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Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas

José Luis Pacheco Murillo

La economía de los países tiene como apoyo vital a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas. Hoy se conmemora Día de las Microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Pese a su importancia, el apoyo que se les brinda es muy poco y por eso son muy pocas las que pueden sobrevivir en la vorágine comercial que tenemos hoy en día en donde las grandes trasnacionales vienen a acaparar el mercado y a eliminar la posibilidad de crecimiento de esas microempresas y pequeñas y medianas empresas.

El TLC aprobado en el 2007 les propinó un fuerte golpe y la pandemia del COVID también afectó en gran medida a estas empresas debiendo muchas de ellas cerrar, viéndose sus propietarios en situación crítica y en muchos casos con deudas pendientes a las que no pudieron hacerle frente perdiendo garantías. Muy lamentable.

Según datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa, este tipo de negocios representan más del 90 % del total de empresas, generan entre el 60 y el 70 % del empleo y son responsables del 50 % del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial. De ahí su importancia. Son un factor clave en la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo en el mundo. He aquí lo importante de apoyarlas y darles las facilidades para que su desarrollo esté asegurado y con él el desarrollo del país.

Los emprendimientos que a diario surgen debemos apoyarlos y se les deben de dar las facilidades para que puedan prestar servicios a las comunidades. Eliminar tanto trámite burocrático para que puedan obtener patentes y puedan abrir sus puertas lo más pronto posible.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son necesarias y se les debe apoyar desde el gobierno nacional y local para fortalecer la economía y el desarrollo del país.

Un reconocimiento y una felicitación para los micro, pequeños y medianos empresarios y que sigan adelante con sus proyectos que tanto bien hacen a millones de personas en el mundo.

Soberanía Alimentaria en Mesoamérica y el Caribe

Por:
Denis Montero Solís
Juan Arguedas Chaverri

En este documento de la Región Mesoamérica y Caribe de MAELA se repasan los avances y retrocesos de las organizaciones, legislaciones nacionales y colectivos en torno al concepto de Soberanía Alimentaria y su expresión a nivel de territorio. *

Introducción

Contar con alimentos suficientes apropiados, a tiempo, que alcancen para todos y todas, y que quienes los produzcan reciban los beneficios que merecen, son los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas en su Capítulo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (DESC), donde se incluye el Derecho a la Alimentación, como Derecho Humano que se debe reivindicar.

Mesoamérica es el centro de origen y domesticación de muchas plantas. Antes de la presencia europea en la región existían alrededor de 100 plantas comestibles donde sobresalen: el maíz, frijol, tomate y árboles como el cacao, y aguacate. Esta alta biodiversidad permitió alimentar a grandes centros urbanos. Se sabe que habiendo llegado los conquistadores al mando de Hernán Cortés, se han calculado datos de 1519, en los que la Ciudad de Tenochtitlán tenía alrededor de 300.000 habitantes (De Rojas, sf, Pp. 240-241) cuando Sevilla en 1533 tenía 55.000.

Las principales causas de la pérdida de la Soberanía Alimentaria son las estrategias de la globalización en los mercados de alimentos que se expresan en:

  • Priorización del comercio internacional en perjuicio de la alimentación de los pueblos; sus efectos en cuanto a dependencia de importaciones agrícolas e industrialización de la agricultura.
  • Políticas agrarias descampesinistas promovidas por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), que empujan a millones de campesinos/as a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales, favoreciendo así los intereses de las empresas multinacionales y a las grandes potencias económicas.
  • Los acuerdos comerciales globales y regionales o bilaterales que permiten a empresas transnacionales controlar el mercado internacional de alimentos.
  • La agricultura a través de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y la nanotecnología que quitan a los/as agricultores/as y a los países el derecho a intercambiar, multiplicar y conservar los recursos de la biodiversidad, con el consecuente peligro a la salud humana y al ambiente.

I. Tendencias del contexto actual

Para lograr Soberanía alimentaria en una región, algunos factores deben estar presentes en esa realidad:

  • Alta agrobiodiversidad,
  • Una Estructura Agraria justa y equitativa,
  • Una sólida y dinámica organización de la población rural; campesina e indígena
  • Existencia de políticas y normas en cuanto a recursos naturales y productivos (acceso y control sobre la tierra, agua, semillas).
  • Políticas o iniciativas colectivas para apoyar la agricultura familiar campesina e indígena.
  • Existencia de circuitos locales de producción y consumo operados en la agricultura a través los mercados locales de alimento.

En la dimensión del contexto global, el rasgo que mejor describe la última década es la crisis. Esta crisis toca distintos ámbitos de la realidad: se evidencia una crisis ambiental cuya mejor expresión es el cambio climático; crisis alimentaria evidenciada en la inestabilidad de los precios de los alimentos, en especial los granos y en la introducción con gran fuerza de los cultivos transgénicos (OGM); crisis financiera que se refleja en la alarmante inestabilidad de grandes bancos de Europa y Estados Unidos y finalmente la crisis energética, que se manifiesta en el comportamiento irregular de los precios internacionales del petróleo (COPROALDE 2010, P. 4).

Para el caso de Mesoamérica, se puede afirmar que la condición de los recursos de la biodiversidad se ha deteriorado. El primer síntoma de esto es la tendencia a convertir los recursos de la biodiversidad en mercancía. La tala de bosque para extracción de madera, para establecimiento de monocultivos agrícolas y forestales no se detiene. La quema como forma de “limpiar” los suelos y para facilitar tareas agrícolas, como es el caso de la cosecha de la caña de azúcar, de la destrucción de plantaciones de piña poco productivas y como forma de preparar suelos para la siembra de granos no disminuye pese a la firma por parte de la mayoría de estados de la región del Convenio de Estocolmo, para la disminución de emisiones de Compuestos Orgánicos Persistentes (COPS).

El modelo de agronegocios, ha devastado los recursos naturales, por su voracidad en busca de maximizar las ganancias. Es así como el establecimiento de plantaciones en la región para cultivos de agroexportación -madera y agro combustibles- al menos, ha cambiado el uso de muchas tierras boscosas a agrícolas, con alto uso de agrotóxicos, experimentación y establecimiento de cultivos transgénicos que generan alta erosión, desertificación y disminución de la base de recursos fitogenéticos de la región.

El otro elemento es la pérdida del control comunitario sobre el agua y el bosque. Estos recursos pasan a manos de sectores ricos y a transnacionales. Las empresas que desarrollan agronegocios, la industria farmacéutica y las empresas dedicadas a la biopiratería incursionan en las comunidades campesinas y en los territorios indígenas sin controles suficientes sobre sus actividades.

Sin embargo, se pueden notar avances en cuanto a la toma de conciencia de las poblaciones rurales sobre la importancia de defender las semillas criollas, los derechos de las poblaciones a sus territorios frente a los intereses de las empresas de minería a cielo abierto y a los proyectos hidroeléctricos.

Además, se desconocen, de manera creciente los derechos indígenas en cuanto a sus territorios y sus formas de vida propias, en confrontación con la cultura global urbanizante. (Saragih, 2010, P. 1).

