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UCR. La autoevaluación de carreras universitarias debe incluir la interculturalidad

Gira a Talamanca en proceso de Consurso a Carrera UCR.

Autoevaluación de carreras universitarias y la Declaratoria 2024 de CONARE sobre de las Universidades Públicas y los Pueblos Originarios

El avance en los procesos de autoevaluación de la calidad de las carreras universitarias en el sistema de educación superior público de Costa Rica ha sido significativo. Sin embargo, en este contexto de progreso, aún persiste una deuda crucial: la integración explícita de la interculturalidad en las revisiones o autoevaluaciones que realizan las carreras. Este llamado a la reflexión sobre el tema se enmarca en la declaración del 2024 como el Año de las Universidades Públicas con los Pueblos Originarios, un acuerdo impulsado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Esta declaratoria, que subraya la relevancia de fortalecer los lazos entre las universidades públicas, las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, invita también a una profunda revisión de los mecanismos de autoevaluación y acreditación de las carreras universitarias. En un sistema que valora la mejora continua y el sello de calidad que otorgan las agencias por medio de las acreditaciones de carreras, la interculturalidad debe ocupar un lugar preponderante dentro de los criterios y estándares de evaluación. No se trata solo de una cuestión técnica, sino de fomentar un verdadero diálogo y aprendizaje mutuo entre culturas en el entorno universitario para, como bien se apunta en el texto de CONARE, “… procurar cerrar las brechas en el acceso, uso y apropiación de recursos tecnológicos y en general del derecho a la educación”.

Una inclusión incompleta

En la actualidad, los procesos de autoevaluación valoran aspectos como la diversidad curricular, entendida esta como la inclusión de una variedad de contenidos, enfoques, metodologías y actividades dentro de los planes de estudio; así como el apoyo a estudiantes provenientes de diferentes contextos culturales. Sin embargo, la interculturalidad aún no se aborda de manera explícita como parte de un criterio específico. Esto plantea una oportunidad para las universidades, especialmente aquellas carreras que ya han logrado una acreditación, de ir más allá de los requisitos actuales y comprometerse con una mejora constante en la creación de espacios inclusivos y culturalmente respetuosos y, en el fomento de diseños curriculares que integren conocimientos, lenguas y prácticas de los pueblos originarios.

La pregunta que surge entonces es: ¿qué falta para incluir la interculturalidad en los procesos de autoevaluación y acreditación de carreras? La respuesta reside en la necesidad de una visión más amplia e inclusiva de estos procesos. Aunque los manuales de las agencias acreditadoras de la mayoría de las carreras acreditadas de la Universidad de Costa Rica no mencionan la interculturalidad como un criterio central, los principios de diversidad, inclusión y responsabilidad social sí están presentes en las reflexiones curriculares que emprenden las carreras para el diseño y actualización de sus planes de estudios. Estos valores brindan una oportunidad única para que, por ejemplo, las carreras universitarias incluyan competencias interculturales en el perfil de la persona egresada y, consecuentemente, en sus actividades de formación académica.

Además de la revisión de los perfiles de egreso, las universidades deben asumir un papel proactivo en su responsabilidad social y en la evaluación de estos aspectos. Por ejemplo, analizar el estado de la vinculación con las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, a través de los proyectos de acción social, es una vía necesaria para generar un impacto positivo en estos sectores marginados. Análisis de la suficiencia de los programas de becas, del apoyo financiero que se otorga a estas poblaciones y conocer la percepción del personal académico y administrativo sobre la diversidad cultural, deben ser pilares fundamentales en estos procesos de autoevaluación de la calidad.

En este sentido, la Universidad de Costa Rica y las demás instituciones públicas de educación superior tienen la responsabilidad de facilitar el acceso de estudiantes de pueblos originarios a la educación superior, garantizando no solo su ingreso, sino también su permanencia y éxito académico en un ambiente que valore y respete su identidad cultural. El reconocimiento de los saberes, lenguas y prácticas de los pueblos originarios en los currículos es clave para avanzar hacia una verdadera inclusión.

Aunque la interculturalidad no se posiciona hoy como un criterio central en los procesos de autoevaluación y acreditación, hay un espacio creciente para que las carreras la integren, como un eje orientador, en sus planes o proyectos de mejoramiento continuo. Además, las carreras universitarias, al atender poblaciones culturalmente diversas, pueden resaltar estas iniciativas dentro de sus misiones y visiones institucionales, reforzando su compromiso con la equidad.

