La Asociación Madre Tierra invita a una actividad titulada “Gentrificación en Costa Rica: Expulsión y expropiación territorial de población autóctona”, la cual se celebrará el próximo 12 de agosto a las 18:00 horas en el Centro de Cultura de España.
Esta actividad tiene como objetivo analizar cómo el proceso de gentrificación, que implica el desplazamiento de poblaciones de bajos ingresos de sus tierras, por otras de mayor renta, afecta a diversas regiones del país, particularmente en zonas como Guanacaste y las zonas marítimo-terrestre.
El evento contará con la participación de tres especialistas nacionales: Wendy Molina, socióloga y profesora de la UCR; Esteban Barboza Núñez, doctor en Estudios Culturales y coordinador del Observatorio de Turismo y Migraciones de la UNA; y Catalina Carrillo Vargas, psicóloga con experiencia en gestión local y trabajo comunitario. Además de abordar los aspectos conceptuales del fenómeno, se abrirá un espacio para que el público proponga ideas que contribuyan al posicionamiento del tema.
Esta nota forma parte de una producción audiovisual realizada por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en colaboración con comunidades organizadas en los Estados Unidos. El trabajo documenta una experiencia inspiradora de lucha popular por el derecho a la vivienda en una de las ciudades más desiguales del mundo: Los Ángeles, California.
En medio de una profunda crisis habitacional global, donde millones enfrentan desalojos, rentas impagables y condiciones indignas, el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles se ha convertido en un referente de resistencia urbana, organización comunitaria y poder popular. Esta producción recoge los testimonios de personas migrantes, trabajadoras e inquilinas que, cansadas de los abusos de propietarios y el abandono de las autoridades, decidieron organizarse para defender sus hogares, sus derechos y sus comunidades.
Desde barrios como Boyle Heights, Koreatown y el Valle de Sacramento, las voces protagonistas relatan cómo la falta de regulación al mercado inmobiliario ha dejado a miles en riesgo constante de desalojo. “Vivimos en una ciudad donde más del 60 % de las personas alquilan, pero las decisiones se toman para beneficiar a los dueños”, denuncia Cristina Sánchez Juárez, cofundadora del sindicato. “Formamos este movimiento porque no había una voz que nos representara. No se trata solo de sobrevivir al desalojo, se trata de construir comunidad”.
El video retrata cómo el sindicalismo inquilino, basado en principios de educación popular, autonomía organizativa y solidaridad barrial, ha permitido a estas comunidades no solo resistir desalojos, sino organizar huelgas de renta, recuperar espacios comunes y transformar el miedo en poder colectivo. “Nos están expulsando de nuestras casas, de nuestras ciudades, de nuestra historia”, expresa Daniela Líez, vecina de Boyle Heights. “Pero al unirnos, aprendimos que no estamos solas. El sindicato no es solo para enfrentar emergencias, es un espacio de formación, de acompañamiento y de transformación social”.
Además de visibilizar los impactos de la crisis inmobiliaria en los sectores populares y migrantes, el documental establece un puente con las experiencias organizativas en Centroamérica, particularmente en Costa Rica. Durante su visita, miembros del sindicato participaron en espacios de intercambio con comunidades locales, reconociendo en la pedagogía popular un pilar fundamental para sostener procesos de largo plazo. “Venimos a aprender de las luchas que se han tejido en este territorio. Necesitamos construir redes que trasciendan fronteras”, comparten.
A diferencia de las ONG tradicionales que operan dentro de marcos institucionales, el sindicato apuesta por una organización independiente y radicalmente democrática, donde las decisiones surgen de las asambleas y donde la participación de las juventudes es clave para proyectar el movimiento hacia el futuro. “Queremos cambiar la mentalidad de ser inquilinos sin derechos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho humano”, afirman. “Y este movimiento está creciendo, porque las personas ya no están dispuestas a aceptar la injusticia como normal”.
Este trabajo forma parte del compromiso del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, un espacio académico y comunitario que busca visibilizar las luchas sociales, territoriales y urbanas por la defensa de los derechos colectivos y la justicia socioambiental.
La Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley (ASOMOBI) invita a toda la población al Festival Comunitario Tierra y Amistad, en conmemoración del Día Nacional del Felino y la Vida Silvestre.
Salón Comunal de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas Sábado 19 de julio De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Actividad gratuita y para toda la familia
Durante el festival se realizarán actividades culturales, educativas y recreativas para todas las edades: circo, música en vivo, comidas típicas, charlas ambientales y mucho más.
