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La profunda crisis en la que navegamos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(“Que no se diga que no se dijo…”)

“La gente se percibe menos representada y lleva una vida precaria con trabajos cada vez peores. El resultado es una mezcla de enfado, miedo y escapismo. Ya no se fía ni de los mismos hechos. Hay quienes le llaman populismo pero en realidad es descrédito de las instituciones”.

Noam Chomsky

 

Hace años, demasiados, navegamos en una crisis profunda. Tantos que parece que nos hemos acostumbrado a ella. No me refiero al saqueo de las arcas públicas, ni al tráfico de influencias, que están con nosotros desde tiempos inmemoriales, aunque se han hecho más notorios últimamente. Tampoco al anunciado colapso fiscal que es, más bien, una de las consecuencias de aquella.

En realidad, todo eso, y más, es síntoma de una crisis que subyace en el fondo, cuyas causas se hunden en las falencias de nuestra cultura política y cuyas consecuencias se extenderán más allá de los próximos cuatro años. Me refiero a la crisis de la democracia representativa; la que hace más de 40 años fue vislumbrada por Rodolfo Cerdas en términos de una crisis de la democracia liberal. A la que, hace unos 13 años, fue explícitamente advertida por Jorge Vargas Cullel, en términos de un riesgo de colapso democrático por dificultades de eficacia, representación y polarización.

UN TORTUOSO CAMINO HACIA EL ABISMO

Si la representatividad democrática falla, si los gobernantes electos no representan a todos, sino que sólo a la mayoría, una y otra vez; sin rendir cuentas y sin más consecuencia que perder las siguientes elecciones, entonces, el grupo de los inconformes, de los indignados, de los incrédulos, de los que se abstienen, de los excluidos, crece y crece como la espuma, como un mal presagio.

Pero si, peor aún, los presuntos representantes deciden sólo a favor de una pequeña élite, si gobiernan sólo para su pequeño grupo, después de haber prometido lo contrario para alcanzar los votos necesarios, entonces, la democracia representativa se corrompe y el pueblo soberano cae en la apatía y la anomia más evidente y peligrosa. La política misma se convierte en una estafa para los representados, frustración que se torna en furia, la que puede dar lugar a cualquier otro tipo de aberración.

Toda vez que el representante no representa al representado y que éste no puede exigirle que cumpla, el sistema de representación y la democracia electoral, que es su mecanismo, entran en crisis, naufragan en su propia contradicción. La democracia se niega a si misma.

UN TRISTE Y LAMENTABLE EJEMPLO

Tenemos ahora un ejemplo en esta elección, porque, tras el cuento de un gobierno de “unidad nacional”, un grupo de expertos del PLN, del PUSC y hasta del PAC, se aprestan para capitalizar un posible triunfo del PRN, o por lo menos eso quieren creer. Sin hablar de los objetivos, sin un acuerdo público, sin programa que quieran debatir. El partido Restauración parece ahora un cascarón vacío, una franquicia sin dueño que se pone en manos del mejor postor. Sin duda otra falsa promesa, una trampa para oportunistas. Pero, entonces ¿por quién, por qué y para qué votarán sus adeptos? Antes de la elección ya se ha burlado así el sistema de representación, siempre confiando en la ingenuidad del prójimo.

En tales circunstancias, los mercaderes de la publicidad también sucumben, porque sólo logran responder con lemas vacíos, golpes efectistas y encuestas dudosas y fallidas. La política desfallece en brazos del más descarado oportunismo, disfrazado de pragmatismo, en manos de la mercadotecnia y el show mediático.

EL FACTOR PRINCIPAL

En ese sentido, una serie de causas y efectos convergen y se acumulan en forma de espiral, con resultados cada vez más alarmantes. Podemos insistir por ejemplo, para sólo aludirlas, en las ilusiones propias de los procesos electorales que redundan una y otra vez en las mismas decepciones. Podemos señalar la eficacia coyuntural de la demagogia que pareciera pervivir, hasta hoy en día, sin aparente consecuencia. Podemos referir a la complejidad creciente de la gestión pública que dificulta la obtención de logros, o tan siquiera su simple divulgación. Etcétera.

Pero hay un factor central y crítico, en medio de esa tendencia caótica, que se llama partido político. En una democracia representativa, como la

nuestra, los partidos políticos juegan un papel indispensable, ya que son los llamados a cumplir con una serie de funciones clave. Voy a mencionar solamente cuatro, pero hay más.

La principal es la educación política. La política no se puede aprender en las aulas, sólo se la aprende haciéndola, por tanto, a partir de la práctica los partidos tienen que convertir las experiencias de las personas en reflexión y doctrina para mejorar continuamente la acción colectiva y conducir así a que la gente enriquezca su propia cultura. Ejercer el poder con responsabilidad es para esto indispensable. Un pueblo políticamente mal educado y mal informado, ya se sabe, puede elegir de cualquier manera y errar repetidas veces.

El partido debe ser también el mayor elaborador de ideas, es decir, debe proponer estrategias y programas a partir de lo que la gente dice y opina; debe desarrollar la habilidad de plantear problemas y ofrecer soluciones realistas pero ambiciosas. Otra función estratégica sería la generación, captación y selección de líderes. Cada integrante de partido debe actuar con ética, visión, estrategia y método para movilizar a otros hacia metas superiores. Nadie duda, hoy en día, del importante papel del liderazgo en las organizaciones sociales modernas. Por eso es tan importante elegir bien, quien no elige al mejor se traiciona a sí mismo; elegir por conveniencia, con mezquino interés, es la forma más eficaz de defraudar a la democracia. Asimismo, nada más corrupto que aceptar un puesto para el que no se está preparado.

Los partidos debieran ser también los principales fiscalizadores de la acción gubernamental, tanto si ganan las elecciones como si las pierden. Si las ganaron tendrían que ser los primeros en exigir cuentas a sus propios representantes electos popularmente.

Partidos así serían, entonces, organizaciones permanentes, articuladoras de la acción política organizada y de los mejores líderes de nuestra sociedad, serían nuestra principal instancia educativa, nuestra más contundente herramienta civilizadora.

¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

Ahora bien ¿han estado nuestros partidos políticos a la altura? Desdichadamente, no. Daniel Oduber dijo, hace muchos años, que el PLN era poco menos que un partido y poco más que una maquinaria electoral. Hacía entonces una profunda autocrítica. Cuando uno lee, hoy en día, que el Directorio político de ese importante e histórico partido considera que su labor terminó el pasado 4 de febrero, confirma que ha quedado reducido a algo menos que una maquinaria electoral; puesto que el proceso electoral ni siquiera ha terminado (tanto que se criticó a Jhonny Araya)

Cuando se lava las manos, como Poncio Pilato, y se inclina por no tomar partido en la presente elección (al decir también del Comité ejecutivo del PUSC) a la vez que llama a sus votantes a votar según su conciencia, se confirma que ya es un cascarón ideológicamente hueco, sin principios que defender, sin responsabilidades que asumir ¿Qué pasaría si todos su votantes asumieran la misma actitud? Esto sin sospechar que esto favorece, por debajo, a uno de los dos contendientes; aunque sin dar la cara, sin jugársela; en apariencia, sin correr riesgos. Pero, si la política no es correr riesgos entonces quién sabe qué será.

En paralelo, un grupo del PUSC declara su adhesión a ese mismo partido que no tiene nada que ver con su programa, ni con su supuesta ideología y trayectoria; al margen y en contra del líder que hace todo lo posible por hacerlo renacer de las cenizas. Asimismo, hace un grupo del PAC, el cual no es otra cosa que otra plataforma electoral (ver el artículo de Carlos Cruz Meléndez, “Ni chicha ni limonada”) porque si no lo fuera esas cosas no pasarían con tanta facilidad; pareciera bastante difícil, para una organización así, sostener una ética sólida. Para mi tengo, y para nadie más, que Carlos Alvarado sólo ha declarado dos tonterías en esta segunda ronda; una es que esto lo tiene sin cuidado. La otra es que las pintas en las iglesias no son de recibo; más allá de lo reprochable que pueda ser su acto ¿cómo no va a ser de recibo que nuestros jóvenes, nuestros hijos, se sientan tan desesperados e indignados? La respuesta de Fabricio al respecto, como se dice en fútbol, es para el olvido; aunque una vez más nos revela el autoritarismo que intenta disimular. Patética la intervención de otro candidato que parece que no ha entendido que lo queremos fuera de las elecciones.

En realidad, el PAC ha usufructado, para bien y para mal, de la cara búsqueda del pueblo costarricense de una tercera alternativa frente al PLUSC (coalición de hecho que ahora intenta gobernar otra vez por interpósita persona, después de un rechazo contundente el pasado febrero) Ya no importa que sea, cada día más evidente, que el candidato del PRN no sabe ni lo que dice; aunque parece haber aprendido muy rápido lo peor de los políticos tradicionales.

Ni qué hablar de otros partidos que se alquilan, que se inventan para obstaculizar a alguien, o que sustentan las ambiciones de una persona o una familia. La crisis de los partidos ha quedado al desnudo con el triunfo de un movimiento religioso que se convierte, a conveniencia, de la noche a la mañana, en una teocracia electoral. Un partido que, como sabemos, no tenía programa para gobernar, no tenía equipo, ni un candidato preparado para ser presidente. Ahora tampoco los tiene, pero hace su mejor esfuerzo por engañarnos al respecto ¿Lo logrará?

Con partidos así, que no educan, que no lideran ni generan liderazgos, que se arman y desarman cada cuatro años, que no generan ideologías ni actúan en consecuencia, las catástrofes de la democracia representativa sólo son cuestión de coyuntura y detonante. De ahí lo que se ha llamado elecciones volátiles y “vuelos de gallina”, entre otros curiosos fenómenos. La pregunta es más bien ¿cómo es que las cosas no están peor?

