La Rectoría y la Rectoría Adjunta de la Universidad Nacional invitan a la Lección Inaugural II Ciclo 2018: “Autonomía universitaria y responsabilidades sociales: una reflexión”, impartida por la ex rectora de la UNA, Sra. Rose Marie Ruiz Bravo, este próximo 07 de agosto a las 10 a.m. en el Auditorio Clodomiro Picado, Campus Omar Dengo, Heredia.
Favor confirmar asistencia al teléfono 2277 3419 o al correo electrónico extension@una.cr(Vicerrectoría de Extensión).
Este próximo sábado 28 de julio a la 1 p.m. en el Salón Multiusos, de la Universidad de Costa Rica, sede Arnoldo Ferreto, Pacifico Central, se llevará a cabo el conversatorio “Déficit fiscal: Cuando al Gobierno no le alcanza la plata”, donde se discutirá ¿cuáles son las causas de esa situación y qué consecuencias tiene para nuestras vidas?
Panelista: Dr. Luis Paulino Vargas, Economista, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED.
*Entrada gratuita.
Organizado por Coalición Costa Rica, Puntarenas, Cantón Central.
La Rectoría y el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional (IEM-UNA) invitan a la presentación del libro: Masculinidades en la cultura del fútbol, este próximo martes 24 de julio, a las 9 a.m. en el Auditorio Clodomiro Picado, Campus Omar Dengo UNA.
Participan:
Patricia Mora Castellanos, ministra de la Condición de la Mujer INAMU.
Roxana Arroyo, profesora Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad del Posgrado del Estado de Ecuador, vicepresidenta Fundación Justicia y Género.
Julián Solano, presidente Unión de Clubes de Fútbol de Primera División (UNAFUT).
Modera:
Zaira Carvajal Orlich, directora Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).
A propósito del inicio del campeonato nacional de fútbol de invierno y ante el dramático aumento de casos de violencia de género reportados durante partidos, esta publicación cobra especial relevancia al abordar temas como los siguientes:
Las formas de violencia hacia las mujeres, hacia otros hombres y hacia sí mismos.
“Tener güevos”: la representación masculina del aguante, la valentía y la bravura en el fútbol.
Los otros no masculinos: “putos, maricones, cochones y huecos”.
Reeducando a los aficionados en una vida libre de violencia.
El rol de las federaciones nacionales e internacionales que rigen el fútbol.
Además…
Se presentará la campaña divulgativa de la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG-UNA).
En el acto se hará entrega de un ejemplar de la PIEG-UNA y su plan de acción a las decanaturas de las diferentes facultades de la Universidad.
***Mayores detalles con Carmen Ulate, coordinadora de la PIEG-UNA, a los teléfonos 2277-3974 / 8910-4668 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses, y en el que, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
A diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a acordar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también alzó la voz: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto fue adoptado por voto, con 21 votos a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación JICA expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado ante la crisis en Nicaragua
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados sobre derechos humanos de Naciones Unidas que preven mecanismos de supervisión y monitoreo al que pueden en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afecten a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayor éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
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Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El país más poderoso del mundo, al menos hasta recientemente, Estados Unidos de América, tiene en su clase política al sector más cínico que pueda conocerse en el mundo. Desde hace más de año y medio han debatido frenéticamente una posible intervención del gobierno ruso en las últimas elecciones nacionales para la presidencia. Ahora, su gobierno ha iniciado una guerra comercial internacional, gravando los productos en materia prima y procesados, de lo que llama sus países “socios” del libre mercado. Todo mundo sabe que históricamente, hasta la actualidad, EUA ha intervenido en una elevada proporción de elecciones en los países que cree son o deben ser de su dominio, es decir, más de dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas. Así mismo, ha sido ese país, junto con Inglaterra y la mayoría de la Unión Europea, quienes promovieron e impusieron el libre mercado al cual ahora se opone la administración Trump. Desde luego, con balances comerciales desfavorables para los llamados, por ellos mismos, países en desarrollo. El argumento de la guerra comercial de la Casa Blanca, es su alto déficit comercial con los demás países industrializados, particularmente, China. Trump sabe que esta guerra le trae beneficios inmediatos (no mediatos) a su necesidad de popularidad política en los sectores nacionalistas estadounidenses, al igual que su política “tolerancia cero”, abonando a su próxima re elección.
