La semana anterior, el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América, que colocaron al candidato republicano Donald Trump como ganador, ha generado cierta inquietud acerca de los posibles efectos económicos que esta decisión podría tener sobre nuestro país, considerando los fuertes lazos comerciales y financieros que tenemos con esta nación. Lo cierto del caso, es que la materialización de los eventuales efectos que han identificado varios analistas del tema, estarán en función de, al menos, tres interrogantes:
¿Qué tan cierto? Qué tan cierto es que las medidas propuestas por el candidato republicano se puedan llevar a cabo “al pie de la letra”, teniendo en cuenta que el sistema democrático de los Estados Unidos, como todos los sistemas de este tipo, cuenta con sus propios contrapesos.
¿Qué tan pronto? También existe la duda sobre qué tan pronto podrá el gobierno electo dar inicio con las políticas anunciadas por su candidato en campaña electoral.
¿Qué tan rápido? Y finalmente, qué tan rápido se podrían concretar dichas políticas y hacerse sentir sus primeros efectos.
Evidentemente existe una cuota importante de incertidumbre con respecto a las anteriores inquietudes, pero esto no debe ser excusa para causar una situación de pánico, en su lugar, este acontecimiento debe ser un llamado de atención, una razón más para mejorar ciertos temas claves en el país, dos en particular.
El primero de estos temas es la competitividad; en este sentido cabe indicar que desde hace varias décadas el país como parte de su estrategia de desarrollo apostó por la atracción de inversión extranjera directa, especialmente en productos alta tecnología y más recientemente, en los llamados servicios empresariales de valor agregado.
En relación con lo anterior, el presidente electo de los Estados Unidos ha planteado una serie de medidas (disminución de impuestos, aumento de los aranceles a las importaciones, renegociación de acuerdos comerciales internacionales, y otros incentivos) con el objetivo de que las empresas nacionales con operaciones en el extranjero regresen a su nación.
Por tanto, el país deberá redoblar esfuerzos para que, aún con la eventual aplicación de las anteriores medidas por parte del gobierno entrante en los Estados Unidos, mantenga su encanto para la atracción de este tipo de inversión extranjera directa; en consecuencia resultan fundamentales aspectos tales como la simplificación de trámites para la apertura de nuevas empresas, la reducción del déficit en la infraestructura nacional, un mayor impulso a la formación de personas con capacidades acordes con las necesidades de estas actividades, así como el aprovechamiento de mayores encadenamientos productivos con el resto de la economía, sin perder de vista las oportunidades que puedan existir para diversificar los mercados de destino de nuestras exportaciones.
El segundo tema tiene que ver con los niveles de endeudamiento; en la actualidad, a pesar de la mejora relativa en las finanzas del Gobierno Central (déficit fiscal), el nivel de deuda pública es elevado y sigue creciendo; asimismo la participación del crédito en dólares otorgado al sector privado, continúa siendo importante.
En efecto, buena parte de las medidas anunciadas por el presidente electo (recorte de impuestos y a la vez incremento en el gasto público), si se hacen efectivas, podrían afectar el déficit fiscal en los Estados Unidos, lo que generaría cierta presión inflacionaria y, por tanto, un ajuste al alza en la tasa de referencia de la Reserva Federal; que tarde o temprano impactaría las tasas de interés a nivel nacional, y por qué no, también el comportamiento del tipo de cambio del colón.
Es así, que ante un cambio en el panorama actual en cuanto el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio, el Gobierno así como las empresas y personas con cierto nivel de endeudamiento, podrían experimentar dificultades adicionales para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Consecuentemente, es necesario continuar con los esfuerzos, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, para reducir el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público; continuar con mayor ahínco en el proceso de diversificación de mercados de exportación de nuestros productos para reducir la fuerte dependencia que actualmente tenemos de Estados Unidos. También, es recomendable que las empresas y personas midan que tan comprometida puede verse su capacidad de pago, ante algún alza en las tasas de interés o bien la depreciación del colón, cuando deciden endeudarse en dólares, aún cuando sus ingresos no son en esa moneda.
En síntesis, en el corto plazo no es tan factible pensar en efectos económicos inmediatos producto del resultado del reciente proceso electoral en los Estados Unidos, sin embargo, sí es preciso que el país “apure” la marcha de ciertas decisiones en los temas previamente identificados, de tal manera que cuando éstos se comiencen a sentir, nos encontremos mejor preparados.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
La Vicerrectoría de Extensión, la sede Brunca de la Universidad Nacional y el proyecto Germinadora de Desarrollo Organizacional, le invitan a la exposición fotográfica: “Luchas campesinas y el papel de las universidades públicas (1970-1980)”, a realizarse este próximo lunes 28 de noviembre en el Complejo Cultural Alfonso Quesada Hidalgo, Pérez Zeledón.
La exposición consta de 32 fotografías, la mayoría capturadas por el sociólogo Miguel Sobrado y otras cuya autoría no se ha podido determinar.
El objetivo de la exposición es visibilizar el papel de las universidades públicas, a través del trabajo de extensión universitaria en los años 70-80´s con la labor realizada en zonas de conflicto de tierra entre precaristas y terratenientes de obreros desplazados de las bananeras y campesinos sin tierra en la Zona Sur, Pacífico Central, Caribe y Guanacaste.
***Para mayor información comuníquese con Marcia Silva de la Vicerrectoría de Extensión (8391-5742) o con la Oficina de Comunicación UNA (2277-3066).
Información compartida por Oficina de Comunicación UNA.
Después del mensaje de felicitación del Primer Ministro de Canadá, en el hemisferio americano, Colombia fue el primer Estado en circular formalmente un comunicado oficial de felicitaciones al Presidente electo de Estados Unidos. Su Presidente Santos, a muy tempranas horas de la madrugada en Bogotá, envió un mensaje desde su cuenta en twitter al nuevo Presidente electo (ver nota de prensa).
Desde la perspectiva internacional, no existe ninguna obligación de expresarse sobre los resultados de un ejercicio electoral por parte de los Estados. Se trata de un asunto interno a un Estado que, en apariencia, no tiene mayor relevancia. No obstante, algunos asuntos internos dan pie para algún tipo de reacciones:
– los eventos suscitados en Brasil (que culminaron el pasado 12 de mayo con la suspensión de la Presidenta Dilma Rousseff y con el anuncio de las primeras medidas por parte del nuevo gabinete brasileño) dieron lugar a un interesante ejercicio entre las cancillerías de América Latina que tuvimos la oportunidad de analizar brevemente (ver nota publicada en el sitio de Global Research);
– el pasado mes de octubre, fueron dos los comunicados conjuntos suscritos por Estados de la región sobre la situación interna en Venezuela, que reseñamos (ver texto de ambos comunicados reproducidos al final de esta nota del 24 de octubre y en esta otra del 27 de octubre).
En materia electoral propiamente dicho, los aparatos diplomáticos han desarrollado una práctica sostenida en la materia, que permite comparar las diversas formas de manifestarse oficialmente sobre una determinada elección. Las felicitaciones enviadas por parte de un Estado a un candidato electo (que aún no ha asumido oficialmente sus funciones como Jefe de Estado) pueden externar la intención de mejorar sustancialmente las relaciones bilaterales o enviar una señal de agrado por el resultado político de las elecciones. Este gesto puede delegarse a un alto funcionario como a un vicepresidente, a un ministro de relaciones exteriores o a un vocero o a un portavoz oficial si se considera innecesario que lo haga el mismo Jefe de Estado. La ausencia de manifestación también puede enviar algún tipo de señal. En algunos casos, puede manifestar cierta negligencia, o bien algún tipo de desinterés en relación al futuro de las relaciones bilaterales entre ambos Estados. Puede también dejar entrever alguna cautela, e incluso algún tipo de reserva con relación al giro político que significa el resultado electoral obtenido en las urnas. El hecho que Panamá enviara su mensaje formal de felicitaciones al nuevo Presidente electo en Costa Rica en abril del 2014 con varios días de atraso con relación a todos los demás Estados que hicieron llegar sus felicitaciones después del 6 de abril, constituye un interesante caso en la región.
El silencio ante resultados electorales puede también expresar una muy seria reserva ante un ejercicio electoral sumamente dudoso, tal como ocurrió en el caso de Perú con ocasión de las elecciones para el tercer mandato intentado por Alberto Fujimori en el año 2000: al acto de investidura del 28 de julio del 2000 sólo participaron dos delegaciones (Nota 1).
Este tipo de expresiones forman parte de lo que se denomina en la práctica diplomática la «cortesía internacional». Un Estado acepta ser cortés con otro manifestándolo o no manifestándose: el silencio es a veces (como en las relaciones entre personas) una forma muy cortés de expresar algún mensaje entre los Estados. Hace unos años, el jefe de la diplomacia de Costa Rica innovó en la materia, al indicar en declaraciones públicas que «no opinaría» y que «no estamos obligados a emitir ningún comentario sobre asuntos internos de los nicaragüenses» (sic.) con relación al resultado de las elecciones en Nicaragua a finales del 2011 (ver nota de prensa).
En el caso de las elecciones en Estados Unidos del 2000, algunos Estados un tanto urgidos en saludar al nuevo Presidente electo norteamericano enviaron felicitaciones a Georges W. Bush que debieron ser luego objeto de delicadas retractaciones ante la duda sobre el resultado final de las elecciones, y la decisión de proceder a un recuento de votos en Florida (Nota 2). En esta nota de prensa se lee que: «World leaders who rushed to congratulate George W. Bush for his apparent victory in the U.S. presidential election were forced on Wednesday to issue swift retractions or retreat into diplomatic silence».
Las modalidades para externar felicitaciones a un Presidente electo son muy variadas, y en las siguiente líneas se intentará reseñar las felicitaciones recibidas por el Presidente electo Donald Trump por parte de Estados de América Latina únicamente.
MODALIDADES MODERNAS
Algunos jefes de Estado, como el de México, han optado por una vía menos formal enviando desde su cuenta en twitter el siguiente mensaje. “Felicito a EUA por su proceso electoral y le reitero a @realDonaldTrump la disposición de trabajar juntos en favor de la relación bilateral” (ver nota de prensa). De una manera muy similar el presidente de Bolivia recurrió a su cuenta en twitter (ver nota de prensa), así como el Presidente de Argentina (ver nota de prensa). Por su parte, la canciller de Argentina optó por enviar un mensaje desde su cuenta en twitter, en el que hace ver que hubiera deseado que fuese una mujer la ganadora de los comicios celebrados en Estados Unidos (ver nota de prensa). Ninguno de estos tres Estados ha considerado necesario enviar algún comunicado oficial adicional. En cambio, el tempranero mensaje del Presidente de Colombia de las cuatro de la madrugada fue respaldado por un comunicado más formal, circulado por la diplomacia colombiana horas después.
MODALIDADES USUALES
Mucho más tradicional en materia diplomática, en la que la forma tiene más relevancia que en otros ámbitos, la técnica de la declaración oficial o comunicado de prensa permite mayor precisión y darle mayor alcance y realce a ciertos aspectos, recurriendo al arte del verbo (como en todo texto oficial de un Estado hecho público). Los equipos a cargo de redactar este tipo de textos son particularmente cuidadosos con el uso de adjetivos, puntuación, formulación de cada frase, sintaxis y otros detalles, al tratarse de un texto que da a conocer la posición oficial de un Estado. Esta regla, como toda regla, conoce de excepciones: puede ocurrir que lo que se lea sea un texto mal redactado y con serios errores, como uno recientemente elaborado por las autoridades diplomáticas de Costa Rica, titulado «Declaración Oficial sobre decisión de no escuchar mensaje de Michel Temer en Naciones Unidas» (Nota 3).