SÓLO TENEMOS UNA SOLUCIÓN

Esta crisis en la que navegamos sólo tiene una solución, una que es tan honda como sus efectos, tan larga como su formación, tan necesaria como su inevitabilidad: la democracia participativa. A los representados, después de delegar su poder a cuántos se han presentado a engañarlos, no les está quedando más que un remedio: tomar la escena política con su presencia activa. Hubiera sido hermoso poder decirlo con el PAC: no les queda más que el camino de la participación y la acción ciudadana. Pero, en este terreno, más que en ningún otro, su nombre le ha quedado demasiado grande.

El próximo 1 de abril, se abre una gran oportunidad para empezar, porque los votantes de todos los partidos tendrán la oportunidad de votar incluso contra sus propios dirigentes. Sólo uno de los cuáles tomó el toro por los cuernos y se atrevió a firmar un acuerdo público y transparente, bien por Rodolfo Piza. Aunque, ciertamente, es por lo menos extraño todo esto de la “unidad nacional” antes del resultado del 1 de abril, pues huele a truco electoral. Más extraño en el caso del PRN, que se ha convertido en el gran divisor de la familia costarricense pero pretende que le creamos que ha venido a unirnos y a defender la familia.

LA SOLUCIÓN ESTÁ EN NUESTRA CONSTITUCIÓN

Pero no todo está perdido. En el 2003 se abrió una esperanza, una puerta enorme por la que pueden pasar muchas y nuevas soluciones, se reformó el artículo 9 que ahora reza así: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable (…)” (Así reformado por el artículo único de la ley N° 8364 de 01 de julio de 2003)

A simple vista, parece que la reforma consistió sólo en agregar la palabra “participativo”. Pero es mucho más que eso, porque ningún gobierno puede ser popular sin participación de los gobernados; ninguno puede ser responsable sin tener que rendirles cuenta; ninguno puede ser representativo sin que los ciudadanos puedan intervenir en sus decisiones, incluso sin que puedan removerlo, más allá de elegirlo; ni hay gobiernos que puedan ser alternativos si la participación no genera nuevos liderazgos, cada vez mejores. Esa quinta característica es, por tanto, lo que le da sentido a todas las demás.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Ahora bien, ¿estamos caminando en esa dirección? A duras penas, tímidamente, con participaciones manipuladas y espurias, demasiado despacio, con retrocesos. Avanzamos, pero todavía sin la cultura y sin las capacidades que tal revolución democrática demanda y, sobre todo, sin partidos que se hayan reformado y reestructurado para responder al gran desafío estratégico, programático y metodológico que implica la democracia participativa. Siete años después de la más importante reforma política de la historia del país, ninguno ha mostrado consecuencia alguna, que sea visible y se pueda evaluar. Esto si que no es de recibo. Como se diría en pachuco: manda…

A veces, me parece que ni siquiera estamos en el punto de partida; que estamos más atrás, ni siquiera en la fase de debate; porque no se puede iniciar el camino de la democracia participativa sino en la fase de diálogo, que implica estar más allá del debate franco y sincero. Pero uno no ve que exista la condición básica, que es la voluntad de dialogar, pues los que gobiernan y dominan son los que ganan en río revuelto y a ellos les conviene que todo siga igual o peor; ya lo había dicho hace años el “Sup”: para el neoliberalismo la crisis es un modus operandi. Los privilegiados no dialogarán mientras tengan otra alternativa. Ni siquiera debaten, si creen que van a ganar.

Encima, el odio y la intolerancia que ha introducido el PRN en esta campaña, al capitalizar, electoralmente, la que ya se venía fraguando contra ese invento diabólico llamado por sus propios gestores “ideología de género”, nos ha puesto ya varios años atrás de ese punto. Desdichadamente, el daño ya está hecho, la confianza se ha perdido, y ahora sólo cabe tratar de mitigarlo. Esto ha sido así porque el odio causa odio, como el fuego causa fuego, aquí y en la China.

EN SUMA

Esta elección no nos sacará de la profunda crisis de la democracia representativa, pero uno de los candidatos sólo la empeoraría, ya que ni siquiera sospecha que existe y su política perversa no puede ser más ajena a esa perspectiva. El otro tal vez nos ayudaría a buscar el camino, porque es el único de los dos que por lo menos comprende el tema y puede crear las condiciones para que volvamos a debatir, aunque sea sólo debatir.

Para mi es obvio que sólo Carlos Alvarado podría ser un interlocutor válido y preparado para discutir este asunto, por lo demás ignorado por todos los medios y sus periodistas. Al otro Alvarado no le interesa, ni siquiera entiende de qué se trata, porque su partido-iglesia ni siquiera es democrático, es teocrático. Hasta ahora, este candidato no ha hecho más que mentir y desdecirse sin pudor alguno, con tal de llegar al poder ejecutivo, porque entiende, como todo político tradicional, que después gobernará según su antojo. Total ¿no es también una enorme mentira que Dios quiera que sus profetas, apóstoles y pastores concentren riqueza y poder en este mundo? Por ejemplo, él dice estar en contra del aborto, pero al mismo tiempo está en contra de la educación sexual, quizá porque no sabe, o se hace el ignorante, que es en los países donde hay mejor educación sexual donde la tasa de abortos es más baja, en buena medida porque se reducen los embarazos indeseados. Entonces, una vez más ¿en qué quedamos, está favor o en contra del aborto? Vaya usted a saber.

Lo que está ocurriendo en estas elecciones es el mejor (peor) ejemplo, o quizá un punto culminante de la crisis de la democracia representativa. El candidato del PRN está donde está no por sus propios seguidores ni por sus propios méritos. No está por esos que pagan el diezmo (impuesto que no paga impuestos y hace crecer el negocio y los bolsillos privados de los vendedores de milagros; para mi, una simple y antiquísima estafa imperial, que se da a vista y paciencia de todo el mundo, contra los más necesitados de atención) sino que está de primero gracias a votantes católicos confundidos por su jerarquía, esa que ya ha sido condenada por nuestro tibio TSE. Esos votantes hicieron que ganara la primera ronda y serían los responsables de que gane la segunda.

Solo que, en tal caso, lograrían así, irónicamente, poner de presidente a su peor enemigo (que no es el estado laico, como bien sabe el Papa Francisco) porque el “neopentecostalismo” que profesa Fabricio, hay que decirlo sin ambages, es todo lo contrario del catolicismo; de hecho, le ha declarado la guerra a lo que considera la idolatría católica, nada menos que a la Virgen de Los Ángeles. Incluso es todo lo contrario del cristianismo, porque la “teología de la prosperidad” se basa en sustraer dinero a los más desamparados, o sea, todo lo contrario del mensaje y la práctica de Jesús de Nazaret y de Francisco de Asís. La revancha de los mercaderes del templo podría consumarse ahora en este país, para escándalo del mundo entero y con el silencio cómplice de nuestra Conferencia Episcopal ¡Qué vergüenza!

Si esto llegara a pasar, veríamos en la silla presidencial al menos representativo de todos los políticos que se presentaron a esta campaña, uno que habría engañado a todos los incautos y oportunistas necesarios para iniciar aquí, nada menos que en Costa Rica, el reino (¿o infierno?) de “Dios” en la tierra, es decir, el reinado de los más recientes falsos profetas, quienes combinan, en su propio beneficio, el poder de la palabra con el poder del dinero; contarían, además, con los impuestos de todos nosotros (ellos que no pagan impuestos) La democracia representativa costarricense conocería, así, su mayor naufragio, tal como se está viendo desde los medios internacionales.

Pero, nadie pierda la esperanza, queda todavía mucho por ver, aún no ha sonado el final del partido; sobre todo, queda por ver qué tan sabio o ingenuo es este pueblo laborioso y sencillo y qué tanto nuestra gente sigue amando los valores solidarios que heredamos de nuestros abuelos, frente a los valores egoístas que hoy reúnen a los nuevos fariseos religiosos con los trasnochados neoliberales fanáticos del mercado, alrededor de un negocio redondo que es solo para unos cuantos, para unos pocos elegidos, precisamente elegidos por ese dios que autoriza el comercio de lo espiritual, mediante el reinado triunfante del dios Dinero.

Entre ellos, puede tenerlo por seguro, no estaríamos ni usted ni yo, ni el pueblo trabajador; en particular, tampoco el más abandonado de todos los tiempos: el que vive fuera de la Gran Área Metropolitana, en este país que presenta unas fronteras y costas con gente cada vez más vulnerada, excluida y desesperada. Costa Rica, costa pobre ¡oh paradoja de paradojas!

 

Hernán Alvarado.

 

Enviado por el autor y compartido con SURCOS por Rogelio Cedeño Castro y Carlos Sáenz.

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Prospecto de un país en crisis política

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Oscar Ávila

 

Honduras, en su última década ha pasado por experiencias políticas que ninguna sociedad madura puede envidiar. No solamente es un país que expulsa sus familias completas a buscar su futuro económico al Norte de América, como lo hacen los otros dos países del denominado “triángulo norte”, pero ahora tiene exiliados políticos en otros países, por la constante represión política, asesinatos de sus líderes sociales y políticos, etc. Desde las elecciones de noviembre del 2017, se cuentan más de doscientos exiliados políticos, declarados o no, en su gran mayoría estudiantes. Algunos han logrado salir con visas y medios adecuados, pero otros han tenido que escapar de la represión por cualquier medio que les permita salvaguardar sus vidas. Esto, sin contar con más de veinte prisioneros políticos encarcelados como los peores delincuentes y, lo peor, hay otras decenas de víctimas letales en manos de las fuerzas gubernamentales, regulares o irregulares, aun en la impunidad.

Uno de los logros nefastos del actual régimen dictatorial, con el apoyo de la derecha internacional, es envenenar la conciencia de la juventud para que ésta concluya despreciando la sola existencia de un Estado. Eventualmente puede llegar a desear, o un Estado neo fascista o la anarquía completa. Sin elegir a ningún gobernante por no creer en la real democracia. Podremos llegar a tener una juventud que no creerá posible un Estado democrático esencial para la vida de toda sociedad, pues no habrá llegado a vislumbrar, ni intelectualmente, la libertad, la equidad social y económica en toda su dimensión.

