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Marbella: Testimonios de un conflicto turístico en Guanacaste

ARTURO SILVA LUCAS | ALBA SUD

En un caso que al que estamos dando seguimiento desde hace tiempo, en los últimos días miembros del equipo de Alba Sud realizamos una gira por Playa Marbella, ubicada en Guanacaste, Costa Rica, para conocer el estado actual del conflicto entre la comunidad y los desarrollos inmobiliarios.

La apropiación llevada a cabo por grandes inversiones turístico-residenciales en Playa Marbella continua su marcha. En un artículo anterior describimos cómo operan desarrolladores inmobiliarios en destinos prístinos y porqué Playa Marbella es síntesis del conflicto turístico que se produce en estos momentos en Guanacaste. En Marbella se da un acelerado proceso de acaparamiento de tierra por agencias de bienes raíces; gestión privada del agua para abastecer proyectos inmobiliarios; irresolución de instituciones públicas e injerencia en las decisiones de la comunidad.

Ubicada en el cantón de Santa Cruz, Marbella aparece a inicios del siglo XXI como una nueva frontera propicia para la especulación inmobiliaria. Desde el 2016 vecinos y vecinas, organizaciones locales y diversos medios de comunicación han señalado anomalías a la hora de otorgar concesiones, permisos de construcción y gestión de agua potable; así como denuncias por destrucción de manglares. Resultado de esto, grupos inmobiliarios en la comunidad han llevado a cabo campañas de desprestigio y amenazas a voces disidentes con este modelo de desarrollo turístico.

En este contexto, las instituciones públicas han vuelto a fallar en la consecución de una solución rápida, apegada al ordenamiento jurídico costarricense. Se repiten los mismos errores que se han producido en otras playas de la provincia, y que llevaron a que se pusiera en entredicho qué intereses priman en la administración pública en los destinos costeros.

En una gira reciente por la zona, Alba Sud pudo dar seguimiento a la situación. Nos acompañó el M.Sc. Gustavo Jiménez Barboza, consultor e investigador en estudios urbanos. Invitados por la comunidad, estuvimos también presentes en una reunión convocada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la que se trató la carencia de agua potable para los habitantes históricos. También, conocimos qué avances ha habido en las denuncias hechas a la Municipalidad de Santa Cruz sobre construcciones en la Zona Marítima Terrestre (ZMT). Finalmente conversamos con adultos mayores para conocer su perspectiva de cómo ha cambiado Marbella y qué impactos han tenido las inversiones inmobiliarias en la comunidad.

¿Agua para qué y para quién?

En Marbella la gestión del agua ha sido un problema desde que grandes complejos residenciales llegaron a la comunidad. El control privado del agua potable ha sido posible por la administración irregular del acueducto rural (ASADA) por agencias de bienes raíces, al mismo tiempo que se perforan pozos ilegales dentro de proyectos inmobiliarios.

El presidente de la agencia de bienes raíces Marbella Group Developers, Jeffrey Allen, responsable de los residenciales Posada del Sol, Vista Bella, Costa Dorada Ruta del Sol, llegó a presidir al mismo tiempo las dos ASADAS de la comunidad entre los años 2007 y 2019. Esto le permitió otorgar a sus proyectos cartas de disponibilidad hídrica sin ningún estudio técnico de por medio hasta que el AyA tomó el control de las ASADAS. En la denuncia presentada por el AyA, de la cual se dispone de copia, entregada a la Fiscalía en marzo de 2019, se evidencia un conflicto de intereses. En ella se describe cómo operaba Allen a través de redes de sociedades anónimas y testaferros. Los posibles delitos que se señalan son once, entre los más graves enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso de documentos falsos.

Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.

En el mismo sentido, Antonio Marvez, responsable de los residenciales Lomas del Sol y Jardines del Sol es investigado por el delito de usurpación de aguas por la Fiscalía Ambiental de Guanacaste. En el expediente 17-001221-0412-PE se le imputa abastecerse con pozos ilegales dentro de los complejos residenciales mencionados.

Este contexto, junto a la urgencia de vecinos de las barriadas Manzanillo y Veracruz que no cuentan con servicio de agua potable, fue el motivo por el cual la comunidad sostuvo una reunión con el AyA. La cita se realizó el 12 de marzo en el Salón Comunal de Marbella. Por el AyA asistieron Alejandro Contreras, de la Oficina Regional, y Andrea Chacón, de la Dirección Jurídica.

