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¿Y el agua?

El pasado 4 de mayo de 2024 se le envió al presidente de la república Rodrigo Chaves y al presidente ejecutivo del AyA un correo electrónico junto con una recolecta de firmas, esto para solicitar la declaratoria de emergencia de la situación del agua y el ambiente, considerando, en el caso general de la situación del acceso del agua en calidad, cantidad, etc., como lo indica el artículo 50 de nuestra Constitución y convenios internacionales ratificados por Costa Rica, es indispensable una buena administración y planificación por parte del AyA para las comunidades que les hace falta este vital líquido: el agua, expresado en el presente texto.

San José, Costa Rica

Sábado 4 de mayo del 2024

Al señor Presidente de la República

Sr. Rodrigo Chaves Robles

Estimado Señor,

La crisis de acceso al agua potable en Costa Rica es indiscutible. Las familias costarricenses sufren desabastecimiento y contaminación en las zonas de captación. Lo que limita su derecho humano al recurso hídrico. Ante esta situación y considerando:

  1.     Que el pasado 23 de abril el señor Juan Manuel Quesada Espinoza, como Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, declara desafortunadamente e incompetentemente que no puede ejercer su labor de dar agua a las comunidades.
  2.   Que el Informe del Estado de la Nación 2023 indica que “las razones que explican los problemas de disponibilidad de agua varían según el sistema y la zona geográfica. Sin embargo, en términos generales, varios factores los originan, tales como la variabilidad y el cambio climáticos, el estado de la infraestructura hídrica, la contaminación antropogénica y natural, la poca planificación urbana, el crecimiento de la población, así como la baja inversión que realizan algunos acueductos —principalmente comunales en temas de protección de fuentes y control de fugas” (PEN 2023, Pág. 39). Este informe también señala que, en 2022, del total de agua extraída por el AyA, “el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición, entre otros.” (PEN: 2023, Pág.27)
  3.   Que la Contraloría General de la República indica que “la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.” (Informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024, Pág.32
  4. Que las condiciones climáticas son cada vez peores y que el Secretario General de la ONU ha indicado que “la era del calentamiento global se ha terminado; ha llegado la era de la ebullición global”, (…) tras alertar a la comunidad científica de que julio de 2023 ha sido el mes más caluroso de los últimos 120.000 años.” (ONU: 2023). En particular, “las temperaturas promedio anuales en Costa Rica aumentaron de 27,9°C en 1990, a 28,4°C en 2022 (IMN, 2023)” (PEN: 2023, Pág. 46), lo que pone en riesgo la disponibilidad del agua potable en el transcurso de la variabilidad climática anual.
  5.   Que, mediante resolución de la Sala Constitucional, profesionales del SENARA, acompañados por técnicos del Minae, Salud, MAG, INVU y AyA, elaboraron un procedimiento (matriz) que permite proteger las aguas de fuentes subterráneas. Dicha matriz, eventualmente reafirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo, según la vulnerabilidad de los acuíferos, considera aspectos, como, la localización de los mismos, el espesor de las capas geológicas, la profundidad del agua, las actividades a desarrollar en la superficie, los materiales contaminantes que pudieren usarse, según sean las características del suelo y las particularidades de los proyectos a desarrollar. En conjunto, permite clasificar cuán vulnerable es o no un acuífero.

Clasificación que va de NULA a EXTREMA, con calificaciones intermedias de baja, mediana y alta. Así, según sea la ubicación, así también serán las medidas que habrán de cumplirse para garantizar que tan fundamentales fuentes de agua potable (¡más del 70% del abastecimiento proviene de acuíferos subterráneos!) pueda mantenerse en el tiempo, por lo que es imprescindible aplicar la Matriz para proteger las aguas subterráneas.