Con los dos últimos simulacros electorales, después del golpe de Estado por un grupo de liberales, aliados con nacionalistas, empresarios y jerarcas religiosos, en el 2009, esta ciudadanía no ha vuelto a vivir un estado democrático; es decir, que su población, ahora apenas en mayoría de edad (18), quien, en el golpe de Estado, apenas tenía cumplidos siete, ni siquiera ha vivido y conocido lo que es una elección política honrada y correcta. Conoce de golpes de Estado, de estados denominados “Democráticos” pero que son de-facto, de sobre-militarización y de violencia por expresar una opinión diferente. No ha vivido, con capacidad de discernimiento siquiera, los pocos años de democracia representativa anterior al 2009. Llegará a sus veintiunos (21) sin vivirlo, pero sí con esperanza de lograrlo, cuando alguien lo persuada de eso. Los gobernantes actuales saben eso, por lo que buscan consolidar un ejército de jóvenes neo-fascistas, que controle cualquier intento de Democracia real.

Los tres poderes de la república formal, junto a sus instituciones autónomas, no son otra cosa que un conglomerado institucional atado, desde sus bases hasta su vértice más elevado, como lo hace una enredadera-parásito sobre un árbol, hasta matarlo. Las redes corruptas, creadas por un grupo militante del Partido Nacional, cada una liderada por sus piezas más astutas, así como cínicas, controlan desde su base, hasta su parte superior, coordinando dentro de un circuito cuyo centro lidera su presidente Juan Orlando Hernández.

Pero este presidente no dirige sólo, este sistema corrupto, avasallador y degradante requiere de otros actores nacionales e internacionales. Él debe contar con las directrices de un grupo cerrado de los grandes empresarios y banqueros, además de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes participan de los mayores beneficios del botín. Éste poder también debe contar con el visto bueno y, generalmente, con las propuestas del poder estadounidense, como es usual. Esa última fuerza internacional ya se ha asegurado del sometimiento absoluto a sus directrices.

Pese a lo anterior, la ciudadanía sigue ejercitando algunas acciones democráticas en sus organizaciones locales, en sus barrios, escuelas, y demás espacios donde puede expresarse con algún grado de libertad. Lo que no deja de haber es la expresión de resistencia y protesta frente a los abusos y ofensas a los derechos ciudadanos por parte de las argollas del poder del PN. Ya se aprendió que no hay que estar inscrito en un partido político de oposición para expresar su repudio al sistema dictatorial, corrupto y narco que tiene el poder usurpado. Se aprendió que el problema atañe a toda la ciudadanía por igual.

No obstante, contradictoriamente, se está aprendiendo que el patriotismo y nacionalismo que expresan los grupos políticos mafiosos es parte de un simulacro construido desde el inicio de sus «carreras políticas» para ganar adeptos. Al momento mismo de acumular los primeros millones obtenidos por actos delincuenciales, abren sus cuentas en bancos internacionales, compran sus lujosas viviendas afuera de Honduras y en «paraísos urbanos» de la clase burgués que no habla el idioma español y menos el catracho. Buscan obtener membresía en clubs de la alta clase social extranjera y rosarse socialmente con grupos de “políticos” y empresarios dueños de fuertes capitales. Eso les hace felices, pues se asimilan cada vez más a otras “especies humanas, menos centroamericanas”.

Porque sus proyecciones familiares están afuera de Honduras, no les importa si dejan abismales deudas en el Estado, menos si dejan un pueblo más pobre y miserable, si las empresas extractivistas se llevan los recursos naturales, nada de eso importa. Más bien, gracias a esos daños irreversibles, esa clase gobernante, puede enriquecerse más rápido. Ojalá haya más pobres, sin casa, ropa ni zapatos, sin alimentación, etc., pues eso permite venderle proyectos a la comunidad internacional, quienes luego los sobre-financian. Así se lucha contra los pobres y a “favor del combate a la pobreza”.

Con esta pobreza institucionalizada y democracia dictatorial, Honduras confirma parte de lo que Trump llama “cloacas obscuras” y que la juventud catracha seguirá rechazando día a día, hasta transformar su institucionalidad en una democracia activa y participativa.

…./

 

Enviado por el autor.

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Presentación del informe de la investigación «La transformación agroecológica en la vertiente pacífica costarricense: Puriscal y Mora (1900-1955)”

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Presentacion del informe de la investigacion La transformacion agroecologica en la vertiente pacifica costarricense Puriscal y Mora

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia invita este jueves 15 de marzo a las 10 a.m. a la presentación del informe de la investigación «La transformación agroecológica en la vertiente pacífica costarricense: Puriscal y Mora (1900-1955)”, en el aula 3 del Paraninfo Daniel Oduber de la UNED.

 

Expone:

MSc. Orlando Amaris Cervantes

Comenta:

Dr. Wilson Picado Umaña (UNA)

Licda. Eva Carazo Vargas (CICDE)

Modera:

Dr. Luis Paulino Vargas Solís.

 

Enviado por Licda.Megan Lopez La Touche, Divulgadora Académica, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo(CICDE), Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica(UNED).

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CEPAL: tratado vinculante sobre ambiente y derechos humanos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

 

El pasado 4 de marzo finalizó en Costa Rica la novena ronda de negociaciones sobre un instrumento jurídicamente vinculante para América Latina sobre la protección a los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992).

Breve puesta en contexto

Se trata de la culminación de esta iniciativa regional, iniciada en mayo del 2015 en Chile y auspiciada por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, más conocida como CEPAL. A la cita concurrieron 24 delegaciones oficiales de Estados de América Latina y del Caribe, con el objetivo de poner un punto final a la incorporación, en un instrumento regional obligatorio, de algunos de los principios jurídicos mencionados en el Principio 10 de la Declaración de Rio de 1992, así como de nuevos principios jurídicos existentes, desarrollados por el derecho ambiental desde 1992. Remitimos a nuestro estimable lector al comunicado oficial de la CEPAL, al comunicado oficial de Naciones Unidas, así como al comunicado oficial de las autoridades costarricenses, saludando la adopción de este tratado regional, luego de nueve rondas de negociaciones.

La culminación de un arduo proceso negociador

Con ocasión de la octava ronda de negociaciones celebrada en Chile en noviembre/diciembre del 2017, se habían dejado entrever algunos puntos en discusión no consensuados en Santiago de Chile con los que las delegaciones llegaron a San José de Costa Rica. Desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, varios expertos en derechos humanos habían urgido a las delegaciones a no posponer más en Chile las negociaciones y a aprobar el texto sin más preludios: remitimos al lector a nuestra nota publicada en Debate Global en diciembre del 2017 titulada «Naciones Unidas urge a América Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente«.

Como aportes a la discusión, cabe mencionar, entre muchos otros:

– el documento preparado por Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú sobre los defensores del ambiente y la necesidad de protegerlos en su labor que configurará posiblemente el artículo 9 del futuro texto (véase nota oficial presentada a las demás delegaciones);

– la propuesta de Argentina y de Perú sobre la participación ciudadana en materia ambiental, configurando lo que será probablemente el futuro artículo 8 (véase texto de la propuesta), con fecha de julio del 2017;

– la propuesta de Chile y de Costa Rica sobre los artículos 13 a 25 circulada en febrero del 2018, posiblemente elaborada en aras de facilitar la aprobación del texto en Costa Rica (véase texto de la propuesta).

De manera muy oportuna, al haber sido dada a conocer a pocas semanas de iniciarse esta cita regional en Costa Rica, podemos también referir a la reciente Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una solicitud de Colombia, notificada el pasado 7 de febrero del 2018 (véase nota nuestra publicada en Debate Global titulada «Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos«).

Una luz esperanzadora para activistas y defensores del ambiente

Con relación al artículo 9 antes mencionado, su formulación antes de la cita en la capital costarricense se lee de la siguiente manera (y es de esperar que no sufrió mayores revisiones):

«Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales [Convenido]

  1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
  2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y de expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer sus derechos de acceso.
  3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contenidos en el presente Acuerdo«.

Como bien es sabido, son innumerables los casos en América Latina de defensores del ambiente que son objeto de actos de violencia y de asesinatos no dilucidados por las autoridades estatales, y que se mantienen en una indignante impunidad.

De igual forma, son incontables los casos de líderes comunitarios y ecologistas llevados en América Latina ante los tribunales nacionales por presuntas calumnia, difamación, resistencia a la autoridad, violencia en la vía pública, amenaza al orden público u otras figuras del derecho penal, con el fin de intimidarlos: en el caso de Costa Rica, repetidas ausencias de los abogados de una empresa minera canadiense a audiencias señaladas por el juez penal en tres distintas causas llevaron a los demandados por presunta difamación a publicar un artículo titulado: «Audiencias con el Infinito: ausencias…» en el periódico La Nación (y que al parecer surtió algún efecto: los abogados de la minera Infinito Gold se presentaron finalmente a las audiencias siguientes en dos de los tres casos).

De alguna manera este artículo 9 viene también a plantear a los Estados la adopción de medidas contra acciones intimidatorias de tipo penal que la doctrina anglosajona designa por el término de «Slapp Actions» («Slapp» – que significa «bofetada» en inglés – correspondiendo a las siglas de la expresión «Strategic Legal Actions Against Public Participation«): véase, entre muchos, este análisis publicado en Australia en el 2009 titulado «Quantum of strategic litigation — quashing public participation«, así como este estudio al respecto publicado en el caso de Ontario, Canadá en el 2010, titulado «Breaking the Silence. The urgent need for anti-SLAPP legislation in Ontario» y volante publicado en el 2010 sobre la legislación «Anti-Slapp» adoptada en Filipinas en el 2010.

Una valiosa iniciativa en espera de ser ampliamente difundida

Para quiénes se interesan por la génesis de cada uno de los artículos de este nuevo instrumento regional, el texto finalmente adoptado del futuro tratado consensuado en San José deberá ser comparado con el texto no consensuado correspondiente a la octava ronda de negociaciones (véase borrador del texto con corchetes, propuestas de enmiendas y modificaciones, que lleva la fecha del 22 de enero del 2018). El progreso logrado en las discusiones se puede apreciar con relación al documento de trabajo de abril del 2017, de cara a la séptima ronda de negociaciones realizada en Buenos Aires en julio/agosto del 2017 (véase documento).

