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Escenario peligroso

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva a la que se dirige Costa Rica en los próximos meses es tal vez la de mayor riesgo en toda su historia democrática.

La ecuación populismo + inseguridad + efectismo, podría terminar de dar la estocada a ese proyecto sociocultural que se viene clausurando desde hace varios años en que integración horizontal y consenso vertical aseguraron las reglas del juego social e institucional.

La reciente aprobación en segundo debate legislativo, del proyecto de instalación de una megacarcel en el país, plantea un cambio sin retorno hacia una peligrosa transformación en el procesamiento de las demandas sociales.

Este hecho pasó sin mucho análisis, quizá porque es tal la perplejidad y cansancio o tal vez porque se prefiere una respuesta de tal magnitud ante la incontenibilidad de la violencia que no cede. Prefiero pensar en la primera opción.

Un proyecto que le otorga 8.000 millones de su presupuesto ordinario para ofrecer una respuesta represiva al crimen organizado dice mucho de esa sociedad que somos y que ya no podemos obviar. Nos estamos acercando de forma alarmante a ese espejo que nos devolverá una imagen que nunca quisimos ver.

Hace algunas semanas, el valiente equipo periodístico de El Faro, proyecto de comunicación independiente y alternativo de El Salvador, sacó a la luz pública una investigación en la que obtuvieron información sobre lo que había pasado con ciudadanos comunes, detenidos y enviados a la cárcel modelo instalada por el gobierno de Nayib Bukele.

Según cuenta la publicación, las narraciones son atroces: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema. Todo esto narrado por 27 personas liberadas de este régimen carcelario, que no eran pandilleros y que vivieron en primera persona los horrores extremos a los que fueron sometidos en ese “modelo” al cual Costa Rica acude ahora alegre, rápida y peligrosamente.

Lo de El Faro es otra consideración que debe hacerse notar. Es de sobra conocido que la mayoría de su equipo periodístico tuvo que salir de El Salvador como consecuencia de su enfoque crítico en contra de las acciones gubernamentales.

En Costa Rica hemos estado observando que algunos periodistas empiezan a perder su empleo o son removidos como producto de sus opiniones y enfrentamientos con el poder ejecutivo: una peligrosa tendencia que podría anunciar los refrenos a la libertad de expresión, de la que tanto hemos hablado como reducto de un otrora sistema democrático robusto.

A la vuelta de la equina, dentro de poco, un proceso eleccionario anuncia una bizagra hacia una época de la cual podríamos no salir exitosamente como país. El tema securitario será sin duda la apuesta hacia la continuidad de quienes hoy nos gobiernan, utilizando la megacarcel como proyecto estrella al que estamos seguros la población apoyará luego de un hábil manejo comunicativo.

Seamos críticos y pongamos estos escenarios en perspectiva. Luego podría ser demasiado tarde.

Importancia histórica de las urnas electorales

Frank Ulloa Royo

Necesidad de defensa del sistema electoral costarricense

Costa Rica no nació democrática: se hizo democrática. Y en ese hacerse, el sistema electoral ha sido una de sus conquistas más costosas, más frágiles y más dignas de defensa. Desde el Pacto de Concordia de 1821, pasando por las constituciones de 1844, 1871 y 1949, el país ha ido tejiendo una institucionalidad electoral que no es sólo norma jurídica, sino pacto ético, memoria de sangre y promesa de convivencia.

Sin embargo, ese tejido ha sido desgarrado muchas veces. Durante los siglos XIX y XX, Costa Rica vivió numerosos golpes de Estado y rupturas del orden constitucional: en 1870, Tomás Guardia derrocó a Jesús Jiménez; en 1917, Federico Tinoco impuso una dictadura tras derrocar a Alfredo González; y en 1948, la guerra civil fue el desenlace de una crisis electoral sin garantías. Estos episodios nos recuerdan que la democracia no es irreversible, y que los riesgos de regresión autoritaria nunca desaparecen del todo. Hoy, en medio de una polarización creciente, no estamos exentos de esos peligros. La historia nos advierte: cuando se debilita la confianza en las instituciones electorales, se abre la puerta al caos.