II. Factores que influyen sobre la pérdida de los recursos de biodiversidad

La alta inequidad social en la región es una constante que se reafirma. Esta se puede ver claramente analizando algunos datos de países. En el caso de Panamá, de acuerdo a la Tercera Encuesta Niveles de Vida 2008, encuesta realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría General de la República, (Ministerio de Economía y Finanzas, 2008, P.18) la pobreza afecta a 32.7% de los panameños (de un total de 3.3 millones personas). Sin embargo, a partir de datos globales, este es un país con desarrollo humano alto en la región. El estudio refleja que las comunidades indígenas continúan viviendo en condiciones de pobreza crítica y profunda, pese a la condición de desarrollo humano del país.

La realidad actual en Panamá nos dice que el 2% de la población se lleva el 60% del PIB; el resto de los panameños, o sea, el 98% de los habitantes del país, sólo se quedan con el 40%. Por la razón anterior el país es considerado como altamente desigual.

Datos similares y en ocasiones más dramáticos se encuentran en países como Guatemala y Honduras y en vastas regiones de México. El desarrollo de la nueva fase de la “revolución verde” a través de los transgénicos que profundiza el deterioro de recursos naturales y vuelve más inequitativa la estructura agraria de los países.

En cuanto a tenencia de la tierra, ya en el año 2003 se evidenciaba la profundización del deterioro: la minifundización, pobreza rural y deterioro de los recursos naturales eran evidentes. Esa tendencia sólo ha sido amortiguada por las migraciones internacionales y el trabajo asalariado en actividades de agroexportación y en actividades no agrícolas (GAAS, 2003, Pp. 26-30).

Al final de esta década, esa tendencia no se ha modificado, sino que por el contrario se ha profundizado. Hay pérdida de la tierra, deterioro ambiental acelerado, la erosión se ha convertido en un peligro para la aparición de hambrunas, algunas que ya se han anunciado, como es el caso de Guatemala entre 2005 y 2006, así como la crisis global de alimentos, a la que la región no escapó, durante 2008.

En aquellos países donde se consiguieron procesos de reforma agraria, en los años 80 y 90, éstas se han revertido en la última década. Además, los procesos de titulación de tierras en la región han funcionado como un mecanismo para dinamizar el mercado de tierras, en condiciones como las de Guatemala, Honduras y regiones de México.

En la historia reciente, producto de la crisis petrolera que se afronta, se ha profundizado el desarrollo de agronegocios, principalmente vinculados a agrocombustibles. Se estimula el cultivo de caña de azúcar, de palma aceitera y se empieza a sembrar maíz transgénico para ser utilizado como materia prima para agrocombustibles (Saragih, 2010, p. 1).

III. Factores políticos, económicos y organizativos han tenido efecto en las modificaciones ocurridas

Este proceso tiene sus raíces en la política de ajuste estructural desarrolladas en los últimos 25 años y Se ha profundizado con la celebración de acuerdos de libre comercio en la región. El actual contexto está signado por la firma de Tratados de Libre Comercio (TLCs) o Acuerdos de Asociación (AdAs) con EE.UU. y/o la Unión Europea para la región Centroamericana y también con China, para el caso de Costa Rica (COPROALDE 2010, P. 4 ).

Es claro que el aumento de los precios internacionales del petróleo y la presión del mercado internacional sobre materias primas para agrocombustibles, principalmente por parte de EE.UU. y la Unión Europea tienden a influir la inestabilidad de los precios de los alimentos.

Por otra parte, se ha dado un desarrollo de políticas cortoplacistas hacia la agricultura en toda la región, justificado bajo el principio neoliberal de ventajas competitivas, incluyendo un factor que no se había querido aceptar por parte del gran capital internacional que es el efecto del cambio climático en la agricultura. Esto también tuvo efectos importantes sobre la presencia de alimentos y la inestabilidad de sus precios internacionalmente.

Para el caso de México, de 2006 a 2008 la canasta básica se incrementó en un 65 %; la tortilla, alimento esencial en la dieta mexicana, aumentó un 50%, el frijol incrementó su precio 100 %, el aceite comestible un 112 % mientras que huevos y leche aumentaron más de un 50 % (Soares, 2009, P. 223).

En el caso de Costa Rica, se ha constatado una caída de los precios de los productos agrícolas, principalmente aquellos ofrecidos por pequeños/as agricultores/as (granos, hortalizas, banano orgánico). Se siente que lo que se produce no vale y cuesta venderlo.

Esto sucede en los mercados locales y de exportación. Se siente un desplazamiento de la producción nacional. Sin embargo, los precios al consumidor en vez de disminuir, tienden a incrementarse. Es evidente que en el país hay mayores importaciones que exportaciones agrícolas a partir de las políticas de comprar afuera lo que se produce más barato en otros países (COPROALDE 2010, P. 7).

En resumen, esta situación es el resultado de la hipermercantilización de la agricultura y los alimentos, de la tierra, el agua, los conocimientos agrícolas tradicionales, las semillas y la biodiversidad.

IV. La organización de la población rural para manejar sus recursos naturales y construir Agroecología

En la región se constata una débil articulación política de organizaciones sociales que favorecen la producción sostenible, Seguridad y Soberanía Alimentaria. Son más las articulaciones entre gremios campesinos, grupos ambientalistas o entre grupos que quieren hacer gestión económica conjunta, que entre aquellos que pretenden hacer Agroecología, construir Soberanía Alimentaria, defensa del territorio y de la forma de vida rural (Montero, 2009, Pp. 3-8).

En el plano social-organizativo, se reconoce que se ha acentuado un gran activismo en el quehacer de la mayoría de grupos y organizaciones, principalmente aquellas de carácter nacional. Sus agendas están más dirigidas a la sobrevivencia institucional que a los problemas por los cuales surgieron. Esto limita bastante su papel transformador y la representación de los sectores a los que se deben (Gaete, Sancho y Montero, 2005, Pp. 28-29).

Las organizaciones gremiales en la región reconocen que se desenvuelven en un contexto avasallador que les impide, en muchos casos un accionar reflexivo y responden más a temas de coyuntura.

Sin embargo, en el plano de la organización hay algo muy interesante: se ha profundizado la revolución en el accionar de las mujeres con una participación más activa en diferentes campos. Se puede afirmar que hoy las mujeres como género, tienen mayor posibilidad de decidir y más acceso a recursos y a poder.

No obstante, esto se debe en parte a sus luchas como sector discriminado y en parte puede deberse a la profundización de las migraciones internas e internacionales, particularmente de los hombres (Montero, 2007, P. 4).

V. Políticas y legislación pública sobre recursos naturales y productivos en la región

Las políticas de los gobiernos sobre recursos naturales se han dirigido a la protección absoluta de áreas estratégicas por su importancia en cuanto a perpetuación de especies. Esto genera conflictividad con poblaciones campesinas e indígenas que han poblado estas regiones históricamente.