En conclusión, la inclusión explícita de la interculturalidad en los procesos de autoevaluación y acreditación de carreras no solo elevaría la calidad educativa, sino que también fomentaría la formación de estudiantes capaces de convivir en un mundo cada vez más diverso. Este es un desafío que deben asumir con responsabilidad y urgencia tanto las universidades públicas de Costa Rica como las agencias acreditadoras. Es esencial seguir desarrollando entornos educativos que respeten y valoren la diversidad, asegurando que estos aspectos sean evaluables y formen parte del concepto de calidad. De este modo, se integrarán en el proceso de mejora continua de las carreras universitarias.

Mag. Elsiana Guido
Asesora académica Centro de Evaluación Académica, UCR

¿Cómo mejorar la educación primaria en Costa Rica?

Una de las conclusiones a las que llegaron las expertas es que Costa Rica necesita una educación primaria fortalecida y comprometida con los valores fundamentales de inclusión, innovación y equidad, aspectos que son claves para el desarrollo sostenible del país y la formación integral de sus ciudadanos. Foto Laura Rodríguez, UCR.

Un grupo de especialistas analiza y expone sus ideas sobre la situación de la formación que se brinda en las escuelas públicas del país, y proponen aspectos que se pueden mejorar para aumentar la calidad académica.

La educación primaria en Costa Rica se enfrenta a desafíos que demandan innovación, compromiso y estrategias colaborativas entre docentes, instituciones y el Estado.

La calidad de la enseñanza en los niveles básicos es clave para el desarrollo integral de las y los niños, y la preparación de los docentes juega un papel central en este proceso.

Ante la situación actual de la educación primaria, resulta fundamental poder identificar los obstáculos que enfrenta y las iniciativas que buscan mejorarla.

Retos dentro de una realidad compleja

La Dra. Nora Cascante Flores, directora de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), subraya que la educación primaria se encuentra en un entorno dinámico y cambiante.

“Nos enfrentamos a profundas transformaciones sociales, donde la escuela primaria tiene un papel protagónico en la construcción de una sociedad más justa y equitativa”, señaló la académica; sin embargo, cumplir con este objetivo no es sencillo, pues existen una serie de obstáculos que se deben sobrepasar.

Entre esos retos Cascante mencionó los siguientes:

  • Inclusión y la equidad educativa: Garantizar que todos los niños, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan acceso a una educación de calidad.
  • Innovación pedagógica y uso de la tecnología: Adaptar las metodologías para incorporar herramientas digitales y preparar a los estudiantes para un entorno globalizado.
  • Apoyo emocional y bienestar estudiantil: Los docentes se enfrentan a situaciones como el acoso escolar, a las que les tienen que hacer frente de una manera integral, y a la vez promover el bienestar mental de los alumnos.

El papel del Estado y la educación superior

La Constitución Política de Costa Rica garantiza la educación primaria gratuita y obligatoria. A partir de ahí, la Dra. Magda Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación de la UCR, recuerda que “desde las décadas de 1960 y 1970, el país ha impulsado reformas educativas para mejorar la cobertura y la calidad”. Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas demandas, como la necesidad de modernizar el currículo y abordar las brechas de desigualdad.

“Es responsabilidad del Estado no solo mantener la gratuidad, sino garantizar la infraestructura, los recursos y el personal capacitado para lograr una educación inclusiva”, enfatizó la Decana.

No se debe olvidar que la UCR ha sido un socio estratégico del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la implementación de políticas educativas, agregó Sandí, y en la formación de maestros a través de programas académicos, investigación y acción social.

Docentes como agentes de transformación social

El docente de primaria no solo enseña conocimientos académicos, es un formador integral que inculca valores y hábitos de convivencia. Así lo dijo la Dra. Jessica Araya Ramírez, coordinadora de la Sección de Educación Primaria de la Facultad de Educación, quien destacó el proyecto ED 3057: Actualización Permanente para Docentes, como una iniciativa que ofrece capacitaciones continuas en áreas claves como la comprensión lectora, las matemáticas, y la gestión emocional en las aulas.

“Asimismo, la UCR cuenta con la estrategia denominada Puentes para la Educación, la cual busca paliar las crisis en lectoescritura y matemáticas, pero también atender el bienestar emocional y reducir el bullying”, indicó Araya.

La inclusión educativa es uno de los retos que enfrenta el sistema educativo primario en el país, y superarlo significa democratizar las oportunidades de desarrollo profesional para las nuevas generaciones. Foto Laura Rodríguez, UCR.

La importancia de los docentes como investigadores de su propia práctica también es fundamental, advirtió Araya, pues “el maestro puede investigar desde su aula, observando patrones y evaluando estrategias que mejoren el aprendizaje”, explicó.