Este espacio nace del compromiso de ASOMOBI por fortalecer la organización comunitaria, promover la educación ambiental y celebrar la biodiversidad local, con el apoyo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED.
Se agradece el respaldo de organizaciones aliadas como RedQuercos, EducaPILA, Ritmos Mulatos, y a Aquelarre de Arte por la creación de los diseños gráficos del evento.
El Festival Tierra y Amistad es una invitación a compartir, aprender y cuidar nuestra riqueza natural y cultural en comunidad.
Por: Bernardo Archer Moore Cahuita, 06 de julio del 2025
Mientras los representantes del Estado aceleran en silencio el desarraigo de nuestras comunidades costeras, mantienen a muchos líderes comunitarios distraídos en reuniones interminables con altos funcionarios, entretenidos entre promesas, diagnósticos y propuestas que rara vez se concretan.
Pero un día cualquiera, al despertar de ese espejismo, la realidad golpea sin aviso: la casa de un vecino, o quizás la suya, ha sido demolida por tratarse, según las autoridades, de una “ocupación precaria”.
Perder de vista que el verdadero objetivo del aparato estatal en la zona costera del Caribe Sur es apropiarse de los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) sin pagar un colón en indemnización, es caer en una trampa peligrosa.
Lo hacen aun cuando en esos mismos terrenos nacieron nuestros padres y abuelos, décadas antes de la existencia de la Ley 6043 de 1977, y mucho antes de leyes como la 9242, que ahora los califica como simples “poseedores precarios” del dominio público.
Ignorar esta realidad no es inocente: Es contribuir, por omisión o distracción, con los propósitos del despojo institucionalizado.
A quienes deben dedicar tiempo y lealtad estos líderes no es a los burócratas de traje y protocolo, sino a sus representados y vecinos.
Deberíamos de estar en sesión permanente con los miembros de nuestras propias familias, y vecinos, organizándonos con urgencia para enfrentar la avalancha que ya asoma en el horizonte.
Esperar a que la tormenta nos caiga encima para decidir qué hacer es, sin duda, el peor de los caminos.
Si no nos organizamos ahora, como dice el refrán: El último que salga, que apague la luz.
Reflexiones finales
Debemos recordar que nuestras tierras heredadas son más valiosas que cualquier celebración o espectáculo promovido por quienes buscan despojarnos.
Durante décadas enviamos señales equivocadas al Estado y a nuestras futuras generaciones: Actuamos como suplicantes en lugar de defensores de nuestros derechos. La prioridad debe ser la unidad familiar y comunitaria bajo el principio: todos para uno y uno para todos.
Nota:
Llamado a la acción comunitaria
La historia nos ha enseñado que la unidad comunitaria es nuestra mayor defensa frente a políticas que buscan despojarnos de nuestros territorios. Por ello, hacemos un llamado urgente a los vecinos, asociaciones y organizaciones del Caribe Sur a mantenerse en sesión permanente, organizando comités locales, participando activamente en reuniones comunitarias y fortaleciendo nuestros mecanismos de defensa colectiva.
La resistencia pacífica, la acción legal informada y la visibilidad internacional son herramientas que debemos utilizar con firmeza y determinación. El tiempo de la dispersión ha terminado. Nos corresponde defender el legado de nuestros antepasados con dignidad y unidad.
Contacto:
Asociación de Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de Cahuita (ACUDHECA)
Del 3 al 14 de julio, Puntarenas celebra una de sus tradiciones más emblemáticas: las Fiestas de la Virgen del Mar, una conmemoración que entrelaza la devoción religiosa con la riqueza cultural, artística y gastronómica de la provincia.
Las festividades iniciaron el jueves 3 de julio a las 6pm con una noche de cócteles y juego de pólvora en el Hotel Las Brisas, dando paso a una variada agenda de actividades que se extenderán por casi dos semanas.
El viernes 4, se realizará el concierto “Cédula 6” en la tarima principal a las 8 pm; mientras que el sábado 5, de 7am a 3pm destacará el Festival de las Islas, ofreciendo una muestra de artesanía, gastronomía y cultura local, y en este mismo horario se llevará a cabo un Evento Náutico frente al Hotel Las Brisas, por la noche, a las 8pm se presentará un concierto con Erick Sánchez.
El domingo 6, a las 6pm se hará el gran concierto con la Banda Nacional de Puntarenas junto a Humberto Vargas en la tarima del Hotel Las Brisas, seguido por una cena temática llamada “Recordando mi Puerto”, con código de vestimenta “Black and White”, a las 7:30pm en el Restaurante del Hotel Las Brisas.