La comunidad, representada por la Asociación de Desarrollo Integral de Marbella (ADIM), fue enfática en señalar cómo a pesar de que en los complejos residenciales hay suministro de agua hasta para piscinas, no haya para uso comunal. La ADIM propuso que, de ser necesario, hay vecinos dispuestos a donar terrenos para pozos y mano de obra para satisfacer la necesidad hídrica. Sin embargo, esta opción no es viable por el momento. Ya que como explicó Andrea Chacón dependen de condiciones hidrológicas idóneas, riesgos de salinización y sobre todo porque “…la gran mayoría de terrenos en Marbella son privados, en algunos casos es gente que no reside en el país y no es como que la gente quiera ceder su terreno para dar agua”. El problema radica en que actualmente los terrenos idóneos son aquellos donde están los desarrollos inmobiliarios, lo que obliga al AyA a tener que negociar y, de ser necesario, comprar terrenos a dueños ausentes.

Así, por ejemplo, en uno de los pozos en el residencial Lomas del Sol, vinculado a Antonio Marvez, el AyA reconoce que es ilegal, pero solo se utiliza para abastecer a ese sector. Chacón explicó que “…nosotros como AyA también tenemos que resolverle a esas personas que tienen casas construidas ahí por una situación que no es nuestra sino de quien construyó…”. Cuando se le preguntó qué iba a suceder con todos los otros pozos ilegales, Chacón respondió: “El AyA no tiene la competencia legal para cerrar pozos, solo la Dirección de Aguas” [1]. Otro ejemplo es un pozo en Posada del Sol, propiedad de Jeffrey Allen, a quien el AyA ha denunciado por manejo irregular de ASADAS comunales durante más de diez años, que, según explicaron en la misma reunión, fue una donación al AyA y es el único pozo que por el momento abastece a la población local.

Imagen de Arturo Silva.

Chacón fue explicita en afirmar que “en este momento el AyA no tiene agua para ampliar el servicio a Manzanillo y Veracruz”, pero están buscando otras fuentes de agua. Mientras el servicio continua en los proyectos residenciales es evidente que construir y substraer agua de manera ilegal en Marbella no tiene mayores consecuencias, hasta puede resultar favorable para el desarrollador, porque puede llegar a vender el terreno al AyA. En la reunión se llegó al acuerdo de conformar una comisión de trabajo entre comunidad y AyA para darle seguimiento al tema.

Otro de los puntos clave en la reunión fue, el papel que juega la Municipalidad de Santa Cruz en esta situación. Alejandro Contreras, de la Oficina Regional del AyA, luego de hacer referencia a la promesa de trabajo que traerá el turismo residencial, sostuvo que “es urgente su participación dada la ausencia de planificación en el cantón”. Contreras mencionó que, para estimar la demanda hídrica de la comunidad, en 2019 el AyA solicitó los permisos de construcción a la municipalidad y asegura que “encontramos un equivalente a 7 veces la población actual de Marbella”. A lo largo de los años a la Municipalidad de Santa Cruz no solo se le han señalado deficiencias en planificación y manejo territorial, también en materia administrativa.

“La muni en su laberinto…”

La sensación de impunidad es perenne en la comunidad. Luego de la reunión algunos vecinos señalaron la ausencia de la Municipalidad de Santa Cruz en la cita. Existe gran inquietud, principalmente porque no se sientan responsabilidades en el manejo del agua, y esto se extiende a la capacidad de reacción del gobierno local. Una de las personas a la cual se omite el nombre para evitar posibles represalias, nos dijo: “Mirá…meter papeles a la muni es como meterlo al Laberinto del Fauno. Qué va a saber uno si lo van a atender hoy, mañana o en un año, o si lo van a engavetar. Hay mucho huevo (dinero), intereses… cosas que uno no sabe bien cómo funciona”.

Tal es el caso del restaurante Tikki Hut, construido por Jeffrey Allen. Por estar ubicado en los primeros 200 metros de costa la concesión municipal debe seguir un protocolo administrativo que certifique el resguardo ambiental y beneficio directo para las comunidades. En respaldo a la comunidad, a quien que desde el 2016 se les ha negado documentos que evidencien el debido proceso para adjudicar la concesión, la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON) hizo su aparición en Marbella.

Imagen de Arturo Silva.

Desde el 18 de diciembre del 2020 FECON presentó tres denuncias en relación al restaurante Tikki Hut. Las denuncias hacen referencia al alumbrado eléctrico, la construcción del puente de acceso y el restaurante en sí. En el último pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre el tema, expediente 21-003356-0007-CO del 12 de marzo de 2021, señala que las acciones de la municipalidad representan una “violación del derecho a una justicia administrativa pronta, acceso a la información y de petición y pronta respuesta, en perjuicio del ambiente”. Del pronunciamiento de la Sala se desprende que la municipalidad de manera deliberada esconde información detrás de consultas innecesarias a sus departamentos legal, ambiental y de ZMT, como si se trataran de instituciones aparte.

