El Consejo Asesor de la Facultad de Educación en su sesión extraordinaria No. 348, con fecha del 25 de setiembre del 2023, acuerda el siguiente pronunciamiento sobre la situación actual de la crisis educativa evidenciada en el IX Informe del Estado de la Educación.
La Facultad de Educación insta a las autoridades del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) a que implementen los referentes mínimos para la formación de formadores que establece el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación Superior
Pronunciamiento
Considerando que:
-La Ley Fundamental de Educación de 1957 traza el camino a las instituciones formadoras de formadores sobre el tipo de profesional en educación que requiere el país, así como los fines y principios que inspiran la creación de organizaciones vinculadas a la educación nacional.
-De acuerdo con la Política Educativa del 2016 (acuerdo del CSE no. 07-64-2016) se considera a la persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad y se señala con claridad los fundamentos filosóficos y epistemológicos en los que sustenta su ser. Asimismo, define los enfoques curriculares y pedagógicos que dan origen a los contenidos, las metodologías de aprendizaje y las estrategias que permiten desarrollar los procesos de enseñanza en el aula, así como la evaluación de los aprendizajes.
-El Ministerio de Educación Pública como entidad rectora de la gestión educativa a nivel nacional debe articular con los diferentes actores públicos y privados para generar los espacios de diálogo y trabajo, mediante la firma de acuerdos y convenios de colaboración recíprocos para atender las urgentes demandas de la población en materia educativa.
-La formación, capacitación y actualización de profesionales de la educación en servicio han sido acciones inherentes a esta Facultad, las cuales se han desarrollado y fortalecido de manera colaborativa con las autoridades ministeriales del MEP y con otras instancias relevantes en el sector educativo, tales como IDP, FOD, Colypro, ANDE, APSE, SEC, entre otras.
-Es urgente la puesta en marcha de una agenda de trabajo colaborativo con las instancias antes citadas y todas aquellas que compartan la visión de mejorar el sistema educativo costarricense, para atender de manera asertiva las áreas programáticas que requieren ser fortalecidas, así como los conocimientos teóricos y prácticos, las habilidades y las destrezas que demanda el ejercicio de la docencia y todas aquellas problemáticas evidenciadas en el IX Informe de la Educación.
-La Facultad de Educación desde su creación ha velado por la idoneidad del recurso humano que forma, es decir, los procesos permanentes de mejora continua nos destacan como una universidad y facultad que implementa procesos de autoevaluación y acreditación de sus carreras, pues gracias a estos mantiene actualizadas sus mallas curriculares y todos aquellos aspectos de la gestión curricular en las carreras que oferta.
-La Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, conformada por cinco unidades académicas y un instituto de investigación, cuenta con recursos humanos altamente capacitados para atender las diferentes demandas educativas del país con un amplio conocimiento del contexto y de la realidad país, producto de procesos de internacionalización de la educación superior, de la formación continua y permanente y del desarrollo de proyectos en las tres áreas sustantivas: docencia, investigación y acción social.
-La crisis educativa actual urge del trabajo articulado, interinstitucional y multisectorial para la puesta en marcha de acciones a corto, mediano y largo plazo, así como la asignación de los recursos presupuestarios que dicta la Constitución Política de Costa Rica en el artículo 78.
-La Facultad de Educación en periodos recientes, ha compartido propuestas educativas con autoridades ministeriales para hacer frente a la crisis educativa, como parte de su compromiso con la sociedad. En este sentido, sigue atenta a emprender acciones conjuntas para atender las problemáticas más urgentes en materia de exclusión educativa, debilidades en el campo de la lecto-escritura, en habilidades de razonamiento y pensamiento lógico-matemático, en las deficiencias de infraestructura física y tecnológica, en el mejoramiento de la calidad de los servicios y beneficios escolares, así como de la formación del recurso humano docente idóneo y de la puesta en marcha de procesos evaluativos centrados en la persona y en sus capacidad de aprendizaje.
-La Facultad de Educación desconoce los logros alcanzados por parte del Ministerio de Educación Pública, según los hitos presentados en la llamada “ruta de la educación”, es decir, hasta el día de hoy, no disponemos de documentos o informes técnicos que evidencien dichos logros.