En el caso de la agricultura, en general, las políticas son opuestas a la Agricultura Sostenible, indígena y campesina. Se promueven bonos agrícolas y programas con fertilizantes sintéticos, semillas híbridas, agrotóxicos y créditos para mecanización. Se estimula la siembra de cultivos para exportación, principalmente como monocultivos, se desestimula la siembra de granos y otros cultivos que puedan reforzar el autoconsumo. Ya son notorios los efectos de este tipo de políticas sobre la presión sobre las tierras y la dinamización del mercado de tierras hace que muchas familias campesinas pierdan ese medio de producción (COPROALDE 2010, P. 7). Este proceso no está orientado por leyes o políticas, fundamentalmente se asienta en programas que varían cada vez que hay cambio de administración.

En la región es bastante evidente la poca intervención del Estado sobre las acciones y efectos de la inversión trasnacional en sectores estratégicos como recursos naturales y producción de alimentos. Su papel se limita a otorgar permisos y a administrar concesiones.

Un caso que parece extremo en la región es el decreto de interés público de una explotación de oro a cielo abierto en Costa Rica o la exoneración de los estudios de impacto ambiental a megaproyectos mineros o hidroeléctricos que se dio en Panamá, como parte de una reforma a la Ley de Aviación.

Finalmente se puede afirmar que hay poco cumplimiento estatal de los compromisos ante organismos multilaterales para garantizar derechos como el Derecho a la Alimentación, más allá de ofrecer bonos alimentarios.

Por lo anterior, en Mesoamérica se vislumbra un marco desfavorable a la Agroecología. La legislación es pobre y la que existe tiene dificultades para su cumplimiento.

Hay casos como en México, donde, producto de la crisis, se han posicionado planteamientos como las campañas “El campo no aguanta más” o “Sin maíz no hay país”. Esto ha permitido que en el Congreso Federal se empiece a hablar de la necesidad de transitar hacia un modelo de agricultura más sustentable que reconozca la multifuncionalidad de la agricultura campesina, que valore el papel de las mujeres, que promueva la producción de alimentos sanos, de bienes y servicios ambientales, la conservación de la biodiversidad, el equilibrio del doblamiento territorial, la reproducción de la diversidad étnica y cultural y la seguridad nacional. Para ello han propuesto una ley de planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y nutricional, entre otras iniciativas.

En la región no se cuenta con políticas o legislación particular para promover la agricultura familiar campesina e indígena. En el caso de Costa Rica existe una Ley de Fomento de la Agricultura Orgánica, pero no está orientada necesariamente a la pequeña producción familiar.

Por otra parte, está en debate legislación para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas, centrada en el plano de ubicación territorial y de gobierno propio.

En el caso de Nicaragua, se ha impulsado la Ley de Seguridad Alimentaria en la que puede reivindicarse la agricultura familiar. Un factor que unifica a toda la región son los programas focalizados contra el hambre, desde sus consecuencias: Bonos productivos que ofrecen agrotóxicos y fertilizantes, bonos alimentarios y subsidios estudiantiles aparecen como recetas en varios países de la región.

VI. Los mercados locales en Mesoamérica Se debe afirmar que uno de los factores que ha dinamizado los mercados locales ha sido la propuesta agroecológica. Es en el último quinquenio que en la región se constató el poco dinamismo de los mercados internacionales de productos orgánicos y ecológicos en manos de pequeños/as agricultores/as, indígenas y campesinos/as, que se desarrolló una dinámica, natural y con acompañamiento de organizaciones que trabajan Agroecología. En la actualidad se puede afirmar que se están incrementando.

VII. Las propuestas de MAELA

A. El trabajo en torno a recursos de la biodiversidad
En las organizaciones de MAELA Mesoamérica se ha trabajado una línea, en todos los países que ha logrado rescatar y reproducir las semillas criollas, principalmente de granos que se consumen en la región, así como otras plantas comestibles.

Además, desde inicios de la presente década se ha trabajado en investigación y sensibilización sobre la presencia de cultivos transgénicos y los perjuicios de los mismos para la salud, para el ambiente y para la economía familiar campesina e indígena.

Estas campañas han tomado diferentes matices: por ejemplo, en Guatemala, a partir de experiencias de los países andinos se ha impulsado la campaña de consumo sano y soberano. En Nicaragua y Costa Rica se impulsó una campaña de recuperación y sensibilización sobre las semillas criollas, que se llamó “Semillas de identidad”, la que también se desarrolló en Colombia.

En El Salvador también se ha trabajado en sensibilización sobre las semillas criollas en el marco de la Plataforma de Agricultura Sostenible de El Salvador con acciones que influyan en el público. La experiencia en la región enseña que es necesario influir, para conseguir un mejoramiento de la condición actual de los recursos de la biodiversidad, en distintos ámbitos.

Se debe influir sobre las legislaciones vinculadas a la temática de propiedad intelectual y derechos de autor, por lo que el tema de UPOV 91 ha sido importante para la incidencia política.

Además, se ha visto la importancia de legislar sobre la regulación/prohibición de siembra de transgénicas en territorios donde se trabaja desde la agroecología. En esto se ha acumulado experiencia en campañas para la declaratoria de territorios ecológicos y libres de transgénicos.

Finalmente se debe influir en el sector de consumidores/as para lograr que se reivindique el derecho a consumir lo propio en oposición a la comida chatarra y la disminución de la dieta a unos pocos productos.

B. El trabajo en la a temática de la estructura de tenencia de la tierra
Es necesario señalar que hay en MAELA Mesoamérica acuerdo en torno a la importancia de la tierra como condición para lograr Soberanía Alimentaria desde los espacios comunitarios. En todos los espacios de discusión regional se señala que uno de los factores que limitan la Soberanía Alimentaria es la pérdida de la tierra o la injusta estructura agraria de los países de la región.

Sin embargo, en las organizaciones de MAELA en la región, ha sido poco trabajado el tema de tenencia de la tierra o la reforma agraria. Este tema ha sido más una bandera de las organizaciones de la Vía Campesina.

En este punto, es importante señalar la complementariedad que tienen estos enfoques, ya que se ha logrado reflexionar que el trabajo alrededor de la Agroecología contribuye a mantener el acceso y control campesino e indígena sobre la tierra.

Se afirma que el uso de la tierra y demás recursos de la biodiversidad, de una manera sostenible, tal y como lo propone la Agroecología, con niveles crecientes de independencias de elementos externos, con recuperación del conocimiento autóctono y con protagonismo campesino e indígena, hace que se reduzca el peligro de perder la tierra y de entregarla a las próximas generaciones deteriorada y poco productiva.

En otra dimensión del tema, en varios países, las organizaciones que integran MAELA apoyan a organizaciones indígenas en la defensa del territorio (Costa Rica, Panamá, Guatemala, México, al menos). Estas organizaciones consideran que esta es una forma de asegurar la tierra para estas poblaciones. También la participación en campañas de oposición a megaproyectos hidroeléctricos, mineros, la expansión de cultivos de agroexportacion y de reforestación comercial son formas de reivindicar la tierra desde un enfoque territorial.

C. Efectos del trabajo en Agroecología sobre la organización rural para manejar recursos naturales e incidencia política
La Agroecología en Mesoamérica se ha logrado vincular a enfoques territoriales y comunitarios. La presencia de campesinos/as e indígenas que fomentan la Agroecología en sus comunidades los ha convertido en agentes de cambio con liderazgo reconocido en sus localidades.