El Pacto de Concordia fue la primera semilla constitucional. La Constitución de 1949, en cambio, emergió como un árbol que brotó tras la tormenta, con raíces hundidas en el dolor de una guerra fratricida. Por siglos, Costa Rica ha cultivado una institucionalidad electoral que no es sólo norma: es espacio de convivencia de ideas y contradicciones dialécticas. Pero también es escudo contra el odio, que hoy parece renacer entre las cenizas de una democracia incendiada desde la propia casa presidencial.

Las elecciones no son un trámite. Son el ritual civilizatorio que permite dirimir diferencias sin violencia, renovar liderazgos sin rupturas y expresar la voluntad popular sin miedo. Pero para que ese ritual funcione, se requiere un sistema electoral confiable, imparcial y respetado. En Costa Rica, ese sistema ha sido construido con dolor: una guerra civil de 40 días en 1948, con más de 3.000 muertos, fue el precio que pagamos por no tener garantías suficientes. La institucionalidad que surgió después —el Tribunal Supremo de Elecciones, la ciudadanía universal, el voto secreto— no fue obra de élites en escritorios, sino respuesta a una fractura nacional que aún duele.

Antes de 1948, el sistema electoral era imperfecto. Las anécdotas familiares lo confirman: funcionarios que manipulaban sellos, papeletas listas para el fraude, y una cultura política donde la pureza electoral era bandera de quienes habían violentado su esencia. La guerra no sólo dividió familias, como la mía, sino que instauró un régimen de facto que prohibió partidos, encarceló líderes como Manuel Mora y Carmen Lyra, y mutiló la democracia política. Recordar ese episodio no es revanchismo: es pedagogía histórica. Es advertencia.

Hoy, en medio de una polarización creciente, se empuñan armas verbales contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Se le acusa de parcialidad, de incapacidad, de no ser árbitro confiable. Pero esas acusaciones, cuando no se sustentan en pruebas sino en pasiones, erosionan la confianza pública y abren la puerta a escenarios que ya conocemos: exclusión, odio, violencia. La ética electoral no está sólo en el conteo de votos, sino en el respeto a las reglas, en la aceptación de resultados, en la defensa de las instituciones que nos permiten convivir.

Yo mismo he dejado de votar en ocasiones, sin saber que esa omisión permite que, con poca representatividad, los peores nos gobiernen. Hoy, sin embargo, entiendo que votar no es sólo un derecho: es una responsabilidad ética. Es un acto de memoria. Es decirle al país que no queremos otra guerra civil, que valoramos lo que costó construir este sistema, y que estamos dispuestos a defenderlo con la palabra, con el voto, con la historia.

La democracia no se hereda: se cultiva. Y el sistema electoral costarricense, con sus luces y sombras, es uno de sus pilares más sagrados. No lo destruyamos con ligereza. No lo erosionemos con odio. Recordemos que detrás de cada urna hay una historia de dolor, una promesa de paz, y una ética que nos llama a defender la democracia electoral.

Cambios en la Policía

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

Desde ayer entró en vigor el mandato constitucional que trasfiere todas las funciones policiales relacionadas con el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones.

Con la paz que hemos tenido durante tantos años, posiblemente muchos ciudadanos no valoran la necesidad o magnitud de este proceso.

Nací en 1938, recuerdo con toda claridad la Campaña Política de 1944, antecedente de la Guerra Civil de 1948. Fue una campaña violenta en donde el gobierno de turno usó la policía para reprimir plazas públicas del partido de oposición. En ese entonces vivía a 125 metros de la Plaza Iglesias, en Alajuela en donde el candidato Otilio Ulate celebró una manifestación donde vi a policías montados a caballo golpear con macanas a manifestantes pacíficos; de hecho, un amigo de mi familia fue golpeado en la cabeza y sangraba profusamente. En el mismo sitio, un miembro civil del gobierno sacó un revolver para intimidar a quienes lo reconocieron. Estos hechos violentos que describo fueron al final de 1947 en el Gobierno Picado.

