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Taller para niñas y niños del asentamiento Los Jardines, en San Ramón, recuerda el apoyo incondicional a brindar en contra del juicio presentado por los negociantes de tierras

Por Sofía Jiménez Murillo

En relación con la publicación Apoyo incondicional a las familias del asentamiento Los Jardines, San Ramón se insta a la comunidad costarricense a estar informada y apoyar a las familias del asentamiento Los Jardines, de San Ramón de Alajuela, en su proceso jurídico en contra del juicio propuesto por algunos negociantes de tierras. Esto supondría una desestabilización fuerte para la comunidad del asentamiento qué, además de la problemática de la tierra, enfrentan situaciones complicadas con respecto al suministro de agua potable desde 2020. 

La comunidad, que ha realizado talleres artísticos para niñas y niños, recuerda el propósito del apoyo y la lucha del pueblo. El Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) lo recuerda, a través de rótulos que fomentan la defensa de las viviendas de los habitantes de la comunidad.

Apoyemos a la comunidad del asentamiento Los Jardines éste lunes 22 de enero, a las 8:00 a.m. en los Tribunales de San Ramón. ¡La vivienda de los pobres no se toca!

Apoyo incondicional a las familias del asentamiento Los Jardines, San Ramón

Por Sofía Jiménez Murillo

Se informa sobre el juicio interpuesto ante las familias afectadas por la problemática de desalojo de tierras en el asentamiento Los Jardines, en San Ramón de Alajuela. La hora de inicio del juicio está establecida para las ocho de la mañana el día lunes 22 de enero de este año. Este proceso se llevará a cabo en los Tribunales de Justicia de San Ramón, Alajuela.

Es importante recordar que esta problemática involucra, además del desalojo de las tierras, un considerable faltante de agua potable en la zona previo al 2020 debido a la falta de respuesta ante la solicitud de las llaves públicas para el acceso a este bien común, tal como se aprecia en la nota de SURCOS Comunidad de Jardines Dos de San Ramón continúa sin servicios básicos – SURCOSSURCOS

Por esto, el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) hace un llamado al apoyo para las familias afectadas. Puede ver la información detallada en la imagen compartida.

Enid Cruz llama a las candidaturas inscritas a un pacto cantonal por la defensa del agua en San Ramón

Por: José Fernando Rojas L.

La reforma al artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica publicada desde el 2020, nos indica que el agua es un derecho humano, básico e indispensable para el desarrollo de la vida. Sin embargo, no es una realidad para todo nuestro territorio nacional, como es el caso del cantón de San Ramón, que cuenta ya con varios años con problemas de distribución de este bien a su población.

Por su parte la candidata a alcaldesa por el partido Frente Amplio (FA), Enid Cruz Ramírez, pretende impulsar junto con las comunidades de la zona, la reutilización y recolección de desechos de todo tipo para contribuir con el ambiente y a su vez favorezca la economía de San Ramón.

¿Cómo se podrá lograr?

De acuerdo con Cruz, se debe colocar este problema como emergencia cantonal para actuar a la brevedad. Además de fortalecer y apoyar el trabajo de las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (Asadas), así como garantizar los procesos de educación ambiental para el manejo de desechos sólidos y ordinarios.

Es por esto por lo que la candidata Enid Cruz, hace un llamado a los partidarios fuera de los colores que los distinguen, se unan para que juntos se tome dirección y se de fin a un problema que afecta al cantón desde hace más de 8 años.

Puede ver más detalles en este enlace.

Enid Cruz impulsa pacto multipartidario ante crisis del agua en San Ramón de Alajuela

SURCOS comparte la carta enviada a varias organizaciones y partidos para promover un pacto por el agua, así como los acuerdos alcanzados.

Llamado a un pacto multipartidario por unidad para resolver la crisis del agua en San Ramón de Alajuela

San Ramón, 4 de diciembre de 2023

Estimada Vilma Fallas
Candidata a la alcaldía de San Ramón:

Recibe mi aprecio y saludo. Me dirijo a ustedes con profunda preocupación por la creciente crisis del agua que afecta a nuestra querida comunidad de San Ramón de Alajuela. La situación actual demanda un compromiso colectivo y acciones concretas para abordar y resolver este desafío fundamental que impacta a muchas familias de nuestro querido cantón.

Independientemente de nuestras diferencias políticas, creemos que es crucial poner de lado nuestras disputas partidistas y unirnos en un esfuerzo conjunto para encontrar soluciones sostenibles a la escasez de agua en nuestra comunidad. Este problema no espera a la resolución de elecciones ni entiende de afiliaciones políticas; afecta a todos y todas por igual.