Algunos Estados de América Latina han manifestado sus felicitaciones al Presidente electo norteamericano mediante comunicados oficiales, cuyo contenido es variable y denota alguna intención o reserva del mismo Estado, o bien algún tipo de preocupación.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con fecha del 9 de noviembre, se lee que:
«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, felicita al pueblo y al Gobierno de Estados Unidos de América por el espíritu democrático demostrado en la exitosa jornada electoral en la cual se eligió al nuevo Presidente de los Estados Unidos.
El Gobierno de Colombia felicita al candidato Republicano Donald Trump por su victoria en las elecciones y le desea éxito en las funciones que asumirá como nuevo Presidente de los Estados Unidos de América. Así mismo, expresa su voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y de cooperación que han tenido los dos países.
La relación estratégica entre Colombia y Estados Unidos cuenta con el respaldo bipartidista y se ha caracterizado por una exitosa cooperación, un profundo diálogo político, así como una agenda diversificada de impacto positivo para ambos países».
En declaraciones a la prensa, el Presidente Santos de Colombia había hecho saber que el candidato Trump no era de su preferencia (ver nota de El Tiempo y nota de HispanTV).
De igual forma, la cancillería de Panamá ha circulado el siguiente comunicado de prensa:
«Miércoles, 9 de noviembre de 2016
El Gobierno y Pueblo de la República de Panamá felicita al Pueblo de los Estados Unidos de América por su vocación democrática, demostrada una vez más en la celebración de las elecciones presidenciales, y saluda al Presidente electo Donald Trump y al Partido Republicano por la victoria.
A la vez, reitera la disposición por continuar fortaleciendo las históricas relaciones de amistad y cooperación, que como socios estratégicos han desarrollado la República de Panamá y los Estados Unidos de América, especialmente en temas de interés mutuo como el fortalecimiento de nuestras relaciones económicas, la seguridad y la paz».
Por parte de Guatemala, su comunicado oficial incluye una referencia a la preocupación que tiene por la situación de los migrantes radicados en Estados Unidos:
«El Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, felicita al Pueblo y Gobierno de los Estados Unidos de América por la celebración de las elecciones presidenciales realizadas el día de ayer y por demostrar una vez más su compromiso con los valores democráticos.
Asimismo, Guatemala felicita al Presidente electo, señor Donald J. Trump, por su victoria en los comicios presidenciales y le desea una exitosa gestión.
Guatemala hace votos porque las acciones que realice su administración, permitan reconocer el valioso aporte que hacen los Migrantes en los Estados Unidos y que sus políticas favorecerán y velarán por el respeto, bienestar y protección de la población migrante radicada en ese país.
El Gobierno de Guatemala manifiesta su deseo de trabajar de manera estrecha con su administración, en todas aquellas prioridades comunes de ambos países y de la región, así como reitera al Gobierno de los Estados Unidos el compromiso por continuar fortaleciendo la relación bilateral, que coadyuve al fortalecimiento e incremento del intercambio comercial, las inversiones y la cooperación para el desarrollo».
Posterior a Colombia, a Panamá y a Guatemala, Costa Rica circuló el siguiente comunicado:
«Costa Rica saluda al pueblo y Gobierno de los Estados Unidos de América por elección de Presidente Donald Trump PUBLICADO EL 09/11/2016 09:26 AM
El Gobierno de la República de Costa Rica expresa su saludo al Honorable Pueblo y al Ilustrado Gobierno de los Estados Unidos de América por las elecciones presidenciales celebradas este 8 de noviembre de 2016, que han dado como resultado la elección del señor Donald Trump como Presidente.
Costa Rica expresa su reconocimiento al pueblo de los Estados Unidos de América que ha dado muestras de su probada vocación democrática y a las instituciones electorales por crear y garantizar las condiciones que permitieron llevar a cabo estos comicios.
«El pueblo de los Estados Unidos ha electo al señor Donald Trump como su Presidente. Felicito al señor Donald Trump y le deseo éxitos en su gestión», aseguró el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto felicita al Presidente Electo Donald Trump por su elección y expresa su convencimiento de que los Estados Unidos de América y Costa Rica –que establecieron relaciones en 1851- continuarán profundizando sus tradicionales relaciones de amistad y cooperación, así como una agenda común de valores y propósitos compartidos en el plano bilateral, regional y mundial».
En declaraciones a la prensa, el Presidente de Costa Rica había externado su preocupación con relación al candidato hoy Presidente electo (ver nota de Prensa Libre). Como detalle específico en la región, notemos que las elecciones realizadas en Nicaragua el pasado 6 de noviembre no han dado lugar a ningún comunicado oficial por parte de Costa Rica.
En el caso de Ecuador, el comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores es extremadamente corto: «El Gobierno del Ecuador felicita al pueblo estadounidense por la realización de las elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores, del 8 de noviembre de 2016.
El Gobierno del Ecuador espera mantener relaciones basadas en el respeto mutuo con la administración del presidente electo, Donald Trump».
En el caso de El Salvador, su diplomacia indicó, al igual que la de Guatemala, su preocupación por los migrantes salvadoreños, llamando incluso «a la calma» a esta numerosa comunidad en Estados Unidos:
«El Gobierno de El Salvador felicita al pueblo estadounidense por proceso electoral
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, felicita al pueblo estadounidense por su participación en la jornada democrática que se desarrolló durante el día de ayer en esa nación.
Asimismo, saluda al nuevo Presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, por haber alcanzado el triunfo en dicho proceso electoral.
El Gobierno salvadoreño hace votos por el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.
Al mismo tiempo, aprovecha la ocasión para hacer un llamado a la calma a nuestra comunidad en Estados Unidos y a sus familias en El Salvador y reitera a todos los compatriotas su compromiso firme para trabajar junto a ellos en garantizar que sean respetados sus derechos».
A diferencia de Costa Rica, el Salvador emitió un comunicado con relación a las elecciones en Nicaragua, que se lee como sigue y puede ser comparado al texto anterior:
«Lunes, 07 Noviembre 2016 08:28 Gobierno de El Salvador felicita a pueblo nicaragüense por proceso electoral
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, saluda al pueblo nicaragüense por su participación en la jornada electoral que se llevó a cabo el domingo pasado, que según datos oficiales alcanzó el 65 por ciento.
Asimismo, expresa su felicitación al Presidente Daniel Ortega, quien, de acuerdo a los mismos reportes oficiales, encabeza los resultados con un 71 por ciento de los votos emitidos.
El gobierno conducido por el Presidente Ortega ha alcanzado hasta la fecha significativos avances y logros tanto sociales como económicos, en su búsqueda por el desarrollo y bienestar a favor de su pueblo. Como país miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), El Salvador manifiesta su compromiso de seguir impulsando el fortalecimiento de la unidad regional y continuar trabajando en iniciativas conjuntas con Nicaragua y los demás Estados en beneficio de su pueblo».
Notemos que México también externó sus felicitaciones a Nicaragua, en los siguientes términos, mediantecomunicado de su Secretaría de Relaciones Exteriores: «Comunicado No. 505.- México extiende asimismo su felicitación al Presidente Ortega por su triunfo y reitera su interés en seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación que históricamente han caracterizado la relación entre ambos países.
El Gobierno de México felicita al pueblo nicaragüense por la realización, el domingo 6 de noviembre, de una jornada electoral pacífica y ordenada en la que fue reelecto como Presidente de la República Daniel Ortega.
México extiende asimismo su felicitación al Presidente Ortega por su triunfo y reitera su interés en seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación que históricamente han caracterizado la relación entre ambos países.
México y Nicaragua establecieron relaciones diplomáticas en 1839 y mantienen una relación dinámica y constructiva. El país es el tercer socio comercial de México en Centroamérica».
Volviendo a las elecciones en Estados Unidos, se lee en medios de prensa que Cuba envío el siguiente comunicado (ver nota de prensa de Jornada): «El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, envió un mensaje de felicitación al Sr. Donald J. Trump por su elección como Presidente de los Estados Unidos de América». No se ha logrado acceder a la página oficial del sitio del MINREX de Cuba para revisar si el comunicado se limita o no a esta simple frase, y se agradecería a nuestros lectores remitirnos el texto completo de ser factible (al correo electrónico siguiente: cursodicr@gmail.com)
Por su parte, Brasil, desde el Itamaraty, ha circulado la siguiente carta enviada por su Presidente al Presidente electo en Estados Unidos Donald Trump. Al no ser un Presidente electo una autoridad, la diplomacia brasileña se ha cuidado de no remitir una carta usando las formalidades reservadas únicamente a un Jefe de Estado en ejercicio. Se limita a reproducir una carta enviada al Presidente electo.
«Nota 443
Carta al Presidente electo norteamericano
09 de noviembre del 2016 – 11:56
Su Excelencia Señor Donald J. Trump Presidente electo de los Estados Unidos de América
Señor Presidente electo,
Le felicito por su elección como Presidente de los Estados Unidos.
Brasil y Estados Unidos son dos grandes democracias que comparten valores y mantienen, históricamente, fuertes relaciones en los más distintos ámbitos. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros pueblos.
Le deseo pleno éxito en el Gobierno de los Estados Unidos.
Michel Temer Presidente de la República Federativa de Brasil».
La misma técnica consistiendo en remitir, desde un Ministerio de Relaciones Exteriores, a una carta personal del Presidente al Presidente electo Donald Trump fue usada por Perú (ver texto de la carta). Su cancillería se limitó a emitir el siguiente texto: «N° 557 – 09/11/2016 Nota Informativa 557 – 16 En la fecha, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, envió una Carta de felicitación al Presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, quien será el inquilino número 45 de la Casa Blanca. Acceda a la misiva en: http://bit.ly/2eUJaih Lima, 9 de noviembre de 2016″.
Paraguay emitió mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores un texto en el que se puede leer que:
«Comunicado del Gobierno Nacional sobre la Elección Presidencial en los Estados Unidos de América
El Gobierno de la República del Paraguay ha seguido con particular interés el proceso electoral de los Estados Unidos de América, que culminó con la jornada cívica y democrática celebrada el 8 de noviembre pasado, en que resultó electo el candidato del Partido Republicano, Señor Donald Trump.
El Gobierno paraguayo, presidido por el Presidente Horacio Cartes, felicita al Presidente electo, Señor Donald Trump, y a la vez expresa sus mejores deseos de éxito en el ejercicio de la Presidencia de esa Nación hermana.
El Gobierno de la República del Paraguay aspira a mantener y consolidar aún más el excelente nivel de las históricas relaciones de amistad y cooperación existentes, en el ámbito bilateral como multilateral, basadas en principios y valores comunes y compartidos como la democracia, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la libertad, la solidaridad y la cooperación internacional».
Uruguay también, mediante sur Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el siguiente texto: «COMUNICADO DE PRENSA Nº 114/16
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay saluda a los Estados Unidos de América y a su Presidente electo, señor Donald Trump, por su victoria en las elecciones nacionales que tuvieron lugar el pasado 8 de noviembre.