La evaluación y mejora continua: claves para el progreso

Por otra parte, la evaluación es un pilar esencial en la mejora educativa, según la Dra. Pelusa Orellana García, directora de investigación en la Universidad de los Andes, en Chile. Orellana afirmó seguidamente que “lo que no se mide no se puede mejorar”.

Según esta experta, la evaluación permite identificar las áreas donde los estudiantes necesitan más apoyo. La comprensión lectora es un ejemplo de ello, pues los niños que desarrollan habilidades lectoras tempranamente tienen mayores posibilidades de éxito académico y profesional.

“Los estudios demuestran que quienes poseen habilidades avanzadas de lectura ganan hasta un 40 % más en su vida laboral, que quienes tienen dificultades en esta área”, destacó Orellana. Por esta razón, resulta crucial fomentar un vocabulario amplio y habilidades de lectura desde edades tempranas.

La innovación curricular y el futuro de la educación en Costa Rica

Y es que el sistema educativo costarricense debe adaptarse a las demandas cambiantes del entorno global, pues según comentó la Dra. Magda Sandí, la integración de la tecnología y la enseñanza de competencias como la inteligencia artificial son pasos fundamentales.

“El objetivo es preparar a los estudiantes no solo en contenidos, sino también en pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas”, apuntó Sandí.

A través de los más de 80 años de historia, la Facultad de Educación de la UCR ha trabajado en la innovación curricular para formar docentes que puedan enfrentar estos desafíos. Además, la carrera de Educación Primaria ha sido reacreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), garantizando altos estándares en la formación de maestros. A esto se unen los proyectos de acción social, los cuales acercan a los futuros docentes a comunidades vulnerables y territorios originarios, fomentando una educación inclusiva.

¿Le espera un futuro prometedor a la educación nacional?

El compromiso de Costa Rica con la educación se refleja en la agenda nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La educación primaria sigue siendo la base para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, y el camino hacia una educación de calidad implica seguir fortaleciendo la formación docente, aumentar la investigación educativa, y garantizar el acceso igualitario a la educación en todo el país.

Como concluye la Dra. Nora Cascante, “los maestros son constructores del futuro; tienen la responsabilidad de despertar la curiosidad intelectual y cultivar mentes que aspiren a transformar la sociedad”.

Si Costa Rica logra seguir adaptándose a los cambios globales y fortaleciendo sus sistemas educativos, podrá enfrentar con éxito los retos del siglo XXI y asegurar un mejor futuro para sus niñas y niños.

Estas especialistas expusieron los puntos de vista citados durante la realización del IV Congreso de Educación Primaria 2024, que se realizó en las instalaciones de la Facultad de Educación.

Otto Salas Murillo
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Estrés y recarga laboral causan las incapacidades en el MEP

Mensaje de Gilberth Díaz
Presidente del SEC

Las afirmaciones de Katharina Müller, Ministra de Educación, respecto a que el aumento en las incapacidades en el MEP se debe a que los funcionarios abusan de dicho derecho, son irresponsables, ofensivas y no son de recibo para el SEC y menos para el Magisterio Nacional.

En el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, tenemos claro que Müller solo evade su responsabilidad ante el deterioro del ambiente laboral educativo.

Nuestras encuestas con la afiliación revelan que las causas principales son: exceso de cargas laborales, falta de orientación pedagógica y de una ruta educativa clara, incertidumbre sobre pago completo y oportuno de salarios, aguinaldos y cuotas de jubilación (falta de presupuesto de remuneraciones), violencia y crimen organizado que afecta a la juventud y a la falta de programas de salud ocupacional.

Todo esto provoca que el personal del MEP sufra un enorme estrés laboral, ansiedad y otros padecimientos asociados.

Müller, en total desconocimiento de la labor educativa, ignora que el estrés crónico y la ansiedad, conocidos en psicología laboral como síndrome del quemado (burnout), constituyen la principal enfermedad profesional que sufren los trabajadores de la educación en todo el mundo. Por lo tanto, el MEP debe brindar atención psicológica especializada para cuidar la salud emocional de sus docentes, como parte de los programas permanentes de salud emocional.

En Costa Rica no hay psicólogos laborales atendiendo a la población docente, y las autoridades del MEP se interesan sólo por razones económicas, ya que en la misma proporción en que se incrementan las incapacidades, deben aumentar el presupuesto de remuneraciones por sustitución. Sin embargo, no muestran ninguna empatía o consideración humanitaria ante este problema de salud emocional propio de los centros educativos, donde laboran en su mayoría mujeres (en una relación de 3 mujeres por cada hombre), lo cual agrava la situación de cansancio, ya que muchas trabajadoras deben atender una jornada adicional en labores del hogar.