En el caso centroamericano, la balanza comercial es deficitaria para la región, más para unos que para otros de sus miembros, pero no se escucha los reproches de los gobernantes y la renuncia a los tratados de “libre comercio”. En el 2016, se registró una exportación de US$46,265.9 millones, mientras se importaron US$86,133 millones de los EUA. Una diferencia o des-balance de casi un 54%. (La Prensa/Económica 23/03/17). Sin embargo, con Nicaragua la balanza comercial ha tenido sus primaveras, donde EUA tuvo déficit comercial. ¿La pregunta es si algún país centroamericano se atrevería a grabar las importaciones desde EUA, para estimular su economía interna y resolver parte de su deuda externa o su déficit fiscal?
Recientemente, Ruanda, un país africano exportador de café, con un 45% de población bajo la línea de la pobreza, decidió subir los aranceles a la ropa usada importada, principalmente de los EUA, de US$0.25 a 2.50 dólares por cada kilogramo, a manera de estimular su industria textil, para subir la demanda de ropa producida internamente. Ruanda importa 17 millones de dólares en ropa usada desde EUA. Esto ha enojado al Tío Sam, quien le amenaza con aplicarle sus leyes de manera bilateral, tal cual lo hace con cualquier otro país del mundo, sin importar la pobreza del país víctima.
Esta guerra comercial ya está a toda marcha, solamente que adentro del campo de batalla, solamente participan los países industrializados del norte, Europa Occidental y Asia. Los demás, observan nerviosos, buscando refugio de protección y evadiendo los golpes directos e indirectos que pueden venir desde esas zonas, esperando que no sean letales. Entre más estrechas sus relaciones comerciales con esos países del G20, que ya implantaron más de cuarenta restricciones comerciales, los efectos e impactos serán mayores. Si antes de iniciado el presente año, habían diversificado la relación comercial, dejando de depender en más del 50% en su comercio con EUA, es posible que los países del Sur tengan posibilidades de mayor maniobra.
Como sabemos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) depende más de las aportaciones del G20, y EUA no respeta a los organismos multilaterales cuando estos no coinciden con sus políticas nacionales. Así que, la OMC será poco o nada lo que haga para un comercio justo, y nuestros países sub desarrollados, en esta guerra comercial, se verán obligados a optar. Indudablemente, esta guerra comercial tiene implicaciones políticas internacionales y el mapa mundial está cada vez más alterado, por las políticas estadounidenses con su guerra comercial, por el Brexit en la UB, y por qué los países que están siendo fustigados por el imperio norteamericano, buscan como evadir las sanciones financieras y de mercado de que son objeto. En medio de las guerras comerciales de muchas regiones del mundo y las bélicas de oriente medio, están las batallas por el control de los recursos naturales, en las cuales, quiera latinoamericana o no, está íntimamente vinculada. Es por el control de estos recursos naturales y por la ubicación geográfica de algunos países suramericanos que diariamente nuestros países se ven involucrados en fuertes discusiones internacionales y en represiones intestinas de sus gobernantes.
Otra aberración actual de los EUA, es escandalizarse porque otro gobierno haya podido influir en sus elecciones políticas.
En los últimos días, la derecha rancia de los dos partidos políticos que dominan el espectro político de EUA, le han dirigido toda las baterías letales a su presidente Donald Trump, por las conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quienes consideran coludidos, para que los Republicanos ganaran las últimas elecciones. Cierto o no, sabemos que eso es como aquel que viste sotana y condena diariamente las relaciones extra-maritales de sus parroquianos, pero tiene regados a varios “ahijados” por su parroquia.
Al menos en Centroamérica se sabe que no puede elegirse un mandatario sin la venia del Departamento de Estado, incluyendo a “izquierdistas” como el caso nicaragüense. Si no, pregúntenle al ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Él ni los candidatos de Libre pueden llegar a tomar el poder, si la “Embajada” no se lo aprueba. Así como imponen gobernantes con golpes suaves o duros, definen, no solamente a quién se elige, pero a quiénes el elegido define como miembros de su gabinete. Para el Departamento de Estado, tener un presidente re electo de derecha en Honduras y otro, supuestamente de “izquierda”, en Nicaragua, es una fórmula adecuada en sus relaciones con Centroamérica. No sería difícil adivinar las negociaciones tras bambalinas que J. Orlando Hernández y Daniel Ortega sostuvieron con el Departamento de Estado, la NSA, la DEA y la CIA, para hacer viable su re elección. La historia latinoamericana esta cundida de ejemplos de intervenciones estadounidenses en las elecciones de sus gobernantes. Por lo que, suena hasta ridículo que ahora, los sectores más conservadores estadounidenses levanten banderas contra una posible intervención en sus últimas elecciones. Ese comportamiento exclusivista no les abona en nada.