La propuesta agroecológica ha estimulado también la organización de pobladores/as, la organización para comercializar, y la articulación territorial para influir en políticas públicas en el ámbito municipal en busca de condiciones favorables para practicar ala Agroecología: territorios libres de OGM, recursos municipales para promover espacios de mercado local, entre otros.

Otro de los temas que articula organizativamente a la población en el territorio es el de sensibilización al sector de consumidores/as para lograr construir una cultura de consumo responsable, para ello se trabaja en sensibilizar sobre el consumo sano y soberano articulado a la temática de semillas criollas para defender las semillas criollas.

Sin embargo, en las organizaciones de MAELA, en términos generales no. se trabaja el tema de la identidad política. No se logra construir conceptual o metodológicamente al sujeto agricultor/a familiar campesino/a e indígena. Se inscribe más el trabajo en el tema de la Agroecología como el quehacer productivo, más allá del sujeto que la practica. Esta es una razón por la que la población local, campesina e indígena no se ha reivindicado tanto. Esto puede inhibir el surgimiento de propuestas para un sector productivo específico.

Un indicador de esta condición del Movimiento en el tema es el tipo de reflexión que hacen las organizaciones. Lo más frecuente es hablar de los productores y productoras agroecológicas, más que de campesinos/as e indígenas, que hablan más de identidad, cultura, forma de vida y posición en la sociedad en la que actúan.

D. El trabajo en torno a los mercados locales en MAELA Mesoamérica
El MAELA ha sido protagonista en el desarrollo de los mercados locales en la región. Existen propuestas desde las organizaciones de MAELA en los diferentes países sobre el impulso de estos.

Otro elemento relevante es que en MAELA Mesoamérica y Caribe se tiene abierto un foro sobre Mercados Locales Agroecológicos Campesinos e Indígenas y sistemas participativos de garantía. Allí se da una dinámica de intercambio de experiencias y reflexión conjunta para generar propuestas para cada realidad concreta (CEDECO-MAELA, 2008, P. 10).

En la región se han abierto, en la última década -y con mayor fuerza en los últimos cinco años- muchas experiencias de ferias en diferentes lugares (ferias orgánicas, tianguis orgánicos, conformación de organizaciones de producción y consumo solidario, entre muchas experiencias).

Estas experiencias se encuentran operando en todos los países de la región y son de diferente naturaleza, manejan diversos enfoques de comercio local y son lideradas por organizaciones vinculadas al MAELA.

Bibliografía

  • CEDECO-MAELA, 2008. Memoria del 1° FORO “Experiencias Centroamericanas de Acceso a los Mercados Locales Orgánicos”.
  • COPROALDE, 2010. Proceso de planificación estratégica 2011-2015 de la Red COPROALDE. Documento final.
    • De Rojas, J.sf. Cuantificaciones referentes a la ciudad de Tenochtitlán 1519. Colegio de Michoacán.
    • Gaete, M.; Sancho, R.; Montero, D., 2005. Análisis de movimiento campesino en el contexto costarricense actual. Lecciones para VECO Costa Rica y la Red COPROALDE. Mimeo, San José.
    • Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, 2008. Encuesta de Niveles de Vida 2008. Principales Resultados, En enlaceacademico.org/uplo…
    • pdf
    • Montero, D. 2007. Ideas para reflexionar sobre el contexto Regional. PIDAASSA Latinoamérica. Lima, Perú
    • Montero, D. 2009. y sus opciones de alianzas en los ámbitos nacional y regional. Mimeo. Panamá.
    • Ahumada, Mario. 2010. Cómo se concibe la Soberanía Alimentaria,
    • Salgado, M. N; Lizano, M; Tarcisio, M. (2010). Mercados Agroecológicos, Campesinos e Indígenas y Certificación Participativa. MAELA
    • Memoria de la Asamblea Regional del MAELA Mesoamérica y El Caribe, El Salvador 2010 y sus ponencias por país.
    • Saragih, H. 2010. Foro campesino: Producir comida para nuestras comunidades. En viacampesina.org/sp/inde…
    • 963:foro-campesino-producir-comida-para-nuestras-comunidades&catid=21:soberanalimentary-comercio&Itemid=38
    • Soares, V. 2009. “Propuestas campesinas alternativas ante la crisis alimentaria”. En México en la crisis alimentaria global, Fundación Heberto Castillo. México.

*Juan Arguedas Chaverri, unos de los autores, comparte este documento del 2010 con el propósito de ofrecer un recurso comparativo con la situación actual.

Imagen: https://www.sur.org.co

A las puertas del posible apagón de la radio y televisión nacional: La sed de venganza se cierne sobre la libertad de expresión

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

El 28 de junio se vencen las concesiones de radio y televisión.

La moneda de curso de la  administración Chaves Robles, es el chantaje, intimidación, sacadas de clavo.

La vara del rencor.

El Presidente mide a todos los medios de comunicación con la vara de su rencor, odio, sed de venganza contra Canal 7, CRHoy, La Nación.

Muchos son cómplices con su actitud timorata, calculadora, acomodada, no quieren o temen, llamar las cosas por su nombre, esperan dádivas, sin proponérselo, son copartícipes de este despropósito.

Resiste.

La institucionalidad aún resiste, quienes hemos mantenido actitud crítica, un día sí, otro también, recibimos la descalificación de las ordas de personajes reales y ficticios.

Chaves se sabe y siente poderoso, fundamentalmente por la actitud condescendiente de quienes le ríen sus gracejadas, ya el lobo se mostró debajo de la piel de oveja, espero, aún no sea demasiado tarde.

El 29 de junio puede ser el primer día del apagón de nuestra democracia.

El Presidente, intolerante a las críticas quiere torcer los brazos.

Una cosa son las concesiones de las frecuencias de radio y televisión, otra los montos risibles que pagan algunos.

Las tarifas son enanos de otro cuento, esas fijaciones se hicieron por ley hace muchos años, como tantas multas establecidas, por ejemplo contra los huaqueros en temas de patrimonio histórico, fijadas en colones.

Si Chaves realmente desea promover montos justos, debió haberlo propuesto desde el inicio ante la Asamblea Legislativa, pero como en tantas cosas, ahora la culpa será de los demás.

Más caro.

Lo cierto, de apagarse la radio y televisión nacional, nos saldrá más caro a todos.

Algunos siguen riendo ante un payaso de cuarta categoría, de pacotilla como le gusta decir, en plaza pública permanente, haciéndose el chistoso, simulando desde la tribuna el rugido del jaguar.

Posiblemente firmará los documentos al filo, como lo hizo por venganza y presión de la Sala Constitucional, para no dejar en desamparo a los muchachos, quienes a los 18 años deben abandonar las instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia, encaprichado porque la propuesta venía de la diputada del partido taxi que lo llevó al poder.

El poder es efímero, aún para quien tiene amargura, odio, rencor, revanchismo como moneda de pago.

De darse la desconexión de los medios de radio y televisión, el paso siguiente, apague, vámonos, sálvese quien pueda.

Infinito Gold vs. Costa Rica: empresa minera canadiense parece desistir a cambio de … (?)

