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Laura Fernández promete gobernar Costa Rica de rodillas

Martín Rodríguez Espinoza

En el mundo real, no en el discurso vacío, las palabras derecho internacional, democracia, libertad y respeto a la soberanía han sido pisoteadas una y otra vez por los Estados Unidos, el Estado terrorista #1 del mundo. No como accidente, sino como método. Invasiones, bombardeos, golpes de Estado, bloqueos y asesinatos han marcado su historia como imperio, exactamente igual que todos los imperios que lo precedieron. El más reciente, el secuestro de un presidente, el de Venezuela. Ante esa realidad, los pueblos del mundo solo enfrentan dos caminos posibles: la dignidad o la sumisión.

En ese contexto, resulta profundamente preocupante, y ofensivo para la memoria histórica de Costa Rica, escuchar a aspirantes a la presidencia ofrecer, sin pudor, una política exterior basada en la obediencia y la entrega. La posición de Laura Fernández, quien plantea “estrechar la cooperación” con agencias como el FBI, la DEA y el gobierno de EEUU, no es una propuesta soberana ni valiente, es una declaración de subordinación. Y no se trata de que tenga que romper relaciones con los yanquis, ni ningún país del mundo. Es asumir, de antemano, que Costa Rica no puede, o no debe, decidir por sí misma, que su seguridad y su futuro deben quedar en manos de una potencia extranjera con un largo prontuario de intervención y violencia.

Este discurso no es nuevo. Es el viejo lenguaje de los gobernantes temerosos, incapaces de plantarse con dignidad frente al poder imperial. Gobernantes que prefieren agradar a Washington, aunque eso implique poner en riesgo la soberanía, la institucionalidad y los derechos de su propio pueblo. Cambian los nombres, cambian los partidos, pero la lógica servil es la misma.

Y por eso la comparación histórica es inevitable. Costa Rica no nació ni se sostuvo de rodillas.

Hubo un tiempo en que este país tuvo dirigentes que entendieron que la patria no se negocia. Juan Rafael Mora Porras, Juanito Mora, enfrentó al imperio de su época con coraje, defendiendo la soberanía centroamericana frente al intento de convertirnos en esclavos, sin pedir permiso ni agachar la cabeza. Esa actitud firme y patriótica es la que debería guiar a cualquier persona que aspire a gobernar este país.

Hoy, sin embargo, se nos quiere convencer de que la sumisión es “realismo”, de que obedecer es “cooperación”, de que entregar soberanía es “responsabilidad”. No lo es. Es cobardía política. Es renunciar a la dignidad nacional antes siquiera de llegar al poder.

Costa Rica merece algo mejor que candidatos dispuestos a administrar la obediencia. Merece liderazgo con memoria histórica, con valentía y con respeto por la soberanía. Porque cuando un país pierde su dignidad, lo pierde todo. Y esa es una lección que no deberíamos permitirnos olvidar.

Pero también es una amenaza, clara y contundente. El objetivo no es atacar y perseguir las bandas de delincuentes y narcos, se trata de poner bajo la bota a todo aquel que no acepte, con la misma sumisión, lo que ellos quieran hacer.

Tal como lo hacían en la época del imperio romano, los Prefectos eran los Gobernadores designados directamente por el emperador, con funciones administrativas, judiciales y militares. Ese es el papel que le espera a Costa Rica con Laura Fernández y cualquier otro aspirante a la silla presidencial que anteponga los intereses de EEUU sobre los de su propia patria.

6 de enero 2026

Costa Rica: la democracia no se entrega, se defiende

Yamileth González García
Ex – Rectora UCR

Costa Rica, desde los primeros años de vida independiente, buscó como forma de gobierno la de una república independiente, con principios ligados a la libertad, la soberanía y la democracia; el país nace con la convicción de que el poder sin control es siempre una amenaza y que la democracia no es un regalo perpetuo, sino una tarea de permanente construcción.

Hoy, ese pacto histórico está en riesgo. No por un golpe militar, sino por algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del autoritarismo y el desprecio sistemático por los contrapesos institucionales. Todo envuelto en un discurso que se presenta como “anticorrupción” y que, en el fondo, desprecia la democracia cuando le estorba a sus propósitos.

Costa Rica no es una finca privada, es una república. Y una república vive de la división de poderes, del respeto a la ley y de la rendición de cuentas. Cuando un Ejecutivo intenta concentrar el poder, desacreditar instituciones y gobernar desde la confrontación permanente, no está “ordenando el país”: lo está debilitando.

A esto se suma algo aún más grave: las sombras. Las denuncias públicas, las acusaciones, las alianzas opacas, la falta de explicaciones claras. No hablamos de rumores. Hablamos de señalamientos que exigen investigación, transparencia y respuestas. Un gobierno verdaderamente limpio no huye de la luz; la busca.

Cuando en un país atravesado por el narcotráfico regional se minimizan alertas, se atacan fiscales, se desacredita a quienes investigan y se relativiza el crimen organizado, no estamos ante un error político: estamos ante una irresponsabilidad histórica. El narcotráfico no se combate con discursos altisonantes ni con poses autoritarias; se combate con instituciones fuertes, independencia judicial y cooperación democrática. Todo lo contrario de lo que estamos viendo.

Este no es un debate ideológico. No es izquierda contra derecha. Es democracia contra autoritarismo. Es la transparencia contra lo opaco. Es ciudadanía contra abuso de poder.

A las mayorías se les dice que exigir cuentas es “defender privilegios”. Eso no es cierto. La verdadera ciudadanía es la que pregunta, la que vigila, la que no se arrodilla ante ningún gobernante.

Costa Rica abolió el ejército porque entendió que la fuerza no podía ser el centro de la política. Hoy debemos abolir otra tentación: la del líder autoritario que todo lo decide, que no rinde cuentas. Esa figura siempre termina igual, aquí y en cualquier lugar: empobreciendo la democracia y fracturando a la sociedad, si no veamos el ejemplo de Venezuela.

No se trata de nostalgias. Se trata de memoria histórica. De recordar que los derechos que hoy parecen obvios fueron conquistados, no concedidos. Que la institucionalidad que hoy se desprecia fue construida para protegernos, no para incomodar a unos pocos.

Por eso hoy hacemos un llamado a quienes trabajan, estudian, producen y sueñan en este país. A quienes no quieren una Costa Rica gobernada por el insulto y la agresión permanente. A quienes saben que el autoritarismo siempre empieza prometiendo orden y termina dejando ruinas.

En democracias la oposición no es un obstáculo ni un capricho electoral. Es un deber cívico. Es decir “basta” cuando el poder se cree dueño del país. Es recordar que ningún presidente está más allá que la Constitución, que ninguna ambición personal vale más que la democracia.

Costa Rica merece un gobierno que explique, no que ataque; que escuche, no que imponga; que rinda cuentas, no que se esconda. Merece un estado que enfrente al crimen organizado con seriedad, no con discursos vacíos. Merece líderes que entiendan que gobernar no es mandar, sino servir.

Este es un momento decisivo. No mañana. Hoy. Porque cada silencio, cada justificación tibia, cada “no voy a votar” abre la puerta, con complicidad, a algo peor: el debilitamiento de la democracia.

La historia nos está mirando. Y algún día, nuestros hijos preguntarán qué hicimos cuando la democracia fue puesta a prueba. Que podamos responder con dignidad: no nos callamos, no nos rendimos, no entregamos Costa Rica.

Radiografía de una democracia en tensión

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Advierto que lo que aquí se expone quizá no encuentre eco en todos los lectores. No pretende reafirmar trincheras ni favorecer a ningún actor. Busca, más bien, ofrecer una lectura crítica y serena del clima democrático que atravesamos… y ese propósito, en sí mismo, ya es un desafío.

En la antesala de las elecciones, la conversación pública suele girar en torno a encuestas y debates. Las cifras cumplen una función legítima: registran el pulso de un electorado volátil, de partidos frágiles y lealtades cambiantes. Son fotografías del instante: útiles, pero insuficientes. Más allá de los datos que recogen las encuestas, lo que se necesita es una radiografía: un examen profundo que ilumine los órganos, los silencios, las ausencias y los contrapesos que laten —o se debilitan— bajo la superficie de la democracia, antes de que se produzca el acto de votar.

Costa Rica no enfrenta hoy un quiebre democrático ni la anulación abierta de sus reglas. El Tribunal Supremo de Elecciones mantiene legitimidad, el Poder Judicial conserva autonomía, y la Asamblea Legislativa continúa siendo un espacio de control. La institucionalidad resiste, y ese sigue siendo nuestro activo más valioso.

