Por Carlos Meneses Reyes

Una verdadera carrera de criminalidad se ha ensañado a lo largo y ancho del país y lo ocurrido en la Provincia de Ocaña- Nororiente colombiano- sacudida por el secuestro de un niño de cinco años, hijo del alcalde de El Carmen (Norte de Santander) no es extraña a esa sintomatología. De los habitantes de El Carmen se pregona: los del Centro del casco urbano son decentes. Los del extremo de Guamalito, vinculados al arribismo consumista del traqueteo narco paramilitar. El comportamiento anómalo en el manejo de una sociedad trasciende a la función estatal, más allá de la gobernabilidad de un país. Al cuerpo de nación le afecta lo de un Estado fallido.

Lo acaecido en los últimos sesenta años en Colombia lo catalogan como un país en guerra (internacionalmente, como un país asolado por un conflicto armado interno). Esa guerra interna ha dejado 262.197 muertos. 80.514 desaparecidos. 37.094 víctimas de secuestros. 15.867 víctimas de violencia sexual, 17.804 menores reclutados. Pese haberse firmado un Acuerdo de fin del conflicto con las Farc-ep, 25.000 personas fueron expulsadas de sus lugares de origen. A más de seis millones asciende la población desplazada durante los últimos años. Ya son cerca de 500 los líderes sociales asesinados, desde ese supuesto fin del conflicto con el anterior presidente Santos, titular del opaco Premio Nobel que no significó emblema, ni representó la Paz.

LA FINALIDAD DEL ACUERDO Y UN DESPROPOSITO DE PAZ

El Estado colombiano no ha demostrado un firme propósito en la obtención del fin del conflicto armado interno. La no cooperación armónica de los poderes públicos constitucionales así lo demostró. La injerencia de los órganos de control, la Procuraduría y en especial la Fiscalía, constituyéndose en una talanquera en la noria de la implementación de los Acuerdos. Los partidos políticos, cual conmilitones en el ejercicio de la guerra, gracias al ejercicio de un sistema electoral corrupto e ilegitimo, echaron a perder la finalidad de la salida política al conflicto armado interno en Colombia. Todos a uno y en particular el partido fascista denominado Centro Democrático (CD), dieron al traste con la finalidad que un Acuerdo de Paz o fin del conflicto con una insurgencia no derrotada militarmente. No acatan el significado de erradicar o sacar la violencia de la práctica política. Ese propósito lo desconocieron. Generaron la polarización de las figuras Santos-Uribe, siendo la misma cara de la moneda del Bloque Oligárquico Anti insurgente dominante. Bombardearon la implementación de los acuerdos, desde todos los ángulos. No permitieron el fin del conflicto; sino que por el contrario enfilaron toda actividad hacia el engaño, la felonía, la traición y la frustración de un pueblo, generando el enfilamiento del conflicto a manifestaciones de una nueva guerra, aún no esclarecida en la realización de sus propósitos. ¡Implantaron en el escenario nacional la paz de los sepulcros!

QUE ESTA PASANDO CON EL ESTADO, CON LAS FUERZAS ARMADAS, CON LA POLICÍA, CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El panorama nacional y regional es claro oscuro. Paramilitarismo se asimila a terror estatal. Para el mes de mayo de 2018 un estudio difundido por el periódico The Guardian, indica que el ejército colombiano ejecutó, a 10.000 civiles en los falsos positivos, para truncar las estadísticas, hacer ver que estaban “ganando” la guerra y aumentar la ayuda militar estadounidense. Los investigadores Omar Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Rodríguez (“Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”). Corresponde a un ejercicio frio y calculado, durante décadas de conflicto. Las ejecuciones extrajudiciales “fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”. Rojas asegura que se atacó especialmente a menores con discapacidad funcional… Para los Juristas del Mundo que han participado en Caravanas de Juristas en Colombia. (La VI Caravana Internacional de Juristas se realizó en el pasado mes de agosto, con visitas a escenarios como El Catatumbo): “Nos ha sido muy difícil confrontar la bondad de los colombianos con unas tragedias humanas insospechadas”. “la violencia y la falta de esclarecimiento es lo que nos mantiene más preocupados”. Concluyen que luego de tantas denuncias y conocimientos de causas “nada hacia el futuro…”.

