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Punto de inflexión

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Rompieron los fuegos electorales en Costa Rica y las sospechas que veníamos planteando en anteriores columnas acerca de la instrumentalización de ciertos temas con fines políticos, ha empezado a asomarse con fuerza y hacerse realidad.

Las reglas del juego narrativo están planteadas: entre mayor sea el desaguisado verbal, mayor la multiplicación de algoritmos que encontrarán tierra firme en la persistencia de los enojos frente a la crisis, la inseguridad, el desempleo y la misma inoperancia del sistema político costarricense.

Si la campaña sobre la mordaza desplegada desde el mismo gobierno usando la vitrina de sus instituciones como caja de resonancia, tan solo unas horas después de iniciada la contienda electoral, nos enseñaba que el camino no estaría para nada llano, en los últimos días dos figuras políticas se han encargado de hacernos ver que esta será una contienda de la cual no saldremos intactos: será esta la contienda que marque el punto de inflexión sin retorno en el escenario democrático nacional.

El diputado oficialista Jorge Rojas nos ofreció una joya de antología alegórica y fantasiosa, al invitar a los opositores al presidente Chaves, abandonar el país si “no estaban a gusto” con su estilo o decisiones. En realidad, lo de alegórica y fantasiosa no son más que anécdotas retóricas, porque evidentemente hay que leer con cuidado esta clase de afirmaciones e invitaciones.

Así empiezan a construirse escenarios dictatoriales: de la narrativa y el discurso al hecho. La alerta está encendida.

No menos tendenciosas las declaraciones de la candidata presidencial Natalia Díaz, quien ha hablado de la “basura social” que llega a Costa Rica desde otros países.

Sin detallar nacionalidades o actividades, Díaz ha dejado abierta la percepción de que cualquier migrante puede ser concebido como basura social. Este tema claramente será uno de los tópicos top al que acudirán las variopintas opciones del espectro de centroderecha que atizan la parrilla electoral. Ya lo habíamos adelantado en anteriores reflexiones.

Deberemos prestar atención al tono, sentido y orientación de estas y otras narrativas que seguramente ganarán adeptos en medio de la volatilidad del voto que se avecina.

La alerta está encendida. Es máxima.

El principio de autoridad y la beligerancia política

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

A raíz de la solicitud hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones ante la Asamblea Legislativa, para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por quince de veinticuatro denuncias presentadas por beligerancia política, quedando pendientes nueve; han surgido sus defensores políticos y de oficio, como era de esperar. Pero hay tres que me han dejado sorprendido, la diputada y jefa del oficialismo Pilar Cisneros y dos abogados, uno su defensor de oficio y otro oficioso, analista por la prensa; una dice que estamos ante un “golpe de estado institucional”, y los otros hacen todo un galimatías entre la Constitución y el Código Electoral, para tratar de demostrar que no existe una normativa constitucional y legal que permita levantar ese fuero al presidente y que, por lo tanto, es improcedente y “legalmente equivocada y temporalmente inoportuna”, como dijo uno de ellos.

Ante semejantes afirmaciones chavistas, creo que vale la pena tratar de desenredar la madeja que tratan de montar, y ver las cosas simplemente dentro del marco y letra de la ley que nos dice primero la Constitución Política, como norma fundamental, sobre el principio de legalidad. Dice su artículo 11:

– Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes…

Entonces, como primera cosa a tener en cuenta es que don Rodrigo y doña Pilar no pueden ni hacer ni interpretar la ley como les dé la gana, pues juraron, sino por Dios por ser ateos disimulados o declarados, aunque sea ante un quipu o por lo más sagrado que tengan, el respeto de la Constitución y las leyes que de ella se derivan.

Pero, además, el artículo 102 de la Constitución la otorga al TSE atribuciones especiales y exclusivas, como, por ejemplo:

– Interpretar en forma exclusiva y obligatorias las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral.

– Investigar por si o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos políticos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren exigírsele. No obstante, si la investigación realizada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno…el Tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación.

Bien, puede verse claramente que el TSE si tiene potestad legal para sancionar sobre todas las denuncias que haya por cualquier incumplimiento de la ley. Y bien, de lo hasta aquí transcrito de la letra constitucional, eso es lo que ha sucedido, ni más ni menos. Como dice el dicho, no hay que brincar mucho pues el suelo está parejo.

Ahora bien, ¿qué sigue después? Para esto, debemos referirnos al artículo 121 inciso 9 de la Constitución sobre las atribuciones de la Asamblea Legislativa que dice:

– Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, vicepresidentes, ministro de Gobierno… declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamientos…

Queda demostrado por lo tanto que, al contrario de lo que dicen algunos leguleyos “chavestistas”, la Asamblea Legislativa si tiene potestad para conocer las acusaciones por clara beligerancia del presidente Chaves pues incumplió en cada una de ellas, con las prohibiciones legales de participación política, violando la Constitución y el Código Electoral. Así, la Asamblea deberá juzgar con base en el 121 inc.9 transcrito y el segundo párrafo del artículo 270 del Código Electoral, si la acusación que le remite el TSE es admisible o no, cumpliendo así con el trámite legal correspondiente a lo interno de la Asamblea Legislativa. Si ésta considera que los delitos electorales cometidos, en este caso beligerancia, justifican el levantamiento de la inmunidad, el expediente del presidente Chaves regresa al pleno Tribunal Supremo de Elecciones que, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 270 resolverá según corresponda. ¿Y qué corresponde en este caso?, lo que señala claramente el último párrafo del artículo 146 del Código Electoral que dice:

– El TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contenidas en este artículo.