Sin lugar a dudas, se trata de un texto de gran relevancia que permite reafirmar en la región latinoamericana una serie de principios en materia ambiental que han venido sufriendo una interpretación restrictiva por parte del aparato estatal: es el caso, por ejemplo, en Costa Rica de un episodio insólito acaecido con el juez constitucional en febrero del 2017 en materia de participación pública (véase breve nota nuestra al respecto). De igual manera, la adopción de este instrumento regional coincide con una reflexión doctrinal tendiente a recordar al Estado de Derecho sus obligaciones en materia ambiental: sobre el particular, referimos al artículo del Profesor Mario Peña Chacón (Costa Rica) titulado «Los derechos humanos ambientales en un Estado de Derecho ambiental», publicado en el sitio jurídico de Derechoaldia, y cuya lectura se recomienda.

No hace falta mencionar que la poca cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente.

A modo de conclusión: una amplia divulgación requerida

El pasado 2 de marzo del 2018, se conmemoraron dos años del asesinato de la lider indígena Berta Cáceres en Honduras, un hecho que conmocionó a toda Honduras y al movimiento ecologista en su conjunto. Desde noviembre del 2017, el informe GAIPE recopiló toda la información sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas por investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato (véase nuestra breve nota al respecto publicada en Elpais.cr).

No cabe duda que la coincidencia de fechas de esta conmemoración con la sesión final en San José de cara a la adopción de este instrumento regional puede ser leída como una poderosa señal.

Nótese que a más de una semana de haber sido aprobada en Costa Rica, no se ha aún podido tener acceso a alguna versión digital definitiva del documento adoptado por las 24 delegaciones presentes en Costa Rica en su versión en español. ¿Cómo explicar este vacío? No se tiene respuesta sobre este punto, que ameritaría una breve explicación por parte de las entidades convocantes a esta cita.

A penas esté disponible en el sitio oficial de la CEPAL, de Naciones Unidas o en el de alguna entidad oficial costarricense, se procederá a remitir al lector al enlace respectivo, no sin antes sugerir, en el marco de este breve comentario, que las facilidades que ofrecen las tecnologías de la información también debieran de ser aprovechadas por las entidades concernidas para dar a conocer en tiempo real un texto adoptado después de tres años de largas negociaciones.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional, Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

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La era post santos y la estafa electoral presidencial

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

Abordar el tema electoral a una semana de la fecha de elección de Senadores y Representantes a la Cámara del Congreso colombiano, es tarea atípica para un análisis desde la óptica de la izquierda desarmada en Colombia. ¿Existe esa izquierda?; o mejor aún, comenzar por explicar qué es la izquierda en Colombia.

No se puede descontextualizar el panorama colombiano del latinoamericano y mundial. Por izquierda se entendía una teoría propia para la acción en la lucha contra el sistema capitalista dado, a fin de cambiar esas estructuras, en la búsqueda del fin de la explotación del hombre por el hombre, propia del escenario de la lucha de clases y en la que una ideología: la del proletariado o clases explotadas, buscan la toma del poder por y para los trabajadores, mediante la creación de un partido, que tiene como brújula la toma de ese poder, con la finalidad de la construcción del socialismo. Esta es una concepción propia de la izquierda revolucionaria y guía para la acción de los cuadros revolucionarios. No ha finiquitado en el escenario de la lucha por las utopías. Pero hoy, en el sistema globalizado y el orden económico mundial imperante se habla de una izquierda enfocada en la consecución de las grandes transformaciones sociales, que tome las riendas de un gobierno y/o el manejo de las riendas del Estado, mediante la consolidación del poder político, bajo la fórmula de gobiernos alternativos ante la etapa más salvaje del capitalismo, conocido como el neo liberalismo privacionista o de privatizaciones.

Se concibe una izquierda como brújula dirigida a elevar el nivel de calidad de la población. El paso a los gobiernos alternativos se surte bajo prontuarios progresistas y socialdemócratas; operados o imbuidos bajo políticas frentistas o de frente. En esta concepción el salto cualitativo de la izquierda es la toma del gobierno, no la toma del poder. Esto es lo sucedido durante los últimos treinta años en Latinoamérica con la conformación de gobiernos alternativos o triunfos de gobiernos de izquierda (Venezuela, Brasil. Ecuador, Bolivia, Nicaragua). No han significado la toma del poder político. Así entendido, el Estado de la Revolución Bolivariana, es un Estado capitalista. Explicable, que las negociaciones del gobierno bolivariano con la oposición venezolana en Santo Domingo enmarcan dentro de las relaciones capitalistas. Cuando el hecho político de una negociación se da, en cualquier país del mundo, es para que lleguen a feliz término. Pueden sucederse varios intentos, pero el derrotero final será el acuerdo. Es propio del carácter imperativo de los pactos sociales. Si el Estado bolivariano fuera de y/o para los trabajadores, pues no hubiere conversaciones con la oposición; puesto que significaría que triunfó la revolución socialista; en la que no existe oposición sino unidad nacional en torno a la construcción del Socialismo. Otra cosa es que la injerencia del imperio haya dado al traste con las conversaciones en Santo Domingo entre el gobierno bolivariano y las fuerzas opositoras y se haya circunscrito un acuerdo, así explicado y comprendido, con un espectro menos amplio de la oposición venezolana, actualmente, en torno a las próximas elecciones en ese país.

Volviendo a la realidad colombiana, me acojo a que entiende por izquierda Boaventura de Sousa Santos: Izquierda significa el conjunto de teorías y prácticas transformadoras que, a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, han resistido a la expansión del capitalismo y al tipo de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales que genera, y que surgieron con la convicción de que puede existir un futuro poscapitalista, una sociedad alternativa, más justa por estar orientada a la satisfacción de las necesidades reales de los pueblos, y más libre, por estar centrada en la realización de las condiciones del efectivo ejercicio de la libertad.(1). Véase Boaventura de Sousa Santos: «Una izquierda con futuro», en Rodríguez Garavito, C., et al., La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura, Bogotá: Norma, pp. 437-457 (2005).

ANTECEDENTES PARA ABORDAR LA ERA POST SANTOS

Comencemos por rememorar por qué se da la conversación del fin del conflicto armado y su conclusión a feliz término entre el Establecimiento colombiano y la insurgencia de las Farc-ep. Ello obedeció a que los factores de poder predominante en Colombia, esencialmente oligárquicos y excluyentes, tornaron en una corriente de fuerza conjunta, ante el fracaso del experimento contrainsurgente paramilitar, representados en la política de “seguridad democrática” del duplo gubernamental de Uribe Vélez (conocido como el innombrable). Así entendido, se impuso una política de CENTRO. En doctrina política, lo de Centro corresponde a un espacio político esencialmente autónomo. A el confluye, no en forma mecánica, sino en un proceso dialéctico de historia, la capacidad de recibir todas las aspiraciones positivas, que en un momento dado sintetiza las aspiraciones de una sociedad. De tal manera que el Centro- en política- no es la identidad de un individuo, sino la síntesis de creatividad (política) de la organización política, expresada en partidos, que inducen su energía propulsora a encauzar las fuerzas que confluyan en proyectos comunes, en el escenario de las conquistas sociales de los pueblos. Ese sería el panorama predominante que podemos registrar durante el duplo gobernante del presidente Santos, hasta la firma del Acuerdo de La Habana y el Teatro Colón, que selló el fin del conflicto armado interno con la insurgencia de las fuerzas armadas de Colombia, farc-ep. Esa tendencia del bloque oligárquico de poder predominante cambió y sus variables se notaron en el debate de la implementación de los Acuerdos. No hubo necesidad de hacerlos “trizas” como pregonó el discurso de la derecha militarista. Los proyectos comunes y la filosofía de armonía y equilibrio de poderes se enfrentaron con el juego del poder legislativo y la enredadera del poder judicial, aunada la incidencia de un activismo de la Fiscalía, que no representa función de control constitucional; el asomo de la Procuraduría, como para no quedarse atrás y el desface de una Contraloría, a contrario del mandato constitucional de incidencia en la suerte de los fondos para la materialización de la implementación de lo Acordado. Por lo dado y así analizado, podemos concluir, que logrado el desarme de la insurgencia fariana, como fin primordial del Establecimiento y ya en las postrimerías del desgobierno del presidente Santos, la tendencia política de Centro, cesó, se extinguió, para dar paso a una política de derecha en consolidación al bloque de poder oligárquico imperante, con la sumatoria de réditos políticos que ha implicado la entrega de las armas de las antiguas farc-ep y su extinción como fuerza beligerante contra el Estado colombiano.

De manera que como faro de referencia tomaremos la era Post Santos como de una tendencia predominante de derecha.

SUSTENTACION DE LO ANTERIOR

Sin necesidad de acudir a un mayor esfuerzo del racionamiento expuesto y en lógica consecuencia del funcionamiento de la política, importa detenerse en los actores y/o espectadores que intervienen en el actual devenir histórico de la vida política nacional. Para ese escenario las fuerzas propulsoras que ejecutan proyectos comunes o de identidad partidaria giran – en la actualidad en Colombia- entre la Derecha y la Izquierda. No es dable hablar de Centro.

Partiendo de lo entendible que significa la Derecha en el ejercicio de la permanencia del Establecimiento, o estados de cosas actual; detengámonos en el ejercicio por comprender qué es la Izquierda en Colombia.

Tradicionalmente se identifica la izquierda revolucionaria la adepta a cambios revolucionarios a través de la lucha armada. Desde la teoría del foco guevarista no se concebía izquierda que no fuera revolucionaria y no fuera armada. Esta izquierda siempre permaneció dividida entre varias organizaciones político- militares armadas. Por cuenta del Frente Nacional, etapa en que los partidos tradicionales de interés oligárquico se repartieron el botín burocrático del Estado colombiano milimétricamente entre ellos dos, excluyendo cualquier expresión de izquierda opositora; turnándose la presidencia los dos partidos que originaron la Violencia y por ende actores y coautores del genocidio político, que costó la vida a más de trescientos mil colombianas y colombianos. Durante el llamado Frente Nacional (1958 a 1974, dieciséis años) surgieron las guerrillas insurgentes comunistas FARC-EP, ELN, EPL y surgió una guerrilla, el M-19, a raíz del robo de las elecciones al Partido Anapo, el 19 de abril de 1990; por el que la oligarquía instauró al último presidente del llamado Frente Nacional Misael Pastrana Borrero. Guerrilla que se alejó del marxismo-leninismo, de inspiración y postura nacionalista- militarista. Esa guerrilla de extracción pequeñoburguesa de las ciudades y también vinculada al trabajo campesino, en menor escala, actuó desde el año de 1974 a 1994, caracterizándose por sus acciones espectaculares en las ciudades. Se desmovilizó durante el gobierno del presidente Virgilio Barco (1990-1994).