Manifestaciones en las calles de San José contra del proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17 de abril del 2013).

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Según información proporcionada por el sitio especializado sobre arbitraje de inversiones de CIARGlobal (véase nota), la empresa minera canadiense Infinito Gold pareciera estar desistiendo del caso en el trámite pendiente ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI) contra Costa Rica.

El uso del condicional se debe al hecho que, al menos oficialmente, nada ha trascendido desde el CIADI, como tampoco ningún anuncio oficial por parte de las autoridades costarricenses de comercio exterior, a cargo de llevar a cabo la defensa de Costa Rica ante el CIADI, mediante la contratación de firmas de abogados especializadas norteamericanas (en este preciso caso se trata de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer).

Breve puesta en contexto

Como se recordará, el 4 de junio del 2021, el CIADI dio a conocer un laudo arbitral parcialmente favorable a Costa Rica (véase texto) en respuesta a la demanda presentada por la empresa minera canadiense Infinito Gold en febrero del 2014.

Este laudo fue objeto de una solicitud de anulación parcial por parte de la empresa minera canadiense en octubre del 2021, que tuvimos la ocasión de analizar en una nota anterior al constituirse la terna arbitral en los primeros días del año 2022: véase nuestra nota titulada «Infinito Gold vs. Costa Rica: conformación de un Comité del CIADI para examinar la solicitud de nulidad del laudo arbitral presentada por la empresa minera» del 18 de enero del 2022.

De algunos detalles

Aún no se tiene por parte del CIADI confirmación oficial. Unicamente se precisa en los detalles procesales del caso disponible en su sitio oficial  (véase enlace) que el último episodio procesal data del 14 de junio del 2024:

June 14, 2024

The parties file a request for the discontinuance of the proceeding pursuant to ICSID Arbitration Rules 53 and 43(1).

Si, tal como se indica, ambas partes (Infinito Gold y Costa Rica) – y no solamente una (Infinito Gold) – han solicitado que el caso sea objeto de algún tipo de suspensión o si la empresa ha decidido definitivamente desistir, ello debería ser confirmado en algún decisión oficial, que por el momento se desconoce.

Al no contar la empresa Infinito Gold con oficinas en Costa Rica desde hace ya muchos años, no se tiene como solicitar alguna confirmación al respecto. Hace unos años, su ex CEO Erich Rauguth contestaba sus correos desde una cuenta corriente en gmail.com, y no se conoce de un sitio oficial de Infinito Gold: detalles ciertamente menores, pero que dan una pequeña idea de los pocos recursos de Infinito Gold. Remitimos al artículo «Op-ed: ‘Zombie’ Canadian mining company, Infinito Gold, stalks Costa Rica» publicado en el Tico Times por el activista canadiense Rick Arnold en mayo del 2015.

En Costa Rica, las autoridades no han hecho público ningún anuncio con respecto a este caso pendiente de resolución ante el CIADI. Se lee en esta nota del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) publicada el 25 de junio que:

«Consultado sobre la decisión de retirar el arbitraje, el ministro de comercio exterior, Manuel Tovar, ni la confirmó, ni la desmintió. “Informaremos a la opinión pública conforme se concreten eventos firmes en el proceso que espero sea pronto”, le dijo a Trece Noticias. Otra fuente cercana a la canadiense Infinito Gold, dijo que “la empresa no hará ningún comunicado«.

En abril del 2024 se leyó de un «Plan Integral» en la zona de Las Crucitas con declaraciones del Presidente de Costa Rica que plantean algunas dudas (véase nota de CRHoy). Este 26 de junio en La República (Costa Rica), se leyó por parte de un líder ecologista de la Zona Norte costarricense que llevó la empresa minera a los tribunales de justicia en el 2010 (véase nota) que:

«¿Por qué el gobierno ha insistido tanto en que no se puede plantear nada en Crucitas hasta que se resuelva el arbitraje? ¿Tiene claro el gobierno que nada de lo que se resuelva en el laudo afectará el futuro de esa zona? Y lo más importante, ¿qué negoció el Gobierno? ¿A qué se está comprometiendo? ¿Hay uso de fondos públicos de por medio? ¿Consideraron las prohibiciones legales existentes y nuestra normativa ambiental? Por el talante de este gobierno podría uno esperar cualquier cosa”, dijo Araya«.

El CIADI y sus imprecisiones

Es de notar que los artículo 53 y 43(1) que se citan en el sitio oficial del CIADI… no son disposiciones que apliquen a la situación indicada, lo cual plantea interrogantes muy válidas (véase texto).

En efecto, si son ambas partes las que han solicitado que el asunto sea discontinuado, sería el artículo 55 el que encuentra aplicación y no las precitadas disposiciones 53 y 43(1):

«Regla 55 Avenencia y Descontinuación por Acuerdo de las Partes:

(1) Si las partes notificaran al Tribunal que han acordado descontinuar el procedimiento, el Tribunal emitirá una resolución que deje constancia de la descontinuación.

(2) Si las partes acordaran avenirse respecto de la diferencia antes de que se dicte el laudo, el Tribunal: (a) deberá emitir una resolución que deje constancia de la descontinuación del procedimiento, si las partes así lo solicitaran; o (b) podrá incorporar la avenencia en la forma de un laudo, si las partes presentan el texto completo y firmado de su avenimiento y solicitan al Tribunal que incorpore dicho avenimiento en un laudo.

(3) El Secretario General emitirá la resolución a la que se refieren los párrafos (1) y (2)(a) si aún no se ha constituido el Tribunal o si existe una vacante en el Tribunal».

Por alguna razón (que sería de sumo interés conocer), el CIADI en su página oficial remite a disposiciones que no son aplicables al presente caso (acuerdo de ambas partes), sino al caso del desistimiento por una de las partes. 

Claro está, el interés se mantiene también para conocer con exactitud los términos del «acuerdo» entre ambas partes, en particular lo que se obtuvo por parte de la empresa a cambio de desistir.

Algunas breves reflexiones

La falta de transparencia del CIADI constituye una de las principales razones por las que muchos Estados mantienen sus distancias con el sistema de arbitraje de inversión que prevé, y se vuelve a confirmar en este preciso caso: a la fecha, se desconocen los términos de la solicitud de  anulación parcial del laudo del 4 de junio del 2021 presentada por la empresa minera canadiense en octubre del 2021, así como las piezas escritas conteniendo los alegatos de la empresa minera canadiense y de Costa Rica. El futuro nos dirá si los términos del «acuerdo» entre la empresa minera canadiense y Costa Rica serán dados a conocer con precisión a la opinión pública, … o si parte del acuerdo consiste en que no sea público.

En los últimos decenios, el CIADI ha despertado muchas reservas en diversos círculos en América Latina pero también en otras latitudes, ante la falta de transparencia en sus procedimientos, el perfil de sus árbitros (muchas veces poco familiarizados con álgidos temas legales como la protección del ambiente, el derecho al agua y los derechos de las poblaciones indígenas, el derecho administrativo y constitucional), así como los montos millonarios y a veces desproporcionales a los que se ha condenado a Estados en algunos casos, por demandas claramente abusivas de un inversionista extranjero (Nota 1). No está de más indicar que cuando se creó el CIADI en 1965, la idea era permitir a un inversionista recuperar el monto de su inversión inicial objeto, por ejemplo, de un decreto de nacionalización, y no añadir a este monto otros adicionales correspondientes a las futuras ganancias proyectadas por el inversionista extranjero no percibidas (Nota 2).