Los funcionarios citados en el 146 son, entre otros, el presidente, vicepresidentes, ministros y una extensa lista, a los cuales en ese mismo artículo se les prohíbe:

– … Participar en las actividades de los partidos políticos, asistir a clubes o reunión es de carácter político, utilizar la autoridad e influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar avisos en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidaria de cualquier otro género… únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones en la forma y condiciones establecidas en este Código…

No se puede ocultar el sol con un dedo, es muy claro que el presidente como es su costumbre ha violentado y violado… la ley en infinidad de oportunidades y, además, ya en campaña, cada vez que consiente la presencia de los candidatos de su partido-taxi en actos oficiales, él y ellos violan la ley. Y cuidado, a lo mejor pueden llegar a ser excluidos de las elecciones si a alguien se le ocurriera presentar una acusación.

Por supuesto que todas las teorías legales y políticas para desacreditar esta acusación no son más que eso, formas de ocultar la verdad y los procedimientos ilegales y fraudulentos del chavismo. No hay tal golpe de estado institucional, absurdo de quien sufre una “termocéfala de poder” y cuyas consecuentes isquemias le impiden la suficiente claridad mental para darse cuenta de sus absurdos, o bien otros por ínfulas de notoriedad profesional, necesaria en quienes no han logrado madurar en los conceptos básicos de la profesión o los que siempre tienen a disposición un Sinpe.

Pero unos y otros, incluyendo los que nos amenazan con acabar con la democracia y sacarnos de nuestro país, sepan que no les será tan fácil; no se les teme y sabemos defender un país que construyeron con grandes sacrificios nuestros abuelos.

El sometimiento policial y de la Seguridad Pública ante el Tribunal Supremo de Elecciones

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El pasado 1 de octubre dio inicio oficialmente el proceso electoral de Costa Rica, para cambiar al presidente de la República, sus dos vicepresidentes y la integración de los 57 diputados del Poder Legislativo.

Las elecciones se realizarán simultáneamente el primer domingo de febrero del 2026. Si en esa fecha ningún candidato presidencial, de los 20 inscritos, alcanza el 40% de los votos, se procederá a una segunda vuelta con los dos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos o el mayor porcentaje electoral. Esta segunda ronda se resolverá, por simple mayoría entre esos dos candidatos el primer domingo de abril del 2026.

Los diputados electos el primer domingo de febrero asumen su curul legislativa el primero de mayo del 2026 y el ocho de mayo, ante ellos, el nuevo presidente de la República, por un período de cuatro años asume la presidencia de la República.

El proceso electoral es absolutamente blindado, seguro y hasta ahora ha sido eficaz y confiable a los ciudadanos.

Resultado de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, en Costa Rica se produjo un cambio político radical. La causa de la guerra fue la anulación de un resultado electoral presidencial a favor del periodista Otilio Ulate Blanco, frente al “socialcristiano”, reformista, aliado de los comunistas, Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, que aspiraba a una reelección, después de haber sido presidente de la República, en el periodo 1940-1944, luego de haber impulsado una reforma social muy avanzada, que comprendió la aprobación del Código de Trabajo, en 1943, y la incorporación a la Constitución Política del Capítulo de las Garantías Sociales, en 1943.

El gobierno que le siguió, del Lic. Teodoro Picado, de 1944 a 1948, fruto de una coalición con los comunistas, aprobó, entre otras cosas, una Reforma Tributaria y un Código Electoral, en 1946, para garantizar “pureza en los sufragios” para evitar situaciones de “fraudes” en procesos electorales como los que se habían cuestionado anteriormente.

Los insurrectos, defensores de su victoria, enemigos políticos de los derrotados, contrarios a las reformas sociales y a la alianza existente con los comunistas, ante la anulación de las elecciones que perdía Calderón Guardia, se levantaron en armas a favor del resultado electoral para Otilio Ulate. Triunfados, los insurrectos se impusieron por dos años a Ulate, quedándose en el poder hasta el 7 de noviembre del 1949, llamando a ese período de Gobierno como el de la Fundación de la Segunda República, que se extiende en tiempo histórico hasta hoy.

Durante los 19 meses de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se hicieron reformas muy importantes. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual Constitución Política, se mantuvo el Código Electoral. Al Tribunal Nacional Electoral, que había nacido con el Código Electoral en 1946, se le cambió de nombre por Tribunal Supremo de Elecciones, otorgándosele luego el carácter de Poder de la República, junto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con igual nivel jerárquico, independencia administrativa, exclusividad e indelegabilidad de sus funciones. También, se abolió el Ejército como institución permanente en Costa Rica, sustituyéndose por una Fuerza Pública policial.

Entre las decisiones que se tomaron se estableció al Tribunal Supremo de Elecciones como el órgano director y organizador de todos los procesos electorales, cuyas resoluciones sobre los resultados electorales son inapelables. Así ha sido desde 1949 hasta hoy.