Luego del llamado Frente Nacional continuaron los mismos partidos oligárquicos tradicionales alternándose el poder. Periodo conocido como de las “dictaduras civiles” con estatutos de seguridad incluidos; violación a los derechos humanos y al Estado de Derecho e incremento de la guerra contrainsurgente con la aplicación de la doctrina militar, la del enemigo interno y saturación de la barbarie e ignominia de la crueldad de la guerra sucia con la asunción de la creación del experimento paramilitar y la conducción de un modelo estatal a una economía subterránea de subsistencia con el narcotráfico, que ha llevado a la configuración de un Narco-Estado, hoy en día.

El proyecto de terminación del conflicto armado con la insurgencia de las Farc-ep no se proponía alcances de reformas políticas y económicas de fondo. Alentaba en la aspiración de desarmar las fuerzas de esa guerrilla, para garantizar que el capitalismo nacional y extranjero, minero, energético y desbastador del patrimonio ecológico tuviera libre acceso a la tierra y a los territorios que les eran vedados. Lo de la implementación se enredaría. Esa es una verdadera victoria política cantada del bloque de poder oligárquico. Y al así resonar esa diana ensordecedora en la conciencia del movimiento popular y esas ondas sonoras hicieron saltar en añicos la tendencia de Centro en Colombia, para darle paso al predominio de la tendencia de Derecha, sin matices, ni asomos edulcorantes.

La tendencia de Centro comienza por superar la disputa existente entre Santos y el innombrable. Desde las alturas del poder dominante o bloque de poder oligárquico, se trata de proponer la llamada “tercera vía” de Santos, carente de autenticidad y trasplantada mecánicamente al escenario político colombiano. Pero la respuesta en el imaginario social y popular es la identificación de esos matices engañosos en la consideración que se trata de ambas caras de una misma moneda. No hay tal “centro derecha”, ni “extrema derecha uribista” (o “uribeña”). Utilizando un lenguaje especifico, por las características comunes que comparten, en el escenario político colombiano, ellos o ambos, se identifican con un criterio de clasificación único y por ende comparten una misma jerga, un discurso especifico idéntico. Con categorías identificables de intereses comunes, de reconocida identidad en lo retrogrado, violento, corrupto y regresivo. Asistimos a la consolidación del poder oligopólico, como el escenario de un mercado dominado por pocos vendedores, siendo el país movido por los grandes empresarios, como Carlos Ardila Lule, quien centra los monopolios de RCN, industrias de las gaseosas e ingenios azucareros y deportes masivos con el Atlético Nacional. Luis Carlos Sarmiento Angulo con el Grupo Aval, Fondo de Pensiones Porvenir, El Tiempo, Clubes de Futbol como Millonarios y América de Cali. El capital especulativo del Sindicato Antioqueño, con el usufructo de la Banca, conformado por Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa, Grupo Sura, Fabricato. La industria de la construcción de la Costa Atlántica, con el cacique senador Fuad Char, dueño de la cadena Olímpica y del Junior de Barranquilla. Todos beneficiarios directos del fin del conflicto armado parcial, primando sus intereses sobre el de las víctimas del conflicto, orondos sobre el gatopardismo de que todo cambie para que nada cambie.

ALGO SOBRE LA ESTAFA ELECTORAL QUE AVECINA

El espinoso tema electoral tiene dos vertientes: Una, la elección de Senadores y Representantes a la Cámara. Dos, la elección de presidente de la República. Competir con los analistas de derecha sobre el tejemaneje electorero es tarea ardua. Parten de presupuestos y de suposiciones. Toman el acumulado de lo ilegitimo histórico de los resultados pasados de un sistema electoral corrupto de entronización de la ilegitimidad y también de la ilegalidad. Proyectan sobre lo falsario; bajo la egida de la dictadura mediática y del conduccionismo de la opinión pública. Sin ningún reato de conciencia, no cumplen pena, luego de haberse absuelto el pecado del fraude. Estériles elucubraciones sobre cuantos podrán salir, con la seguridad absoluta que el uno sí, que el otro, no. Son verdaderos prestigiadores, ilusionistas, como expertos en la combinación de trucos y habilidosas verborreas, sorprendiendo con encuestas y entrevistas viciadas en el arte de hacer aparecer y desaparecer electores y descubrir lo inocultable. Al escucharlos y leerles rememoro la invocación del cuadro del pintor flamenco El Bosco “El prestidigitador y el ratero”, de la coloquial toma grafica del truco de la bolita: ¿Dónde está la bolita? Levanta la tapa y en esta otra tampoco. En esa labor de rateros y embolatadores de la opinión pública, ocultan, cohonestan y participan en el engaño, el mentís y la burla para el incauto que carece de malicia y se deja engañar. De cuando acá que el partido tal perderá un congresista y que el del innombrable crecerá en número de elegidos o que el palo de sorpresa va a ser tal. Confieso la imposibilidad para competir en tan inmoral juego.

Pero intentemos abordar un análisis de la situación electoral, sin los referentes de las encuestas, los programas manipuladores de opinión, las entrevistas preconcebidas en el tejemaneje impositivo de la dictadura de los medios, sin soporte probatorio fidedigno.

Partir de hechos concretos como ha de ser la política. Partiendo que en política se suma y no se resta; la perdida de oportunidad del candidato Sergio Fajardo de llegar a una coalición con el también aspirante De La Calle, los colocó – recíprocamente- en una situación de desventaja. La candidatura de Vargas Lleras reposa sobre el supuesto de los cuatro millones de firmas recogidas, que a la postre se redujeron en un cincuenta por ciento. La consulta del 11 de marzo no solo medirá el pulso del fraccionado Centro Democrático, para la escogencia de su candidato, avalando que el aspirante Iván Duque ha modificado el discurso agresivo de su mentor, acudido a soportes académicos e identidades de relaciones con sus contendores de clase e intereses, buscando apoyo en sectores de la derecha diferentes a su partido; lo cual causa escozor en su interior.

Pero el centro gravitacional de cara a la primera vuelta presidencial radica en el fenómeno Petro. En esto de las lides electorales también juega quien pega primero, pega dos veces y la campaña presidencial de Petro tomó ventaja, al menos con un mes de antelación, optando por el lleno de las plazas públicas (Sincelejo, Valledupar, Comuna 13 de Medellín, Ciudad Bolívar, etc.). Ello implica, indudablemente trabajo organizativo. El único que ha respondido ha sido Vargas Lleras, con la manifestación en Cúcuta, en un derroche costoso de dinero; colocando diez mil sillas plásticas en dos cuadras de la encerrada céntrica avenida quinta, doblando, visualmente, el efecto de sus asistentes. También con su presencia en la Plaza de Bolívar, al acudir a los fanáticos de una mega-iglesia de una tal Castellanos de elevados costos invertidos en el traslado de feligreses y la difusión, en la gran prensa de foto montajes del evento.

El sorprendente interés que ha desplegado la candidatura presidencial de Gustavo Petro ha colocado la encuesta partidaria a realizarse el próximo domingo 11 de marzo, en el mejor instrumento para medir el alcance de sus aspiraciones. La expresión que las bases del Polo y las del Partido Verde, pidieron pista a sus directivas para permitirles públicamente depositar voto a su favor en esa contienda, demuestra el peso específico de esa aspiración y la ratificación que la izquierda unida colombiana se identifica con su propuesta. Un factor material de análisis carentes de fementidas encuestas, que al tomarlas nos permite deducir la existencia de algo, es la disponibilidad del activismo socialdemócrata y liberal a no dejar pasar las expresiones de la extrema derecha fascista y militarista representada en un candidato del Centro Democrático. En tal sentido admite que un grueso de ellos participe en la consulta a favor de Gustavo Petro. Repito, la consulta del 11 de marzo se constituye en optimo barómetro, en el que, de manera explícita y clara, por no decir gráfica o virtualmente se va a definir la suerte entre el candidato Petro y el candidato Iván Duque. A ojo de buen cubero, a promisión para el interés del candidato Gustavo Petro, ha de superar el total de los votos emitidos en esa consulta, mínimo en un 50% a total de la votación de la consulta del Centro Democrático. Y cómo después de la quema se ve el humo quedará la figura del delfín Vargas Lleras, que tiene que ver directamente con los intereses de los grandes cacaos ya mencionados; puesto que ellos no arriesgan equivocarse en quien represente sus intereses, su proyección financiera especulativa y planes a futuro.

Analicé que la división entre la izquierda reformista y la izquierda revolucionaria, adepta a cambios radicales a través de la lucha armada fue algo del pasado. Ello permite avalar que la imagen de la izquierda no requiere “purificarse” ante los ojos del establecimiento, ni retocarse ante los ojos de la dictadura mediática, con tintes de derecha, para ser bien vista. Aquí no opera- como insiste la mediática en imponérnoslo- el fenómeno relacionado con los candidatos “antisistema”, en los cuales opera como efecto de las redes sociales y de las denominadas “fake news” de propagación rápida, una repetición sobre el sorprendente resultado del plebiscito por el NO. Aquí no se puede injertar el resultado del “Brexit” en el Reino Unido; o, así como sucedió en las últimas elecciones en Guatemala; o del citado efecto “fake news” con relación a Trump, o el salto de un desconocido a la presidencia de Francia.