Sin embargo, hay un fenómeno que las encuestas no registran: la erosión lenta pero persistente de este vínculo entre ciudadanía e instituciones. El riesgo real no es una ruptura abierta del orden constitucional, sino la debilitación de los equilibrios que sostienen la democracia. Cuando los contrapesos, los frenos institucionales y los mecanismos de control pierden su peso simbólico y moral, las instituciones pueden seguir funcionando, pero dejan de percibirse como garantías y pasan a verse como obstáculos, vaciadas de sentido.

Este deterioro no se explica únicamente por el discurso del poder; se ve también alimentado por la acumulación de desaciertos institucionales: la inacción ante problemas, la falta de explicación de decisiones y la ausencia de respuesta ante demandas ciudadanas. Con el tiempo, estos vacíos erosionan la confianza en las instituciones y debilitan el vínculo entre ciudadanía y democracia.

En este contexto, el Poder Ejecutivo influye en el clima democrático, no solo por sus decisiones, sino también por el estilo y la consistencia de su comunicación. El Poder Judicial, en ocasiones, ha confundido independencia con silencio: aunque sus decisiones sean acertadas, la falta de explicación reduce la confianza ciudadana. De manera semejante, la Asamblea Legislativa enfrenta el riesgo de ejercer control político sin un relato que conecte su trabajo con la ciudadanía.

La prensa sigue siendo un actor visible, pero su protagonismo también revela un problema: cuando la deliberación política ocurre casi exclusivamente en los medios, es porque otros espacios de diálogo se han retraído. Las redes sociales, además, premian la simplificación, la emoción y el enfrentamiento. En ese contexto, los silencios institucionales pesan el doble: cuando no hablan, otros interpretan su rol por ellos, y esas versiones se difunden como verdades emocionales. Al mismo tiempo, los medios, en general, enfrentan un desafío de credibilidad, lo que debilita los espacios de información confiable y reduce la posibilidad de un debate público serio.

La radiografía muestra, también, un repliegue de otros contrapesos sociales: universidades, colegios profesionales, cámaras y organizaciones civiles. Su ausencia reduce el espacio público a una relación directa entre poder y ciudadanía, sin mediaciones legítimas.

En ese marco más amplio debe leerse también la creciente desafección hacia la clase política y dirigente. El aumento del abstencionismo no es solo una decisión individual ni un gesto de apatía; es la expresión acumulada de la distancia entre representación y ciudadanía. Cuando amplios sectores dejan de sentirse interpelados por el sistema político, la abstención se convierte en una forma silenciosa de retirada. No impugna el proceso electoral, pero revela una erosión más profunda: la pérdida de sentido de pertenencia a un proyecto democrático compartido.

Las elecciones pueden ser formalmente correctas y, aun así, estar precedidas por un desgaste del tejido democrático. Las encuestas seguirán mostrando el movimiento del proceso; la radiografía, en cambio, revela lo que ocurre en el fondo. Ignorarla no es un simple descuido: es aceptar que el voto se convierta en un trámite vacío, despojado de densidad cívica.

La democracia no se fortalece el día de la elección; se sostiene mucho antes, en la participación cotidiana que cultivamos, especialmente en las nuevas generaciones, y en la confianza que logramos preservar.

En cuatro domingos se definirá el depósito de la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país. ¡Hay que salir a votar!

Vladimir de la Cruz

En cinco domingos estaremos tomando la primera decisión sobre el futuro gobierno de Costa Rica. El próximo domingo 1 de febrero se llevará a cabo el plebiscito nacional político, el referéndum nacional político, el acto supremo de la democracia electoral del país, el día del sufragio NO obligado, que se da en conciencia, de los ciudadanos, del pueblo electoral costarricense, de decidir a cuál de los 20 candidatos presidenciales y a sus partidos se le entregará el rumbo del país.

Ese día se realiza un depósito de confianza pública que se le da al ganador, en caso de que supere el 40% de los votos válidamente emitidos, en su favor, ese primer domingo de febrero, para dirigir el Poder Ejecutivo, para que nombre su equipo de gobierno, a los ministros, e inicien su labor política, de conformidad a lo que ha ofrecido en esta campaña electoral.

Es un acto de confianza y de delegación de la voluntad popular, lo que llamamos la representación política. Quien resulte ganador es el depositario de esa confianza popular, que lo obliga a actuar, en nombre del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, siendo su representante, y modernamente también gobierna con el pueblo, si asume la tarea de consultarlo popularmente, por la vía de los plebiscitos y referéndum, lo que no han acostumbrado los gobernantes desde que se instituyeron estas formas de consulta ciudadana.

La voluntad popular es el acto por el cual los ciudadanos depositan su confianza en la gestión de gobierno, en una persona, que en nombre de todos, ejerce el gobierno y el mando del país. Este concepto se desarrolló políticamente hace casi 300 años, evolucionando de distintas formas. Este acto de representación política es una manifestación de que el gobernante debe ser armónico con el pueblo que lo eligió.

Con concepto de representación política y delegación de la voluntad, se eliminó la idea que los gobernantes eran nombrados por Dios, y por ello, además, había que obedecerles. Al contrario, quien debe obediencia al pueblo es el gobernante quien en ejercicio de su cargo no puede gobernar ni legislar contra el pueblo, no puede actuar contra el pueblo, no puede instituirse como dictador, tirano, déspota, sátrapa o ejercer el gobierno autoritariamente, violando derechos y libertades de los ciudadanos. Si así sucediera, el pueblo que lo eligió tiene un derecho natural a la rebelión política para sustituirlo, cambiarlo, y de esa forma establecer nuevamente la confianza pública de la representación popular. En cierta forma, cada procesos electoral, es la manera de ejercer ese control político ciudadano para continuar con el partido de gobierno por otro período, y evaluar de esa manera al gobernante o presidente que termina su mandato.

Jurídicamente el acto de la representación política se asocia al del mandatario, que es la persona a la cual se le da un poder de accionar, de actual, al cual debe sujetarse, y del cual no puede salirse. Si el Mandatario se sale o rompe el compromiso de ese mandato, los Mandantes, los que le dieron el mandado, que electoralmente es el pueblo electoral, pueden quitarle su compromiso, pueden destituirle de la obligación que le depositaron para nombrar otro Mandatario que represente correctamente la voluntad de los Mandantes, en este caso de los electores, para que se restablezca la relación armónica que debe existir entre gobernante y gobernados.

El derecho de destitución del Mandatario, del Gobernante, se estableció en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y en la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1793, durante los días de la Revolución Francesa.

En la Constitución Política de 1844 de Costa Rica este derecho a la Rebelión Política así se reconoció. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, se había publicado en Costa Rica a inicios de ese año, lo que debe haber influido en esa disposición constitucional.

En la legislación costarricense no existe para el presidente la posibilidad de destituirlo por la vía de la Consulta Ciudadana del Referéndum o del Plebiscito, como sí existe para destituir las autoridades municipales o cantonales, como son los alcaldes. No existe, hasta hoy, el derecho de revocatoria de mandato del presidente, durante el ejercicio de su presidencia.

Sin embargo, en la tradición electoral del país, que ha sido bastante regular desde 1847, con períodos de gobierno de cuatro años en términos generales, cada proceso electoral para decidir quién gobernará por los siguientes cuatro años, se convierte en la práctica también en una consulta ciudadana, de si el mandatario, el jefe de Estado, antes del 1848, el presidente desde 1848, o el Gobernante en general, puede continuar gobernando por otro período de gobierno.

En el siglo XIX se permitía la elección consecutiva del gobernante. En el siglo XX se limitó y desde 1949 se prohibió la reelección consecutiva del gobernante, del presidente, pudiendo hacerlo si deja pasar un período de ocho años. Así, en el siglo XIX, de manera consecutiva se reeligieron Juan Mora Fernández, desde1824 hasta 1833, Juan Rafael Mora Porras, desde 1849 hasta 1859, cuando le dieron el golpe de Estado, Rafael Iglesias Castro, desde 1894 hasta 1902. Desde 1902 hasta hoy no ha habido reelección consecutiva del gobernante.

Los diputados durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX podían reelegirse continuamente y buenos diputados así lo hicieron. Por ejemplo, desde 1934 hasta 1948 fue reelecto consecutivamente como diputado Manuel Mora Valverde, el jefe del Partido Comunista de Costa Rica o Vanguardia Popular, así llamado desde 1943.

Jefes de Estado y presidentes se han reelecto, dejando pasar períodos presidenciales. En el Siglo XX así lo hicieron Cleto González Víquez presidente en 1906-1910 y 1928-1932, Ricardo Jiménez Oreamuno, presidente en 1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936.

Desde 1949 hasta hoy solamente dos presidentes han podido reelegirse alternativamente, José Figueres Ferrer, 1953-1958 y 1970-1974 y Oscar Arias Sánchez, 1986-1990 y 2006-2010. Otros presidentes lo intentaron sin éxito.