Así se desenvuelve el cinismo de los Republicanos y Demócratas conservadores de EUA, mientras tanto, sus medios corporativos siguen aumentando sus capitales con los escándalos que ellos fermentan diariamente. Quienes finalmente pagan las consecuencias de esas políticas imperiales y sus exabruptos, son las clases trabajadoras, la ciudadanía indefensa, las minorías vulneradas y las mayorías inocentes.
Para la derecha internacional, conservadora, neo-liberal y hasta neo fascista, se trata no solamente de acumular el mayor capital posible en las élites mundiales, regionales y nacionales, su misión es dejar a las grandes mayorías y sus líderes sin capacidad de protesta, de sobrevivir hasta que estas rueguen clemencia, para llevarlos a estados de esclavitud, pues hasta la pobreza, miseria y esclavitud, ha sido convertida en negocio de élites nacionales e internacionales.
Los pequeños círculos de poder de cada nación, son asistidos por los círculos de mayor altura y trascendencia, para que logren las mayores riquezas durante sus funciones burocráticas. Para ello, aumentan tarifas de los servicios públicos, en educación y salud, en el transporte aéreo, terrestre y marítimo. Los bancos internacionales colaboran concediendo créditos indefinidamente a nombre de los gobiernos que luego debe pagar el pueblo. Este drenaje de los raquíticos ingresos del pueblo e instituciones del Estado, no llega a satisfacer a los círculos del poder local, que tiene que compartirlo con los organismos internacionales, por lo que se involucran en mayores acciones que rebasan los cánones de la honestidad y el derecho establecidos, como son los lavados de activos, el tráfico de drogas y de humanos y el sicariato. Finalmente, llegan a un punto de no saber en dónde comienza la organización criminal y adonde se inicia la acción de las instituciones del Estado.
Algo similar, se está dando en las dimensiones internacionales. Cada vez se respetan menos las instituciones multilaterales y legados democráticos dejados en épocas anteriores, como son los acuerdos de paz, de los derechos humanos universales y parciales, de comercio, como del equilibrio climático, eco sistemas y riquezas culturales de la humanidad, del respeto a las autonomías y soberanías de los pueblos, gobiernos y naciones. Se rompe con mayor frecuencia con acuerdos multilaterales, buscando la hegemonía del más fuerte y poderoso. Instituciones multilaterales que han estado presentes cuando se requiere de intermediación, de puntos de equilibrio político y social, de la aplicación de la justicia ciega, de la aplicación de medidas restrictivas para evitar los abusos de los más fuertes contra los más débiles, esto y más hemos estado perdiendo en nuestra sociedad universal.
Se sabe que han existido esfuerzos constantes de la ultra derecha internacional para cooptar esas instituciones multilaterales, con resultados parciales. El caso de la OEA ilustra algunos resultados de cooptación conservadora. El rompimiento unilateral con el acuerdo multilateral suscrito por los 5+1 para el desarme nuclear de Iran, en mayo del presente año (ahora en negociación de un 4+1), es otro ejemplo. La sustracción de membresía unilateral de los EUA al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio del presente año y de UNESCO en octubre del 2017. La que ha sido una potencia mundial, controlada ahora por un gobierno ultraderechista, neo fascista, como el de EUA, se sustrae de los organismos multilaterales que no logra controlar o someter a su voluntad. EUA no resiste competencia en el control del mundo global, por lo que las Naciones Unidas son “su mal necesario” pero en proceso de reducción de fuerzas, por las políticas de la Casa Blanca. Según el partido Republicano en las Naciones Unidas no se actúa en concordancia de sus políticas internacionales y es un obstáculo para el control del destino global. Se lucha por el control absoluto del mundo y por ejemplo: en decisiones sobre quién respeta o no los derechos humanos, los EUA busca hegemonizar con su aplicación constante de sanciones a los países que no se someten a sus criterios e intereses. Ahora mismo está sancionando a altos funcionarios del gobierno nicaragüense, por corrupción y violación a los derechos humanos. Es posible que muchas personas estén de acuerdo, sin embargo, no aplica su regla medidora a otros países que han hecho lo del gobierno Ortega y mucho más. Es el caso de Colombia, desde Uribe y sigue sucediendo, sobre la eliminación de cienes de líderes sociales, negros e indígenas; en Honduras desde que apoyó el golpe de 2009 y el gran fraude en noviembre 2017 la