Siendo que objetivamente no ha concluido el conflicto armado interno en Colombia, es evidente la injerencia de la diplomacia de las cañoneras por parte del imperialismo de los Estados Unidos. Es constante en el propósito del destino aciago que causa tristeza y dolor al pueblo colombiano, por defender, en nuestro territorio, los intereses económicos de sus empresas, los intereses geoestratégicos, por la ubicación de Colombia, para consolidar su dominio intervencionista continental, aunada a los intereses de las oligarquías colombianas, como sus aliadas incondicionales gracias a su docilidad y el poderoso despliegue de las fuerzas armadas colombianas, como si fueren el agente político mas próximo del imperio, dispuestos a jugar un papel crucial en los procesos políticos internos del país. Pero el Actual debate electoral va dejando en claro que el vértice no es la incidencia en la situación de la vecina Republica Bolivariana de Venezuela; ni el NO a los Acuerdos de La Habana; como tampoco el que se patee o no la Mesa de Conversaciones con el ELN en Quito.

Obviamente, corresponderá analizar los resultados electorales del 11 de marzo. Quede claro, por el momento, que tal como esta la equivalencia de juego de fuerzas e intereses conviene ubicar dentro del bloque de poder oligárquico las candidaturas de Vargas Lleras, la de Iván Duque, De La Calle y Sergio Fajardo. De ser así el indicativo, preparémonos para que la torcida de las encuestas contra Gustavo Petro sea adyacente a la hipótesis política que circula en portales y medios alternativos de información, en el sentido que “Petro podrá ganar las elecciones, pero será Vargas Lleras (Gé Vé Llé) con su mafia de Cambio Radical quien será el próximo presidente de Colombia. A Petro lo estafaran…” Y es vox populi: “o lo asesinarán”.

 

Enviado por el autor.

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Presentación del libro “Política y matrimonio gay en América Latina”

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Presentación del libro Politica y matrimonio gay en America Latina

La Escuela de Ciencias Políticas, el CIEP y el CIEM de la UCR invitan este jueves 22 de marzo a las 7 p.m. a la presentación del libro Política y matrimonio gay en América Latina, con el profesor Jordi Díez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Guelph, Canadá.

La actividad se llevará a cabo en el Instituto Cultural de México.

Moderador: Felipe Alpízar, director CIEP, UCR.

Comentaristas: Larissa Arroyo, directora ACCEDER y María José Cascante, sub-directora CIEP, UCR.

 

Enviado por Comunicación y Divulgación del CIEP, UCR.

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Enajenación e instrucción oficial – aporte al debate

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael Ugalde

 

Releo los artículos fundamentalistas, tanto con tintes políticos, electorales y religiosos, en relación con los Alvarado, y encuentro que, hay sectarismos, en todos los bandos. Esta carambada parece unas nuevas Cruzadas desde una pequeña Costa Rica, subjetivista y en la que parece que el sistema de instrucción ha servido más a la enajenación que a liberarnos como personas. Estas elecciones nos tienen enceguecidos a expertos y misceláneos en política y religión, porque nos empujan a que pensemos que éste o aquel va a ser mejor gobernante, ¿por cierto, quién gobierna en Costa Rica?, a ocultarnos que la democracia representativa, herida de muerte y agonizante para el pueblo de Costa Rica, es pasajera. Dicho esto, y que para que quede claro, reitero que, ni uno, con Biblia en mano, ni el otro, con una supuesta humildad aparente, resolverán al pueblo sus graves problemas y su más de 100 años de injusticia y exclusión, ya que el sectarismo religioso y el antirreligioso que vivimos estos días, unas veces disfrazados de intelectualismo, otras de forma chambona, nos llevará a auto excluirnos y en esta carrera en pos de justificar lo injustificable, hasta alteramos contextos históricos. Cuando atribuyen a Jesús haber dicho a “Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César” olvidamos una máxima dialéctica: “Un texto sin contexto es un pretexto”. En este caso basta ir y analizar el contexto histórico, político y económico, así como a quién iba dirigido el mensaje de este líder, a fin de tener una idea del por qué Jesús fue tan categórico en materia de impuestos. Mientras pasemos de puntillas sobre todo este contexto, me parece, y lo digo con el mayor respeto, es un simple pretexto para defender una tesis, que se convierte en una falacia de autoridad, como suelen llamarla los juristas, que consiste en recurrir al conocimiento o trayectoria moral de alguien de peso para convencer con mis argumentos. Diez Picasso nos puede dar más luz en su libro sobre el Estado y el PODER.

II).- Yo supongo que nadie calificaría hoy a Francisco de intentar ponerle mecha a una MOLOTOV, anunciando, como lo hizo, la canonización de Monseñor Romero que hizo del contexto de la pobreza, los desaparecidos, los expatriados de El Salvador, una actualización del mensaje de Jesús que, por cierto no gustaba nada a la jerarquía conservadora, y especialmente, de quien después pasó a ser venerado como santo: Juan Pablo II. Este acto de Francisco, respecto a ROMERO, no puede calificarse de mero acto: Es una manifestación política de un religioso que está a la cabeza de la religión católica, apostólica y romana. Agrego algo más: NO HAY UN SOLO Estado en LATINOAMERICA, en el cual la religión católica, apostólica y romana no haya tenido que ver con la formación del mismo, desde el mismo momento que el europeo llegó a saquear estas tierras, hasta el día de hoy. POR EL DESARROLLO HISTÓRICO DE CADA UNO DE LOS Estados, en algunos de ellos, la presencia de los purpurados se disimula más que en otros, pero está presente en todos, la hipocresía de Occidente, que en casi todas las áreas ética y morales, tiene doble rasero, pues nos ha hecho creer que religión y estado deben ir separados, cuando eso no se cumple ni siquiera en la Federación Rusa, donde los ortodoxos tienen influencia directa en el KREMLIN; NO POR ESO PODEMOS DECIR QUE LOS RUSOS ESTÁN EN LA COLA DEL DESARROLLO POR LA RELIGIÓN. Lo traigo a colación para que veamos hasta donde llega la hipócrita moral religiosa de Occidente, donde sí la religión ha servido materialmente al poder que ellos mismos ayudaron a establecer, en detrimento de los oprimidos a quienes ofrecen un Reino lejano, ocultándoles que el verdadero Reino está acá y es que usted y yo levantamos con la lucha día a día.

III).- Con el desarrollo de los medios de comunicación en América Latina el monopolio del saber religioso, así como la interpretación de la Biblia, su sistematización y visión de otros grandes escritores que fueron excluidos arbitrariamente, amenazó seriamente el conservadurismo de la jerarquía de la iglesia. Para peores de males, para estos conservadores, se vino para América LATINA LA Revolución Cubana, y a millones de nosotros el marxismo y el materialismo histórico, nos abrió los ojos para ver que la opción por los pobres, las mujeres lanzadas a vender su sexo por falta de trabajo y falta de escolaridad (EUFENISTICAMENTE OCCIDENTE las llama trabajadoras del sexto y no prostitutas, como la MAGDALENA), POR EL CAMPESINO SIN TIERRA, POR EL OBRERO REPRIMIDO, NO SOLO TENÍA CABIDA EN EL DISCURSO DE JESUS, sino que era muy semejante a la bandera que levantaron revolucionarios como FIDEL, El Che, Camilo Torres, Cabañas, etc.. Después vino la teología de la liberación y enseño en América Latina que la religión de nuestros ancestros esclaviza; el cristianismo como conducta y ética, libera. Y todo iba muy bien, hasta que el enemigo número uno de la humanidad descubrió que las estructuras del catolicismo, del que se había servido históricamente, necesitaba ser reforzadas, con tal de que jamás naciera una IGLESIA latinoamericana con características propias, con un cristianismo que hiciera de JESÚS histórico su eje primordial. Financió y desarrolló por todos los medios la llamada iglesia electrónica, escogiendo como sus actores principales la denominación pentecostal, partiendo y haciendo suya una enseñanza que el catolicismo había repetido Y ATRIBUÍDA A Jesús, cuando dijo que debía de irse pero a ustedes dejo un ayudador. Se refería al espíritu santo. Fue cuando por todo América Latina las congregaciones pentecostales brincando, bulliciosas, hablando en lenguas, según ellas, curando enfermos etc, salieron de debajo de las piedras; la respuesta del catolicismo fue los carismáticos. Pero la CIA había logrado su cometido. Había puesto a pelear el catolicismo romano contra la teología de la liberación, y a los llamados “protestantes” o evangélicos los metió a todos en el mismo saco, habiendo distintas denominaciones cristianas como presbiterianos, anglicanos, bautistas etc- a fin de que la brecha histórica surgida a raíz de la reforma de Martín Lutero, se agrandara hasta nuestros días.

IV- Por eso veo con tristeza, como incluso, personas que se suponen tienen una capacidad analítica admirable, que un patas vueltas como este humano no les amarra los cordones de los zapatos, estén enfrascados en convencernos que éste es mejor, porque anda con una biblia debajo del brazo, es mejor el otro Alvarado, porque tenemos matrimonios homosexuales defiende las guías sexuales o el estado laico, hay que apoyarlo. Al 20% de la población se le está cayendo la casa, unos 500 mil costarricenses comen gracias a la tarjeta de crédito, los latifundistas de Guanacaste están dejando sin sus parcelas a los campesinos si no se apuntan a sembrar piña y melones, los salarios en el país están congelados en el sector privado, el sindicalismo en la industria es un sueño. PERO Fabricio ya escogió su equipo de gobierno.¨ ¡Ay….y qué equipo de neoliberales!, el otro Alvarado no se queda atrás. PROMETIÓ A LAS CÁMARAS PONERLES A DISPOSICIÓN UN MINISTRO SIN CARTERA. Y en la mira de ambos grupos está el negocio privado de la Electricidad, está el BANCO nacional que lo van a quebrar. PIDAN LA LISTA DE NOTARIOS EXTERNOS QUE DESIGNÓ ELPLN y el PAC EN EL Nacional y ustedes verán las mansas palomas que están cartulando; está RECOPE, está la educación pública, la salud…. En lugar de estar en esas babosadas deberíamos estar ya reuniéndonos para finiquitar una estrategia de lucha, buscando coincidencia para organizarnos, articularnos y movilizarnos.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com

Enviado por el autor.