Para el SEC, es necesario reducir las cargas laborales generales del personal magisterial, apoyar con más recursos tecnológicos y disminuir los trámites burocráticos, además de reducir la cantidad de estudiantes por aula, así como asignar asistentes para la atención de estudiantes con necesidades especiales. Sumado a lo anterior, se suma definir una ruta pedagógica clara y un método de evaluación de aprendizaje único y homologable para todos los niveles educativos (falta de ruta educativa). Es fundamental atender los problemas de violencia, crimen organizado y narcotráfico con políticas coherentes de seguridad ciudadana, porque el personal docente ya no es suficiente para garantizar la seguridad en aulas.

El MEP debe asegurar el pago oportuno de todas las remuneraciones salariales y de las cuotas de jubilación, brindando así seguridad económica a su personal. Además, se deben implementar programas eficaces de salud ocupacional, atendidos por psicólogos laborales, para garantizar una buena salud emocional del personal.

Todas estas problemáticas deben ser resueltas por la Ministra Müller antes de acusar al personal de abusos, además de asesorarse para entender el impacto del burnout en el trabajo docente. De lo contrario, MEJOR RENUNCIE AL CARGO, siendo esta la primera medida para mejorar la salud emocional del personal del MEP y reducir las estadísticas de incapacidades

¡SEC JUNTO AL PUEBLO!

El SEC invita ver el video:

Avanza el proceso de consulta del Pacto Nacional por la Educación Pública

El jueves 25 de octubre, en una sesión de trabajo con la Defensora de los Habitantes, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo continuó impulsando el proceso de consulta nacional para el Pacto Nacional por la Educación Pública.

Este encuentro reúne a importantes organizaciones estudiantiles, laborales y colegios profesionales, todos comprometidos con fortalecer y mejorar la educación en Costa Rica.

“¡Educación hoy, paz mañana!”
Invitación :
Le invitamos a ver la publicación completa en Instagram. Puede hacer clic en el enlace para ver la publicación: https://www.instagram.com/p/DBjfOF0xjOU/?igsh=MXh6bzlmd2Q4bmRm

UCR solicita derecho de respuesta a Repretel por difundir datos falsos e inexactos sobre crecimiento del personal en comparación con matrícula

La Universidad de Costa Rica (UCR) ha solicitado formalmente un derecho de respuesta a Noticias Repretel, tras la difusión de un informe en el que se presentaron datos que la institución considera falsos e inexactos respecto al crecimiento de su personal en comparación con el aumento de matrícula estudiantil. El reportaje en cuestión, Universidades públicas: Aumento en planillas supera el crecimiento de estudiantes, fue emitido el 17 de octubre de 2024. La UCR, a través de su Oficina de Comunicación Institucional (OCI), señala que las cifras presentadas en el reportaje no reflejan la realidad y, por lo tanto, requiere una rectificación en condiciones similares a las de la emisión original.

A continuación, se presenta el contenido del derecho de respuesta solicitado por la UCR:

22 de octubre de 2024

OCI-910-2024

Randall Rivera

Director

Andrés Ramírez

Periodista

Noticias Repretel

Estimados señores:

Espero se encuentre muy bien. Me dirijo a usted, en su calidad de director de Noticias Repretel, para solicitarle la publicación del presente derecho de respuesta, en virtud de la publicación realizada por el medio de comunicación que usted dirige, titulada Universidades públicas: Aumento en planillas supera el crecimiento de estudiantes, difundida en la edición vespertina del 17 de octubre de 2024, con una duración de 4 minutos y 20 segundos, y presentada por el periodista Andrés Ramírez.

Realizó la solicitud de derecho de respuesta debido a que en dicha nota se divulgaron datos falsos y se hicieron afirmaciones falsas e inexactas, agraviantes para la Universidad de Costa Rica (UCR) y de conformidad con el Artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los Artículos 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, N° 7135.

La información para publicar es la siguiente:

NOTICIAS REPRETEL DIFUNDIÓ DATOS FALSOS SOBRE LA UCR

Noticias Repretel publicó datos falsos e inexactos el pasado 17 de octubre, sustentados en un análisis incorrecto, realizado por el canal de comunicación Primera Línea, en relación con el crecimiento de la planilla de la Universidad de Costa Rica (UCR).

De forma poco apegada a la realidad, el periodista aseguró que, durante el último año, la planilla de la UCR creció “hasta en un 25% pero el crecimiento promedio de sus estudiantes fue de apenas un 1%” y califica esto como “crecimientos disparejos”. Esta información es insostenible. Lo cierto es que la planilla de la UCR solo creció un 1,34% entre junio de 2023 y junio de 2024 (de 9.988 a 10.122 funcionarios), mientras que la población estudiantil creció 6,57% entre 2016 y 2023 (de 41.645 a 44.380 estudiantes).

