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A un mes del veredicto de las urnas: Entre el “Besamanos” y la Última Oportunidad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

A un mes de que el ruido de las caravanas se apagara, el silencio de la post-elección en Costa Rica resulta atronador. No es el silencio de la paz social, sino el de una tensa espera. Lo que hoy vemos es la cristalización de una paradoja: un oficialismo que celebra, pero que se sabe vigilado, y una oposición que, tras rozar el abismo, intenta articular un propósito que debió encontrar hace años.

La sombra de Zapote y la presidenta-asistente

La imagen de la presidenta Electa, Laura Fernández, inclinándose ante la figura de Rodrigo Chaves, no es una anécdota de etiqueta. Es un símbolo político cargado de presagios. Para quienes esperábamos que la legitimidad del voto le otorgara a la señora Fernández la autonomía de mando, el gesto ha sido un balde de agua fría: parece más el “besamanos” al verdadero poder en el chavismo que el inicio de una era propia.

Esa señal de subordinación se confirma con una retórica que no ha bajado el tono. Al contrario, una vez electa, vuelve la carga contra la institucionalidad: reelección inmediata (con el fantasma de la indefinida), la entelequia de una “Tercera República”, el asalto conceptual al Poder Judicial y la urgencia de una Constituyente. El guion es claro: continuismo sin matices.

El mandato del oficialismo: se acabaron las excusas

El oficialismo ganó, sí, pero no obtuvo el cheque en blanco de los 38 diputados que pretendía para desmantelar el Estado Social de Derecho. Sin embargo, su bancada es robusta. Esto les quita, de una vez por todas, la muleta de la “obstrucción legislativa”.

Ya no hay espacio para la queja. Tienen los votos para ejecutar sus promesas de campaña. El país observará si esa “eficiencia” de la que alardean es real o si el conflicto era, en realidad, su única propuesta de gobierno. Ahora les toca gobernar, ya no solo confrontar.

La oposición: una vigilancia con dos caras

Los cientos de miles de votos que recibió la oposición para la Asamblea Legislativa no fueron un reconocimiento a sus figuras; fueron un voto de contención. Los nuevos diputados deben entender que no están ahí por su carisma, sino como un dique frente a la deriva totalitaria. Su labor debe ser una oposición responsable, que no bloquee por bloquear, pero ferozmente dura en la defensa de la Institucionalidad Democrática.

El PLN: el último tren

Para el partido más longevo, el PLN, este cuatrienio es su última y definitiva oportunidad. El electorado les ha dado un respiradero, no un perdón. Deben empezar reconociendo que su salvación vino de un liderazgo unipersonal —don Álvaro Ramos— fresco y distante de los que se han enquistado y traicionado a los fundadores. Su confrontación con “los mismos de siempre” y su discurso empático, le ganó respeto de buena parte del electorado más allá del liberacionismo.

Si no son capaces de realizar una autocrítica profunda, de sacudirse las estructuras clientelares y de volver a ser una alternativa programática real, su destino es la irrelevancia histórica. Su papel en la Asamblea será el examen final para determinar si aún tienen alma o si son solo un cascarón vacío.

El Frente Amplio: más allá del dogma

Por otro lado, el Frente Amplio se enfrenta a su propio espejo. No basta con ser la “conciencia moral” o el bloque de protesta. Si aspiran a ser una opción de gobierno creíble, deben superar el sectarismo y el puritanismo ideológico. El país requiere de ellos alianzas inteligentes y pragmáticas que les permitan ganar la confianza de sectores mayores, demostrando que pueden proponer un modelo de Estado sin los dogmas trasnochados que asustan a la clase media y a los sectores productivos.

Ciudadanía: la democracia no termina en el voto

Finalmente, la lección más dura es para nosotros, los ciudadanos. La reacción espontánea —y tardía— de los candidatos de oposición ante la amenaza del continuismo demostró que no podemos delegar el cuidado de la República solo en los políticos.

La democracia costarricense ha entrado en una fase de cuidados intensivos que exige una ciudadanía vigilante, crítica y activa. No basta con haber evitado la mayoría calificada; hay que fiscalizar cada decreto, cada nombramiento y cada intento de erosionar nuestra convivencia.

El oficialismo sabe por qué ganó, pero también sabe por qué no ganó todo. En esa grieta, en ese espacio de resistencia institucional, es donde Costa Rica se jugará su futuro en los próximos cuatro años.

Mayoría ciudadana valora de manera positiva el proceso electoral

Escrito en . Publicado en Elecciones.

81.5% considera que sí se garantizó igualdad de condiciones a todos los partidos. Un 78.2% valora positivamente la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

UNA Comunica. Condiciones de igualdad para los partidos políticos participantes y una adecuada gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de los medios de comunicación en la cobertura periodística, reflejan un apoyo mayoritario de parte de la ciudadanía hacia el recién concluido proceso electoral.

Así lo determina la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), contenida en el informe Percepción ciudadana costarricense respecto al proceso electoral, dado a conocer esta mañana.

Como parte del ejercicio de análisis, luego de las elecciones, los investigadores del Idespo-UNA consultaron a los encuestados su valoración con respecto a seis enunciados sobre las elecciones. En todos ellos se registró una opinión mayoritaria favorable.

Sobre si “se garantizó la igualdad de condiciones para que todos los partidos políticos pudieran exponer sus ideas a la ciudadanía” un 81.5% dijo estar de acuerdo con esa afirmación, frente a un 15.7% que manifestó su desacuerdo.

Un 78.2% también respaldó el enunciado “la actuación del Tribunal Supremo de Elecciones fue adecuada para gestionar la campaña electoral”. Un 15.4% opinó lo contrario.

La labor informativa de los medios de comunicación también recibió el espaldarazo de tres de cada 10 encuestados. Ellos se pronunciaron ante la frase “la cobertura que los medios dieron a todo el proceso electoral fue adecuada”.

Por debajo del 70%, pero siempre con predominancia positiva, destacaron las afirmaciones “la ciudadanía acudió a emitir su voto de manera informada”, si “considera que el actuar de los partidos políticos durante el proceso electoral contribuyó a fortalecer la democracia del país” y si “la campaña electoral se basó en la discusión de ideas y propuestas”. Indicaron estar de acuerdo, en un 67.1%, un 63.7% y un 59.1%, respectivamente.

En otro apartado de la encuesta, el Idespo-UNA indagó cuáles factores políticos y sociales pudieron influir en la decisión final de voto. A pesar de que la seguridad ciudadana ha sido señalada en diversos análisis como la principal preocupación de los costarricenses, esta razón se ubicó en segundo lugar con una media de 3,82, donde 5 es el valor mayor y 1 el menor.

La primera razón fue “la situación económica por la que atraviesa el país” con una media de 3,94. Después de estas dos primeras posiciones destacan “la atención en salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social” (3,79), “la situación actual del sistema educativo en Costa Rica (3,78) y “las noticias que informaron sobre la campaña electoral” (3,46).

Aunque predominó en el debate público el tema de la influencia religiosa sobre las elecciones, este ítem fue el que recibió la mención media más baja entre 14 enunciados. El resultado fue de 1,74.

Otros determinantes con baja mención fueron “las opiniones dadas por los superiores de su lugar de trabajo” (2,15), “los comentarios en redes sociales sobre la campaña electoral” (2,79) y “las conversaciones que tuvo con compañeros de trabajo” (2,87).

Otras consideraciones

Asimismo, el Idespo-UNA detalló si en el entorno cercano de los votantes hubo otras personas que los motivaron a emitir el sufragio. El grupo más numeroso fue el de quienes afirmó “sí, hay una persona en mi grupo cercano”, conformado por un 30,9%. Sin embargo, un 26,3% dijo que “otras personas y yo”, un 16% afirmó categóricamente “no” y un 12,8% indicó “sí, soy yo”.

Sigue pesando, con mayor predominancia, el porcentaje de ciudadanos que dice “nunca o casi nunca” se habla de política con personas cercanas: así lo determina la mitad de la muestra (49,8%). Los que afirman “siempre o casi siempre” son el 40% y “algunas veces” el 10.2%.

