir de los recursos materiales.
Por el contrario, la derecha siempre le ha dado enorme importancia a la guerra cultural, pero esto se ha acentuado en las últimas décadas. Muchos de los votantes de Trump o de Chaves son gente desinformada, sin estudios, guiados solo por los instintos. Pero muchos otros están claramente ganados por su ideología. Los postulados neoliberales son realmente apoyados por mucha más gente que hace unas décadas. Nos han ganado la batalla ideológica. De eso no hay duda.
“En ese sentido, dice Iglesias, creo que la izquierda tiene que entender que hacer política no solamente es mejorar las condiciones materiales de existencia de los sectores subalternos, de la clase trabajadora… sino también dar una batalla de tipo ideológico que es probablemente condición de probabilidad de éxito”. Pablo Iglesias y su grupo, es decir, su red de canales alternativos, tienen 30 personas a tiempo completo dedicadas a esto y que se mantiene de manera autónoma, es decir, por contribución de los lectores.
Un gran ejemplo de todo lo que hay que hacer, por un lado, y de lo que se puede hacer y se puede lograr, por otro.
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