Todos los procesos electorales presidenciales, los 18 que ha habido, han sido respetados en sus resultados. Sobre ninguno de ellos se ha cuestionado nada relacionado con el proceso electoral. Esto ha provocado en estos 76 años un alto nivel de cultura política, cívica y electoral sobre la validez de los procesos electorales, al punto que, al día siguiente de cada proceso electoral, el resultado es aceptado y validado popular, política y nacionalmente por todos los partidos políticos que participaron en cada proceso electoral y por los seguidores de ellos, así como por los abstencionistas electorales de urnas y por los que no se presentaron a votar.

Un elemento destacable de estos procesos electorales y de la institucionalidad política costarricense, es que toda la Fuerza Pública, la fuerza policial, desde el primer día que inicia el proceso electoral, el 1 de octubre, hasta el día final que termina el mismo, con sus resultados electorales validados, se somete en mando supremo al Tribunal Supremo de Elecciones. Se le quita el mando de la Fuerza Pública al Poder Ejecutivo y se pasa al “Poder” electoral, garantizando con ello que el Poder Ejecutivo no puede presionar ni usar de ninguna manera a las fuerzas policiales, “armadas”, en su poder y mando para actuar sobre el proceso electoral. El Ministerio de Seguridad, puesto así, queda subordinado durante todo el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones, situación que no se da en ningún país del continente Americano, por más democráticos que puedan llamarse. Lo usual en todos esos otros países es que las Fuerzas Armadas, los Ejércitos y los militares, ocupen un lugar destacado en el manejo del proceso electoral, especialmente relacionado con el cuido, manejo de las urnas electorales y de sus traslados a los recintos donde se cuentan los votos.

La organización electoral, en Costa Rica, desde la producción del material de votación, la distribución del mismo a las distintas Juntas Electorales, queda en mano del Tribunal Supremo de Elecciones y no de la Fuerza Pública policial, así como la recolección de las tulas electorales, con las boletas o papeletas de elección, que las disponen para su entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, los miembros civiles, no militares, representantes de los partidos políticos en las mesas electorales, dejándose copia de los resultados todos los miembros de los partidos políticos que participan del conteo de los votos.

En todo el proceso electoral no participan de manera directa las fuerzas policiales, más allá de estar supeditadas al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar de esa manera los comicios electorales.

El que esto escribe fue candidato en tres ocasiones a la presidencia de la República, en 1998, 2002 y 2006. En una de esas elecciones se presentó una situación particular, en dos mesas electorales, en dos pueblos y recintos electorales muy alejados entre sí, en Desamparados de la Provincia de San José y en Talamanca, en la Provincia de Limón.

Las juntas electorales se integran con ciudadanos, civiles, no militares ni policiales, representantes de los diversos partidos políticos que participan en las elecciones, que así los nombran. En ambas mesas electorales, curiosamente, casi a la misma hora, alrededor de las 10 de la mañana, se presentaron los siguientes hechos: en una se presentaron policías armados a ejercer su derecho de voto. En la otra, ingresó a la Escuela del recinto electoral, un vehículo policial con policías armados a ejercer su sufragio. En ambos casos, las juntas electorales actuaron de igual manera. Impidieron que los policías “en armas”, portando sus pistolas, ingresaran de esa manera a los recintos electorales, obligándoles a “desarmarse” y a retirar de la escuela, donde estaban las Juntas Electorales, los vehículos policiales. Los policías protestaron y se negaban a dejar sus armas. En ambas situaciones las Juntas Electorales suspendieron el proceso de votación mientras se consultaba al Tribunal Supremo de Elecciones, las situaciones que se estaban dando. El Tribunal fue contundente y en minutos resolvió que las Juntas Electorales tenían razón y que los policías, bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones, debían desarmarse para entrar a ejercer sus derechos electorales.

Esta es una situación realmente única en el mundo. Difícilmente hay otro país en que en el proceso electoral así se actúe, con las fuerzas militares y policiales bajo el poder y el control de los Órganos Electorales competentes y constitucionales. Este es parte del valor democrático de la sociedad costarricense.

En la ceremonia de traslado de mando de la Fuerza Pública al Tribunal Supremo de Elecciones, del pasado primero de octubre, el presidente de la República, como autoridad superior del Poder Ejecutivo participó del acto protocolario con muy mala cara. No se le veía satisfecho, contento de entregar el mando policial a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, habida cuenta que en dicho acto se le restaba fuerza y se le quitaba el argumento de que el Tribunal Supremo de Elecciones venía fraguando un posible Golpe de Estado, motivo por el cual él, el presidente, convocó a la Reserva Nacional, para resguardar su seguridad política y la del Estado.

Igualmente, en sus discursos provocadores, destacaba que, junto con la Reserva Nacional, la fuerza pública que le protegía se duplicaba en efectivos en armas frente a cualquier intento de golpistas o posibles insurrectos contra su gobierno. Obviamente, si sigue con la cantaleta del Golpe de Estado, no solo contra su gobierno sino también contra su candidata, entenderá que ahora el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su cargo la Fuerza Pública, e institucionalmente es el jerarca superior de todas las fuerzas policiales del país.

¿Y la Reserva Nacional? ¿Está funcionando? ¿Bajo cuáles autoridades o jefaturas, o bajo cuál Ministerio, el de Seguridad o el de la Presidencia, o como guardia personal del presidente de la República?

Si la Reserva Nacional está organizada, convocada y funcionando, también debe someterse en obediencia de mando ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿O no es así?