El acto de haber acudido a las urnas el 1º de febrero representa, para la mayoría, un ejercicio colectivo. Un 57.8% indicó que asistió acompañado, frente a un 42.2% que lo hizo de manera individual.

En esta encuesta post electoral, se quiso profundizar en las razones para no haber ido a votar. La respuesta más señalada, por parte de un 26.3% de la muestra fue “no hice el cambio de domicilio electoral y me quedaba lejos el lugar de votación”. Le siguieron “por motivos laborales no pude ir” (22.4%), “por condiciones de salud” (17.9) y más abajo, “no me interesa la política” (6.1%).

Un 87% dijo que acudió a votar, frente a un 13% que indicó lo contrario. Este resultado dista del porcentaje de abstencionismo en esta elección (del 31%), ante lo cual, el Idespo-UNA señala que “la diferencia podría corresponder a que las personas abstencionistas suelen rechazar contestar (sic) encuestas de carácter político-electoral, por lo que existe la posibilidad de que queden subrepresentadas”, explicaron en el informe los investigadores.

Al final de cuentas, casi la mitad de la población (48.7%), ya había decidido desde meses antes su voto, mientras que un 22.9% lo hizo semanas antes. Un 28.3% tomó partido en la misma semana o el propio día de las votaciones.

La red social Facebook, con un 66.6% de menciones, seguida de la televisión con 65%, fueron los dos medios donde la población se informó sobre la campaña electoral, principalmente. En posiciones intermedias se ubicaron TikTok (38%), Instagram (28.2%) y YouTube (26.9%). Llama la atención que un 13.3% mencionó a la inteligencia artificial (IA), aunque es un mecanismo menos empleado que los periódicos impresos o digitales, los sitios en Internet de los partidos políticos, la radio o la mensajería instantánea (WhatsApp).

La encuesta se realizó del 3 al 10 de febrero. Se realizaron 1.291 entrevistas completas, con un margen de error de 2,7 puntos porcentuales (hacia arriba o abajo) y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/INFORME_febrero-2026.pdf

Los resultados electorales nos llaman a la lucha

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Partido Pueblo Unido

1.-

El triunfo de las fuerzas oficialistas en las elecciones de este 1º. de febrero representa un duro revés para el pueblo de Costa Rica.

Esa alternativa ganadora se propone llevar las reformas neoliberales a sus máximas consecuencias, eliminando los resabios del estado de bienestar general, es decir, las conquistas del pueblo en materia de seguridad social, educación, salud y otras. Al mismo tiempo, son una dura amenaza a los derechos laborales, ya de por sí muy diezmados, mediante la intensificación de la represión contra el movimiento sindical organizado.

Pero va más allá, va por una destrucción del régimen de libertades públicas, los derechos políticos de los ciudadanos y el empeoramiento de la situación de los derechos humanos. Va a ser un régimen de carácter totalitario, violento y represor.

El movimiento ganador en estas elecciones forma parte de una corriente internacional que si bien no nació por inspiración del presidente de EEUU Donald Trump, tiene ahora a este como su apóstol. Se trata del fortalecimiento de la extrema derecha violenta y autoritaria por sus concepciones políticas, su racismo y su reclamo a revertir los cambios progresistas del pasado reciente. Esta internacional del mal se fortalecido en nuestro continente y hoy dirige gobiernos en Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador. Es una opción profundamente antiobrera, antidemocrática, neoliberal a ultranza y profundamente violenta. Es la expresión renovada de las fuerzas de la oligarquía que gobernaron por años por medio de dictaduras sangrientas y que hoy, ante el miedo de perder sus privilegios, se reacomodan con esos nuevos ropajes muy cercanas al fascismo europeo.

2.-

¿Por qué ese triunfo?

Mucho se ha hablado acerca de las causas de la fortaleza de ese movimiento, pero no está de más reiterarlas y corroborarlas con su triunfo electoral.

La primera es que triunfó por el desprestigio de las otras fuerzas contendientes, que el pueblo mira como partidos tradicionales.

La debacle del Partido Unidad Socialcristiana tuvo su punto culminante en 2004 con el apresamiento del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien semanas antes había asumido la secretaría general de la OEA, y del también expresidente Calderón Founier pocos meses después. Ambos fueron consecuencia de serias denuncias de corrupción. Esa crisis, sin embargo, ya venía abonándose por los malos resultados de sus gobiernos. A partir de entonces, el PUSC se convierte en una fuerza minoritaria y aún hoy sigue siéndolo. Así lo demuestran sus resultados de este domingo.

El Partido Liberación Nacional ha sufrido un deterioro constante desde hace dos décadas, producto de los malos resultados de sus gobiernos y las acusaciones de corrupción. Hoy día, pese a mantenerse como uno de los partidos mayoritarios, lleva veinte años sin ganar una elección presidencial.

La decepción por los partidos tradicionales se profundizó con el desplome de un tercer movimiento, el Partido Acción Ciudadana, que irrumpió en la política como una fuerza nueva, aupada por las esperanzas de la mayoría de la población, pero que decepcionó de tal manera que después de haber ganado las elecciones en dos ocasiones consecutivas, no obtuvo en la siguiente solo el 1% de los votos. Esa lápida persigue a ese partido aún hoy, como se demostró en las elecciones que comentamos.

Las masas populares están decepcionadas con la vieja política, y como ocurre en todos los continentes y en todos los tiempos, la decepción alimenta las alternativas extremas, en especial el extremismo de derecha.

La segunda causa es que la población está decepcionada por la institucionalidad, pese a que ala fuerzas progresistas les cueste mucho aceptarlo. Desde hace muchos años la gente habla mal de todas las instituciones (la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, los bancos estatales y el INS e, incluso, las instituciones de interés social, como la CCSS, el PANI y otras). Le reclaman su ineficiencia, su burocratización y su corrupción. La institucionalidad en su conjunto, al igual que el Estado burgués, han caído en el desprestigio precisamente porque no representan una solución pronta, justa y razonable para los problemas del pueblo. Y la extrema derecha en general y Chaves en particular, se presentan ante las masas como alternativa a esa institucionalidad, como la fuerza antisistema. Por el contrario, todos los demás, especialmente la izquierda, asumen el papel de fuerzas conservadoras, defensoras de esa institucionalidad que, pese a sus muchas bondades, está tan desprestigiada.

Tercera, el desempeño del gobierno, que ha sido muy deficitario, no es percibido por las masas como dañino, dado a que en cierta medida la macroeconomía le ha sido benevolente. Ha mantenido un tipo de cambio bajo, inflación controlada y servicios públicos cuya debacle no es todavía tan palpable.

Por último, ese partido parece haber sorteado la dificultad de un empeoramiento de las condiciones de inseguridad que se agravan en el país o, al menos, la gente percibe que gobierno hace un buen trabajo en relación ese problema, pese a que las cifras muestran un aumento de la criminalidad y se multiplican las denuncias de presuntas relaciones del gobierno o gente cercana a él con los entes mafiosos, en especial con el narcotráfico.

3.-

¿Quiénes han votado por el chavismo?

Es muy temprano para hacer un balance sobre este aspecto, pero sí podemos afirmar que una gran parte de la gente más pobre ha sido su base de apoyo. Se trata de los habitantes de los barrios marginales del Área Metropolitana y, sobre todo, de los litorales, que reúnen a la población más empobrecida. Se trata, en gran parte, del proletariado urbano y rural y de sectores que se encuentran muy cerca del proletariado: semiproletarios, pequeños propietarios pobres, campesinos empobrecidos, trabajadores por cuenta propia, desempleados y otros, y son el sector más resentido por la ineficiencia de las instituciones públicas. En su conjunto, ellos son el sector mayoritario de la población.

Ese sector empobrecido es el más golpeado por la crisis del país y por la ineficiencia de los gobiernos de los tres partidos tradicionales. Es verdad que el beneficio que han recibido del actual es nulo o mínimo, pero el descontento que estos sectores sienten, su ira antisistema, no pueden depositarla en otra alternativa, pues no hay otro partido en el que se sientan representados.