Desde 1890 existen los partidos políticos, tal y como ahora los conocemos, definiéndose así que solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular, presidente, diputados y autoridades municipales o cantonales. Los vicepresidentes son de elección popular junto con el presidente desde 1949. Antes de 1948, eran llamados Designados a la Presidencia y eran nombrados por el Poder Legislativo, por el Congreso.

Bajo el régimen de partidos políticos hemos tenido la experiencia histórica de que los partidos pueden reelegirse consecutivamente en el Poder Ejecutivo varias veces, aun cuando no reelijan de manera continua al presidente. Así, desde la segunda mitad del siglo XX el Partido Liberación Nacional se ha reelecto consecutivamente en dos períodos consecutivos de gobierno, con diferente presidente, en 1970-1974 y 1974-1978, cuando fueron electos José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós. Luego volvieron a repetir el gobierno consecutivo en 1982-1986 y 1986-1990, con Luis Alberto Monge Álvarez y Oscar Arias Sánchez. Finalmente, repitieron en el 2006-2010 y 2010-2014, con Oscar Arias Sánchez y Laura chinchilla Miranda. Igual lo hizo el Partido Unidad Social Cristiana, en 1998-2002 y 2002-2006, con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco de la Espriella. Del mismo modo se repitió, muy sorpresivamente este fenómeno con un nuevo partido, nacido en el 2002, Acción Ciudadana, que Gobernó en el 2014-2018 y se reeligió en 2018-2022, con los presidentes Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada. Ninguno de los partidos que ha gobernado lo ha hecho tres veces consecutivas.

En este siglo, desde el 2002, en la práctica del proceso electoral, se introdujo la elección de segundo grado, la elección de la segunda vuelta electoral, cuando en la primera no se logra el 40% de los votos para ganar. En este caso, se pasa a una segunda ronda electoral que se realiza el primer domingo de abril siguiente a las elecciones, con solo dos candidatos, los que han obtenido el mayor número de votos o mayor rango porcentual de votación el primer domingo de febrero. Así, hemos tenido segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022. Esto pareciera o indica que la segunda ronda electoral se quedó para los procesos electorales que vienen. Ha sido la norma de los procesos electorales a partir del 2014 y puede ser la del próximo resultado del 1 de febrero del 2026. Esto no es para sorprenderse. Puede darse como no darse la segunda ronda, si alguno de los partidos y candidatos sacan o no el 40% de votos, por el cual se está luchando intensamente en estos días y será una lucha intensa durante las cuatro semanas que faltan para votar. La mayor parte de los partidos apuestas sus esfuerzos a quedar de finalistas de la primera vuelta. Solo el Partido Pueblo Soberano sostiene su campaña electoral con confianza de que ganará la primera ronda electoral. Esta confianza le hace falta a los otros partido, independientemente si hay o no segunda ronda.

El voto que define resultados es el llamado voto válidamente emitido. Es voto positivo, a favor, de cualquiera de los 20 partidos que están inscritos con sus candidatos presidenciales. Esos son los votos que sirven para declarar presidente o candidato ganador, o sirven para definir de los 20 candidatos cuales son los dos que pasan a la elección de abril. La elección del primer domingo de abril no se define por porcentuales. Allí gana el que más votos tenga. Es lo lógico para garantizar resultado electoral.

Los votos nulos que se realizan por los votantes son aquellos que por alguna razón no permiten determinar con certeza cual fue la voluntad del votante, y los miembros de la Mesa Electoral así los anulan.

Los votos en blanco que se realizan en la Mesa Electoral son aquellos que los votantes devuelven sin expresar su voluntad, dejando en blanco toda la fórmula de votación.

Los votos nulos y blancos, emitidos en las mesas electorales, no se consideran “votos válidamente emitidos” para definir el resultado de la elección. No se cuentan, no tiene valor alguno. Tiene valor CERO (0), no suman nada positivo ni negativo. Reducen en la práctica a los electores que toman la decisión final.

Por eso es importante el voto consciente del elector, del que llega a emitir su voto por alguno de candidatos o los partidos políticos que están participando en las elecciones, porque con su voto se elige, se produce el resultado.

También hay un número de personas que no acude a las urnas a votar. Todos estos, junto con los que tampoco votan en la Mesa Electoral, constituyen el grupo llamado ABSTENCIONISTA. Es un número de ciudadanos que siempre ha existido en los procesos electorales. En las elecciones de la segunda mitad del siglo XX constituyeron un promedio del 18 % de los electores. A partir de la elección de 1998 empezó a subir alcanzando cifras superiores al 30% de votantes en las elecciones, lo que ha preocupado en los últimos procesos electorales, y quizá eso haya ayudado a la convocatoria de las segundas rondas electorales que se han hecho.

La persona, el votante, al no ejercer su derecho al sufragio, de hecho, delega su decisión en los que sí votan, que producen un resultado electoral a favor de alguno de los candidatos. El no votante, de manera consciente o no, confía el voto que se produce por los que sí van a votar. De hecho, los no votantes, los abstencionistas, terminan “votando” con su abstencionismo y silencio electoral en urnas, por el candidato ganador, que producen los que sí llegaron a votar. Así, los abstencionistas terminan “votando” por el ganador, les guste o no quien sea, se lamenten o no del ejercicio de su gobierno.

La elecciones nacionales fragmentan la votación por el presidente y sus vicepresidentes y en la de los diputados. La votación presidencial se la lleva en su totalidad un solo partido político. El Consejo de gobierno o el Gabinete presidencia no se integra proporcionalmente a los votos recibidos por los partidos con sus candidatos a presidente. Al presidente electo se le da la confianza de que escoja libremente a los ministros que le acompañaran en su gestión de gobierno.

La elección de diputados tiene su importancia. Para el partido ganador presidencial por si llega a elegir una mayoría de diputados, ojalá superior de los 29, porque le permite tomar decisiones mayoritarias básicas en la Asamblea Legislativa, en su proceso de aprobación de Leyes. Si la mayoría fuera de 38 o 43 diputados, que con las mayorías calificadas del proceso de aprobación de leyes y otras responsabilidades que podría tomar la Asamblea Legislativa, al Poder ejecutivo le daría un poder político extremo, al punto que el Presidente, con su fracción legislativa tendría capacidad de ejercer un gobierno con características autoritarias de mandato, porque ejercería un control prácticamente pleno de nombramiento de todas las autoridades públicas del país, especialmente de los Poderes de Estado y de los mecanismos de control público constitucionalmente establecidos.

La experiencia histórica señala que pocas veces desde 1953 un partido político ha tenido mayoría parlamentaria superior a 29 diputados, y solamente una vez, en 1982, tuvo 33 diputados de los 57.

En la práctica política los electores parten su voto. Pueden votar un candidato presidencial, pero a la vez votan por candidatos a diputados de otros partidos políticos, para que ellos en la práctica ejerzan un control político parlamentario sobre el presidente y su Poder Ejecutivo. Así, por ejemplo, los últimos 3 gobiernos, dos del Partidos Acción Ciudadana y el del actual presidente Rodrigo Chaves que no han logrado elegir más de 12 diputados, constituyéndose en minorías parlamentarias. En el caso del actual gobierno con la peor gestión de relación política con los Poderes de Estado, incluso la Asamblea Legislativa.

La partición del voto, en las condiciones y momento histórico que estamos viviendo, sigue siendo válida. Pero, la unidad de votantes alrededor del candidato o candidatos opositores que tienen, en la perspectiva, la mayor posibilidad de ganar o de quedar clasificados para una segunda ronda, es también válida. Lo que no es válido en este momento es pensar en abstenerse de votar. Quien así lo haga que le quede claro que su no voto es favor del que gana, sea quien sea.

En 5 domingos definiremos la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país por los próximos cuatro años.

Que el año nuevo nos dé la suficiente confianza de que podemos mejorar el país, de que podemos recupera el terreno y los caminos perdidos, de que podemos evitar que nos lleven al despeñadero del autoritarismo, de la democracia y de las libertades y derechos ciudadanos.

¡Hay que salir a votar!

Compartido con SURCOS por el autor.

Algunas claves para entender la democracia ante sus amenazas en las elecciones presidenciales de Costa Rica

Vladimir de la Cruz

Costa Rica ha sido reconocido como un país, como una República, de una tradición democrática muy sólida y antigua. La más vieja y estable del continente americano. Dictaduras, tiranías, satrapías, despotismos gubernativos caben en un mano. Gobiernos militaristas, de excepción.

Hoy esta situación se siente amenazada. Hay las posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Especial relieve en la tradición democrática costarricense ha tenido el predominio de gobernantes, desde 1824, que han sido educadores, abogados, médicos, periodistas, civiles en general. Militares de hecho desde 1890 solo uno, por un breve período, mientras duró su dictadura, 1917-1919.