¿Por qué en la ceremonia de traspaso de Banderas de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, que se le entregó en mano a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, no se hizo lo mismo, simbólicamente al menos, con los distintivos y efectivos y contingentes de la Reserva Nacional? ¿Se está violando la Constitución Política? ¿Sigue la Reserva Nacional, si está organizada y entrenando como lo ha venido haciendo, como una policía especial del presidente, como eran las policías del Partido Nazi alemán, desde 1921, la SA, (la Sturmabteilung), o las tropas de asalto, que actuaron en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, y las SS (las Schutzstaffel), que se mantuvieron hasta el final de la II Guerra Mundial, protegiendo al dictador?

Si la Reserva Nacional (reserva@msp.go.cr) está convocada, organizada y entrenando oficialmente, debe realizarse oficialmente, también, una ceremonia mediante la cual se someta en obediencia institucional y policial militar ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente, debe sancionarse a las autoridades que no trasladaron ese mando como constitucionalmente está establecido, ocultándolo, sea el presidente de la República, con el “ejército” que lo considera casi privado suyo o los altos jerarcas ministeriales del Ministerio de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y Manuel Jiménez Steller, el viceministro de las Unidades Especiales, como lo eran la SA y la SS de Hitler.

Compartido con SURCOS por el autor.

Fraude electoral

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Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Cuando la Presidencia de la República irrespeta la Constitución Política en una campaña electoral, incurre en fraude.

Cuando esa misma Presidencia irrespeta la legislación electoral, violentando la neutralidad que busca un trato justo entre los contendientes, incurre en fraude. Cuando también usa indebidamente recursos del Estado, para influir en la opinión de los electores a favor de candidatos oficiales, incurre en fraude. Cuando lo hace en contra de candidatos de oposición, igualmente incurre en fraude. Cuando lanza ataques soeces contra las autoridades electorales, con la evidente intención de resquebrajar la sólida confianza de los costarricenses en el Tribunal Supremo de Elecciones, incurre en fraude.

Cuando manipula las redes sociales con troles, perfiles falsos, personas inexistentes, en apoyo de «supuestos logros», para sumar simpatizantes de cara a las elecciones, incurre en fraude.

Cuando maltrata de palabra a periodistas de medios independientes, que se «atreven» a incomodarlo con preguntas de incuestionable interés público, incurre en fraude. Cuando «inaugura» obras que no se han siquiera iniciado para engañar a los habitantes, incurre en fraude.

Cuando culpa a los organismos de control del gasto, del fracaso de obras mal planificadas, como “ciudad gobierno” y una “marina en Limón”, con la intención de erosionar su ganado prestigio institucional, incurre en fraude.

Cuando sin escrúpulo alguno, se burla de la fundamental veda electoral que reafirma la prohibición a mostrar beligerancia política de cualquier tipo, incurre en fraude.

En fin, independientemente de la magnitud de las ilegalidades cometidas, cualquiera de ellas puede ser suficiente para cambiar el resultado de una elección reñida como la que se vislumbra. Muestra de esa eventual situación, fue el triunfo de don Óscar Arias sobre don Ottón Solís, decidido por solo el 1,1 % de los votos, sin que se hubiera dada beligerancia política alguna atribuible al respetado expresidente don Abel Pacheco.

Es claro pues, que incluso una beligerancia política apenas insinuada, podría tener un efecto brutal sobre la democracia, ¡si no es sancionada!, como ha de serlo en un país de derecho como Costa Rica, pues un resultado electoral sucedido en un contexto como el resumido, sería equivalente a un golpe de Estado, de sensibles, dolorosas, irreparables, consecuencias para nuestra amada Costa Rica. La sagrada voluntad popular, expresada en votos libres de perversas ilegalidades es el cimiento más importante de la institucionalidad que nos rige, y sobre la cual se ha construido un Estado admirado en el concierto de las naciones.

Por todo lo anterior, si en este momento histórico al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, se le ha de juzgar por numerosas causas de beligerancia política, y para ello es menester contar con el aval de una Asamblea Legislativa consciente de su alta responsabilidad, lo que los costarricenses esperamos es que las diputaciones se liberen de intereses personales o políticos, y le garanticen al señor presidente la oportunidad de responder a las acusaciones, con las opciones que le brinda el texto constitucional y la legislación electoral.

A solicitud de los magistrados del TSE, las damas y caballeros representantes populares que temporalmente conforman el Primer Poder de la República tienen ante sí, una responsabilidad superlativa, nunca antes vista. Su histórica decisión, aunque sustentada en hechos ya sucedidos, ¡es aún más importante para el futuro de la democracia costarricense!

Y es así pues en el caso injustificable de impedir juzgar al ciudadano que hoy preside el Poder Ejecutivo, se le estaría otorgando a éste un permiso para que, impunemente, siga adelante con su muy cuestionado comportamiento. Sería cual invitación, a mostrar sin desparpajo alguno, una beligerancia política desvergonzada, irrespetuosa, descarada, con la certeza de que cuenta con legisladores que le protegen e invitan a seguir por ese camino, y que no habría nada que le impida hacer lo que le dé la gana hasta el final de su administración.

Se trata pues, de escoger entre fortalecer el sistema democrático que aspiramos heredar a nuestros hijos y nietos, o el de asumir la vergonzante actitud de ponerse del lado de los que piensan que la Patria no es más que una palabra hueca, intrascendente, sin valor alguno. Por ello, respetuosamente instamos a las mujeres y hombres que están a pocos meses de alejarse de la gran sala del Plenario Legislativo, que antes de decidir cómo votar, lo conversen al interior de sus núcleos familiares, como generalmente sucede cuando se trata de tomar decisiones trascendentales que también afectan, para bien o para mal, a sus seres más queridos.