  1.   Que el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico. Al respecto, el Informe del Estado de la Nación 2023 detalla que “se debe reiterar la ausencia de regulación local en gran parte del país (Sánchez, 2021; Pérez et al., 2022; PEN, 2022) (…) En la actualidad, once cantones de la GAM carecen de PRC [Plan Regulador Cantonal]. (…) La mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás, carentes de PRC, incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país. (…) De forma adicional, los instrumentos de ordenamiento territorial existente muestran problemas de actualización: de veinte cantones con PRC vigentes, solo seis los han actualizado (o implementado por primera vez) durante la última década (Pérez, 2023).” (PEN 2023, Págs. 212-213).
  2.   Que la gran cantidad de vecinos de diversos sectores del país, cantones como Alajuela, San Vito de Coto Brus, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Coronado y Cantón Central de San José (incluido Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio) han realizado manifestaciones públicas solicitando soluciones prontas y cumplidas que en pocas ocasiones se han materializado. A la fecha de emisión de este documento, muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable lo que afecta la salud de las familias, dificulta el cuido de adultos mayores, niños y personas enfermas, ralentiza el comercio e impide inclusive la asistencia a centros educativos, vulnerando así no solo el derecho humano al agua potable sino al trabajo y a la educación.
  3.   Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la Iey que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” El acceso al agua potable es, por tanto, un servicio necesario para la vida y la salud de la población. En donde, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela.
  4.   Que el Artículo 140 de nuestra Constitución política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro. Y que de ahí se deriva la facultad contenida en el Artículo 29 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que el Poder Ejecutivo Se declare Estado de emergencia hídrica para las comunidades del Valle Central ( Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, Pavas y en las Provincias cantón de San Vito de Coto Brus, cantón de San Ramón, cantón Central de Alajuela, la Guácima, debido a la situación de emergencia del recurso hídrico, el desabastecimiento de agua potable y contaminación de zonas de captación de la Zona Norte, Faldas Volcán lrazú, Cantones de Siquirres, Guápiles, Cariari, de esta manera se priorice de forma inmediata la inversión en infraestructura y mantenimiento para garantizar que las comunidades actualmente vulneradas cuenten con el servicio pleno, según el artículo 50 de la Constitución Política.

Imagen ilustrativa, UCR.

Una ecuación sin resolver: explosión inmobiliaria, demanda y escasez de agua en el litoral guanacasteco

Arturo Silva Lucas
Esteban Barboza Núñez

Los distritos costeros de Guanacaste que concentran los mayores índices de crecimiento inmobiliario también presentan serias limitaciones en la gestión del agua potable. La ubicación de acueductos rurales, también conocidos como ASADAS, que no cuentan con la factibilidad técnica para otorgar nuevas disponibilidades de agua en el litoral de la provincia coinciden con la localización de los nichos de fuerte oferta turística residencial y de alta demanda del recurso hídrico de los últimos 10 años, pero especialmente después de la pandemia de 2020. Esto se desprende de datos recopilados de distintas fuentes y analizados por el Observatorio de Turismo y Migraciones de la Región Chorotega (OBTUR).

Según la información analizada, actualmente existen 22 ASADAS sin factibilidad técnica para otorgar nuevos permisos de agua particulares. Estos acueductos rurales operan en o alrededor de los principales polos de actividad inmobiliaria a lo largo de la costa guanacasteca en la actualidad. De este total, 17 acueductos se aglomeran alrededor de cuatro importantes distritos turísticos de Guanacaste Norte. Estos son Sardinal, vinculado con Playas del Coco, en el cantón de Carrillo; en el cantón de Santa Cruz encontramos a Tamarindo y Tempate, este último un distrito en el cual resalta Playa Potrero; y, en ese mismo cantón, Cabo Velas, en donde se ubican las playas de Flamingo, Conchal y Grande entre otras.
En menor número, cinco ASADAS imposibilitadas de dar nuevas disponibilidades de agua se ubican en las costas de Guanacaste Sur. Una en Playa Lagarto, en el cantón de Santa Cruz; tres en el cantón de Nicoya -Playa Nosara, Sámara y El Torito, esta última también en Sámara-; y una en San Francisco de Coyote, en el cantón de Nandayure. En el caso de todas las ASADAS sin factibilidad técnica, las razones tienen que ver con insuficiente capacidad hídrica; es decir, no cuentan con el recurso suficiente o con los medios de extracción necesarios para satisfacer la demanda de futuros usuarios.
Como se puede ver en los siguientes mapas, es muy clara la coincidencia entre los distritos que presentan mayor desarrollo inmobiliario en la provincia, y la falta de agua en esos mismos distritos. Las coincidencias son evidentes, y dejan claro que el problema es alarmante, en el sentido que el desarrollo inmobiliario ha sido rampante, especialmente en los últimos cuatro años, y por el momento tiene tendencias a continuar:

Figura 1. Mapas de las regiones costeras de Guanacaste. A la izquierda, nombre y ubicación de cada una de las ASADAS declaradas con no factibilidad técnica para otorgar nuevas concesiones de agua a usuarios en la actualidad. A la derecha, los distritos que presentaron mayor cantidad de metros cuadrados aprobados para la construcción de proyectos inmobiliarias en Guanacaste en el año 2023, según datos del CFIA. Elaboración propia.

Como ya hemos advertido en reportajes anteriores, las costas de Guanacaste experimentan un desarrollo inmobiliario explosivo a partir del año 2020. Si bien es cierto, había un crecimiento sostenido antes de ese año, a partir de la pandemia global por COVID 19 distritos como Tamarindo, Sardinal, Cabo Velas y Nosara registraron incrementos en la construcción de proyectos habitacionales sin precedentes desde la crisis del 2008. Al igual que sucedió en ese periodo, el agua parece estarse transformando en un elemento en disputa y en una potencial causa de conflictividad entre los diferentes actores, entre ellos inversionistas, gobiernos locales, instituciones estatales y comunidades locales. Además, una vez más están quedando en evidencia las inconsistencias entre el modelo de desarrollo turístico e inmobiliario hegemónico del litoral de Guanacaste y los recursos locales disponibles, lo que, a su vez, torna a este modelo en volátil e insostenible.
Es preocupante, a partir de lo que se puede observar en los mapas, la aguda crisis hídrica que experimentan los distritos de Tamarindo y Cabo Velas, donde precisamente se ubica la mayor cantidad de ASADAS sin factibilidad técnica y que, según se puede apreciar en el siguiente gráfico, son de los que mayor inversión inmobiliaria han recibido en los últimos cuatro años. También es posible observar cómo, en los últimos años, tanto el aumento del desarrollo inmobiliario como la falta de agua se están desplazando cada vez más hacia el sur de la provincia, especialmente a los distritos de Nosara y Sámara, con tres ASADAS imposibilitadas de otorgar nuevos permisos, pero con importantísimos aumentos en la cantidad de metros construidos después de la pandemia.

Figura 2. El gráfico muestra los siete distritos costeros con mayor cantidad de metros cuadrados aprobados para la construcción de proyectos residenciales en Guanacaste durante los últimos nueve años. Nótese los cambios bruscos en la cantidad de metros cuadrados a partir del 2020. Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CFIA.

Ante estos datos surgen varias preguntas. En primera instancia, ¿cuáles son los procesos y mecanismos que existen y que están facilitando la puesta en marcha y la continuidad del incremento de los permisos de construcción, y de la construcción de proyectos inmobiliarios, a pesar de la escasez de agua y la imposibilidad técnica de otorgar agua en muchas de las ASADAS aledañas? ¿Cuál es el lugar del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el de los gobiernos locales en cuanto a este problema? Y más importante aún, ¿Cuáles son las consecuencias a mediano plazo en la región ante la alta demanda del recurso hídrico y su escasez?
En cuanto a esta última pregunta, es bien probable que se vislumbre un panorama conflictivo, como ha sucedido históricamente en Guanacaste en las últimas décadas cuando se enfrentan intereses opuestos alrededor de la gestión del agua y los modelos de desarrollo turístico e inmobiliario dominantes. También es probable que el mismo modelo de desarrollo se vea comprometido a mediano plazo, a pesar del incremento en la inversión inmobiliaria actual, precisamente debido a la insostenibilidad de este en relación con los recursos disponibles y su gestión a nivel regional.
Finalmente, queda en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades locales y su acceso al agua en comparación con los intereses financieros de grandes capitales que se desplazan libremente a nivel transnacional, y que fácilmente parecen disponer de los recursos vitales para su funcionamiento, como el agua, y en caso contrario, pueden procurar otros entornos para invertir en otro lugar, si el sistema en Guanacaste llegase a colapsar.
Este último elemento deja en evidencia, una vez más, la dependencia del desarrollo turístico e inmobiliario de la provincia de factores externos y bastante ajenos a su control desde lo local; las crisis socioambientales que se pueden generar a partir de este modelo de desarrollo y su poco articulada planificación; y, lo más importante, la afectación a las comunidades locales y a los recursos naturales de los que dependen para existir.