Sobresaliente reconocimiento ha tenido Costa Rica el que haya eliminado su Ejército, desde 1948, y se le reconozca como una Democracia Desarmada. Al decir Costa Rica se afirmaba que era un país con más maestros que soldados, frase que se usaba como dato distintivo aun cuando existía el Ejército, hasta 1948.

Ha sido un país con un Estado de Derecho muy sólido y estable, desde 1825 cuando se constituyeron sus Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y desde 1949 el Electoral, cuando se le dio ese rango al Tribunal

Supremo de Elecciones, TSE; el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país, que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la Dirección política Estatal y Administrativa, del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE tienen carácter inapelable. Hasta hoy nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

Este Estado de Derecho se ha caracterizado por el respeto absoluto que se ha tenido de las funciones de cada uno de los Poderes Públicos, en la especificidad, indelegabilidad e insubrogabilidad de sus funciones, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, en el respeto que se han tenido entre sí, de sus propias áreas de trabajo.

Desde el punto de vista de procesos electorales, se han tenido para la escogencia de representantes populares, desde que se eligió al Diputado ante las Cortes de Cádiz, en 1812. Durante el proceso de la Independencia la escogencia de los delegados de los pueblos que fueron enviados a Cartago, la vieja capital colonial, para discutir y aprobar la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.

De seguido a la Independencia con la constitución de los primeros gobiernos de carácter colegiado, las Juntas Gubernativas del período 1821-1824, y a partir de allí, cuando nos incorporamos a las Provincias Unidas de Centroamérica, luego llamada República Federal de Centroamérica, período en que Costa Rica se llamó Estado, y nombró sus jefes de Estado, siendo el primero de ellos Juan Mora Fernández, electo en tres ocasiones hasta 1833. Durante la República Federal elegimos las autoridades federales y las locales y elegimos diputados en el Congreso Federal.

A partir de 1838 Costa Rica se separó de la Federación de Centroamérica, el mismo año en que también se separaron Nicaragua y Honduras, permaneciendo bajo la figura de Estado hasta el 31 de agosto de 1848 cuando Costa Rica se proclamó República.

Bajo la República Federal de Centroamérica, en el Estado y en la República de Costa Rica funcionaron los tres poderes públicos clásicos. Durante la República Federal, los presidentes de la Federación lo fueron también de Costa Rica, en armonía con los jefes de Estado costarricenses.

La estabilidad política del país se caracterizó, entre otros factores, por el desarrollo constitucional que se fue impulsando, 11 constituciones entre 1821 y 1871 y tres constituciones desde 1871 hasta hoy, dos de ellas de largos períodos, (1871-1917 y 1919-1948), la de 1917-1919 que correspondió al periodo dictatorial de Federico Tinoco, y la actual desde 1949.

La estabilidad política se acompañó con el desarrollo de libertades individuales y de derechos ciudadanos, así como con la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales, que desde 1943 se incorporó a los cuerpos constitucionales de Costa Rica, la Constitución de 1871 y a la de 1949, derechos y libertades que se han ido ampliando y fortaleciendo al calor del desarrollo de los Derechos Humanos y sociales internacionales de nueva generación ratificados por Costa Rica, dando origen al Estado de Derecho Social y Democrático de Costa Rica.

Parte de este desarrollo democrático institucional se vio fortalecido por la periodicidad y regularidad de los cambios de gobierno, por la vía de las elecciones, que desde 1847 se mantienen en periodos gubernativos de cuatro años, con excepción de breves gobiernos que se establecieron por períodos de seis años, con el derecho de reelección presidencial y de diputados de forma consecutiva. Actualmente, desde 1949 la reelección consecutiva no se permite. La alternativa de presidente se permite dejando pasar ocho años entre una gestión y otra. En este sentido, solo dos presidentes han tenido la oportunidad de elegirse de esta manera constitucional, José Figueres Ferrer, en sus gobiernos de 1953-1958 y en 1970-1974, y Oscar Arias Sánchez, en los suyos, 1986-1990 y en el 2006-2010.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

Hasta 1889 el voto era indirecto. Había una ronda de electores que escogían entre ellos a otros electores que decidían la votación. Los electores debían ser hombres, mayores de edad, alfabetos, con capacidad económica comprobada. El voto era público hasta 1924, que se estableció secreto. Desde 1949 se estableció el voto universal, reconociéndose el voto de la mujer, que empezó a votar en 1951. Empezaron a ser electas diputadas desde 1953, y en el 2010 se eligió la primer mujer presidenta en Costa Rica.

Es posible, y hay gran probabilidad, que en las elecciones de febrero del 2026 alguna otra mujer pueda ser electa presidenta de la República, habida cuenta que en el proceso actual electoral destacan cinco candidatas mujeres que compiten por ese alto cargo público, Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar.

Desde 1890 se estableció que para aspirar a cargos de elección popular solamente se podía hacer por medio de partidos políticos. De esta forma, desde esa fecha se desarrolló la democracia política electoral de Costa Rica, que en términos generales ha sido bastante democrática, sin restricción de partidos políticos exceptuando las restricciones que se establecieron para la participación de los comunistas en 1929 que se prohibió que lo hicieran con ese nombre, por lo que el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, cambió de nombre para efectos electorales, por el del Bloque de Obreros y Campesinos, nombre con el que participó en elecciones desde 1934 hasta 1942. En 1943 el Partido Comunista, resultado de una alianza con la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para aprobar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, cambió de nombre por Vanguardia Popular. Con este nombre participó en la coalición Bloque de la Victoria, en 1944 y lo intentó en las elecciones de 1948. El resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948 lo proscribió electoralmente desde 1948 hasta 1975.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940

Varios intentos de partidos de izquierda, para participar en elecciones entre 1948 y 1969 fueron sometidos a la proscripción que existía desde 1948. A los comunistas les prohibieron elegir por ellos mismos, pero a las personas comunistas no les impidieron votar por otros partidos, durante esos años. Este es el lunar que la democracia electoral de Costa Rica que ha tenido.

Desde 1970 hasta hoy ha habido representación electoral de izquierda en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde dos hasta nueve diputados, de 57 parlamentarios que integran el Poder Legislativo costarricense. Actualmente hay seis.

En la vida parlamentaria de Costa Rica, por la fuerza liberal de finales del siglo XIX se prohibió en 1898 que los católicos se organizaran en partido político, y se estableció que no se podía participar en elecciones aduciendo o agitando sentimientos religiosos.

A partir de 1970 empezaron a surgir partidos de orientación cristiana no católicos, que han venido participando en las elecciones, eligiendo diputados desde 1998. La restricción para los partidos católicos sigue vigente, no así para los partidos cristianos no católicos, que actualmente tienen seis diputados.

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica desde 1953 hasta hoy han habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. Nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado, seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político, para destacar el control que, del gobierno, especialmente, ha tenido el Partido Liberación Nacional, social demócrata, y el partido Unidad Social Cristiana.

Este bipartidismo también se dio por el control que ambos partidos y tenían mayoritariamente de la Asamblea Legislativa, por la capacidad de pactos o acuerdos político-legislativos que podían establecer o imponer.

En 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran para los acuerdos y pactos parlamentarios.

En el 2010 el bipartidismo gubernativo se rompió cuando surgió un nuevo partido político, en el 2002, Acción Ciudadana, que llegó a gobernar de manera seguida en los gobiernos del 2014-2018 y del 2018 al 2022. Este partido surgió con ex militantes de Liberación Nacional y de otras corrientes de izquierda. A partir de ese momento bien se podía hablar del tripartidismo gubernativo.

Pero, para las elecciones del 2022 surgió participando, por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, que eligió al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del gobierno de Acción Ciudadana del 2018-2022, que funcionario internacional del Banco Mundial por 35 años, igualmente alejado de la vida política por esos mismos años, desconectado de la tradición política y democrática del país, modelado al estilo de los ejecutivos de estos organismos internacionales, acostumbrados a imponer a los países en que actúan sus políticas y decisiones, como verdaderos tiranos, y acostumbrados por la debilidad de los gobiernos tercermundistas donde actúan a ser acatadas aceptadas sus decisiones, bajo la amenaza de retirarles los apoyos financieros y de asesorías que les acompañan. Del Banco Mundial salió expulsado acusado de acoso sexual a funcionarias de esa institución, existiendo una disposición que le prohíbe entrar a las oficinas de dicho Banco.

En la campaña electoral Rodrigo Chaves logró capitalizar la simpatía electoral enfrentando al bipartidismo tradicional, habida cuenta de que los dos partidos que lo representan habían tenido escándalos políticos asociados a expresidentes, que habían sido acusados penalmente. Su discurso también se orientó hacia los sectores sociales y de las regiones marginales y periféricas que en las políticas y acciones públicas habían sido marginadas o excluidas, donde se concentraba la mayor pobreza del país.