Este comportamiento de las masas más pobres es también producto del abandono, voluntario u obligado, a que los ha sometido la izquierda, la cual no ha tenido ni fuerza ni visión para conducirlos en la organización de su lucha. En muchos casos, ese vacío ha sido ocupado por las iglesias pentecostales, que de forma evidente han tenido una gran influencia en los resultados electorales.

Cabe mencionar que se ha producido una división muy peligrosa entre sectores proletarias y cercanos al proletariado y la llamada “clase media”, compuesta por profesionales, empleados públicos no proletarios, empleados universitarios, maestros y profesores y otros similares. Los primeros han apoyado al oficialismo. Los otros, al menos una buena parte de ellos, ha alimentado al Frente Amplio, al PAC y muy posiblemente también al PLN. Esa división por motivos electorales es importante pero no la más decisiva. Lo realmente importante es que los sectores más pobres consideran a esas “clases medias” como sus enemigos, y apoyan las medidas a que los somete el neoliberalismo.

4.-

El Partido Liberación Nacional logró colocarse en esta contienda como la alternativa de oposición y acumular un 30% de los votos, una cifra nada despreciable. La mayoría de los opositores lo vieron como la opción viable. No obstante, sus resultados dejan mucho que desear. Su fracción parlamentaria, la mayoritaria, se mantiene en el rango de las últimas cuatro elecciones, entre 17 y 19 diputados.

La derrota tiene posiblemente muchas causas, como suele ocurrir. La primera y más importante es el desprestigio que este partido arrastra y de la cual no puede desprenderse. La segunda es la ausencia de un programa sustantivo de reformas a la vida del país. Todas sus propuestas fueron tímidas y poco llamativas.

5.-

El PAC, ahora semicamuflado bajo otra franquicia, ha cosechado una segunda derrota histórica, pese a la gigantesca suma de dinero invertida en su campaña. Apoyados por la derecha, evidentemente protegidos por la gran prensa, no lograron crear una opción viable ni levantar un programa creíble. Una de las causas de esos pésimos resultados es que no lograron separarse del gobierno de Carlos Alvarado al que, por el contrario, justificaron y defendieron.

6.-

El PUSC es el otro gran fracasado de la campaña de la que, como en las anteriores, lo dejan como colero, pero con un fuerte retroceso. Su fracción parlamentarias queda reducida a un solo diputado. Eso muestra que los electores le cobran su colaboracionismo con el gobierno actual y la carencia de propuestas para hacer frente a los problemas, especialmente de las masas más pobres, que siempre fueron su base de sustento y que ahora han pasado a apoyar al oficialismo.

7.-

Aunque una inteligente y luchadora fracción de jóvenes diputados ha sabido rodearse de gran respeto y apoyo popular, tampoco el Frente Amplio pudo convertirse en una alternativa ganadora. Si bien ha obtenido un nada despreciable resultado de votos legislativos (aumentando en uno su número de diputados) su votación la presidente, muy inferior a la de hace cuatro años, lo coloca también entre las fuerzas residuales.

Los resultados obtenidos por el Frente Amplio demuestran el fracaso de esa política de renuncia de los grandes objetivos de cambio social y de concesiones ideológico-políticas reiteradas, en ese lento pero sostenido alejamiento de posiciones revolucionarias y se marcha igualmente lenta pero sostenida hacia el centro-izquierda o, simplemente, hacia el centro.

Su experiencia en este sentido es muy importante para el movimiento popular porque demuestra que ese no es el camino del éxito, sino todo lo contrario: el camino de las concesiones solo conduce al fracaso. Como dice el dicho popular: Hacerle el favor al diablo con llevárselo le paga y, efectivamente, cuando se hace una concesión a la derecha, esta se torna más fuerte. Es como en la guerra: si se entrega un territorio al enemigo, este se fortalece, y nosotros pasamos a pelear en una posición de mayor debilidad.

En política nacional este partido se olvidó de la tarea de producir una verdadera distribución de la riqueza, aunque a veces menciona este punto de soslayo; esto incluye la consigna de realizar una profunda reforma tributaria y, por el contrario, ha apoyado posiciones fiscales de la derecha, como son el apoyo a los eurobonos (es decir, al endeudamiento externo) y su oposición de poner impuestos a las zonas francas. En su afán de no polemizar con los empresariado, dejaron también de lado el tema de acabar con la evasión fiscal. El Frente Amplio ha votado en favor de la extradición de nacionales a Estados Unidos y por el financiamiento de una megacárcel, ambas partes integrantes de la política de seguridad continental del imperialismo. Pero, sobre todo, en esta campaña no presentó un verdadero programa alternativo y, por el contrario, se presentó como impulsor del continuismo reformista ya agotado.

En materia internacional ha mostrado una política seguidista de la derecha y de renuncia a la solidaridad antiimperialista. Durante la campaña y de manera reiterada candidatos y dirigentes de este partido hicieron referencias contrarias a Cuba y Venezuela, en un intento de sacudirse de posibles acusaciones de izquierdistas y de ganar votos con la utilización del anticomunismo vulgar.

Pero, sobre todo, este partido abandonó el trabajo de bases y la lucha con las comunidades y los sectores laborales, reduciendo su política casi exclusivamente al parlamentarismo.

8.- El análisis de esta campaña no puede estar completa sin una autocrítica de las fuerzas de izquierda y, en particular, de nosotros, de Pueblo Unido. Durante muchos años la izquierda revolucionaria, por motivos muy diversos, hizo abandono de la lucha al frente de la clase trabajadora, así como de la lucha ideológica y política de masas. En esta campaña electoral nuestro partido no pudo completar los requisitos legales de inscripción y tuvo que mantenerse al margen.

El Partido Pueblo Unido considera que la única acción consecuente en las actuales circunstancias es llamar al pueblo a luchar contra la opción ultraderechista que representa el chavismo. Son las masas en la calle las que pueden parar la cruzada ultraderechista. Una de las primeras acciones en este camino es el fortalecimiento del partido, la unidad de las personas de izquierda que se encuentran dispersas, muchas veces desilusionadas, en todo el país, la recuperación de su personería legal y su preparación para una participación plena. Esta no es solamente ni principalmente electoral, pero sí debe contemplar la participación plena en los procesos electorales.

En esta tarea llamamos a todos los costarricenses de izquierda, a los que mantienen viva en sus corazones la aspiración a un cambio revolucionario que nos conduzca a una nueva sociedad, sin violencia y sin injusticia, y hacia el socialismo.

Un millón de voces: el mandato imperativo

Escrito en . Publicado en Elecciones.

JoseSo (José Solano-Saborío)

Pasada la “goma” electoral del 1ero de febrero, y con la cabeza fría que otorga el silencio de las urnas, es momento de analizar no solo lo que pasó, sino lo que inevitablemente viene.

Empecemos por lo incómodo, breve y directo: el triunfo del oficialismo no se explica únicamente por gestión o carisma. Sería ingenuo ignorar el elefante en la habitación. La victoria de Laura Fernández y la continuidad del proyecto “chavista” se cimentaron, en gran medida, sobre una sofisticada maquinaria de desinformación y manipulación mediática. La estrategia de la posverdad, esa donde —recordando la advertencia de Pilar Cisneros— “a veces es necesario mentir”, fue ejecutada con precisión quirúrgica. El electorado fue bombardeado con realidades paralelas que terminaron por definir el voto. Ganaron, sí, pero el costo democrático de esa victoria basada en la distorsión es una factura que apenas empezamos a deber.

Sin embargo, el escenario en Cuesta de Moras cuenta otra historia.

La nueva Asamblea Legislativa se configura con una realidad aritmética que no puede ser ignorada: 26 diputados.

Este bloque, conformado por cuatro partidos de oposición (incluyendo la sobrevivencia del PLN gracias al arrastre personal de Álvaro Ramos y el crecimiento del Frente Amplio), no es un accidente estadístico. Representan a alrededor de un millón de costarricenses.