En este sentido, hacemos un llamado a todas las candidaturas de las diferentes opciones electorales a comprometerse, de manera clara y con acciones tangibles, a trabajar colectivamente para abordar la crisis del agua en San Ramón de Alajuela. Les instamos a incluir en sus plataformas y programas de gobierno propuestas concretas y viables que aborden la gestión sostenible del agua, la conservación de recursos hídricos y la infraestructura necesaria para garantizar el acceso equitativo al agua potable.

Proponemos la creación de un espacio de diálogo y colaboración, donde todas las candidaturas, junto con expertos en gestión del agua y representantes de la comunidad, puedan discutir y diseñar estrategias efectivas para enfrentar esta crisis. Este espacio deberá fomentar la transparencia, la participación ciudadana y el compromiso activo de todos los sectores involucrados.

La crisis del agua es un desafío que exige unidad y liderazgo. Al unir fuerzas, podemos superar las barreras políticas y trabajar hacia un futuro en el que el acceso al agua sea un derecho garantizado para cada habitante de San Ramón de Alajuela.

Esperamos contar con su compromiso firmando el siguiente pacto y con la participación activa en esta causa vital para el bienestar de nuestra comunidad.

Atentamente,

Enid Cruz Ramírez
Candidata a la alcaldía de San Ramón

PACTO MULTIPARTIDARIO POR UNIDAD PARA RESOLVER LA CRISIS DEL AGUA EN SAN RAMÓN DE ALAJUELA

Las y los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas del cantón de San Ramón y aspirantes a la alcaldía de este cantón pactamos lo siguiente.

Tomando en cuenta que:

  • El acceso al agua es un derecho humano universal tutelado por el marco jurídico nacional e internacional.
  • El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los seres humanos.
  • El Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
  • Actualmente existe una profunda preocupación por la creciente crisis del agua que afecta a la comunidad de San Ramón de Alajuela.
  • La situación actual evidencia una reducida capacidad de gestión hídrica por parte de las actuales autoridades municipales.
  • La situación actual requiere de un compromiso colectivo y acciones concretas para abordar y resolver este desafío fundamental que impacta a muchas familias de nuestro querido cantón.
  • Independientemente de nuestras diferencias políticas, creemos que es crucial poner de lado nuestras disputas partidistas y unirnos en un esfuerzo conjunto para encontrar soluciones sostenibles a la escasez de agua en nuestra comunidad.

Pactamos:

  1. Incluir en nuestras plataformas y programas de gobierno propuestas concretas y viables que aborden la gestión sostenible del agua, la conservación de recursos hídricos y la infraestructura necesaria para garantizar el acceso equitativo al agua potable.
  2. Comunicar las acciones tangibles que cada candidatura tiene para trabajar colectivamente en la resolución de la crisis del agua en San Ramón de Alajuela.
  3. En caso de ganar la alcaldía, se declarará de interés cantonal la solución inmediata de la problemática del agua.
  4. Se convocará a una mesa social y participativa con todos los sectores de la sociedad civil del cantón para la construcción de soluciones integrales.
  5. Se establecerá un espacio mensual de rendición de cuentas abierto a toda la población de San Ramón sobre las acciones realizadas relacionadas con la gestión hídrica en el cantón.
  6. Fomentar la creación de un espacio de diálogo y colaboración, donde todas las candidaturas, junto con expertos en gestión del agua y representantes de la comunidad, puedan discutir y diseñar estrategias efectivas para enfrentar esta crisis.
  7. Este espacio deberá fomentar la transparencia, la participación ciudadana y el compromiso activo de todos los sectores involucrados.

Manifestación frente a Casa Presidencial entregará 75 mil firmas exigiendo la prohibición del clorotalonil en Costa Rica

  • Se puede seguir firmando en línea hasta el 6 de diciembre

Este próximo 6 de diciembre se cumple el plazo de 6 meses que la Sala Cuarta otorgó al gobierno costarricense para prohibir el Clorotalonil en el país, a pesar de esto, no se ha cumplido con dicha indicación. Por lo tanto, los grupos ambientales se manifestarán ese mismo día frente a Casa Presidencial, a partir de las 11 am, para hacer entrega de las firmas recolectadas en apoyo a la prohibición y demandar que se respete el derecho al agua de miles de costarricenses. Por el momento cuentan con 75 mil adhesiones, pero esperan que “más personas se unan en la defensa del agua”.

Para firmar se puede ingresar al enlace e incluir su nombre y su correo electrónico, es fácil y rápido. La plataforma es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.

El agroquímico pone en peligro la salud de más de 10 mil ciudadanos cartagineses. Como dice Jordan Vargas, vecino del lugar y defensor de agua de Cipreses de Oreamuno: “No queremos degradados agrotóxicos en el agua de las comunidades. Acompáñenos a exigir nuestro derecho Constitucional de agua sin venenos agrotóxicos.”