En el documento se indica que la denuncia debía “tramitarse en algún departamento específico en atención al principio de coordinación, debió trasladarse de oficio a lo interno de la propia municipalidad y no simplemente indicarle al denunciante a quien correspondía.” Desde que iniciaron los cuestionamientos, la Sala evidencia que “…no se indica si se ha realizado alguna actuación municipal en áreas de constatar o descartar las supuestas irregularidades denunciadas -construcciones-”. También señala el silencio de la municipalidad “no se pronunciaron en cuanto a la solicitud de orden de clausura y demolición de obras, ni tampoco, si se entregaron los documentos pretendidos.” En el pronunciamiento la Sala da un mes como máximo para que se hagan públicos la documentación solicitada.

En Marbella el control estratégico del agua está ligado a la posesión de la tierra, pero mientras el AyA encuentra fuentes de agua y la municipalidad logra dar con el departamento correcto hay una historia a ras del suelo que merece ser contada. Una historia que cuenta cómo Marbella fue cambiando con los años.

Fiebre por la tierra: #LandForSale

Don Roberto Gómez y don Pablo Gutiérrez son dos marbellanos de cuna. En Costa Rica es costumbre utilizar “don” para referirse a personas mayores como muestra de respeto. Don Roberto, de 63 años, nos advierte que su tez blanca y ojos azules vienen de una cepa española que se resiste a desaparecer. Don Pablo, de 75 años, nos cuenta que su familia lo trajo de Nicoya cuando tenía 7 meses, aunque nunca supo por qué. Con la ayuda de un mapa conversamos con ellos sobre los cambios que han sucedido en Marbella en los últimos veinte años. Cómo era Marbella antes, cómo empezó la fiebre por la tierra y qué relación hay con el sector inmobiliario.

Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.

Antes de la explosión turístico-inmobiliaria Marbella era tierra de latifundios, propiedad de algunas familias guanacastecas que no residían en el pueblo. Las pocas familias residentes, como las de don Roberto y don Pablo, vivían de pequeñas explotaciones para el autoconsumo: “cuando yo tenía como quince años vivíamos de sembrar maíz, hacer desmonte, volar hacha, sembrar arroz, frijoles y engordar cerdos”, recordó don Pablo. A continuación, Don Roberto explicó su vinculación con el ganado en estas tierras: “nací entre ganado por herencia, tradición, pero terminándome yo, esto del ganado se termina, porque mis hijos ya están en otra cosa.”

Como en el resto de la provincia, en Marbella el boom turístico residencial hizo su aparición a inicios del siglo XXI. Don Roberto recuerda bien ese momento no tan lejano: “como del 2000 para acá fue que ya comenzó…Jeff [Jeffrey Allen] fue el primero, fue el que llegó a explotar la riqueza turística que tenía Marbella. ¿Por qué? Porque Jeff compró por aquí, compro por allá, compró todo”. Más tarde, algunos obreros de la construcción nos comentaron que el terreno donde hoy esta Posada del Sol de Jeffrey Allen es una propiedad de 120 hectáreas comprada a 160 mil dólares, es decir 0.50 dólares el m² [2]. En los albores de siglo, Marbella era una mina si se contaba con acceso a un poco de capital, y don Pablo recuerda que “era una cochinada lo que se les daba por la tierra. Imagínese que una finca él la compraba a 18 mil dólares y luego vendía cada lote al mismo monto”.

Durante la conversación que sostuvimos con estos dos pobladores les preguntamos por la relación que establecen con segundos residentes. Según don Roberto es distante, “ahí dentro de los proyectos hay gente que uno no conoce, ahí pasan echando polvo, si pueden le echan el carro a uno..jaja. Pero el desarrollador si busca como hablar con uno”. Por el tipo de oferta, es común que un número importante de residencias pasen vacías la mayor parte del año, pero eso no significa que el propietario no siga cobrando la manutención y gastos de alquiler. Un monto que puede rondar los 200 y 500 dólares mensuales para cada casa.

Don Roberto y don Pablo han tenido algunas experiencias con extranjeros que querían comprar sus tierras. Pero ellos no han querido vender porque han visto la tragedia que ha supuesto para algunos de sus vecinos que anteriormente vendieron sus terrenos, y que luego no han sabido qué hacer con el dinero. “Entonces uno ve que venden, se van a vivir a otro lado y al tiempito uno los ve volver sin plata, a vivir donde algún familiar”, nos cuenta don Pablo.

Imagen de Arturo Silva.

A juicio de los dos hombres, reconocen que algunas cosas buenas han traído los desarrolladores, como, por ejemplo, donaciones que de tanto en tanto aparecen en la comunidad. Sobre todo, a partir de que la prensa hizo eco de todas las irregularidades ya mencionadas. También la oferta de empleo ha mejorado, en especifico la que tiene que ver con mano de obra para la construcción.