Otro elemento fundamental a considerar es que muchos docentes tienen nombramientos en fracciones de tiempo, por lo que la medida correcta para definir si la planilla creció, de un periodo a otro, es la cantidad de tiempos completos en la Universidad.

Si se trata de jornadas a tiempo completo, siempre con junio como mes de referencia, la cifra pasó de 7.385,39 a 7.398,76, entre 2023 y 2024, lo que significa un incremento de sólo 0,17%.

Se utiliza el mes de junio para realizar el análisis porque es el mes en que la planilla registra las mayores cifras. Toda esta información es verificable y de acceso público, lo que es una muestra de la transparencia de la UCR.

FIN DEL TEXTO

Para garantizar que esta publicación sea en condiciones equivalentes a su publicación original, le solicito que el texto anterior sea locutado en la edición vespertina de su medio y los datos anteriores se consignen en cuadros similares a los presentados durante la nota televisiva. En cuanto a los gráficos tipo súper, la única petición es que se agregue la leyenda “Para más información: http://transparencia.ucr.ac.cr/”.

FIN DEL DERECHO DE RESPUESTA

De antemano, agradezco su buena voluntad y la publicación del presente derecho de respuesta en los próximos tres días, en condiciones equivalentes a la publicación que motiva esta acción, lo cual incluye la difusión en su sitio web, redes sociales y cualquier otra plataforma donde la publicación original fuera divulgada.

Atentamente,

Dra. Lidieth Garro Rojas

Directora

Oficina de Comunicación Institucional

Defensoría: Recortes al presupuesto de la educación pública genera efectos irreversibles en niñez y personas jóvenes

Presenta coadyuvancia ante el sistemático decrecimiento de la asignación presupuestaria hacia el sector educación respecto a la obligación constitucional.

“Cada colón que no se dirige a la educación y se incumple la obligación constitucional, provoca un deterioro irreversible en el sistema educativo público y afecta sensiblemente los derechos de la niñez y de las personas jóvenes”. Es por ello que la Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional a presentar una coadyuvancia a un recurso de amparo planteado ante la situación de recortes en el presupuesto destinados a la educación.

Una preocupación importante de esta Defensoría es que, debido al decreciente presupuesto asignado al sector educación a lo largo de los años, ha evidenciado un deterioro en diversos aspectos clave de la educación. Este declive se refleja en los resultados de las pruebas PISA, donde las calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias son inferiores al promedio de la OCDE. En términos de infraestructura, 881 centros educativos cuentan con alguna orden sanitaria. Asimismo, se ha registrado una disminución del 30% en el número de personas beneficiadas por el programa Avancemos (transferencias directas del Programa de Equidad), así como una reducción del 1,5% en el número de estudiantes que reciben beneficios como transporte, alimentación y nutrición, becas postsecundarias y apoyo del programa de integración.

De un análisis realizado por la Defensoría de los Habitantes, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2023 del Instituto de Estadísticas y Censos, el número de personas de 5 a 18 años que no asisten a la educación formal aumentó de 46.554 en 2022 a 56.093 en 2023, lo que representa un incremento aproximado del 20%. El principal motivo de no asistencia es la falta de interés en el aprendizaje formal, con un aumento de 7.213 personas en 2022 a 11.875 en 2023, lo que equivale a un crecimiento del 63% en este grupo.  Además, las personas menores de edad estudiantes son una de las poblaciones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema, alcanzando aproximadamente un 37% en 2023 (12% en pobreza extrema y 25% en pobreza).

A manera ejemplificante sin que se agoten los supuestos de la afectación a la educación, uno de los programas más afectados ha sido el Programa de Equidad del MEP al experimentar una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con el 2022.

La Sala Constitucional desde hace más de una década ha advertido al Estado que los presupuestos asignados año con año a la educación pública han sido inconstitucionales por ser inferiores a lo que dispone el numeral 78 de la Constitución Política. Adicionalmente, con el recorte presupuestario a la Educación, el país incumple también lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sumado a ello, pone en evidencia en su coadyuvancia ante los Magistrados de la Sala IV que el informe presentado a ellos por Hacienda no demostró que dicha cartera haya realizado todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para movilizar y asignar presupuesto al sector educación indicado en la Constitución tal y como lo disponen las normas convencionales de derechos humanos económicos y sociales ratificados por el país como condición para que el Estado justifique medidas que pudieran generar regresividad en el goce de estos derechos.