La petitoria también solicita a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley de Expediente 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos y al Poder Ejecutivo, implementar las ocho recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil”, que incluye su prohibición del agroveneno. Según la solicitud, el agroquímico está prohibido en 32 países “pero en vez de sacarlo del mercado, compañías europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica”.

La petición está encarnada en Isabel Méndez García, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, un pueblo pequeño donde cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil. Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace más de un año. Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago).

Unos días después se denunció que otra comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago. Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

El pasado 10 de noviembre ARESEP convocó a una Mesa de Trabajo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes. En este espacio se dio a conocer que el Decreto de prohibición del Clorotalonil está firmado por la ministra de Salud y está en la mesa del ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para pasar posteriormente al presidente de la República y que sea oficializado. También, se dio a conocer que otra ASADA en San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con derivados del Clorotalonil y finalmente se anunció la publicación del decreto N°44200 de fortalecimiento del Laboratorio Nacional del Agua (Ver más de resultados de reunión).

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Manifestación por el agua. Acción ecologista por el agua y la vida

Se le invita a participar el próximo 6 de diciembre a las 11 a.m. frente a la Casa Presidencial en la Manifestación por el Agua, ya que el 6 de diciembre se cumplen los 6 meses que la Sala Cuarta inicialmente le dio al Gobierno para prohibir el Clorotalonil en Costa Rica. Se cumplen 6 meses de haber ganado el recurso de amparo que desde las comunidades planteamos en defensa de nuestro derecho constitucional. 

No queremos degradados agrotóxicos del Clorotalonil en el agua de las comunidades.  Acompáñenos a exigir nuestro derecho constitucional de agua sin venenos agrotóxicos. 

Aún podemos llegar a las 80 mil firmas, solo ingrese al enlace y firme: https://actions.eko.org/a/costa-rica-prohibid-este-pesticida-cancerigeno

Diputado pide cuentas por contaminación de clorotalonil en agua de la ASADA de San Pablo de Oreamuno

  • Solicita información al AyA, Servicio Fitosanitario y Ministerio de Salud

El diputado Ariel Robles accionó ante la denuncia realizada por Frente Eco Cipreses sobre un nuevo caso de contaminación con clorotalonil del agua basada en la información revelada por Vladimir Mesén Montenegro de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago del AYA en una mesa de trabajo que ARESEP convocó para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.

El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”.

Al presidente ejecutivo del AYA Alejandro Guillén Guardia el legislador le preguntó: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado este instituto al respecto como ente rector para proteger la salud de los usuarios y la prestación del servicio de agua potable como derecho humano?, ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?

Mientras a la ministra de Salud Mary Denisse Munive Angermüller le indagó: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado este ministerio al respecto como ente obligado-artículos 267 y 268 de la Ley General de Salud, Ley 5395- a garantizar la calidad del agua potable?, ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?

Finalmente, a Nelson Morera Paniagua director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) le preguntó sobre: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado el SFE al respecto como ente encargado -inciso e, artículo 2 de la Ley 7664- de regular el uso y manejo de sustancias químicas en procura de proteger la salud humana y el ambiente? ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?

Según EcoCipreses “hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de que San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar activándose un protocolo que implica girar las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo”.

En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente a 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2, Sanabria Alto, Rosca Van Alto y Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.

Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas aunque en los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Denuncian contaminación del agua potable de las piñeras en Río Cuarto

  • Visita de presidente y acto con alcalde genera descontento en la comunidad

La Zona Norte del país donde se concentra la mayoría del cultivo de piña sigue siendo una de las más afectadas a causa de sus impactos socio ambientales. Un ejemplo de esto es la situación del cantón Río Cuarto, pues recientemente las personas vecinas denunciaron que “recibieron una notificación sobre el cierre por orden sanitaria del Acueducto La Tabla debido a la contaminación por bromacil”, un agroquímico prohibido en el país desde el 2018. La comunidad se cuestiona cómo siguen pasando estas situaciones: “Seguimos recibiendo malas noticias”, “creíamos que el problema del agua ya se había solucionado”, “¿qué les vamos a heredar a nuestros hijos?”, son algunas de las impresiones de vecinos y vecinas de este cantón.

Miguel Ángel Salazar Campos, vecino de La Españolita, expone que el uso de agroquímicos como el bromacil, ya se realiza incluso por parte de los pequeños agricultores, y comenta que “para ellos es una gran gracia decir que “compré tal producto que mata las hierbas, mata esto o lo otro” y nos están matando a nosotros mismos, eso no lo comentan ellos, por desconocimiento” y sugiere que ojalá esto no pase más y que es importante informarse para descontinuar estas prácticas. Sin embargo, la comunidad tiene claro que esta problemática no viene de los pequeños agricultores exclusivamente sino de las grandes empresas transnacionales.