Para la generación actual esta acción parecería simbólica, pero es de suma importancia se respeten las opiniones de todos.

Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica presenta los boletines Demo-crítica, una serie de reflexiones colectivas nacidas en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”. Esta producción reúne diálogos, aprendizajes y herramientas construidas por comunidades, colectivos, organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la democracia y la justicia socioambiental.

Más que conclusiones definitivas, los boletines son semillas de pensamiento crítico y acción comunitaria que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social en el marco de las elecciones nacionales del 2026. El contexto es desafiante: discursos políticos maquillados de verde, criminalización de la protesta, proyectos extractivos y la necesidad urgente de construir alternativas desde los territorios.

Democracia en disputa

Uno de los ejes centrales del taller fue repensar la democracia más allá de las urnas. Se evidenció cómo la captura del poder por élites económicas y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática. La democracia, señalan los aportes colectivos, debe vivirse día a día en la defensa del agua, los territorios indígenas, los bosques y en la organización comunitaria.

El “desarrollo” como trampa discursiva

Se identificó cómo términos como sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde funcionan muchas veces como ropajes discursivos que legitiman megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y monocultivos que generan despojo y desigualdad.

Criminalización de la protesta

El curso también abordó la creciente criminalización de la protesta social en Costa Rica. Desde la Ley Antihuelgas hasta la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, se debilita la protección de defensoras y defensores ambientales. Recordar las muertes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera refuerza la urgencia de visibilizar la protesta como un motor democrático, no como una amenaza.

Herramientas para el análisis electoral

Entre los principales aportes destacan:

  • Matrices de análisis para detectar trampas discursivas y beneficiarios reales de los proyectos.

  • Hoja de ruta socioambiental 2026, no solo como lista de reclamos, sino como horizonte de vigilancia y organización.

  • Estrategias de comunicación diversa, desde lo digital hasta el arte y el humor, para disputar sentidos frente al marketing político.

Más allá de las urnas

Los boletines concluyen que el poder real no se agota en el voto: la democracia y la justicia socioambiental se construyen cada día en los territorios, en la calle y en las comunidades. El proceso electoral es un escenario clave, pero no definitivo.

Boletines publicados

  • Boletín 1 (8 agosto 2025): Democracia y bienes comunes en disputa.

  • Boletín 2 (23 agosto 2025): Discursos verdes y desigualdades socioambientales.

  • Boletín 3 (29 agosto 2025): Criminalización de la protesta y organización social.

  • Boletín 4 (5 septiembre 2025): Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios.

👉 Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/elecciones-2026-claves-socioambientales-para-una-lectura-critica-del-momento-electoral

Sindicatos de Educación rechazan actos de proselitismo por medios de comunicación oficiales del MΕΡ

Comunicado

Los sindicatos del sector educativo, ANDE, APSE, SEC y Sitracome, manifiestan su rechazo ante la utilización de las redes sociales institucionales del Ministerio de Educación Pública (MEP) para actos de proselitismo, en el marco de la campaña electoral.

Estas organizaciones magisteriales, caracterizadas por promover el diálogo, la escucha y el entendimiento, lamentan que las autoridades de educación se presten para este tipo de acciones.

La prioridad del MEP debe ser atender las necesidades de inversión, aprendizajes y dignificación de la labor docente y de los trabajadores de educación, así como otras problemáticas.

Consideramos inadmisible que se destinen esfuerzos institucionales a fines proselitistas en lugar de encauzarlos hacia soluciones reales y urgentes para la educación pública.

Exigimos a las autoridades competentes detener este tipo de prácticas con fines proselitistas, en los canales oficiales de comunicación del ΜΕΡ.