• Durante las negociaciones para el FEES 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.
• A pesar de que el Ejecutivo manifestó voluntad para honrar este compromiso, le traslada, una vez más la responsabilidad de no hacerlo a la Asamblea Legislativa.
13 de junio del 2023. Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.
Esto se negoció de esa manera, porque se incluyó en la cláusula segunda del acuerdo de la Comisión de Enlace para el financiamiento de la educación universitaria estatal (FEES) 2023, en la que se indica “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario y d) para la definición del 2024 se utilizará como base el establecido para el año 2023 con los ajustes correspondientes”.
Sorprende que el Gobierno en reiteradas ocasiones ha manifestado la mejora de la situación fiscal y económica del país para el presente año, no obstante en la reunión de la Comisión de Enlace del día de hoy, el Ministro de Hacienda indica que no pueden cumplir con ese 1% adicional debido a que la Asamblea Legislativa cuando aprobó el presupuesto de la República para el año 2023 lo hizo con la distribución propuesta por la Comisión de Hacendarios que era diferente a la del Ejecutivo.
Sin embargo, la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%, ampliamente divulgada por el Gobierno de la República en los medios de comunicación y mediante conferencias de prensa, no parece ser suficiente argumento para otorgar a la educación universitaria estatal el reconocimiento del 1% sobre el monto del FEES 2023, en cumplimiento del convenio vigente, cuyo monto es de 5.591 millones de colones.
Este monto compensaría en parte todas las afectaciones a los presupuestos universitarios estatales generados por la pandemia COVID-19 y su impacto en la situación financiera y fiscal del país, este monto representa apenas un 7% del total de dichos rebajos.
En lugar de sustentar el otorgamiento del 1% en la mejora fiscal y financiera se escuda para no hacerlo en argumentos atribuidos a la Asamblea Legislativa y específicamente a la Comisión de Hacendarios.
Por lo tanto, en la próxima sesión de la Comisión de Enlace, el CONARE y las universidades públicas presentarán sus observaciones y contraargumentos a la presentación del Ministro de Hacienda, con el objetivo de demostrar que no es justo ni válido escudarse en la Asamblea Legislativa para no conceder ese 1% adicional que permitiría atender necesidades básicas como lo son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para fortalecer la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación, la extensión y la acción social en atención de las necesidades específicas de las comunidades y de los grandes problemas nacionales.
Como parte de los esfuerzos realizados desde el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional (Idela-UNA), el proyecto de extensión-investigación “Comunidades educativas que construyen paz”, realizaron durante el pasado mes de mayo un ciclo de talleres lúdicos con niños y niñas de cuarto grado de la Escuela Miguel Aguilar Bonilla, en San Rafael de Heredia, denominado “Niños y niñas que construyen paces en la escuela”.
Para la académica del Idela y coordinadora del proyecto, Evelyn Cerdas, esta iniciativa busca generar procesos pedagógicos para la paz por medio de una metodología lúdica y participativa para la promoción de una cultura de paz.
“El trabajo se realizó con la metodología del proyecto, la cual se basa en el modelo participativo y el enfoque socioafectivo por medio de técnicas participativas y lúdicas como los juegos cooperativos, permitiendo que los niños y niñas compartieran aprendizajes, tuvieran un espacio de disfrute con el arte, el diálogo, la reflexión y las vivencias en un espacio de confianza y afecto”, explicó Cerdas.
Los talleres realizados se enfocaron en el fortalecimiento de actitudes y habilidades para hacer las paces en el aula, como un proceso que parte del reconocimiento de las capacidades humanas para hacer las paces desde los propios espacios y a partir de las habilidades, vivencias y aprendizajes desde su propio contexto, en este caso, el escolar.
También, el programa implicó que cada niño y niña se mire como sujeto protagonista de la paz en el espacio escolar, en el que pueden construir diariamente relaciones basadas en el respeto, el buen trato, la confianza, la no violencia y el cuidado mutuo; esto a partir, de una visión en la cual se consideren como sujetos de derechos con capacidad de reconocer el valor de la otra persona.
Así, con los objetivos de potenciar relaciones amistosas basadas en la no violencia, reconocer el derecho a la paz en las prácticas del buen trato, así como reflexionar sobre el valor del cuidado de los compañeros y compañeras como práctica cotidiana para hacer las paces, se trabajaron temas como: relaciones pacíficas en el aula, el derecho a la paz y el buen trato, el cuidado como práctica para construir la paz y arte para la paz.