Uruguay ha seguido con particular interés el proceso electoral, y felicita al pueblo estadounidense por su compromiso y apego a los principios y valores democráticos, los cuales son compartidos por ambos Estados.
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay aprovecha esta oportunidad para expresar su intención de continuar consolidando la relación de amistad con los Estados Unidos de América tanto en el ámbito bilateral como multilateral, lazos que históricamente han sido de gran beneficio para las dos Naciones».
Finalmente, Venezuela circuló el siguiente comunicado de prensa desde su cancillería: «Venezuela saluda a EE.UU por realización de elecciones y felicita al Presidente electo Donald Trump
La República Bolivariana de Venezuela saluda a los Estados Unidos de Norteamérica por la realización de sus elecciones presidenciales el día 8 de noviembre de 2016.
El Gobierno bolivariano de Venezuela felicita al Presidente electo Donald Trump, y hace votos para que se pueda avanzar en un futuro donde impere el respeto a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que consagra la igualdad soberana de los Estados y la autodeterminación de los pueblos, entre otros, mediante relaciones políticas y diplomáticas bilaterales respetuosas.
La República Bolivariana de Venezuela anhela que en esta nueva etapa, que comienza para esta nación norteamericana, se puedan establecer nuevos paradigmas con nuestra Región basados en el reconocimiento a las identidades culturales, sociales e históricas de nuestros países, y en el respeto a la no intervención en los asuntos internos, al derecho al desarrollo y a la paz.
De igual forma, esperamos que los Estados Unidos de Norteamérica sepa afrontar los grandes desafíos económicos, sociales y políticos que tiene la humanidad, y en los cuales su actuación es importante para la paz y la estabilidad mundial».
Al momento de redactar esta breve nota, no se registran otros comunicados oficiales de Estados de América Latina, posiblemente más distantes, reservados y cautos sobre el resultado de esta elección, en la que el tema de los migrantes y de la comunidad hispana en Estados Unidos fue objeto de inusuales y provocativas valoraciones por parte del candidato Donald Trump. No obstante, no se descarta que otros Estados de la región envíen comunicados de felicitaciones en los próximos días.
LIBRE COMERCIO EN EL HEMISFERIO AMERICANO
En su campaña, Donald Trump cuestionó los tratados de libre comercio a los que es parte Estados Unidos. El Primer Ministro de Canadá ha declarado estar dispuesto a renegociar el NAFTA que une a Canadá y México con Estados Unidos (ver nota de prensa). En Costa Rica, al estar presidiendo los destinos del país un opositor al Tratado de Libre Commercio (TLC) con Estados Unidos (más conocido como CAFTA-DR), adoptado mediante referendum el 7 de octubre del 2007 por un estrecho margen de 48.844 votos (de un total de 2.654.627 votantes), el tema está cobrando particular interés.
Varios sectores han avanzado la idea de una posible renegociación de dicho instrumento comercial a penas se instale el nuevo ocupante en la Casa Blanca designado en Estados Unidos. Notemos que el actual Embajador de Costa Rica en Estados Unidos, Román Macaya, también propuso en su momento revisar este acuerdo comercial. En la Asamblea Legislativa, el diputado Otton Solis, fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) actualmente en el gobierno, es partidario de renegociar el TLC desde varios años y ha declarado en este día que el momento parece haber llegado para hacerlo (ver nota de La Nación). En el 2010, cuando fue candidato a la presidencia, había indicado que esta renegociación sería una de sus primeras acciones en caso de ser electo Presidente (ver nota de prensa). Como bien se sabe, los tratados comerciales no son normas pétreas y, si así lo disponen las partes, pueden ser modificados o revisados. En caso de que un Estado parte no esté satisfecho con las disposiciones de un tratado y no obtenga de las otras partes su acuerdo para enmendarlo, puede también optar por denunciarlo, recurriendo a una figura (la denuncia) plenamente admitida por el derecho de los tratados consagrado en la Convención de Viena de 1969: remitimos a ese respecto a un estudio sobre la eventual denuncia de República Dominicana al CAFTA-DR, editada por la misma USAID (y que podría ser útilmente completado por uno de un jurista dominicano del sector propiamente académico, quién posiblemente llegaría a otro tipo de conclusiones).
Notemos que desde marzo del 2011, varios cables confidenciales de Wikileaks hechos públicos en Costa Rica, documentan de manera incuestionable la red de información que, desde la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y desde COMEX (Ministerio de Comercio Exterior), logró garantizar la adopción de este tratado comercial en el 2007, en medio de fuertes tensiones y movilizaciones sociales (ver nota de prensa sobre información filtrada desde la misma Sala Constitucional y otra nota sobre estrategias tendientes a deslegitimar a los opositores al TLC). Pese a ser documentos públicos desde marzo del 2011 en Costa Rica, no se ha oído de sanciones o de la apertura de procedimientos administrativos contra funcionarios de la administración 2006-2010. En este artículo del analista Jorge Vargas Cullel, se lee que, además de la red de información privilegiada antes mencionada, los sectores favorables al TLC contaron con otra decisiva herramienta: «El SÍ contó con una evidente ventaja en materia de financiamiento político, lo que le permitió un gasto en publicidad en los medios de comunicación ocho veces superior en relación al gasto del NO: US$ 1,75 millones a US$ 0,21 millones».
Cabe precisar que el tema de la renegociación del CAFTA-DR dio lugar, en octubre del 2016, a una carta de República Dominicana circulada a los demás Estados partes al CAFTA-DR solicitándoles renegociar este instrumento comercial (ver nota de La Extra). No se tiene información a la fecha de redactar esta nota sobre la respuesta dada por las autoridades de Costa Rica a esta solicitud dominicana del pasado mes de octubre, y agradecemos desde ya que nuestros lectores nos proporcionen información al respecto. La renegociación de tratados de libre comercio (TLC) o tratados bilaterales de inversiones (TBI) es un tema sobre el que COMEX se ha mostrado muy discreto en los últimos años. Un reciente análisis (ver nota del Semanario Universidad) sobre la cantidad de dinero que Costa Rica deberá sufragar en el 2017 para enfrentar las demandas y arbitrajes internacionales que arrastra debido a las cláusulas contenidas en estos instrumentos puede explicar – al menos en parte – esta cautela extrema de las autoridades de COMEX.
RESERVA Y CAUTELA EUROPEA ANTE RESULTADOS EN ESTADOS UNIDOS
En Europa, las reacciones han sido muy variadas, desde el entusiasmo de la actual Primer Ministra en Reino Unido y el de su homólogo en Hungría a la extrema reserva de las máximas autoridades en Alemania, las cuales esperan rectificaciones y aclaraciones sobre lo oído durante la campaña electoral por parte de Donald Trump (ver nota del Huffingthon Post). El Presidente de Francia ha indicado ver que la elección de Donald Trump abre un período de «incertidumbre» (ver nota de Le Monde), mientras que la diplomacia alemana ha convocado a una reunión extraordinaria de los 28 Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) para analizar las consecuencias del resultado de las elecciones en Estados Unidos (ver nota de DW). Durante la campaña electoral, Donald Trump había manifestado su oposición frontal al Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos.
Cabe recordar que Donald Trump se encontraba en el Reino Unido durante la votación sobre el «Brexit» y que felicitó a los que votaron a favor de la salida del Reino Unido de la UE (ver nota de la BBC del 24 de junio del 2016). Se lee en un comunicado del Foreign Office justificando la ausencia del actual jefe de la diplomacia británica (una de las figuras partidaria del Brexit) a la reunión extraordinaria convocada por Alemania que: «The Foreign Secretary will not attend the meeting convened for Sunday. There is a regular Foreign Affairs Council meeting on Monday where a range of issues can be discussed in the normal way. “We do not see the need for an additional meeting on Sunday because the US election timetable is long established. An act of democracy has taken place, there is a transition period and we will work with the current and future administrations to ensure the best outcomes for Britain» (ver nota de prensa)
En aras de completar la reacción en Europa, es de notar que la Unión Europea como tal envió una carta de felicitaciones suscrita por los Presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión de la UE (ver texto completo), la cual concluye indicando que: «We should consolidate the bridges we have been building across the Atlantic. Europeans trust that America, whose democratic ideals have always been a beacon of hope around the globe, will continue to invest in its partnerships with friends and allies, to help make our citizens and the people of the world more secure and more prosperous. We would take this opportunity to invite you to visit Europe for an EU – US Summit at your earliest convenience. This conversation would allow for us to chart the course of our relations for the next four years».
A MODO DE CONCLUSIÓN
Como indicado, no existe ninguna obligación que derive específicamente del derecho internacional público de manifestarse después de cada ejercicio electoral por parte de los Estados. Son criterios de oportunidad política los que usualmente priman en este tipo de decisiones. La embarazosa situación acaecida en relación a las felicitaciones “prematuras” enviadas por algunos Estados urgidos de manifestarse al Presidente electo Georges W. Bush en el 2000 denota además una carrera contra el tiempo de algunos para figurar entre los primeros en enviar sus mensajes. Leemos que en el caso alemán sus autoridades declararon públicamente: “What can we do?» /…/ «It is complicated. One wants to be among the first sending congratulations and warm wishes» (ver declaraciones del representante alemán reproducidas en nota de prensa).
Independientemente del esmero de algunos Estados por ser los primeros en enviar sus mensajes, cuando el resultado es inesperado, las reacciones difieren sensiblemente. La sorpresa causada por la designación de Donald Trump como nuevo Presidente de Estados Unidos puede explicar en parte la cautela de algunos Estados, la reserva de muchos otros, en particular en América Latina. Al no haber sido mayormente abordado el tema de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos durante esta última campaña electoral norteamericana (como muchos otros temas), la incógnita sobre el rumbo que desea emprender Donald Trump en la relación con América Latina se irá aclarando con sus primeros gestos y declaraciones como Presidente en ejercicio.
—————–
Nota 1: Se lee al respecto que “L´élection de M. Fujimori au Pérou, pour un troisième mandat, a soulevé de très nombreuses critiques de la part de la communauté internationale et très peu d´Etats se sont rendus a la cérémonie d´investiture (la Bolivie et l´Equateur)”. Véase TOURARD H., La qualité de Chef d´Etat, in SFDI (Société Française pour le Droit International), Le Chef d´Etat et le droit international, Colloque de Clermont-Ferrand, Paris, Pedone, 2002, pp.117-137, p.120.
Nota 2: Un ejercicio totalmente inédito tuvo lugar en el año 2000 con muchos de los telegramas de felicitaciones de varios Estados al Presidente electo de los Estados Unidos Georges W. Bush que debieron ser objeto de incómodas «retractaciones» ante la repentina duda sobre el resultado final de las urnas (en particular un grupo de Estados de Asia autores de «felicitaciones prematuras»). En el caso del Reino de los Países Bajos se lee que su diplomacia externó en aquella oportunidad la necesidad de retractarse en los siguientes términos: «Given the fact that at this moment uncertainty exists about the outcome of the American presidential elections, the earlier statement … has been retracted» (ver nota de prensa de The Guardian).