Hagamos una pausa en esa cifra. Un millón de personas que, a pesar de la fragmentación y los egos de las dirigencias que impidieron una coalición a tiempo, salieron a votar con un mensaje claro.

Esos 26 diputados deben entender que sus curules no son cheques en blanco para el “negociado” político. No están ahí para canjear votos por puestos en el Directorio, ni para suavizar el tono a cambio de embajadas o beneficios personales.

El mandato de ese millón de ciudadanos es inequívoco: fueron electos para ser un muro de contención. Su trabajo es ser una OPOSICIÓN férrea ante la deriva autocrática que el oficialismo ha demostrado y que, empoderado por el triunfo, intentará profundizar.

La ciudadanía, que en la última semana dio cátedra de unidad espontánea ante el peligro, les está exigiendo lo mismo. El mensaje de las calles fue claro: depongan las actitudes sectarias. Guarden las banderas partidarias en la gaveta y saquen la bandera de Costa Rica.

Si estos 26 legisladores se pierden en rencillas internas, dogmáticas o, peor, se venden al mejor postor oficialista, no solo traicionarán a sus partidos; traicionarán a ese millón de votantes que, en medio de la desinformación, les confió la última línea de defensa de nuestra institucionalidad.

Señores diputados: la unidad que no lograron en campaña, están obligados a forjarla en el plenario. No hay margen de error, pero menos a la traición.

Invitación a ver:

Se acabaron las excusas. El análisis completo en el video
https://www.facebook.com/share/v/17qoCE6ojK/

¿Qué dejaron las elecciones del pasado domingo 1ero de febrero?
https://www.facebook.com/share/v/184KnuKKLE/

El triunfo de Laura Fernández: expresión de las desigualdades regionales o la rebelión de las regiones periféricas

Escrito en . Publicado en Elecciones.

German Masís

Apenas el lunes un día después de las elecciones, una publicación sobre la distribución del voto para los candidatos Álvaro Ramos y Laura Fernández, en los diferentes cantones del país, señaló que el primero tuvo un mayor porcentaje de votos en los cantones de la Gran Area metropolitana (GAM), tradicionalmente los de mejor índice de desarrollo y la segunda en los cantones de las regiones periféricas, los de peor índice de desarrollo.

Los cantones que apoyaron mayoritariamente a Ramos fueron, Santa Ana, Belén, Escazú, Montes de Oca, Heredia Central, Santo Domingo, San Pablo, Curridabat, San Rafael y Flores, todos de la GAM. Mientras que, a Fernández, la apoyaron mayoritariamente los cantones de Matina, Buenos Aires, Los Chiles, San Mateo, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Guácimo, La Cruz y Dota, todos de las regiones periféricas.

Esta diferenciación en la votación de los cantones de la GAM y de las regiones periféricas, por uno u otro candidato, no es casual y responde a una correlación entre la participación en el desarrollo económico, las desigualdades regiones y la vinculación a diferentes propuestas políticas, en unas asociadas a los partidos tradicionales y su concentración en la GAM y en otras ligadas a partidos que han prometido reivindicar las regiones periféricas, por lo general más pobres, desiguales y con menores oportunidades de desarrollo.

Durante varios años, mediante diversos artículos publicados en SURCOS hemos venido poniendo en evidencia las desigualdades regionales a través de la referencia a la distribución de la producción por cantón, a los índices de competitividad, de desarrollo humano, desarrollo social, de pobreza y desigualdad, mostrando dinámicas socioeconómicas desiguales que se han profundizado durante décadas y que hoy parecen estar en la base de la inclinación política de la población de los cantones de ambas regiones y en particular en la búsqueda de opciones políticas diferentes por parte de los habitantes de las regiones periféricas, que explican el apoyo brindado a los partidos Renovación en el año 2018, Progreso Social Democrático en 2022 y ahora a el Pueblo Soberano.

En abril del año 2023, en un artículo denominado la “Distribución de la producción por cantón: el mapa de las desigualdades territoriales”, indicábamos a partir de la presentación por el Banco Central de las cifras del Producto Interno Bruto Cantonal de Costa Rica que éste análisis permite confirmar que los cantones ubicados dentro de la GAM aportan la mayor proporción a la producción y las exportaciones del país, mientras que los cantones pertenecientes a las provincias y regiones periféricas, por el contrario tienen una escasa participación en éstas.

Así en la distribución del PIB, es claro el comportamiento de concentración de los cantones de la GAM, ya que 9 de los cantones con el índice más alto, corresponden a la zona central del país, ellos son San José, Belén, Escazú, Heredia, Santa Ana, Montes de Oca, Alajuela, Cartago y Flores y sólo Liberia es el único fuera de la GAM.

Mientras, de los 10 cantones con el PIB más bajo, 7 son de las regiones periféricas, a saber, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Buenos Aires, Hojancha, La Cruz, incluyendo a Acosta, y sólo 3 cantones en la periferia de la GAM, Oreamuno, Alajuelita y Aserrí.

Por su parte, el comportamiento de las exportaciones, también sigue el mismo patrón de concentración de la producción, ya que de los 10 cantones que aportan una mayor proporción, 8 son parte de la GAM, entre ellos, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión y sólo 2, Pococí y Puntarenas, pertenecen a las regiones periféricas.

Contrariamente, los 10 cantones que tienen un menor aporte a las exportaciones están vinculados a las regiones periféricas, tales como, Alvarado, Osa, San Mateo, León Cortés, Los Chiles, Talamanca, Dota, Nandayure, Hojancha y Turrubares. (BCCR,2023)

Este análisis, reafirmaba el fenómeno de la concentración de la actividad económica del país en las 4 provincias que conforman la GAM y en los cantones que la integran, el cual ya se había presentado con motivo de la actualización de la Matriz Insumo-Producto en el 2021. En este otro aporte se esclareció que La producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites y se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo. Por su parte, el comercio está presente en casi todo el país, mientras el transporte está dominado por San José y Alajuela y la administración pública está altamente concentrada en el centro del país.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Por su parte, los servicios se encuentran concentrados en los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Heredia, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, Tibás y Escazú de la GAM. Sólo en San Carlos y Pérez Zeledón, existen algún desarrollo de los servicios en las regiones Periféricas.

Mientras que las actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). La agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones Periféricas.

La problemática social y económica que ha caracterizado a las regiones periféricas, está ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación y los servicios públicos.

Este es el mapa del desarrollo económico y el escenario de la desigual social del país, entre los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal, la institucionalidad gubernamental y la concentración de la riqueza y los territorios rurales, costeros y fronterizos de empleos precarios, limitados servicios y mala distribución de la riqueza, expresión de la existencia de dos Costa Ricas.

A su vez, se observaba que existe una correlación entre la participación entre la participación en la producción y el desarrollo económico y el nivel de desarrollo humano de los cantones y regiones del país. En el año 2021, el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal revelaba cómo los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano. Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

A su vez entre los 25 cantones con los indicadores bajos de IDH-D, a los 10 anteriores se suman Sarapiquí, Turrubares, Osa, Upala, Guácimo, Golfito, Nandayure, Río Cuarto, Turrialba, Corredores, Guatuso, Siquirres, Quepos, Pococí y Acosta, 7 son costeros, 8 son fronterizos y 10 son rurales y de ellos por provincias, 6 son de Puntarenas, 5 de Limón, 5 de San José, 4 de Alajuela, 3 de Guanacaste, 1 de Heredia y 1 de Cartago.

En este panorama del desarrollo humano cantonal, a la tradicional apreciación sobre los cantones costeros y fronterizos como los que ostentan los peores indicadores de DH, se debe agregar la participación de los cantones rurales ubicados en la periferia de la GAM, como León Cortés, Tarrazú y Dota de la provincia de San José entre los 10 de más bajos indicadores, junto a Hojancha de Guanacaste y entre los 25 mencionados en el IDH-D, se suman los cantones rurales de Acosta y Turrubares en San José, Pococí, Guácimo y Siquirres de Limón, Río Cuarto de Alajuela, Sarapiquí de Heredia y Turrialba de Cartago.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, que se incluyó por primera vez en este Atlas, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales.