En esas elecciones su partido Progreso Social Democrático apenas pudo elegir 10 diputados, situación que no ha podido manejar, por la no tradición y experiencia política de su ausencia del país, y por la improvisación que ha tenido que hacer de los funcionarios y equipos de gobierno que ha nombrado, que están sometidos al Estado de Derecho, a la Constitución Política, Leyes de la República e instancias controladoras públicas, como la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia y buena administración de la Hacienda Pública, que solo les permite actuar en el marco de las leyes, bajo controles, y no como quisiera el presidente, actuar sin controles y sin leyes.

Como presidente ha enfatizado en el discurso de “que no lo dejan gobernar”, que “los gobiernos anteriores, desde 1953, han sido de dictadores y tiranos, que solo han gobernado contra el pueblo favoreciendo a grupos económicos, financieros y empresariales asociados a los presidentes” de esos 17 gobiernos anteriores al suyo.

En su práctica política y gubernativa se ha enfrentado a los Poderes Públicos, a la Sala Constitucional del Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los medios de prensa y de comunicación nacional, a sus periodistas y a gestores de opinión y comunicadores sociales. Su enfrentamiento es al cuerpo de los integrantes de estas instancias, con lenguaje soez, vulgar, provocador, amenazante, actuando desde a institucionalidad que el gobierna y maneja como un déspota o tirano, contra las personas que pueda afectar con las acciones de esas instancias gubernativas.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de elecciones y sin la institución Contraloría General de la República.

En su accionar y en sus ataques ha debilitado al Estado de Derecho y al Estado Social de Derecho. Ha impulsado nacionalmente una situación de tensión social aguda, de falta de respeto, de agresiones orales a las personas que se le oponen o critican, ha provocada que eso se extienda a la ciudadanía y a los grupos que moviliza cubriéndoles gastos de transporte, comida y un pago por participar en las movilizaciones o convocatorias que realiza. Ha convocado a grupos de ciudadanos para ir a pedir la destitución y agredir verbalmente a los miembros de la Corte Suprema de la Corte, de su Sala Constitucional, de la Contralora General de la República y también contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A este último lo acusa de intentar un golpe de Estado en su contra.

Constantemente habla de ese peligro que él corre, provocando con la violencia ciudadana que se vive, estimulada por el mismo gobierno, un estado de inseguridad, con el ánimo de poder establecer, de ser posible antes de las elecciones de febrero o de abril, si hubiera una segunda ronda, un Estado de Excepción, que le permita gobernar sin leyes, y en condiciones de un Estado de Sitio, como en las dictaduras.

Ha mostrado su interés de continuar gobernando a partir de mayo próximo cuando se le acaba su período presidencial, lo que no puede hacer porque no tiene opción de reelección continua. Tiene que esperarse ocho años. Esto lo tiene desesperado.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el Estado de Derecho.

De los partidos que inscribió, que se identifican con él, el que recibe todo su apoyo principal es el que propone la candidatura presidencial de su ex ministra de Planificación y ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que repite el mismo discurso del presidente. Ella ha sido clara: quiere 40 diputados. Ha dicho contundentemente que quiere gobernar sin controles de ningún tipo para poder gobernar. Claramente ha manifestado que el problema principal del gobernante es que está sometido a leyes y a controles de administración.

Este es el peligro fundamental que tiene hoy la democracia costarricense: que se acabe con su Estado de Derecho, con su Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos ciudadanos, que por la vía electoral se mantenga un gobierno interesado en desarrollarse con formas tiránicas, dictatoriales, despóticas, autoritarias, que por la fuerza y sin controles, legales ni político administrativos, puedan impedirles actuar.

Continuar con el gobierno, con su partido Pueblo Soberano, con su candidata Laura Fernández, es avanzar hacia la bukelización de la sociedad costarricense. Es colocar al país en la balanza de los mandatarios de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile; Nayib Bukele, en El Salvador; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Novoa, en Ecuador; Nasry Asfura, en Honduras, en caso de que se imponga como ganador, junto a los presidentes de Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y como faldero sumiso de Donald Trump.

Artículo publicado en MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor.

De advenedizos y otros figurones

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El señor Nogui Acosta, ex ministro de Hacienda y candidato a diputado por el continuismo chavista en el primer lugar por San José, en legítimo ejercicio de sus derechos, se ha beneficiado familiar y personalmente del sistema público de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S). Sabe a la perfección lo que significa enfrentar la tragedia de una enfermedad grave, con riesgo de muerte en un ser querido, y sin embargo, poder acceder a un servicio médico de calidad, cuyos altísimos costos es imposible sufragar por cuenta propia. Le consta también a don Nogui que es necesario e indispensable un régimen solidario en el que, con la contribución económica de todos, se pueda rescatar a quien ha caído en desgracia.

Por eso resulta incomprensible –por decir lo menos- que una persona que haya pasado por semejante experiencia vital, cuando ha ejercido el poder público suficiente para financiar y fortalecer ese sistema de salud que lo ha salvado, se comporte como enemigo declarado del mismo. Acosta ha recortado presupuestos en materia de salud, ha catapultado la deuda del Estado para con la Caja y hasta ha boicoteado los recursos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa para aliviar esa deuda.

Es el mismo esquema moral de Pilar Cisneros, en su momento flamante becaria de la Universidad de Costa Rica, que se da el tupé de descalificar a otros que han accedido a las mismas oportunidades que ella y su familia disfrutaron con dineros públicos, es decir, con recursos de los contribuyentes que pagamos impuestos para provecho de quienes lo requieren. De igual manera se ha comportado como conspicua enemiga de la educación pública abogando por recortes salvajes y cuestionando la sagrada misión de instituciones beneméritas como la UCR. Se ha tratado, ni más ni menos, de morder la mano de quien le ha dado de comer. Ese es el nivel.

Pero el panorama insufrible es todavía peor. El ramillete que nos propone Pueblo Soberano incluye otros figurones por el estilo: el primer lugar por Alajuela, entre otros atestados, es un deudor de cientos de millones de colones a la misma –pobre- Caja y se deshace en maniobras para asegurarse que sus obligaciones se vuelvan incobrables; en el primer puesto por Heredia otra joyita que pasó por la C.C.S. S. como tormenta devastadora adjudicando licitaciones a dedo bajo el esquema de supuesta contribución público-privada, en los que ya se sabe que sólo sirven para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Todo lo anterior para no mencionar a la tica que quiso, mediante fraude, ser mejicana, o el caso del papá de todos los tomates, otro tico que volvió después de 30 años con ínfulas de mesías salvador y que en mayo próximo –si Trump quiere- entregará el mando del país en las peores condiciones de su historia reciente.

Como diría don Juanito Mora, una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos nos amenaza con perpetuarse en el poder. Confío en que lo más puro, digno, auténtico, valiente y democrático que aún anida en el corazón del pueblo costarricense, pueda impedirlo.

No podemos equivocarnos… esta vez

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

En la campaña política del 2022 Rodrigo Chaves ocupó el segundo lugar en la primera votación del 6 de febrero con un pírrico 16.8% de los votantes lo que equivale a un 9.92% del Padrón Nacional, y en la segunda votación o balotaje lo favoreció solo el 28.7% del total de ese Padrón. Es decir, hubo 667.000 votos de ciudadanos que no votaron por él la primera vez, y se negaron a darle su voto a José Ma. Figueres en la segunda votación y, de acuerdo con los análisis hechos entonces, la mayoría de ellos salieron de las filas de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, PUSC y Frente Amplio. Evidentemente una minoría obnubilada por el mensaje de odio y vanas promesas que hicieron Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, nos llevaron a la tragedia nacional que hoy vivimos, y que nos tiene al borde del abismo autoritario y, más grave, fascista.

Pero el próximo 1 de febrero los costarricenses no pueden equivocarse otra vez, no queda espacio para ello, estas elecciones no son las más importantes en la Historia de Costa Rica, son las definitivas, lo he dicho muchas veces. O salvamos la democracia liberal o la hundimos y perdemos para siempre en manos de una horda de advenedizos, nacionales y extranjeros, que quieren tomar la Patria por asalto para saciar sus ansias de riqueza, a través de ejercer el poder con una amplia base de evidente narco corrupción. Como dice Giuliano Da Empoli en su libro “La Hora de los Depredadores”, para ellos nada del pasado tierne importancia, ni la división de poderes, el respeto a las instituciones, a las minorías y los derechos humanos, nada de eso tiene el menor valor, pues la “hora de los depredadores” se anuncia con bombos y platillos, voces altisonantes, lenguajes grotescos y corrupción galopante.

