La Universidad de Costa Rica, a través del Posgrado en Desarrollo Urbano y Gestión Territorial, anuncia la defensa pública del trabajo final de investigación aplicada titulado Programa de protección comunitaria del recurso hídrico río Torres. La investigación es desarrollada por Natalia Caro Bernal en el marco de la Maestría Profesional de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial.
La actividad se realizará el viernes 29 de agosto a las 10:00 a.m., en modalidad presencial, en el Anfiteatro del Museo de la Niñez de Costa Rica.
La propuesta presentada busca articular acciones de resguardo y gestión comunitaria en torno al río Torres, bajo el lema “Río Torres conectando realidades”, promoviendo la vinculación entre investigación académica, participación ciudadana y protección de los recursos hídricos.
Este martes 26 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú confirmó el acuerdo alcanzado tras semanas de movilización ciudadana: se reinstala la Comisión Especial del Plan Regulador, garantizando que la ciudadanía tenga voz en la definición de este instrumento clave para el futuro del cantón.
La decisión marca un hito en la defensa de la participación ciudadana en Escazú. Luego de intensas tensiones, denuncias públicas y vigilias en el propio Concejo, vecinas y vecinos lograron abrir nuevamente el espacio para incidir en el proceso, revirtiendo el intento de trasladar toda la responsabilidad a una oficina técnica sin representación comunitaria.
Para las comunidades, se trata de un paso fundamental: el Plan Regulador incide directamente en la vida cotidiana, desde la protección de los Cerros de Escazú y las fuentes de agua, hasta la regulación de barrios, comercios e infraestructura.
Lo que viene: selección de representantes
Con el acuerdo ya en firme, el siguiente paso será la selección de las personas representantes de la ciudadanía que integrarán la Comisión. En cada uno de los tres distritos del cantón (Escazú, San Antonio y San Rafael) se realizarán audiencias públicas para elegir a quienes representarán la voz vecinal en este proceso. Esta fase será crucial para asegurar que exista una representación legítima, diversa y comprometida con los intereses colectivos.
Un diálogo necesario: conocimiento técnico y comunitario
Más allá de la conformación, se abre ahora una discusión de fondo: ¿cómo dialogan el conocimiento técnico y el comunitario en la construcción del Plan Regulador?
Tradicionalmente, la planificación territorial se ha basado en estudios técnicos —cartografía, imágenes satelitales, censos, diagnósticos sectoriales— que, aunque necesarios, resultan insuficientes para reflejar la complejidad de la vida cotidiana en el territorio.
El Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial señala que la información para estos procesos puede y debe nutrirse de múltiples fuentes: inventarios ambientales, análisis socioeconómicos, talleres participativos, consultas locales, recorridos comunitarios y observación directa del entorno.
La experiencia de vecinas y vecinos aporta elementos que ningún estudio puede reemplazar: la memoria de inundaciones y deslizamientos, la relación con las quebradas y nacientes, el impacto de la expansión comercial en la vida barrial, la tensión entre agricultura y urbanización. Son trayectorias e historias de vida que permiten comprender el territorio en su dimensión más humana y comunitaria.
El reto estará en reconocer este conocimiento como parte legítima del proceso y no como un complemento secundario. Solo con un diálogo equilibrado entre lo técnico y lo comunitario será posible construir un Plan Regulador que garantice seguridad, sostenibilidad y calidad de vida para el cantón.
Un proceso en disputa
La reinstalación de la Comisión no significa que el camino esté despejado. Lo que viene será un proceso cargado de tensiones sobre qué contenidos se priorizan, cómo se recogen los aportes y hasta dónde se consideran las propuestas ciudadanas en las decisiones finales.
Sin embargo, la experiencia de estas semanas demuestra que la organización comunitaria es capaz de incidir. La presión vecinal no solo recuperó un espacio que se había cerrado, sino que dejó claro que la planificación territorial es un asunto de interés público que no puede definirse entre cuatro paredes.
Un nuevo capítulo para Escazú
Con este acuerdo, Escazú abre un nuevo capítulo en la gestión de su territorio. La Comisión Especial del Plan Regulador tendrá ahora la tarea de construir un puente entre la mirada técnica y la experiencia comunitaria.