En esa oportunidad se agregaba, que estos cantones costeros, fronterizos y rurales, no sólo se encuentran en buena medida excluidos y marginados del desarrollo nacional y de la acción del Estado, sino que también lo están del sistema político.

La información de la participación electoral de la población de estos cantones y los niveles de abstencionismo lo confirman; en estos cantones con el IDH-D más bajo y el IPM alto, la participación política en el 2018 fue muy baja, en donde Talamanca y Golfito apenas tuvo el 50%, Corredores, Osa y La Cruz con el 51%, Buenos Aires y Garabito con el 52%, Los Chiles con un 53%, Matina, Limón y Quepos con 54%, Coto Brus y Upala con el 55%.

Se decía que la democracia económica y política tiene una deuda con estos cantones de las regiones periféricas. La expresión referida a la existencia de dos Costa Ricas sigue vigente, hay “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel,F., 2021,p.222).

En otro de los informes, el del Índice de Competitividad Nacional, se exponía que sólo 12 cantones ubicados en la GAM poseían condiciones excepcionales para el desarrollo económico, coincidiendo con los cantones mencionados al inicio. Mientras que en el resto del país la situación es muy distinta, un total de 48 cantones (el 59% del total) todos ubicados en las provincias costeras y fronterizas, apenas tenían condiciones de competitividad, que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

El estudio referido del ICN, revelaba que las barreras que explican las brechas de competitividad entre las regiones eran muy variadas, pero que una de las más importantes es la educación, la publicación señalaba que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria.

También indicaba que, en los cantones peor evaluados, también existían explicaciones relacionadas con el acceso a servicios básicos, como agua potable o electricidad, la inversión en servicios básicos era cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente.

Por su parte, según ese informe, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso, era uno de los factores más determinantes en los bajos niveles de competitividad entre los cantones fuera de la GAM.

El informe del Estado de la Nación del 2022, señaló entre sus principales hallazgos, la mayor desigualdad, un retroceso en equidad y un país partido. Afirmó que, en la última década, el país profundizó los rezagos sociales y económicos, hay una parte de la población que goza de mucho bienestar, mientras que un grupo cada vez más numeroso está excluido de servicios esenciales, como educación, trabajo y empleo de calidad.

Pues esa condición desigual entre la GAM y las regiones periféricas se ha expresado una vez más en las urnas electorales, varios análisis sobre el resultado de las elecciones han argumentado que el trasfondo de este triunfo oficialista es una transformación profunda de la cultura política costarricense, de la ampliación de las brechas territoriales, entre el área metropolitana y las zonas periféricas, el deterioro de la movilidad social, el desgaste de los partidos tradicionales y la asociación persistente entre política y corrupción.

Jaime Ordóñez, uno de los analistas, describió el mapa del resultado electoral como la existencia de “dos Costa Rica”, en San José e incluso en provincias fue muy pareja, con excepción de Cartago que la gana la oposición, pero este triunfo holgado de Fernández viene de las zonas costeras, sectores históricamente más olvidadas y más pobres, que acumulan esta molestia histórica (France 24,4-2-2026), fue la rebelión de las regiones periféricas.

Proceso electoral: de MAGA (Make America Great Again) a Laura Fernández Delgado-LAFEDE (Populismo chavista y la derecha cuestionada)

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Trino Barrantes Araya
camilosantamaria775@gmail.com

La Nueva Doctrina de Seguridad Nacional (“Hagamos que EE. UU. sea grande otra vez”), sustenta los pilares sobre los cuales se afirma la Doctrina Trump y el ascenso de la derecha y el fascismo en América del Sur y Centro América.

El supremacismo, la violencia patriarcal y misoginia, el racismo, la lucha contra los derechos individuales, el ataque sostenido a la institucionalidad, la ausencia de programas y recorte violento de presupuestos a los programas de salud, educación, vivienda y agricultura, el irrespeto a los acuerdos contra el cambio climático y el acelerado proceso de explotación de recurso fósiles, forman parte del manifiesto ideológico al cual se adscribe el gobierno de LAFEDE.

Algunos analistas describen este momento como la “Doctrina Donroe”. Es una actualización de la Doctrina Monroe, pero aún más violenta que su predecesora. La lucha y el control contra la población migrante y la búsqueda desesperada para romper con el mundo multilateral que se afirma a pasos agigantados, orientan a la USA a desmontar todo el tejido de la posguerra y a afirmar un nefasto y enfermizo nacionalismo supremacista-fascista.

De esta manera se rompen los consensos, se irrespetan viejas alianzas y se afirma la nación bajo las brutales medidas impositivas de los aranceles, impuestos unilateralmente. La guerra de cuarta generación, el sometimiento de la prensa a intereses oscuros, la ruptura con el orden internacional y el marcado proceso contra la migración, acompañado a lo interno de un populismo de derecha, dan el rostro de esta alianza política que se sintetiza con el acrónico de MAGA. Hoy con once países de América, bajo ese modelo.

Pero dejemos ese tema tan sugerente para otro momento. Nos interesa aquí ensayar algunas hipótesis que expliquen el triunfo de LAFEDE. Reconocer a los actores sociales y a la masa amorfa y acéfala que mayoritariamente con el ejercicio del voto popular, envistió al Partido Pueblo Soberano, como ganador absoluto de la contienda electoral.

1.- El pueblo hambreado, el lumpen proletario, el lumpen burguesía, el voto castigo y los pentecostales

Definitivamente, las tres provincias más marginadas, invisibilizadas y hambreadas, una vez más en la creencia a ultranza de la promesa electoral, vuelven a apostar a favor de su propio verdugo.

No existen referentes concretos, sino en forma de narrativa electorera, de programas a favor de la salud, la educación, la vivienda y el empleo digno y sostenido. Al contrario, la narrativa estuvo empeñada en justificar que, desde “la continuidad del cambio” la prioridad del gobierno era conducir las reformas a la Constitución Política. Brindar autonomía a la Sala Constitucional, aplicar reformas profundas a la Caja Costarricense, intervenir de manera integral la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial y por supuesto debilitar los órganos de control político y fiscal.

Temas como la “inseguridad ciudadana” y el “crecimiento económico con equidad”, son solo parte de un discurso de promesas porque, a decir verdad, en toda su campaña hubo ausencia de programas orientados a erradicar estas grandes problemáticas. Por el contrario ese continuismo es heredero de los grandes vacíos en educación, salud, seguridad y políticas agrarias. No sabemos, y nos es muy difícil especular, que significa en su comparecencia en la conferencia de prensa el criterio emitido por LAFESE sobre “imponer un sello personal al ejercicio de su función como presidenta”.

Los otros dos actores son fácilmente identificables. Si damos por sentado que, como parte de las clases sociales, el lumpen proletario es un segmento de la población profundamente marginada del sistema productivo y sin conciencia de clase, representado por un buen número de sicarios, narcotraficantes y pobres marginados. Podemos encontrar ahí una buena masa de votantes a favor del PPSO. En el otro extremo el lumpen-burgués, en tanto sector de clase como burguesía parasitaria, proimperialista y desnacionalizada apostó, desde su comodidad clasista, por el continuismo.

2.- Sigue prevaleciendo en esta contienda el voto castigo

Los fantasmas del bipartidismo asoman con frecuencia, pese a la renovación que, en esta oportunidad, logró el PLN, con la persona de Álvaro Ramos. El otro gran contingente se lo dio Fabricio Alvarado, que, gracias a sus errores, movió una gran masa de su electorado a las filas del continuismo.

3.- Creo que inicia con errores la actual mandataria electa

En su mensaje del 1 de febrero, expresó que: “La oposición, por oposición, obstruccionista y saboteadora, enceguecida por el revanchismo y el canibalismo político, se empeña en propiciar el fracaso del gobierno…”. Obviamente, el 2 de febrero en la conferencia de prensa, tiene un giro a su posición confrontativa. Habla en esa oportunidad de “tender puentes”, “conversar, dialogar y construir consensos”. Pero de nuevo deja ver serias contradicciones discursivas.