Fuente: https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/una-ecuacion-sin-resolver-explosion-inmobiliaria-demanda-y-escasez-de-agua-en-el-litoral-guanacasteco

Repudiamos la violenta represión al Foro Popular del Agua que se celebra en Bali, en forma paralela al X Foro Mundial del Agua

La Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCAA) y la Red Centroamericana de Acción del Agua, capítulo Costa Rica (FANCA-CR) condenamos la violenta represión, así como la cancelación forzosa del Foro Popular del Agua, que se realizaba en forma paralela al X Foro Mundial del Agua en Bali, Indonesia.

Nos sumamos al llamado urgente de distintas plataformas y colectivos, así como a los organizadores locales, para exigir al gobierno de Indonesia:

1.Que cese de inmediato todas las formas de intimidación, represión y violencia en contra de las organizaciones de sociedad civil.

2.Respetar el derecho universalmente reconocido, que tienen todas las personas a manifestarse pacíficamente, así como a la libre expresión de su pensamiento.

3.Garantizar la seguridad de todas las personas participantes en este evento.

4.Demandamos al Consejo Mundial del Agua, así como las demás entidades organizadoras de los foros mundiales del agua, a que abran mayores espacios de participación para la sociedad civil y establezca puentes de comunicación y diálogo con los espacios paralelos que se organicen con motivo de los foros mundiales.

Manifestamos toda nuestra solidaridad con los movimientos y organizaciones ambientalistas de Bali, de Indonesia y del mundo entero, que luchan en todos los frentes, por un mundo mejor.

San José Costa Rica, 21 de mayo del 2024

Defensoría expone ante Sala IV deudas del AyA con los Hatillos

Entre febrero y mayo del presente año, la Defensoría de los Habitantes ha registrado un total de 80 denuncias de residentes de Hatillo, quienes aseguran que su derecho al acceso al agua potable se ve afectado y vulnerado, pues requieren del preciado líquido para satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene.

Producto de un recurso de amparo presentado por habitantes en marzo anterior contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por la falta de acceso a este servicio público y a solicitud de la Sala Constitucional, la Defensoría remitió un informe técnico sobre las afectaciones de los y las vecinas de esa comunidad del sur de la capital.

Si bien se encuentra en un proceso de aprobación del informe final con recomendaciones del caso Los Hatillos, en términos generales la Defensoría expuso al Tribunal Constitucional que ha constatado que las acciones realizadas por el AyA no han sido suficientes ni oportunas para dotar del servicio en cuanto a cantidad, calidad y, especialmente continuidad para la población.

La Defensoría comparte el criterio de las personas recurrentes de responsabilizar al AyA para que se planifique, desarrolle y construya las soluciones que Los Hatillos y las demás comunidades afectadas por desabastecimiento requieren a corto, mediano y largo plazo, en aras de cubrir la demanda del servicio de acueducto, de modo que todas las personas puedan tener acceso al agua potable y satisfacer sus necesidades básicas.

Para esta Defensoría, Hatillo está enfrentando una situación crítica debido a los racionamientos programados y no programados, al incumplimiento de los horarios de abastecimiento comunicados, los extensos períodos de desabastecimiento, las dificultades que enfrenta la población para acceder al reparto de agua en camiones cisternas. Todo esto con la consecuente afectación del derecho al acceso al agua potable, el derecho a la salud y demás derechos vinculados a disponer de agua potable en cantidades suficientes para atender las necesidades básicas de la población, especialmente de aquellas personas en condición de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, personas enfermas y adultas mayores.