Nota 3: Remitimos a nuestros lectores al comunicado de prensa emitido el 20 de setiembre del 2016 a las 10:00 de la mañana por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica para intentar explicar la actuación de su Presidente en Naciones Unidas minutos antes en Nueva York. El texto de dicho comunicado titulado «Declaración Oficial» (sin que se tenga claridad sobre las razones para distinguirlo de un comunicado de prensa) es reproducido al final de esta nota. Pese a una comparecencia del titular de esta cartera ministerial ante la Asamblea Legislativa (ver texto integral del acta legislativa del 29 de setiembre del 2016) en el que se intentó explicar semejante actuación presidencial, no se ha logrado conocer con precisión la identidad exacta del (los) autor(es) de este texto. Hay que señalar que, al parecer, se trata de una situación inédita en los anales de Naciones Unidas desde 1945, al nunca haber integrado un Jefe de Estado en ejercicio una comitiva retirándose de la sala de audiencias en señal de reprobación.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica – UCR. Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Tablero de votación de la resolución adoptada en el año 2014, extraída de esta nota de prensa.
El pasado 26 de octubre, la Asamblea General de Naciones Unidas votó una resolución solicitando el levantamiento del embargo a Cuba decretado desde 1962 por Estados Unidos. A diferencia de ocasiones anteriores, en esta se logró un total de 191 votos a favor, ninguno en contra. Tampoco se registra el «no show» de algunas de las 193 delegaciones. El último Estado de América Latina en votar contra el levantamiento del embargo a Cuba fue Paraguay en 1993. Los últimos en América Latina que se mantuvieron entre las abstenciones fueron El Salvador y Nicaragua, en el 2000 y en el 2001 (ver nota). Un informe de la ONG Amnistía Internacional publicado en el 2009 y titulado El embargo estadounidense contra Cuba Su impacto en los derechos económicos y sociales (disponible en la red) permite conocer los graves impactos desde la perspectiva de los derechos humanos de esta decisión unilateral de Estados Unidos contra Cuba.
La ausencia de algún voto en contra en la votación del 2016 se debió a que Estados Unidos e Israel optaron esta vez por abstenerse, por vez primera en la historia. En años anteriores, ambos Estados votaban siempre en contra, logrando por lo demás reunir unas pocas abstenciones o votos en contra como las de Islas Marshall, Micronesia, Palau o Nauru:
– en el 2006, por ejemplo, se registraron 183 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall, Palau), y tan solo uno (Micronesia) se abstuvo durante la votación de esta misma resolución (ver nota de prensa);
– en el 2007, fueron 184 votos a favor acompañado del mismo padrón de los demás Estados antes citados (ver nota de prensa);
– en el 2008, fueron 185 votos a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Israel y Palau), y 2 abstenciones (Micronesia e Islas Marshall) (ver nota);
– en el 2009, fueron 187 votos a favor, y el mismo padrón de votos de los demás Estados citados para el ejercicio del 2008 (ver nota).
En esta nota se detalla cómo Cuba ha ido paulatinamente aumentando el apoyo a esta resolución anualmente votada en Naciones Unidas, dejando a Estados Unidos y a su fiel e incondicional aliado israelí en un aislamiento casi total que se materializó en este año 2016.
La abstención de Estados Unidos plantea algunas interrogantes (ver nota de la BBC). Para la representante de Estados Unidos en Naciones Unidas » “After more than 50 years of pursuing the path of isolation, we have chosen to take the path of engagement» (ver nota de prensa de Naciones Unidas). Algunos observadores coinciden en que la administración del Presidente Obama hubiese podido despedirse de la comunidad internacional con un voto en contra, en vez de optar por una simple abstención. Ello en aras de ser más consistente con el discurso del Ejecutivo de Estados Unidos sobre la necesidad de poner fin al embargo, y las dificultades encontradas en el Congreso norteamericano para derogar la ley Helms-Burton. Tal y como se puede apreciar en esta notade Naciones Unidas, además de Cuba, por parte de América Latina, tomaron la palabra los siguientes Estados: República Dominicana, Venezuela, México, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Argentina, Uruguay, Costa Rica y El Salvador.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Imagen con fines ilustrativos tomada de World Affairs Council.
El hecho que 22.620 costarricenses hayan salido de la pobreza en el último año no puede pasar desapercibido. Más allá de las cifras, es un logro profundamente humano pues implica que unos 10.400 hogares han dejado de padecer carencia de recursos para satisfacer sus necesidades más importantes. Es la primera vez que una cosa así sucede desde que el instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realiza la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Según dicho estudio, se mire por donde se mire, el avance es significativo. Si la pobreza se mide en términos de ingreso (línea de pobreza) la reducción fue de 1,2 puntos porcentuales (p.p.), si se calcula en torno a un conjunto de indicadores más amplios, como pobreza multidimensional, la reducción fue mayor, 1,3 p.p. En ambos casos el resultado es estadísticamente significativo, según el INEC.
Las razones de la reducción están claras, el ingreso medio de los hogares registró un aumento del 2,4%, explicado en mayor medida por la subida en un 14% de las transferencias estatales y las becas, un aumento de 8,5% en otras transferencias, la reducción en la línea de pobreza gracias a una inflación negativa y un aumento del empleo en algunas zonas rurales.
Uno de los méritos del avance en pobreza es haberlo logrado en un contexto económico difícil, donde el crecimiento económico nacional, si bien es más alto que el promedio de la región, es apenas acorde con el potencial de la economía, y la tasa de desempleo es alta. No es la primera vez que algo así ocurre, como ha documentado el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, países como Costa Rica y algunas regiones de la India, han mostrado que es posible mejorar las condiciones de vida de las personas en contextos de bajo crecimiento económico, a través de una buena política social. Si bien muchos economistas consideran que la única forma de reducir la pobreza es con tasas de crecimiento económico altas, por la vía de la “teoría del goteo”, el acontecimiento sucedido es señal de que existen otras maneras para distribuir mejor los recursos que genera la sociedad.
El otro gran logro es la reducción de la pobreza en la zona rural, donde en promedio fue mayor (2,2 p.p.), destacándose regiones como la Brunca, donde la pobreza cayó 4,4 p.p. y la Chorotega que lleva dos años consecutivos de fuerte merma. Regiones donde además el desempleo se encuentra históricamente por encima del promedio nacional.
El secreto de lo acontecido parece ser una política estatal de atención a la pobreza que se mantiene a través de los distintos gobiernos y se perfecciona. El apoyo a programas de larga data como las pensiones no contributivas, las becas para educación y las ayudas en especie, han sido articuladas y combinadas en una batería de programas que reduce las filtraciones y las ineficiencias. El cambio más importante en años recientes, parece ser una identificación más precisa de los beneficiarios, y la reorientación en la asignación de las ayudas por la vía de la oferta, más que la demanda. La creación de los cogestores sociales, los mapas sociales, el Sistema Nacional de información y Registro Único de Beneficiarios, todos ellos parte del programa Puente al Desarrollo que ya atiende a más 27 mil nuevas familias, parecen estar dando resultados.
No obstante, el logro más importante en materia social este año no está exento de retos, el primero quizás sea su sostenibilidad; mientras no se resuelva el asunto fiscal, la disponibilidad de recursos para financiar el conjunto de programas sociales que tiene el Estado costarricense no está garantizado. En los últimos años la inversión social estatal ha venido recuperándose a expensas de un mayor nivel de deuda pública, y reduciendo el gasto de capital, esta ruta no es sostenible.
El reto fundamental es lograr que los recursos de los programas de asistencia social creen y potencien las capacidades de las personas. En el mediano plazo, la meta es que los beneficiarios de los programas sean capaces de independizarse de ellos; aquí la responsabilidad es compartida.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.eldeber.com.bo
Enviado a SURCOS Digital por Oficina Comunicación UNA.
Caso Baulas contra Costa Rica: CIADI se declara incompetente para algunos terrenos objeto de supuesta expropiación y se reserva estudio para indemnización de otros
El pasado viernes 28 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjeros y Estado (más conocido por sus siglas CIADI o en inglés ICSID) dio a conocer su decisión provisional con relación a la supuesta expropiación de varios terrenos ubicados cerca del Parque Nacional Las Baulas, Guanacaste, en Costa Rica en el caso Spence International Investments, LLC, Berkowitz, et Al (Demandantes) c. Costa Rica (Demandada), Caso CIADI No. UNCT/13/2. En su decisión, el tribunal arbitral del CIADI descarta 18 terrenos del examen y se reserva la posibilidad de declararse competente para los 8 restantes (ver texto completo de la decisión provisional del tribunal del CIADI en inglés y en español).
Esta primera decisión del CIADI no hace sino establecer una primera etapa procesal y reservar la eventual declaratoria de competencia del CIADI para 8 de los 26 terrenos inicialmente objeto de la demanda para otro momento procesal. El procedimiento continúa para estos 8 terrenos y la próxima decisión del CIADI resolverá, luego de oir a ambas partes (y examinar documentación aportada por ambas), si es o no competente. Algunos titulares de medios de prensa tales como «Costa Rica gana demanda sobre propiedades expropiadas para desarrollar Parque Nacional Marino las Baulas» utilizado en Elpais.cr, o bien «Costa Rica gana litigio por expropiación de parque Las Baulas en juicio al amparo del TLC» publicado en La Nación son incorrectos y arrojan una lectura errada de la decisión, cuyo texto está disponible de manera integral en el sitio oficial del CIADI. La agencia china de noticias Xinhua se hizo igualmente eco de este pretendido «gane» de Costa Rica en el título escogido por sus corresponsales (ver nota).
Sobre el término de «expropiación» usado por los demandantes y por algunos medios de prensa y analistas, es muy probable que algunos de estos terrenos no fueron «expropiados» (término usado cuando un terreno privado pasa a ser propiedad estatal) en la medida en que el Estado siempre permaneció como titular y propietario de estos según la legislación en vigor. La limitación de uso de suelo de un terreno a veces suele ser considerada ante el CIADI como equivalente a una expropiación. Se debe advertir al lector que, ante el CIADI así como ante otros órganos arbitrales, varios términos suelen usarse de manera impropia: por ejemplo, el rechazo de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a una minera canadiense por parte de las autoridades de Costa Rica en el 2005 dió lugar a una demanda ante el CIADI por parte de la empresa Vanessa Ventures aduciendo una «nacionalización» de su proyecto minero. Notemos que esta demanda fue retirada por la empresa canadiense en octubre del 2005, sin que a la fecha de hoy se tenga mayor claridad sobre las «negociaciones» a las que se refirieron sus abogados al notificar el retiro de la demanda a la Secretaría del CIADI, en una carta con copia al entonces Ministro de Comercio Exterior, Manuel González Sánz y al entonces Embajador Tomás Dueñas Leiva (Nota 1).