A esta problemática se añade el trabajo insatisfactorio en temas ambientales de parte del gobierno local. Héctor Dávila Sosa del Sindicato Nacional de trabajadores y trabajadoras de los Agrocultivos comenta:

“Nosotros consideramos que es una falta grave de conciencia por parte del gobierno local porque consideramos que pueden hacer más, la gestión municipal en tema ambiental con las piñeras del cantón no ha sido tan bueno, hasta puede entrar esto como una hipocresía política debido a que el alcalde y el gobierno local no le ponen mano dura a las empresas que se encargan de sembrar, producir y exportar productos como la piña que es uno de los principales consumidores de este agroquímico.”

El pasado viernes 10 de noviembre, días después de la denuncia de cierre del acueducto, el presidente Rodrigo Chaves hizo una visita al cantón de Río Cuarto . Tras recibir una canasta de piña de la “Finca Joselyn” por parte del alcalde del cantón José Miguel Jiménez, varias personas de la comunidad expresan su descontento ante esta acción e incluso algunos mencionaron que esta visita es parte de la propaganda política debido a las elecciones municipales del 2024:

“Invitar al presidente fue más de propaganda porque no se abrió el espacio para una conferencia de prensa que permitiera preguntarle sobre la contaminación del agua, las violaciones de derechos, la contaminación de ríos, la tala de árboles, la expansión desmedida… no vemos interés en el ejecutivo para frenar esta crisis”, menciona Héctor Dávila.

Elena Trigueros comenta que la Finca Joselyn “es la finca donde más se violan derechos en la Zona Norte, donde contratan a personas indocumentadas, donde esas personas tienen que pagar sus utensilios para trabajar, les pagan mal, no tienen aguinaldos, no tienen vacaciones, él [el alcalde] es sabedor, simplemente se hace de la vista gorda porque como él no es el perjudicado entonces dice uno: ¿a dónde puedo acudir si las autoridades son sabedoras y no hacen nada por el bienestar del cantón de Río Cuarto? No solamente es arreglar calles, ni andar diciendo «hice» o «hicimos», pero no se preocupan tampoco del bienestar laboral de las personas.”

Ella añade que “el Gobierno dice: se generó “tanto” ingreso de las transnacionales y hay “tantos” empleos para las personas, pero realmente no están para escucharnos a nosotros, yo creo que deberíamos llevarlo a instancias internacionales que tal vez sí nos tomen más en cuenta.”

De igual forma, ella comenta lo complejo que es para la comunidad llevar a cabo acciones porque a las personas les da miedo hablar, ser señalados o no obtener trabajo en esas empresas, que lamentablemente son las que brindan más empleo, ella comenta que alzar la voz sobre esta lucha ocasiona “que todo el mundo lo vea a uno con malos ojos, solamente por buscar un bienestar.”

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

La Asada de San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con moléculas de Clorotalonil

Mesa de trabajo ARESEP.

El pasado 10 de noviembre, la ARESEP convocó al funcionario del AYA y de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago Vladimir Mesén Montenegro a una mesa de trabajo para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.

En dicha mesa participaron la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y la Defensoría de los Habitantes.

El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”. Hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar girando las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo.

En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2, Sanabria Alto, Rosca Van Alto y Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.

Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas aun que en los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

La pregunta que surge es ¿Por qué no se han hecho análisis de agua de manera más expedita?, la respuesta es porque no hay capacidades para hacerlos y es gracias a esta lucha de Ecocipreses que podrán aumentar la realización de pruebas por que se le dio el empujón al decreto N° 44200-MINAE, publicado en La Gaceta el pasado 8 de noviembre, donde el Poder Ejecutivo declaró de conveniencia nacional la construcción del Nuevo Laboratorio Nacional de Aguas (LNA).

A finales de octubre Ecocipreses realizó la consulta al director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora, sobre el estado en el que se encuentra el proceso de generar una mayor capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas para detectar los degradados de Clorotalonil que fue demandado por el fallo de la Sala Cuarta. A lo que responde que se contactó con diferentes oferentes de los equipos e insumos necesarios y se estudiaron aspectos como características técnicas basadas en los requerimientos del Laboratorio Nacional de Aguas y se obtuvieron cotizaciones de los diferentes requerimientos, así como el presupuesto que se estimó necesario. Posteriormente han realizado gestiones ante la dirección del AyA, “en busca del aval para realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio del LNA, aprobado mediante un préstamo del BCIE por un monto de 11,25 millones de dólares, sin embargo, de momento no se cuenta con una respuesta positiva”.

El gobierno al inicio mostró resistencia a responder positivo, pero gracias a las gestiones de presión de este caso que demuestra la importancia para la salud pública, se logró la anuencia del gobierno. Entre las razones de la declaratoria el Ejecutivo reconoce que las instalaciones del actual laboratorio son limitadas en su crecimiento por la infraestructura con la que cuenta. Esta se ubica en Tres Ríos en una casa construida hace cerca de 100 años.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.