Tuvimos la ocasión de analizar la denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington que crea el CIADI en marzo del 2022, que viene a añadirse a las denuncias anteriores por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela: véase nuestra breve nota titulada «CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«. En América Latina Brasil, principal receptor de inversión extranjera, no ha tan siquiera firmado la Convención de Washington de 1965.

Al momento de redactar estas líneas (26 de junio del 2024), en América Latina se registran con mayor cantidad de demandas pendientes de resolver ante el CIADI, México (20 demandas pendientes de resolver), Perú (19 casos pendientes), Venezuela (16) así como Colombia y Honduras (10 casos pendientes). Siguen luego Panamá (8), Argentina (6), Costa Rica (3), Uruguay (2) al tiempo que Chile, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua solamente registran una demanda. Por su parte, en el caso de Bolivia y de Paraguay, ninguna demanda aparece pendiente de resolver.

Al nunca haber ratificado la Convención de Washington de 1965, ninguna acción se registra ante el CIADI con relación a dos Estados de América Latina que reciben flujos de inversión extranjera sin mayor necesidad de someterse al arbitraje de inversión previsto por el CIADI: Brasil y Cuba.

El arbitraje de inversiones, el ambiente y los derechos humanos: un reciente informe pasado desapercibido

En un reciente comunicado de prensa desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del mes de octubre del 2023 (véase texto), se leyó que:

«Foreign investors use the dispute settlement process to seek exorbitant compensation from States that strengthen environmental protection, with the fossil fuel and mining industries already winning over $100 billion in awards,” the expert said. “Such cases create regulatory chill.”

Al tratarse de un comunicado de prensa difundido desde la sede en Europa de Naciones Unidas que fue muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales, nos permitimos reproducir otra cita del mismo, no sin recomendar su lectura completa:

«As ISDS arbitration tribunals routinely prioritise foreign investment and corporate interests above environmental and human rights considerations, ISDS claims have devastating consequences for a wide range of human rights, exacerbating the disproportionate harms suffered by vulnerable and marginalised populations,” the expert said».

El informe integral del Relator de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está disponible en este enlace. En idioma español, su informe A/78/168 del 13 de julio del 2023 titulado «Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos» se puede consultar en este enlace.

Sospechamos que algunos de nuestros estimables lectores tomarán conocimiento del contenido de este informe y de su existencia al leernos, dada la escasa publicidad y difusión dada a este importante informe en algunos medios de prensa internacionales y nacionales.

La sombras del proyecto minero Crucitas envueltas ante el CIADI

De no ser por la precitada nota de CIARGlobal, ninguna nueva información sobre el desarrollo de esta larga controversia ante el CIADI de Costa Rica relacionada al proyecto minero ubicado en «Las Crucitas«, podría darse a conocer.

Recordemos que se trataba de un proyecto minero ubicado en la Zona Norte de Costa Rica, y que pretendía ser el mayor de Centroamérica. Este proyecto a cargo de la empresa minera canadiense Infinito Gold, fue declarado de manera inconsulta mediante decreto «de conveniencia nacional» en octubre del 2008, y su total ilegalidad fue dictaminada en noviembre del 2010 por  tres valientes jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA): la lectura de su sentencia (véase texto completo) amerita una relectura dado los intentos de desregulación  en materia ambiental que se discuten en los últimos meses en Costa Rica. Recordemos que, según los jueces del TCA, en el párrafo XL de su sentencia de 14 de diciembre de 2010, se lee que: “En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero” (el subrayado es nuestro).

En noviembre del 2011 esta decisión fue confirmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (véase texto). Es de notar que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental alegada por la recurrente en su apelación y rechazada por la Sala Primera (párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera) denota el desconocimiento de este principio – algo básico – y su realidad jurídica en Costa Rica; un desconocimiento que, al parecer, se extiende todavía a algunos integrantes de la actual Sala Constitucional, cuando estos analizaron en el 2020 el alcance de las disposiciones del Acuerdo de Escazú (Nota 3).

Pocos días antes de ser emitida, la prensa informó de la «filtración» del borrador de sentencia a los abogados de la empresa (véase nota del Semanario Universidad): un hecho inédito en la historia de la justicia costarricense, cuyos autores a la fecha (26 de junio del 2024) no han sido sancionados por ninguna entidad (Colegio de Abogados, justicia penal, justicia administrativa, …).

En febrero del 2014, a pocos días de conocerse los resultados electorales en Costa Rica, la empresa minera canadiense no encontró nada mejor que demandar a Costa Rica ante el CIADI. A la fecha, no se sabe qué fue lo que llevó a la empresa minera a esperar el resultado electoral de febrero del 2014 para presentar formalmente una demanda contra Costa Rica.

Finalmente, no está de más señalar que en el 2003 para el mismo proyecto minero de Las Crucitas, la empresa canadiense anterior a cargo de este proyecto minero (en aquel momento Vanessa Ventures) amenazó con demandar a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda fue en aquel entonces por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005). En una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa  canadiense Vanessa Ventures. Como detalle de interés, en el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Tory´s  explicó que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía «reasonnably optimistic» sobre el resultado de esta: el optimismo se confirmó el 12 de diciembre del 2005, cuando la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) aprobó el EIA. A la fecha de redactar estas líneas (26 de junio del 2024), no se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense que bien puede resumirse de la siguiente manera: «si tú desistes, nosotros te aprobamos el EIA«.

A modo de conclusión

Desde ya varios años, se ha observado un uso reiterado de empresas mineras canadienses del CIADI para intentar obtener ante esta instancia internacional lo que la justicia nacional les ha negado.

Con relación a empresas mineras canadienses, y a su cercanía con algunos sectores políticos que explican sus aventuras legales a repetición en Centroamérica, en noviembre del 2023 tuvimos la oportunidad de analizar la declaratoria de inconstitucionalidad de un contrato minero en Panamá por parte de la justicia constitucional (véase texto de la sentencia): un contrato adoptado de manera extrañamente célere por el Poder Legislativo en octubre del 2023 y que lanzó como raras veces en su historia a los panameños a movilizarse en las calles durante varias semanas. Al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de una ley-contrato minero«.

En lo que atañe a las empresas mineras canadienses y a Canadá como tal, desde el 2014, un informe sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en América Latina espera pacientemente que las autoridades canadienses tomen acciones tendientes a regular desde Canadá sus actividades, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección del ambiente (Nota 4). Una reflexión similar se impone ante la elevada cantidad de casos que se ventilan ante el CIADI por parte de empresas mineras contra Estados de América Latina, y sobre el que insiste el precitado informe de Naciones Unidas escasamente difundido.