En Guanacaste, así como en algunas otras partes de Costa Rica, inversionistas nacionales y extranjeros son a veces llevados a comprar terrenos que, por su ubicación, no pueden sino pertenecer al Estado (en su totalidad o de forma parcial); también se puede tratar de terrenos colindantes con la playa que cuentan con una serie de limitaciones con relación al uso de suelo, según la legislación vigente. Paralelamente a ello, presiones políticas dentro de las entidades públicas del Estado costarricense tendientes a favorecer a un determinado proyecto y a hacer a un lado la legislación ambiental vigente, culminan con actos administrativos del mismo Estado contradictorios con su propia reglamentación. Recordemos que en el 2007, la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) fue «intervenida» por el titular de la cartera de Competitividad, para aplicar un «bisturí» a dicha entidad técnica ambiental (ver nota de El Financiero de noviembre del 2007). En un estudio que tuvimos la oportunidad de realizar para el Estado de la Nación sobre la extraña tendencia del Estado de desacatar sentencias ordenadas por sus propios tribunales en materia de recurso hídrico, se citaba a uno de los integrantes de la Comisión Plenaria de la SETENA de aquella época, quién afirmó públicamente a un medio de prensa uiversitario lo siguiente: “Entonces en nombre de la inversión extranjera ha habido presiones para que aceleremos los análisis, para que en esa “competitividad” saquemos proyectos con cierta premura, y con esto corremos el riesgo de que no se hagan los análisis debidamente, y por estas presiones creo que ahí pudimos haber tenido debilidades (sic.)” (p.18, nota 58).
Durante esta misma época en la que se promocionó una muy publicitada «Paz con la Naturaleza» (2006-2010), merece también mención un caso llevado al conocimiento del juez constitucional: el del Proyecto turístico Punta Cacique, declarado «de conveniencia nacional e interés público» por el Poder Ejecutivo. El juez constitucional, en el 2009, pareció aceptar la idea (a todas luces original) de galardonar proyectos privados con esta calidad con base en los estudios técnicos presentados por las entidades recurridas (Nota 2). Una decisión del tribunal contencioso administrativo (TCA) de noviembre del 2010 relacionada con un proyecto minero galardonado de igual forma por el Ejecutivo permitiría apreciar la seriedad de los estudios técnicos antes referidos (y la facilidad con la que la Sala Constitucional se deja a veces convencer).Remitimos al lector al texto completo de la decisión del TCA sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas: por ejemplo en el punto IXX se lee que «Como se ve, el ex Ministro Dobles Mora aportó, para ser presentado ante la Sala Constitucional (que fue inducida a error sobre el punto), un documento aparentemente científico en el que se expone como viable la intercepción del acuífero inferior, en el que se utiliza equivocadamente la noción de profundidad y una medida en metros bajo el nivel del suelo, cuando lo correcto científicamente, según lo narró el propio profesional que elaboró el documento (en lo cual coincide con el criterio expuesto por la geóloga Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra y por el geólogo José Francisco Castro Muñoz), era indicar la elevación en metros sobre el nivel del mar».
Con relación al Parque Marino Las Baulas, en este número de la Revista Ambientico dedicado a la problemática de este parque nacional, uno de los articulistas expresa que: «…en el área de playa Grande, donde se ubica prácticamente la totalidad del Parque Baulas, la Universidad de Costa Rica estableció lo que luego confirmó el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara): la vulnerabilidad extrema del acuífero costero, lo que implica, conforme a la “Matriz de criterios de uso según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico”, que el uso recomendado del suelo es únicamente la conservación absoluta. Ante esta realidad, y para evitar las consecuencias de la aplicación de esta herramienta de planificación y protección del agua subterránea, la Junta Directiva de Senara publicó –el último día hábil del año pasado- un aviso en un periódico de circulación nacional en el que niega la aplicación de tal Matriz al territorio nacional. Ante esto, la Sala Constitucional, como máximo fiscalizador de los abusos del poder, ordenó a dicha Junta el mantener los criterios de protección de aguas subterráneas que dicha Matriz contiene. A esta fecha, en Senara, pasando por encima de lo dicho por la Sala y al mejor estilo de las dictaduras modernas, está en ejecución una iniciativa de modificación de las reglas de protección de las aguas subterráneas. Por su parte, los peritos valuadores del Ministerio de Hacienda y los nombrados por los Tribunales de Justicia se niegan a considerar estos elementos condicionantes del uso del suelo que, me atrevo a afirmar, cambiarían radicalmente la conclusión económica de sus valuaciones y permitirían obtener, con menor esfuerzo, los fondos para la expropiación de la totalidad del territorio» (p. 6)
En este otro número especial de la Revista Ambientico dedicado de igual formal al Parque Marino de las Baulas, uno de los articulistas concluye su análisis indicando que: «Los antecedentes demuestran que el control, el seguimiento y la aplicación de planes de prevención ambiental en el país no son el fuerte de las autoridades y que más se actúa para corregir que para prevenir, de manera que si se continúa aplicando criterios errados para evaluar la importancia del Parque y si se permite el desarrollo a costa de impactar los ecosistemas naturales y la biodiversidad, estaremos en el preámbulo de una tendencia peligrosa, donde lo que la ciencia y la técnica no permiten cambiar la conveniencia política si lo hará» (p. 6).
LOS PRINCIPALES ALEGATOS DE CADA UNA DE LAS PARTES ANTE EL CIADI EN EL CASO «BAULAS 2»
A diferencia de un nacional descontento con el actuar del Estado (y que solamente puede optar por recurrir a tribunales nacionales), un propietario extranjero tiene a su disposición la posibilidad de demandar a Costa Rica ante un ente internacional como el CIADI. Para los especialistas en la materia, el caso de estos 26 terrenos aledaños al Parque Las Baulas es denominado «Baulas 2». En efecto, en el 2012, Costa Rica fue condenada por el CIADI a pagar más de 4 millones de US$ a una pareja alemana por una demanda planteada en el 2008 referente a un terreno ubicado cerca de este mismo Parque Nacional, a raíz de diversas limitaciones para desarrollar un complejo eco-turístico. La demanda se amparó en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Costa Rica y Alemania, el cual contiene una cláusula muy favorable para el inversionista extranjero, al igual que los TBI de Costa Rica con Suiza, Paises Bajos y España, entre otros.
En esta segunda demanda, los inversionistas norteamericanos, invocando la letra del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA-DR), alegaron ante los tres árbitros del CIADI la privación ilícita de sus inversiones inmobiliarias residenciales en 26 terrenos adyacentes a dos playas ubicadas en el Cantón de Santa Cruz, Guanacaste: Playa Grande y Playa Ventanas, localizadas ambas en la costa del Océano Pacífico. Según se lee en la decisión provisional del CIADI, «La cuestión objeto de debate consiste en determinar si, al momento de su compra, los terrenos se ubicaban total o parcialmente dentro del Parque Nacional Las Baulas (“el Parque”), establecido en aras de proteger no sólo la tortuga marina baula, sino también otras especies y recursos naturales, y si las Demandantes tenían conocimiento de las consecuencias expropiatorias de que las propiedades se encontraran dentro de los límites del Parque o deberían haberlo tenido. No es objeto de debate que las privaciones invocadas surgen del desarrollo del Parque. Las Demandantes no cuestionan el derecho soberano de Costa Rica de expropiar tierras por causa de un propósito público. Sin embargo, primero, alegan que Costa Rica no “proporcion[ó] una indemnización pronta y adecuada por sus expropiaciones de facto y de jure”, contrariamente al Artículo 10.7 del CAFTA3 . [Traducción del Tribunal] Segundo, argumentan que Costa Rica no brindó “acceso a los medios administrativos y/o judiciales necesarios para la revisión inmediata de su expropiación de facto de ciertos segmentos de los lotes” en cuestión».
Por su parte, se lee que para Costa Rica, según se desprende del mismo texto de la decisión del CIADI: «7. Costa Rica se opone a la jurisdicción del Tribunal sobre la base del fundamento de que las Demandantes no iniciaron el procedimiento dentro del plazo de prescripción de tres años del CAFTA en virtud del Artículo 10.18.1 del CAFTA y/o de que las presuntas violaciones tuvieron lugar con anterioridad a la entrada en vigor del CAFTA entre Costa Rica y los Estados Unidos el 1 de enero de 2009. No se presentó solicitud de bifurcación alguna, y las cuestiones jurisdiccionales se plantearon junto con las cuestiones de fondo. 8. En materia de fondo, Costa Rica alega que las Demandantes “tenían conocimiento de que sus propiedades, o algunas de sus partes, estaban sujetas a expropiación, tal como disponía la ley que creaba el Parque, o deberían haberlo tenido” y que, en la medida en que alguna propiedad haya sido expropiada, “no se ha tratado de una expropiación sin indemnización”. [Traducción del Tribunal] Asimismo, Costa Rica rechaza la alegación de las Demandantes de que “no ha garantizado el debido proceso legal, mucho menos de manera de alcanzar el nivel de violación de la disposición de trato justo y equitativo [del CAFTA]”. [Traducción del Tribunal]».
Figura con ubicación del Parque Nacional Las Baulas, extraída de artículo de prensa de La Nación sobre esta decisión del CIADI, y titulado (de forma errónea) «Costa Rica gana litigio por expropiación de parque Las Baulas en juicio al amparo del TLC».
DECISIÓN PROVISIONAL DADA A CONOCER POR EL CIADI
En su decisión provisional, los tres arbitros establecen, por unanimidad, que:
«1. El Tribunal concluye que carece de jurisdicción para entender en las reclamaciones de las Demandantes respecto de los Lotes B1, A39, C71, C96, SPG3, V30, V31, V32, V33, V38, V39, V40, V46, V47, V59, V61a, V61b y V61c.
El Tribunal concluye que carece de jurisdicción para entender en las reclamaciones de las Demandantes respecto de los Lotes A40, B3, B8, SPG1 y SPG2 salvo en cuanto a las alegaciones de las Demandantes de que, por vía de referencia a las sentencias pertinentes y aplicables de los tribunales costarricenses, el cálculo de la indemnización respecto de los Lotes B3, B8, A40, SPG1 y SPG2 constituye un supuesto de arbitrariedad manifiesta y/o injusticia evidente contrario al Artículo 10.5 del CAFTA.
El Tribunal concluye que las Partes deberían tener la oportunidad de ser escuchadas respecto de la cuestión que consiste en determinar si el Tribunal goza de jurisdicción para entender en las alegaciones por parte de las Demandantes de violación del Artículo 10.5 del CAFTA por vía de referencia a las sentencias pertinentes y aplicables de los tribunales costarricenses dictadas con posterioridad al día 10 de junio de 2013 en cuanto a los Lotes B5, B6 y B7.
Las actuaciones aplicables a los procedimientos adicionales se reservan a la decisión oportuna del Tribunal, previa consulta a las Partes».
(ver texto completo de la decisión provisional del tribunal del CIADI en inglés y en español).
EL PRECEDENTE DEL CASO «BAULAS 1»
En el caso «Baulas 1» o caso Unglaube contra Costa Rica (ARB /09/1 y ARB 09/20), el reclamo de dos ciudadanos alemanes (Marion y Reinhard Unglaube) se basó en el hecho que, al verse imposibilitados de desarrollar en Playa Grande un proyecto de condominios de turismo ecológico debido a las restricciones de uso de suelo y limitaciones de carácter ambiental existentes, se les debía reconocer una indemnización, en particular en relación a los 75 m. de franja marítima. La finca fue adquirida por una sociedad panameña en 1987 de la que eran socios los esposos Unglaube, y los inversionistas alemanes consideraron ser objeto de una expropiación, reclamando el pago de una indemnización por parte de Costa Rica evaluada en 5.190.000 US$. En su decisión del 16 de mayo del 2012, el CIADI condenó a Costa Rica a pagar 3.100.000 US$, así como intereses sumando en total 4.085.900 US$ (ver nota de prensa de La Nación).