impunidad, represión y violación de los derechos humanos es constante; sigue apoyando al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pese a su gran corrupción y últimamente, acusado de ser un depredador sexual, oculto en salas y cuartos oscuros. Tampoco se manifiesta contra las violaciones de los DH en otros países con gobiernos que son de su simpatía como Brasil, Argentina, Ecuador, adonde se coopta al sistema judicial local, para que persigan y neutralicen a los líderes políticos que no son de la simpatía de la Casa Blanca; menos actúan en contra de las matanzas masivas de palestinos por el gobierno israelita, ni por el asesinato en masa de yemeníes, en donde se ha demostrado su complicidad. Se ha tenido una década de quejas y acusaciones contra el gobierno venezolano por la violación de los derechos humanos, igual o mayor período de estar sucediendo matanzas cotidianas, femicidios, masacres, etc., en México y Colombia, pero allí la Casa Blanca se ha mandado al silencio.
Esto demuestra por donde van sus contradicciones de la ultra derecha con los organismos multilaterales, que como la ONU se manifiestan de forma colegiada respaldándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en convenios y acuerdos multilaterales. Es decir, lo que buscan los de la ultra derecha internacional es utilizar a los derechos humanos como un instrumento de lucha contra los gobiernos y pueblos que sí respetan los derechos humanos para lograr sus objetivos políticos de control, para finalmente apoderarse de los recursos naturales y el mercado que contribuyan a la acumulación del poder económico, militar y político de las élites mundiales conservadoras.
Los grandes conflictos bélicos que se han venido dando en el Golfo Pérsico por el control del petróleo y demás energéticos naturales, se está buscando implantarlos en nuestra Cuenca del Caribe, para lo cual, el Pentágono y las élites conservadoras buscan agudizar los conflictos sociales, llevarlos a conflictos políticos y eventualmente a conflictos bélicos. El objetivo es el mismo, pero el contexto es muy diferente. No es lo mismo asaltar y asesinar poblaciones completas a 8 mil kilómetros de distancia que hacerlo a las puertas de su casa. Indispensable es que se involucre a los gobiernos y pueblos de Sur América primero. No importa si en esto se involucra a pueblos como el costarricense, con una historia de paz y democracia envidiable. Y ya la OEA, mediante Luis Almagro, lo ha logrado al hacer miembro activo a Costa Rica del Grupo de Lima, frente político regional de esta estrategia regional contra América Latina.
Por lo anterior, la conquista contundente del pueblo mejicano el primero de julio, al elegir a un gobierno progresista, representado por Andrés Manuel López Obrador, está en un contexto muy delicado. Aunque el neo-liberalismo implantado por Peña Nieto ya le entregó la mayoría de su petróleo mejicano a las corporaciones gringas, queda todavía ver cómo va a reaccionar frente a esta estrategia regional de la Casa Blanca y su partido Republicano, de control de las riquezas existentes en toda la Cuenca del Caribe y en el Cono Sur, con el control también, del agua y otros recursos.
Desde luego, el tema de la migración seguirá siendo un problema que irá de mal en peor, dada esta estrategia estadounidense. Así como en Europa, el tema es de grandes “preocupaciones”, en ningún momento se verá a EUA viéndose dentro de las causales principales de la migración de latinos (“morenos discapacitados”). Desde luego, la causa principal está en el fracaso del neo-liberalismo para satisfacer las necesidades de las grandes mayorías, puesto que desde su creación fue para beneficio de una minoría elitista monetarista.
Algunos pueblos han venido enterándose lentamente del fondo de las maniobras elitistas conservadoras. Desde luego, es urgente que los pueblos de la clase trabajadora se concientice y deje al lado riñas secundarias e infantiles, para unirse en un solo bloque internacional. Seguir el ejemplo del pueblo mejicano es indispensable. Apoyar a los gobiernos en cada uno de sus proyectos en beneficio social general, y hacer valer su opinión ante cualquier medio, es prioridad. Como es prioridad no dejar a solas la lucha que ya está iniciando el nuevo gobierno mejicano, que aun cuando no se pertenezca a ese gran país, está buscando romper con las crisis, los abusos y las acciones imperiales de los EUA. Aún estamos a tiempo de que nuestro territorio no se convierta en campo de batalla por acaparar los recursos primarios y secundarios que la naturaleza nos proporciona, tal como han convertido al Golfo Pérsico.