Dejar pasar como una cosa sin importancia una decisión semejante, podría tener efectos fatales, impensables, para la Costa Rica que solemnemente, invocando al Creador, una vez prometieron defender.

¿Y si el cansancio moral incuba una esperanza?

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Henry Mora Jiménez

Días atrás tuve la ocasión de leer el motivador artículo “El cansancio moral de un país decente”, escrito por Vinicio Jarquín, a quien no tengo el gusto de conocer.

El artículo, aunque sugestivo y conmovedor, trasluce un halo de desaliento que seguramente el mismo autor no desea transmitir. Por eso, quiero aprovechar la gran audiencia que el artículo de V. Jarquín ha tenido en redes, para proponer un mensaje más esperanzador, porque incluso cuando navegamos en aguas turbulentas y no se avizora tierra cercana, nunca debemos de renunciar a ese rayo de “pesimismo esperanzador” que nos permitirá encontrar una salida. Mi visión no es opuesta a la de V. Jarquín, quizás más bien complementaria.

V. Jarquín diagnostica un malestar profundo, pero (supongo que conscientemente) nos deja en el límite de lo sintomático. ¿Y si la esperanza no es solo un «algo que volverá”, sino que puede y debe ser cultivada de manera activa y estratégica?

Jarquín describe como la mayoría decente «se ha replegado a su vida privada porque el espacio público se volvió inhabitable». Esto, aunque comprensible, indicaría una rendición tácita.

¿Y si en lugar de un simple «repliegue», lo que podría estar ocurriendo es un proceso de incubación? La gente no se está rindiendo; está buscando y creando espacios públicos alternativos donde al menos la decencia sea una norma imbatible.

Si es así, entonces la energía no se pierde, se redirige. Pero seguramente, por el momento, la esperanza está en fortalecer las comunidades locales, reales y virtuales, nuevas esferas públicas donde la ética, el debate de altura y la cooperación sí funcionan.

Como lo he expresado en otro momento, en lugar de solo quejarnos de los espacios (y los algoritmos) que premian el escándalo y la corrupción, debemos apoyar con gran entusiasmo a periodistas, artistas y creadores que producen contenido sensato, riguroso, valiente y constructivo. Esto «reprograma» el espacio digital.

Jarquín dibuja a la mayoría silenciosa como agotada y sin voz. Esto, nuevamente trasluce desánimo, porque nos presenta como víctimas inermes.

¿Y si el silencio no es sinónimo de impotencia? Puede ser una elección deliberada y hasta estratégica de no participar en una conversación pública que se ha vuelto estéril y tóxica. Es un «cansancio activo» que rechaza las reglas del juego actual.

El desafío no es que esta mayoría «recupere su voz» en el mismo escenario ruidoso y ruinoso, sino que cambie el canal de comunicación.

El boicot a medios y espacios que patrocinan la vulgaridad y la violencia es imperativo. Impulsemos el voto informado y masivo en las elecciones que se avecinan. Incluso el acto deliberado de ignorar el circo mediático es una forma poderosa de actuar sin necesidad de gritar.

Cada persona que en su día a día elige la honestidad, la paciencia y el respeto, está siendo un líder activo. Esta es una revolución silenciosa pero constante.

Otro punto. La visión de Jarquín presenta el cansancio como una carga. No lo descarto, pero podemos verlo también con otros ojos, alineándonos incluso con su última y hermosa frase: «Es el alma del pueblo respirando antes de volver a ponerse de pie».

El «cansancio moral» puede ser la señal de salud de un cuerpo social que se da cuenta de que un sistema (el de la confrontación, la mentira y la vulgaridad como normas) no nos representa y no es funcional a la democracia. Puede ser el agotamiento que precede a una gran transformación. Es el fin de un ciclo, no el fin del camino.

Así, en lugar de lamentar el cansancio, es muy positivo advertir que lo estamos reconociendo a tiempo. Nos está diciendo: «Este camino no es viable. Busquemos otro».

Porque la esperanza reside en usar este momento de creciente rechazo para reflexionar colectivamente sobre qué tipo de comunicación y política (y políticos) queremos.

¿Y si este malestar es el caldo de cultivo perfecto para que surjan nuevas formas de liderazgo, nuevos modelos de diálogo y nuevas plataformas de participación que sean inherentemente más éticas, respetuosas y constructivas?

La mayoría no está en retirada, está en un proceso de reagrupamiento y redefinición de sus tácticas.

El cansancio no es el final, puede ser el síntoma de que algo está a punto de cambiar para mejor. Es la señal de que lo viejo se está agotando para dar paso a lo nuevo.

La verdadera esperanza no es una expectativa pasiva de que las cosas mejoren, sino la convicción activa de que tenemos la capacidad de construirlas mejor.

El artículo de Jarquín nos da la razón para actuar; el optimismo nos da el impulso para hacerlo.

Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio lanza guía de campaña electoral para un debate libre de discursos de odio y xenofobia

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Costa Rica enfrenta una realidad migratoria compleja: miles de personas llegan al país buscando refugio y mejores oportunidades, mientras las comunidades locales enfrentan desafíos de integración y convivencia. En este contexto, la forma en que se aborda la migración durante el presente proceso electoral es especialmente relevante, ya que los discursos políticos influyen directamente en la percepción pública y en la vida cotidiana de quienes se encuentran en situación de movilidad humana.