Delmis Patricia Diaz, trabajadora social del equipo interdisciplinario, de la Escuela Miguel Aguilar Bonilla, reconoce que este tipo de iniciativas abren las posibilidades para que las personas menores de edad desarrollen competencias y habilidades que les permita en la vida futura, enfrentar, gestionar espacios y relaciones interpersonales en forma afectiva; y le amplia a los estudiantes la posibilidad de estar en otros ámbitos que le permiten tener experiencias positivas que le fortalezcan el desarrollo personal.
“El bienestar social se ha visto fortalecido mediante estos proyectos, porque mediante actividades socioeducativas y con metodologías lúdicas y de cooperación le permite a las personas menores de edad tener una mejor calidad de vida mediante el compartir con compañeros y compañeras”, señaló Diaz.
El ciclo de talleres culminó con un encuentro financiado por el Fondo de Beneficio Social de la UNA, y llevado a cabo en el centro de recreo del fondo, donde los niños y niñas participaron en un taller de arte, compartieron un almuerzo y disfrutaron en las zonas verdes.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Desde 1974, por ley de la República impulsada por Daniel Oduber, la vieja cuadra al sur del Liceo (donde se dieron clases de agricultura) y la totalidad del inmueble (edificios este y oeste) pasaron a ser propiedad del mismo.
Derecho reconocido eventualmente por la Sala Constitucional, por lo que el Estado estuvo de acuerdo en pagar un alquiler, a favor de su legítimo propietario, por la cuadra usada por el MOPT.
Al plantearse nuevamente el viejo proyecto de la «ciudad gobierno», el gobierno incluye como parte del mismo, esos 10 mil metros cuadrados que le arrienda al Liceo, PERO, aquí es donde se crea el conflicto. Según la ministra de Educación, un reglamento le permite al Estado, hacerse de esos bienes sin necesidad de pagar lo que, en justicia, correspondería.
Y lo cree así, pese a que una difusa norma reglamentaria, no puede sustituir la ley de don Daniel. El asunto se complica aún más, porque la conformación actual de la junta administrativa violentó procedimientos formales, y, pese a ello, está tomando decisiones contrarias a los intereses del Liceo, como son, el acordar ceder al MEP, la cuadra que hoy se alquila, a cambio de que vía presupuesto, el Ministerio cubra los rubros, que hoy son atendidos con los poco más de ₡160 millones anuales que recibe el Liceo.
Se ha planteado, que el Estado debería de considerar iniciar un proceso de expropiación, debidamente reglado, que desemboque en la determinación del correspondiente «justi precio» del que habla la ley. Sin embargo, la posición irrespetuosa del gobierno es la de suspender el pago del alquiler y cualquier transferencia financiera equivalente, si los liceístas se resisten a la «solución» que impulsa la administración Chaves Robles.
El terror del Estado es educar al pueblo para que sienta miedo y se quede paralizado ante la injusticia. El educando, sacrificado por decisiones políticas que impiden al educador ejercer con máxima calidad. El aula como espacio en donde faltan condiciones que lleven al éxito pero que producen frustración, fracaso, deserción.
El miedo como instrumento para producir caos mental que bloquea el atreverse a descubrir la causa de los problemas. El miedo para que el educador no reaccione. El miedo para que los padres de familia, los educandos, no descubran que la solución comienza por la unidad.
El miedo se vence con educación, se le gana con coraje, con extender las manos y construir un fuerte tejido social solidario.
La población reciente de Yímba Cájc o Rey Curré se inicia a principios del siglo XX y a mediados de dicho siglo se empieza a dar la separación de su territorio que hoy posee, ya que dependía política y territorialmente de Boruca.
En 1956 se esfuerzan por construir su primera escuela. Inicialmente fue un rancho, con techo de palma y piso de tierra y empezaron las clases.
Luego construyeron una escuela de madera con piso elevado sobre pilotes cuya altura superaba los 80 cm de altura. Tenía tres divisiones, (dos aulas y una cocina), un corredor daba a la puerta de cada recinto.
Sin embargo, una de las crecientes del río Térraba afectó esta escuela y en 1956 se tuvo que trasladar a la parte alta del poblado.
La segunda escuela se construyó al costado Sur del lugar en donde está el Salón Comunal de Curré, y estaba constituido por tres aulas. Techo de zinc, piso de cemento y paredes de madera sin ventana, pero con áreas ventiladas, esta escuela estuvo operando por cuarenta años hasta que se construyó la tercera escuela.