Es de notar que se lee en un informe de la Contraloría General de la República (CGR) del año 2010 ( ver texto del Informe DFOE DFOE-PGAA-IF-3-2010 con fecha del 26 de febrero del 2010, p. 25) que: «Los valores asignados por la ATP a los terrenos que se encuentran dentro de los límites del Parque Nacional Marino Baulas, muestran un incremento significativo en los precios asignados a 31 propiedades que fueron valoradas en el año 2008, en contraste con el costo determinado a 24 terrenos de características semejantes, cuyos valores fueron estimados durante el período comprendido entre los años 2005 y 2007. Al respecto, se tiene que el valor por metro cuadrado de un terreno con un área aproximada de 1000 m 2 alcanzó en el año 2005 un monto promedio de ₡20.315,12/m2, mientras que en el año 2008 el valor para dicho terreno asciende a ₡187.354,55/m 2, lo cual representa un aumento del 822%». A raíz de este informe de la CGR, parte del proceso de expropiación fue suspendido por autoridades a cargo del ambiente (SINAC). No se ha oído, a la fecha, de alguna investigación interna ni de sanciones a funcionarios del Ministerio de Hacienda responsables de esta extraña manera de evaluar terrenos en esa zona.
Esta inusual sobrevaloración del precio del metro cuadrado del mismo Estado contraviene con indicaciones sobre restricciones al uso de suelo de todo tipo, varias de ellas debido a la presencia de un acuífero muy vulnerable en la zona aledaña al Parque Nacional de Las Baulas. Precisamente, en la página 31 de este mismo informe de la CGR del año 2010, se indica que. «Empero, es menester resaltar que la condición de vulnerabilidad de los terrenos del PNMB, no obedece a eventos ocurridos después de la fecha de las valoraciones efectuadas por la ATP, sino que se trata de circunstancias inherentes a esa zona, las cuales, si bien fueron retomadas por el SENARA en el oficio de previa cita, ya habían sido señaladas por esa misma entidad en documentos emitidos en años anteriores, como por ejemplo, en el estudio denominado “Evaluación del potencial y demanda hídrica subterránea en el acuífero costero Huacas – Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica”, de mayo de 2003, así como en el oficio No. ASUB-476-06 del 23 de Noviembre de 2006. Asimismo, se debe indicar que se conoce de informes emitidos por la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica y de la “Comisión Baulas”, de la Iniciativa Paz con la Naturaleza, los cuales también han concluido en señalamientos categóricos acerca de la situación de vulnerabilidad en la zona del PNMB. Así las cosas, no resulta aceptable lo indicado por el Área de Valoraciones de la DGT, siendo que desde el año 2003 se tienen estudios acerca de la vulnerabilidad de la zona, aunado a que las condiciones restrictivas que predominan en ese sector ya habían sido, en alguna medida, identificadas por los propios peritos de la ATP, al haber catalogado el uso del suelo como de categoría 7, sin que las variables respectivas se tomaran posteriormente en cuenta como parte de las estimaciones realizadas».
En un artículo en francés publicado en el 2009 por el jurista costarricense Edgar Fernández Fernández, titulado «Conflits d’usage des espaces naturels au Costa Rica» se lee, a propósito del Parque Marino de Las Baulas, que los diputados de la Asamblea Legislativa también se mostraron extremadamente sensibles a los intentos de algunos propietarios de evitar la adquisición por parte del Estado de sus terrenos. Nos situamos antes de la sobrevaloración detectada en el 2010 por la CGR, pero que puede explicar en parte lo que ocurriría luego con el valor del metro cuadrado en esa precisa zona de la costa Pacífica:«Dans le cas spécifique du Parc national marin Las Baulas de Guanacaste, les propriétaires ont essayé par tous les moyens d’éviter l’acquisition publique, car ils craignent de ne pas pouvoir obtenir de l’Etat le même prix qu’ils recevraient s’ils vendaient leurs terrains sur le marché à des personnes désirant construire des maisons de vacances à quelques pas de la mer. La discussion s´est donc vite réduite à la question concernant le prix des terrains : les projets de loi présentés se fondent sur l’argument selon lequel l’Etat n’a pas les moyens financiers pour payer les prix exorbitants qu’il faudrait payer aux propriétaires de terrains dans le parc, et ce malgré le fait qu’aucune procédure d’expropriation en cours n’a encore arrêté un prix pour l’un des terrains concernés. Parmi les trois projets de loi présentés pour exclure les terrains privés du Parc, ceux présentés en 2008 n’ont pas été approuvés par l’Assemblée législative, tandis que celui présenté en 2009 s’annonce comme un projet décisif pour le futur des parcs nationaux au Costa Rica compte tenu du dangereux précédent qu’il pourrait ainsi créer»(p.9).
En uno de los diversos peritajes aportados por Costa Rica a los árbitros del CIADI en este caso de «Baulas 2», el jurista costarricense Aldo Milano, especialista en derecho administrativo, precisa que la actuación del SINAC no debiera de ser cuestionada, desde la perspectiva del derecho público costarricense: «La decisión del SINAC de suspender algunos procedimientos administrativos durante el desarrollo de la investigación o auditoría que dió lugar al informe DFOE-PGAA-IF-3-2010 es legítima, y puede inlcuso deducirse de ese informe vinculante a título de acto implícito» (ver texto completo de este peritaje aportado por Costa Rica, punto 63, p. 21). Por su parte, una funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR), Gloria Solano Martínez, emitió ante los árbitros del CIADI un documento en el que defiende la legalidad de los actos de la PGR cuestionados por los demandantes (ver documento).
Con relación al tema más específico del valor de estos terrenos, resulta oportuno señalar que con en cuanto a los montos que adeuda Costa Rica de manera general por la creación de Parques Nacionales, se lee en este reportaje de junio del 2016 del Semanario Universidad que: «La mayoría de ese monto corresponde al pago de propiedad privada dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, donde el Sinac estima que debe pagar ¢859.000 millones por 305 hectáreas (aunque el Plan de Manejo del Parque señala que solo hay 242,38 hectáreas por comprar)».
Finalmente, vale la penar recordar que el caso Unglaube que se planteo en el 2008 ante el CIADI fue uno de muchos terrenos en la zona que no fueron elevados en su momento a conocimiento del CIADI. En esta nota del año 2009 sobre el reclamo inicial de los Unglaube ante el CIADI contra Costa Rica, se lee que: «As reported previously by ITN, a year ago Mr. Unglaube’s wife filed a similar arbitration against Costa Rica, which is also pending at ICSID. The two own 50% shares in the company Uni Rana which owns the hotel complex at Playa Grande. Mrs. Unglaube’s arbitration alleges similar breaches of the Costa Rica-Germany Bilateral Investment Treaty, in relation to property she owns in the area including her 50% share in the hotel complex. Last year, counsel for Mrs. Unglaube told ITN that she was not the only investor to have been affected by restrictions on property development in the area around the marine park. More than 50 other properties are alleged to have been affected; however it is unknown how many of these are foreign owned».
DE OTRAS DEMANDAS PENDIENTES CONTRA COSTA RICA ANTE EL CIADI
Además de esta nueva demanda relacionada a terrenos cercanos al Parque Nacional Las Baulas, Costa Rica enfrenta en la actualidad otros cuatro procedimientos ante el CIADI que se mencionarán muy brevemente a continuación:
la demanda interpuesta por la minera canadiense Infinito Gold por 94 millones de US$ en el 2014 (ver ficha técnica), amparada en el TBI Costa Rica-Canadá; 2. la demanda presentada por Cervin Investissements et Alii (subsidiaria de Gas Z) por 30 millones de US$ en el 2013 (ver ficha técnica), usando como base de competencia el TBI Costa Rica-Suiza; 3. la demanda presentada por Supervisión y Control SA (subsidiaria de RITEVE) en el 2012 por 262 millones de US$ (ver ficha técnica), recurriendo al TBI COsta Rica-España; y 4. la demanda presentada por David Aven y otros en el 2014 por un proyecto residencial en Playa Esterillos frenado por las autoridades, en la que se reclama un monto de 70 millones de US$ (ver ficha técnica), utilizando esta vez el CAFTA-DR. Varios de estos casos encuentran su origen en actos administrativos adoptados por el aparato estatal costarricense en el período 2006-2010 (Nota 3). Al momento de redactar estas líneas (28 de octubre del 2016), después de Venezuela (con 26) y de Argentina (con 18), Costa Rica es el Estado de América Latina con más demandas pendientes de resolución ante el CIADI, seguido luego por Perú (4), México y Panamá (3), y Ecuador (2).
A nivel global, de los 217 casos pendientes registrados, España en la actualidad es el Estado con mayor cantidad de demandas en espera de ser resueltas: supera a Venezuela, acumulando un total de 27 demandas (ver recuadro oficial del CIADI). En su gran mayoría, estas demandas se originan en recortes al presupuesto estatal decididos en el 2015 en materia de ayudas estatales a proyectos de energías renovables. Como detalle un tanto curioso en la región centroamericana, de las tres demanas que enfrenta Panamá en estos momentos, una fue presentada por quién hoy ostenta el cargo de Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica (caso Álvarez y Marín Corporación S.A. y otros c. Panamá, ver ficha técnica).
Como otro detalle un tanto inusual, al uso de términos impropios antes señalado por parte de algunos demandantes ante el CIADI, el caso David Aven y otros contra Costa Rica dio recientemente lugar a una contestación de los demandantes en los que se aprecia una serie de improperios dignos de citar por parte de los abogados contratados por los inversionistas extranjeros: «Quitando toda la alharaca del Escrito de defensa del Demandado, es incuestionable que los Demandantes obtuvieron de los diversos organismos competentes de Costa Rica todos los permisos relevantes para realizar este proyecto, y que dichos permisos fueron retirados poco después de iniciarse el proceso de construcción del proyecto. Los Demandantes están muy lejos de ser los necios irresponsables descritos en el Escrito de defensa: adoptaron todas las medidas para asegurarse de disponer todo lo necesario para el proyecto y, minuciosos y prudentes como son, contrataron a los mejores expertos para desarrollar el proyecto. 8. En su desesperación por evitar la responsabilidad por las demandas presentadas en este arbitraje, esencialmente el Demandado alega que estaba facultado para retirar los permisos sobre la base de que (a) el emplazamiento de Las Olas es ecológicamente importante y sensible debido a la presencia de humedales y bosques, y de que (b) los Demandantes omitieron cumplir sus obligaciones para con las leyes de Costa Rica. Analizándolos, la totalidad de los argumentos del Demandado son erróneos,y claramente erróneos. Los Demandantes han evaluado todos los puntos alegados por el Demandado y pueden afirmar que ninguno de ellos resiste una comprobación objetiva» (escrito de contestación, 5 de Agosto del 2016, p. 4, texto integral disponible aquí)
LOS GASTOS QUE ASUME UN ESTADO ANTE UNA DEMANDA DEL CIADI
A finales del año 2010, se pudo escuchar en la Asamblea Legislativa (veracta del 23/11/2010, p. 32, intervención del Diputado José María Villalta ) que dentro del presupuesto nacional de Costa Rica, un aumento significativo respondía a necesidades urgentes de los servicios jurídicos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX): «Cuarenta y nueve coma tres por ciento creció la partida de Servicios jurídicos del Cómex, y dicen que son recursos necesarios para atender —oigan bien, señoras y señores— los procesos de arbitrajes internacionales que nuestro país debe afrontar en el marco de los diferentes tratados comerciales y de inversión vigentes, y se incluye un presupuesto —oigan bien, es que esto es importante— de mil trescientos cuarenta y cuatro millones solo para el pago de asesorías en casos comerciales para enfrentar procesos de arbitraje ante el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia relativas a Inversiones, siendo que actualmente hay tres casos, nada más tres casos, mil trescientos millones, tres casos ante el Ciadi, que es este organismo de arbitraje internacional que administra el Banco Mundial, donde se ha disparado el rubro para atender estos arbitrajes. Y se incluyen ciento cincuenta y siete millones para contratar asesores externos, abogados, porque estos juicios se llevan afuera, se dan fuera del territorio costarricense».