El próximo 16 de octubre a las 10:00 a.m., en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidenta de la República, de la Asamblea Legislativa será sede de la presentación de la “Guía de Abordaje de la Migración en la Campaña Electoral 2025-2026”, con transmisión en vivo por Facebook Live de ASIDEHU, la Asamblea Legislativa y medios aliados. En el evento participarán diferentes actores, como son: candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y diputaciones de los diferentes partidos, así como representantes diplomáticos, ex presidentes de la república, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

La Guía busca promover un debate electoral libre de discursos de odio, ofreciendo lineamientos para prevenir narrativas discriminatorias y fomentar el uso de información verificada. Su objetivo es que las propuestas políticas reconozcan tanto las necesidades como los aportes de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y desplazadas forzadas.

Tras la presentación, las candidaturas al Poder Ejecutivo y Legislativo podrán firmar un acta de compromiso voluntario para aplicar los principios propuestos por esta Guía, garantizando campañas basadas en la inclusión, el respeto y la veracidad.

El documento fue elaborado por la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio. Este espacio reúne a más de 60 organizaciones, colectivos, universidades y académicos que trabajan en temas de movilidad humana, manteniendo un carácter autogestionado y apartidario.

Con la presentación de esta Guía, las organizaciones esperan que la campaña electoral 2025-2026 se desarrolle en un ambiente democrático, plural y respetuoso de la diversidad, fomentando un debate político alineado con los compromisos internacionales de Costa Rica en Derechos Humanos.

La última “salida” de Cisneros

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Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Con su reciente anuncio, la diputada Cisneros, reconocida «directora de propaganda» del gobierno chavista, de que ella, con el equipo que usa en el Congreso para leer discursos, va a generar producciones desde Zapote, para romper la veda electoral que, entre otros, prohíbe al presidente Chaves hacer propaganda a favor del partido político chavista, y en contra de los partidos de oposición, está, «sin querer queriendo», comprometiendo al mandatario y, esto es muy importante, a los medios que se atrevieren a contratar las transmisiones que la diputada tiene planeado hacer desde Casa Presidencial.

¡Veamos! Si el artículo N°142 del Código Electoral, PROHÍBE «difundir mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada», y la diputada ha confesado que tratará de incumplir tal prohibición, cual, si estuviera de regreso en un noticiero de televisión, sentimos que se está metiendo en un enmarañado manglar.

Por un lado, no puede negar que ella es, de hecho, parte del equipo de propaganda de Casa Presidencial. Eso no es ninguna sorpresa. Asimismo, no puede pretender que tenga alguna importancia de quién es el equipo de transmisión que usaría para con él, burlar la legislación electoral, que todos los costarricenses tenemos el deber de cumplir. Aunque un par de aparatos supuestamente sean comprados por «perico de los palotes» (algo intrascendente), la Cisneros piensa que, al no ser de la Presidencia, ello le dará un matiz de legalidad a su “genial idea”, y que así, el pobrecito que hoy se siente «amordazado«, podría lavarse las manos cual infantil inocente, pues él (piensa ella) no tendría responsabilidad alguna de la propaganda que se transmitiría por iniciativa de otros, y que Chaves se muere por ejecutar.

Para ello, Cisneros, quien recordemos no tiene prohibición, piensa que hasta podría transmitir propaganda pagada por el partido oficial… con Chaves como actor laureado como principal protagonista. ¡Ni el actor de origen indio que se ha hecho famoso gracias a un diputado pugilista, podría sustituirle!

“Dicen que se dice”, que, como el abogado de Chaves, ahora candidato a diputado por Alajuela, es tan olvidadizo, al asesorarlos seguro olvidó que, a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro prestigioso Tribunal Supremo de Elecciones reafirmó que Costa Rica habría de contar con mecanismos que eviten el uso indebido del aparato público en las campañas electorales, para evitar la difusión de propaganda oficial durante el periodo electoral. Explícitamente se anota razonablemente, que, aunque no se incurra en gasto público directo, la visibilidad y la amplificación de los mensajes que otorgan los canales oficiales pueden influir de manera ilegítima en la intención de voto de la ciudadanía.

Asimismo, el TSE dispuso que también queda prohibida la publicación de ese tipo de mensajes en plataformas digitales institucionales, con o sin pago. En términos generales, la difusión de propaganda en contra de lo dispuesto en la Constitución Política o en el Código Electoral se sanciona económicamente, tanto a los responsables de los medios de comunicación, como a todos aquellos que buscan difundir propaganda en contra de lo dispuesto en el Código Electoral, como pretende la diputada Cisneros Gallo. Igualmente, se exponen a multas de dos a diez salarios base, los encargados o responsables de medios de comunicación, que pretendan “jugar de vivos” en un contexto donde, torpemente, ya la emprendedora diputada ha cantado sin guitarra, segura de que la asesoría recibida era estupenda. Están pues avisados los amigos de los medios que ya han sido buscados.

A una sociedad políticamente organizada sin Estado, algunos le llaman anarquía. Lo de Pilar Cisneros no se le acerca, pues lo de ella, básicamente es una “salida” impensada, y como tal, no merece ser tomada en serio.