De mitos y mentiras

En Playa Marbella se evidencia el proceso al cual son sometidas numerosas comunidades locales en los primeros estadios de inversión turística residencial. Como en la mayoría de la costa provincial, en Marbella reina la especulación inmobiliaria. Por eso es posible reconocer prácticas monopólicas que contradicen cualquier dogma, basta con reconocer de qué manera desarrolladores inmobiliarios como Jeffrey Allen se han hecho del control de estas comunidades. Al punto que son desarrolladores inmobiliarios cuestionados los que le dictan al AyA si gustan facilitar agua para la comunidad.

¿Qué soluciones tienen las instituciones directamente vinculadas? Ninguna que resuelva un problema que ya es estructural. A falta de una adecuada coordinación y planificación que incentive alguna opción de tejido económico local, lo que surgen son propuestas de comisiones siempre entre comunidad e instituciones, nunca con desarrolladores, para resolver el abastecimiento de agua o la apropiación de espacios públicos como la ZMT. Todo mientras las denuncias se dilatan en consultas y procesos administrativos.

Antes de hablar de turismo, para Marbella debemos hablar de un mercado de la tierra que vende barato y compra caro, de un mercado del agua privado y de un mercado de mano de obra barata. La curva de crecimiento del turismo residencial es corta pues de lo que trata es de una economía rentista concentrada en pocos dueños que no necesita mucha mano de obra para operar, salvo cuando se construyen los proyectos. Lo cierto es que, a falta de alternativas o apoyo para emprendimientos locales, comunidades como Marbella están a merced del mejor postor o, porque no, a merced de las instituciones públicas.

Notas:

[1] En Costa Rica hay más de 13 instituciones públicas que inciden en el manejo del agua. La Dirección de Aguas es la instancia centralizada que corre con los procesos judiciales.

[2] Los montos fueron convertidos del colón costarricense al dólar estadounidense.

Este artículo se publica en el marco del proyecto «Turismo inclusivo, una demanda de justicia global», desarrollado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, convocatoria Justicia Global 2020.

 

Imagen principal: Crédito Fotografía: Desarrollo inmobiliario, Marbella. Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.

Publicado en http://www.albasud.org compartido con SURCOS por Bernardo Bolaños con autorización del autor.

Denuncia: Fuerza Pública tira gases lacrimógenos contra Pueblo Cabécar de China Kichá

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

-Fuerza Pública tira gases lacrimógenos contra Pueblo Cabécar de China Kichá.

Miércoles 24 de marzo de 2021. Al ser las 11:25, la turba que se encuentra por la plaza de China Kichá se acercó al cordón policial y comenzaron a insultar a las compañeras/os Cabécar que se encuentran en la vía pública vigilando la seguridad de su pueblo y sus casas, la turba también comenzó a tirar piedras al salón comunal del Territorio.

Ante esta situación, la Fuerza Pública atacó con gases lacrimógenos (al menos 6) al Pueblo Cabécar de China Kichá y sus casas de habitación.

Denunciamos y condenamos este ataque y violación de los derechos del Pueblo Cabécar de China Kichá por parte del Estado de Costa Rica. Este grave ataque por parte de la Fuerza Pública se dio, mientras los Viceministros de Presidencia y Seguridad dialogaban con las y los recuperadores de Yuwi Senaglö.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Más detalles: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/264997668448972/

Rey Curré realiza festival en honor al río

Por Uriel Rojas

El pasado sábado 20 y domingo 21 de marzo, la comunidad indígena de Rey Curré llevó a cabo un festival llamado “Dí Crí Cuní”, que significa “visitando el río”.

Esta iniciativa consistió en realizar una serie de actividades culturales vinculadas al Río Grande, entre las que se destacaron las competencias de natación, buceo, pesca y manejo de botes a base de canaletes.

Este festival fue organizado por los padres de familia del Colegio Indígena de Rey Curré en el marco de la celebración de su X Aniversario de fundación.

Las actividades iniciaron el sábado por la noche con un convivio cultural en donde hubo música tradicional indígena y ventas de comidas y bebidas propias de la comunidad.

El domingo 21 se realizaron las competencias de nado, buceo, pesca y manejo de botes a base de canaletes, según las técnicas y costumbres de sus antepasados.

Para garantizar su seguridad, se contó con personal de rescate y asistencia permanente durante cada competencia.

Además, se realizó un torneo relámpago de futbol playa, y se entregaron al final del evento, pequeñas premiaciones para los ganadores de cada competencia.

Todas las actividades de este festival se realizaron en estricto cumplimiento de las normas y lineamientos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud en atención preventiva ante la Covid-19.

Fotografías: Ricardo Araya Rojas.

Fotografías: Ricardo Araya Rojas.