De ahí que esta Defensoría le planteó a la Sala Constitucional resolver el recurso de amparo antes del 30 de noviembre del presente año, para que, por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa acaten dicha resolución previo a la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2025.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Faltante de fondos para pago completo de salarios, aguinaldo y pensiones en el MEP agrava crisis de la educación

Derechos laborales del sector educación

Lunes 21 de Octubre 2024. La Defensoría de los Habitantes llama la atención a las autoridades gubernamentales sobre la alerta emitida por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional sobre un faltante de casi 42.000 millones de colones para cubrir pensiones de docentes no presupuestadas en 2024 y 2025, con el consecuente perjuicio para casi 113.000 trabajadoras y trabajadores del sector educativo.

Este faltante se suma ahora al denunciado faltante de 17.000 millones de colones para cubrir sueldos de educadoras y educadores los últimos meses de 2024, y más de 100.000 millones de colones en el presupuesto del próximo año del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La preocupación se ahonda en virtud de que el debilitamiento de la educación costarricense se refleja no solo en el presupuesto para infraestructura y mejoras al proceso educativo, sino también en los recursos que se deben direccionar para cubrir los derechos laborales del personal docente, en demérito de la calidad de la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes.

La Defensoría recibe cientos de quejas relacionadas con problemas de no pago de sumas de dineros por diversos motivos, que afectan el monto del salario que deben recibir, y que transgreden el derecho a un salario digno y justo y el derecho a la seguridad social que como Estado deben tutelarse y garantizarse, por lo que vehementemente insta de nuevo a la autoridades competentes para que cesen las vulneraciones en materia del cumplimiento de los derechos laborales hacia el sector educativo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Velada Nacional ¡Educación Hoy, Paz Mañana! celebra este logro

Muchas personas y movimientos se unieron frente a la Asamblea Legislativa bajo el lema «En defensa de la educación pública y nuestro Estado Social de Derecho» para participar en la Velada Nacional: ¡Educación Hoy, Paz Mañana! Esta manifestación pacífica reunió a estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con la defensa de los recursos para la educación pública costarricense.

La manifestación, que inició alrededor de las 5:30 p.m. en el Parque de las Garantías Sociales, avanzando hasta la Plaza de la Democracia en un ambiente de energía y simbolismo: con tambores, candelas, flores y arte, exigieron la aprobación de la moción 107, que busca garantizar un aumento del 2% en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y en general, mayor presupuesto para la educación pública.

La actividad fue organizada por el Pacto Nacional por la Educación Pública y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Se reiteró la importancia de cumplir con el 8% del PIB destinado a la educación pública, tal como lo establece la Constitución. Además, las personas participantes de la velada destacaron la necesidad de asegurar más becas, mayor acceso a las universidades públicas, mejores condiciones laborales para el personal docente de primaria y secundaria y recursos suficientes para programas sociales como comedores escolares.

¡Aumentos gracias a las mociones aprobadas!

Alrededor de las 9:30 p.m, en una noche fría pero con esperanza, se celebró el éxito parcial alcanzado en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde se aprobaron importantes mociones que incrementarán el financiamiento educativo: se destacó un aumento de 26 000 millones de colones para el Ministerio de Educación Pública (MEP) y 11 521 millones de colones adicionales para las universidades públicas. 

No obstante, los movimientos organizadores de la movilización advirtieron que este es solo un paso más en la lucha. Las demandas por más investigación, mejores infraestructuras escolares y recursos adecuados para el sistema educativo siguen siendo una prioridad. Los organizadores hicieron un llamado a la población para mantenerse alerta y seguir exigiendo que la Asamblea Legislativa garantice un presupuesto justo para la educación pública, una inversión esencial para el desarrollo social y el bienestar del país.

¡Miserables! *

Vladimir de la Cruz

Está en trámite legislativo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la discusión sobre la asignación presupuestaria constitucional para la Educación Superior para las Universidades públicas, lo que se conoce de manera general como el FEES.

La Universidad de Costa Rica es una conquista de la cultura y la educación nacional, lograda en 1940, cuando por iniciativa del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se decidió fundarla. Así lo determinó el Presidente Calderón quien instruyó a su Ministro Luis Demetrio Tinoco para que procediera a su apertura.

La decisión de la creación de la Universidad fue muy importante, para darle continuidad al proceso educativo nacional desde los estudios primarios y secundarios hasta la educación universitaria o superior.