El desafío será mantener viva la participación y asegurar que el futuro del cantón se decida de manera transparente, democrática y con la voz activa de quienes lo habitan día a día.
Herramientas y técnicas participativas disponibles
El Manual de Planes Reguladores enfatiza que la construcción de estos instrumentos no puede limitarse al análisis técnico, sino que debe integrar activamente la participación de las comunidades. Para ello, identifica un conjunto de herramientas que permiten recopilar, sistematizar y validar la información de manera inclusiva y transparente. Entre ellas se encuentran:
Audiencias públicas: espacios formales donde se presentan avances, se recogen observaciones y se abren canales de diálogo directo con la ciudadanía.
Talleres participativos: dinámicas grupales en las que se trabaja con mapas, dibujos y debates abiertos para recoger percepciones, propuestas y problemáticas locales.
Mapeo comunitario: ejercicios donde las personas habitantes identifican en planos o cartografía sus recorridos, lugares de importancia, zonas de riesgo o sitios de conflicto.
Entrevistas y encuestas: permiten profundizar en las experiencias de distintos sectores de la población, recogiendo datos cualitativos y cuantitativos.
Mesas temáticas: espacios de discusión especializados (agua, movilidad, riesgo, vivienda, ambiente) que permiten detallar aportes sectoriales.
Recorridos de campo y observación directa: visitas conjuntas a barrios, quebradas, zonas agrícolas o áreas de riesgo para complementar los diagnósticos técnicos con la mirada comunitaria.
Inventarios y diagnósticos participativos: registros elaborados con apoyo de la población local sobre recursos naturales, espacios públicos, prácticas productivas o usos del suelo.
Estas herramientas demuestran que la información relevante para un Plan Regulador no proviene únicamente de estudios satelitales o consultorías técnicas, sino también del conocimiento acumulado en la vida cotidiana de las comunidades. Su incorporación fortalece la legitimidad del proceso y abre oportunidades para construir un ordenamiento territorial más justo y equilibrado.
A todos los afrodescendientes, dentro y fuera de Costa Rica
Soy Marco Levy Virgo, y me dirijo a ustedes con un análisis preciso y un llamado directo a replantear nuestras prioridades colectivas. En un contexto donde la opresión se manifiesta de manera sutil, es imperativo reconocer que la falta de visión y estrategia en muchos de nuestros líderes afrodescendientes ha perpetuado un enfoque equivocado: el privilegio del asistencialismo social por encima de la educación transformadora. Esta dinámica no es casual; históricamente, ha servido para mantenernos en situaciones de dependencia, instrumentalizados incluso por miembros de nuestra propia comunidad que, al momento de reclamar derechos y proponer soluciones, optan por lo accesorio en lugar de lo esencial.
El asistencialismo, aunque ofrece alivio inmediato, no resuelve las raíces de la desigualdad; al contrario, refuerza ciclos de opresión al limitar nuestra autonomía y capacidad de innovación. Nuestros líderes, en su miopía estratégica, han priorizado intervenciones paliativas que distraen de la verdadera empoderación. Es hora de invertir esa ecuación: la educación debe ser el pilar fundamental de nuestra lucha. Una educación integral, accesible y culturalmente relevante, que fomente el pensamiento crítico, el emprendimiento y la preservación de nuestra identidad, nos equipará para reclamar no solo derechos, sino también el control sobre nuestro destino.
Este enfoque no es un lujo teórico; es una necesidad urgente. Al fomentar la educación por encima del asistencialismo, rompemos las cadenas de la dependencia sutil y construimos una comunidad resiliente, capaz de generar soluciones sostenibles. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de exigir y promover programas educativos que prioricen nuestra historia, habilidades y potencial, dejando atrás las propuestas superficiales que nos mantienen en la periferia.
Hago un llamado vehemente a que nos unamos en esta transformación: apoyen iniciativas educativas, presionen a líderes para redirigir recursos hacia la formación, y participen activamente en el desarrollo de estrategias que nos liberen de verdad. La pasividad ante esta falta de visión nos condena; la acción educativa nos eleva.
La Municipalidad de Escazú comunica que el Concejo Municipal de Escazú y un grupo de ciudadanos acordaron la solución al tema de la gestión del Plan Regulador. El Plan Regulador se trabajará en conjunto entre la Oficina Técnica y la Comisión.