Para entender por qué son los “jaguares depredadores” es importante recordar algunas palabras de Rodrigo Chaves y de su acolita candidata Laura Fernández: “somos un tsunami que vamos a destruir todo” dijo en campaña, luego el 24 de julio del 2024 en Peñas Blancas sentencio que “queremos destruir ese sistema” pues según su insano criterio, quienes quieren darle un imaginario golpe de estado “se han atrincherado en lo que llaman la institucionalidad”. Además, su dócil delfina y candidata Laura Fernández, cuando era ministra de Planificación dijo, a raíz de la obsesión por hacer la Ciudad Gobierno saltando por encima de la Constitución y las leyes, que “el problema es el Estado de Derecho que nos obliga a las instituciones públicas a hacer lo que la ley dice”; entones ¿pretende que no haya leyes, ni controles, y que puedan hacer lo que les dé la gana? Obviamente NO, por eso, entre muchas otras cosas, este régimen autócrata, populista y con ínfulas de fascismo no puede continuar.

Para convencer al costarricense del mensaje mesiánico del culto chavista y de su sumo sacerdote, crearon lo que acertadamente Ignacio Ramonet llama en su libro “La Era del Conspiracionismo” el culto de la mentira, con el cual se logra provocar una triple crisis que él considera es la principal desazón contemporánea: crisis de la verdad, de la información y de la democracia. Para lograr este objetivo integraron en primera línea, a la par de Chaves, a la más importante sacerdotisa del culto a la mentira Pilar Cisneros y ambos, con una envidiable habilidad histriónica y circense, propalaron por todo el país el odio y la mentira. Cisneros, según su propio dicho, se dedicó a ser, no la docente sino la indecente, de la mentira, dedicada a entrenar a ministros y altos funcionarios a mentir, pues según ella, los “ticos básicos” todo se lo creen, y es fácil engañarlos.

De esa manera el culto chavista logró algo fundamental en todos los regímenes de orientación autocrática y fascista: que sus actos y acusaciones de odio, se convirtieran en actos de fe, que como en cualquier religión, son incuestionables y aceptados sin el menor análisis crítico. Igualmente, a Chaves y Cisneros, el sumo sacerdote y su sacerdotisa, les dieron casi el don de infalibilidad, así todo el odio y rencor que expelen se convirtió en verdad absoluta. Veamos un ejemplo: la corrupción.

En campaña Chaves ofreció luchar contra la corrupción, que metería a la cárcel a los que se habían apropiado del país, en su plan de gobierno ofreció nombrar a funcionarios eficientes y probos, pero, que pasó en la realidad. Tenemos el gobierno más corrupto de la Historia: nunca fue acusado ni encarcelado un solo funcionario de administraciones pasados, tenemos al narcotráfico corriendo campante por el país, favoreció a sus amigos arroceros con 60.000 millones de colones y no bajó el precio del arroz; cambió la forma de declarar el precio de vehículos nuevos para que pagaran menos impuestos y derechos de circulación y favoreció a sus amigos importadores de vehículos de alta gama con 32.000 mil millones de colones. Sus funcionarios han sido tan ineficientes y corruptos que tiene casi cien remociones en su gabinete, presidentes ejecutivos y directores de instituciones, de los cuales muchos están acusados penalmente ante el ministerio público en más de 50 causas, algunos de ellos como Nogui Acosta, Marta Esquivel, Stephan Brunner, José Miguel Villalobos, Katharina Müller y la propia candidata presidencial Laura Fernández, gracias a la red de cuido chavista, están en las papeletas para presidente y diputados, buscando el refugio de una inmunidad que se vuelve inmundicia, como en el caso del propio Chaves y más de cien acusaciones penales y administrativas, que lo esperan para ser enjuiciado después del 8 de mayo.

Pero si se le pregunta a un chavista, dice que le Rodrigo Chaves y Pilar le abrieron los ojos y que luchan contra la corrupción; porque si le abrieron los ojos es para que vea para otro lado, se tape la nariz, y acepte el desmadre como acto de fe… ¡por ser un básico! Diría con sarcasmo Pilar Cisneros.

Por todo esto y para evitar que caigamos más abajo en el despeñadero al que nos tiró Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, la candidata Laura Fernández…muy básica precisamente, y todos sus secuaces desde altos funcionarios hasta el último creador de contenidos basura y troles, debemos decir con determinación fuera Chaves y su pandilla, porque esta vez, definitivamente no cabe quedarse en casa, hay que ir a votar por cualquiera que no sea un chavista evidente o solapado, pero debemos salvar el país del caos fascista que ya se nos metió en la casa, y como con las cucarachas…barrer ¡pa´juera!

Un poderoso acuerdo

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En un país que dejó vencer su contrato social desde hace algunos años, alcanzar acuerdos y consensos es una tarea urgente y necesaria por cuanto lo que está en juego, ahora si, tiene que ver con el rumbo de la democracia y los valores de la convivencia ciudadana. La integración horizontal, en todo caso.

Ahora que los fuegos electorales entraron en veda y la circulación de mensajes y propaganda ha disminuido en su polifonía y volumen, es bueno recordar una acción plural suscrita recién en el mes de octubre.

Se trata del Acuerdo Nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco de la actual campaña electoral.

Hasta hace pocos años era impensable que algo así preocupara a la ciudadanía de cara a unas elecciones nacionales. Pero las amenazas a la libertad de expresión, la ausencia de debate público y los más de dos millones de publicaciones con mensajes de odio identificados en 2025 en el país encienden todas las alarmas posibles.

El acuerdo incluye entre otros aspectos el respeto irrestricto al rol del Tribunal Supremo de Elecciones, la garantía de la ética en la información socializada y el rechazo a las voces de odio e intolerancia. Uno de los compromisos que claramente dibujan la orientación del documento, tiene que ver con la corrección oportuna ante desinformación verificada.

Firmado por un conjunto importante de organizaciones de la sociedad civil, el proceso cuenta con el respaldo de instituciones de alto nivel en su función de testigos y garantes de lo suscrito, entre ellas la Defensoría de los Habitantes, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – Sede Costa Rica, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el Programa Estado de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En una temporada clave para el rumbo del país en todas sus dimensiones, un contrato como el que presenta este acuerdo es urgente y poderoso en sus consecuencias. La ciudadanía, nosotros y nosotras, debemos acudir en su funcionamiento, pero sobre todo en la protección de su papel en esta delicada hora que se avecina.

Mi niñez. Los niños ayer y hoy en la política. Contrastes de vida

Vladimir de la Cruz

Me han preguntado, a propósito del ataque que hizo el Presidente Rodrigo Chaves a una niña que se refirió a él como “dictador”, cómo fue mi infancia en cuanto al respeto a las opiniones que como niño pude tener, haber dicho o hecho.

Tuve la dicha de vivir en una familia, en la que me enseñaron, desde pequeño, a opinar, a respetar mis opiniones, por contrarias que fueran a mi madre o a las personas mayores que me rodeaban.

Lo que importaba era que cuando opinara, o se me interrogara o pidieran mi opinión, dijera siempre mi “verdad”. La mentira no era aceptada, ni moneda de curso familiar. Mi abuelita materna decía: “El que miento poco, miente mucho”.

Se partía en esta práctica familiar de educar con una base de confianza absoluta. Especialmente, se nos enseñaba a actuar como “personas”, que lo éramos, “personas pequeñas”, no simplemente niños sin opinión, o sin posibilidad de poderse expresar. Se nos trataba como pequeños seres humanos, pero seres humanos con derechos y libertades que debíamos aprender a usar, disfrutar o gozar.

La mesa del comedor, en casa de mi abuelita materna, Ofelia, mi querida Ita, todos los días, porque yo pasaba mucho tiempo con ella, por el trabajo y el estudio de mi madre, era un centro de conversaciones importantes alrededor de la Historia de la Familia, donde se nos transmitían los valores familiares y sociales, que tenían mis antepasados, donde jugaban un papel muy importante mi bisabuelo Rafael Rodríguez y mi bisabuela Patricia Rodríguez, que eran primos.

De esta manera se nos enseñó al valorar a nuestra familia, por los ancestros, que también las otras familias del vecindario eran igualmente valiosas que la nuestra, y que lo más valioso de Costa Rica, eran todas las familias, que como la nuestra eran igualmente trabajadoras, honestas, honradas, eran personas de palabra, en la que la palabra valía y en ellos se podía confiar.

Igual sucedía en la mesa del comedor de mi abuelita paterna, Carmen. Fue mi experiencia de nieto con ella.

Años más tarde supe que mi padre y sus hermanos se criaron en circunstancias familiares más severas, con relación a su abuelo Gilberto, mi bisabuelo de origen colombiano, que no permitía que en la mesa del comedor se hablara. Solo mi padre Ignacio, se atrevía a levantarle la voz: “Verdad abuelito, que en la mesa no se habla”, le inquiría con regularidad. Y, nunca mi padre tuvo mordaza para decir lo que quería, ni lo que pensaba.