La UCR apoya a gestores comunitarios del agua

Día Mundial del Agua

Mediante proyectos de Acción Social apoya a comunidades en el manejo de los recursos hídricos

En la gestión comunitaria del recurso hídrico, la UCR ejecuta decenas de proyectos de Acción Social para apoyar a personas gestoras, involucrando al personal docente y de investigación, estudiantes universitarios y líderes locales para que cada comunidad se convierta en defensora de los ecosistemas que permiten llevar agua potable de calidad a los hogares. Foto ED-3507

Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030, es lograr que la humanidad encuentre caminos para resolver la crisis mundial del agua y encontrar mecanismos para garantizar su disponibilidad, su gestión sostenible y el saneamiento para todas las comunidades. Además de este esfuerzo global, cada 22 de marzo la Organización de Naciones Unidas promueve que todos los países realicen jornadas de reflexión con motivo del Día Mundial del Agua.

Relacionado con esa meta, la Universidad de Costa Rica (UCR) mediante la ejecución de decenas de proyectos de Acción Social, Investigación y Docencia impulsa proyectos para el adecuado manejo de cuencas hidrográficas, acueductos comunitarios y la gestión de los recursos hídricos en el territorio nacional.

Al menos 30 proyectos de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) trabajan directamente en el apoyo de comunidades para el manejo sostenible de los recursos hídricos destinados al consumo humano, la agricultura y la protección de los ecosistemas.

Uno de ellos es el liderado por la Escuela de Ingeniería Química, que mediante su proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua en la Región Caraigres” (ED-3507) se dio a la tarea de facilitar las habilidades y herramientas para la aplicación de un Plan de Mejora y Eficacia, que permitió identificar las mayores deficiencias dentro de los acueductos comunitarios de esa región. Y posteriormente, crear recursos virtuales dirigidos a la autogestión exitosa. Esa región la conforman tres cantones de San José, incluidos en el Plan de Desarrollo Rural Territorial de Acosta-Desamparados-Aserrí 2016-2021.

En la Región de Caraigres existen 41 acueductos administrados por asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, popularmente conocidas como Asadas. Estas están integradas por juntas de vecinos que se encargan de todos los aspectos técnicos y administrativos.

Según la Ing. Adriana Araya Díaz, docente coordinadora del proyecto, “el trabajo dentro de las Asadas es desarrollado en su mayoría por personas voluntarias que día a día hacen su mayor esfuerzo por permitir que miles de personas tengan acceso a agua potable, y a pesar del apoyo de diversas instituciones, existen grandes deficiencias y dificultades técnicas, administrativas y financieras a las que se enfrentan una gran cantidad de ASADAs a nivel nacional. Adicionalmente, existen vacíos de información sobre la situación de algunos acueductos comunales, lo cual dificulta la generación de rutas de acción por parte de instituciones”.

Araya explicó que originalmente esta iniciativa de Acción Social surgió como un proyecto ganador de Fondos Concursables de la VAS. Posteriormente se diseñó una estrategia de apoyo formativo al personal vinculado con las asadas de Caraigres, y contó con el apoyo de estudiantes del trabajo comunal “Adaptación y mitigación del cambio climático hacia un desarrollo sostenible” (TC-724). Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de talleres educativos en comunidades y la realización de inventarios de gases de efecto invernadero.

En total, 12 estudiantes del TC-724 se vincularon a este proyecto y participaron activamente en la elaboración de material informativo -diseño de infografías-, búsqueda de información, lectura de documentos, entre otros. Además, participaron en algunas reuniones con representantes de instituciones públicas, de manera que con la información recabada se avanzó en la sistematización de información. Desde el año 2019 los estudiantes han colaborado con las Asadas de Poás y Barrio Corazón de Jesús, ambas en Aserrí.

La Escuela de Ingeniería Química se suma a los esfuerzos de la UCR para apoyar las comunidades en la gestión sostenible del recurso hídrico administrado por los acueductos comunitarios. Foto ED-ED-3507

Entrega de resultados

Si bien la ejecución del proyecto concluyó en diciembre del año 2020, la entrega de resultados se realizará en los primeros días de abril. A partir de ahora, las Asadas tendrán a su disposición una serie de materiales gráficos y videos tutoriales sobre aspectos técnicos y administrativos que facilitarán el trabajo para las personas que cada día asumen la tarea de la gestión del recurso hídrico en sus comunidades.

No obstante, explicó Araya, dado que las falencias técnicas son similares en otras regiones del país, estos recursos serán de gran valor para todas las personas interesadas que realizan este trabajo en todo el país.