En un artículo del Semanario Universidad del 2013, se indicó que para COMEX, «Independientemente de que este arbitraje prospere o no, el proceso de defensa le costará al país entre 1 y 1.5 millones de dólares, informó la oficina de prensa del Comex». En una comparecencia realizada en setiembre del 2014, el actual titular del Comercio Exterior externó que: «Lo que sucede es que los procesos arbitrales tienen muchas etapas, para el 2015 sumamos cinco casos, antes los teníamos en etapas iniciales. Esta situación nos genera un aumento en lo que es la contratación de servicios jurídicos en un 100%» (ver nota de la Extra).
Estas y otras aseveraciones sobre montos invitan a la reflexión, en la medida en que para especialistas en materia de arbitraje de inversiones, cada demanda ante el CIADI significa para el erario público de un Estado un gasto de unos 8 millones de US$ para asegurar su defensa ante los árbitros del CIADI (el cual incluye, además de los honorarios de firmas de abogados, estudios, peritajes, viajes y per diem en Washington, gastos secretariales, traducciones, certificaciones, elaboración de mapas, salarios de funcionarios dedicados a tiempo completo o parcial a coordinar dicha defensa, etc…). Una demanda ante el CIADI dura, si no hay incidentes procesales mayores que atrasen el procedimiento, cuatro años como mínimo. En esta nota de CRHoy del 2014, se lee que: «El abogado especialista en derecho internacional Juan José Obando afirmó que los montos pagados por el Gobierno son bajos para parámetros internacionales. El experto mencionó que un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) determinó en $8 millones el costo de la defensa legal por un caso». No obstante, en el largo caso Pacific Rim que enfrentó El Salvador en el CIADI (demanda inicialmente planteada por 314 millones de US$ por una empresa minera canadiense, ahora en manos de un consorcio minero australiano), se leyó recientemente que el monto en honorarios de abogados superaba los 12 millones de US$ (vernota de prensa titulada “Arbitraje con Pacific Rim ha costado al Estado $12.6 millones”). En otro extenso caso de la empresa minera canadiense Crystallex contra Venezuela, cuya decisión se dio a conocer en abril del 2016 (ver texto del fallo en su versión española), Venezuela reconoció haber gastado en honorarios de abogados la suma de 14.322.826 US$ (punto 950 del fallo), mientras que la empresa minera indicó haber gastado 30.493.635 US$ (punto 949 del fallo). . En el caso de una demanda presentada ante el CIADI en el 2004 por la minera canadiense Vanessa Ventures contra Venezuela por 1.045 millones de US$ debido a la suspensión del proyecto minero Las Cristinas en 1999, se determinó (ver párrafo 235 del fallo del CIADI a favor de Venezuela con fecha de diciembre del 2012, texto en español) que Venezuela y la empresa gastaron ambos 20 millones de US$ en su defensa. Por estas (y por algunas otras razones) es que se puede tener algunas reservas con relación a los módicos montos de Costa Rica dados a conocer en documentos oficiales recientes sobre el costo que representan estas demandas que enfrenta ante el CIADI (Nota 4).
Una reciente tesis de grado de la Facultad de Derecho de la UCR (ver texto completo) titulada «El formato de defensa utilizado por Costa Rica en conflictos dirimidos ante el CIADI» señala algunas diferencias en los montos correspondientes a las contrataciones de firmas de abogados norteamericanas: «En los casos de Marion y Reinhard Hans Unglaube, expedientes 2008CD-001500- 79600 y 000204-79600, se contrató también a Sidley Austin LLP por la suma de $850.000,00 y $260.000,00, que podrían tomarse como precio unitario equivalente a la suma de ¢555.000.000 ya que la contratación del caso de Reinhard se realizó a través de un addendum en el cual se modificó el contrato original con Marion Unglaube. § En el caso Quadrant Pacific Growth Fund L.P. and Canasco Holdings Inc., expediente 2008CD-001500-79600, se contrató por tercera vez a Sidley Austin LLP por la suma de $750.000 equivalente a la suma de ¢375.000.000. § En el caso de Supervisión y Control S.A., expediente 2012CD-000006-79600, se contrató a la firma Arnold & Porter LLP, por la suma de $1.399.000,00, equivalente a la suma de ¢699.500.000. § Por último, en el caso de Cervin Investissements S.A. and Rhone Investissements S.A., expediente 2013CD-000018-79600, se contrató a la firma Baker Botts (UK)LLP por la suma de $1.250.000,00 equivalente a la suma de ¢625.000.000″ (pp.141-142).
A MODO DE CONCLUSIÓN
Tuvimos la oportunidad de analizar la solicitud de Costa Rica de poner fin al procedimiento ante el CIADI en el 2015 con relación a la demanda de la minera Infinito Gold (ver artículo publicado en el OPALC): se trata de una gestión que no surtió mayores efectos ya que el procedimiento se mantuvo por decisión del los árbitros. En el caso de la demanda presentada por una subisidiaria de RITEVE contra Costa Rica en el año 2012, las afirmaciones del Ejecutivo son dignas de mencionar: se pudo leer en el Diario La Extra (edición del 16/06/2012) que el viceministro del MOPT, Rodrigo Rivera, «explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje»: el contrato de concesión por 10 años más fue reconducido por Costa Rica en el 2012, y la demanda se mantiene pendiente de resolución en el registro oficial del CIADI al 2016.
Nota 1: Cuando la empresa antecesora a cargo del proyecto minero en Las Crucitas, Vanessa Ventures, demandó a Costa Rica en el año 2005 (debido a la no aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA) lo hizo por un monto de 276 millones de US$(ver nota de La Nación). En una carta con fecha del 3 de octubre del 2005 (ver texto completo), la empresa minera retiró formalmente su demanda aduciendo estar en negociaciones con el gobierno de Costa Rica de la época. Al haber la SETENA dos meses después (diciembre del 2005) aprobado el Estudio de Impacto Ambiental que había rechazado anteriormente, la expresión “reasonably optimistic” mencionada por la empresa en esta carta de octubre del 2005 adquiere particular significado. A la fecha, se desconoce quiénes en nombre del Estado «negociaron» con la empresa en el 2005 y cuál fue el objeto de dichas negociaciones.
Nota 2: En la decisión del 2009 en la que rechaza un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto que declara de conveniencia nacional dicho proyecto, el juez constitucional precisa que: «En esa virtud, la Sala no puede levantarse como un contralor de legalidad, y venir a determinar la procedencia, veracidad y legalidad del contenido de los estudios técnicos agregados al expediente, ni tampoco, señalarle a las autoridades accionadas, cuáles eran los análisis o la investigación más adecuada para sostener la viabilidad de este tipo de declaratorias, pues eso tendría como consecuencia el que esta sede se inmiscuyera e interviniera en el seno de sus prerrogativas, y sobre todo, de su especialidad. Asimismo, se verificó que con la puesta en práctica de esta normativa, no se van a entorpecer las funciones que por ley le corresponden a las entidades municipales, o a los órganos que velan por la salud y el ambiente, pues la petición de permisos ante los trabajos que en ese proyecto se efectúen, deben contar con las autorizaciones correspondientes – ver artículo 3 del Decreto -. Agréguese a lo dicho que, como la consecuencia inmediata del reclamo del recurrente, derivó en la tan mencionada falta de fundamentación del acto, ello también es un tema que, si a bien lo tiene el petente, puede reclamar haciendo uso de los remedios ordinarios que existen al respecto».
Nota 3: Con relación a declarar de interés nacional proyectos privados, remitimos al lector a estas conclusiones de un foro académico realizado en la UCR en el 2009 titulado «Técnicas para evadir la legislación ambiental: el caso del MINAET»: ver nota del Semanario Universidad.
Nota 4: Se lee en la solicitud de modificación presupuestaria para el 2013 presentada por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica (ver texto) que: «Al Ministerio de Comercio Exterior se le asignan recursos para atender aspectos relacionados con la defensa de los intereses comerciales del Estado, por un monto de ¢332,4 millones para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI), para la atención de los siguientes casos: · Supervisión y Control S.A. vs República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/12/4). · Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A. vs República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/13/2) y, · Spence Internacional Investments y Berkowitz vs República de Costa Rica, referente a la expropiación de las propiedades ubicadas en el Parque Nacional Marino Las Baulas en Playa Grande, Guanacaste» (p. 21).
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Del informe Situación del Mercado Laboral Costarricense al segundo trimestre 2016, elaborado por el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, dado a conocer hace pocos días, se desprenden importantes resultados, entre ellos, las grandes brechas regionales y territoriales que persisten en el país y que urgen de políticas públicas para su atención.
Las brechas de género en el mercado laboral se amplían cuando se desagregan los datos a nivel regional: por un lado se observa que -en todas las regiones- el porcentaje de mujeres empleadas en ocupaciones de calificación alta es mayor que el porcentaje de hombres; y por otro, que las tasas de desempleo entre las mujeres son más altas que entre los hombres, situación que se agrava cuando se incluye dentro de los desempleados a aquellas personas disponibles para trabajar pero que se encuentran desalentadas. Esto quiere decir que muchas mujeres tienden a desempeñarse en puestos de calificación alta, pero el mercado laboral, en las distintas regiones, no está creando las oportunidades suficientes para ellas.
Por ejemplo, en la región Brunca el porcentaje de mujeres que realiza ocupaciones de calificación alta casi duplica al porcentaje de hombres (25,2% y 13,3% respectivamente), pero al mismo tiempo, el desempleo entre ellas alcanza el 14,9% y entre ellos el 10,8%. Un comportamiento muy similar se presenta en las demás regiones periféricas y, solo en la región Central las brechas de género, tanto en la calificación del empleo como en la tasa de desempleo, son ligeramente menores.
El comportamiento de los indicadores de empleo agregados a escala nacional reflejan, principalmente, el comportamiento de la Región Central: el 65,14% de la fuerza de trabajo costarricense se encuentra en dicha región, así como la mayoría de personas desempleadas (el 61.3%). Asimismo, a nivel nacional, la tasa de desempleo se mantuvo estable, a pesar de haber una menor cantidad de personas ocupadas, y esto se debe, principalmente, a una constante salida de personas del mercado de trabajo, en mayor medida de la región Central. Solo entre el primer y el segundo trimestre del 2016 la fuerza de trabajo a nivel nacional descendió en 44.638 personas, de las cuales 41.830 son de la región Central. Este comportamiento también se verifica en las regiones Chorotega y Huetar Norte, pero no así en las demás regiones. Es importante considerar que una parte de esta población que se sale del mercado de trabajo corresponde a jóvenes que no estudian ni trabajan.