Ese “nada hacia el futuro” martilla la conciencia nacional ante la impunidad. Rebosan los dossiers sobre investigaciones y conocimiento sobre el paramilitarismo. La Corte Penal Internacional (CPI) no da compás de espera. Pero corresponde colocar el dedo en la llaga en el papel de los partidos políticos en el incremento del conflicto armado interno en Colombia. El propósito de un Acuerdo del fin del conflicto con las antiguas Farc- ep era sacar la violencia de la política. Los partidos de la derecha militarista no lo han permitido. Corresponde a una imposición de condiciones a regir para ambas partes: para el régimen y para quienes los confrontan.

Asistimos al exterminio, en escala genocida, contra los líderes sociales. Pero existen relaciones de con causalidad entre los asesinatos selectivos y sistemáticos a líderes en las diferentes regiones del país y los postulados del partido fascista Centro Democrático (CD). A manera de enunciado:

• Todo lo relacionado con la mega minería, la defensa del agua y otros recursos ambientales corresponde a lo programático neoliberal del partido CD. La defensa a ultranza de la invasión de la inversión extranjera sin límite al cinturón de la soberanía nacional es del ejercicio de poder hegemónico actual. Las manifestaciones contra los procedimientos para oponerse a tal fin las enarbolan los líderes sociales y dirigentes comunitarios, en defensa de lo autóctono nacional y soberano. El indicio o señal de la actual ocurrencia es que esos contradictores son exterminados sistemáticamente.
• Se conoce como reclamantes de tierras, a sujetos activos de los diez millones de hectáreas que, en un tiempo anterior y muy reciente de los periodos sanguinarios de Uribe en el poder, fueron desfoliados de sus tierras por la aplicación de la reforma agraria blanca del paramilitarismo en los campos colombianos. Lo programático del CD enfila contra la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras. Consagran el estatus quo de los juicios de pertenencia, en el sistema aberrante imperante en el Código Civil colombiano de la usucapión a los veinte años sin justo título; es decir, por las vías de hecho y el embuchado de los “terceros poseedores de buena fe”. Hoy esas tierras no son de paramilitares en particular, ni de agentes del ejército (…) son de multinacionales de los agrocombustibles, entre otros. La senadora del CD, María Fernanda Cabal, radica proyectos para el manejo de tierras, proteger a esa multinacionales y terratenientes particulares del latifundio improductivo, que criminalmente ocuparon esas tierras y persisten en los despojos a victimas campesinas. Ese proyecto busca “no molestar” a los que se quedaron con las tierras de los desplazados. En la usanza del vituperio, que es el modus operandi de ese partido fascista, el CD, esa flamante senadora, que cual ventrílocua señala a los reclamantes de tierras como “vagos y bandidos que no les gusta trabajar”, a sabiendas de sus consecuencias, ha llevado a considerar a Hernando Gómez Buendía: “Este asunto es crucial para el CD y por eso ha sido cogestionado entre Duque y su bancada”.
• Buen número de los acribillados líderes sociales son voceros de los reclamantes de tierra; sacrificados por tener conocimiento de las situaciones de despojo y mantener los contactos con las victimas despojadas de esas tierras. El sicariato al servicio de los intereses programáticos de un partido fascista como el CD. Todo, por cuanto impulsan la desigualdad económica y social, bajo lo legal y la permanencia de despojo y de concentración de tierras. Enfrentar la perversa y corrupta minería ilegal, pero no para salidas democráticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para ayudar y conceder gracias al sistema desbastador de lo extractivo en contra de los intereses de la nación y en beneficio del imperio de las multinacionales. Entonces, a parecen los cuerpos acribillados de esos defensores de las economías informales.
• Ese partido, CD, opera en las regiones de Colombia en el dominio político de formas de modos de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarquía regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses económicos, sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la corrupción sistemática de la economía subterránea, en la suplantación del Estado y en lo hegemónico social. Corresponde “hacia el futuro” desentrañar o desenmarañar la simbiosis para beneficiarse mutuamente, como si existieren intereses y finalidades en común, entre la existencia de la sistematicidad de los crímenes a líderes sociales y comunitarios (ya hoy no acusados de auxiliares de las güerillas) y el acumulado político para ese partido fascista, el CD.
• El Partido CD, apoyados por el presidente electo, desnaturalizaron lo del Reglamento de la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es decir civiles, involucrados en responsabilidades de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley para que no se dé el levantamiento del velo o secreto de las operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la Comisión de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementación de los Acuerdos, proponiendo la congelación de iniciativas al respecto y con engañifas al conocimiento jurídico universal, plantean la extinción de los delitos conexos al delito de Rebelión, como si ello fuera albur de cualquier “perico de los palotes” y no de la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de esencial aplicación del juez natural. La finalidad buscada apunta a entrabar y colocar talanqueras a la insoportable situación de no continuidad de las conversaciones con el ELN y la actitud de avestruz, ante la inminente necesidad de acercamientos políticos con el Ejército Popular de Liberación (EPL).
• Lo de la injerencia en la Justicia, por parte del fatídico partido CD, será tema de análisis en otra oportunidad, destacándose la búsqueda de una Justicia de bolsillo, al no aplicar ni el eufemismo de cortesana y de limarle a la Constitución del 91, el incisivo de la tutela: instrumento de mejor trato para servir de algo al sufrido pueblo. Sin olvidar la suerte de las ciudades, en el gobierno hegemónico de la derecha militarista, los pobres de los lugares apartados soportan la focalización de la violencia y son los sectores populares los que continúan poniendo los muertos en esta guerra que no termina.