Para María José Bermúdez, vecina del barrio Corazón de Jesús de Aserrí, e integrante de la Comisión de Recurso Hídrico del Consejo Territorial de Caraigres, este proyecto facilitó la asociatividad entre las diferentes Asadas de la zona. Bermúdez reiteró que la administración está a cargo de personas de los vecindarios bajo criterios populares, sin el apoyo de profesionales. “Las falencias en conocimientos técnicos, la existencia de sistemas obsoletos, y la ausencia de mapas de las tuberías en funcionamientos y bitácoras sobre los procedimientos ejecutados son los problemas comunes en todas las Asadas”.

Según Bermúdez, en la mayoría de Asadas se requieren generar capacidades para fortalecer la gestión del recurso hídrico, incluso de aspectos tan cotidianos como la correcta facturación y administración del aspecto financiero.

La gestora comunitaria acotó que desde las Asadas los apoyos institucionales se han visto desde un rol punitivo del Ministerio de Salud o el mismo Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA). Por eso, prosiguió, la mediación de la UCR para la aplicación de la herramienta de Plan de Mejora y Eficacia, diseñada por el AYA es una oportunidad para aplicar mejoras sustantivas, lo que permitirá optar por recursos de inversión en las Asadas de Caraigres.

Aunque la pandemia sanitaria del año 2020 obligó a cambiar la estrategia del proyecto, se adaptaron las actividades a la virtualidad y se lograron los objetivos, explicó la Ing. Araya. “Tras la conclusión del proyecto, la idea siempre fue la sostenibilidad del proyecto en el ámbito comunitario y que fueran las propias personas de esas comunidades las que lo ejecuten a partir de ahora”, agregó.

María José Bermúdez, vecina de Aserrí, destacó que la mediación de la UCR en la aplicación de la herramienta de Plan de Mejora y Eficacia, diseñada por el AYA es una oportunidad para aplicar mejoras sustantivas, lo que permitirá optar por recursos de inversión en las Asadas de la Región Caraigres. Foto ED-3507

Aprendizaje compartido

“La principal lección aprendida fue que la gestión del agua es un proceso muy complejo que requiere de un compromiso institucional y de trabajo con las comunidades. No solo a nivel institucional, sino también la comprensión de que solo el manejo de una Asada es todo un reto, ya que se necesita saber mucha información, lo cual lo convierte en un trabajo complejo”, dijo Andrés Romero Méndez, estudiante de la Escuela de Geografía y uno de los que apoyó este proceso.

De acuerdo con la Ing. Araya, para la ejecución de este proyecto se partió del criterio que “todos los saberes son válidos y fue un reto lograr un lenguaje accesible para que los contenidos que se produjeron se entendieran”.

En ese sentido, Lucía Rodríguez, estudiante de Ingeniería Química, afirmó que “tener este acercamiento con las comunidades es muy distinto a lo que se aprende en las aulas, porque la realidad de muchas Asadas es que no tienen plantas de tratamientos o procedimientos que aprendemos en los cursos de Ingeniería Química”.

Rodríguez comentó que para el resto de estudiantes fue una experiencia sumamente reveladora ya que lo aprendido es muy ajeno a sus carreras y fue muy valioso conocer de primera mano cómo es que funcionan las instituciones públicas.

“Finalmente y como último aprendizaje se visualiza el valor que tiene la creatividad en los procesos de acción social para enfrentar las situación adversas. Si el equipo gestor hubiera decidido no continuar con el proyecto debido a que la gran mayoría de actividades planteadas eran presenciales, los recursos disponibles hubieran sido desaprovechados. Aun así, la creatividad permitió encontrar una nueva idea que además de sostener la esencia de la iniciativa, amplió el alcance del proyecto en materia de población beneficiaria y en sostenibilidad en el tiempo”, concluyó Araya.

 

Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Acción Social

Denuncian desastre en servicio de APM y consecuencias sociales graves para Limón

SURCOS recibió desde Limón varias fotos y videos que muestran lo que se califica como “un desastre en el servicio que ofrece la concesionaria APM”.

Como se conoce, los últimos gobiernos han impulsado un proceso para quitar a JAPDEVA la atención del servicio portuario e ir entregándolo en su totalidad a la empresa transnacional.

Ante ello recientemente el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) compartió mediante SURCOS su posición que puede leerse aquí: https://wp.me/p6rfbZ-ebw

Uno de los mensajes recibidos este 20 de marzo por SURCOS expresa lo siguiente:

“Buen día, en este preciso momento para ingresar a la Terminal Portuaria de Orden Mundial, APM Terminals, idea que nos vendieron, la cual no es cierta y se queda muy lejos de ser efectiva, en términos de Servicio a la Nave, Servicio a la Carga, Rendimientos Portuarios, Productividad, Efectividad, Logística y  Costos Operativos en Comparación con los mismos Servicios que brindaba Japdeva como Autoridad Portuaria a esos buques, que le fueron trasladados de manera Arbitraria e ilegal a un Operador Portuario, que tiene que ser Supervisado por Japdeva y Fiscalizado por el Consejo Nacional de Concesiones. Adonde están los informes y sus resoluciones de estas anomalías e incongruencias que afectan a los usuarios y clientes de la Actividad Portuaria y Servicios Conexos. Por favor que alguien sea consciente y se manifieste de lo que se vive actualmente. Se agudizó el desempleo en mi Provincia, se elevaron los costos Portuarios a los Servicios, se afectó dramáticamente a la Población Económicamente Activa”.