La Universidad de Santo Tomás que existió en el siglo XIX, fundada en 1843 y cerrada a finales de la década de 1880, cortó las posibilidades de educación superior en el país, exceptuando las posibilidades que se mantuvieron con algunas carreras, como la de Abogacía, escuela que se mantuvo activa y proyectada a la actual Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica se creó como el acto fundacional de una “nueva Universidad”, lo que hizo el Dr. Calderón Guardia. No reabrió la Universidad de Santo Tomás, que pudo haberlo hecho. La razón fundamental fue que la Universidad de Santo Tomás tenía un carácter pontificio, lo que le daba a la Iglesia Católica una influencia decisoria en la vida académica en la posibilidad de nombramiento de profesores, de aprobación de contenidos programáticos y hasta de censura de lecturas.

El Dr. Calderón Guardia tenía una formación católica cristiana muy fuerte e importante, no solo por su vida familiar, sino también por sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde tuvo la oportunidad de estudiar también en la Universidad Libre de Bruselas. De allí la decisión de haber abierto una nueva Universidad y no de haber reabierto la vieja Universidad de Santo Tomás.

Al fundar una nueva universidad, el Dr. Calderón Guardia tuvo a la mano y en conocimiento, el estudio del Dr. Luis Galdámez, quien había recomendado cuatro años antes la apertura de la universidad en el país, propuesta que se condensó en el informe que hizo con el título “La Universidad Autónoma”. Así, la Universidad de Costa Rica se fundó con la tradición de la Universidad de Córdoba, con su Reforma Universitaria de 1918, que se impuso prácticamente en toda la experiencia universitaria posterior a esa fecha en América Latina.

La autonomía universitaria que se impulsó imponía la obligación del Estado de asignarle los recursos económicos suficientes para el buen desempeño de sus prácticas académicas, docentes, científicas, culturales y educativas en general a la universidad. Incluyó la idea de considerar a la universidad como una pequeña República con gobierno propio, con legislación propia, con autonomía del movimiento estudiantil y con gobierno estudiantil autónomo de las autoridades universitarias, con representación estudiantil en todos los órganos de decisión académicos y de políticas universitarias, entre otros puntos que abordo la Reforma Universitaria.

Desde entonces, en 1940, la Universidad de Costa Rica y hasta 1975 de hecho, se convirtió en la única Universidad del país, en la única institución de educación superior, donde confluían todos los sectores sociales y económicos del país en busca de formación profesional y universitaria.

Fue, a la vez, la Universidad de Costa Rica, la instancia de educación superior donde se prepararon en ese tiempo la inmensa mayoría de autoridades políticas y administrativas del Estado y de Gobiernos, que se formaron profesionalmente en Costa Rica. En este sentido la Universidad fue un crisol de igualdad, de tolerancia, de respeto a las diferentes ideas políticas y corrientes filosóficas del pensamiento universal, contribuyendo de esa manera al desarrollo institucional y democrático de la sociedad costarricense.

La Universidad de Costa Rica y las otras universidades públicas, que se desarrollaron en la década de 1970, han sido pilares fundamentales de la democracia nacional, fundamento importante en la formación de profesionales del sector privado y público nacional, factores y actores activos de la producción y economía nacional, columnas vertebrales del desarrollo cultural y artístico nacional en todos sus campos.

Las universidades se han visto sometidas constantemente, por parte de diversos gobiernos, a no cumplir con el mandato constitucional de darles los fondos, los recursos económicos necesarios para su desempeño y trabajo académico y científico.

Con los anteriores gobiernos había discusiones sobre el monto y se llegaba a acuerdos satisfactorios en la asignación de recursos y fondos públicos para las universidades.

Con el actual gobierno no hay acuerdo alguno. No hay apoyo ninguno para las universidades públicas. La acción del gobierno actual es TODO contra las universidades, TODO contra la educación superior pública, TODO contra la educación pública en general, lo que ha llevado al gobierno a mantener un 0% de asignación del Presupuesto Nacional a las universidades. La propuesta del Consejo Nacional de Rectores, representante de todas las universidades públicas, era de un 4.06%, necesario para el buen funcionamiento de las Universidades.

La discusión que se lleva a cabo en este momento, en estos días, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, es para asignarle un 2%. La primera votación que se hizo en esa Comisión rechazó ese 2%, lo que da espacio todavía a unos días más de discusión.

En la Comisión Legislativa se ha votado 6 a 5 con el rechazo de ese 2%. En esa votación dos diputados del partido Unidad Social Cristiana, Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, miserablemente se han pronunciado en contra de ese 2%. (ver nota al final).

Digo que son miserables, ruines, porque ese partido fue la bandera del gran Benemérito de la Patria, Calderón Guardia, fundador de la Universidad de Costa Rida, y de hecho, de las universidades públicas en su herencia.