En 1967, cuando hacía los Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica, en una discusión que tenía sobre marxismo, en mi primer año universitario, con el filósofo Teodoro Olarte, suspendió la discusión preguntándome: “¿Usted cómo se llama? Le respondí: “Vladimir de la Cruz”. Se recostó levemente sobre la silla, pensando, sin dejar de fumar su pipa, y sin quitarse sus anteojos negros, dejó pasar un tiempo, que para mi fue eterno, y me preguntó: “Usted que es de Ignacio de la Cruz”. Le respondí: “Su hijo”, y terminó diciendo, “fue también mi alumno”. A partir de ese momento llegamos a tener una buena y respetuosa amistad, él como mi profesor, yo como su alumno y dirigente estudiantil que era en esos años, hasta su fallecimiento. Esto me llegó a afirmar ese espíritu libertario con el que fui criado y formado.

En la escuela y en el colegio tuve a mi maestra, la Niña Julieta de Vargas, y los diversos profesores, que nos formaron de igual manera, especialmente en los cursos de Historia de Costa Rica, Estudios Sociales y Formación Ciudadana, respetando nuestras opiniones, y obligándonos en cierta forma, a tener opinión sobre los diversos problemas del país. Estaban cerca todavía los sucesos de 1948, y vivíamos el impacto de la Revolución Cubana y de la Alianza para el Progreso, que impulsaba el presidente Kennedy, de lo cual se nos enseñaba a abordar estos, y otros temas políticos o económicos, con estudiantes que opinaban a favor y en otros estudiantes en contra.

Mis hijos fueron formados de igual manera, con el derecho a expresar siempre desde pequeños sus puntos de vista, sin imponerles el mío de manera paternal y obligatoria, pero también sin ocultarles mis pensamientos y opiniones, como los de su madre.

Cuando se empezaron a desarrollar con más fuerza los Derechos de los Niños en Costa Rica, allá por los años de la década de 1970, el Patronato de la Infancia adquiría una dimensión muy importante para la niñez costarricense. Había propaganda radial muy fuerte en este sentido, dirigida a los niños, señalándoles sus derechos, las atenciones que debían tenerse con ellos, el cuido y las relaciones respetuosas que se debían cultivar al interior de las familias.

Estoy consciente que en no todas las familias los niños tenían estos espacios de libertad, que no en todas las familias se les consideraba como “personas menores”, que se partía de una formación “rigurosa” de imponer valores o formas de conducta de manera autoritaria, identificadas plenamente con las posiciones y valores de sus progenitores, donde se les negaba el desarrollo de sus propias personalidades.

Como todos los niños, en mi infancia, fui bautizado por la influencia de mi familia paterna, hice la confirmación y la primera comunión en la Villa, hoy Ciudad Quesada. Fui a misa regularmente hasta que estuve en tercer año de colegio. Tuve profesores sacerdotes, amigos, que sin acudir obligatoriamente a las lecciones de religión, me invitaban asistir a ellas de “oyente” y asistía, cuando quería. Con uno de ellos, de origen cubano, llegado a Costa Rica, como resultado de la Revolución Cubana, hice muy buena amistad y le gustaba tratar temas sociales en sus clases.

Mi familia materna, por mi abuelita Ofelia, no era de misas, ni de oficios religiosos de ni ninguna especie. Creía en Dios y amaba a Cristo, pero no quería nada con la Iglesia ni con sacerdotes. Fue Teósofa y Rosacruz activa. Discípula de Tomás Povedano. Su padre, el bisabuelo Rafael, fue masón. Mi abuelita Carmen y la familia paterna, era sumamente religiosa. Así me desarrollé en el campo religioso, entre estos dos extremos.

Políticamente, en general, mis dos familias tenían raíces liberales. Por mi bisabuelo Rafael, masón, casi 20 años diputado, miembro de la Asamblea Constituyente de 1917, combatiente contra la dictadura de Tinoco, íntimo amigo del luchador anti tinoquista y presidente Julio Acosta. Se retiró de la política cuando la oposición a su partido le enfrentó, en una campaña electoral disputando una curul legislativa, a un yerno. Se retiró diciendo: “contra un hijo él no peleaba”.

El papá de mi abuelita Carmen, Gilberto Martínez, liberal colombiano, fue “combatiente de la guerra de los 1000 días”. Guardó prisión casi tres años, como compañero de celda de un presidente de Colombia. Le dieron salida a Panamá, entonces territorio panameño, y de ahí se trasladó a las Juntas de Abangares, donde llegó su esposa, la Abuelita Matilde, mi bisabuela, que llamábamos cariñosamente la “abuelita”, y procrearon 11 hijos, dos fallecidos infantes. Luego llegó su amigo, colombiano también, Manuel de la Cruz, quien terminó casándose con su hija Carmen, 30 años menor que él.

Políticamente se crearon mis dos familias, la materna y la paterna, en el liberalismo de la primera mitad del siglo XX costarricense.

Al morir el bisabuelo Gilberto, la abuela Carmen tomó la iniciativa de venirse para San José, pasando por Puntarenas, preocupada por la avanzada edad de mi abuelo Manuel. Llegó en los días de ascenso a la presidencia del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, quien le ayudó para que a mi abuelo le dieran trabajo en Obras Públicas, como Contador, hasta su muerte en 1949. Eso comprometió a mi abuela Carmen con el Dr. Calderón Guardia y el calderonismo, manteniendo a todos los hijos ligados al calderonismo hasta la llegada de Rafael Ángel Calderón Fournier a la Presidencia, cuando algunos de mis tíos se liberaron de esa corriente política.

De los hijos de mi abuelita Carmen, mi padre se vinculó al recién formado Partido Comunista en los años 40s, junto con uno de sus hermanos, el tío Gilberto que fue militante republicano español, antifascista y calderonista, en esos años y esa década. En esos días conoció a mi madre Zayda de Lemos Rodríguez, cuyo padre, mi abuelo Jacobo, era primo hermano de mi abuelita materna, Ita. Mi bisabuelo Adolfo, padre de Jacobo, fue el primer dominicano que llegó a Costa Rica. Militante en esos años de la sección costarricense del Partido Revolucionario Cubano, fundado por Martí en 1892 para luchar por la Independencia de Cuba y Puerto Rico, lucha que se libraba en esa década, estando en las dos visitas que tuvo Martí a Costa Rica.

La guerra civil de 1948 arrolló a la familia. Yo tenía dos años. Mi padre, que era dirigente estudiantil vanguardista, junto con Álvaro Montero Vega, en la Universidad de Costa Rica que empezaba a dar sus primeros pasos, fue obligado a salir del país. Mamá, por razones económicas y problemas de salud que tuve a los dos años no pudo seguirlo. Terminaron divorciándose. El, en Venezuela, se volvió a casar y me dio seis hermanos.

El ejemplo de mi madre, trabajadora, estudiosa, hasta graduarse de Microbióloga y gran lectora hasta sus días de muerte a los 82 años, me marcaron profundamente. Por el trabajo y el estudio de mi madre tuve que pasar bastante tiempo con mi abuelita materna.

De la guerra civil, el núcleo fundamental de mi familia materna se mantuvo en el caldero-comunismo, y mi madre se mantuvo en el comunismo militante, en el vanguardismo.

Otra parte de la familia se fue con el figuerismo y el liberacionismo que surgía en 1951. Esta situación me mantuvo en el respeto a los miembros de la familia que no pensaban como nosotros, los caldero-comunistas. La familia, por su parte, igualmente reaccionaba con sus distintos miembros, lo que hizo que la Familia Rodríguez, y los De Lemos Rodríguez, se mantuviera compacta, independientemente de con quien se simpatizaba o militaba en el campo político partidario, desarrollándose lazos solidarios importantes, pero respetando siempre las opiniones y decisiones políticas de los distintos familiares.

Ambas abuelitas buenas pintoras, ADN que han heredado mis nietos y nietas. Mi abuelita Ofelia, nieta del gran imaginero del siglo XIX Lico Rodríguez.

Así, el marco de mi formación fue de Libertad, de Respeto a las diversidades de pensamiento. De tolerancia y de enseñar, desde la temprana edad, estos valores, que se fortalecían con la libertad de opinar en y dentro de la Familia, con el respeto a las ideas propias de cada miembro. Así, a los 12 años, en 1958, apoyé a Mario Echandi, a quien se apoyaba por las fuerzas anti liberacionistas, en su candidatura contra Francisco Orlich. Desfilaba en bicicleta con un rótulo que decía: “La oposición triunfará”, y triunfó.

En la campaña electoral de 1961-1962, bajo circunstancias especiales, se facilitó la participación del Partido Acción Democrática Popular, que postulaba a Enrique Obregón Valverde, que en ese momento se acaba de retirar de Liberación Nacional, partido al que luego regresó. Obregón enfrentó a Orlich en su segunda oportunidad, en la que triunfó. Apoyé junto a mi familia materna, a mis 16 años, todavía menor de edad, a Obregón, y participaba de la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, desde que se fundó en 1960.