Compartimos los videos que llegaron a SURCOS.

UCR, Voz experta: Comunidades se manifestaron a pesar de la pandemia por COVID-19

Por Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses, equipo de trabajo del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)

Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Más de 400 acciones colectivas se registraron en comunidades de todo el país durante el 2020, según el monitoreo realizado por el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas1 (OCAC), de la Universidad de Costa Rica. Estas acciones nos permiten aportar una mirada que se suma a la planteada en el mes de agosto por el equipo de PROTESTAS2 del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Según el informe construido en el OCAC fueron 431 las acciones de grupos y organizaciones de la sociedad civil que se lograron registrar durante el 2020. Denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos, recuperaciones de territorio, entre otras, buscaban la garantía de derechos humanos, la protección del ambiente, la defensa de ríos y la oposición a proyectos de ley mayoritariamente.

Desde el OCAC hemos sistematizado principalmente, pero no únicamente, acciones vinculadas a la defensa del ambiente (87) y de los derechos de los pueblos indígenas (121).

En el primer caso, se muestra un panorama que choca con el discurso verde (ya bastante deslegitimado) que suele presentarse en el país. Es posible ubicar procesos organizativos por la defensa del agua y el ambiente ante la amenaza desde distintos frentes (monocultivos, deforestación, proyectos de riego, proyectos hidroeléctricos, entre otros), así como denuncias y pronunciamientos en contra de leyes que plantean retrocesos a nivel ambiental y social.

Por otro lado, en el caso de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, las denuncias tanto por la inacción del Estado para garantizar su derecho al territorio y seguridad, así como las constantes amenazas y agresiones en su contra y la impunidad por estos hechos, se han mantenido a lo largo de todo el año. Además, a esto se suman múltiples pronunciamientos y denuncias presentadas ante los desalojos planteados contra algunas de las recuperaciones en diferentes territorios.

Un punto a tomar en consideración a partir de las acciones que se reportan en el informe es la alta presencia de las declaraciones públicas, tanto de denuncia como de pronunciamiento a través de las redes y medios monitoreados. Si bien podemos señalar que las medidas de cuarentena podrían tener un papel en esto (será un tema sobre el cual la continuación del monitoreo nos podría brindar algunas luces), también encontramos que esta se posiciona como una vía de visibilización de los diferentes conflictos. Que valga decir, muchas veces son invisibilizados por los principales medios de comunicación.

También es posible afirmar, como lo hace el equipo de PROTESTAS (Alvarado, Cortés, Sáenz, Sánchez y Guzmán, 2020) que otros medios que toman lugar en los espacios públicos no son completamente descartados y un claro ejemplo de esto son las recuperaciones llevadas a cabo en los territorios indígenas u otras acciones como marchas, bloqueos y liberación del cauce de ríos desde comunidades.

Si bien un seguimiento mes a mes de las acciones monitoreadas permite identificar momentos de mayor confrontación ante diferentes conflictos y problemáticas, también permiten ver que las mismas se mantienen a lo largo del año sin interrupción. Es así, que si bien la pandemia ha marcado cambios en muchísimas dinámicas sociales, procesos como el despojo, la contaminación, la violación de derechos de los pueblos indígenas y la amenaza a los bienes comunes se mantienen vigentes. Esto en muchas ocasiones y según señalan los diferentes grupos que protestan, con el favor del Estado costarricense, ya sea por acción u omisión.

Ninguno de los conflictos o problemáticas desde donde surgen las acciones reportadas son recientes. En tan solo la última década (aunque podríamos mapear bastante más atrás en el tiempo) se registran más de 20 proyectos hidroeléctricos propuestos solamente en la zona sur del país, múltiples denuncias a empresas dedicadas al monocultivo por afectaciones en comunidades y zonas protegidas y un alto número de amenazas y actos de violencia (incluido el asesinato) en contra de personas indígenas y sus derechos. Esto último principal, pero no únicamente en las comunidades de Salitre y Chiná Kichá.

Es importante señalar que estos proyectos, muchas veces vienen entretejidos y acompañados de leyes o propuestas de ley que amenazan los diferentes territorios. Todo esto pone en evidencia la tensión existente entre un modelo de desarrollo impuesto y las necesidades y apuestas diferentes a las planteadas desde el gobierno que surgen desde muchas comunidades.