Su tercera escuela se va a construir en 1997. Las primeras aulas se construyeron gracias al aporte de los Países Bajos, en coordinación con la Asociación Regional Aborigen del Dikés (ARADIQUES) y la Junta de Educación de la Escuela Indígena de Curré.
Escuela actual muestra avances en el mejoramiento de su infraestructura física
Tras muchas horas de trabajo, la Junta de Educación en conjunto con la Dirección de la Escuela Indígena Rey Curré ha presentado múltiples avances en el mejoramiento de su infraestructura física, atendiendo necesidades prioritarias en beneficio de la comunidad estudiantil.
Este centro educativo ha logrado grandes avances en el mejoramiento de su infraestructura física, cuenta con un adecuado salón comedor y gimnasio disponibles para las actividades recreativas tanto a nivel escolar como a nivel comunitario, aulas para todos los niveles decoradas, porquerizas bien atendidas según normas del Ministerio de Salud y hasta huertas donde cultivan productos locales.
En los últimos meses, la Dirección de este centro educativo en conjunto con la Junta de Educación han logrado atender casos urgentes como áreas con riesgo de deslizamientos, mejoras en las bodegas, construcción de servicios sanitarios externos para visitas, así como adquirir los materiales y el área donde se construirá la Dirección del centro educativo, entre múltiples tareas atendidas y por atender.
Otro de los grandes proyectos es la elaboración de un mural a la llegada de la escuela en donde se plasmará diferentes elementos que confluyen en el Juego de los Diablitos, la tradición cultural de mayor arraigo en esta población indígena.
El autor de esta mega obra artística es José Eusebio Lázaro Ortiz, un personaje local muy diestro en este campo y dicho mural representa un importante segmento en el extenso bagaje histórico que posee Yímba Cájc. Los padres de familia de este centro educativo se muestran muy satisfechos con estas mejoras a nivel institucional lo cual contribuye en el bienestar integral de la comunidad estudiantil y también del personal docente y administrativo.
Nuestras aulas están siendo inundadas de frustración, desánimo, sufrimiento.
Políticas gubernamentales golpean becas, transporte estudiantil, infraestructura, financiamiento, con una tendencia a abandonar la educación del pueblo.
La marcha del 23 de junio es un acto valiente. Indudablemente que habrá temor, pero no es una marcha por los educadores. Será una acción de coraje por el bienestar de la niñez, de la juventud y sus familias.
Es una marcha que deberá iniciar su movimiento desde cada escuela, colegio, hogar, como una marea creciendo, imbatible, por la vida, por el derecho a la educación.
Tiempo de dignidad, tiempo de lucha, tiempo de unidad.
Un futuro gris para Costa Rica se vislumbra a partir del desdén que exhibe el gobierno ante las necesidades educativas.
Con un ministro de Hacienda «ahorrando» en educación, y una ministra de Educación sometida a tales políticas, no se sigue una ruta clara por la cual han de caminar nuestros niños y adolescentes.
Así, ellos son víctimas de un sistema que les niega la adquisición de habilidades, que van desde la capacidad para resolver problemas, hasta la comunicación inteligente, pasando por el poco desarrollo del pensamiento crítico y creativo, que les permita crecer.
El resultado es una inteligencia limitada y por ende, escasa capacidad intelectual.
Fracasa la sociedad, fracasan los individuos, se tropieza el desarrollo, baja significativamente la calidad de vida, se condena a la juventud y los gobernantes siguen cual si todo estuviera bien.
Los estudiantes mantienen la posición de que “¡La educación no es un negocio, es un derecho!” y es importante respetar el presupuesto asignado que establece la Constitución Política en el artículo 78.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), expusieron su posición en salvaguardar y respetar la disposición constitucional de destinar en el presupuesto nacional un 8% del PIB a la educación pública.
Los estudiantes manifestaron su preocupación que para el 2023, el presupuesto en educación sea el más bajo de los últimos 9 años con un 5.3% del PIB; esta acción presupuestaria se ha visto reflejada en afectaciones directas a los programas sociales propios del Ministerio de Educación Pública, como los comedores estudiantiles, el transporte para estudiantes, apoyos técnicos, entre otros.