Estas contradicciones ponen en su foco al Banco de Costa Rica-BCR. Frente a estas afirmaciones, los personeros del BCR rechazan enfáticamente dichas declaraciones, señalando que esta entidad bancaria no está en quiebra y que goza de buena salud financiera.

4.- En conjunto, con muchas otras fuerzas llamamos a votar

A darle al ejercicio del sufragio su valor histórico. Eso se logró, pues de un padrón de más de 3 millones 7 mil sufragantes, inscritos en 7.154 mesas, según lo indicó el TSE, se logró un 69% del voto efectivo. Pero aquí también descansa una tercera hipótesis. Finalmente, el ejercicio de convocatoria a favor del voto, fue canalizado por el continuismo.

5.- Historiográficamente no existe la “Tercera República”

Eso es una simple metáfora, una gran bofetada a la memoria histórica, a la idiosincrasia del ser costarricense. Empezamos mal con ese enunciado. Costa Rica está inserta en un proyecto de democracia liberal burguesa y no se ha roto el proceso desde 1821. El gran ausente del poder sigue siendo el pueblo, los sectores populares que en estos largos años de República, solo nos ha quedado como alternativa delegar el poder en el “presidencialismo y en el poder parlamentario”.

San Ramón, y a 4 de febrero 2026

Elecciones en Costa Rica 2026: de la rebelión de las clases medias a la rebelión de los olvidados. ¿Qué hacer?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Henry Mora Jiménez

Frente a las desgracias, las derrotas y las frustraciones, debemos buscar explicaciones y salidas, no chivos expiatorios.

La rebelión de los olvidados

Hace unos quince años el sociólogo costarricense Carlos Sojo (†) denominó la irrupción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las elecciones presidenciales del 2002 como una “rebelión de las clases medias”, advirtiendo que fueron sobre todo estos sectores urbanos los que preferentemente apoyaron a su tres veces candidato presidencial Ottón Solis Fallas y su discurso basado en la ética en la función pública y en recuperar el papel del Estado como promotor del desarrollo económico y social.

Conocemos el desenlace de esta frustrada rebelión: después de ocho años en el gobierno (2014-2022), el PAC no obtuvo ningún diputado en las elecciones de 2022.

Parece que hoy asistimos a una nueva rebelión de importantes sectores de la población, pero esta vez se trata de costarricenses en su mayoría de estratos bajos y medio-bajos, abrumadoramente de zonas costeras y rurales y con un prolongado retraso en desarrollo humano (“zonas periféricas”). Pero sorprendentemente (o quizás no tanto a la luz de la tendencia mundial), esta rebelión la promueven y lideran personajes de la plutocracia costarricense con aspiraciones a convertirse en la nueva oligarquía: conservadores, neoliberales y de derecha autoritaria; admiradores de Trump, de Bukele y hasta de Netanyahu.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Los antecedentes inmediatos

Primero aclararemos rápidamente el resultado electoral y sus antecedentes inmediatos. En 2022 Rodrigo Chaves Robles, un ex tecnócrata del Banco Mundial alcanza la presidencia de la República en segunda ronda, venciendo al liberacionista José María Figueres Olsen. Chaves se presentó en las elecciones como un competente gerente de la cosa pública (tal cual empresa privada), un enemigo de la histórica corrupción que aqueja al país y un “outsider” sin compromisos con la clase política tradicional. Pero una vez establecido en el gobierno dejó claro que su proyecto político no consistía simplemente en administrar mejor los recursos públicos (promesa que no logró), sino, en refundar la República. Cuatro años después, a pesar de no presentar ningún logro importante de su propia autoría, sigue teniendo un respaldo popular de casi el 60%, incluso entre personas que reconocen que su gobierno no ha sido bueno. ¿Cómo lo hizo? Repasemos los elementos explicativos más importantes: i) se ha comunicado con la población de manera cercana, coloquial e incluso estridente (él mismo se define como un pachuco), ii) desde su elección ha estado en campaña electoral permanente, preparando el terreno para su sucesor o sucesora, iii) ha culpado a los otros poderes de la república de no dejarle gobernar, iv) ha colocado a la Contraloría General de la República como los chivos expiatorios de sus proyectos malogrados; v) pero quizás lo más importante, logró crear una identidad de grupo (a pesar de todos sus exabruptos), con al menos la mitad del país.

Así, muy pronto comenzó a repetir el estribillo de que sin 40 diputados en la Asamblea Legislativa era casi imposible transformar el país.

También el presidente Chaves (y esto resulta paradójico), ha socavado las dos instituciones insignias del Estado Social costarricense: la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación pública. Y entre sus fracasos más estrepitosos destaca la grave ola de delincuencia, crimen organizado y narcotráfico que hoy azotan a Costa Rica y que se dispararon precisamente durante su gobierno. Pero de manera retorcida y sarcástica, ha convencido a sus seguidores (a menudo fanáticos que lo ven como un Moisés) de que estos problemas no existen, no son tan graves como los críticos señalan, o son el resultado de causas ajenas a su responsabilidad.

Y así llegamos a la reciente contienda electoral, con la politóloga conservadora Laura Fernández como su sucesora y la llamada a allanar el camino para el regreso del mesías Chaves en 2030, algo improbable, pues ello requiere una reforma constitucional difícil de lograr.

La hoy presidenta electa Laura Fernández logró lo que parecía casi imposible hace seis meses: un sólido triunfo electoral en primera ronda con el 48% de los votos válidos emitidos y una bancada de 31 diputadas y diputadas (dos más que mayoría absoluta en un Congreso de 57 diputaciones, pero 7 menos para lograr la mayoría calificada), la fracción legislativa más grande para un partido oficialista desde 1982; con una clara ventaja sobre su inmediato seguidor, el socialdemócrata Alvaro Ramos, que obtuvo 33% de los votos y 17 diputaciones. Más abajo, en un tercer lugar, el partido de izquierda democrática Frente Amplio, con 7 diputaciones.

El partido de Laura Fernández (Pueblo Soberano) venció de forma arrolladora especialmente en las zonas rurales, urbano marginales, costeras y, en general, en los cantones de menor desarrollo económico y social. El pueblo raso creyó en sus promesas y se volcó en su apoyo. La mayoría de sus seguidores ignoran seguramente que el proyecto político de Laura Fernández es claramente conservador en lo ideológico, neoliberal en lo económico y de derecha autoritaria en lo político; pero en la cultura poco politizada de la Costa Rica actual, estas denominaciones importan muy poco.

¿Cómo llegamos a esto? Los factores de más largo plazo.

Don Cristian Cambronero (a quien no tengo el gusto de conocer), hizo circular recientemente en su muro de la red social X la siguiente reflexión:

Lo escrito por el señor Cambronero es, sin duda, una parte muy cierta de la explicación, pero solo una parte. Los años 50’s -70’s del siglo pasado fueron años de esperanza en Costa Rica, el Estado social posibilitó el ascenso económico de muchos y la conformación de una pujante clase media. En cambio, los años 1980-2020 fueron años de alto crecimiento de la desigualdad, de prosperidad económica para solo una quinta parte de la población, de crisis en la educación y en la salud públicas, de vejez sin pensión para muchas y muchos, de una línea de pobreza estancada en el 20% de las familias, de infraestructuras cada vez más deterioradas, de políticas públicas contra el agricultor de pequeña escala, de fuerte crecimiento en el empleo informal, de sonados casos de corrupción, etc., etc.

Este es el “caldo de cultivo” al que se refiere don Cristian. Y ciertamente, más allá de muchos estudios diagnósticos de biblioteca, poco se hizo para impedir la aparición del populismo de derecha en las elecciones del 2022.

Otros aspectos circunstanciales para tener en cuenta

Pero si nos ubicamos en el 2026, otros factores deben ser tomados en cuenta (entre muchos otros), no necesariamente coyunturales, porque han sido recurrentes en la política electoral costarricense.

1. Él clientelismo agresivo y sistemático que practicó PPSO y el propio gobierno en las comunidades más empobrecidas del país (y que aprendieron de estrategias electorales similares practicadas en el pasado por el PLN, el PUSC y más recientemente, por el partido de Fabricio Alvarado).