– – Notas – – 

Nota 1:  Sobre las diversas estrategias de los Estados de la región latinoamericana para limitar el alcance de ciertos tratados con cláusulas sumamente favorables para el inversionista extranjero, véase el análisis detallado de la profesora Katia Fach Gomez: FACH GOMEZ K., “Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y CIADI”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Medellín, Colombia), Vol. 40 (Dic. 2010), No. 113, pp. 439-454, artículo disponible aquí. Véase de igual manera la publicación FACH K & TITI C. «The Latin American Challenge to the Current System of Investor-State Dispute Settlement«, Journal of World Investment & Trade 17, 2016, pages 511-699.  Así como FACH GOMEZ K. & TITI C., Alternative Dispute Resolution Mechanisms, Oxford University Press, Oxford, 2018, 800 páginas. Sobre la revisión operada por Indonesia de más de 50 TBIs suscritos, véase en particular este estudio muy detallado de HAMZAH, LAMPUNG University, «Bilateral Investment Treaties (BITS) in Indonesia: a paradigm, shift, issued and challenges«, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21, Issue 1, 2018. Texto completo disponible aquí.

Nota 2: Sobre los efectos negativos para las economías de los Estados de América Latina de estos millonarios montos dictaminados por los árbitros del CIADI y que se fueron consolidando con la red de TBI adoptados de manera entusiasta – y en nuestra modesta opinión algo ingenua – en los años 90-2000, remitimos al muy completo artículo de ZABALO P., “América Latina ante las demandas inversor-Estado”, Revista de Economía Mundial, Núm. 31 (Mayo-Agosto, 2012), pp. 261-296. Texto disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., “La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: una celebración en América Latina y un profundo sinsabor en Costa Rica”, publicada en DerechoalDia, edición del 4 de mayo del 2021. Texto disponible aquí.

Nota 4: Véase al respecto el informe titulado » El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá – Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«, Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014. Texto completo disponible aquí. 

Material adicional del autor publicado en años anteriores sobre la demanda interpuesta contra Costa Rica por Infinito Gold ante el CIADI: 

2022, BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica, una nueva maniobra de la empresa minera canadiense en el CIADI«, Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 8 de febrero del 2022. Texto disponible aquí.

2021, BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica. El reciente laudo arbitral del CIADI sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas«, Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 16 de junio del 2021. Texto disponible aquí.

2019, BOEGLIN N., «Arbitraje Infinito Gold vs Costa Rica ante el CIADI: breves noticias«, CIARGlobal, edición del 31 de octubre del 2019. Texto disponible aquí. 

2015, BOEGLIN N., «La solicitud de Costa Rica de poner término al procedimiento de arbitraje  interpuesto por Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones«, Derechoaldía, edición del 7 de agosto del 2015. Texto disponible aquí.

Otros materiales sobre el polémico proyecto minero Las Crucitas en Costa Rica

2011, Documental «El Oro de los Tontos«, producido por la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual incluye entrevistas a varios académicos, y disponible aquí.

2011, Revista Ambientico (Universidad Nacional), Número 210, que incluye artículos de varios académicos. Texto disponible aquí. 

Referéndum, Sala IV y diputados irrespetados

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El artículo 124 de la Constitución dice, en referencia al «acto legislativo para convocar a referéndum«, que se votará «en una sola sesión«. Es decir, habría solo una votación, que, en términos legislativos, conocemos como «primer debate».

Sobre ello, el texto es claro. ¡Lo que no está para nada claro!, es que, pese a que no puede modificarse el texto recibido del Poder Ejecutivo, SE IMPIDA a los señores diputados, conocerlo y dictaminarlo en comisión legislativa, como lo dispuso, sin cuestionamiento alguno, el señor Presidente don Rodrigo Arias.

Pero resulta que, al imponerlo así, sentimos que se pierde la esencia de la institución parlamentaria, pues el legislador se vería obligado a votar, ¡sin conocer los alcances de su voto!, independientemente, de la trascendencia del PROYECTO (¡Como ha de ser para un referéndum; no unas reformas legales!) que entregara la Presidencia de la República, como una invitación a sumarse a un «referéndum conjunto de ambos poderes», aunque el Poder Legislativo no hubiese tenido participación alguna en su elaboración.

Es tan importante este asunto, que, por ejemplo, si un proyecto de ley recibido por los señores diputados, permitiera el establecimiento de la pena de muerte, según lo argumentado, tampoco podría ser dictaminado en comisión legislativa, por lo cual, se obligaría a los diputados a votarlo «a la ligera», sin análisis alguno.

Pero hay algo más de especial trascendencia. En la resolución de cuatro magistrados de la Sala IV, donde se resuelve que la «ley jaguar» (ocho reformas a cuatro leyes), no está en el momento del proceso que permita hacer una consulta de constitucionalidad, se resuelve algo que no es menor cosa. Alega la Sala que «EL TEXTO NI SIQUIERA HA SIDO ANALIZADO EN UNA COMISIÓN LEGISLATIVA», y se agrega que, la consulta cabría «en el caso de que el proyecto de ley haya sido aprobado en primer debate«, desconociendo que no habría segundo debate alguno.

Con dicha resolución, se evidencian criterios divergentes entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el Presidente Rodrigo Arias Sánchez, pues los primeros, sí consideran la importancia, como parte del procedimiento constitucional, de que la llamada “ley jaguar”, sea analizada en una comisión legislativa, como efectivamente, creemos, corresponde exigir. Claro que a la Asamblea Legislativa no le corresponde pronunciarse sobre el fondo del texto, aunque sí, sobre la forma que, en este caso, es trascendental, existiendo, por supuesto, el derecho de los legisladores, a conocer un dictamen recomendando, o no, su aprobación, dejando claro su pensamiento en las       actas de esa “única sesión”, como sustento de sus votos.

Al darse el resultado de la votación, en ese momento, los señores diputados ya no tendrían competencia sobre esa sui generis etapa, y, por ende, la consulta oportuna, lógica, formal, deseable, solo podrá ser tramitada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que, presumimos, ya debe estar considerando la admisibilidad de la propuesta de referéndum por “iniciativa ciudadana”, presentada por dos ciudadanos, uno de los cuales, por cierto, estuvo exiliado en Nicaragua, bajo la protección de Daniel Ortega, al alegar que su vida estaba en peligro en Costa Rica.

Contrario al voto mayoritario, nos dicen los tres magistrados que emitieron un voto de minoría, que los artículos 96 y 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sí facultan a los diputados para formular consultas de constitucionalidad sobre proyectos que se quieran llevar a referéndum, antes de que se realice la única votación que corresponde al plenario legislativo. O sea, que mientras se está realizando el debate reglado de la sesión del plenario legislativo, en que se votaría la iniciativa conjunta, sí podrían los legisladores que, creemos están siendo atropellados en sus derechos, presentar, ante la Sala Constitucional, una nueva consulta facultativa, ahora con más elementos jurídicos, donde incluso, se podría argumentar, la imposibilidad de analizar el texto enviado por el Poder Ejecutivo, en una comisión legislativa, como, reiteramos, precisamente lo sugiere el voto mayoritario recién recibido.

26.6.24

El efecto Yamal: MENTE NO EDAD ES EL LÍMITE

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

* Selección de Costa Rica contagiada.