En la actividad realizada en la Sala de prensa de la Asamblea Legislativa, participaron Marco Zúñiga y Clareth Calderón (presidente y secretaria general de la FEUNA), Karen Marín y Valeria Bolaños (presidenta y representante ante Consejo Universitario de la FEUCR), Rasheed Silva y Luis Barrantes, del Movimiento Estudiantil de Educación Secundaria (MEDSE), y Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.
Para Zúñiga, presidente FEUNA, la crisis que atravesamos es estructural y sistemática, el Estado Social de Derecho que alguna vez construyó este país se encuentra en una crisis profunda, misma que puede volverse inmanejable si el país invierte cada vez menos en educación, en los programas de atención social y en el fortalecimiento de instituciones las públicas.
También, se destacó el papel que ha jugado históricamente la Educación Pública en nuestro país, siendo un pilar fundamental en el desarrollo humano y la movilidad social, así como un motor para reducir brechas y desigualdades sociales, la violencia y la pobreza.
Díaz, presidente del SEC, respaldó el sentir de los estudiantes en defender el presupuesto nacional que corresponde, además criticó que en la actual crisis que vivimos se hizo un recorte adicional de ₡3.100 millones para seguridad, por lo que esta negociación del FEES debe hacerse como se debe y no tener que recurrir a otras acciones.
“Defender la educación pública, es defender las herramientas para la igualdad social, es defender una vida más digna para todas las personas, es combatir las desigualdades sociales, económicas, de género, que estamos viviendo en este contexto. La educación es la única herramienta que tenemos como país, para el desarrollo y para lograr salir adelante frente a esta y cualquier otra crisis que atravesemos”, indicó Calderón, secretaria general FEUNA.
Asimismo, Marín, presidenta de la FEUCR y representante estudiantil en la comisión de enlace de negociación del FEES 2024, dejó muy claro que se debe dejar de jugar con el presente y el futuro de millones de personas que pasan por el sistema educativo público. “Comprométanse con la atención de las verdaderas necesidades del pueblo costarricense, que esta crisis no la pague la educación, que no sea utilizada como un negocio ni una mercancía, es un derecho que defendemos y seguiremos defendiendo”, concluyó.
Desde las federaciones para la negociación del FEES 2024 se establece y mantendrá el rol en la participación durante la negociación bajo los siguientes puntos:
Exclusión de las Universidades Públicas y a toda la educación pública de la Regla Fiscal establecida en la Ley 9635.
Generar un compromiso de fijar como una meta de inversión en educación para los próximos tres años, un porcentaje escalonado lo más cercano al 8% según lo dicta el artículo 78 de la Constitución Política, así como generar los mecanismos para alcanzarla para que consecuentemente no haya un detrimento en el porcentaje de inversión en educación, como ha sucedido en los últimos siete años.
Eliminación de los indicadores impuestos a las Universidades por el Gobierno de la República, pues estos indicadores pueden violentar la autonomía de las universidades. Por el contrario, garantizar las herramientas para que las instituciones de educación superior pública puedan cumplir y fortalecer sus propias metas establecidas en el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal.
Construcción de un acuerdo de agenda común entre el Poder Ejecutivo y las Universidades Públicas para la atención de la crisis educativa a partir del diálogo y acuerdos multisectoriales.
Respetar, fortalecer y dignificar a las personas trabajadoras del sector educativo. Exigimos que se cumpla la primera de reducir las cargas laborales, un aumento real al salario que responda al costo de vida, y que se elimine el “salario global transitorio”.
Establecimiento de una base de presupuesto de negociación para el FEES 2024 que sea del FEES 2023 + 1% por reconocimiento de inflación pendiente del acuerdo realizado en el año 2022.
Un crecimiento en términos reales del presupuesto del FEES que sea mayor al dotado para el año 2023, según lo dicta el artículo 85 constitucional.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Este viernes 02 de junio comienza el proceso de negociación con el Gobierno de República para negociar el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). Al respecto, el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta, menciona como esta negociación será trascendental, para defender el derecho a la educación, asimismo hace un llamado a que dicho proceso de negociación se realice de manera transparente, informada, responsable y oportuna, en el enlace adjunto pueden escuchar el mensaje completo: https://fb.watch/kTHMGEWUce/?mibextid=j8LeHn
El Mideplan invirtió unos 475 millones de colones solo en la evaluación de 15 políticas públicas y programas, entre el 2019 y el 2022. Este monto y las ganancias que se podrían obtener de la correcta implementación de estas políticas y programas podrían estar en riesgo al aplicarse las evaluaciones de forma inadecuada. Foto libre de derechos por Nasim Nadjafi / Pixabay, UCR
El país podría desaprovechar cientos de millones de colones por estas inconsistencias
Las fallas en la creación y en el uso de herramientas de control perjudican la supervisión de políticas públicas.