Así, desde mi niñez y adolescencia, como menor de edad, participaba de la vida política y electoral del país. Igual eran mis amigos de infancia y de esa temprana juventud.

Así educamos a mis hijos, respetándoles sus individualidades, sus valores políticos, y ellos respetando mis posiciones y actuaciones políticas, aun cuando no fueran militantes activos de mis tiendas políticas o electorales, pero apoyaron mis candidaturas presidenciales. Nunca se les forzó a seguir posiciones políticas, pero no se les ocultó lo que pensábamos políticamente. Aprendieron a respetarlas. Los valores humanistas eran más importantes en su formación. La presión familiar sobre ellos recaía en el estudio, los idiomas, el deporte y los aspectos culturales.

Mis nietos, todos, menos uno, son menores de 15 años, van en esa dirección de respeto total a sus inclinaciones de pensamiento, inquietudes culturales, fortaleciéndose en el estudio, el deporte (natación de piscina y de aguas abiertas, gimnasia, fútbol, tenis, corredores de pista, bici), las artes (pintura) y la cultura musical (piano, violín, batería), canto y teatro. Mantienen una maravillosa relación con éste su Abuelo, que al decir de uno de los menores nietos, es el “alcahueta más grande del mundo”, por las concesiones y apoyos que les hace, especialmente en comidas y gustos culinarios, por las negociaciones que sabe hacer frente a las disposiciones de sus padres, sin hacerlos perder la autoridad paternal.

Todos acostumbrados a decir lo que piensan, a defender sus posiciones, a reclamar sus derechos si los sienten amenazados. Todos han aprendido a negociar con sus padres. Especialmente, todos acostumbrados a decir la verdad, a no mentir, a pedir permiso cuando deben hacerlo, a aceptar decisiones de sus padres cuando les marcan reglas de comportamiento o de trato social, de manera inteligente y razonada, a dar las gracias siempre que son atendidos, a colaborar en las tareas domésticas, y a estimularlos en la preparación de los alimentos que van a consumir, desde la compra hasta la cocina, con igual respeto con quienes trabajan en sus casas. Especial atención de ellos es el trato a los mayores de edad, a su abuelos y tíos, que casi todos los tienen vivos…todavía.

Esos fueron los factores democráticos, entre otros valores, en que fui criado, educado y formado, y que sigo manteniendo.

A mí me alteró profundamente ver al presidente de la República que no respetara la opinión de una niña, hija del candidato presidencial Álvaro Ramos, cuando le fue adversa, cuando opinó negativamente de él. Lo que me sorprendió fue la reacción de miedo que le tuvo a esa niña. ¿Qué esperaba políticamente? Lo mínimo, la identificación de la niña con su padre el candidato, contra el presidente a quien se le acusa de “autoritario”, que quiere mantenerse arbitrariamente en el gobierno, que trata de impulsar una estructura dictatorial de gobierno, que quiere acabar con la democracia nacional.

En las campañas electorales se acostumbraba, y se sigue haciendo, el de organizar jóvenes, de las familias de los simpatizantes y activistas de cada partido para que el día de las elecciones estén en los centros de votación, participando activamente a favor de sus candidatos, y para servir de guías de los electores a las mesas de votación.

En las escuelas y colegios hay elecciones estudiantiles, de infantes, de menores de edad. Incluso hay regulaciones electorales, de estos procesos estudiantiles, al amparo del Tribunal Supremo de Elecciones.

Obviamente los hijos de los candidatos a cualquier puesto de elección popular están más identificados con sus parientes candidatos, y con los partidos de ellos.

¿Qué se puede esperar de hijos de candidatos a la Presidencia, como la hija del candidato Álvaro Ramos? Lo mínimo, identificación con su padre candidato, con lo que él piensa y con lo que se dice de sus principales contrincantes y de lo que se critica del gobierno, y del presidente de turno, sobre todo si se tienen todas las características de un déspota, un tirano, un dictador, un ser absolutamente autoritario.

¿Qué se puede pensar del presidente que actúa violentamente contra lo que dice una niña de él? ¿Y que se puede pensar de un presidente que ante manifestaciones políticas de una niña le echa encima a ella y su familia toda la institucionalidad del Estado, pidiendo represión contra ellos?

Lo mínimo que se puede pensar es que a su familia, la del presidente, la trata violentamente, sin ningún respeto, imponiéndoles a la fuerza sus opiniones, sin permitirles ningún tipo de libertad de pensamiento. Podemos entender por ello el descalabro que la educación nacional ha tenido en este gobierno.

Si alguien se debiera investigar en sus relaciones familiares y parentales es al presidente de la República, si él quiere ser el prototipo de los costarricenses. ¿Cuál es la imagen que el presidente proyecta en estas materias? La del machista, la del abusador, la del negacionista de derechos, la del dictador esposo, la del tirano padre, la del presidente macho cabrío despidiendo el olor hircino para marcar constantemente su territorio…en su casa, en la Casa Presidencial, que la de todos los costarricense, y en todo el territorio nacional…

La reacción que ha tenido el presidente no es solo contra esa niña. Es contra todos los niños de Costa Rica, sin entender cuál es la situación real y actual de la niñez costarricense. Sin entender que los niños son personas, que se les educa para ser ciudadanos en el futuro no muy lejano para ellos. Sin entender que hoy los niños se educan con criterios más amplios respetándolos como personas pequeñas, con sus propios derechos y libertades.

A la niña del candidato Ramos hay que destacarla. Es un ejemplo para la niñez y los jóvenes, pero también para padres de familia y educadores.

Los indecisos: El actor silencioso que decide las elecciones 2026 en Costa Rica

Luis Gilberto Martínez Sandoval

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Dirigente Sindical, Escritor, Científico Social

William Barrantes Sáenz

William Barrantes Sáenz. Economista.
MBA Universidad del Estado de Kansas USA.
Ex Gerente General y Presidente Ejecutivo del CNP,
Ex Director Administrativo del MAG
Ex Gerente del Ministerio de Transformación del Estado.
Empresario CEO de la empresa WB y Asociados SA.
Asesor, consultor y docente.
Presidente de la (AZEEPC) (AREDE)
Agencias para el desarrollo económico local de la Región Pacifico

I

En cada proceso electoral costarricense hay un protagonista, en los ultimos tres periodos, que no aparece en papeletas ni encabeza mitines, pero que termina definiendo el rumbo del país: los indecisos. Se trata de un sector amplio de ciudadanía que, aun teniendo derecho al voto, no ha definido su preferencia politica, no quiere ser identificado, o no se siente representado por ninguna opción partidaria. Lejos de ser apáticos, los indecisos son, en muchos casos, votantes críticos, informados y exigentes.

II

Es un porcentaje que inclina la balanza. Diversos estudios y encuestas han mostrado que en Costa Rica los indecisos pueden representar: entre 30% y un 45% del electorado antes de que inicie formalmente la campaña. Entre un 20% y un 30% en las semanas previas a la elección. Un grupo no menor que define su voto el mismo día. Este comportamiento explica por qué el país ha experimentado: alta fragmentación del voto, repetidas segundas rondas presidenciales, cambios drásticos entre encuestas y resultados finales.

III

¿Quiénes son los indecisos? No responden a un solo perfil. Incluyen jóvenes, personas adultas y adultos mayores; trabajadores del sector público y privado; habitantes urbanos y rurales. Sin embargo, comparten algunas percepciones comunes: desconfianza hacia los partidos tradicionales, cansancio ante promesas incumplidas y escándalos de corrupción, preferencia por evaluar personas y propuestas, no colores políticos, rechazo a los discursos extremos y confrontativos. Para este sector, la credibilidad pesa más que la retórica.

IV

El rol de los indecisos en la última semana antes de las elecciones ha sido, de facto, una de las variables estructurales más importantes para explicar por qué en Costa Rica se ha tendido a segunda ronda en las últimas tres elecciones presidenciales. La gran proporción de votantes que decide su voto tardíamente (o no lo hace visible), introduce volatilidad en las encuestas finales, hace impredecibles los resultados de primera vuelta y hace que el umbral del 40 % sea difícil de alcanzar sin un movimiento masivo y tardío de apoyo electoral, lo cual pone a algunos candidatos a perder el sueño en esos últimos días de la elección.

V

Los indecisos, son un desafío para la democracia y representan un reto para los partidos políticos, pero también una oportunidad. Obligan a mejorar el debate, a presentar propuestas claras y a reconectar con una ciudadanía que exige resultados y coherencia.

VI

En una democracia madura como la costarricense -75 años -, los indecisos no son un problema, sino una señal de que la ciudadanía piensa, cuestiona y decide con cautela. Ignorarlos es perder una elección; escucharlos, puede ser la clave para entender al país y ganar la elección. Veremos los resultados este primer domingo de febrero de 2026.