De acuerdo con la información facilitada por el AyA a la Defensoría, el desabastecimiento y racionamiento que enfrenta Hatillo y muchas otras comunidades, dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, se debe a causas multifactoriales, tales como el Fenómeno El Niño, el aumento en la demanda y consumo de la población en época seca, la reducción en las fuentes de producción durante la época seca, y la modificación en el comportamiento de las lluvias, así como factores asociados a una desordenada planificación territorial y a la falta de protección de las zonas de recarga acuífera.

No obstante, la Defensoría considera que uno de los factores de la crisis de abastecimiento de agua que enfrenta tantas comunidades, se debe a la inadecuada planificación y falta de ejecución de proyectos por parte del AyA, algunos se encuentran en desarrollo o incluso en una etapa incipiente, pese a ser una problemática de larga data que se extiende a la actualidad en perjuicio de las personas usuarias, deviniendo en una eventual responsabilidad administrativa de esa institución.

La Defensoría considera necesario que el AyA tome las medidas que se requieran con el fin de implementar las acciones útiles y conducentes para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura requeridas para satisfacer la demanda actual y futura del servicio en el sector de los Hatillos, contando con períodos razonables de ejecución y con rigurosidad y seriedad en el cumplimiento de los plazos de los procesos, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Análisis del comportamiento de la precipitación con base en el déficit y el superávit de lluvia

Hace unos días el gobierno anunció racionamiento en el servicio de electricidad y agua potable del país debido a los bajos niveles de agua disponibles para la generación de energía y la presunta situación de sequía que enfrentamos.

En relación con esta problemática, el OACG en colaboración con la Doctora en Física, Ana María Durán Quesada y el candidato a doctorado en Hidrología, Nelson Venegas de la Universidad de Varsovia (Polonia), queremos compartir un breve análisis del comportamiento de la precipitación (con base en información global del producto CHIRPS que ha sido validado para la región, Arciniega et al. 2022 ) en donde comparamos el déficit y el superávit de lluvia para un periodo de 40 años (1981 al 2020) con el periodo que abarca de abril 2023 a marzo 2024.

Efectivamente, como resultado del impacto de la fase El Niño del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) se tuvo en el periodo de abril 2023 a marzo 2024 una reducción en la lluvia en las regiones Caribe y Pacífico Sur en comparación con el comportamiento promedio.

No obstante, de acuerdo con la información de CHIRPS, no hay evidencia de condiciones de sequía para la región central del país desde junio/julio 2023 al presente.

Por el contrario, se tuvo condiciones de lluvia cercana o incluso mayor con respecto al promedio desde octubre 2023.

Como muestran los mapas adjuntos, solo se presentó un leve déficit de precipitación en Guanacaste, pero con una duración hasta octubre 2023.

Desde ese momento, diferentes regiones del país experimentaron condiciones de lluvia normales o incluso con mayor cantidad de lluvia como fue el caso de noviembre.

Cabe destacar, que posterior a noviembre inicia la transición a la época seca, por lo que en este periodo la disminución de la precipitación es parte de las características climatológicas del país.

Durante marzo 2024, se observa condiciones secas propias de una época seca extendida por la influencia de El Niño. Esta condición es similar a las condiciones observadas durante eventos El Niño previos, aunque es importante mencionar que las condiciones secas en esta ocasión no fueron tan marcadas como en eventos El Niño anteriores.

En resumen, esta evaluación indica que el déficit de precipitación durante el reciente evento El Niño no ha sido tan marcado, incluso en periodos El Niño anteriores las condiciones deficitarias de lluvia fueron más severas.

El problema del recurso hídrico, tanto para consumo como para generación, sigue siendo un problema que resulta de la gestión ineficiente del recurso, infraestructura faltante u obsoleta y una toma de decisiones enmascarada por motivos políticos y no basadas en el interés de proveer de los servicios básicos a la población. *

*Esta publicación nace del compromiso de tres profesionales en el área del recurso hídrico con la importancia de la información basada en evidencia y no necesariamente refleja la opinión institucional de la Universidad de Costa Rica.