2. Los miles de millones de dudosa procedencia que el PPSO gastó en la campaña electoral, más dinero que todos los demás partidos juntos, y que sirvió no solo para publicidad y propaganda, sino también para comprar operadores políticos y lideres de barrio.

3. La eficaz campaña comunicativa emprendida para convencer a los «básicos» (término utilizado por la diputada oficialista Pilar Cisneros) de las certezas de su narrativa, tanto en los medios, las redes como en las comunidades que el presidente visitaba.

4. La organización casi militar que aplicaron el día de las elecciones, cazando votos casa por casa, cuerpo a cuerpo, antes y después del 1 de febrero.

5. La transferencia de la popularidad de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros en favor de la candidata Laura Fernández. Este traslado de popularidad no fue del 100% pero sí suficiente para ganar en primera ronda. Imperó “la continuidad del cambio”.

6.La incapacidad de la oposición para traducir los graves problemas del país (violencia e inseguridad especialmente) en incredulidad hacia las propuestas de Laura Fernández y en rechazo al continuismo.

La Costa Rica de la “Tercera República” (¿o una República de tercera?)

En su discurso de la victoria el pasado 1 de febrero en altas horas de la noche, Fernández se autoproclamó cofundadora de la Tercera República (en alusión al supuesto final de la Segunda República nacida en 1948 con el desenlace de la guerra civil de ese año); anunció nuevas reglas para el funcionamiento de la democracia (sic), advirtió a los medios de necesarias limitaciones de la libertad de prensa y a la oposición de que no podrá seguir haciendo “obstruccionismo” en la Asamblea Legislativa. Pero en realidad se trata de la amenaza de terminar con lo que queda del Estado social de derecho que ha prevalecido en Costa Rica durante los últimos 75 años: privatización de la salud pública, educación pública centrada en conocimientos básicos para las mayorías, fin de la banca estatal, privatización total de la generación y la distribución eléctrica, mayor apertura comercial (iniciando con un tratado de libre comercio con Israel), borrar todo vestigio de soberanía alimentaria, fin de la independencia de poderes, degradación e instrumentalización de las instituciones contraloras del ejercicio público y del cumplimiento de los derechos humanos, reforzamiento de los valores cristianos tradicionales (sic), etc., etc. en fin, la “bukelización” de Costa Rica.

¿Y ahora qué?

La primera tarea de un Movimiento Nacional por la Justicia Social y la Democracia es impedir la consolidación histórica del bloque de derecha autoritaria que se aglutina en torno a los nuevos oligarcas del PPSO. Resulta altamente improbable que puedan presentar a Rodrigo Chaves nuevamente como candidato en 2030 (la Constitución no lo permite), pero en estos cuatro años se han vuelto duchos en demagogia y manipulación, así que lo seguirán intentando.

Lograr este objetivo tiene su anverso positivo:

  1. La conformación de un gran movimiento de unidad nacional con una agenda programática de defensa de la democracia, los derechos humanos y laborales, el Estado social, la seguridad ciudadana, e incluso (hoy hay que advertirlo ante la amenaza del partido vencedor), las garantías individuales de la población. Pero muy especialmente, la integración social de “los olvidados”, revirtiendo las brutales diferencias entre la Costa Rica urbana y la rural, entre la “costa pobre” y la “costa rica”.

  2. Esta unidad tiene que lograrse en todos los frentes, en la Asamblea Legislativa y en la sociedad civil, en los partidos políticos democráticos, en los movimientos sociales, feministas, ecologistas y sindicales, en las comunidades, en las universidades públicas, en las iglesias, en los territorios y un largo etc.

  3. En los campos estratégicos de la educación política, de la ética, de la solidaridad, de la comunicación (virtual y presencial), de la conversación y discusión grupal, de la resistencia, de la economía solidaria, de la cultura, etc.

Podemos complementar lo anterior con tres llamados para la acción:

  1. Rechazar y denunciar permanentemente y con pedagogía popular (lo que no se ha logrado) la erosión democrática siempre que ocurra la amenaza. Hacer público cada ataque a las instituciones y a los derechos humanos, a la seguridad social, a la educación pública y contrarrestar masivamente la desinformación con información clara y verificada.

  2. Utilizar todas las vías institucionales y legales (tribunales, parlamento, plebiscitos) para frenar reformas autoritarias, apostando por una movilización social masiva y pacífica siempre que sea necesaria y que fortalezca la legitimidad de estas acciones ante la población (lo que tampoco se ha logrado aun).

  3. Construir una amplia alianza democrática transversal que supere divisiones políticas históricas (y también las personalistas), buscando activamente la incorporación a esta alianza de conglomerados clave (como las Iglesias, los sindicatos, los empresarios) y la solidaridad internacional. En la Costa Rica actual, la batalla por la hegemonía ideológica, política y cultural ha pasado de ser una advertencia de intelectuales a una realidad ya impuesta.

Porque defender la democracia y el Estado social no es solo resistir el avance de la noche autoritaria, es construir, mano con mano y sin descanso, el amanecer que todas y todos nos merecemos.

¿Hacia una Tercera República o una República de Tercera?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.

A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.

En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.

El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.

Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.

En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.

Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.

La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.

La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.

La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.

Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.

¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.

Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.

Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.

Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.

Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.

Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.

El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.

La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.

El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.

La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.

La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.

El primer año del resto de nuestras vidas

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Por Mario Céspedes

El resultado electoral de febrero de 2026 marca un punto de quiebre en la historia política costarricense. No se trata de una simple derrota electoral ni de un episodio coyuntural, sino del cierre de un ciclo histórico. Más que el fin de una supuesta “Segunda República” —una noción históricamente discutible— lo que se clausura es el Estado social de derecho y el pacto político que, con todas sus limitaciones, estructuró la vida democrática del país durante décadas.

Para quien observó con atención los datos electorales entre octubre y enero, el desenlace no fue una sorpresa. Todas las encuestas mostraban una tendencia consistente: el abstencionismo descendía, el chavismo crecía de manera sostenida y la oposición —PLN, PAC y Frente Amplio— se estancaba disputando votos dentro de un mismo segmento social. Sin embargo, buena parte de la dirigencia opositora prefirió aferrarse a sucesivas ilusiones: el juicio a Chaves, los debates, las caravanas, la posibilidad de una segunda ronda o una eventual fractura del oficialismo. Atacar a encuestadoras y analistas sustituyó la lectura crítica de la realidad.

Ese autoengaño tuvo un costo político alto. La derrota no es solo electoral, sino estratégica. El foco se colocó en Chaves y su entorno, y no en el malestar social que hizo posible su ascenso. El chavismo no es un accidente ni un fenómeno pasajero: es la expresión política de una crisis profunda de legitimidad de la democracia realmente existente. Una parte importante del país no votó desde la ignorancia o la manipulación, sino desde la rabia, el cansancio y la sensación de abandono.

Los resultados revelan clivajes claros de clase y territorio. El chavismo se impuso con fuerza en zonas costeras, fronterizas, rurales y barrios urbano-marginales, allí donde el Estado se retiró y fue reemplazado por economías informales, redes de sobrevivencia y una religiosidad neopentecostal con fuerte anclaje comunitario. En esos espacios, la democracia no se evalúa por la separación de poderes, sino por la seguridad cotidiana, el empleo y el costo de la vida. La oposición, atrapada en una lógica institucional y urbana, dejó de hablarle a esos sectores.

A esto se suma un cambio cultural profundo: nuevas formas de socialización digital, normalización de la violencia simbólica, resentimientos frente a los avances feministas y una política cada vez más emocional. El chavismo supo articular estos elementos en un relato simple y eficaz, centrado en la corrupción, el castigo y el orden. La izquierda respondió, en general, con lenguajes técnicos, defensas abstractas de la institucionalidad y, en no pocos casos, con descalificación moral del electorado.