El Estado está compuesto por muchas entidades que tienen sus propios programas cuyo fin es organizar sus servicios, promover el desarrollo y, en términos muy generales, hacer que el país avance.
El Monitor OCDE llegó a esta conclusión tras una revisión de 26 informes de evaluación concluidos y con acceso público, que a su vez identificaron más de 510 recomendaciones, 105 acciones y 47 categorías para instituciones públicas. Tras este análisis, se determinó que un 86,3 % de las recomendaciones se concentran solo en el control de la gestión o en el ciclo corto de la intervención, es decir, en temas de presupuesto, procedimientos de trabajo y necesidades de capacitación.
En cambio, únicamente el 12,5 % trató el cumplimiento de las metas de los programas, lo que deja un reducido 1,2 % de las recomendaciones para la toma de decisiones estratégicas, objetivo final que, se supone, debería cumplir toda evaluación estatal.
En gráficos, estos son algunos parámetros analizados por el Monitor OCDE para calificar los instrumentos utilizados por Mideplan en sus evaluaciones, así como el grado de conocimiento de los diferentes actores que participan de estos procesos.
La evaluación de programas y su verdadera utilidad
La más reciente Agenda Nacional de Evaluación, que coordina Mideplan, contempla 15 intervenciones a programas estatales de diversa índole, desde el 2019. De estos, 14 fueron calificados en el cumplimiento de sus metas con una nota superior al 87,5 % y 11 de ellos incluso obtuvieron la totalidad de metas cumplidas al 2022. En todos ellos, ese ministerio invirtió una suma de 785 mil dólares (unos 475 millones de colones al tipo de cambio de este martes).
Cabe aclarar que cada una de estas evaluaciones tiene tres partes que la integran: Mideplan encabeza con un equipo supervisor del proceso, un equipo de la institución contraparte que va a ser evaluada y también un equipo evaluador externo (donde en algunas ocasiones, la UCR ha sido la entidad contratada).
Además, algunos de estos análisis no aportan mayor información sobre el aprovechamiento de las evaluaciones para futuros estudios. En otras palabras, los resultados de esas evaluaciones no están dirigidos a la toma de decisiones estratégicas, por lo que no producen cambios en el diseño de los programas públicos y, por lo tanto, los problemas siguen sin resolverse.
Según Mora, Mideplan ha fallado a la hora de indagar si existe la suficiente información o los insumos en las instituciones para responder a estos instrumentos evaluativos, así como las características de los temas a analizar (por ejemplo, de dónde sale el problema que afecta a una entidad, por qué es un problema y para quiénes es un problema), lo que da al traste con la inversión de tiempo y recursos empleados en las herramientas para la revisión de los programas, aunque – según el Ministerio – estas mediciones culminen con éxito.
Esteban Mora, coordinador del Monitor OCDE: las debilidades en los instrumentos de evaluación generados por Mideplan
Y ¿por qué ocurre este “corto circuito” entre lo que se espera de los programas y lo que se obtiene? Las causas son varias, pero todas tienen que ver con el proceso de evaluación, desde la formulación de la herramienta de testeo hasta los resultados obtenidos y su utilidad real.
Mora comentó que las evaluaciones tienen varios factores adicionales que les impiden dar mejores frutos: por un lado, los escasos recursos de las entidades para aplicarlas de forma correcta; por otro lado, la falta de capacitación del funcionariado que ofrece el servicio; y a esto hay que agregar el desconocimiento de los instrumentos y las herramientas metodológicas por parte de las personas que son evaluadas, así como una limitada comunicación de los resultados y los beneficios que la ciudadanía podría obtener gracias a estos programas.
Esteban Mora, coordinador del Monitor OCDE: las razones que impiden una correcta evaluación de los programas estatales
Todos estos factores hacen que, muchas veces, el equipo evaluador del Mideplan deba reestructurar el instrumento de evaluación, así como la información histórica, para crear un instrumento que sea realmente efectivo. Pero en estos “remiendos” se pierde tiempo y dinero no solo del proceso en sí, sino (y, sobre todo) del efecto positivo que debería generar el programa o proyecto estatal
Según explica el coordinador del Monitor OCDE, este desperdicio de recursos, logística y tiempo es muy preocupante, pues los resultados de estas evaluaciones se quedan en el camino sin poder explotarse más, lo que también imposibilita a las autoridades tomar la mejor decisión sobre qué hacer con estos programas.