El acuerdo se dio luego de que el alcalde Orlando Umaña Umaña y el vecino Miguel León conversaron y promovieron una mesa de diálogo, para buscar soluciones en beneficio del cantón de Escazú, y convocaron a los 7 regidores propietarios para buscar un acuerdo.
Mañana martes se estará presentando el documento en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, para que se apruebe el acuerdo al que se llegó para que trabajen la Oficina y la Comisión en conjunto.
Además, en otros puntos se fortalecerá las capacidades de la Oficina Técnica y los procesos de participación ciudadana.
Por: Bernardo Archer Moore Presidente ACUDHECA Cahuita
¿Qué celebramos?
No es una pregunta sencilla. Cada quien tendrá su propia respuesta.
Pero al ver a nuestra juventud limonense bailar y celebrar, lo que verdaderamente debemos recordar y conmemorar es:
Por un lado, haber recorrido juntos el largo y difícil camino que nos llevó de la vergüenza de ser negros al orgullo de nuestra herencia africana.
Y por otro, reconocer el desdén y el menosprecio histórico hacia la cultura africana, y al mismo tiempo reafirmar nuestro compromiso de compartir, como hermanos, una misma patria.
Ese es el triunfoque nos une, la victoria que ningún sistema pudo borrar, y la razón por la cual seguimos de pie como pueblo.
Durante gran parte del siglo XX, ser negro en Costa Rica significó vivir bajo el peso del estigma, burla y la exclusión. Generaciones enteras crecieron en un entorno donde su herencia africana era negada, despreciada y objeto de burlas, un dolor que llevó a muchos a distanciarse y abandonar sus lenguas y costumbres.
Cuál fue el propósito de todo eso: Tierra y poder político.
La historia muestra que en Costa Rica la tierra nunca fue solo un bien económico: También representó ciudadanía y poder político.
Así lo reflejan la Ley 35 de 1915, que creó el poblado de Cahuita Bluff, y la Ley 166 de 1935, que establece Old Harbour (Puerto Viejo). Ambas dispusieron el reparto de lotes a familias afrodescendientes, reconociendo su derecho a la propiedad en un país que históricamente se les había negado.
Con la tierra vino también la posibilidad de autonomía, herencia y organización política. Pero ese avance despertó temores en las élites, que respondieron con políticas de supresión cultural y marginación económica, negando infraestructura, educación superior e inversión en la región caribeña.
Exclusión y migración:
El resultado fue que miles de afrodescendientes migraron hacia el Valle Central o al extranjero. La población de Cahuita, Puerto Viejo y otros pueblos costeros se redujo a un número “manejable”, evitando que la tierra otorgada se tradujera en poder político real. La migración promovida por el gobierno, nos permitió sobrevivir, pero al costo de la erosión cultural y lingüística.
De la vergüenza al orgullo:
Hacia finales del siglo XX, sin embargo, el ciclo empezó a cambiar. La influencia de los movimientos de derechos civiles, del Black Power y del panafricanismo en EEUU, inspiró a algunos intelectuales y líderes políticos afro costarricenses a reivindicar su herencia como fuente de orgullo. Además de considerarse como una buena estrategia política partidista.
Hoy, aún frente a las amenazas que pesan sobre los derechos de propiedad en la zona costera, las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo mantienen encendida la llama de la resistencia. La tierra no es solo sustento material, cultural o espiritual: Es también identidad, dignidad y la base del poder político que garantiza la continuidad de nuestra historia como pueblo.
Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas
La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo contra el alcalde de Nicoya por no actuar en la defensa de 80 hectáreas de bienes comunales en el Proyecto Americano: calles, parques y zonas verdes que habían quedado en manos privadas.
El fallo ordena frenar cualquier obra que afecte esos espacios y avanzar en los trámites para devolverlos a la comunidad.
Este precedente no solo es importante para Nosara, sino para todo el país: reafirma que los bienes públicos son inalienables, imprescriptibles y pertenecen a todas las personas.
Esta es una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo en la región.
La Primera Declaración de La Habana, en 1960, recordó que la dignidad no se negocia. Hoy, esa enseñanza sigue vigente: denunciar la violencia extractiva no es “injerencia”, sino la continuidad de una tradición emancipadora que atraviesa la historia de Nuestra América.