El informe de OCAC sobre las acciones comunitarias, se extrae del monitoreo de medios y organizaciones como “Surcos Digital”, “Radio Machete”, “La Voz de Guanacaste”, Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS), FECON, Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas, Movimiento Ríos Vivos, Coordinadora Norte Tierra y Libertad (CNTL) y Ditsö. Dicho trabajo se suma al monitoreo de acciones colectivas a nivel nacional realizado desde la base de datos Protestas. Todos los documentos, informes y gráficos se encuentran disponibles en los enlaces https://protestas.iis.ucr.ac.cr y https://accionescolectivas.ucr.ac.cr

  1. Proyecto parte del Programa Nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  2. Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe Marzo-Julio 2020. Disponible en https://protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/199
  3. Informe Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas 2020. Disponible en: https://accionescolectivas.ucr.ac.cr/images/Informe_Anual_2020.pdf

 

Por Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses
Equipo de trabajo del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)

SINTRAJAP: Basta de dobles discursos, no sigan engañando a la población para beneficiar a la empresa extrajera

Comunicado:

Basta de dobles discursos, no sigan engañando a la población para beneficiar a la empresa extrajera

  • Nos les bastó con hipotecar la soberanía portuaria nacional, quebrando la legalidad del país.
  • Bastantes daños le han hecho a Limón y a los supremos intereses nacionales.

El artículo 121 de la Constitución Política es claro cuando dice que los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado. Igualmente, decir que claramente el artículo 46 constitucional impide los monopolios y si son privados es más dañino el asunto,

Todas las decisiones que ha tomado este gobierno han sido en contra de Limón generando el más alto daño social histórico a la provincia y en lo económico generando un gran daño a los exportadores e importadores, con las tarifas más altas de la región.

Los puertos del Estado fueron construidos con un gran sacrificio y recursos de los costarricenses, y gracias a ello, JAPDEVA llegó a ocupar el lugar número 12 de América Latina y el Caribe compitiendo con 120 puertos, eficiente y barato donde todos ganábamos, JAPDEVA llego a mover 750 mil contenedores y 12 millones de toneladas meticas de carga anual con sus 10 puestos de atraque.

Le vendieron al país eficiencia bajos costos, muchos empleos y una larga lista de mentiras, resultado: todo lo contrario, el puerto de APM es sinónimo de desempleo, caro, ineficiente, largas filas en la ruta 32, largas filas en la bahía. Ahora piden ayuda porque no dan abasto, y siguen mintiéndole al país diciendo que los costos van a disminuir, si le alquilamos el puesto 5-6 de JAPDEVA.

Con relación a la información publicada de que alquilen el puesto de atraque 5-6 del puerto Gastón Kogan de Moin a la APM, en principio podríamos estar de acuerdo en valorar si con esas decisiones se va a incrementar los empleos directos para los limonenses y JAPDEVIANOS, si el Gobierno garantiza que no se va a despedir a nadie más. De no haber este compromiso, no estaríamos de acuerdo porque las decisiones hasta el día de hoy y el resultado de esta concesión ha sido generar riqueza para los holandeses, y el aumento del hambre, desempleo, pobreza prostitución y drogadicción para el pueblo limonense. ¡No queremos más de esa receta!

¿Cuál es el problema en competir?

El verdadero descuento está en que los trabajadores de JAPDEVA atendamos los barcos que hacen largas filas en la bahía para ser atendidos y no nos lo permiten, allí está el verdadero descuento y la eficiencia que dejen ya de estar mintiéndole al país, quebrando la constitución política y la legalidad del país, usando patrañas para seguir favoreciendo a la APM.

Los costarricenses tienen que saber que aquí el Estado permite que APM explote la soberanía de Costa Rica, les regalaron la ruta 257, perforaron el humedal Cariari, no pagaron impuestos municipales, vía directriz del MOPT les regalan las cargas, le quitaron las potestades de imperio que el Legislador le dio a JAPDEVA. y un sin número de anomalías más.

Nada más recordarles que esa fue la intensión desde el gobierno de Oscar Arias: tomar los puertos del Estado, al punto de sobornar a los trabajadores públicamente con $137 millones de dólares, una asamblea de trabajadores dignamente les dijo que no, que lo que querían era estabilidad laboral y eso seguimos solicitando empleo para las familias limonenses.

Igualmente decirles a los costarricenses que ese contrato tiene clausulas donde indica que se puede cancelar por la ineficiencia, por la afectación al iteres público, al interés económico. Ya llevamos 7 mil desempleos, los altos costos que atentan con el comercio nacional e internacional, largas filas en la vía pública, filas en la bahía donde incluso hay barcos que cambian de ruta, y quebranto de la legalidad de Costa Rica.

Lic. Antonio Wells
Secretario General de SINTRAJAP