Debemos estar claros que, en América Latina no existe una lucha entre el comunismo y el capitalismo como tales. Primero, porque el comunismo tal como se explica teóricamente no existe. Los gobiernos que hemos tenido denominados de izquierda, por favorecer a las mayorías que les eligió, no llegan a veces ni a socialistas. La izquierda no es sinónimo de comunismo, pero sí puede ser de la social democracia, el reformismo, y a veces, ha pasado de un perfil social demócrata a una imposición autoritaria conservadora que le hace el juego al neo liberalismo, como son los casos de Ecuador y Nicaragua actuales. En el contexto actual, donde la derecha se coloca en posiciones ultra-derechistas, hasta neo fascistas, los mismos liberales son acusados de socialistas y comunistas.
Así que dejando de lado la cacería de brujas a que se dedican las élites económicas por su incultura e intereses, se debe colocar bien los perfiles estratégicos de una lucha regional a la cual se ha invitado al pueblo trabajador latinoamericano. Así como emocionalmente se apoya a las selecciones deportivas en los torneos mundiales, así debemos trabajar para una vida de mejor calidad en la región donde hemos nacido.
Por Juan Carlos Cruz Barrientos y Margarita Bolaños Arquín
“La Constitución Política de 1949, como desenlace de una confrontación social y política que desnuda las asimetrías de una sociedad desigual y con una débil institucionalidad pública, establece un conjunto de basamentos sustentados en los artículos 50 y 74 que moldea el Estado Social de Derecho costarricense desde entonces. La institucionalidad pública articulada en instituciones autónomas y gobierno central, extiende los servicios de salud, educación, seguridad, electricidad, telecomunicaciones, transporte y agua potable bajo el principio de universalidad para todo el país que da vida a los valores de la democracia social de igualdad, solidaridad y justicia social.
(…)
A las puertas del bicentenario de la independencia y a 170 años de vida republicana, es perentorio para todos los sectores que integramos la sociedad costarricense sentarnos a dialogar y definir el futuro de los servicios públicos, actual andamiaje y arquitectura del Estado Social de Derecho. Seguimos presionados por las ondas globalizadoras aperturistas y privatizadoras que ven en los servicios públicos los negocios de una nueva forma de acumulación de riqueza con el argumento de generar empleo, bajar costos y hacer más eficientes los servicios”.
Ingrese en el siguiente enlace para leer el artículo completo.
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED le invita este próximo martes 24 de julio a las 5:30 p.m. a la exposición sobre el tema: “Resolver el problema fiscal y no morir en el intento, una propuesta progresista, justa y equitativa”, a cargo del Dr. Luis Paulino Vargas Solís. Esta actividad se llevará a cabo en el Paraninfo, aulas 3 y 4 de la UNED, carretera a Sabanilla.
Comentaristas:
Licda: Mélida Cedeños Castro, presidenta APSE
Luis Román Chacón Cerdas, secretario general UPIAV
Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández, ecomonista, feminista, docente ITCR
Sc. Francisco Solano Molina, economista y politólogo.
Transmisión por Facebook Live en la página del CICDE: Facebook/CICDEUNED
El pasado 9 de julio se llevó a cabo en el Auditorio UCR San Ramón, el conversatorio: Recuperaciones en territorios indígenas PH Diquís y relación cultural-ambiental y su paisaje con visitantes de Salitre, Cabagra y Térraba.
El conversatorio también se realizó el martes 10 de julio en el Auditorio de Educación, sede Rodrigo Facio, UCR.
Comentarista: Álvaro Sagot.
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La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica le invita al Conversatorio: Trabajando en contextos mediados por el narcotráfico, la criminalización de la pobreza y los efectos de las prisionalización, el cual estará a cargo de Ana Cajiao, este jueves 12 de julio a las 8:30 a.m. en la sala de audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota publicada en SURCOS titulada: Director del Observatorio para la prevención de la tortura habló sobre hacinamiento y monitoreo carcelario.