La segunda semana de celebraciones continuará con eventos como el Festival de Bandas Rítmicas el viernes 11 de julio a las 7 pm en la tarima principal, con la participación de la Banda Comunal de Los Planes de Belén y la Banda Rítmica de Puntarenas.
El sábado 12, a las 6pm la tarima principal recibirá al Grupo Luz del Faro, con un Recital Poético Porteño; a las 7pm, en el Hotel Las Brisas se exhibirá la obra de teatro “Entre Copas” y a las 8 pm será el concierto con Pimienta Negra.
El domingo 13 de julio a las 12md en la tarima principal, se presentarán agrupaciones de baile como la Academia de danza tahitiana Moorea, de Ocotlán, Jalisco, México y la Agrupación de Danza Folclórica JABIRU Puntarenas, Costa Rica; seguidas por la procesión de la Virgen del Mar a la 1:30 pm.
Finalmente, el lunes 14 a las 6pm en la tarima principal se celebrará la Misa Campal con el Padre Sergio, de Obras del Espíritu Santo.
Además, se realizarán mascaradas los días viernes 04, sábado 05 y sábado 12 de julio a las 3 pm. Habrá juegos mecánicos de lunes a jueves de 3 pm a 10 pm y de viernes a domingo de 3 pm a 12 mn. Durante todos los días habrá chinamos y comidas de 11 am a 11 pm.
Durante más de cuarenta años los mojones situados en Puerto Viejo señalaron los 50 metros de zona pública que la Ley 6043 declara inalienables y libres de construcciones. Hoy el mar ya los alcanzó: la franja costera de uso común ha desaparecido y el oleaje golpea directamente edificaciones, puentes y la vía principal.
El monitoreo comunitario realizado por Philippe Vangoidsenhoven —compuesto por registros fotográficos, observación directa y denuncias dirigidas a las instituciones— muestra:
Construcciones en riesgo – Frente a la discoteca Stanford y en Beach Break (Cocles) el agua invade la parte urbana; para proteger la carretera se colocaron rocas de gran tamaño. En Salsa Brava, sacos de arena intentan frenar el oleaje que socava la base del edificio.
Permisos sobre arena – Se siguen otorgando licencias “pegadas” a los mojones aun cuando estos ya no reflejan la línea de pleamar ordinaria. Funcionarios reconocen que mover los hitos implicaría declarar ilegales muchas edificaciones existentes, por lo que continúan utilizándolos.
Proyecto en debate – El propuesto Parque Lineal del Arte y la Cultura plantea infraestructura fija en zonas que el mar ya reclamó, sin abordar la pérdida de la franja pública ni el riesgo climático.
Dimensión legal y climática – La Ley 6043 prohíbe construir en los primeros 50 metros; no obstante, el nivel medio del mar en el Caribe Sur sube unos 2,4 mm al año, acelerando la erosión y la salinización del terreno.
El Observatorio señala que persistir en mediciones obsoletas normaliza la ocupación privada de un espacio que pertenece a toda la sociedad y agudiza la vulnerabilidad de las comunidades costeras. Reconoce, además, la necesidad de actualizar los límites de la Zona Marítimo-Terrestre, fortalecer el monitoreo ciudadano y priorizar la justicia territorial frente al cambio climático.
En Los Chiles, Alajuela, Pobladores de Medio Queso y comunidades vecinas denuncian un deterioro acelerado de la ruta 760 —conocida localmente como la Choritrocha— y de caminos aledaños, atribuido al tránsito constante de maquinaria pesada y al depósito indiscriminado de fruta en descomposición por parte de las fincas Piñas Cultivos de Costa Rica, Piñas Norteñas y TicoFrut.
Según los testimonios recopilados, grandes cantidades de piña descartada se acumulan a la orilla de las carreteras y en lotes contiguos, lo que genera proliferación de moscas y malos olores que afectan la calidad de vida de la población. A esto se suma la presencia de baches profundos y tramos socavados en la vía principal, por donde circulan diariamente autobuses que transportan a estudiantes de primaria y secundaria.
“Donde sea botan la piña y la echan al monte; las moscas ya no se aguantan y el camino está totalmente destruido”, describió una de las vecinas afectadas.
Acuerdos incumplidos
Las comunidades señalan que existían compromisos de reparación vial entre las empresas y la Municipalidad de Los Chiles, pero denuncian que dichos acuerdos no se han ejecutado. Mencionan, en particular, la falta de respuesta de la vicealcaldía y del empresario Rodolfo Salazar, propietario de Piñas Cultivos de Costa Rica.