Por lo tanto:
Los datos mostrados en el IX Informe del Estado de la Educación hacen un llamado urgente a todos los actores vinculados al sector educativo para ofrecer soluciones concretas y pertinentes. Desde nuestra visión, la solución a los problemas de la educación requiere de la participación de la academia, de las organizaciones magisteriales, de la sociedad civil, de los organismos internacionales y del Gobierno mismo, con un enfoque participativo, abierto y transparente.
Es un hecho fehaciente que, como país, el Estado y el Gobierno, así como las instituciones públicas y privadas vinculadas al sector educativo, debemos redoblar los esfuerzos para encontrar las vías más adecuadas y expeditas para atender la crisis educativa de forma conjunta.
La Facultad de Educación, mediante los numerosos proyectos de Trabajo Comunal Universitario y de Educación Continua que desarrollan las diferentes unidades que la conforman, está en un contacto permanente con las comunidades y su entorno con enfoque de género, inclusividad, equidad e interculturalidad.
La Facultad de Educación reitera nuevamente su colaboración con las autoridades ministeriales, poniendo al servicio de las diferentes entidades y personas funcionarias del MEP, todo su conocimiento, investigaciones, publicaciones, infraestructura física y tecnológica, así como la experiencia acumulada por más de 80 años en la formación de profesionales en educación.
La Facultad de Educación apoya la innovación aplicada a los procesos educativos, promueve y afirma el humanismo, la cultura ambiental y la justicia social, mediante la discusión, el análisis y la reflexión de los problemas que aquejan a la educación.
La Facultad de Educación reconoce en la persona educadora y en otras instancias educativas el compromiso, el esfuerzo y la dedicación que día a día realizan en las aulas y en las comunidades para superar la crisis educativa actual, a pesar de las limitaciones señaladas en el IX Informe del Estado de la Educación.
Finalmente:
La Facultad de Educación hace un llamado a las autoridades ministeriales y al Consejo Superior de Educación para que informen a la comunidad nacional sobre los avances y acciones colaborativas que están llevando a cabo con las diferentes organizaciones, personas y entidades del sector público y privado en la atención de las urgentes necesidades en materia educativa.
La Facultad de Educación insta a las autoridades del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) a que implementen los referentes mínimos para la formación de formadores que establece el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación Superior. Hasta el momento, este es uno de los mayores esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de la formación de los profesionales en educación.
La Facultad de Educación es una unidad académica de puertas abiertas que reafirma su compromiso con las diferentes poblaciones y sectores de la sociedad costarricense. Nuestro principal deber es contribuir a la solución de los problemas de la sociedad. Es tiempo de actuar con hechos concretos y con datos reales sobre lo que se está haciendo por la Educación y por el bienestar de las actuales y futuras generaciones, todo ello para el fortalecimiento del Estado social de derecho de Costa Rica.
Existe grupos de interés, dentro y fuera del actual Gobierno de la República, así como en la Administración Superior del MEP, el INA y el MTSS, de modificar el Marco Nacional de Cualificaciones para excluir los Técnicos 4 y 5, correspondientes con la educación superior y la educación diversificada, y bajar los estándares de los perfiles de los Técnicos 1, 2 y 3, con el fin de reducir los estándares de calidad en los procesos de capacitación, en función de la empleabilidad que no necesariamente se corresponde con la realidad de los procesos productivos de nuestro país.
Estos mismos sectores pretenden determinar los estándares del Marco Nacional de Cualificaciones y reestructurar tanto el modelo de Formación Técnica Profesional del MEP, como el INA de acuerdo con los criterios de la organización privada WorldSkills International. Lo cual implica estandarizar la educación técnica nacional a partir de una visión globalista, condicionante a la dependencia, que no necesariamente se corresponde con los problemas concretos que afrontan las personas y las empresas en los mercados nacional y locales.
Es necesario definir una oferta de la Educación Técnica Nacional, a partir de un criterio técnico y científico fundamentado en las condiciones materiales de nuestro país. Dicha oferta debe ser necesariamente contextualizada y crítica, en función de las verdaderas necesidades, derivando en modelos eclécticos educativos (no reducidos a la visión de la educación técnica de una organización internacional que no conoce la realidad costarricense).
SOLICITAMOS LO SIGUIENTE
La discusión sobre el presente y el futuro de la Educación Técnica sea sometida a un debate nacional, en el cual participen los distintos actantes sociales, educativos, sindicales, académicos, gubernamentales y empresariales involucrados en las dinámicas pragmáticas de la Educación Técnica Nacional tanto a nivel del MEP, como del INA, las universidades estatales y demás instituciones involucradas.