Miserable es el Partido Unidad Social Cristiana que se ha plegado a destruir toda la obra social del Dr. Calderón Guardia, y del impulso que le dio a esa Reforma el Partido Liberación Nacional, desde el Gobierno de la Junta en 1948-1949 y las que posteriormente realizaron en los gobiernos subsiguientes, entre ellas la creación de las otras universidades públicas y haber avalado el surgimiento de las universidad privadas, como complementarias a las primeras, en su misión de formación de profesionales de alto nivel educativo.

El gobierno de la República actual ha caracterizado a los gobiernos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, como dictaduras y tiranías de camarillas que ejercieron sus gobiernos para favorecer a pequeños grupos asociados a sus gobiernos y alejados del pueblo. Eso le ha llevado a justificar los ataques a toda la obra de esos gobiernos, independientemente de valorar lo bueno y lo malo que han realizado, porque lo bueno del desarrollo del país se le debe fundamentalmente a esos gobiernos, más allá de si simpatizamos con esos partidos políticos que gobernaron el país.

Puedo entender que el dirigente político que fue de ese partido, Rafael Ángel Calderón Fournier, que además fue su fundador, gran negociador que logró su creación en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez ya no esté en ese partido. Lo que es impensable es que ese partido que arropó la Reforma Social haya renunciado a ese legado histórico.

Los actuales dirigentes de la Unidad Social Cristiana son renegados de esa tradición social cristiana, en el campo político. Han abjurado la Reforma Social, hoy repudian las figuras del Gran Benemérito Rafael Ángel Calderón Guardia, maldicen con sus diversos actos destructores de dicha obra social, su memoria.

La fracción parlamentaria de la Unidad Social Cristiana se ha colocado en el furgón de cola del tren autoritario, despótico, tiránico, del actual mandatario de Zapote. No han entendido que ese furgón de cola, apoyando todo su programa político y económico, y destructor de la obra social del Dr. Calderón Guardia, no va a sobresalir en modo alguno como una fuerza política vigorosa, independiente ni como opción ciudadana ante el próximo proceso electoral.

Tampoco los actuales dirigentes políticos de la Unidad Social Cristiana hacen la lectura correcta de la historia de ese partido, de los logros históricos que realizaron. Su visión los lleva al abismo político, al salto al vacío que se ha confirmado en la práctica del actual gobierno.

A ese despeñadero conducen a ese partido.

La dirección política de la Unidad Social Cristiana y su fracción parlamentaria verdaderamente se comportan de manera miserable, ruin, despreciable, malvada, canalla contra las universidades públicas al no apoyar el 2% que solicitan las universidades, como mínimo en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

No es un problema solo de las actuales universidades en su presupuesto. El impacto de no asignarle los recursos económicos suficientes y decorosos a las universidades es contra toda la población, contra todas las familias, contra todos los estudiantes de preescolar, de escuela, de secundaria en sus diversos ciclos y modalidades educativos, porque se quitan los recursos de las universidades y éstas tendrán menos posibilidad de recibir a los niños y jóvenes que se preparan en escuelas y colegios con la ilusión de ingresar a un nivel universitario.

Lo miserable de la actuación de los diputados socialcristianos en la Comisión de Asuntos Hacendarios es contra toda la sociedad, contra todas las familias, contra todos los padres y madres ilusionados con el futuro de sus hijos, a quienes les están negando la posibilidad de que ellos puedan llegar a la educación superior.

Lo más decente que podrían hacer los diputados Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana es dar su voto afirmativo en la Comisión a la propuesta del 2% del Presupuesto Nacional para las universidades, para que ese Dictamen pase con mayoría de votos al Plenario Legislativo, que es donde debe discutirse más ampliamente. Ahí pueden refugiarse, si así los obliga la dirección política de su partido y la decisión de su fracción, a votar como quieran en el Debate del Plenario. Por ahora, lo importante es que se apruebe el 2% en la Comisión Legislativa.

Diputados socialcristianos en este asunto por lo menos compórtense decentemente con su voto a favor de la Cultura y la Educación Superior Nacional. Es un problema de conciencia nacional.

Dejen y sálganse del estercolero nacional en que los quieren meter el presidente de la República y sus voceros institucionales en la lucha que él tiene contra la cultura y la Educación nacional y popular.

*PS.

El artículo fue redactado el jueves en la mañana. En la sesión de la Comisión del jueves por la tarde los diputados Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana votaron a favor del 2% del FEES. Se comportaron como debía ser. Honraron al memoria del Dr. Calderón Guardia y facilitaron que el Dictamen de la Comisión pase al Plenario Legislativo con votos de mayoría. Aún queda la discusión en el Plenario Legislativo.

Vladimir de la Cruz

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