Ante la inacción, los habitantes intensifican su lucha colectiva y convocan a más localidades de la Zona Norte a exigir el arreglo de las rutas y un manejo responsable de los residuos agrícolas. También buscan el acompañamiento del partido Frente Amplio y de la diputada Priscila Vindas (Alajuela) para visibilizar el problema a nivel nacional.
Impactos ambientales y sociales
Salud pública: la fruta en descomposición atrae vectores que ponen en riesgo a niñas, niños y personas adultas mayores.
Seguridad vial: el mal estado de la ruta 760 obliga a conductores a maniobras peligrosas, especialmente en horarios escolares.
Derecho a la movilidad: comunidades rurales dependen de estos caminos para acceder a centros educativos, servicios de salud y comercio.
Las personas vecinas reiteran que continuarán organizadas hasta obtener una solución efectiva por parte de las autoridades municipales y las empresas responsables.
El Observatorio Bienes Comunes UCR cuenta la realidad que se está viviendo en estos momentos en Puerto Viejo, la acumulación de basura en playas y zonas costeras pone en riesgo ecosistemas frágiles como manglares, ríos, arrecifes y bosques, donde habitan especies como aves marinas, peces, monos y perezosos. Materiales como plásticos, vidrios, metales y escombros causan lesiones, intoxicaciones y pérdida de hábitat, al tiempo que deterioran la calidad del agua, generan vectores sanitarios y afectan la imagen del destino turístico.
Este impacto ecológico y sanitario se agrava en un contexto de alta presión turística, donde el aumento de visitantes no va acompañado de una adecuada gestión de residuos ni de una cultura ambiental sólida. La limpieza de las costas, por tanto, no es solo una cuestión estética, sino una necesidad urgente para proteger la biodiversidad, la salud pública y el sustento económico de la región.
Con mucho pesar, el día 1 de julio se dio la noticia del fallecimiento de Hugo Dennis Fernández González. De parte del Programa de Gestión Local de la UNED y de parte del equipo de SURCOS expresamos las más sinceras condolencias a su familia y a toda la comunidad Boruca.
Hugo fue un líder comunitario y egresado del Técnico en Gestión Local de la UNED. Él deja un legado invaluable en la lucha de los pueblos originarios. Como una muestra de la huella que dejó Hugo con su trabajo, hoy la comunidad de Boruca se reunió en un acto emotivo para despedirlo.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional valorar un oficio clave del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como prueba en un recurso de amparo interpuesto contra la institución pública. El recurso tiene que ver con la colocación de rotondas en la Ruta 32, situación la cual varios vecinos y comunidades organizadas de la zona han manifestado su molestia.
Esto se dio a conocer a través de la carta a la Sala Constitucional suscrita por Marco Levi Virgo, vecino de Limón. En esta carta, Levi le solicita a este órgano judicial incluir en el recurso de amparo el oficio CARTA-CONAVI-UE32-09-2025-0459 (0563).
La carta, suscrita por el ingeniero Ronald Alfaro Fernández, menciona algunos puntos importantes. Alfaro menciona en el oficio que está buscando estudios funcionales que demuestren o justifiquen la implementación de obras no contempladas originalmente en el proyecto. Levi de esta manera menciona que “esta afirmación implica que las rotondas actuales no cumplen plenamente con las necesidades de funcionalidad y seguridad de la Ruta 32”.
Otro punto a destacar del oficio es que reconoce que la implementación de las rotondas obedece a que quedan pendientes expropiaciones que permitan hacer el paso a desnivel, siendo estas una medida temporal y no una solución. Levi menciona que esto compromete la seguridad vial y contradice las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras del MOPT.
Entre otros puntos mencionados en el recurso están que la institución se compromete a mejorar los diseños en un futuro. Además, Levi menciona que los puntos del oficio donde se mencionan las medidas de participación ciudadana son ambiguos en su gran mayoría. Por otra parte, menciona que tienen un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la elaboración de estudios técnicos y la planificación de obras complementarias.
Además de la inclusión del oficio como prueba del recurso de amparo, otras medidas solicitadas por Levi a los magistrados judiciales en su carta son: ordenar la realización de estudios técnicos y obras complementarias, la instalación mecanismos efectivos de participación ciudadana, y que la Sala Constitucional designe un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas ordenadas.
El recurso de amparo tiene como propósito salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad vial y a un ambiente sano, derechos constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la carta fundamental.