El catecismo chavista en pocas líneas

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Gerardo Hernández Naranjo

1. Nosotros somos los buenos, todos los demás son malos.

2. Yo no fui, fue teté: la corrupción, la inseguridad, el desempleo y todos los problemas que nos aquejan son culpa de la #AsambleaLegislativa, de la #Contraloría, del #PoderJudicial, etc. etc. que no nos dejan gobernar

3. Justifiquemos nuestros errores, nunca reconocerlos, aunque existan audios, videos, documentos y hasta expedientes completos como pruebas.

4. Digamos sin cesar que el pasado es malo y todos los gobernantes anteriores son los responsables de todo lo malo que tiene el país. Que el presente es difícil porque no nos dejan gobernar. Y que el futuro será un paraíso si seguimos gobernando.

5. Todo el que se nos oponga es malo, cómplice de las élites gobernantes del pasado y que quieren recuperar el poder.

6. Nosotros no manipulamos, no mentimos, no ocultamos información; hablamos con la verdad y le abrimos los ojos al pueblo.

7. Nuestra propia corrupción está justificada por la de otros en el pasado. No pagamos favores, apoyamos a los empresarios “comprometidos con el cambio”.

8. Las instituciones son buenas si están de nuestro lado y nos dan la razón. Si no, son corruptas, manipuladas por los Arias o similares.

9. La prensa que nos critica es canalla, solo la que nos piropea (prensa vasalla) es buena.

10. Mientan …mientan… y mientan que los ticos son muy básicos. Repitan…repitan y repitan lo que digan #Pilar y #Chaves.

11. A nuestros seguidores: griten…maldigan…desafíen la legalidad…inventen conspiraciones…culpen…ofendan…infundan miedo…amenacen…descalifiquen, etc. etc., como lo hace nuestro líder, contra toda persona que piense diferente o que critique al gobierno.

12. Nuestro líder supremo es un redentor, un mesías, un salvador…el mejor gobernante de la historia.

13. Cuando sea necesario, hablemos de la vías violentas, incluso de las armas, para defender al supremo líder.

14. Hablen de Dios y en su nombre, vayan a misa o a los cultos, aunque no crean ni practiquen principios religiosos.

15. Digamos que tenemos las mejores propuestas, aunque no nos da la gana mostrarlas ni discutirlas.

16. Juremos respetar la Constitución, las Leyes, La División de Poderes… pero si nos señalan faltas gritemos que están conspirando contra el #Gobierno y quieren hacer un golpe de Estado.

17. EL #TSE es bueno y ejemplar si ganamos las elecciones. Pero si nos recuerda límites legales es porque quiere amordazarnos e impedir que continuemos gobernando. Si perdemos las elecciones, hay que decir que hubo fraude.

18. Digamos que todas las obras públicas inauguradas han sido gracias a este gobierno, los anteriores no tienen nada que ver salvo porque las habían retrasado.

19. Practiquemos la violencia política y los discursos de odio contra personas adversarias, sobre todo contra mujeres y población LGBTQI+. Pero digamos que eso es hablar con claridad y sinceridad.

20. Digamos que nos gusta la democracia y la defendemos, aunque en realidad nos encantaría una dictadura como las que se perfilan o ya existen en otros países cercanos.

21. Los #Alcaldes y #Alcaldesas que antes eran corruptas y de los partidos malos, cuando se nos unen pasan a ser héroes y símbolos de esperanza.

22. A nuestros influencers, creadores de contenido y trolls: si se salen los quemamos, como en la mafia.

Agreguen las que consideren oportunas en los comentarios.

Y, sobre todo, reflexionemos: ¿vamos a permitir que se impongan estas narrativas?

Escenario peligroso

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva a la que se dirige Costa Rica en los próximos meses es tal vez la de mayor riesgo en toda su historia democrática.

La ecuación populismo + inseguridad + efectismo, podría terminar de dar la estocada a ese proyecto sociocultural que se viene clausurando desde hace varios años en que integración horizontal y consenso vertical aseguraron las reglas del juego social e institucional.

La reciente aprobación en segundo debate legislativo, del proyecto de instalación de una megacarcel en el país, plantea un cambio sin retorno hacia una peligrosa transformación en el procesamiento de las demandas sociales.

Este hecho pasó sin mucho análisis, quizá porque es tal la perplejidad y cansancio o tal vez porque se prefiere una respuesta de tal magnitud ante la incontenibilidad de la violencia que no cede. Prefiero pensar en la primera opción.

Un proyecto que le otorga 8.000 millones de su presupuesto ordinario para ofrecer una respuesta represiva al crimen organizado dice mucho de esa sociedad que somos y que ya no podemos obviar. Nos estamos acercando de forma alarmante a ese espejo que nos devolverá una imagen que nunca quisimos ver.

Hace algunas semanas, el valiente equipo periodístico de El Faro, proyecto de comunicación independiente y alternativo de El Salvador, sacó a la luz pública una investigación en la que obtuvieron información sobre lo que había pasado con ciudadanos comunes, detenidos y enviados a la cárcel modelo instalada por el gobierno de Nayib Bukele.

Según cuenta la publicación, las narraciones son atroces: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema. Todo esto narrado por 27 personas liberadas de este régimen carcelario, que no eran pandilleros y que vivieron en primera persona los horrores extremos a los que fueron sometidos en ese “modelo” al cual Costa Rica acude ahora alegre, rápida y peligrosamente.