Lamine Yamal, a sus 16 años, es el jugador más joven de la selección española en la Eurocopa, recién cumplida esa edad debutó en el poderoso Barcelona, desde ahí es figura.

En las concentraciones, como cualquier estudiante de secundaria lleva los libros, en esas organizaciones, la formación académica es innegociable.

CONTAGIO.

Inimaginable Gustavo Alfaro, entrenador de la renovada selección de Costa Rica, no haya contagiado a sus noveles jugadores con el efecto Yamal.

Alfaro con sus seis décadas, experiencias mundialistas a cuestas, es un denominado “pico de oro”, de verbo fácil, conocedor a fondo de cómo conducirse ante los medios de comunicación.

Los jóvenes de la escuadra tica le plantaron cara en el debut en la Copa América a la poderosa selección de Brasil.

EN SECO.

Vinicius Junior, figura estelarísima del Real Madrid, posiblemente próximo Balón de Oro, perdió varias jugadas mano a mano con Jeyland Mitchell, jugador de la cantera de Liga Deportiva Alajuelense, debutado hace algunos meses, cuando no había de otra por las bajas en el primer equipo.

Patrick Sequeira, portero de proyección, actualmente en un conjunto de tercera división en España, declarado jugador más valioso del cotejo Costa Rica frente a Brasil, esto ante un elenco plagado de estrellas, no es poca cosa.

El efecto Yamal va a permear en la juventud de hoy, en los hogares, política, organizaciones, la mente, no la edad es el límite.

La vida no es de muchachos, muchachas, viejas o viejos, es de quien sienta que puede, más allá de pocos o muchos almanaques.

El fútbol es un fenómeno de masas, así como hace pocos años un virus mandó al encierro a la humanidad, ahora el contagio Yamal, nos lanza a perder el miedo.

La existencia está para driblarla con desparpajo, atrevimiento, alegría, no es cuestión de monedas, simplemente, es creérsela.

Actividades que acaparan atención pero no nos ofrecen el desarrollo

José Luis Pacheco Murillo

Se están llevando a cabo actividades que acaparan la atención de millones de personas. Esa atención que debería estar puesta en otros asuntos de mayor importancia para el futuro personal y para el futuro de nuestros países. Sin embargo, hay que entender que esas actividades son de las que más gustan a la gente y de las que cautivan por espacio de dos horas o quizá más a millones.

Copa América por una parte y Euro Copa por la otra, como si fuesen dos pequeños mundiales de fútbol realizándose en dos continentes. Estadios llenos, fútbol maravilloso y una maquinaria publicitaria que hace imposible que esas actividades pasen inadvertidas.

Muchos aficionados se ilusionan con el hecho de que sus selecciones al menos “compitan” y no salgan goleadas. Otros añoran ver a la selección de su país como campeona pese a las limitaciones que poseen.

Dos escenarios muy diferentes. La Euro copa se realiza en Alemania país al que pueden llegar todos los aficionados que sean parte de la comunidad europea y no requieren visa ni hacer aduanas. La copa América se juega en Estados Unidos, país que pide visa para su ingreso y que requiere hacer aduanas.

Pese a esa diferencia los estadios de ambos países se llenan a reventar y las ganancias económicas son enormes.

Lo que debemos tener claro es que ni la Euro ni la América harán que nuestras economías logren salir a flote o que los salarios o las oportunidades de empleo crezcan. Esa es una tarea que está presente por más fútbol bonito que haya y que no debemos descuidarnos en nuestras metas personales porque ningún jugador de los que participan compartirán sus ganancias y premios.

Es agradable ver el fútbol y mucho más cuando la selección nuestra logra un resultado positivo, aunque muchos no lo esperarán.

Y vienen más actividades que acapararán la atención de millones. Desde el debate presidencial en Estados Unidos el próximo jueves entre Biden y Trump hasta las Olimpiadas en París y sin olvidar Wimbledon con su tenis. Disfrutemos todo sin olvidarnos de nuestras responsabilidades.

Caso Coopeservidores: ¡FUERA BOTELLONES!

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

El desenlace del caso Coopeservidores es un trago amargo para miles de personas.

La salida a los medios de comunicación de las autoridades de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) en vez de certezas, deja enormes dudas de las estructuras de vigilancia y control.

Es inadmisible que hayan sido engañados por la información generada a lo interno de Coopeservidores, además, por los auditores externos, quienes no habrían hecho la tarea.

¿Entonces, para qué sirven esas mega estructuras burocráticas? ¿Únicamente para recoger papeles y  cadáveres ante el dolor de los deudos?

Como si fuera poco, ahora el combo incluye la vigilancia de los regímenes de pensiones, con esa súper visión, a juzgar por los acontecimientos, andamos a tientas en la más oscura penumbra.

Si las superintendencias sirven únicamente para apilar documentos y pagar sueldos millonarios a botellones. ¡Apague y vámonos!

Farmacaja: Medicamentos más baratos otra mentira

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

¿Quién va a comprar los medicamentos del Seguro Social si ya la institución los da?

Las personas salen a adquirir medicinas, cuando la Caja no las tiene.

“¡Vaya con esta receta y la consigue afuera!” esta expresión se escucha muchas veces de los profesionales en ciencias médicas de la propia institución. ¿O no?.

El problema con los medicamentos carísimos, lo tienen, precisamente, quienes no encuentran respuesta en las existencias institucionales.

Son buenos.

Los fármacos del Seguro Social pasan rigurosos controles de calidad, aunque muchos los dejan en un rincón, a decir verdad, son buenos.

Desde hace años hay un mercado paralelo con las medicinas dispensadas en la seguridad social, esto es un secreto a voces en las inmediaciones del parque La Merced.

El aprovisionamiento de insumos es uno de los procesos más complejos en el Seguro Social.

No promete.

La anunciada Farmacaja o como la denominen, en esas ocurrencias sin ton ni son, no promete.

Los medicamentos genéricos siempre son más baratos, aquellos de libre producción, porque ya sus patentes caducaron, se pueden elaborar masivamente.

Los fármacos innovadores, están protegidos por leyes internacionales para su elaboración y comercialización, la propia institución, cuando los necesita, paga caprichos para adquirirlos de manera excepcional.

Mentira.

Medicamentos más baratos es otra falacia, la industria farmacéutica está llena de jaguares, es de los negocios más lucrativos en el mundo.

Quien piense esa medicina que no tiene Seguro Social, le va a salir más barata, puede seguir esperando sentado.

Las farmacias de la Caja, como siempre, para los asegurados no van a dar a basto, aquellas donde la institución (posiblemente al margen de su mandato constitucional) ponga productos a la venta, van a estar vacías, el personal, pagado con recursos económicos que le faltan, sosteniéndose las quijadas.

Las ocurrencias están a la orden del día, los populistas piensan, es únicamente soplar y hacer botellas.

Como tantas de las llamadas “rutas”, esta también desembocará en el despeñadero.

Mientras tanto, a traer esos medicamentos caros de Nicaragua, México, España, donde muchas veces se consiguen a menos de la mitad del precio, que en la carísima Tiquicia.