Fuente: Observatorio del Agua y Cambio Global – Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica: https://www.facebook.com/story.php?id=100057136965799&story_fbid=1037231108191445

Movimiento Asambleas Populares realizó desfile en defensa de agua

El día 1 de mayo, se realizó un desfile del Movimiento Asambleas Populares. Este desfile contó con la participación de COOMUPROCAPE y del BROC (Bloque Revolucionario Obrero Campesino), entre otros movimientos las luchadoras del agua.

Gracias a la intervención de busetas, aportes económicos y otro tipo de insumos se logró materializar el mensaje que se pretende comunicar a través de cartulinas o pancartas, con la intención de mantener en firme los objetivos del desfile y lo que se pretende alcanzar con ello, entre los que se encuentra la defensa del agua como un derecho universal y no como un interés político.

La organización logró la meta de hacerse oír y llamar la atención de los demás ciudadanos, además de involucrar a más personas en la lucha a la resistencia al modelo neoliberal característico y cada vez más evidente del gobierno actual.

Lideresa ecologista de Cartago recibe premio por la defensa del agua

  • Reconocida entre 150 mujeres de la región

El pasado 10 de mayo, se brindó un reconocimiento a mujeres valientes de la región. Tras la nominación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Isabel Méndez Garita fue reconocida entre 150 mujeres de la región en la categoría de “Acción por el clima y las ciudades” debido a su lucha en cuanto al cuidado del agua por la acción contaminante del uso excesivo de pesticidas en su comunidad.

Este premio se le otorgó a Isabel por su trabajo durante el 2023 donde se destaca por la promoción y vocería principal de una campaña de recolección de firmas para solicitar al gobierno de Costa Rica la prohibición del Clorotalonil, y por el apoyo e impulso a la presentación del Proyecto de ley para la regulación de plaguicidas altamente peligrosos.

El premio lo otorga la organización Nosotras Women Connecting que es una organización con sede en Costa Rica, que promueve el liderazgo en niñas y mujeres de América Latina y Kenia, África.

En un emotiva actividad realizada en el Hotel Marriot Hacienda Belén, se celebró a estas mujeres de la mano de las Naciones Unidas, Organización Internacional para las Migraciones, Cooperación Internacional, jerarcas y sociedad civil, para conocer el impacto y trabajo que estas mujeres realizan desde sus espacios en su gestión ambiental.

Esta lideresa forma parte de la organización ecologista Frente EcoCipreses y entre sus agradecimientos Isabel expresa que “esta premiación es para todo el grupo, porque somos un grupo luchador que nuevamente está a la vista a nivel nacional e internacional”.

Isabel aseguró “Me siento muy orgullosa y muy agradecida con todos porque todos los días algo aportamos y algo hacemos por la lucha en la que estamos.”

La lucha del Frente Eco Cipreses ha sido una organización comunitaria constante y de gran importancia para el país. Este premio incluso se entrega en un contexto en el que la Unión Europea está aplicando normas para la reducción de los límites máximos de residuos de plaguicidas como el indoxacarb y el oxamyl, que es el tercer agroquímico más vendido en el país, esto debe aplicar tanto a los productos de consumo nacional como a los que son exportados a la Unión Europea.

Así mismo, este próximo 30 de mayo se vence el período en el que aún se puede adquirir y aplicar el clorotalonil y entrará en vigencia la prohibición, gracias a la acción de  este grupo comunitario cartaginés.

En la petición en línea que el año pasado  se recogieron más de cien mil firmas, Isabel decía “Desde hace 9 años varias mujeres de Cipreses y yo (Isabel) hemos estado luchando para que se prohíba, y ahora finalmente estamos logrando lo que tantas veces nos pareció imposible: ¡La sala constitucional de Costa Rica le ha dado seis meses al Poder Ejecutivo para prohibir el clorotalonil!”.