Lo de El Faro es otra consideración que debe hacerse notar. Es de sobra conocido que la mayoría de su equipo periodístico tuvo que salir de El Salvador como consecuencia de su enfoque crítico en contra de las acciones gubernamentales.

En Costa Rica hemos estado observando que algunos periodistas empiezan a perder su empleo o son removidos como producto de sus opiniones y enfrentamientos con el poder ejecutivo: una peligrosa tendencia que podría anunciar los refrenos a la libertad de expresión, de la que tanto hemos hablado como reducto de un otrora sistema democrático robusto.

A la vuelta de la equina, dentro de poco, un proceso eleccionario anuncia una bizagra hacia una época de la cual podríamos no salir exitosamente como país. El tema securitario será sin duda la apuesta hacia la continuidad de quienes hoy nos gobiernan, utilizando la megacarcel como proyecto estrella al que estamos seguros la población apoyará luego de un hábil manejo comunicativo.

Seamos críticos y pongamos estos escenarios en perspectiva. Luego podría ser demasiado tarde.

Importancia histórica de las urnas electorales

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Frank Ulloa Royo

Necesidad de defensa del sistema electoral costarricense

Costa Rica no nació democrática: se hizo democrática. Y en ese hacerse, el sistema electoral ha sido una de sus conquistas más costosas, más frágiles y más dignas de defensa. Desde el Pacto de Concordia de 1821, pasando por las constituciones de 1844, 1871 y 1949, el país ha ido tejiendo una institucionalidad electoral que no es sólo norma jurídica, sino pacto ético, memoria de sangre y promesa de convivencia.

Sin embargo, ese tejido ha sido desgarrado muchas veces. Durante los siglos XIX y XX, Costa Rica vivió numerosos golpes de Estado y rupturas del orden constitucional: en 1870, Tomás Guardia derrocó a Jesús Jiménez; en 1917, Federico Tinoco impuso una dictadura tras derrocar a Alfredo González; y en 1948, la guerra civil fue el desenlace de una crisis electoral sin garantías. Estos episodios nos recuerdan que la democracia no es irreversible, y que los riesgos de regresión autoritaria nunca desaparecen del todo. Hoy, en medio de una polarización creciente, no estamos exentos de esos peligros. La historia nos advierte: cuando se debilita la confianza en las instituciones electorales, se abre la puerta al caos.

El Pacto de Concordia fue la primera semilla constitucional. La Constitución de 1949, en cambio, emergió como un árbol que brotó tras la tormenta, con raíces hundidas en el dolor de una guerra fratricida. Por siglos, Costa Rica ha cultivado una institucionalidad electoral que no es sólo norma: es espacio de convivencia de ideas y contradicciones dialécticas. Pero también es escudo contra el odio, que hoy parece renacer entre las cenizas de una democracia incendiada desde la propia casa presidencial.

Las elecciones no son un trámite. Son el ritual civilizatorio que permite dirimir diferencias sin violencia, renovar liderazgos sin rupturas y expresar la voluntad popular sin miedo. Pero para que ese ritual funcione, se requiere un sistema electoral confiable, imparcial y respetado. En Costa Rica, ese sistema ha sido construido con dolor: una guerra civil de 40 días en 1948, con más de 3.000 muertos, fue el precio que pagamos por no tener garantías suficientes. La institucionalidad que surgió después —el Tribunal Supremo de Elecciones, la ciudadanía universal, el voto secreto— no fue obra de élites en escritorios, sino respuesta a una fractura nacional que aún duele.

Antes de 1948, el sistema electoral era imperfecto. Las anécdotas familiares lo confirman: funcionarios que manipulaban sellos, papeletas listas para el fraude, y una cultura política donde la pureza electoral era bandera de quienes habían violentado su esencia. La guerra no sólo dividió familias, como la mía, sino que instauró un régimen de facto que prohibió partidos, encarceló líderes como Manuel Mora y Carmen Lyra, y mutiló la democracia política. Recordar ese episodio no es revanchismo: es pedagogía histórica. Es advertencia.

Hoy, en medio de una polarización creciente, se empuñan armas verbales contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Se le acusa de parcialidad, de incapacidad, de no ser árbitro confiable. Pero esas acusaciones, cuando no se sustentan en pruebas sino en pasiones, erosionan la confianza pública y abren la puerta a escenarios que ya conocemos: exclusión, odio, violencia. La ética electoral no está sólo en el conteo de votos, sino en el respeto a las reglas, en la aceptación de resultados, en la defensa de las instituciones que nos permiten convivir.

Yo mismo he dejado de votar en ocasiones, sin saber que esa omisión permite que, con poca representatividad, los peores nos gobiernen. Hoy, sin embargo, entiendo que votar no es sólo un derecho: es una responsabilidad ética. Es un acto de memoria. Es decirle al país que no queremos otra guerra civil, que valoramos lo que costó construir este sistema, y que estamos dispuestos a defenderlo con la palabra, con el voto, con la historia.

La democracia no se hereda: se cultiva. Y el sistema electoral costarricense, con sus luces y sombras, es uno de sus pilares más sagrados. No lo destruyamos con ligereza. No lo erosionemos con odio. Recordemos que detrás de cada urna hay una historia de dolor, una promesa de paz, y una ética que nos llama a defender la democracia electoral.