¿Quién LOS ESTA MATANDO?

Por todo ello a futuro surge la cuestión: “¿Quién los está matando?”. La actividad política de denuncia nacional e internacional no se detiene. La convocatoria a la audiencia pública “Colombia por la Vida” en Popayán, requirió la presencia de los cuadros de ese partido CD, Guillermo Botero, como ministro de la guerra. De la Nancy Patricia Gutiérrez, como ministro del Interior. Ninguno de los dos asistió. La Fiscalía General aplica falsos positivos judiciales a miembros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente y del Congreso de los Pueblos y luego del escarnio y la picota pública son liberados.

Lo teleológico o finalista del presente enunciado corresponde a analizar que está trazada una directriz con el propósito que cualquier manifestación progresista, socialdemócrata, de la Colombia Humana y en especial consecuentemente revolucionaria, sea borrada de la faz del escenario político del país. Resulta inocultable que el partido fascista CD, se propone eliminar de la contienda política a todo líder y práctica política que proponga alternativas al modelo depredador de economía de casino neoliberal, que huela a defensa de los derechos humanos y la ecología, de reclamación y recuperación de tierras, de educación popular y defensa de la educación pública. No existe proclama política que reivindique el buen nombre de los líderes asesinados por parte de ese partido llamado e inscrito como Centro democrático (CD). De manera que cada día que cae un líder social o un testigo de excepción expresará: ¡un buen muerto!

No puede resultar que con el cumulo de sintomatologías enunciadas, un actor político como el partido Centro Democrático (CD) pueda eludir el peso de las investigaciones de la inteligencia del sistema estatal judicial y de la Corte Internacional de Justicia o Corte Penal Internacional (CPI).

Parecen los conciliábulos de sus Directorios Regionales, émulos de los partidos liberal y conservador, con su canibalismo político en la época de la violencia de los años 1950, tan degradados como en el presente, en que el “monstruo” Laureano Gómez editorializaba en el diario El Siglo, lo difundían los pulpitos del clericalismo anticomunista y al día siguiente se producía la masacre de liberales, tipo El Carmen, en el Norte de Santander, en el año de 1949.

LA RESPUESTA POPULAR

El actual gobierno hegemónico de derecha en Colombia entregó al imperio estadounidense la política exterior frente al caso de la República Bolivariana de Venezuela. Ha confiado, a pie juntillas, su política de seguridad al Centro Democrático. Su política corporativista y de especulación financiera a los gremios económicos. Semejando los sábados de Duque a los sábados de Uribe, el analista Manuel Humberto Restrepo Domínguez, en artículo publicado en el portal Rebelion.org. alude a los Talleres del Horror, enunciando que vuelven las masacres y la paz de los sepulcros. De otro lado, el líder popular Gustavo Petro ha roto el paradigma de la existencia de las tales “Águilas Negras” o “Águilas Verdes”, en la búsqueda de sustituir, dentro del contexto de investigación y desmonte definitivo del paramilitarismo, los ejemplos o modelos de antaño, superados y conocidos y centrarnos en los agentes de carne y hueso, criminales y desalmados de quienes están “de nuevo en el poder” atribuyéndose “el derecho a matar” e imponiendo el deber de “dejarse matar”.

Pero la Caravana de juristas Internacionales, en puntualización de la abogada británica Sue William, que nos visitó, plasmó una recomendación: “Después regresamos a nuestros países y escribimos un informe para visibilizar la situación del Catatumbo y el país, y que espero que sea un pequeño paso para cambiar”. ¡Ese también sea el reto “a futuro” de y para los juristas colombianos!

1. Al finalizar el presente escrito circula la noticia que el menor Cristo José, hijo del Alcalde de El Carmen Norte de Santander fue liberado, luego de siete días de desaparecido.

Enviado por el autor.

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