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Hay mucho en juego en esta elección

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por José María Gutiérrez (*)

 

Quizá muchas personas vean la cercana elección presidencial con indiferencia, como una más de las repetidas disputas electorales que se han dado en el país. Otras, decepcionadas por la política nacional, vuelven su mirada hacia otro lado, como si no fuera con ellas. Con todo respeto, quienes así proceden se equivocan. Esta elección nos coloca ante uno de los momentos más críticos en la historia política e institucional de Costa Rica.

La posibilidad de que llegue al poder ejecutivo un grupo con el planteamiento del Partido Restauración Nacional (PRN) tiene profundas implicaciones que remecen elementos esenciales de la convivencia democrática. Una sociedad compleja y diversa como la nuestra debe fundamentar su funcionamiento en valores de respeto a su heterogeneidad, de tolerancia y de debate racional que considere las perspectivas y las opiniones de todas las personas y colectivos.

En su historia, y en medio de variadas tensiones, el país ha logrado cimentar aspectos clave para la vida democrática, tales como la coexistencia de posiciones diversas, la valoración de los derechos humanos y de la dignidad de las personas más allá de sus creencias, el respeto al ámbito de la intimidad y de las opciones vitales de cada quien, y el apego al derecho nacional e internacional. Algunos de estos valores medulares han sido claramente cuestionados por la dirigencia del PRN. Es algo muy grave.

Pero además, las posiciones fundamentalistas que este grupo asume en temas de impacto en la vida nacional va contra la tendencia madura de la política basada en evidencias. Los planteamientos que se elaboren sobre asuntos diversos deben tener un sustento racional centrado en lo que la realidad nos muestra, en lugar de partir de posiciones basadas en la intolerancia, las verdades preconcebidas y los prejuicios.

Los informes del Programa Estado de La Nación y los de otros grupos que estudian nuestra sociedad ofrecen valiosos insumos para la toma de decisiones. Se requiere cultivar una cultura política centrada en el análisis riguroso de lo que ocurre en el país y en la discusión respetuosa de posiciones divergentes. Por ello, la posibilidad de que los complejos temas de la vida nacional sean abordados desde la óptica de quienes creen poseer la verdad de manera exclusiva tira por la borda cualquier intento de construir una convivencia basada en el debate constructivo. El respeto a la pluralidad debe prevalecer.

No menos importante en esta coyuntura es la necesidad de optar por un grupo de personas que hayan mostrado capacidad y experiencia en el manejo de los asuntos públicos, cuya formación y trayectoria garanticen que, una vez en el gobierno, se pondrán al servicio del bien común con una filosofía de análisis, diálogo y búsqueda de consensos. A la hora de hacerse cargo de la conducción del país, la improvisación es un pésimo insumo.

Estamos entonces ante una coyuntura electoral decisiva. No cabe la indiferencia ni el cinismo; tampoco es tiempo de adoptar posiciones oportunistas en el complejo ajedrez político nacional. Lo delicado de la situación invita a una clara toma de posición. Es fundamental colocar en el gobierno a un grupo que respete y cultive aspectos esenciales de la convivencia democrática. En este contexto tan crítico, se nos presenta una clara opción: votar por Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC).

 

(*) José María Gutiérrez, microbiólogo y profesor universitario.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com

Artículo publicado originalmente en www.elpais.cr y publicado por SURCOS a solicitud del autor.

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Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolás Boeglin (*)

Costa Rica y el derecho internacional una aclaracin en medio de una campaa convulsa
Figura extraída de nota de prensa de Informa-tico titulada «Carlos y Fabricio arrancan parejos la segunda ronda: CIEP».

La actual campaña electoral en Costa Rica se distingue de las anteriores en muy diversos aspectos. Uno de ellos, entre muchos más, tiene que ver con el hecho que esta campaña ha sido extremadamente profusa en referencias al derecho internacional. Algunas declaraciones de uno de los candidatos a la Presidencia fueron puestas a prueba en este interesante artículo publicado por el Semanario Universidad (véase texto del artículo titulado «Las ideas de Fabricio Alvarado sobre la Corte IDH, puestas a prueba«).

Al haber dedicado varios años a la enseñanza de esta materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el observar la percepción que tienen unos y otros de esta rama específica de la ciencia jurídica, tanto en los partidos políticos como en los medios de prensa, así como en otros espacios de debate, constituye una inédita coyuntura, que amerita algunas breves reflexiones.

Soberanía y derecho internacional

Para iniciar, podemos recordar que ningún Estado se ve sometido contra su voluntad a aplicar normas internacionales. La base de las obligaciones internacionales de un Estado la constituye el consentimiento en obligarse expresado por el mismo Estado. Por ejemplo, si Israel no ha ratificado la Convención para la Prohibición y Uso de Armas Químicas de 1997 (véase estado oficial de ratificación), sus disposiciones no le son aplicables. Para citar otro ejemplo más cercano a todos nosotros, si Costa Rica no ha ratificado (ni tan siquiera firmado) la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y los de sus Familiares de 1990 (véase estado oficial de ratificaciones), no hay cómo forzar a Costa Rica a someterse a este tratado y a los mecanismos de monitoreo y supervisión previstos.

El consentimiento en obligarse a un tratado internacional constituye un acto libre y soberano, mediante el cual el Estado acepta internacionalmente obligaciones contenidas en un tratado, cual sea el ámbito de este (comercio, transporte, desarme, salud, derechos humanos, ambiente, u otro). Cada Estado prevé en su ordenamiento jurídico los procedimientos legales para manifestar este consentimiento.

Si un tratado establece un órgano o un mecanismo para examinar el cumplimiento del Estado con respecto a las obligaciones internacionales que contempla, ello forma parte del conjunto de obligaciones suscritas contraídas. Por lo tanto, afirmar que una resolución de un órgano internacional, cual sea la denominación de esta, “atenta contra la soberanía” de un Estado, es desconocer uno de los basamentos fundacionales del derecho internacional contemporáneo: la voluntad soberana del Estado.

Al inaugurarse un valioso espacio de reflexión propiciado por la Asociación Costarricense para el Derecho Internacional (ACODI), habíamos tenido la oportunidad de referirnos a la contribución histórica de Costa Rica al desarrollo del derecho internacional, que va mucho más allá del campo específico de los derechos humanos (Nota 1).

En este inicio del 2018, insistentes cables nacionales e internacionales tienden ahora a teñir de gris esta imagen de Costa Rica en la defensa y en la confianza en el derecho internacional, iniciada hace más de 100 años, y reforzada con la abolición del ejército en 1948, que lleva con gran orgullo cada costarricense. Tal y como lo planteábamos en la precitada nota “defender la integridad territorial y reclamar por el debido respeto de las normas internacionales es mucho más efectivo aplicando normas que movilizando tropas”. Las actuales autoridades de Costa Rica acaban de celebrar, al iniciar este mes de febrero de 2018, decisiones del juez internacional de La Haya que confirman esta apuesta costarricense hecha hace 70 años.

La posibilidad de liberarse de obligaciones internacionales

Todo Estado que asume libre y soberanamente compromisos internacionales, cual sea el ámbito de estos, puede, si así lo consideran sus autoridades, optar por suspender los efectos jurídicos de estos, procediendo a retirarse del instrumento normativo que los establece, según los procedimientos internos previstos en su ordenamiento jurídico.

Como ejemplos recientes, podemos indicar que desde el referéndum del 23 de junio del 2016, el Reino Unido está procediendo a retirarse de los instrumentos legales que crean la Unión Europea y negocia las condiciones de su salida. Promesas de campaña del actual ocupante de la Casa Blanca desde el 20 de enero del 2017 han llevado a Estados Unidos a renegociar el acuerdo comercial vigente con Canadá y México, y a retirarse del proceso de negociación de otro instrumento (el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica más conocido como TPP). Otra promesa de campaña llevó a Estados Unidos a anunciar en agosto del 2017 su retiro del Acuerdo de París sobre cambio climático suscrito en 2015, procediendo el Departamento de Estado a redactar una nota formal cercana a un verdadero malabarismo legal, incluyendo el uso del término «reengage» inexistente en el léxico del derecho internacional (Nota 2): para presentarlo de la forma más sencilla, Estados Unidos pretende retirarse de un tratado al que no es aún parte, lo cual plantea serias interrogantes para muchos especialistas en el derecho de los tratados.

En efecto, es cuando han suscrito y luego ratificado un tratado internacional que los Estados pueden proceder a denunciar el tratado (y no antes). La figura de la denuncia está expresamente contemplada en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, la cual dedica una cláusula a esta figura legal, ampliamente reconocida por el derecho internacional (Nota 3). La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, también suscrita en 1969, incluye una disposición (el Artículo 78) relativa a su denuncia (véase texto), al igual que muchos instrumentos multilaterales.

En América Latina, podemos referir al lector a algunas denuncias a diversos tratados multilaterales realizadas por Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela en los últimos años (Nota 4). En el caso de la denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las reacciones registradas lamentando esta decisión fueron de tan solo cuatro Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos – OEA -, de los cuales uno (Estados Unidos) no es parte a dicho instrumento.

Considerada como una atribución soberana del Estado, tanto la jurisprudencia como la práctica internacionales validan la denuncia de un tratado internacional, sujetándola simplemente a algunas condiciones, en particular en cuanto a sus efectos, que no pueden ser inmediatos.

En un ámbito distinto (el retiro de una declaración de aceptación de la jurisdicción de un tribunal hecha por un Estado), la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la argumentación de Perú en 1999 dictaminando que este retiro tampoco podría surtir efectos de forma inmediata (Nota 5).

Declaraciones de campaña que merecen una aclaración

Un gobernante puede como Jefe de Estado retirar a Costa Rica de las organizaciones internacionales a la que es parte y denunciar los tratados que considere que son lesivos para el Estado, o retirar la declaración de aceptación de la jurisdicción de un tribunal.

Lo que debería de precisar quién sostiene esta posición siendo candidato a la Presidencia (y hacérselo ver sus contrincantes si no lo hace), es que ninguno de estos actos surte efectos inmediatos, y mucho menos de forma retroactiva: el ordenamiento jurídico internacional puede resultar a veces un tanto inacabado para el jurista, pero las reglas para liberar a un Estado de una obligación internacional son extremadamente precisas.