Esteban Mora, coordinador del Monitor OCDE: es arriesgado tomar decisiones con los errores presentes durante la confección de las evaluaciones
Si bien todo este problema puede parecer muy técnico y lejano de la vivencia de cada hogar costarricense, la realidad es que afecta a cada persona que vive en este país, ya sea porque la población no recibe el beneficio de estos programas de forma óptima o porque se está desaprovechando la inversión que se hace en ellos.
Por eso es que, según Mora, corregir este tipo de errores es esencial para que las evaluaciones permitan generar un aprendizaje en las diversas entidades evaluadas, crear conciencia ciudadana y propiciar una mejora continua de los procesos y servicios: «esto es parte de los aprendizajes que el propio CICAP ha tenido como parte de varios procesos evaluativos a nivel nacional. Por eso es que ejecutamos esta la investigación y compartimos los resultados con Mideplan y con la Plataforma Nacional de Evaluación», afirmó el investigador.
La Política Nacional de Responsabilidad Social 2017 – 2030, ejemplo de un programa sin evaluar
Para ilustrar de forma más aterrizada cómo están afectando los errores o las omisiones de Mideplan a los programas y proyectos que deberían beneficiar a la población, el coordinador del Monitor OCDE el caso de la Política Nacional de Responsabilidad Social 2017 – 2030, que ha sido impulsada a través de directrices de la OCDE.
En palabras resumidas, esta pretende que las empresas dispongan parte de sus bienes, servicios y réditos para el aprovechamiento de un proyecto de derechos humanos, medioambiente o de cualquier intervención social o económica en beneficio de las comunidades o de algunos sectores del país.
A falta de la incorporación de esta política en la Agenda Nacional de Evaluación, que coordina Mideplan, recientemente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) debió solicitar a la OCDE un diagnóstico para determinar sus efectos y alcances, pues esta cartera intuía que el país tenía mucho por mejorar en la aplicación de esta política.
Y efectivamente, así fue. La OCDE halló que esta iniciativa alcanza solo al 70 % de todas las grandes empresas del país, que en conjunto son el 2,5 % del total de negocios en Costa Rica. El restante 97,5 % son micro, pequeñas o medianas empresas, que no están insertas dentro de esta política. Con esta información, el MEIC podría restructurar la forma como está aplicando esta política, para que tenga mayor impacto social en beneficio del país.
En buena teoría, estos resultados debieron provenir de una evaluación realizada por Mideplan, algo que no está haciendo y que afecta de forma significativa el desarrollo social y los beneficios que podría estar recibiendo la población. Si se considera que este ministerio es cocreador de esta política, el problema se vuelve aún más obvio. En palabras de Mora: “una buena política pública nace para ser evaluada”.
Los programas y proyectos públicos de la Agenda Nacional de Evaluación
Estas son las 15 iniciativas que han sido intervenidas por el Mideplan entre el 2019 y el 2021, en la Etapa III de la Agenda Nacional de Evaluación. Las herramientas utilizadas para medir su efecto en algunas de ellas han sido puestas en duda por el Monitor OCDE:
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Obesidad 2013-20212
Vacunación contra el Papiloma Humano
Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020
Estrategia “Construyendo Puentes y Sinergias”
Cooperación Internacional en Biodiversidad y Cambio Climático
Programa DESCUBRE
Promoción de la Autonomía Personal de la Personas con Discapacidad
Gestión Hacienda Pública: Carga Tributaria
Banca para el Desarrollo
Carretera Cañas-Barranca
Mercado Regional Mayorista Región Chorotega
Estrategia Sembremos Seguridad
Programa de atención déficit habitacional para la población de escasos recursos económicos
Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Programa Centros Cívicos por la Paz
Los resultados de esta investigación de la UCR coinciden con los de las metaevaluaciones (las revisiones de las evaluaciones) contratadas por el propio Mideplan. Estos análisis también identificaron vacíos relacionados con la participación de otros actores, las partes interesadas, la forma en que se diseñan los términos de referencia y el uso de las evaluaciones para la toma de decisiones.
Pablo Mora Vargas
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