Han sido años difíciles en Cipreses, como cuenta Isabel: “además de no tener suficiente agua, mi hija, ha sufrido pólipos desde los 16 años y ahora ha perdido su olfato y gusto. Mi vecino tiene cáncer en la lengua, y a varias personas jóvenes les han diagnosticado cáncer estomacal. No es normal tener tanta enfermedad en un pueblo tan pequeñito, y desde que las pruebas de laboratorio confirmaron que el agua está contaminada, el gobierno nos ha dicho que no debemos tomar el agua del grifo”.

Además, como es cada vez más común en la región Latinoamericana, las personas defensoras del ambiente, aseguran que: “hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado de muerte por nuestro activismo”.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Fiesta del Agua en Longo Mai, Buenos Aires

¡Un año más nos vamos a Longo Mai a celebrar la Fiesta del Agua! Esta vez nos convocan dos temas de gran preocupación: minería en cauces de los ríos y matriz energética. 

Salimos el viernes 31 de mayo a la 1:30 p.m de Kioscos Socioambientales y regresamos el domingo 2 de junio a las 6:00 a.m. 

Agradecemos que compartan esta información con sus organizaciones y nos confirmen la participación antes del 27 de mayo.

De no poder acompañarnos desde el día viernes les invitamos a asistir el día sábado 1 de junio de 8:00 a.m a 5:00 p.m en el salón UNAPROA (https://maps.app.goo.gl/uCFxDY3XY1ejJBmc9), habrá talleres, conversatorios, juegos para niños y niñas, feria agroecológica, música y mucho más. 

Le invita la Universidad de Costa Rica, Kioscos Socioambientales, el TCU-590 de Kioscos Socioambientales, Caravanas por la Defensa de la Vida y la Alianza de comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas.

¡Ríos para la vida!

Comunidades, sindicatos y grupos sociales, exigen decreto de emergencia hídrica y ambiental en más de 20 cantones del país

El pasado sábado 4 de mayo organizaciones sociales, sindicatos y grupos organizados de comunidades participaron del Foro por el Agua y Acciones, llevado a cabo por las Centrales Sindicales CGT, CUT, CCTD, dicha actividad contó con panelistas de importante conocimiento sobre el AyA, el agua, las comunidades y la contaminación, problemáticas que está viviendo con emergencia el país. Entre los y las panelistas estuvieron: la diputada Sofía Guillén, el biólogo Freddy Pacheco, Guido Barrientos del Programa Estado de la Nación y Mario Rodríguez del sindicato del AyA.

En esta actividad se destacó información relevante sobre los proyectos de AyA, como la poca o nula acción para proteger zonas de captación de agua, la problemática del cambio climático y las no acciones para resolver la crisis de abastecimiento de comunidades como: Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, Pavas y en las provincias y cantones de la periferia como el cantón de San Vito de Coto Brus, cantón de San Ramón, cantón Central de Alajuela, la Guácima, y contaminación de zonas de captación de la Zona Norte, faldas del Volcán Irazú, cantones de Siquirres, Guápiles y Cariari.

Asimismo, criticaron las declaraciones del presidente ejecutivo de AyA Juan Manuel Quesada al decir que «No es posible dar agua a las comunidades» incumpliendo así su función como funcionario público, mismo que gana casi los 4 millones de colones al mes. 

Al problema del agua se le suma el posible tráfico de influencias y presiones por tener nuevos servicios, afirmación denunciada por el sindicato del AyA. En esto se dice que está involucrado un ex presidente ejecutivo de AyA que participa abiertamente en las solicitudes para servicios de agua del Condominio Terra Verbena en Alajuelita y Diamante Verde en Montes de Oca. 

Todos los presentes reconocieron la urgencia de brindar agua e infraestructura a las comunidades. También reconocieron las pocas acciones realizadas por el Gobierno en la búsqueda de soluciones reales para brindar agua y resguardar las zonas donde se capta el líquido vital para la población.