Mientras en Venezuela y otros países de América Latina se acusa de conspirar a voces críticas y organizaciones sociales, las grandes corporaciones —como Chevron, aliada de Israel y de sus guerras— continúan firmando contratos millonarios con gobiernos que se presentan como “antiimperialistas”.
El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR invita a reflexionar sobre estas contradicciones y sobre lo que callan ciertos discursos políticos, cuando se trata de confrontar el poder del extractivismo y sus impactos en los pueblos.
Le invitamos a leer la nota completa en el sitio del Observatorio de Bienes Comunes UCR:
El ciudadano afrodescendiente Marco Levy Virgo, se dirige a todas las personas, organizaciones, ONGs, asociaciones y movimientos que dicen representar a la comunidad afrodescendiente en Costa Rica y más allá. Desde su experiencia de lucha, se observa como ciertos liderazgos, tanto políticos como no políticos, han convertido la identidad, la historia y las luchas en un instrumento para su beneficio personal, alejándose de los valores que unen como pueblo.
El principio Ubuntu—“Soy porque nosotros somos”— recuerda el mandato ancestral de las culturas bantúes: la fuerza radica en la interconexión, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. Este principio enseña que no se existe como individuos aislados, sino que el bienestar depende del progreso colectivo, de la responsabilidad compartida y del compromiso genuino con las comunidades.
Es hora de recuperar el principio Ubuntu y transformar el activismo en un movimiento genuino, inclusivo y colectivo. Por ello, se proponen las siguientes acciones urgentes:
Transparencia y rendición de cuentas: Las ONGs, asociaciones y líderes deben abrir sus estructuras, involucrar a las comunidades de base y rendir cuentas claras sobre los recursos que gestionan en nuestro nombre. La confianza se construye con hechos, no con promesas.
Acción colectiva, no individualismo: Basta de cúpulas que priorizan agendas personales. Se necesita un activismo que una a las comunidades de Guápiles, Matina, Siquirres, Talamanca, Limón y Guácimo, trabajando codo a codo por soluciones concretas, como la actualización de planes reguladores costeros que protejan territorios y ecosistemas.
Honrar herencia con hechos: Ubuntu llama a fortalecer la identidad afrodescendiente mediante acciones tangibles que promuevan la pesca artesanal, el turismo ecológico comunitario y la protección de manglares, arrecifes y bosques.
Inclusión de todas las voces: Desde la juventud hasta los mayores, desde las mujeres hasta los pescadores, todos los sectores deben tener un lugar en la toma de decisiones. Esto está respaldado por el Convenio 169 de la OIT y por nuestro derecho ancestral reconocido en la Carta de Independencia de 1821.
No se puede seguir permitiendo que la lucha afrodescendiente sea utilizada como un medio para fines individuales. La exclusión histórica, como la Ley No. 31 de 1935, y las políticas actuales que ignoran los impactos del cambio climático en las costas son pruebas de que tanto el Estado como algunos de los propios líderes han fallado en saldar la deuda histórica con las comunidades. Es hora de que el activismo afrodescendiente adopte el Ubuntu como brújula, transformando el “Poder de Uno” en un movimiento colectivo que garantice justicia, resiliencia y sostenibilidad para todos.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) presenta un análisis de lo sucedido en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Escazú del pasado 19 de agosto, en la que se esperaba debatir sobre el Plan Regulador.
No obstante, la agenda dio un giro inesperado: durante dos horas se expuso un informe sobre Vivienda Municipal y, de forma sorpresiva, se incluyó un nuevo punto para presentar los avances de la Oficina de Plan Regulador.
Lo que no se preparó fue el espacio para la ciudadanía. Afuera del edificio, cerca de cien vecinas y vecinos exigían una participación real en la construcción del Plan Regulador: incidir en las decisiones de zonificación, asegurar que el ordenamiento priorice zonas seguras y comunitarias y no solo negocios inmobiliarios, además de plantear medidas preventivas frente a la creciente presión urbanística.
A esto se suma la preocupación por la zona protectora de los Cerros de Escazú, vital para la recarga hídrica, la biodiversidad y la seguridad ante desastres. La disputa no es solo técnica, se trata de definir si el ordenamiento territorial garantizará condiciones de vida dignas y sostenibles para el cantón o si se impondrán intereses fragmentados y comerciales.