Algunos análisis sitúan este proceso en una disputa entre élites tradicionales y sectores narco-financieros emergentes, e incluso anticipan posibles pactos en las sombras con el PLN para garantizar gobernabilidad legislativa. Estas hipótesis no son descabelladas, pero requieren mayor sustento empírico para no simplificar las contradicciones internas del oficialismo ni reducir la complejidad de su base social. Concentrarse exclusivamente en las disputas de cúpula corre el riesgo de perder de vista lo central: el chavismo tiene base social, proyecto político y capacidad de disputar hegemonía cultural.

El conflicto abierto en 2026 no se resolverá con un cambio de gobierno ni con la próxima elección. Por el contrario, podría profundizarse. En ese escenario, la pregunta vuelve a ser la de siempre: ¿qué hacer? No para disputar un centro político cada vez más absorbido por el consenso neoliberal, sino para reconstruir un polo democrático desde la izquierda que actúe como contrapeso real al proyecto autoritario en ciernes.

Esa tarea exige reconstrucción intencionada del tejido social, organización territorial, inteligencia colectiva, batalla cultural y nuevas pedagogías políticas. Exige presencia sostenida en los territorios olvidados, no solo en el Parlamento; comunicación capaz de disputar sentido común; y una izquierda que deje de hablarse a sí misma para volver a hablarle al país real.

En ese marco, el Frente Amplio enfrenta un desafío histórico. Es hoy la única fuerza con credibilidad suficiente para convocar un proceso de recomposición de la izquierda costarricense. Pero ese rol no se decreta: se asume. Implica salir de la comodidad institucional como único horizonte, articular partidos, movimientos sociales y liderazgos territoriales, y construir una convergencia democrática y popular con vocación de largo plazo.

Costa Rica no es una excepción en un mundo atravesado por la crisis de la democracia liberal. Un país sin izquierda organizada es un país con menos derechos y más autoritarismo. O la izquierda se reconstruye con audacia, radicalidad democrática y arraigo social, o su destino será la irrelevancia. El 2026 no cerró un ciclo por decreto: abrió el primer año del resto de nuestras vidas políticas.

Imagen: MC-Escher-Relavitidad-1953

Ante la «Tercera República»: ciudadanía, movimiento social y el desafío para las mujeres universitarias

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Nancy Piedra Guillén

La conferencia de prensa de la presidenta electa confirmó con total claridad el rumbo que tomará el país. Su anuncio de continuar la agenda del gobierno saliente y de impulsar la llamada «Tercera República» no deja espacio para dudas: se trata de un proyecto político que combina un fuerte énfasis neoliberal en lo económico con un conservadurismo moral que pretende redefinir las instituciones y los equilibrios democráticos. Más allá de la retórica conciliadora o del gesto populista de “unidad nacional”, el camino está trazado.

Sus primeras declaraciones fueron reveladoras: pidió la salida inmediata de autoridades de control, anunció la firma de proyectos archivados que buscan transformar la estructura del Estado y expresó que no habrá “curva de aprendizaje”. El mensaje es inequívoco: ejercerá el poder con firmeza y buscará reconfigurar el entramado institucional desde el primer día.

Este contexto obliga a mirar hacia atrás para comprender mejor el presente. La huelga sindical del 10 de septiembre al 11 de diciembre de 2018, impulsada por numerosos gremios del sector público, especialmente el magisterio, fue uno de los movimientos sociales más largos de la historia reciente. Ese conflicto abrió paso, en enero de 2020, a la aprobación de la Ley 9808 sobre huelgas, un marco normativo que restringe significativamente el ejercicio del derecho a la protesta. Si bien se presentó como una medida de equilibrio, en la práctica debilitó la capacidad de acción colectiva y limitó el margen de maniobra de la ciudadanía frente a decisiones públicas regresivas.

A la luz de este escenario, una frase que se escuchó recientemente en las movilizaciones educativas resuena con fuerza: “las universidades nos dejaron solos como movimiento”. Más allá de su literalidad, esa afirmación revela una fractura entre actores que deberían estar articulados en la defensa de lo público. La distancia entre la universidad y otros sectores sociales —especialmente en los territorios más vulnerabilizados— se ha profundizado en los últimos años.

Pero el país no solo enfrenta un problema de articulación social. También requiere reconocer que sí necesita cambios. La corrupción que ha impedido avanzar en áreas estratégicas; la evasión y la elusión fiscal que privan al Estado de recursos indispensables; el enriquecimiento privado a partir del uso de bienes y fondos públicos; y el debilitamiento sistemático de instituciones esenciales —cuya erosión prepara el terreno para la privatización de servicios como la educación y la salud— no se resuelven siguiendo una receta neoliberal que ya mostró sus límites en múltiples países. Hoy, la crisis del capitalismo es evidente, al igual que las sostenidas acciones de Estados Unidos por mantener su hegemonía militar, económica y geopolítica.

Los partidos ubicados entre la derecha conservadora y el liberalismo económico suelen ocultar los intereses que representan: grupos minoritarios que aspiran a concentrar riqueza y poder, sin reparar en las consecuencias de escasez y empobrecimiento que recaen sobre las mayorías. El discurso populista, empático y supuestamente humanista que utilizan para encubrirse resulta eficaz porque apela a necesidades inmediatas y a la esperanza de que, esta vez sí, las cosas serán mejores. Aunque el resultado no llegue, la expectativa de un cambio posible sostiene el apoyo de sectores históricamente excluidos.

Bajo esa lógica, “los nadie” —como los llamó el presidente Chaves y retoma la presidenta electa— apostaron por la candidatura oficialista, que no es otra cosa que la continuidad del proyecto político vigente. La narrativa directa, la emocionalidad disciplinada del discurso y una conexión simbólica con el resentimiento social han calado profundamente. No debe olvidarse que, desde las zonas costeras, se combinó un apoyo significativo con niveles altos de abstencionismo. Ambos fenómenos revelan rostros distintos de una misma problemática: quienes votaron lo hicieron esperando una respuesta concreta a sus necesidades; quienes se abstuvieron, probablemente concluyeron que en sus vidas nada cambió en los últimos cuatro años, y que nada cambiará en los próximos.

Frente a este panorama, la pregunta no es qué deberían hacer los partidos, sino qué debemos asumir como ciudadanía y como movimientos sociales. No podemos permitirnos la indiferencia ni la desconexión territorial. Las universidades públicas deben reconstruir su vínculo con las regiones, fortalecer sus sedes, acompañar procesos comunitarios y comprender las urgencias de quienes se sienten al margen del Estado. Los movimientos sociales, por su parte, deben repensar estrategias en un contexto donde la normativa limita la protesta y donde la narrativa oficialista ha logrado configurar sentidos comunes.

Lo que está por venir exigirá una ciudadanía alerta, movimientos sociales capaces de reorganizarse y una universidad pública que asuma su responsabilidad histórica. Enfrentaremos iniciativas de privatización, presiones sobre servicios esenciales, venta de instituciones estratégicas y reformas que buscarán reconfigurar el equilibrio democrático. Ningún sector podrá responder solo.

Y aquí es indispensable dirigir una reflexión a las mujeres.

Históricamente, hemos sido las primeras afectadas por los recortes al Estado social, por la privatización de servicios básicos y por la precarización laboral. Cuando la salud y la educación se debilitan, cuando los cuidados se descargan nuevamente en los hogares, somos las mujeres —en todos los territorios, pero especialmente en los más empobrecidos— quienes asumimos la carga. Este nuevo panorama exige que estemos alertas, organizadas y conscientes de que los avances logrados en derechos, autonomía y participación política no están garantizados.

La defensa de la democracia, de lo público y de los derechos no puede hacerse sin nosotras ni a costa nuestra. Las mujeres hemos sido el corazón de los movimientos sociales en Costa Rica: maestras, trabajadoras comunitarias, lideresas locales, académicas, sindicalistas. Nuestro lugar es estratégico y nuestra voz, imprescindible. Lo que se defina en los próximos años tocará de manera directa nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de autonomía. Por eso, este es un momento para fortalecer alianzas, tejer redes y sostener con firmeza el derecho a vivir en un país más justo, más igualitario y verdaderamente democrático.