Tras la realización de este foro se creó un documento solicitando el decreto de emergencia hídrica y ambiental al Presidente de la República, el Sr. Rodrigo Chaves Robles. Este decreto se basó en una serie de argumentos, 9 en total, entre ellos los siguientes:

  1. Que el Informe del Estado de la Nación 2023 indica que “las razones que explican los problemas de disponibilidad de agua varían según el sistema y la zona geográfica. Sin embargo, en términos generales, varios factores los originan, tales como la variabilidad y el cambio climáticos, el estado de la infraestructura hídrica, la contaminación antropogénica y natural, la poca planificación urbana, el crecimiento de la población, así como la baja inversión que realizan algunos acueductos —principalmente comunales— en temas de protección de fuentes y control de fugas” (PEN 2023, Pág. 39). Este informe también señala que, en 2022, del total de agua extraída por el AyA, “el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición, entre otros.” (PEN: 2023, Pág.27).
  2. Que la Contraloría General de la República indica que “la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.” (Informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024, Pág.32). 
  3. Que el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico. Al respecto, el Informe del Estado de la Nación 2023 detalla que “se debe reiterar la ausencia de regulación local en gran parte del país (Sánchez, 2021; Pérez et al., 2022; PEN, 2022) (…) En la actualidad, once cantones de la GAM carecen de PRC [Plan Regulador Cantonal]. (…) La mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás, carentes de PRC, incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país. (…) De forma adicional, los instrumentos de ordenamiento territorial existente muestran problemas de actualización: de veinte cantones con PRC vigentes, solo seis los han actualizado (o implementado por primera vez) durante la última década (Pérez, 2023).” (PEN 2023, Págs. 212-213).
  4. Que la gran cantidad de vecinos de diversos sectores del país, cantones como Alajuela, San Vito de Coto Brus, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Coronado y Cantón Central de San José (incluido Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio) han realizado manifestaciones públicas solicitando soluciones prontas y cumplidas que en pocas ocasiones se han materializado. A la fecha de emisión de este documento, muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable lo que afecta la salud de las familias, dificulta el cuido de adultos mayores, niños y personas enfermas, ralentiza el comercio e impide inclusive la asistencia a centros educativos, vulnerando así no solo el derecho humano al agua potable sino al trabajo y a la educación. 
  5. Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” El acceso al agua potable es, por tanto, un servicio necesario para la vida y la salud de la población. En donde, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela. 
  6. Que el Artículo 140 de nuestra Constitución política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro. Y que de ahí se deriva la facultad contenida en el Artículo 29 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. 

Para mayor información sobre esta temática puede dirigirse a los documentos adjuntos.

Seccional ANEP-AyA emite comunicado ante incumplimientos de la gerencia general del AyA

Por Sofía Jiménez Murillo

En un vídeo compartido con SURCOS, el señor Edwin Marín Bonilla, presidente de la Seccional ANEP-AyA, señaló que la gerencia general del AyA no está cumpliendo con los acuerdos generados el pasado 6 de diciembre de 2023 sobre el mantenimiento de reuniones mensuales con el personal de la sección de Mantenimiento y Operación de la institución. Esto pues, se habrían ausentado, a la reunión mensual de Buenos Aires de Puntarenas, la Dirección de Capital Humano y la Jefatura Cantonal del sitio.

Según los acuerdos establecidos, los puntos concordados eran 1) Deponer el paro de labores, 29 Realizar reunión mensual con participación de Director regional y DCH y 3) Realizar análisis de los dos candidatos a obtener disponibilidad y presentarlo al personal. De acuerdo a lo señalado por Marín, el punto número dos estaría siendo irrespetado por parte de la gerencia general de la institución nacional.

Marín señala que el pilar fundamental del acuerdo, la comunicación, ha sido el aspecto en el que menos se ha avanzado en relación a lo acordado con respecto al acercamiento hacia la Jefatura Cantonal. Todo esto, indica Marín, intentaría disminuir las condiciones de acoso laboral. La Seccional ANEP-AyA, a través de Marín manifiesta qué, de mantenerse la situación de ausencia por parte del AyA, se tendrá que procesar la situación generada a través de la vía judicial.

Si desea observar el vídeo completo, puede consultarlo en el archivo inferior al texto. 

Fuente de la imagen: Página de Facebook de ANEP-AyA.