Por Vladimir Huarachi Copa

Aunque la biotecnología agrícola se presenta como una posible solución para mitigar los efectos del cambio climático, como la sequía y las heladas, así como para afrontar otros desafíos de la agricultura, en varios sectores de la sociedad boliviana persiste una fuerte resistencia hacia su adopción. Esta reticencia se debe, en parte, a las preocupaciones sobre los posibles efectos negativos de las técnicas biotecnológicas, especialmente relacionadas con las promesas de mayores ganancias, incremento de la producción, reducción de agrotóxicos y la noción de que los transgénicos podrían “salvar el planeta”.

En cuanto a las ganancias, los principales beneficiados por los cultivos transgénicos son, en su mayoría, los grandes empresarios agroindustriales, no los pequeños agricultores. Respecto a la mayor producción, no hay evidencia suficiente que respalde la afirmación de que los cultivos transgénicos generen más ni mejores alimentos. En cuanto a los agrotóxicos, el uso de tecnologías biotecnológicas no ha demostrado reducir su aplicación; por el contrario, puede aumentar su dependencia, lo que representa un grave riesgo para el agua y el suelo. Finalmente, los transgénicos no contribuyen a salvar al planeta del cambio climático; de hecho, algunos estudios sugieren que podrían ser uno de los factores que agravan el calentamiento global.

No obstante, el 12 de agosto de 2024, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, expresó públicamente que el uso de biotecnología debe ser regulado por una ley y no a través de un decreto supremo. Además, propuso que su alcance se amplíe a otros sectores, como la salud y la industria, siempre dentro de un marco de evaluación rigurosa. Esta declaración se produce en un contexto en el que, hasta la fecha, el uso de biotecnología en Bolivia solo ha sido aprobado para un evento: la producción de soya resistente al herbicida glifosato (evento RR), autorizado en 2005, un herbicida que ha sido señalado como potencialmente cancerígeno y que afecta la producción agrícola sostenible.

En este sentido, el uso de biotecnología se presenta como un tema controvertido y complejo. Tal como señaló el ministro Lisperguer, su implementación y regulación deben llevarse a cabo mediante una ley, y no a través de un decreto supremo. Esto se fundamenta en el artículo 409 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece que “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”. Sin embargo, también se encuentra en conflicto con el artículo 255, numeral 8, de la misma Constitución, que promueve la “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población” y prohíbe la “importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

Actualmente, se encuentra en tratamiento dentro de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley N° 104/2024-2025 C.S. “Que Implementa y Regula el Uso de la Biotecnología Agrícola en el Estado Plurinacional de Bolivia”. Este proyecto, que está siendo evaluado por la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, busca regular no solo la importación, sino también la comercialización de cultivos, incluidos los cultivos hidropónicos, que emplean biotecnología agrícola.

En conclusión, a pesar de las controversias y preocupaciones expresadas en este documento, es fundamental generar espacios de diálogo entre todos los sectores sociales involucrados en la agricultura y la seguridad alimentaria del país. El objetivo debe ser encontrar puntos de convergencia que aseguren la seguridad alimentaria a través de un enfoque equilibrado, que contemple tanto la agricultura familiar como la industrial, en el marco de una regulación coherente y sostenible.