Que los distintos sectores, estén sujetos al criterio de alternancia para definir los representantes en la Junta Directiva del INA y que aquellas personas que tengan más de 5 años de formar parte de esta, sean sustituidas, dando espacio a personas de otras cámaras empresariales y sectores sindicatos que puedan fiscalizar de manera actualizada la reestructuración y el estado financiero de la Institución.
Se plantee como una política nacional la creación de una Unidad o un Centro de Investigación Inter y Transdisciplinario de ETFP, conformado por especialistas de los distintos Núcleos del INA, personas expertas en Educación y Educación Técnica Nacional de las universidades y que tenga entre sus tareas: i. definir mecanismos técnicos para sistematizar las observaciones de los Comités Consultivos de Enlace de las Regionales y los Núcleos del INA, para conformar a partir de ahí los modelos eclécticos educativos que nos ayuden a superar los problemas que afrontan las personas y las empresas en los mercados nacional y locales y definir una oferta que satisfaga estás necesidades; ii. revisar todas las leyes, normativas, procedimientos y decretos que se relacionen directa o indirectamente con la Educación Técnica Nacional, en función de las necesidades técnicas, pedagógicas, empresariales, laborales y sociales de las personas y las empresas imbuidas en los contextos socioculturales nacional y locales.
Que se brinde una mayor cuota de participación en los espacios de consulta y toma de decisiones sobre el modelo nacional de Educación y Formación Técnica Profesional del MEP, a los sindicatos de trabajadores de la educación, en función de su conocimiento de la realidad de los procesos formativos desde el aula.
Que la Educación Técnica Nacional tenga como énfasis principal promover la producción de bienes y servicios de mejor calidad para el mercado nacional y generar mejores condiciones de vida para las personas trabajadoras, empleadoras y consumidoras del mercado nacional y que esté énfasis no recaiga sobre las zonas francas, que solamente generan el 3% del empleo nacional y producen bienes y servicios complejos que se destinan a la exportación y, a pesar de que elevan significativamente los índices de riqueza nacional, esta riqueza no se distribuye por igual entre las personas trabajadoras que dinamizan el mercado nacional.
Mujeres por Costa Rica invita al foro: «Emergencia en la educación pública», el cual se llevará a cabo este martes 19 de setiembre a las 4 p.m. en la Biblioteca Nacional (Sala España) y será transmitido por medio de Facebook Live de esta organización.
Participan:
Isabel Román, Estado de la Educación
Alicia E, Vargas, Mujeres por Costa Rica
Karen Marín, presidenta de la FEUCR
Randall Cordero, representante de la Federación de Estudiantes de Seccundaria
Justin Cásares Agüero y Montserrat Suñer Sánchez representaron a Costa Rica en la XVI Olimpiada Iberoamericana de Biología, realizada del 3 al 8 de setiembre en la Universidad Autónoma de Madrid.
Cásares obtuvo una medalla de plata y Suñer una de bronce en una competencia que convocó a 51 participantes de Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Brasil, España, Portugal, Cuba, República Dominicana, México, Bolivia, Perú, Ecuador y Costa Rica.
“Fue un recorrido del cual aprendí mucho desde la preparación estaba enfocada en adquirir todo el conocimiento que pudiera, y a pesar de que fue una experiencia retadora esta resultó ser muy satisfactoria. Me enforqué bastante en pulir aquellas áreas en las que necesitaba mejorar y en aprender más sobre todos los ámbitos de la biología. Todo el trayecto me hizo esforzarme para dar lo mejor de mí y mejorar cada día más. A fin de cuentas, no solo se va a competir sino también a relacionarse con personas excepcionales de otros lugares del mundo. Me alegra haber participado y haber tenido el honor de representar a Costa Rica”, dijo Suñer.
“Hoy estamos más que satisfechos porque a pesar de la pandemia se logró seguir promoviendo la ciencia, la tecnología, la alfabetización científica y sobre todo, despertar el interés de la juventud en áreas estratégicas para la sociedad como lo son la ciencia, la tecnología y la sociedad desde el enfoque STEAM, el cual facilitará que estos estudiantes de secundaria se motiven y se formen en carreras que aporten al país en la resolución de problemas de distintas índoles”, dijo Pereira.