Dicho en otras palabras, ninguno de los temas de derechos humanos que han motivado tan peculiar postura durante esta inédita campaña electoral se vería afectado al retirarse Costa Rica de una organización internacional o bien al denunciar un tratado: estos actos, de materializarse algún día, no surtirían efectos sino después de un plazo de 12 meses contados a partir de la notificación hecha por Costa Rica al depositario del tratado (figura cuya función recae usualmente en la Secretaría General de alguna organización internacional).

Por lo tanto, ninguna obligación internacional derivada de un tratado internacional o de una decisión de un tribunal internacional relativa a la discriminación de la población sexualmente diversa podrá ser desconocida por el Estado costarricense si Costa Rica optase, en algún momento, por denunciar un tratado o retirarse de una organización internacional.

El efecto inmediato de declaraciones de esta naturaleza

En cambio, un candidato a la Presidencia puede estar seguro del impacto inmediato que puede tener esta postura, generando titulares que pueden debilitar la credibilidad de Costa Rica en el plano internacional, al poner en tela de duda la seriedad de los compromisos que ha asumido ante la comunidad internacional.

Tratándose de un ámbito tan sensible como el de los derechos humanos, estos titulares pueden incluso estar dando ideas a gobernantes de Estados con una tradición mucho menos respetuosa de los derechos humanos (y en particular de los derechos de las minorías) que la que ha prevalecido históricamente en Costa Rica.

Una reciente declaración pública sobre un futuro gabinete formado por personas «moralmente heterosexuales» (véase nota de La Nación) plantea interesantes preguntas, que confirman la percepción antes apuntada. Las disculpas públicas presentadas con posterioridad (véase nota de ElMundo.cr) constituyen una buena señal, en medio de la crispación de actitudes y discursos que ha provocado la actual campaña electoral. En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio (Nota 6).

En Chile, en setiembre del 2017, su Presidente firmó un proyecto de ley que tipifica como delito la incitación a la violencia por discriminación (véase nota de prensa de Cooperativa): remitimos al lector al texto del proyecto de ley como tal, disponible en este enlace.

Una peligrosa deriva discursiva

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica había advertido sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio que parecía haberse apoderado de la campaña electoral costarricense, después de la primera ronda electoral del pasado 4 de febrero (véase nota de prensa de ElMundo.cr). Semanas después, se registra un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad).

Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, así como a la Corte Europea de Derechos Humanos, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por esta y algunas otras entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla (Nota 7).

Recordemos que desde 1966, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas estipula que: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estarán prohibidas por la ley” (Artículo 20, párrafo 2).

Volviendo a la situación en Costa Rica, en materia de lucha contra la discriminación y contra la intolerancia, la tarea pendiente es aún laboriosa. En sus observaciones al informe oficial presentado por Costa Rica (pocamente divulgadas en medios de prensa), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en abril del 2016, entre muchos otros puntos preocupantes en materia de derechos humanos en Costa Rica, que:

“10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación» (Nota 8).

Hace más de 10 años, en el 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había examinado el caso de Natividad Canda Mairena, recordando la imperiosa necesidad de prevenir el clima de discriminación y de xenofobia contra la población migrante originaria de Nicaragua: véase texto del informe sobre admisibilidad, en el que se lee que (párrafos 222-223):

«Ante este tipo de fenómenos, es obligación de los Estados adoptar medidas positivas para revertir o cambiar cualquier situación discriminatoria existente en la sociedad y velar porque se garanticen los derechos reconocidos en la Convención a todas las personas bajo su jurisdicción, sin distinción de nacionalidad.

223. A la luz de estas consideraciones, la Comisión considera que, prima facie, los hechos alegados de ser ciertos podrían caracterizar violaciones a la Convención Americana en sus artículos 8 (garantías judiciales), 25 (protección judicial) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1.1 de dicho instrumento internacional, en cuanto se refieren a la eventual existencia de una práctica sistemática de discriminación hacia los migrantes nicaragüenses en Costa Rica«.

Pese a haber sido adoptada esta decisión de la Comisión hace más de 10 años, este doloroso episodio en Costa Rica no ha dado lugar a programas educativos sostenidos en el tiempo tendientes a prevenir la discriminación y la xenofobia, las cuales se manifiestan a menudo en el seno de la sociedad costarricense (Nota 9).

A modo de conclusión

Las reglas imperantes en derecho internacional son bastante claras en cuanto a las obligaciones jurídicas de los Estados, en particular cuando estas últimas derivan de un instrumento normativo como un tratado multilateral.

El principio de irretroactividad de la norma es bien conocido en la ciencia jurídica. El mismo principio aplica a la hora de liberar a un Estado de sus obligaciones internacionales.

Esperamos, con esta modesta precisión, contribuir a un mejor conocimiento de esta peculiar rama de la ciencia jurídica como la es el derecho internacional, que tanto le debe a Costa Rica.

 

-Notas-

 

Nota 1: Véase nuestra nota BOEGLIN N., “Costa Rica y el Derecho Internacional. Una introducción”, ACODI, Blog, enero del 2017. Texto disponible en el siguiente enlace.

Nota 2: Véase nuestra nota al respecto, BOEGLIN N., «Formalizando lo prohibido: la carta de denuncia de Estados Unidos sobre su denuncia al Acuerdo de París«, Debate Global, 2017. Texto disponible en este enlace. Nótese que la propuesta de «reengage» a Costa Rica luego de retirarse de un tratado también fue escuchada en los últimos meses por parte de uno de los aspirantes a la Presidencia.

Nota 3: Véase el artículo 56 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados suscrita en 1969. Texto disponible en este enlace.

Nota 4: Sobre la denuncia realizada por Bolivia, Ecuador y Venezuela de la Convención de Washington de 1965 que crea el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjero y Estado (CIADI), referimos a nuestros estimables lectores a la siguiente nota: BOEGLIN N., “ICSID and Latin America: Criticisms, withdrawals and regional alternatives”, ISDS Platform, 2013, texto disponible en este enlace. Sobre la denuncia por parte de Colombia en el 2012 de un emblemático tratado que lleva el nombre de su propia capital suscrito en 1948, véase BOEGLIN N., “Le retrait de la Colombie du Pacte de Bogotá de 1948”, Universidad de Laval, CEI, 2012, disponible en este enlace . Sobre la denuncia en el 2012 por parte de Venezuela de la Convención Americana de derechos Humanos suscrita en 1969, véase BOEGLIN N., “Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos”, Derechointernacionalcr, 2012, disponible en el siguiente enlace.

Nota 5: Véase párrafo 53 de la sentencia sobre competencia de la Corte IDH de 1999 contra Perú (caso Tribunal Constitucional vs Perú, texto disponible aquí ) que se lee de la siguiente manera: “Por las razones anteriores, la Corte considera que es inadmisible el pretendido retiro por el Perú de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte con efectos inmediatos, así como cualesquiera consecuencias que se busque derivar de dicho retiro, entre ellas, la devolución de la demanda, que resulta irrelevante”. De igual forma, en el caso Ingabire Victoire Umuhoza vs Ruandá, la Corte Africana de Derechos Humanos validó el retiro de la declaración de reconocimiento de la jurisdicción de la CorteADH por parte de Ruanda, estableciendo que surte efectos jurídico 12 meses después de notificada (véase texto de la sentencia del 2016, párrafo 69).

Nota 6: Desde el 2014, una iniciativa de ley (Expediente Legislativo 19.062 titulado «Ley para combatir la discriminación, la incitación al odio y la apología del odio y la discriminación«) pretende tipificar este delito en el Código Penal. Véase referencia en el punto 3 de este enlace del 2016 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Tanto el expediente 19.062 como el Informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa están disponibles en la red. Manifestarse de forma pública contra un grupo determinado de personas constituye una incitación al odio: es una materia que ha interesado desde muchos años el derecho penal en otras partes de América Latina, en aras precisamente de prevenir esta conducta social y sancionarla cuando necesario de forma ejemplarizante: véase por ejemplo estudio titulado «Estudio sobre la prohibición de la incitación al odio en las Américas«, disponible aquí y documento muy completo preparado en el marco de un taller realizado en el 2011 por Naciones Unidas sobre la prohibición de la incitación al odio, disponible en este enlace.

A modo de ejemplo sobre formas de tipificar la incitación al odio, encontramos en el Código Penal del Uruguay el siguiente artículo:

«TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I

Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)

El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión».

ARTICULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión».

Nota 7: Sobre la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, remitimos al reciente artículo publicado en México, que resume también el estado de la discusión a nivel internacional: ESQUIVEL ALONSO Y., «El discurso del odio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos«, UNAM, Cuestiones Constitucionales, 2016, disponible en este enlace.

Nota 8: Véase al respecto nuestro breve análisis, que contrapone lo indicado por el Comité de Derechos Humanos con el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica: BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes«, DerechoalDia, abril del 2016, disponible aquí.

Nota 9: Cabe precisar que la Comisión Interamericana rechazó en el 2007 en su informe sobre admisibilidad la petición de Nicaragua en el caso de Natividad Canda Mairena, al no haberse agotada la vía interna en los tribunales de justicia de Costa Rica. Por lo tanto, no entró a examinar todos los aspectos de fondo. En el 2012, los tribunales de Costa Rica absolvieron a todos los imputados aduciendo falta de pruebas (véase nota de prensa de La Nación). Sobre pendientes de Costa Rica en la materia, véase BARRANTES CECILIANO A., «Caso Natividad Canda: Pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia«, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional, Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

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Charla – Foro: Religión y Política Electoral

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este viernes 2 de marzo se llevará a cabo a las 4 p.m. en el Museo Regional de San Ramón la charla-foro: Religión y Política Electoral: un Camino para perder el rumbo, a cargo del profesor Alberto Rojas Rojas.

Esta actividad la organizar Articulando Occidente por Costa Rica.

Para más informes comuníquese al número 8382 8792 o al correo hanniaf@gmail.com

 

Enviado por Alberto Rojas.