A nivel territorial, la Encuesta Continua de Empleo (ECE) revela una tendencia hacia la baja en los indicadores de desempleo en la vertiente del Atlántico y la cuenca del Río San Juan: la región Huetar Norte presentó una tasa de desempleo de 8,67%, la más baja del territorio nacional en el II trimestre del 2016, aunque con la mayor brecha a nivel de género (un desempleo del 5,8% en hombres y un 14,2% en mujeres) mientras que en la región Huetar Atlántico se experimentan cuatro trimestres consecutivos de reducción de la tasa de desempleo ubicándose en 9,71%, ligeramente superior al promedio nacional.
También a nivel territorial, esta encuesta permite observar que los principales problemas de desempleo se encuentran en la costa pacífica. En la región Chorotega, si bien la tasa de desempleo ha tendido ligeramente hacia la baja en últimos tres trimestres, volvió a situarse por encima del 11% en el segundo trimestre de 2016. En la Región Pacífico Central se ha consolidado una tendencia de aumento en la tasa de desempleo que ya lleva cuatro trimestres consecutivos y se ubicó por encima del 11%. Finalmente, la región Brunca presenta la tasa de desempleo más alta del país por encima del 12% y se consolida como la región con los índices más altos del último año.
De esta manera, se concluye que las asimetrías entre hombres y mujeres en el mercado laboral son estructurales en la economía costarricense ya que son comunes en todo el territorio nacional, siendo las mujeres de la región Huetar Norte las más afectadas. Además, que el comportamiento de los indicadores de empleo agregados a nivel nacional no expresan necesariamente las desigualdades territoriales debido a la alta concentración de la fuerza de trabajo en la región Central y; finalmente, que las regiones de la Vertiente del Pacífico requieren de una mayor atención por parte de las políticas públicas, ya que se viene consolidando una exclusión en el mercado laboral que, de no revertirse, podría convertirse en una crisis de empleo en años venideros.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de Masters a Distancia.
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación, UNA.
Recuerdo que cuando era niño me decían en el colegio que una de las profesiones de servicio era la medicina; con el tiempo fui creciendo con ese concepto, aprendiendo que el servicio es brindarse a otros con lo que sabemos hacer para el beneficio espiritual de uno en la atención corporal y espiritual del otro.
Creía ciegamente que la medicina era así, por tanto, empecé a desarrollar una gran admiración por la medicina en general, casi una veneración por su capacidad de salvación, por más que hasta el día de hoy muchos términos llego a entender como entiendo el griego, o sea, nada…
En la actualidad, desde hace ya algún tiempo, en este tiempo moderno, se viene desarrollando una práctica médica contraria al principio de la medicina –el servicio al enfermo en pro de la vida-, a esa vocación de servicio, aun a costa de que hoy en día se han fundado nuevas ciencias para poder comprender mejor el funcionamiento del ser humano con la finalidad de poder curar sus heridas o carencias.
Esta vocación de servicio ya no es más de servicio sino de servirse del paciente que ya no es una persona sino un cliente, a pesar de los cambios modernos gracias a la bioética, razón por la cual la salud pública es despreciable, deplorable, irrazonable; pues no está enfocada al paciente como persona sino al paciente como cliente, como un medio de enriquecimiento, y esto lo podemos comprobar en cómo se encuentra el estado en salud pública, cuál es la atención por parte de las entidades del estado y cuál es la atención de las privadas, algo que lleva a preguntarme: ¿Qué tanto beneficio me puede dar un paciente como cliente y también como persona? Esta será una respuesta que me responderé al final.
Uno de los principales motores de esta tendencia médica es el propio estado, con sus políticas de poca inversión económica, con su viacrucis burrocrático, con su cuasiconvenio estratégico con las morgues para que el paciente sea atendido antes ahí que en los centros de salud pública, con todas esas prácticas deficientes demuestra su incapacidad. Pero ¿por qué razón sucede que el sistema está así? Simplemente porque tenemos una gran deficiencia en la razón sobre el compromiso con la propia humanidad y sobre todo con la representación social que realizan las autoridades del gobierno.
Yo, considero que uno de los principales problemas del mal estado en el que se encuentra la seguridad social o salud pública es la pésima administración de los recursos. Según las autoridades encargadas de la administración de la salud pública dicen que los recursos son insuficientes, que son muy pocos y, por ende, no se puede brindar un servicio de calidad. Algo que desde el análisis externo del sistema en sí, me lleva a pensar que esto es una falacia al 80%, ya que ellos sí cuentan con cierta derivación de recursos económicos para esos fines, recursos que la administración no sabe optimizar debido a que en las instituciones del estado no se administra con eficiencia y eficacia sino que es como la casa de la caridad, de oportunidades de trabajo, es decir, se crean puestos de trabajos innecesarios, llevando así a la burrocracia del servicio de atención al cliente, es decir, que el cliente tiene que pasar por una serie de instancias antes de ser atendido por el médico, no existe una línea de atención directa entre médico y paciente como suele existir en las instituciones de salud privada.
Esta creación de puestos de trabajos innecesarios hace que exista un menor reconocimiento salarial, poca motivación para los médicos modernos, para que mejoren sus servicio de atención, razón por la cual los médicos modernos –no en absoluto pero sí en mayoría- se han convertido en simples máquinas de atención al paciente, cumpliendo la función de atender a la “enfermedad” del paciente desde aquel conocimiento adquirido en la universidad según los síntomas que el paciente les manifiesta más los “resultados” de los “análisis” que realiza el laboratorio; realizando así una atención médica a los pacientes como masa y no como personas únicas e irrepetibles, por tanto, no se hace una historia del paciente, más allá del historial médico, el médico no llega a conocer al paciente en sí, sino a una masa que debe atender según las indicaciones médicas aprendidas como disco rayado.
Por eso, pienso yo, la realidad de la salud pública se ha convertido en un sistema de manipulación de la población, como un medio de ejercer el poder sobre los representados, una manera de someter al pueblo a la desesperación, a mantenerlos entretenidos en los problemas de la supervivencia personal o familiar para que no vean las carencias, los aprovechamientos, los abusos, los derechos sociales que son burlados o violentados por los gobernantes que se aprovechan del poder para enriquecerse de una forma tan descarada, tan improductiva, tan falsa y tan corrupta, hasta el punto de que la salud se ha convertido en uno de los negocios más rentables de la historia, dejando de ser un derecho para convirtiéndose en uno de los terrores más grandes de la canasta familiar del ser humano.
Pero ¿por qué digo que la salud pública pasó de ser un derecho a un terror de la canasta familiar? El derecho es aquel beneficio que tiene el ser humano por el hecho de ser persona, algo que se ha estipulado en la aceptación de las necesidades básicas que tiene el hombre para que pueda vivir dignamente como persona y no como un animal de supervivencia. Entonces, al existir deficiencia y burrocracia en la atención de la salud pública se pierde ese derecho y se crea la gran necesidad de la atención privada para poder conservar la salud según como requiera la enfermedad; pero ¿qué pasa si tu capacidad adquisitiva no es la suficiente como para recibir la atención privada para tu salud? Simplemente el ser humano pasa a sufrir las humillaciones de la salud pública, rebajando su dignidad a la supervivencia animal del sistema de salud pública, donde deja de ser una persona y se convierte en simplemente un paciente y nada más, una herramienta para la sustentación del sueldo de los médicos y trabajadores, en una materia de trabajo médico, en un útil producto médico para la sustentación de los ingresos económicos a la institución.
Entonces, ahora podríamos responder la diferencia del beneficio que te da el paciente-cliente y el paciente-persona. En el caso primero, el cliente-paciente te suele brindar el beneficio económico y también de ego, en lo económico no cabe duda de lo que se gana ni de cómo se gana; pero ¿cómo es que se logra lo segundo? El ego u orgullo o vanaglorización sucede debido al ejercimiento del poder y la veneración a uno mismo que tiene el médico ante sus pacientes, produciendo en él un sentido de superioridad humana y muchas veces un ego hasta el punto de sentirse dios –y vuelvo a decir que esto no es en todos sino en mayoría-. En cambio, cuando el paciente llega a ser para el médico una persona no recibe esta vanaglorización ni soberbia médica sino por contrario recibe la paz de la responsabilidad social de sí consigo mismo mediante sus semejantes al poner al servicio de las personas su conocimiento y sabiduría médica, para cuidar y conservar la vida de aquellas personas que son el reflejo de sí mismo solo por el hecho de ser personas, personas que cuentan con la misma dignidad humana que el médico y cualquier otro ser humano.
Entonces, en la realidad podemos observar y ver que la realidad de la seguridad social o salud pública es decadente, deficiente, razón por la cual existe una gran carencia en la atención gratuita de la salud; por tanto, ¿cómo es que podríamos optimizar el sistema de salud en el país? En primer lugar considero importante una restructuración del sistema de atención, es decir, hacer más eficiente y eficaz, más directa la atención al paciente, es decir quitar los medios burrocráticos para la obtención de una cita, ya que un paciente acude al médico –en su mayoría- cuando siente alguna molestia física o psicológica –aunque a esto último van muy poco, porque la mayoría de personas piensa que esas asistencias sólo es para los enfermos mentales, algo que es normal dentro de tanta ignorancia y mediocridad sobre la función del tratamiento médico de los diversos problemas que aborda cada rama de la medicina. Después, otra de las cosas que se podría hacer es el tema de investigación científica, impulsar a las distintas instituciones públicas y privadas como también a las universidades al desarrollo de nuevos medicamentos en beneficio de la población y no de los laboratorios, ya que en la actualidad y desde hace algún tiempo, desde que la medicina dejó de ser una vocación de servicio, la medicina es una de las grandes empresas de gran poder para el sometimiento de la humanidad. Y en tercer lugar, crear un impuesto para las instituciones privadas de la salud a favor de la salud pública para mejorar el servicio o contar con su colaboración para la mejor atención de los pacientes en beneficio del derecho constitucional y universal de la salud.
*Para acceder a los Blogs de Macv Chávez, ingrese a los siguientes vínculos:
El Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura invita a la presentación del libro «Mujeres de las fronteras. Subjetividad, migración y trabajo doméstico», de autoría de la Dra. Roxana Hidalgo Xirinachs, Directora del DESC.
La actividad tendrá lugar este próximo martes 08 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Auditorio de Educación Continua, Ciudad de la Investigación, UCR.
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de fotos Archivo UCR, Luis Alvarado.
Enviado a SURCOS Digital por Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.
La Comisión de Espiritualidad e Interreligiosidad del Centro de Amigos para la Paz tienen el agrado de invitarlos a su sétimo conversatorio sobre el concepto de paz y espiritualidad, a realizarse este próximo lunes 24 de octubre de 2016, a las 5:30 p.m. en dicho Centro.
Dirección: Avenida 6 Bis, Calle 15, entre Av. 6 y 8. Costado Oeste de los Tribunales de Justicia. 150 mts. Sur y 25 mts. Oeste de la esquina sur- oeste del Museo Nacional.