Para los académicos, Costa Rica debe apuntar a una educación de calidad, que identifique las fortalezas, la creatividad, la innovación y el empoderamiento para la resolución de problemas sociales, “vivimos momentos complejos pero entre todos los actores educativos estamos seguros que lograremos hacer de ello el país que queremos porque se tiene un gran capital humano que solo requiere oportunidades para hacer de lo ordinario algo extraordinario, por eso no dejemos de creer en nuestra juventud, en nuestros docentes y en nuestras instituciones, además de un agradecimiento especial a los padres de familia que apoyaron a estos jóvenes”
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Este 12 de setiembre, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Ley de Protección a la Inversión Pública en Becas y otras Ayudas para la Población Estudiantil.
La iniciativa libera la inversión en becas de los límites de la regla fiscal, permitiendo que estas ayudas puedan llegar a quienes más las necesitan.
En medio de una grave crisis educativa, las becas y otras ayudas son fundamentales para que estudiantes de las poblaciones más vulnerables puedan mantenerse en las aulas y continuar sus estudios.
Agradezco a las fracciones legislativas que apoyaron este proyecto por su visión y compromiso con la educación pública en todos sus niveles.
Extraña que, como parte importante de lo que hace la administración Chaves, alrededor del millonario, pero mal estructurado proyecto de «ciudad gobierno», se obvie lo de la manzana perteneciente al Liceo de Costa Rica.
Al reafirmarse judicialmente, que los 10 mil metros cuadrados de terreno al sur del edificio oeste, son propiedad del centenario Liceo, se suscribió un contrato de arrendamiento con las autoridades del MOPT, que, por desdicha, el ministro Luis Amador ordenó incumplir, o sea, no pagar el alquiler pactado, afectando sensiblemente el buen funcionamiento del prestigioso Liceo.
Pues bien, mediante una maniobra de los jerarcas del MEP, MOPT y VIVIENDA, ejecutada con la complicidad de una espuria junta administrativa, órgano con solo FUNCIONES ASESORAS, se cometió falta grave. Cual si la Ley promovida por el expresidente Daniel Oduber, mediante la cual se reconoce como del LCR la cuadra que hoy ocupan los talleres del MOPT, fuere letra muerta, la tal junta administrativa (procesada por supuestos actos de corrupción), le «cedió» al gobierno de Chaves, lo que no podían regalar.
Serán los tribunales de justicia los que, sin duda alguna, anularán el «convenio de cesión», pero mientras tanto, el gobierno NO puede, no debe, hacerse «gato bravo» con el bien que pertenece al Liceo.
Podría pagar una indemnización por expropiación (si se llegase a aprobar el préstamo de US$450 millones en la Asamblea Legislativa), o determinar otro mecanismo justo de traspaso, pero no cometer el delito que hoy no les da pena exhibir ante la opinión pública.
Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), hace llamado a la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller Castro acoger las recomendaciones del noveno Informe del Estado de la Educación 2023 como base científica y académica para priorizar acciones que atiendan la crisis educativa que padece el país de forma estructural.
Los resultados del noveno Informe Estado de la Educación 2023, evidencian la grave crisis de la educación que el país atraviesa colocándose frente a un desastre intergeneracional de grandes dimensiones.
Tal y como se desprende del Informe, este debacle es resultado de un estudiantado que avanza en el sistema con fuertes carencias en aprendizajes básicos y que ponen en riesgo sus trayectorias educativas; las respuestas institucionales son insuficientes para salir de la crisis educativa y cerrar brechas estructurales, y el financiamiento de la educación que en lugar de avanzar hacia el 8% del PIB ha venido disminuyendo durante los últimos años, esto a pesar de lo establecido constitucionalmente.
Ante este aterrador escenario, el Consejo Universitario se suma al llamado del Estado de la Educación para actuar con extrema celeridad y realizar una declaratoria de un “estado de necesidad y urgenciadentro del marco legal y reglamentario vigente, o por reformas a este marco, mediante las vías previstas por la Constitución Política».
El informe plantea recomendaciones puntuales que otorgan responsabilidades a actores claves para el cumplimiento de los acuerdos nacionales suscritos, entre ellas revertir los retrocesos en la inversión en educación, mejorar sustantivamente los aprendizajes de estudiantes, su evaluación, dignificar a las personas docentes, mejorar las condiciones de contratación, desarrollo laboral y profesional.