Mientras tanto, dentro de la sesión, la Municipalidad improvisaba con sillas y nunca resolvió los problemas de audio. Lo único asegurado fue la presencia de la Policía Municipal. Quienes asistieron denunciaron la falta de condiciones mínimas para la participación ciudadana y cuestionaron que las audiencias solicitadas iniciaran hasta pasadas las diez de la noche.
La administración, por su parte, defendió la labor de la Oficina de Plan Regulador con más de una hora de exposición, apelando a combatir la “desinformación” ciudadana. Pero lo que quedó en evidencia fue la ausencia de espacios efectivos de diálogo, el uso de advertencias sobre sanciones penales y una dinámica política marcada más por el cálculo que por la construcción de confianza.
El trasfondo revela que el Plan Regulador no es un asunto meramente técnico, en Escazú se entrecruzan tensiones entre agricultura, comercio y zonas residenciales. La presión inmobiliaria acorrala a las familias agricultoras y amenaza la zona protectora, mientras la falta de agua, las inundaciones recurrentes y la mezcla desordenada de usos de suelo son problemas que la ciudadanía identifica día a día.
La sesión se extendió hasta casi la medianoche, cuando finalmente se abrió un espacio para escuchar a la comunidad. Como resultado de la presión vecinal, se propuso convocar una sesión extraordinaria en el Centro Cívico, con condiciones adecuadas para un diálogo más abierto.
Comunidades indígenas de Talamanca profundizan en el debate sobre los mecanismos de compensación de emisiones de carbono y sus impactos en la autonomía territorial. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha publicado un artículo que recoge el conversatorio realizado a petición de la comunidad de Alto Cohen.
En el conversatorio se analizaron en colectivo el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), destacando los cuestionamientos sobre consulta previa, soberanía y las condiciones impuestas por estos instrumentos.
La actividad reunió a personas líderes, mayores y vecinas de Alto Cohen, Barrio Escalante y del territorio bribri, con el fin de desmenuzar de manera colectiva los aspectos técnicos, legales y culturales de estos instrumentos, así como sus impactos en la autonomía comunitaria.
El PAFT es un requisito para que los territorios indígenas accedan a fondos internacionales destinados a la conservación de bosques bajo la iniciativa REDD+. Una vez aprobado, abre la posibilidad de suscribir un CREF, que formaliza la venta de servicios ambientales como la captura de carbono a cambio de financiamiento.
En Costa Rica, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), adscrito al MINAE, administra estos contratos y canaliza los recursos. Sin embargo, las cláusulas del CREF establecen restricciones estrictas sobre los usos del bosque y obligan a las comunidades a vigilar y sancionar actividades contrarias a lo pactado.
Durante el conversatorio se cuestionó la validez de los procesos de consulta que dieron origen a estos instrumentos. Voces comunitarias señalaron que la participación fue limitada, sin acceso pleno a información clara ni condiciones de traducción y contextualización cultural.
Esto ha generado conflictos internos y tensiones con las asociaciones de desarrollo que firmaron los contratos, en detrimento del derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Las personas participantes coincidieron en que el financiamiento condicionado puede restringir usos tradicionales como la cacería, la agricultura y el aprovechamiento de madera, debilitando las formas históricas de gestión territorial de los pueblos bribríes y cabécares.
Para las comunidades, la conservación no puede desligarse de la soberanía sobre el territorio, ni reducir los bosques a meros “servicios ambientales” mercantilizados.
Otro punto de debate fue el rol de las asociaciones de desarrollo indígena, señaladas por tomar decisiones sin un mandato comunitario claro y por no garantizar transparencia en el manejo de los recursos. Se planteó la urgencia de democratizar la información y asegurar procesos amplios de socialización antes de suscribir cualquier acuerdo que afecte a los territorios.
Finalmente, se alertó sobre la incorporación de los PAFT y CREF en lo que se denomina falsas soluciones climáticas: mecanismos que permiten a empresas y países contaminantes comprar compensaciones, en lugar de reducir sus emisiones, mientras trasladan los costos y riesgos a las comunidades indígenas.