Por lo anterior, la Universidad Nacional continúa consciente y atenta de su misión de formar profesionales humanistas con actitud crítica y creativa, que contribuyan con la transformación democrática y progresiva de las comunidades y la sociedad. Lo anterior implica dirigirnos hacia planos superiores de bienestar para contribuir a la sustentabilidad ecosocial y a una convivencia pacífica derivada de acciones pertinentes y solidarias, preferentemente, con los sectores sociales menos favorecidos o en riesgo de exclusión.
La sociedad requiere de acciones inmediatas en beneficio de la educación. Para ello es menester que los entes gubernamentales y todos los artífices del proceso educativo asuman sus responsabilidades para seguir en la loable labor de asegurar una enseñanza de calidad a partir de lo dispuesto en la Constitución Política.
Hacemos un llamado al Gobierno de la República y de forma específica a la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller Castro, acoger las recomendaciones derivadas del noveno Informe del Estado de la Educación 2023, como una base científica y académica que conlleve a priorizar las acciones inmediatas que debe de abocarse el Ministerio de Educación Pública con el propósito de atender la crisis educativa que en estos momentos nuestro país padece ya de forma estructural.
Reiteramos nuestro compromiso como Universidad Nacional con la educación como derecho humano y bien social. Así mismo, la institución se pone al servicio de las autoridades del país con su equipo para contribuir en la formación de profesionales.
Atentamente, Dra. Jeannette Valverde Chaves Presidenta del Consejo Universitario
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Lo que la ministra Anna Katherina Müller dijo en la ULACIT, gozando para ello del espacio de confort y tolerancia que le ofrece esa empresa educativa regentada por familiar suyos, es extremadamente grave y alarmante. Con el permiso de ustedes, me referiré a las escandalosas barrabasadas que dejó dichas esa señora:
1) La disposición para que los presupuestos para el sistema educativo estatal, en su conjunto, no sean inferiores al 8% del producto interno bruto anual de la economía, está contenida en el artículo 78 de nuestra Constitución.
2) Se trata, por lo tanto, de una decisión política aprobada según las reglas propias de la democracia, las cuales en este caso se aplican con especial rigor, ya que, entre otras cosas, una reforma constitucional demanda mayoría calificada de al menos dos tercios del total de los votos en la Asamblea Legislativa.
3) En cuanto decisión política y democrática, la norma del 8% del PIB para educación, pudo haber tenido una fundamentación técnica y científica, pero no era necesario que la tuviese. En lo fundamental, esta disposición traduce una aspiración: sobre el país que queremos tener y la sociedad en la que queremos vivir. Eso no puede ser determinado ni fundamentado científicamente. Es, digamos, un valor y una aspiración de alcances metacientíficos.
4) En cuanto que norma constitucional -superior incluso a las leyes- es de acatamiento obligatoria. Cierto: nadie está obligado a lo imposible, es decir, puede acontecer que en un determinado año o, incluso, en una sucesión de años, no sea posible alcanzar el límite del 8%, porque razones objetivas de mucho peso lo impiden. Pero eso no exime de su obligación al presidente y a cada ministro y ministra, quienes tienen el deber ineludible de hacer el máximo esfuerzo con el máximo empeño, en tratar de cumplir.
5) Podrían estar en desacuerdo, pero eso no les exime de sus obligaciones y responsabilidades, ni les autoriza -como lo hace Müller- a renegar de ellas. En tal caso, lo que corresponde es que promuevan un cambio en la norma constitucional, siguiendo los procedimientos democráticos establecidos.
6) Las políticas educativas -llámense “ruta de la educación” o lo que fuere- sí deberían tener fundamentación técnica y científica.
7) Por lo tanto, no es de recibo -es una charlatanería y un insulto- venir a decir, como lo hace Müller, que tenemos una política educativa que es un “invento” personal de ella, un nebuloso y fantasmagórico “proceso vivo” que carece de objetivos y metodologías conocidas, y el cual, al decir de la ministra, ella podría dejar plasmado en un documento que elaboraría “en un fin de semana”. Es inaudito que toda una ministra de Educación se exprese con tanta frivolidad e irrespeto.
Si ya la crisis educativa es grave, con el gobierno de Rodrigo Chaves, y bajo la conducción de Müller, lo único que cabe esperar es el colapso total y definitivo.
Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su espacio de Facebook.
Si tiene planeado estudiar una carrera del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas, la cual es conocida en sus siglas en inglés como STEM, anote este dato porque son las Universidades públicas las que tienen la mayor oferta del país, con un total de 467 carreras.
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